IV. Comparativo de Indicadores Jurídicos
V. Recursos Humanos.
El diagnóstico inicial del personal adscrito al área jurídica arroja una falta de responsabilidad en los procesos, ya sea por falta de claridad en éstos o bien porque las personas no conocen sus propios alcances o de las áreas de su competencia; lo que en consecuencia, arroja una concentración de la revisión final de todos los documentos, sin importar su relevancia en la figura de su Titular
Además, debido al entorno jurídico actual, caracterizado por una dinámica legislativa acelerada y compleja, la constante modificación, derogación o creación de normas, así como por el factor geopolítico; esta área no puede permitirse operar bajo marcos legales obsoletos o desactualizados, ya que ello incrementa significativamente el riesgo de incurrir en responsabilidades legales, sanciones administrativas e incluso daños reputacionales.
Resulta imperativo contar con conocimientos jurídicos actualizados y formación constante, lo que permitirá que el equipo no solo comprenda las nuevas disposiciones legales, sino que también sea capaz de aplicarlas correctamente en su labor diaria Esto es especialmente importante en áreas como: contratos, régimen fiscal de donatarias, protección de datos personales, propiedad intelectual, responsabilidad civil y administrativa, transparencia o prevención de lavado de dinero; Donde los cambios legislativos pueden tener impactos inmediatos y significativos. Además, la capacitación fortalece la cultura institucional de legalidad y ética al sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de actuar conforme al marco normativo vigente.
Aunado a lo anterior, se encontró con retos y desafíos del trabajo remoto en la atención de asuntos legales que requieren presencia institucional
En este aspecto, si bien la implementación del trabajo remoto ha facilitado la continuidad operativa en situaciones extraordinarias como la contingencia sanitaria y ha impulsado una modesta digitalización de procesos; sin embargo, en el ámbito jurídico existen determinadas gestiones legales que requieren presencia de representantes legales o personal habilitado para llevar a cabo diligencias o acuerdos en salvaguarda de la organización; la imposibilidad de acudir presencialmente puede derivar en retrasos, omisiones o perdida de oportunidades procesales. La virtualidad puede dificultar la articulación fluida de esfuerzos, ralentizar procesos y generar errores de interpretación u omisión funcional, sobre todo en situaciones que exigen atención urgente.
Ante este panorama, ha resultado fundamental enfocar los esfuerzos en dos líneas de acción prioritarias:
1.- Invertir de manera sistemática en programas de actualización jurídica, talleres de interpretación normativa, cursos de compliance y entrenamientos prácticos que garanticen que todo el personal cuente con las competencias necesarias para operar eficazmente en un entorno regulatorio dinámico y en constante transformación.
2.- Fortalecer la atención de los asuntos legales que conllevan responsabilidades institucionales críticas, priorizando esquemas de trabajo preferentemente presenciales Es indispensable establecer criterios claros que orienten la presencialidad en temas jurídicos estratégicos, especialmente aquellos vinculados al cumplimiento normativo, la representación organizacional y la defensa de sus intereses organizacionales. Si bien un modelo hibrido resulta útil en tareas de apoyo o revisión documental, el componente presencial debe mantenerse como eje central en la gestión jurídica sustantiva
Solo a través de estas acciones será posible consolidar un modelo de cumplimiento normativo eficiente, preventivo y sostenible para la organización
VI. Gestión de Litigios.
Durante el proceso de revisión, se identificaron áreas de oportunidad en relación
con la atención de los litigios en curso En particular, se advirtió que en ciertos casos la representación legal no fue ejercida de manera directa o presencial, o bien no se otorgó el nivel de seguimiento que la naturaleza del procedimiento requería.
Esta situación genera riesgos importantes que deben ser atendidos con el fin de fortalecer la función jurídica y proteger adecuadamente los intereses de la organización.
Como consecuencia, se detectó un número significativo de asuntos con defensa técnica y procesal limitada, así como casos en los que se perdió la oportunidad jurídica, lo que no solo representa un menoscabo patrimonial para la Organización si no que su falta de atención puede ser interpretada como desinterés institucional o baja capacidad de respuesta afectando la percepción de profesionalismo y compromiso.
Frente a este contexto, y bajo un nuevo liderazgo institucional, se está trabajando en diseño e implementación de mecanismos para fortalecer el control y seguimiento
jurídico En una primera etapa, se ha puesto en marcha un modelo orientado al rescate de litigios de alto impacto, a través de la estrategia denominada “Figura de Renovación de Enlaces”.
Figura de Renovación de Enlaces
Esta figura consiste en asegurar que la Organización cuente con representación legal especializada en cada asunto, a través de profesionales del derecho con experiencia reconocida y trayectoria destacada en el foro local donde se tramita el litigio. Esto permite un seguimiento directo, una mayor eficacia en la defensa institucional y, sobre todo, presencia activa en el desarrollo de cada juicio.
A lo largo del año mediante esta figura y con gestiones presenciales se ha logrado el rescate de litigios estratégicos.
Como anexo A, se presenta un cuadro con la información relativa a los 51 litigios en los que la Organización es parte, de los cuales 3 se reportan como concluidos, 1 pendiente de presentar demanda y 47 en trámite Hacia un modelo de gestión jurídica estratégica.
De forma paralela, se trabaja en el fortalecimiento de los procesos internos de priorización y seguimiento de asuntos legales, con el objetivo de asegurar una intervención oportuna y proporcional al impacto jurídico y patrimonial de cada litigio.
Se busca consolidad un modelo de gestión jurídica que combine eficiencia operativa con presencia estratégica en procedimientos clave, garantizando que los recursos disponibles se alineen con las prioridades institucionales y se cuente con la representación legal adecuada en tiempo y forma.
Asimismo, se avanza en el establecimiento de criterios formales de atención prioritaria, así como esquemas de seguimiento que permitan una evaluación continua, preventiva y sustentada en el riesgo.
VII. Cumplimiento Normativo.
En el proceso de revisión interna del área jurídica, se identificaron deficiencias relevantes que requieren de atención prioritaria.
Entre ellas, destacan la existencia de documentos institucionales desactualizados o inexistentes, la ausencia de procesos claros o la presencia de procesos friccionados y lentos.
En este sentido, es importante señalar que el cumplimiento normativo institucional no se limita al seguimiento pasivo de la legislación vigente, sino que exige una implementación activa de políticas internas, protocolos de control y mecanismos de prevención, que se adapten con agilidad a los marcos regulatorios emergentes. Esto no solo implica contar con conocimientos jurídicos actualizados, si no también con una cultura organizacional comprometida con la legalidad, la ética y la transparencia.
El contexto actual, marcado por una creciente interdependencia internacional y una dinámica geopolítica compleja, impone a las organizaciones la obligación de adaptase rápidamente a nuevas regulaciones que derivan de acuerdos multilaterales, presiones regulatorias globales y compromisos temas como derechos humanos, protección de datos, sostenibilidad, comercio internacional, seguridad digital, educación con enfoque global y prevención de lavado de dinero, han sido especialmente influenciados por estos factores.
Ante este escenario, integrar una perspectiva geopolítica en la gestión jurídica se vuelve indispensable para preservar la legalidad, garantizar la eficiencia operativa y el posicionamiento estratégico de la organización. Así, el cumplimiento normativo no solo representa una obligación legal, sino también una herramienta clave para la de sostenibilidad institucional y proyección internacional.
Se ha identificado que la organización presenta brechas normativas y rezagos en la implementación de nuevas disposiciones legales, lo cual puede derivar en riesgos institucionales como sanciones, pérdida de legitimidad o desfase en indicadores de cumplimiento. Por ello, es imperativo avanzar hacia un diagnóstico normativo actualizado, que permita mapear las nuevas obligaciones derivadas de compromisos internacionales, reformas nacionales y marcos multilaterales, así como fortalecer las capacidades institucionales, la coordinación interinstitucional y asesoría jurídica especializada
Fomentar esta cultura de apoyo mutuo entre áreas no es solo un acto de la buena voluntad, sino una estrategia clave para fortalecer la gobernanza interna y lograr un impacto institucional real y sostenible.
Desde esta óptica se identificaron áreas de oportunidad significativas en el diseño, documentación y operación de procesos vinculados a la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), conforme a lo establecido en la legislación nacional aplicable Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Si bien la actividad educativa no está clasificada como vulnerable per se en la LFPIORPI, ciertas operaciones o esquemas de financiamiento - como el manejo de recursos privados, fondos internacionales, cuotas o donativos y fideicomisos –pueden estar sujetos a supervisión y exigir medidas preventivas específicas. Por ello se ha comenzado en el avance de la elaboración e implementación de un sistema integral de procesos de PLD y FT.
La implementación de estos procesos no solo permite dar cumplimiento a las obligaciones legales, sino que también fortalece la cultura institucional de integridad, reduce riesgos legales y reputacionales, y posiciona a la Organización conforme estándares internacionales de buena gobernanza.
VIII. Atención interinstitucional.
Al inicio del periodo se encontró con la falta de atención adecuada en áreas estratégicas de la de la organización como lo son los Centros de Apostolado y Asociaciones Religiosas
El área jurídica desempeña un papel estratégico en la consolidación y fortalecimiento institucional, no solo a través de la gestión de litigios o la construcción de vínculos interinstitucionales que garanticen la adecuada atención de los asuntos que requieren coordinación con entidades gubernamentales y particulares.
A través de una mejora en la atención interinstitucional -en un sentido cuantitativo y cualitativo- se asegura la eficacia en la tramitación de gestiones, ya que permite establecer canales de comunicación fluidos, confiables y formales con las autoridades competentes y con actores externos.
De esta manera, el área jurídica se ha convertido en garante de que los Centros de Apostolado y Asociaciones Religiosas, otorguen la debida atención a la Federación Regnum Christi, los Institutos Federados, Legionarios de Cristo, AR consagradas del RCAR, laicos consagrados del RCAR para que actúen dentro del marco normativo, se evite retrasos en procedimientos y se promueve la transparencia en las relaciones con terceros
El área jurídica ha asumido su papel como facilitador con la responsabilidad de orientar, acompañar y dar seguimiento a los trámites solicitados ante los Centros de Apostolado y Asociaciones religiosas por la Federación Regnum Christi, los Institutos Federados, Legionarios de Cristo, AR consagradas del RCAR, laicos consagrados del RCAR; que deban realizarse ante instancias gubernamentales o ante particulares. Este rol no solo implica conocimientos técnicos y normativos, sino también habilidades de gestión y negociación que permiten encauzar los asuntos de manera ágil y efectiva.
Al actuar como intermediario, el área jurídica garantiza que los procedimientos se conduzcan conforme a la legalidad, disminuyendo riesgos de incumplimiento y fortaleciendo la seguridad jurídica de la institución. Además, se genera confianza tanto al interior como al exterior de la organización, ya que se proyecta una imagen de profesionalismo, orden y compromiso con la observancia de la normativa vigente.
Estas acciones han buscado sensibilizar al personal jurídico sobre la necesidad de adoptar una visión integral e interdepartamental, fundamentada en la escucha activa, el trabajo colaborativo y la atención proactiva de requerimientos institucionales, con el objetivo de construir una organización más sólida, transparente y orientada a resultados.
XI. Contractual.
Durante el proceso de revisión contractual, se identificaron diversas inconsistencias que comprometen la seguridad jurídica de los actos celebrados por la Organización. En particular, se detectó que contratos fueron suscritos sin apego a formatos unificados, presentando cláusulas redactadas de forma ambigua, incorrecta o carentes de fundamento legal correspondiente, lo que incrementa el riesgo de interpretaciones adversas y detonó conflictos legales importantes perdidas económicas para la organización.
Ante esta situación y como parte de las acciones de mejora institucional, se han diseñado e implementado nuevos formatos contractuales, elaborados con base en un análisis jurídico integral y validado conforme a la normativa aplicable. Estos formatos buscan estandarizar criterios, asegurar el debido fundamento legal de cada cláusula y facilitar su correcta interpretación y aplicación.
Por su parte, el equipo jurídico ya realizó la difusión y socialización de estos modelos y guías contractuales, asegurando que todas las áreas operen bajo un mismo estándar jurídico Este esfuerzo busca fortalecer la seguridad jurídica en la contratación institucional, reducir riesgos y asegurar una gestión más ordenada, eficiente y conforme a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
X. Corporativo.
En el diagnóstico del área corporativa se identificaron varios aspectos por fortalecer tales como, el establecimiento de una estructura corporativa adecuada de acuerdo con los planes aprobados, la capacitación de sus integrantes para la toma de decisiones y cumplimiento de obligaciones
Por lo que se ha estado trabajando en un “think tank” denominado tanque de pensamiento, para encontrar las soluciones más favorables en cuanto a una simplificación societaria con la integración de políticas claras de gobernanza que fortalezcan la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas frente a las autoridades, miembros de la organización, aliados estratégicos y la sociedad. Este factor es cada vez más exigido por las reformas en materia de anticorrupción, prevención de lavado de dinero y protección de datos.
Un buen gobierno corporativo exige la adopción de mecanismos eficaces que aseguren el cumplimiento normativo y la transparencia institucional. En este marco, la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) se consolida como un componente indispensable, al responder tanto a la LFPIORPI como a los estándares internacionales del GAFI.
Más allá de una obligación legal, la PLD/FT se convierte en un instrumento estratégico de gobernanza, pues fortalece la confianza de autoridades, donantes, aliados estratégicos y sociedad, al tiempo que proyecta profesionalismo, orden y compromiso con la ética institucional
En consecuencia, la PLD/FT no solo mitiga riesgos, sino que también potencia la sostenibilidad y proyección internacional de la organización, al alinearla con los más altos estándares de cumplimiento y buena gobernanza.
XI. Propiedad Intelectual.
Al inicio del periodo se identificó que la organización enfrentaba riesgos significativos derivados del uso de signos distintivos sin la protección legal correspondiente. A pesar de que estos elementos han sido utilizados por años y constituyen símbolos inequívocos de la identidad institucional reflejando su valores, misión y reconocimiento social, no contaban con el respaldo jurídico necesario que garantizara su uso exclusivo
Ante este escenario, durante el último año se ha trabajado intensamente para asegurar la protección legal de dichos activos intangibles, con el objetivo de resguardar el patrimonio de la Organización, fortalecer su posicionamiento ante terceros y garantizar el reconocimiento público, la defensa de su reputación, diferenciación en el mercado y derechos exclusivos de uso.
En este marco y con base en la legislación vigente en materia de propiedad industrial e intelectual, se ha trazado una ruta estratégica para dotar de seguridad jurídica en el uso de marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos asociados a la identidad de la Organización.
Entre los principales avances se destacan:
• Se mitigó en su totalidad el reclamo legal y la amenaza de demanda por parte de Hoteles RIU, por el uso de la marca “RIU”, en dónde se logró un acuerdo que nos permite el registro y uso de nuestra marca en México y en el extranjero.
• Se obtuvo por primera vez en la historia la protección de la mascota “LEONEL” de la Universidad Anáhuac como reserva de derechos desde el punto de vista autoral
• Se obtuvo por primera vez en la historia la protección de la mascota “LEONEL” como marca registrada tanto su nombre como su diseño
• Se obtuvo la protección de la mascota “JACK” del Cumbres Anáhuac como reserva de derechos desde el punto de vista autoral
• Se obtuvo por primera vez en la historia de la protección de la mascota “JACK” como marca registrada, tanto su nombre como su diseño.
• Se completó ya en un 50% el significativo proyecto de licenciamiento marcario por primera vez en la historia de la organización
• Ya se inició con el proceso de obtención de la declaración de fama de la marca “Universidad Anáhuac”, ya se tiene tanto su valuación como recapitulación de pruebas, como estudio de mercado.
• Se mitigó el reclamo legal del diseño de la “H” HIGHLANDS” por parte del Colegio Alemán y estamos a punto de obtener la concesión del registro que nos permite uso libre de dicho diseño.
• Se recuperó en su totalidad y en forma definitiva el registro de marca para “OAK” obtenido en 1997 que se había perdido por falta de uso, de manera que ya se cuenta de nuevo con el mismo y se logró la obtención de 4 nuevos registros para “OAK”.
• Se evitó y frenó el registro ilegal y no autorizado de las marcas “RESIDENCIAL ANÁHUAC”; “GENTE NUEVA”; “MANO AMIGA”; “PREPA ANÁHUAC” y TORNEO DE LA AMISTAD” por parte de terceros ajenos a la autorización.
• Se inició el proceso y presentación de solicitudes de patente.
• Se consolidó la homologación del área de publicaciones y editoriales de todas las Universidades Anáhuac, con motivo del Contrato de Transferencia Económica. Estos avances representan un paso fundamental en la consolidación de una estrategia institucional de protección de activos intangibles, al garantizar que los signos distintivos de la Organización que encapsulan su trayectoria, valores y misión cuenten con el respaldo jurídico necesario para su defensa frente a terceros.
Más allá del cumplimiento legal, la protección de marcas y elementos de identidad institucional fortalece la reputación, incrementa la confianza de aliados y beneficiarios, y previene posibles usos indebidos o apropiaciones no autorizadas.
Se trata, en suma, de una medida estratégica que aporta valor, solidez y proyección a largo plazo, asegurando que la Organización pueda seguir actuando con certeza jurídica y reconocimiento en los distintos ámbitos en los que desarrolla su labor
Cabe destacar que esta línea de trabajo ha sido un eje medular impulsado por la nueva dirección, como parte de una visión renovada de fortalecimiento institucional, basada en la prevención jurídica, la proyección estratégica y la defensa del patrimonio intangible de la Organización.
XII. Logros alcanzados.
Durante el periodo comprendido en este informe, el área jurídica logró avances sustantivos en diversos frentes estratégicos, orientados a fortalecer su papel como garante de legalidad, articulador normativo y asesor técnico de la organización. Entre los principales logros alcanzados se destacan:
1. Rescate y seguimiento de litigios estratégicos
Se implementó con éxito la estrategia denominada Figura de Renovación de Enlaces, que permitió dotar a la organización de representación legal especializada y presencial en litigios de alto impacto, logrando recuperar el control técnico y procesal de asuntos críticos, con resultados favorables tanto jurídicos como patrimoniales.
2. Diseño e implementación de formatos contractuales unificados
Se elaboraron modelos de contrato con criterios jurídicos estandarizados, validados legalmente y difundidos institucionalmente, lo que ha mejorado la seguridad jurídica en los actos de contratación y reducido significativamente los riesgos derivados de cláusulas ambiguas o mal estructuradas.
3. Fortalecimiento del cumplimiento normativo
Se avanzó en la identificación de brechas regulatorias internas y en la implementación de mecanismos de prevención legal Se promovieron acciones específicas en temas sensibles como prevención de lavado de dinero
4. Impulso a la protección de la propiedad intelectual de la Organización.
Se avanzó en el registro de signos distintivos relevantes para la identidad de la Organización, asegurando su uso exclusivo y protegiendo activos intangibles clave frente a terceros. Esta línea de trabajo refuerza el patrimonio jurídico de la organización y previene vulneraciones futuras.
5. Fortalecimiento del vínculo con áreas estratégicas
Se establecieron esquemas de atención jurídica proactiva con los Centros de Apostolado y otras unidades sustantivas, generando una relación más cercana, colaborativa y eficaz que favorece la prevención de conflictos y mejora la toma de decision institucional.
La mejora en la gestión jurídica ha generado una reducción directa y cuantificable de riesgos patrimoniales, así como beneficios concretos para la Organización. Los logros alcanzados en este periodo reflejan una transición hacia un modelo jurídico más moderno, profesional y enfocado en la obtención de resultados institucionales
No obstante, para asegurar la sostenibilidad de estos avances en el mediano y largo plazo, será indispensable mantener el impulso reformador y continuar fortaleciendo las capacidades técnicas, normativas y operativas del área jurídica, consolidado la cultura de la legalidad, eficiencia y mejora continua.
XII. Propuestas y Recomendaciones para el Próximo Año.
1. Consolidar el sistema de gestión de riesgos jurídicos, mediante la implementación de herramientas efectivas para la detección temprana de contingencias legales, así como mecanismos de respuesta oportuna y coordinada, que permitan anticipar escenarios adversos y proteger los intereses institucionales.
2. Dar continuidad a la profesionalización del personal jurídico, a través de esquemas de capacitación permanente y especializada en áreas estratégicas como derecho administrativo, derechos humanos, transparencia, entre otros; con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del equipo y asegurar una intervención jurídica más sólida y contextualizada.
3. Acelerar la digitalización de los procesos jurídicos institucionales, incluyendo la gestión y control de contratos, litigios, expedientes legales, consultas y opiniones jurídicas, con el propósito de garantizar trazabilidad, eficiencia operativa y acceso transparente a la información jurídica en línea con los principios de modernización y rendición de cuentas
4. Fortalecer la colaboración entre el área jurídica y las demás áreas de la organización, promoviendo esquemas de revisión preventiva, asesoría anticipada y formación interinstitucional en cultura de legalidad, para generar un entorno de corresponsabilidad, prevención y mejora continua en la toma de decisiones
5. Revisar los esquemas de trabajo presencial y a distancia dentro del área jurídica, a fin de garantizar un equilibrio adecuado entre eficiencia operativa y presencia estratégica en asuntos clave, privilegiando el trabajo presencial en casos que requieran seguimiento directo, interlocución institucional o representación formal, y optimizando el trabajo a distancia para funciones de apoyo, análisis documental y revisión técnica.
6. Continuar con el proceso de registro, regularización y protección de signos distintivos, asegurando la protección legal de marcas, nombres comerciales y demás elementos que conforman la identidad institucional, como parte de una estrategia de defensa patrimonial, reputacional y jurídica de largo plazo
7. Fortalecer y ampliar la implementación de la Figura de Renovación de Enlaces, a fin de garantizar una representación jurídica especializada, presencial y eficaz en los litigios de mayor relevancia, mediante la designación de profesionales con experiencia reconocida en los foros locales, lo cual refuerza la presencia institucional, mejora la calidad de la defensa y optimiza los resultados.
XIV. Conclusiones.
El periodo evaluado representa un punto de inflexión en la transformación del área jurídica, al consolidarse las primeras acciones encaminadas a su fortalecimiento estructural, técnico y estratégico. A través del diagnóstico integral, la implementación de nuevas metodologías de trabajo y la atención prioritaria a áreas críticas, se ha logrado avanzar hacia un modelo jurídico más profesionalizado, preventivo y alineado con los objetivos institucionales.
Las acciones emprendidas han permitido mejorar la calidad de los servicios jurídicos, fortalecer la presencia de la asesoría legal en la toma de decisiones, reducir riesgos legales significativos y generar mayor certeza en los procesos operativos y administrativos de la organización.
No obstante, los resultados alcanzados también evidencian la necesidad de dar continuidad al proceso de evaluación y fortalecimiento. Persisten desafíos estructurales y operativos que requieren atención sostenida, tales como la consolidación de una cultura institucional de legalidad, la armonización normativa interna, la atención proactiva a áreas estratégicas y la implementación de sistemas eficaces de seguimiento jurídico.
Asimismo, es indispensable continuar impulsando la formación del personal jurídico, la definición de criterios técnicos comunes y el desarrollo de capacidades en cumplimiento normativo, propiedad intelectual, litigios estratégicos y gestión contractual.
En síntesis, el área jurídica ha transitado de un enfoque reactivo a uno preventivo y estratégico, sin perder de vista que la mejora continua, la rendición de cuentas y la articulación institucional deben seguir siendo los pilares sobre los cuales se construya una función jurídica sólida, confiable y con valor agregado para la organización
Septiembre 2025
