% de la producción nacional de madera se exporta. El resto se queda en el país y, según declaraciones de las propias autoridades peruanas, el principal comprador es el Estado. ¿Qué está haciendo el Estado peruano para asegurarse de que no compra madera ilegal? Prácticamente nada. Si bien se viene trabajando desde hace un par de años en la homologación de protocolos para las compras de madera por parte del sector público, aún no se ha incorporado pasos ni requisitos con un impacto real, como, por ejemplo, solo comprar de proveedores que puedan demostrar el origen legal de la madera a través de verificaciones de campo del OSINFOR. Aquí hace falta también mayor conocimiento y presión de la ciudadanía en general. Y quizás el aspecto más importante en el que todos tenemos que tomar posición y aumentar la presión sobre nuestros candidatos y autoridades: la protección de los defensores ambientales. Quien defiende el ambiente, no lo hace para él solo. Los servicios ecosistémicos, como agua o aire limpios, no es algo que te puedes guardar en el bolsillo o esconder en tu casa; es algo que, intencionalmente o no, nos beneficia a todos. Si el Estado ha abandonado a los defensores ambientales a su suerte, los ciudadanos no podemos hacer lo mismo. Por ello, acuerdos como el de Escazú son esenciales para garantizar un ambiente saludable, un uso más justo de los recursos, y la seguridad de que quien dé la cara para defender los bosques va a poder sobrevivir para contarlo. Evidentemente hay más acciones urgentes e importantes que deben tomarse para limpiar el sector forestal peruano de la corrupción público-privada que lo invade, pero los puntos aquí planteados son algunos de los que estimamos tendrían un fuerte e inmediato impacto positivo sin demandar mayores recursos del Estado. En todo caso, el objetivo principal de este artículo es iniciar la conversación y motivar a más ciudadanos a involucrarse y demandar una lucha contra la corrupción y contra la violación de derechos humanos que traiga beneficios para todos los peruanos: los que estamos vivos hoy y los de las generaciones que nos sigan.
Otra dimensión de la tala ilegal: trabajo forzoso y abuso sexual Lo peor de la tala ilegal es que trae consigo una cadena de abusos sobre los más pobres, llegando incluso a situaciones que lindan con la esclavitud laboral y sexual. EIA tuvo acceso directo al testimonio de dos personas que lograron escapar de un campamento de tala ilegal en la cuenca del Río Yavarí, en la región Loreto en el 2010. Estos testimonios dan cuenta de un sistema de tala ilegal, en el que mafiosos peruanos, colombianos y brasileros actúan y contratan abiertamente y, una vez en el campo, se reparten como un botín los recursos que deberían ser de todos los peruanos. En los campamentos, además, prevalece la ley del más fuerte, los motosierristas trabajan diariamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde sin atención médica en casos de infecciones o accidentes y las cocineras suelen ser abusadas sexualmente. El sueldo fluctúa entre los 110 y 140 dólares mensuales, pero se les descuenta por productos sobrevaluados que resultan indispensables, como botas de jebe, pasta de dientes o camisetas. Por obvias razones de seguridad de los involucrados, se omite detalles que puedan comprometer su identidad. María, madre soltera de casi 50 años, estaba sin trabajo. Así que cuando un vecino le habló de un empleo temporal como cocinera en un campamento maderero, pensó que se le había presentado una buena oportunidad. La paga le pareció buena: 300 soles mensuales (unos 110 dólares), más del sueldo promedio para una cocinera en la ciudad de
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