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Febrero, 2017 6ta Edición

ÉPOCA

Actos Administrativos Definición Diferencias Requisitos Características Clasificación Vicios Noción


EPOCA

República de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria Universidad Yacambú Vicerrectorado Académico Departamento de Estudios a distancia Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Contenido

Dirección General Kevin Aguilar

Los actos administrativos. Definición.

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Diferencia entre actos administrativos y simples de la administración.

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Requisitos de validez administrativos.

actos

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Características de los actos administrativos

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Época de Cocina – Pasticho de carne

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de

los

Eficacia de los actos administrativos

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Clasificación de los actos administrativos.

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Vicios intrascendentes

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La noción de acto administrativo.

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Entretenimiento.

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Edición Revisión y Diagramación Kevin Aguilar Redacción, Diseño e Ilustración Kevin Aguilar Yolitza Pineda Amalia De Andrade Ali Pimente Marielba Bustamante Publicidad Yolitza Pineda Ali Pimentel Entretenimiento Amalia de Andrade Marielba Bustamante Web Kevin Aguilar

Editorial En esta edición pondremos en conocimiento los asuntos relevantes sobre los actos administrativos, queriendo dar a conocer los aspectos generales que lo componen como lo es su definición, sus elementos su manera de publicación, que en conjunto proporcionara un discernimiento relevante para poder entender cada tipo de acto. Kevin Aguilar.


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Actos Administrativos Por. Yolitza Pineda

L

a palabra acto se emplea en dos sentidos en el derecho

administrativo, en primer lugar como actividad de los sujetos u órganos de la administración pública, y en segundo lugar como las decisiones o normas emanadas de la misma. El acto administrativo se define como un acto jurídico cuya características principales son que constituyen una manifestación o declaración de voluntad, unilateral, potestativa y ejecutoria, que tiene por objeto crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica individual. Es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. El profesor Ramón Parada Vázquez define el acto administrativo como aquel dictado por una administración publica u otro poder público, en ejercicio de potestades administrativas y mediante el que impone su voluntad, sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados bajo el control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Nuestro ordenamiento ha adoptado en la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, un concepto de acto administrativo que lo define como la declaración o manifestación de voluntad, juicio o conocimiento expresada en forma verbal o escrita o por cualquier medio, que con carácter general o particular, emitieren los órganos de la administración publica y que produjere o pudiere producir efectos jurídicos

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ste es un medio a través del cual la Administración

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pública cumple el objetivo de satisfacer los intereses colectivos o públicos. Es la formalización de la voluntad administrativa, y debe ser dictado de conformidad con el principio de legalidad. El tema del acto administrativo es de suma importancia en el Derecho público, dado que el reconocimiento de un acto como administrativo implica someterlo a un régimen especial que lo diferencia de otras manifestaciones estatales, por lo que es una materia que ha sido muy discutida en la doctrina jurídica, sosteniendo diferentes definiciones, según sea el concepto que se tenga, en general, de la función administrativa.

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Por. Yolitza Pineda

 Declaración voluntaria que el

estado o un organismo público realiza en nombre del ejercicio de la función pública.  La función administrativa se manifiesta en actos jurídicos, hechos jurídicos y actos materiales.  Un campo muy importante de los actos administrativos corresponde a los actos materiales, que son los que no producen ningún efecto de derecho, ni se ligan como antecedente jurídico de los actos administrativos.  El acto administrativo es cualquier manifestación de la actividad de la administración.

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 La

voluntad administrativa queda confundida con la del titular que emite la declaración de voluntad que todo acto administrativo conlleva.

 Suele coincidir con el acto administrativo instantáneo, que se produce con la integración de un criterio y una voluntad única.

 Los actos de aprobación y los actos de desaprobación.

 Se encuadra como simple o instantáneo el visto bueno, mediante el que se aprueba una declaración anterior.


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el

tratadista

Bacacorzo los requisitos de validez son la competencia, legitimidad forma y manifestación de voluntad.

LA COMPETENCIA

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S

Requisitos de Validez de los Actos Administrativos Por. Yolitza Pineda

Un acto administrativo es legitimo cuando ha sido proferido por el órgano competente. La competencia es la cantidad de potestad que tiene un órgano del estado para proferir un acto o como lo define Gordillo: "el conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente ejercer en razón de la materia, el territorio, el grado y el tiempo"(Gordillo: Tratado de Derecho Administrativo, t. III Buenos Aires, Ed. Machi 1996); por lo tanto ningún agente publico puede ejercer su actividad sino dentro del marco de la competencia jurídica que se le ah atribuido. El territorio, es el limite físico de actuación de los órganos y personas publicas ese ámbito espacial condiciona el ejercicio legítimo de la competencia. El grado esta vinculado al concepto de jerarquía, pues, como hemos visto, la función publica no se ordena en un mismo plano y en ese ordenamientos por grados los órganos o funcionarios inferiores no pueden ocuparse de las tareas que corresponden a los superiores, ni viceversa.

LEGITIMIDAD Todos los actos y cada uno de ellos en si deben estar arreglados a derecho. El abuso, exceso y la desviación es ilicitud y conducen a la anulada y responsabilidad consiguientes. También se considera a este segundo componente como el objeto del mismo, obviamente licito, como ya dijimos.

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FORMA Complejo de requisitos y formalidades que deben cumplirse, tanto en la substanciación como en su culminación, esto es en la expresión de voluntad en lo que lo concreta, teniendo en cuenta su valides y su eficacia.

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD La administración publica puede actuar exteriormente de dos maneras: - Expresa: trasunto directo y concreto del objeto del acto (escritura, señas, señales, etc.) - Tácita : Se deduce el sentido por interpretación de la norma.

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Características de los Actos Administrativos Por. Kevin Aguilar

Dentro de todo el universo existen factores el cual poseen ciertas características, los actos administrativos no escapan de ello, es aquí por ende que este artículo contemplara algunas de las características principales en el desenvolviendo legal, que envuelven los distintos procedimientos concernientes en los actos administrativos. a) Es un acto jurídico que se expresa en una declaración de voluntad. b) Es un acto de derecho público. c) Lo dicta la administración pública o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa. d) Persigue de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, el interés público. e) Está destinado a producir efectos jurídicos, es decir crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas. f) De manera general su forma es escrita. g) Son ejecutivos y ejecutorios. h) Son impugnables en sede administrativa y jurisdiccional

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De igual manera, tenemos presente como características de los actos administrativos, la presunción de legalidad, la estabilidad, la ejecutividad, la ejecutoriedad e impugnabilidad.


Como el acto se presume (presunción IURIS TANTUM) válido, legítimo, veraz y oportuno, este acto es ejecutable de inmediato y, per se, tiente carácter ejecutivo. De allí que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el artículo 8 establece, que el acto debe ejecutarse de inmediato, lo cual es posible porque tiene carácter ejecutivo, Así mismo, observamos que esta Ley cambia el anterior régimen pues considera la ejecución forzosa efectuada por la Administración Pública como un principio y no como la excepción como así había sido considerada, a tal efecto, prevé en el Artículo 79: la ejecución forzosa de oficio de los actos administrativos. Se trata del privilegio indicado de acción de oficio de la Administración. Por eso la norma dice que la ejecución de los actos será realizada de oficio por la propia Administración, salvo que por expresa disposición legal, la ejecución deba ser encomendada a la autoridad judicial. Con esto queda aclarado que la tendencia actual de nuestra legislación positiva, es la de considerar la ejecutoriedad como principio y no como excepción, tal como había sido considerada.

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Presunción de legalidad

De acuerdo a la doctrina, sólo puede sostenerse esta presunción cuando reúne condiciones mínimas de legitimidad. Debiendo el acto: -Venir de una autoridad legítima. -No estar expresamente proscrito por la Constitución o las leyes. -No ser de ejecución imposible. -No implica la realización de un delito. No haber sido dictado por autoridad manifiestamente incompetente. -No haberse apartado totalmente del procedimiento legal.

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Su estabilidad En este sentido ha sostenido Linares que al contrario de lo que viene repitiendo la doctrina dominante como consecuencia del planteo fragmentario del problema, la regla es que el acto administrativo es en principio irrevocable, máxime si reconoce o afecta derechos subjetivos; en criterio similar sostiene Marienhoff que la revocabilidad del acto administrativo no puede ser inherente a su esencia, ni puede constituir el principio en esta materia. La revocación del acto administrativo es una medida excepcional, verdaderamente anormal. Va de suyo, en estas afirmaciones, que nos estamos refiriendo no a los actos llamados de gravamen (multas, sanciones, etc.) o que limitan derechos o los deniegan, sino a los actos favorables o ampliatorios de derechos y facultades de los interesados. En suma, la estabilidad de los derechos es una de las principales garantías del orden jurídico, a tal punto que puede incluso sentarse un principio general en tal sentido, que sólo podría ser objeto de excepción en casos concretos y ante norma expresa. Ha recordado nuestro más alto tribunal en este sentido que: el orden público se interesa en que los derechos adquiridos bajo el amparo de resoluciones definitivas queden inconmovibles ya que de otro modo no habrá régimen administrativo ni judicial posible. Dentro de los requisitos de la estabilidad A partir del caso Carman de Cantón del año 1936, en que la Corte Suprema consagró por primera vez el principio que enunciamos, los autores están en general de acuerdo en cuanto a cuáles son los requisitos que esa jurisprudencia exigiría para que la estabilidad exista, aunque no en lo que se refiere a en qué consiste cada uno de ellos, o a su corrección.

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De los requisitos tradicionalmente exigidos por la jurisprudencia anterior a 1972, entendemos que corresponde considerar vigentes a partir del decreto-ley 19.549/72 los siguientes: a) que se trate de un acto administrativo (unilateral e individual); b) que de él hayan nacido derechos subjetivos; c) que esté notificado al interesado, aunque desde luego en nuestra concepción de acto administrativo esto se encuentra implícito, ya que el acto no nace antes de ser dado a publicidad


Algunos autores también agregaban que debería tratarse de un acto de la administración activa; a su vez, la jurisprudencia anterior al decreto-ley exigía que el acto hubiera sido dictado en ejercicio de facultades regladas. Consideramos que ambos requisitos no existen en la actualidad

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mediante notificación; d) que sea regular, aunque el acto nulo también tiene estabilidad conforme al decreto-ley; e) que no haya una ley que autorice la revocación.

No hay estabilidad de los intereses según la concepción tradicional, el acto que reconoce un interés legítimo o un interés simple no tiene estabilidad, aunque reúna todos los demás caracteres.24 Esta solución tradicional pierde nitidez con la vigencia, desde 1994, de los derechos de incidencia colectiva superpuestos a los derechos subjetivos.25 A nuestro juicio, tomando como precedente de tipo dictum al viejo fallo de la Corte en Carman de Cantón, corresponde extender la estabilidad a los actos que confieren derechos de incidencia colectiva, p. ej. referidos al medio ambiente, no discriminación, etc.; su extinción por eventual invalidez sólo puede disponerla la justicia. Desde luego y como allí explicamos, existe una fina y casi inexistente línea de distinción entre los diferentes supuestos, que la jurisprudencia irá delimitando en su caso No hay estabilidad de los deberes, en segundo lugar, el acto que crea o declara deberes o cargas u obligaciones de los individuos frente a la administración, tampoco se encuentra alcanzado en ese aspecto por el régimen de la estabilidad, pues ésta se refiere específicamente a los derechos. La estabilidad en la función pública Los funcionarios públicos se encuentran con frecuencia hostigados por cambiantes administraciones, que, una tras otra, intentan rever los actos de sus antecesores, lo cual hace conveniente afirmar la regla de la estabilidad del acto de nombramiento. Cabe destacar que la estabilidad del empleado público tiene garantía constitucional y legal propia, con el alcance de que el funcionario no puede ser separado de su cargo sino por los motivos y procedimientos que la ley establece y no podría en consecuencia admitirse un medio indirecto de llegar al mismo resultado, con la simple alegación de que en realidad se está utilizando la facultad revocatoria por mérito, mediante la revocación del acto de nombramiento. Jurisprudencia anterior a las normas que comentamos había señalado que la disolución del vínculo funcional no podría válidamente hacerse, dentro del marco del estatuto del personal civil, por la revocación del acto de nombramiento.

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La Ejecutividad La ejecutividad es propia de cualquier acto administrativo en cuanto significa la condición del acto de poder ser realizado, lo que quiere decir que ejecutividad equivale a eficacia en general. Se dice que la vista y aprobación, y en general los actos de contralor, convierten en ejecutivos a los actos a que se refieren, porque con ellos, estos últimos adquieren su eficacia y pueden ser realizados. No habiéndose podido lograr uniformidad entre los autores en torno a estas ideas, y habiendo mantenido la postura que caracteriza como ejecutivo, exigible u obligatorio al acto que debe cumplirse, en opinión nuestra dicha postura sostiene la aplicación de la concepción entre validez y eficacia del acto administrativo.

El acto administrativo que debe cumplirse es aquel que posee presunción de legitimidad, que en principio será todo acto válido o aquel acto cuya invalidez no sea notoria. Tampoco es conveniente dejar de usar la noción de ejecutoriedad y reemplazarla por el término ejecutividad, ya que se trata de una terminología incorporada al lenguaje jurídico, la cual tiene un valor para los destinatarios de las normas.

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Las discrepancias se presentan en torno al empleo y significado de la noción de ejecutividad. Algunos autores consideran la ejecutividad como el carácter que posee el acto administrativo que hace que el mismo deba cumplirse, es decir, que sea exigible. Otros autores consideran, que la ejecutividad caracteriza el acto administrativo como título suficiente de ejecución, concepto que se relaciona con una de las prerrogativas estatales, denominada privilegio del prealable. A lo cual Bartolomé Fiorini expresa que el privilegio ejecutorio que posee el prealable, se relaciona con el sistema contencioso administrativo existente en Francia, en el cual la Administración Pública por el carácter ejecutivo de los actos administrativos jamás es demandante en los recursos.

Todos los recursos contenciosos deben ser interpuestos por los particulares y tienen relación con la ejecutividad del acto, pero no se relacionan con el problema de su ejecutoriedad. El prealable es un problema procesal y se fundamenta en la ejecutividad como título jurídico de todo acto administrativo. En consecuencia la ejecutividad por constituir un problema que concierne al derecho procesal, nada tiene que ver con la ejecutoriedad

DERECHO


La noción de ejecutividad hace referencia al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo aquel acto que dictado con todos los requisitos exigidos, otorgue el derecho de utilizar el proceso de ejecución, vemos que a diferencia del derecho privado, donde la creación del título ejecutivo proviene del obligado, la Administración Pública es quien crea unilateralmente el título ejecutivo, siendo éste el rasgo fundamental que caracteriza a la ejecutividad viene a ser la regla general del acto administrativo y consiste en el principio de que todo acto administrativo, una vez perfeccionado, produce todos sus efectos y por lo tanto puede ser ejecutado. El decir que un determinado acto es ejecutivo, es considerar que tiene fuerza obligatoria y debe cumplirse, lo que implica la aptitud de poder ser llevado directamente si se hace necesario a la ejecución judicial, con fuerza de título ejecutivo.

En efecto, nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 630, prescribe que "cuando el demandante presente instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido, o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el deudor, el Juez examinará cuidadosamente el instrumento y si fuere de los indicados, a solicitud del acreedor acordará inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas, prudentemente calculadas". Sin embargo, se condiciona la existencia de la vía ejecutiva a dos requisitos indispensables, en primer lugar que el demandado se encuentre obligado a pagar una cantidad líquida y de plazo vencido, y en segundo lugar que ello conste de documento público o de cualquier otro instrumento auténtico o de un vale o instrumento privado reconocido judicialmente por el deudor.

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del acto administrativo, es evidente que consistiendo la ejecutoriedad en la posibilidad que tiene la Administración Pública de realizar el acto, sin recurrir al Juez, la ejecutividad no tiene en estos supuestos razón de ser. Solamente cabría considerar si el acto administrativo posee ejecutividad, en aquellos supuestos en que la Administración Pública debe recurrir al Órgano Judicial, para llevar a cabo la ejecución del acto, casos en que se ahorraría el proceso de conocimiento, con la ventaja para la Administración de poseer un mecanismo procesal sumario, limitado y ágil, como lo es en general el proceso de ejecución.

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La Ejecutoriedad Es la posibilidad de la Administración Pública de ejecutar el acto por sí misma, incluso en caso de resistencia abierta o pasiva de las personas afectadas pudiendo acudir en tales casos a ciertas medidas de coerción. Privilegios estos del acto administrativo que son consecuencia de la presunción de la legalidad y legitimidad de la cual gozan todos los actos administrativos, con lo cual se establece que la ejecutoriedad responde al principio de la rapidez de la acción administrativa para el logro del bienestar general. Presunción que sólo podrá ser desvirtuada a través del ejercicio de los recursos correspondientes; por lo tanto, el acto administrativo se reputa válido y produce todos sus defectos y comporta ejecución forzosa mientras no sea revocado o anulado. Es en virtud de esta presunción de legitimidad de la cual gozan los actos administrativos, que éstos tienen las características de ejecutividad y ejecutoriedad. Se establece una diferencia precisa y clara entre la noción de ejecutividad y de ejecutoriedad del acto administrativo, al decir, que la ejecutividad es el rasgo común y característico de todo acto administrativo, no teniendo necesidad por esta razón, la Administración Pública de acudir a los Órganos Judiciales a obtener una declaratoria de certeza de su derecho, sino que por el contrario ella misma tiene potestad para declarar con certeza sus derechos. En tanto que la ejecutoriedad hace referencia a la posibilidad del cumplimiento forzoso de los actos administrativos por propia Administración Pública. Viniendo a constituir la característica de ciertos actos administrativos determinados expresamente por una norma legal, característica que presenta un carácter excepcional, ya que en nuestra legislación la ejecución forzosa con la consecuente utilización de medidas coercitivas en manos de la Administración Pública es la excepción, ya que en principio esto no tiene lugar sino en la vía judicial; pero sólo en principio, puesto que nuestra legislación contempla tres casos en los cuales la Administración Pública puede hacer uso de medidas coercitivas, incluso para ejecutar sus decisiones, situaciones que se desprenden de nuestro Ordenamiento Jurídico vigente. En primer lugar, cuando una Ley lo permite en forma expresa; en segundo lugar, en aquellos estados de emergencia Nacional o de suspensión de

garantías constitucionales, y finalmente en caso de necesidad o urgencia comprobada. presentando esta posición una cierta semejanza con la posición sustentada en la doctrina francesa, y se dice cierta ya que no coinciden con exactitud, sólo se da esta coincidencia en el primer y tercer supuesto.

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EJECUTORIEDAD IMPROPIA

Significa que tanto la emanación del acto administrativo, como su cumplimiento o ejecución, le corresponden a la propia administración pública, quien lleva a cabo esto valiéndose de sus propios elementos o medios, viene entonces a ser la posibilidad de que sea la proba administración pública la que disponga la realización o cumplimiento del acto administrativo sin intervención del Juez, es decir, que no sólo emana el título del Órgano Administrativo, sino que este mismo con sus propios medios y funcionarios ejecuta la decisión. La Ejecutoriedad Propia o como también es denominada Ejecutoriedad Administrativa inmediata, presupone cierto tipo de acto administrativo que imponga al particular un deber jurídico o en caso de incumplimiento, una sanción que la administración misma aplica, es por esto que los actos ejecutorios se encuentran en la especie de los actos administrativos denominados Ordenes Administrativas y en los actos sancionatorios. La Ley puede atribuir competencia a las autoridades administrativas para que a título propio ejecuten la decisión, pero en todos los casos la autorización debe estar sujeta a los principios constitucionales. La ejecutoriedad propia o inmediata, generalmente se concreta en actos materiales como lo es la disolución por la fuerza de una manifestación pública, demolición de un edificio que amenace ruina.

La Ejecutoriedad es impropia cuando, emanada la decisión del Órgano Administrativo, la Ejecución es ordenada por la autoridad con especial imperio, o sea, la autoridad judicial. Significa que' si bien el acto o decisión emana de la Administración Pública su cumplimiento le compete al Órgano Judicial que actúa a instancia de la administración. Vemos que el órgano investido de la acción ejecutiva es distinto del que dictó el acto, pues la decisión emanada de la Administración es ejecutada por un órgano jurisdiccional. La ejecutoriedad impropia también llamada ejecutoriedad administrativa mediata se adopta cuando la prestación exigida por la Administración sea un. daré y se concreta en una expropiación de los bienes del deudor, que ordenará el juez, con motivo de la presentación de un acto administrativo que tenga el carácter de título ejecutivo substancial y formal. Es substancial porque el acto contiene una manifestación 'administrativa que se presume legítima y que debe ejecutarse previa decisión jurisdiccional. Es formal porque el acto administrativo ejecutorio es una manifestación formal de voluntad administrativa realizada en un acto escrito y solemne, documento con el cual se ejercita la acción. La ejecutoriedad Impropia tiene amplio campo, en diversas situaciones, la administración pública debe recurrir al órgano judicial para la ejecución o

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EJECUTORIEDAD PROPIA

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cumplimiento del acto administrativo, así vemos que deberá recurrirse a la ejecutoriedad impropia o mediata en aquellos casos de liquidación de un impuesto, ya que la administración no puede ejecutar por sí misma los actos de liquidación fiscal y debe recurrir a los órganos jurisdiccionales para lograr esa ejecución. También tenemos el caso de las decisiones de la dirección de inquilinato, ya que requieren para su ejecución la autorización previa de un órgano de otro poder; se hace necesaria la ejecución a través de un órgano judicial, desde el punto de vista de sus efectos están ubicadas dentro del campo de aquellos actos de ejecutoriedad impropia. Vemos que la resolución de la Dirección de Inquilinato tiene las siguientes características: 1) Surge a través de un verdadero proceso en que participan activamente los particulares. 2) El Director de Inquilinato en relación con el juicio de desocupación ejerce una verdadera función de Juez. 3) Por su contenido es una autorización para acudir a la vía judicial para hacer valer un derecho subjetivo; 4) Son actos emergidos de la administración de ejecutoriedad impropia, es decir, se cumplen a través de la vía judicial.. FUNDAMENTOS DE LA EJECUTORIEDAD

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Nos preguntamos cuáles son los fundamentos por los que la Administración Pública puede ejecutar por sí misma sin la necesidad de una previa autorización judicial ciertos actos administrativos. En dónde se encuentra ubicada esa especial virtualidad ejecutoria de los actos administrativos.

Al respecto se han expuesto varios argumentos. Todos los actos administrativos, salvo aquellos a los cuales la ley se lo niegue son ejecutorios, lo que quiere decir que obligan al inmediato cumplimiento aun cuando otro sujeto discrepe sobre su legalidad. Esta cualidad de los actos de la administración se aplica en principio a todos aquellos actos que la administración pública dicte bien sea en protección de una situación preexistente, bien innovativos de dicha situación, creadores de situaciones nuevas, incluso gravosas para el administrado a quienes se dirigen. Por lo tanto vemos que la administración pública puede modificar unilateralmente las situaciones jurídicas sobre las cuales actúa. Es por lo antes narrado que la decisión administrativa se beneficia de una presunción de legalidad que la hace de cumplimiento necesario, sin que haya la necesidad de obtener ninguna sentencia declarativa previa. Vendría a ser el privilegio de decidir previamente a toda intervención del Juez, en el doble sentido de que para ser obligatoria la decisión administrativa no precisa el previo control judicial y de que ese control sólo es posible cuando la administración previamente ha decidido de manera ejecutoria. Con anterioridad analizamos dentro de las prerrogativas hacia afuera de las cuales dispone la Administración, que uno de los pilares del régimen Administrativo viene a ser la presunción de legitimidad, por la cual se presume que éste ha sido dictado en armonía con el ordenamiento jurídico, es decir, con arreglo al derecho. La presunción de legitimidad constituye un principio del acto Administrativo que encuentra su


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fundamento en la presunción de validez que acompaña a todos los actos estatales, principio en que se basa igualmente el deber del Administrado de cumplir el acto Administrativo. De no existir este principio la actividad Administrativa sería directamente cuestionable lo que obstaculizaría el cumplimiento de los fines públicos, al anteponer un interés individual de naturaleza privada, al interés colectivo, es decir, al interés público y la preponderancia del interés público sobre el interés privado configura un principio que impone todo el derecho Administrativo y en general el derecho público. Vendría a ser éste el Fundamento Jurídico de la ejecutoriedad, es decir, aquél que reside en la presunción de legitimidad que tiene el acto Administrativo. Para que la Administración Pública proceda a la ejecución de un acto Administrativo sin la intervención del Órgano Judicial, es necesario que posea en sí mismo la presunción de legitimidad, ya que en caso de no contar con ella, la Administración Pública carecería de potestad para hacerlo cumplir y el Administrado podría oponerse a su ejecución bien en vía administrativa o bien en vía Judicial. Consiste pues en la presunción de que el acto administrativo se ha emitido conforme al ordenamiento jurídico, es decir, no se presume la arbitrariedad, se presume que todo esté hecho con arreglo, no solamente a los cauces formales sino de acuerdo con el interés público, presunción que es relativa, IURIS TANTUM y no definitiva, que admite prueba en contrario, prueba que ha de aportar el administrado que se encuentra por lo tanto en una situación de subordinación e inferioridad.

MEDIOS PARA HACER EFECTIVA LA EJECUTORIEDAD Habiendo expuesto el aspecto general de la coacción administrativa y dentro de ella la llamada ejecución forzosa, nos corresponde estudiar ahora los diferentes medios a través de los cuales se realiza. Igualmente, hemos visto que no siempre la administración Pública tiene necesidad de acudir a la justicia, sino que por el contrario posee facultades para disponer en forma directa, la ejecución coactiva del acto Administrativo, tratándose de diferentes supuestos en los cuales se ha aceptado la procedencia de este medio de ejecutoriedad del acto Administrativo. Medios utilizados para hacer efectiva la ejecutoriedad, los cuales varían según la naturaleza positiva o negativa de la prestación y según sea de dar o hacer, impuesta por el acto administrativo. Estos medios son:

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La ejecución de bienes muebles e inmuebles: Es un procedimiento del que dispone la Administración Pública para el cobro de créditos consistentes en cantidades líquidas a su favor. Es el procedimiento más general y el demás frecuente utilización en la medida en que los deberes Administrativos se concretan usualmente en forma directa o indirectamente en deudas pecunarias (multas, impuestos, tasas, créditos contractuales en favor de la Administración). Si estas deudas consisten en cantidades líquidas y el deudor se resiste al pago de las mismas, la Administración puede hacerlas efectivas sobre el propio patrimonio de aquél. La ejecución de oficio: Tiene por objeto la imposición al particular de una actividad material y fungible, como sería la reparación de un edificio, la demolición de una construcción realizada sin el oportuno permiso. Si el obligado no ejecuta la obra dentro del término señalado, la Administración Pública procederá a la ejecución de oficio, que consiste en el cumplimiento de la obra por medio de agentes y personal dependiente, o encargados de la misma Administración cargándole los gastos correspondientes al particular que ha incumplido. Es denominada también, ejecución subsidiaria y como ya quedó asentado consiste, en la realización de lo ordenado en el acto Administrativo previo, por persona distinta del destinatario del mismo y por cuenta de éste, vemos que no impone ninguna carga nueva al destinatario del acto. Por su propia naturaleza, la ejecución de oficio o subsidiaria sólo procede en aquellos casos en que se trate de actos que por no ser personalísimos pueden ser realizados por sujetos distintos del obligado, es decir, en relación a obligaciones o prestaciones fungibles. En estos casos la Administración Pública puede realizar por sí misma las obras o bien por intermedio de un tercero, quedando entendido que los gastos que origine la ejecución incluidos los daños y perjuicios que eventualmente puedan presentarse quedan a cargo del obligado por el acto que se ejecuta. La ejecución subsidiaria se realiza únicamente en aquellos casos que afecten inmediatamente el interés público y en el supuesto de prestaciones de trabajo o de hacer, pero no en el caso de prestaciones pecuniarias.

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La coerción directa: Se aplica a las prestaciones no fungibles, es decir a aquéllas que el obligado debe atender personalmente y respecto a las cuales no es posible su sustitución; vemos así, la prestación del servicio militar, la de prestar testimonio. En tales casos la orden de la autoridad Administrativa viene seguida del uso directo de la fuerza sobre la persona, que consiste en llevarla desde el lugar donde se encuentra, a aquél donde debe prestar el servicio o realizar la obra. También las limitaciones y las obligaciones negativas pueden hacerse observar por medio de la coerción directa, por ejemplo la disolución forzada de una reunión privada que hubiese sido prohibida, la incautación de un arma portada sin el permiso, se trata entonces de una compulsión sobre las personas Es el más radical de los medios de ejecución forzosa, en cuanto que se traduce pura y


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simplemente en el empleo de la fuerza sobre las personas, eliminando la libertad de las mismas. Dadas sus características, el empleo de la coerción directa sobre las personas como medio de ejecución forzosa de un Acto Administrativo, no procede sino cuando no basten los demás medios de ejecución para asegurar el cumplimiento del acto. Tiene su campo propio y prácticamente único en el ámbito del orden público y en las zonas próximas al mismo. La coerción directa sobre las personas, es una materia delicada en la que por principio las leyes de Procedimiento Administrativo se han limitado a hacer una declaración de tipo general por cuanto reconocen la dificultad de toda postura apriorística, ahora bien en principio toda ejecución coactiva del acto administrativo que recaiga sobre la persona o sus derechos de propiedad, debe ser dispuesta o autorizada por lo menos por el órgano judicial competente. El Desahucio Administrativo: No es un medio autónomo de ejecución forzosa, sino simplemente una variedad de la coerción directa, correspondiendo utilizar. este procedimiento en los supuestos de tener que ocupar las fincas expropiadas cuyos propietarios no se avengan a su desocupación o en el lanzamiento por los propios agentes de la Administración Pública de quienes ocupan sin título bastante los bienes de dominio público. En materia de dominio público, la Administración Pública procede por principio, para proteger los bienes dominiales, a través, del privilegio denominado de auto tutela. Tal privilegio permite a la Administración proceder directamente, sin necesidad de recurrir a la vía judicial a los efectos de lograr una protección adecuada de la cosa pública, ya que la defensa de los bienes dominiales integra una parte esencial del propio derecho sin la cual no podría considerarse, a cuyo respecto debe mantenerla en buen estado contra los particulares por intermedio de la fuerza pública. Es de observar entonces, que la protección o tutela de los bienes dominiales está a cargo de la Administración Pública en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. Para hacer efectiva dicha tutela y con la finalidad de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio, procede directamente, por sí misma sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente por auto tutela a través de sus propias resoluciones ejecutorias. La Coerción Indirecta: Consiste en la aplicación por la Administración Pública de sanciones contravencionales a fin de forzar al Administrado a cumplir el acto, la amenaza de sanción actúa como motivo determinante sobre la voluntad del obligado, no tienen por tanto carácter retributivo alguno, sino que por el contrario pretenden única y exclusivamente forzar el cumplimiento de lo ordenado. Este medio de ejecución forzosa impone sobre el destinatario del acto, que se trata de ejecutar una obligación nueva y distinta de la establecida en dicho acto, por lo tanto a los efectos de la aplicación de la multa es necesaria una Ley

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EPOCA especial que la autorice y determine su forma y cuantía y debe comprobarse la infracción mediante el procedimiento correspondiente. La sanción es un remedio indirecto con que cuenta el poder público para mantener la observancia o restaurar el orden jurídico violado, evitando que puedan prevalecer los actos contrarios a lo por ella mandado, en que incurran tanto los particulares en general como los funcionarios singularmente. Las sanciones en cuanto especifica reacción de derecho ante la violación de un deber jurídico, no siempre son penas sino que pueden consistir en el establecimiento de una relación jurídica nueva, la extinción de una relación jurídica preexistente o la ejecución coactiva del deber violado. En todo caso, es de esencia al sistema, la posibilidad de reiterarlas multas, así, como la observancia del principio de proporcionalidad. No se trata de sancionar la resistencia al cumplimiento de un acto administrativo, sino sólo de remover esa resistencia forzando la voluntad contraria al mismo, por lo tanto es imprescindible ofrecer al obligado suficiente tiempo para que cumpla lo ordenado antes de imponer una nueva multa y es necesario también formular en cada caso los apercibimientos e intimaciones precisos. f) Incautación y Destrucción de bienes muebles nocivos a la salud y moral de la población, siempre que ello implique un peligro inmediato para la salubridad y moralidad pública. g) Todos aquellos casos en que existiera una imperiosa necesidad y urgencia en atender la satisfacción de un interés público en juego y que no pudiera satisfacerse por otro medio.

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A más de las características enunciadas cabe agregar, a nuestro juicio, la de la indispensable impugnabilidad del acto, en este caso tanto de los actos de gravamen como favorables o ampliatorios de derechos. En efecto, es ínsito a su calidad de acto productor de efectos jurídicos directos, que tales efectos puedan ser controvertidos por el interesado mediante la interposición de recursos administrativos o judiciales. El acto en sí mismo “irrecurrible” no existe en un Estado de Derecho, salvo la sentencia judicial que con autoridad de cosa juzgada cierra definitivamente una cuestión. Si se reconoce al acto administrativo presunción de legitimidad, exigibilidad, e incluso ejecutoriedad en algunos casos, esas potestades deben ir acompañadas de los medios para que el individuo pueda cuestionar y discutir eficazmente la validez o el mérito del acto que lo perjudica.155 Desde un punto de vista positivo, cabe también recordar que es parte de la garantía constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18) el poder defenderse tanto en sede administrativa156 como judicial de los actos que lesionan su persona o derechos. La impugnabilidad se da ante la propia administración y especialmente ante el Poder Judicial, con recurso a veces a instancias supranacionales.

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Impugnabilidad

El principio de la impugnabilidad en sede administrativa surge por lo demás claramente de toda la práctica administrativa, que ha establecido diversos criterios que lo consagran con amplitud. Así, un recurso mal denominado debe tramitarse como el que técnicamente corresponde; un escrito expresando la voluntad de obtener un nuevo pronunciamiento de la administración y hasta una notificación en la que el interesado toma vista en disconformidad, constituyen válida interposición de un recurso administrativo formalmente procedente. En situaciones en que el acto es irrecurrible administrativamente, sea por haber sido dictado por el Poder Ejecutivo en situaciones en las que no es procedente el recurso de reconsideración ni de revisión, sea por impugnar decisiones que de acuerdo a normas expresas son consideradas definitivas, de todos modos se admite el derecho a cuestionar la legitimidad del acto interponiendo lo que se denomina denuncia de ilegitimidad, que si bien no constituye técnicamente un recurso, es de todos modos una impugnación formalmente admisible en el procedimiento administrativo. Sin embargo, si el acto es de un ente o agencia reguladora en materia técnica propia, o de una universidad, o de cualquier ente u órgano contra cuyo acto no procede el recurso de alzada, tampoco es procedente la denuncia de ilegitimidad.

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ร‰poca de Cocina Pasticho de Carne Ingredientes: Salsa Bolognesa Salsa bechamel 60 gr de harina de trigo 60 gr de mantequilla 1/2 litro de leche Nuez moscada (menos de 1/2 cucharadita) Pimienta. 1/2 kg de queso mozzarella 1/2 kg de Jamรณn. Queso Parmesano Lรกminas para pasticho.

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Ingredientes Salsa Bolognesa 1/2 Kg de carne molida (magra) 1 lata de pasta de tomate 1 Cebolla mediana 3 Dientes de ajo 1 hoja de laurel Romero Sal y Pimienta Aceite de Oliva 1/2 copa de vino Queso parmesano Macarrones 1 Cucharada de mantequilla


Para comenzar hacemos la bechamel calentando la mantequilla en una ollita a fuego lento, agregas la harina y la leche (tibia) vas revolviendo para que no se hagan grumos y agregas una pizca de pimienta y la nuez moscada. Cocinar por 10 minutos. Luego si queremos ahorrar trabajo (me lo enseño mi mamá) mezclas de una vez un poco de Salsa Bolognesa en la bechamel

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Preparación:

Primero colocaremos en la bandeja una capa de salsa Bolognesa y un poco de bechamel y luego una capa de láminas procurando que no quede algún vacío entre ellas.

Luego colocamos otra capa de salsas, después una capa de queso y luego otra de jamón, luego otra capa de salsas, y así vamos sucesivamente hasta que lleguemos al tope de la bandeja. En la última capa bañamos con la Salsa Bolognesa y queso. Lo horneamos por 30 minutos a 220 °C y al pasar este tiempo, agrega un poquito de parmesano y gratina por 3 minutos.

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EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Por. Alí Pimentel

Los actos administrativos, están sujetos a ciertos requisitos para que su eficacia no sea atacada como invalida o con vicios. Entre los medios de publicidad de los actos se encuentra: - La Notificación: las resoluciones y actos administrativos que afecten a los derechos e intereses de las personas se notificaran de los siguientes términos: • Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. • Deberá contener el texto integro de la resolución con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa. • También deberá contener la

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expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejecutar cualquier otro tipo de recursos que estimen procedente.

•Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que las personas interesadas realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación, o cuando se interponga el recurso procedente. La practica notificación:

de

la

La notificación es el procedimiento administrativo por el que se da cuenta a quienes interese de los actos de la administración publica. Los medios y forma de notificación son:


• En los procedimientos iniciado a solicitud de la persona interesada, la notificación se practicara en el lugar que esta haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, se practicara en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio, conforme a lo establecido. • Cuando la notificación se practique en el domicilio de la persona interesada, en caso de que esta no se encuentre presente en el, en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. • Cuando la persona interesada o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especifican-

dose la circunstancias del intento de notificación y se considerara efectuado el tramite por lo que se seguirá el procedimiento de que se trate.

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• Las notificaciones se practicaran por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción de la persona interesada o su representante, así como la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

• Cuando la persona interesada en un procedimiento sea desconocida, o se ignore el lugar de la notificación o no se conozca medio que permita tener constancia de la recepción, o bien si, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará entonces por medio de anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento de su ultimo domicilio, en el boletín oficial del estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según cual se la administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que la dicto. El caso que el domicilio sea en el extranjero, la notificación se efectuara mediante su publicación en el tablón de anuncios del consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

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• Las administraciones publicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión incluyendo las notificaciones ya antes mencionadas • Actos sujetos a notificaciones se clasifican en cinco categorías: 1) Actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que sin serlo, obtén a la prosecución de los tramites. 2) Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o intereses legítimos.

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3) Los que emplazamiento, vistas o traslados.

decidan citaciones

4) Los que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la agregación de actuaciones. 5)Todos los demás que la autoridad así dispusiere teniendo en cuenta su naturaleza e importancia. • Todas aquellas leyes y reglamentos que establece lo ante planteado sobre la notificación como una garantía y acto integro, para el beneficio eficacia en los actos administrativos.


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- La Publicación: los actos administrativos serán objetos de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo ameriten razones de intereses publico apreciados por el órgano competente. La publicación sustituirá a la notificación (surtiendo el mismo efecto) en los siguientes casos: • Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de persona o cuando la administración estime que la notificación efectuara a una sola persona interesada es insuficiente para garantizar la notificación a todas, debiendo ser la publicación en este ultimo caso, adicional a la notificación efectuada. • Cuando se trate de actos de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo (anuncios o medio de comunicación donde se harán sucesivas publicaciones) • En caso de supuestos de publicaciones de actos que contenga elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos que coinciden, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. • La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos y los términos de las notificaciones (se aplica también lo mismo de las notificaciones defectuosas). • Se señala que la publicidad determina por un lado su vigencia y de allí su eficacia, esta en caso que la publicidad es la única circunstancia exigida para que el acto sea capaz de producir sus efectos jurídicos. • Toma la publicidad como un presupuesto para el ejercicio de los recursos administrativo.

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• Puede notificar, califica en algunos casos la legitimación del recurrente, ya que puede deducir la cualidad del destino del acto.

• La eficacia, impugnación y legitimación son por tanto las tres funciones que pueden atribuirse a la publicidad. La eficacia, se manifiesta en diferentes modos, la comunicación del acto puede dar lugar al cumplimiento de los efectos jurídicos o se da en circunstancia requerida (actos sujetos a términos o condiciones y actos que requieren de ejecuciones materiales. • La publicidad constituye principio del procedimiento vinculado al respecto de las garantías jurídicas del administrador.

• La publicidad actúa como presupuesto para que transcurran los plazos de impugnación, se vincula este principio con la base fundamental de contencioso administrativo: la tutela judicial efectiva. • La publicidad también esta relacionada con la legitimación, donde la comunicación concebidas desde la perspectiva de la garantía individual. • Naturaleza jurídica de los medios de publicidad, hace referencia a la publicación y notificación como medios de comunicación del acto.

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Todas las leyes, reglamentos y gacetas dan base legal a toda la información relacionada con la publicación y lo mas relevante como medio de publicidad jurídica. Finalmente la publicación es una forma de dar publicidad a un acto, la doctrina sostiene la tesis de la inexistencia o validez del acto ante la ausencia de la publicación. -Indicación de notificaciones y publicaciones: Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos e intereses legítimos, se limitara a publicar en el diario que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde las personas interesadas podrán compadecer, en el plazo que se establezca para conocimiento del contenido integro del mencionado y constancia de tal conocimiento.

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EPOCA a Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos acoge una primera forma de clasificación de los actos administrativos según sus efectos, en el sentido de que clasifica los actos administrativos en actos normativos (de efectos generales) y en actos administrativos no normativos (de efectos particulares). Los primeros son aquellos de contenido normativo, es decir, que crean normas que integran el Ordenamiento Jurídico; en cambio, los segundos, los actos administrativos de efectos particulares, son aquellos que contienen una decisión no normativa, sea que se aplique a un sujeto o a muchos sujetos de derecho.

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Puede decirse que la Ley Orgánica acoge la clasificación de los actos administrativos, según sus destinatarios, al distinguir los actos administrativos generales de los actos administrativos individuales. Los actos administrativos generales son aquellos que interesan a una pluralidad de sujetos de derecho, sea formado por un número indeterminado de personas o un número determinado; en cambio, los actos administrativos individuales, son aquellos que interesan a un solo sujeto de derecho. Esta distinción estimamos que se acoge en el artículo 72 de la Ley Orgánica al exigirse que también sean publicados en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, aquellos actos administrativos que interesen a un número indeterminado de personas, que no sean necesariamente actos normativos o de carácter general. Es decir, esta norma establece indirectamente la diferencia entre el acto de efectos generales o de contenido normativo y el

acto general, el cual aun cuando pueda no tener contenido normativo, interese a un número indeterminado de personas. En estos casos, el acto es general porque interesa a un número indeterminado de personas, y no porque tenga necesariamente un contenido normativo. Por supuesto, también el acto general no normativo, puede tener por destinatarios a un número determinado de personas . El acto individual, al contrario, es el acto destinado a un solo sujeto de derecho, el cual es, además, un acto de efectos particulares, de acuerdo a la clasificación anterior.

En primer lugar, puede distinguirse el acto que pone fin al asunto administrativo, en cuyo caso sería un acto definitivo, del acto de trámite, que no pone fin


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al procedimiento ni al asunto, sino que, en general, tiene carácter preparatorio. Esta clasificación de los actos administrativos según el contenido, se deduce de los Artículos 9, 62 y 85 de la Ley. En efecto, el Artículo 9 establece un principio general, y es que todos los actos administrativos de carácter particular, es decir, de efectos particulares, deben ser motivados, salvo los actos de simple trámite. Distingue aquí, por tanto, la Ley, el acto administrativo de trámite, el cual se opone, por supuesto, al acto administrativo definitivo. En definitiva, la distinción, según el contenido de la decisión, se refiere a que el acto administrativo definitivo es el que pone fin a un asunto y en cambio, el acto administrativo de trámite, es el de carácter preparatorio para el acto definitivo.

Otra distinción que la Ley prevé respecto de los actos administrativos y que también se refiere a su contenido, es la que se refiere al acto creador de derechos subjetivos o de intereses personales y legítimos a favor de los particulares, regulados en los Artículos 19, ordinal 2~ y 82 de la Ley, y al acto administrativo que no crea derechos o intereses personales, legítimos y directos a favor de particulares, también regulado en esos mismos Artículos 19, ordinal 2~ y 82 de la Ley. Así mismo, según el contenido, la Ley establece la posibilidad de que se trate de actos que en lugar de crear derechos a favor de particulares, lo que establezcan sean obligaciones a cargo de particulares, y así se los regula en el Artículo 70 de la Ley

La manifestación de voluntad que produce el acto administrativo, conforme al Artículo 18, debe ser expresa y formal, conteniendo el acto una serie de requisitos que deben manifestarse por escrito. Por tanto, el acto administrativo que regula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en principio, es un acto administrativo expreso formalizado según el Artículo 18. Sin embargo, la Ley admite la figura de la manifestación de voluntad tácita de la Administración, derivada del silencio administrativo. Así.

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se establece expresamente en el Artículo 4 de la Ley Orgánica, cuando se prevé que en los casos en los cuales un órgano de la Administración Pública no resolviera un asunto o un recurso dentro de los lapsos que prevé la misma Ley, y que están consagrados para los asuntos o peticiones en los Artículo 5, 60 y 67 y en materia de recursos administrativos en los Artículos 91,94 y 99, se considera que ha resuelto negativamente pudiendo el interesado intentar el recurso inmediato siguiente. Por tanto, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el Artículo 4,consagra el acto administrativo tácito de contenido negativo, derivado del transcurso del tiempo, es decir, del silencio administrativo.

Otra clasificación de los actos administrativos que resulta de la Ley, se refiere a la impugnabilidad o no de los actos administrativos, y así se distingue el acto

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Administrativo firme de aquel que no es firme, porque aún puede ser impugnado. El acto que no es firme es el que puede ser impugnado, sea por vía administrativa a través de los recursos administrativos regulados en el Artículo 85 y siguientes, sea por vía contenciosoadministrativa. En cambio, el acto firme, es el acto que ya no puede ser impugnado por las vías ordinarias de recurso, y sobre el cual el único recurso que cabe, es el recurso de revisión. En ese sentido, el Articulo 97 de la Ley, al regular el recurso de revisión, señala que éste sólo procede contra los actos administrativos firmes, es decir, contra aquellos que no fueron impugnados en su oportunidad, y que vencidos los lapsos de impugnación, son actos administrativos inimpugn ables.

Por último, también en materia de clasificación de los actos administrativos, debe señalarse una clasificación según la ejecución y así se distingue el acto material de ejecución, del acto administrativo formal.

El Artículo 78 de la Ley, en efecto, habla de actos materiales de ejecución que puedan menoscabar o perturbar los derechos de los particulares, los cuales no pueden realizarse sin que exista previamente un acto administrativo que sirva de fundamento a dichos actos materiales. Puede decirse en este sentido, que el acto material de ejecución previsto en el Articulo78, se identifica con el acto de ejecución que regula el Artículo 8 de la Ley.


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E

n la administración

pública se emiten a diario actos administrativos y actos de la administración, en cuanto a lo primero estos producen relevancias jurídicas que darán surgimientos a conductas jurídicas por parte de los administrados. Los que emiten los actos administrativos son los entes públicos a través de los funcionarios públicos competentes, los cuales tienen capacidad para decidir.

Pero que sucede cuando esos actos no están correctamente emitidos, generando el malestar de los administrados e incluso va en contra del bien común en este caso el derecho administrativo nos da herramientas es decir remedios para prevenir un posible perjuicio del administrado.

resolverse a nivel puramente doctrinario sino que se hace necesario apelar a fundamentos sistemáticos y no puntuales de orden jurídico.

En otras palabras, los caracteres jurídicos del acto administrativo deben ser un reflejo de todo el sistema jurídico aplicable y por ello no pueden

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EPOCA a) ocurra la carencia total y El acto administrativo que se absoluta de los trámites procedimentales encuentra viciado de nulidad legalmente establecidos; b) se aplique un absoluta no produce ningún efecto procedimiento distinto al previsto por la jurídico y no puede convertirse en ley correspondiente, es decir, cuando por firme, sin embargo, de acuerdo al una errónea calificación previa del derecho adjetivo se debe impugnarse procedimiento a seguir, se desvíe la y esperar la decisión judicial donde se actuación administrativa del iter declare la nulidad absoluta. procedimental que debía aplicarse de "la procedencia de la sanción conformidad con el texto legal jurídica de nulidad absoluta impuesta a correspondiente (desviación de un acto que adolece del vicio consagrado procedimiento); o c) cuando se en el ordinal 4º del articulo 19 de la prescinden de principios y reglas citada ley, está condicionada a la esenciales para la formación de la inexistencia de un procedimiento voluntad administrativa o se transgredan administrativo legalmente establecido, es fases del procedimiento que constituyan decir, a su ausencia total y absoluta. La  No se puede garantías esenciales del administrado doctrina y la jurisprudencia contenciosa (principio de esencialidad). Cuando el administrativa progresivamente han vicio de procedimiento no produce una delineado el contenido y alcance del disminución efectiva, real, y referido vicio de procedimiento transcendente de las garantías del administrativo, al permitir una valoración administrado, sino que representa sólo distinta de este vicio que afecta al acto fallas o irregularidades parciales, administrativo en atención a la derivadas del incumplimiento de un trascendencia de las infracciones del trámite del procedimiento, la procedimiento. En tal sentido, se ha jurisprudencia ha considerado que el establecido que el acto administrativo vicio es sancionado con anulabilidad, ya adoptado estaría viciado de nulidad que sólo constituyen vicios de ilegalidad absoluta, cuando: aquellos que tengan relevancia y provoquen una lesión grave al derecho de defensa. "

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Al igual que en la nulidad absoluta el funcionario que dicte un acto administrativo viciado de nulidad relativa en vía administrativa no provoca la suspensión de los efectos del acto administrativo. La administración puede siempre convalidar en cualquier momento sus actos anulables. Al igual que en la nulidad absoluta el funcionario que dicte un acto administrativo viciado de nulidad relativa incurre en responsabilidad civil, penal y administrativa de conformidad con el ordenamiento legal vigente

El acto administrativo puede producir todos los efectos jurídicos mientras no sea renovado o anulado. Si el acto es anulado o revocado produce efectos jurídicos hasta ese momento y no seguirá produciendo sus efectos jurídicos. Mientras no se revoquen o sea declarada su nulidad en vía judicial, deberán ser cumplidos por los particulares. Este acto puede ser impugnado solo en determinados lapsos, tanto en vía administrativa mediante los recursos administrativos, como en vía contencioso administrativa, por lo que vencido estos lapsos el acto queda firme, y ya no podría ser renovado por la administración si crea derechos a favor de particulares. Cuando se impugna un acto viciado de nulidad relativa en vía administrativa no provoca la suspensión de los efectos del acto administrativo.

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VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Por Marielba Bustamante

Los actos administrativos son inválidos y pueden ser anulados cuando han violado una norma constitucional o legal o cuando no cumplen con los requisitos de validez. En estos casos el acto administrativo está viciado de nulidad absoluta o relativa y es susceptible de ser impugnado en vía administrativa o jurisdiccional. A tales efectos podemos distinguir tres causas de invalidez:

1. LA VIOLACIÒN O CONTRARIEDAD DEL DERECHO Se distinguen dos grandes vicios de los actos administrativos derivados de esta violación como son: los vicios de inconstitucionalidad cuando violen disposiciones constitucionales Y los vicios de ilegalidad cuando violen normas legales u otras normativas de rango legal o sublegal

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A) Vicios de inconstitucionalidad: El Art 259 CRBV establece que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para anular los actos contrarios a derecho y el 25 CRBV establece que todo acto dictado por el Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la Ley son nulos. Igualmente el Art. 19 ordinal 1 LOPA

Estos actos que violen disposiciones producirse en dos supuestos:

constitucionales

pueden

1.

Vicios que afectan derechos subjetivos o normas sustantivas (contenidos en los derechos fundamentales de la Constitución)

2.

Vicios que afectan normas atributivos de competencia. Se viola una norma atributiva de competencia cuando por ejemplo el Poder Ejecutivo convoca unas elecciones, ya que es una competencia que le corresponde al Poder Electoral. Estaríamos hablando en este caso de un acto viciado de incompetencia de orden constitucional. B) Vicios de ilegalidad

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Los actos administrativos también serán inválidos cuando violan disposiciones legales u otras fuentes de legalidad administrativa. La LOPA en estos casos dispone diversos casos de invalidez distinto a los derivados de la violación de los requisitos de fondo y de forma del acto administrativo.


Violación de la reserva legal: los actos administrativos serán inválidos en los casos que vulneres la garantía de la reserva legal. Art. 49 ordinal 6 y Art. 317 de la CRBV y Art. 10 de la LOPA

2.

Violación de la jerarquía de los actos: ningún acto puede vulnerar lo establecido en otro de superior jerarquía, de lo contrario el acto es invalido y susceptible de ser anulado (Art. 13 LOPA)

3.

Violación de los actos administrativos de efectos generales: los actos de efectos particulares no pueden derogar los actos de efectos generales aun cuando fuesen dictados por una autoridad igual o superior a la que dicto el acto administrativo, de conformidad con el Art. 7 del Código Civil y 13 de la LOPA.

Articulo 7 del Código Civil.

Este principio consagrado en el Art. 24 de la Constitución y en el 3 del Código Civil rige también en materia administrativa. El Art. 11 de la LOPA contempla este principio y se aplica igual que en materia penal: siempre que sea más favorable al administrado.

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1.

Articulo 3 del Código Civil. la ley no tiene efecto retroactivo.

5.

Violación de la cosa juzgada administrativa: por interpretación en contrario del Art. 82 LOPA los actos administrativos que originen derechos subjetivos o intereses legítimos no podrán ser revocados una vez que hayan adquirido firmeza. De conformidad con el Art. 19 ordinal 2 son nulos de nulidad absoluta los actos que violen la cosa decidida administrativa en esos términos. solo opera:

las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes; y no vale alegar contra su observancia el desuso, ni la costumbre o practica en contrario, por antiguos y universales que sean. 4.

la Retroactividad de la cosa juzgada administrativa: los actos administrativos cumplen sus efectos hacia el futuro, y en principio no pueden tener efecto retroactivo.

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Para que se conforme este vicio deben cubrirse los siguientes requisitos:

6.

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Debe tratarse de un acto definitivo, que ponga fin a un procedimiento administrativo, que lo resuelva, contra el cual no cabe el ejercicio de ningún recurso administrativo o de haber sido recurrido, que ese acto haya sido confirmado por el superior

Que se trate de actos administrativos que hayan creado derechos subjetivos o intereses legítimos, es decir, derechos a favor de particulares

Que se trate de actos administrativos de efectos particulares y

Que no se trate de actos que estén viciados de nulidad absoluta, ya que estos nunca adquirirán firmeza, es decir, nunca tendrán fuerza de cosa juzgada.

violación de los límites a la discrecionalidad. Según el Art. 12 de la LOPA el poder discrecional de los órganos de la administración pública no son absolutos e ilimitados ni pueden conducir a la arbitrariedad, por el contrario tienen diversos límites que la propia norma les establece. El Art. 12 dice que los actos discrecionales deberán mantener la debida adecuación y proporcionalidad entre su contenido y los supuestos de hecho que conforman sus motivos y con los fines de la norma. Por tanto, un acto que no guarde la debida racionalidad, proporcionalidad, adecuación, justicia y equidad puede ser susceptible de ser anulado.


Es aquella manifestación de la administración pública competente en ejercicio de las potestades administrativas, destinada a generar efectos jurídicos a una determinada persona, por decisiones que toma el funcionario competente o un ente colegiado para regular un derecho solicitado por una o más personas.

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Noción de los Actos Administrativos

Elementos Esenciales: 1)

Competencia: Debe ser emitido por la entidad administrativa que corresponde regular la situación.

2) Objeto: Que el contenido de la decisión se cierto, determinado física y jurídicamente posible y completo (se pronuncie sobre todos los extremos). 3) Finalidad pública: la decisión debe implicar la satisfacción del interés público. 4) Motivación: Que la decisión no sea arbitraria sino que esté debidamente motivada 5) Procedimiento regular: Que durante el procedimiento de la emisión del acto administrativo, dicho procedimiento haya cumplido todas las formalidades que la ley impone.

Elementos no Esenciales: 1)

Forma: Debe ser escrito, fechado y firmado por quien lo emitió.

2) Modalidad: Si la ley le faculta, la administración siempre que sea necesario puede imponer en el acto administrativo condiciones, plazos o cargas.

El acto administrativo es diferente del acto jurídico: porque en el acto administrativo como manifestación del poder público busca la satisfacción de intereses públicos, por lo que su emisión está limitada a los límites funcionales que son impuestos por la ley (no hay libertad para elegir el objeto/contenido del acto por principio de legalidad) los funcionarios de la administración pública, a diferencia del acto jurídico que busca satisfacer intereses particulares (hay libertad para elegir el objeto/contenido del acto) y tiene un margen de acción mucho mayor porque solamente está limitado por la voluntad del que lo emite (siempre y cuando no sea contrario con el ordenamiento jurídico).

• El acto administrativo es diferente del acto de administración: porque el acto administrativo es una decisión unilateral que expide la

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• El acto administrativo es diferente del hecho administrativo: porque el acto administrativo es una decisión unilateral que expide la administración pública para regular una situación concreta de una persona. Mientras que el hecho administrativo es solamente un acto que se materializa en la realidad, es decir que son actuaciones físicas que realizan los funcionarios de la administración en sus funciones. • administración pública para regular efectos jurídicos de una situación concreta de una persona, produce efectos en una persona ajena a la administración. Por otra parte el acto de administración regula la organización y funcionamiento de la misma entidad, sus efectos son internos porque se refieren a sus propios funcionarios. • El acto administrativo es diferente del contrato administrativo: porque el acto administrativo produce efectos patrimoniales como no patrimoniales y es una declaración unilateral. Mientras que el contrato administrativo produce efectos solamente patrimoniales, tiene un acuerdo de voluntades y está en relación de especie a género con el acto administrativo.

Eficacia de los Actos Administrativos Son eficaces, es decir, producen efectos jurídicos a partir de la notificación del acto (no será necesario la notificación si el administrado ya tomó conocimiento del acto).

Extinción del Acto Administrativo

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Se extingue el acto administrativo si se cumple su objeto, por imposibilidad sobreviniente (física o jurídica) de cumplir el objeto, expiración de plazo, cumplimiento de una condición resolutiva, cuando el interesado renuncia a lo que el acto administrativo le reconoce o faculta, cuando el acto administrativo es revocado o por declaración judicial de nulidad


EPOCA Barquisimeto – Caracas – Guatire – Maracaibo – Maracay – Margarita – Maturín – Puerto la Cruz – Puerto Ordaz – San Cristóbal - Valencia

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EPOCA

ÉPOCA DE ENTRETENIMIENTO

Sopa de Letras

s

Laberinto

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IMPUGNABILIDAD NOCION VICIO ESTABILIDAD COERCION EJECUTIVIDAD PRESUNCION LEGALIDAD ACTOS ADMINISTRATIVOS NULIDAD INVALIDEZ COMPETENCIA NOTIFICACION PUBLICACIÓN


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Caricatura

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Revista Época - 6ta Edición