que en otra, no pueden ser tampoco modelos importados o netamente locales ya que cada región tiene sus propias características y como tal debe evaluarse. Dice además, que aunque se puede recurrir a ayudas técnicas de los órganos centrales y también a experiencias ajenas, los planes de desarrollo urbano deben basarse en las necesidades, usos y costumbres y condiciones ambientales locales; el problema estriba en que las autoridades locales no cuentan con el poder político ni los medios económicos para solucionar sus problemas, creando con ello sentimientos de frustración y debilidad. La misma tónica se siguió en la Declaración de Río, de 1992, donde también se destacó la participación de las autoridades locales como factor determinante en la generación de políticas ambientales locales, de programas de educación y movilización social en pro del desarrollo sostenible (UNESCO 1992). Reuniones posteriores se centraron en la revisión de objetivosy en concentrar esfuerzos para aprobar declaraciones políticas que hicieran posible la aplicación del desarrollo sostenible, debido a que los retos planteados con anterioridad aún estaban lejos de ser alcanzados. Otros programas y acuerdos como el Protocolo de Kyoto en 1998 y los Compromisos de Aalborg en 2004, específicamente para la Unión Europea, sólo para citar algunos, se han sumado a este conjunto de acciones enfocadas a una visión común de un futuro sostenible, en independencia de posicionamientos políticos. En este orden, surgieron esfuerzo de varios países encaminados a buscar soluciones sobre el cambio climático; acordaron por consiguiente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático con el objetivo de estabilizar la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impidiera que el clima se perjudicara. Esta convención gozaba en 2007 del respaldo de 191 países denominados Partes de la Comisión; la primera Conferencia de las Partes se celebró en Berlín en 1995. La decimosexta versión de esta Conferencia se celebró en la ciudad de Cancún en el año 2010 y la última en París, en 2015, donde se dieron cita 195 países, “poniendo de relieve con grave preocupación la necesidad urgente de resolver el importante desfase que existe entre el efecto agregado de las promesas de mitigación de las Partes, expresado en términos de las emisiones anuales mundiales de gases de efecto invernadero en el año 2020, y las trayectorias que deberían seguir las emisiones agregadas para poder mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2o C con respecto a los niveles preindustriales, y de seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C” (CMCC 2015). Uno de los compromisos establecidos por las Partes con el propósito de buscar soluciones para frenar el cambio climático, fue formular periódicamente informes especiales denominados Comunicados Nacionales; las Partes también se obligaron a desarrollar y a utilizar tecnologías limpias, así cómo implementar programas de educación para sensibilizar al público sobre los efectos de este cambio. En este tenor , en diciembre de 2010, en el marco de la celebración de la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP16, México se comprometió a reducir en un 50 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) hacia 2050 referente al año 2000. como una medida para encarar los retos que el cambio climático considera (CONAVI 2010). Este compromiso incluía, entre otras acciones, diseños urbanos integrados al entorno, y dejaba ver por consiguiente, la necesidad de tipologías sostenibles de vivienda, donde el equipamiento con ecotecnologías indujera a la reducción de los consumos de energía eléctrica, de gas y
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