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REVISTA DOCTRINAL ARANZADI SOCIAL SENTENCIA JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 30 DE MADRID. (21/12/2012) (JUICIO CONTRA UPS-ILC). Magistrado D. Jose Angel Folguera Crespo. Nº Autos: 1098/2012 Jaime Cabeza Pereiro. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Vigo Publicación: Revista Doctrinal Aranzadi Social num. 3/2013 paraf. 23/2013 parte Presentación. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2013. I. Los hechos El Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid ha dictado una sentencia que probablemente haya sido objeto de recurso de suplicación. Los comentarios que se vierten en estas páginas tienen, así pues, cierto carácter de interinidad, ante las vicisitudes futuras que puedan suceder. Con todo, bueno es comenzar poniendo de manifiesto mi consideración hacia sus fundamentos de derecho, al margen de alguna matización menor que expresaré. Se trata de una sentencia elaborada con buen criterio, sin perjuicio de la posición de cada una de las partes y de la opinión que me pueda merecer la controversia, la cual omitiré cuidadosamente. Antes, muy sucintamente y omitiendo circunstancias accesorias, hay que aludir a los elementos fácticos de la controversia, formalmente producidos a través de un negocio jurídico de gran complejidad que se describe en detalle a lo largo de unos hechos construidos por el magistrado juez a partir de un abundante material probatorio. La codemandada UPS había intentado, a través de varios expedientes de regulación de empleo, extinguir todos los contratos de su centro de trabajo en Vallecas, a fin de cerrarlo definitivamente y concentrar su actividad en el de Coslada. No obstante, había obtenido resoluciones administrativas denegatorias de las correspondientes autorizaciones. Asimismo, producidos despidos por causas objetivas, habían sido calificados judicialmente como nulos o improcedentes. Simultáneamente, había procedido a derivar progresivamente la carga fundamental de trabajo al centro de Coslada. En este escenario, en 2011 UPS, a través de una entidad intermediaria, entró en negociaciones con la empresa codemandada ILC, con la cual alcanzó un acuerdo de compraventa de centro de trabajo. Incluso ambas partes, acompañadas por la intermediaria y sin presencia alguna de representantes de los trabajadores, celebraron una reunión con la autoridad laboral autonómica, de la cual recibieron todo tipo de parabienes por la operación. Los pilares básicos del acuerdo, no protocolizado en escritura pública, al margen de una declaración de intenciones, pueden describirse como sigue: 1) existencia de una cláusula de confidencialidad, en la cual se incluye expresamente la obligación de no informar de su contenido a los empleados. 2) Transferencia del negocio por 1 euro, con compromiso de la compradora de elevar a escritura pública la adquisición del inmueble. En el negocio se incluye una relación de activos, entre los cuales se cita expresamente a los trabajadores. 3) Inclusión expresa de una cláusula penal en el caso de que en los 18 meses siguientes la adquirente realiza un despido colectivo o se declara insolvente. 4) Reconocimiento explícito de que se trata de una sucesión de empresa, del que se acompaña una obligación de la adquirente de no introducir cambios en las condiciones de trabajo en un plazo de siete meses. Añadiéndose el compromiso consiguiente de informar a los representantes de los trabajadores antes del cierre del negocio. 5) Establecimiento de estipulaciones adicionales sobre obligaciones laborales existentes o hipotéticas producidas con ocasión de la transmisión. 1


La entidad adquirente se había constituido dos años antes, en el seno de un grupo. Con ocasión del negocio de adquisición del dentro de trabajo de Vallecas cambió de objeto social e incrementó su capital, que fue desembolsado a través de ciertas operaciones producidas en el entorno de dicho grupo. Simultáneamente a la transmisión, ILC y UPS firman un contrato de transporte por el cual esta última ha de pagar un precio determinado por el servicio de transporte efectuado por la primera, que se contrata en régimen de no exclusividad por un plazo de 36 meses. Seguidamente la empresa cedente convoca a una reunión al comité de empresa en la cual da cuenta de la operación, que justifica por razones organizativas y productivas. Los representantes de los trabajadores objetan mediante burofax que no habían recibido información alguna sobre el transcurso de las negociaciones y se reservan acciones legales. A los pocos días, la adquirente inicia fase de consultas para la suspensión de 55 contratos de trabajo, tras la cual comunica la decisión suspensiva, que es impugnada mediante demanda de conflicto colectivo. Y, al margen de todo ello, UPS ingresa en la cuenta de ILC un cheque por valor de 10.525.000 euros. II. Comentarios previos La complejidad de los hechos probados pone de manifiesto un negocio jurídico concebido con un grado importante de elaboración. Llama la atención, a este respecto, la presencia como intermediaria de una empresa especializada en operaciones de outplacement y reindustrialización. Lo cual constituye una llamada de atención sobre el papel que tales entidades pueden llegar a desempeñar en este vidrioso asunto de las operaciones societarias con afectación directa a los intereses de los trabajadores. Un asunto que, como se pone de manifiesto en esta sentencia, en ocasiones bordea el límite entre lo legal y lo ilegal y entre el negocio jurídico lícito y el fraude de ley. Es llamativo que esta sentencia se produzca en un proceso ordinario, planteado formalmente por una pluralidad de trabajadores, y no a través de una demanda de conflicto colectivo. Lo cual se realza en el propio cuerpo del fallo cuando se analiza la suspensión por voluntad de las partes de un proceso de conflicto colectivo incoado frente a la decisión de suspensión de los contratos de trabajo adoptada por la empresa al amparo del art. 47 ET (RCL 1995, 997) . El magistrado actuante pone de manifiesto que solo la voluntad de la partes ha permitido que un procedimiento más urgente como es el de conflicto colectivo ceda el paso a un proceso ordinario, teóricamente de tramitación menos urgente. Con todo, el planteamiento de una acción u otra o su interposición por unos u otros sujetos legitimados constituye una materia entregada a las propias partes, en virtud del principio dispositivo. Probablemente, la acción debiera haber sido incoada por los representantes de los trabajadores directamente, sin la plural participación de estos últimos, lo cual hubiera producido sin duda una secuencia más lógica de las actuaciones. Pero se trata de un aspecto de corte procesal sobre el que el órgano judicial omite pronunciarse más allá de poner de manifiesto la adecuación del procedimiento que se ha seguido, y de dar por buena dicha suspensión acordada del proceso de impugnación de la decisión que había adoptado la empresa al amparo del art. 47 ET. Finalmente, conviene insistir en que no me consta la firmeza de la sentencia, antes bien, cabe suponer que se ha interpuesto recurso de suplicación. Consecuentemente, lo que aquí se diga no quiere dar pábulo a una posición u otra ni postular un decisión concreta del órgano ad quem. Más bien se pretende formular unos comentarios teóricos, expresados con un deliberado grado de asepsia, y con la intención obvia de guardar una recomendable imparcialidad.

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III. Sucesión de empresa, negocio interpositorio y descentralización productiva La demanda contesta que haya habido una auténtica sucesión de empresa, y entiende más bien que se ha producido un negocio jurídico simulado. A este respecto, la sentencia desestima tal alegación, a la vista de la entidad de lo transmitido entre enajenante y adquirente. El órgano judicial considera que conforma todos los requisitos exigidos en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores - ET (RCL 1995, 997) - y en la Directiva 2001/23/CE (LCEur 2001, 1026) , sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. Porque, claramente, lo transmitido -el propio centro de trabajo, con todo su activo inventariable y con los trabajadores adscritos a élconstituye una entidad económica que mantiene su identidad, en los términos establecidos por ambas normas y por la doctrina judicial tanto la interna como la comunitaria. Parece poco discutible, vista desde este ángulo, que la controversia pueda sustraerse a un análisis realizado a partir de que se haya producido un cambio de empresario. Ahora bien, dando por buena esta constatación, el negocio subrogatorio cobra una dimensión distinta desde el punto de vista de que, consumada la sucesión de empresa, la empresa cedente y la cesionaria concluyen un contrato de transporte no en exclusiva por el cual aquélla le encomienda a ésta parte de su actividad, por una duración de 36 meses y para el desarrollo de los servicios. Es decir, alcanzan un contrato por el cual ILC pasa a desarrollar un servicio de transporte que constituye parte de la actividad de UPS. Dicho en otros términos, los trabajadores, ya pertenecientes a ILC, desarrollan una actividad idéntica a la que realizaban para UPS, con los mismos medios materiales y la misma infraestructura, pero además sucediendo que su anterior empleadora es la empresa principal, para la que la actual desarrolla su actividad como empresa auxiliar. Esta circunstancia, en sí misma, tampoco merece un comentario reprobatorio. Ha sido una estrategia bastante conocida por parte de las empresas de cierta dimensión dejar de realizar una parte de su actividad mediante la encomienda de la misma a una empresa, normalmente perteneciente a su grupo corporativo o que tenga la condición de filial suya. En realidad, se trata en tales casos de una estrategia de reducción del tamaño de la empresa - downsizing -, que persigue objetivos específicos y no necesariamente ilícitos. Lo distintivo de este caso consiste en que la empresa auxiliar no es filial, de tal forma que se trataría más bien de un outsourcing más o menos ortodoxo si no fuera porque la entidad auxiliar es adquirente del centro de trabajo y contratante de una parte de actividad que, sustantivamente, era la que antes desarrollaba el centro de trabajo objeto de la sucesión de empresa. En unas circunstancias caracterizadas, además, por un desmantelamiento progresivo de la actividad de la unidad productiva objeto de la sucesión, la cual paulatinamente había sido derivada hacia el centro de trabajo de la empresa cedente que mantiene ésta como eje de sus operaciones. A partir de tales apreciaciones, y sin perjuicio de otros argumentos complementarios que seguidamente se pasan a considerar en torno al fraude de ley, la sentencia se refiere a este negocio como un «prestamismo laboral estricto». Pone de relieve los elementos fácticos concurrentes, en particular la enajenación por el simbólico precio de un euro de un centro de trabajo -cuyos elementos meramente patrimoniales tenían, desde luego, un considerable valor de mercado-, así como la transferencia a la entidad adquirente por parte de la cedente de una cantidad algo superior a los diez millones y medio de euros, que solo podía ser explicable -y así se explicó, con ciertas reticencias, en el acto de juicio- como una compensación por la asunción de responsabilidades como empresario por parte de la empresa adquirente. Es curioso que la sentencia exprese tal calificación entrecomillada en torno al negocio complejo llevado a cabo, pero con un llamativo silencio de la expresión «cesión ilegal de trabajadores». 3


De la argumentación desarrollada por el magistrado actuante, no cabría sino concluir que se había producido una cesión en los términos del art. 43 ET, cuyas consecuencias expresamente recoge el precepto. Que se calle esta referencia no parece casual, pero causa perplejidad, pues el silogismo jurídico planteado, si se admite la fundamentación jurídica de la sentencia, no puede llevar a otra conclusión. A fin de cuentas, ya desde hace años el TS admite que pueda concurrir la cesión ilícita aunque la empresa cedente -en este caso, la que se subroga en las obligaciones laborales- tenga una existencia real y unos medios patrimoniales y organizativos tangibles, aunque no los ponga al servicio de la actividad cedida. En este caso, no es tanto que no los ponga en juego, sino que los recibe, sin contraprestación aparente, de la empresa principal, que es a la vez la cedente en el negocio subrogatorio y cesionaria de los servicios de los trabajadores después de la sucesión. La esencia del negocio, así descrito, consiste en la interposición de una empresa entre los trabajadores y UPS, mediante una entidad que curiosamente se hace cargo de los trabajadores a través de una intermediación en la que actúa una empresa de outplacement, esto es, de recolocación de trabajadores. En este caso, así pues, outsorcing y outplacement confluyen, de tal modo que todos los caminos conducen a la institución del art. 43 ET, omitido, debe insistirse, de una forma deliberada pero difícilmente explicable. La esencia del negocio no era otra que la asunción de la plantilla por parte de ILC. IV. En torno al fraude de ley Las consideraciones sobre ese «prestamismo laboral estricto» se complementan con las apreciaciones de fraude de ley que formula la sentencia. Hay una serie de elementos concluyentes a tales efectos. Muy en particular, es importante la trasferencia de numerario que la empresa enajenante realiza a la adquirente, solo explicada en términos de asunción de pasivos, esto es, de costes laborales -eufemísticamente llamados «activos» en el negocio formalizado entre las partes-. Asimismo, también lo es la propia dinámica de la empresa adquirente, que cambia de objeto social y procede a una ampliación de capital a través de una serie de operaciones societarias producidas dentro de su propio grupo empresarial. El fraude de ley es de los derechos de los trabajadores. La propia genealogía del conflicto pone de relieve, con la historia previa de unos expedientes de regulación de empleo extintivos fallidos, un progresivo desmantelamiento de la actividad en el centro de trabajo de Vallecas a favor del centro de Coslada. Y, en consecuencia, un interés de la empresa transmitente de desligarse de sus obligaciones laborales de aquel centro. Se hace muy visible, de acuerdo con los fundamentos de derecho de la sentencia, que se pretenden lesionar los derechos de los trabajadores. La garantía de no practicar despidos colectivos y de no declararse en insolvencia que asume la empresa adquirente solo significa una protección parcial, pues no excluye la posibilidad de que realice extinciones de contratos por otras causas, cualquiera que sea la calificación que merezcan. La garantía de no afectar las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos no alcanza más allá de los siete meses, y para eso queda exceptuada con respecto a algunas cuestiones. Y, en particular, a las pocas fechas de producirse la sucesión empresarial la empresa cesionaria pone en marcha un procedimiento de suspensión de contratos al amparo del art. 47 ET (RCL 1995, 997). Sin que, en el propio marco de la transmisión, y como establece el art. 44.8 ET, se hubiesen celebrado las fases de consultas pertinentes cuando la empresa cesionaria, con motivo de la sucesión, previese adoptar medidas laborales. Si a todo eso se une que el contrato de transporte firmado entre ILC y UPS se pacta por una duración de tres años, sin que ILC hubiese desarrollado una estrategia de desarrollo del negocio independiente de tal contrato, queda confirmado, de acuerdo con la sentencia, el carácter fraudulento del negocio, en perjuicio de los derechos de los trabajadores. En este contexto, solo el conocimiento que las autoridades públicas tuvieron del negocio 4


produce que el magistrado actuante no deduzca testimonio al Ministerio Fiscal por posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. Sin que sea necesario ahora valorar esta decisión, sí que llama la atención que decida la imposición de una multa por temeridad y mala fe procesal, al amparo del art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845). En realidad, cuesta entender en qué basa el órgano judicial la temeridad procesal, al margen de que, en los aspectos sustantivos, la conducta de las empresas codemandadas pueda considerarse como un fraude de ley. V. La intervención de la autoridad laboral y los derechos de información y consulta de los trabajadores Argumenta la sentencia acerca de la circunstancia de que la autoridad laboral hubiese dado su aprobación al negocio que se impugna en esta demanda, reprobando que, en todo caso, lo hizo con total omisión de su deber de advertir que se estaban vulnerando los derechos de los representantes de los trabajadores garantizados por el art. 44 ET (RCL 1995, 997) . En estas condiciones, no le da valor alguno a la hora de amparar la subrogación de ILC en las obligaciones laborales de UPS, ni admite cualquier eficacia legitimadora de la misma. Ahora bien, reconociendo estos defectos, habría que preguntarse qué tipo de valor podía otorgársele a la reunión que ambas entidades mantuvieron con la directora general de la Comunidad Autónoma de Madrid. A fin de cuentas, ningún papel le atribuye el ET en el ámbito de los procedimientos de sucesión de empresas. En ellos, los derechos de información y consulta no aparecen reforzados con ningún tipo de intervencionismo administrativo, de tal modo que, desde luego, las conversaciones que las empresas hayan mantenido con la Administración Pública no parecen estar dotadas de ningún tipo de eficacia jurídica. Sí que podría alegarse su interés a los efectos de que ésta pudiese emitir informalmente su opinión, pero poco más. En todo caso, podría añadirse que probablemente hubiera debido de advertir de la infracción laboral que se cometía al prescindir de cualquier tipo de interlocución con los representantes de los trabajadores, e incluso cabría defender la incoación de un procedimiento administrativo sancionador, pero poco más. Nada pone ni nada quita a la licitud o ilicitud del negocio jurídico que se hubiese producido tal reunión. Finalmente, hay que hacer referencia a la circunstancia de que las empresas hubiesen omitido facilitar cualquier tipo de información y asimismo de que la adquirente no hubiese celebrado la oportuna fase de consultas a la vista de la inminente adopción de medidas laborales como fue la de suspensión de contratos, desde luego ya prevista en el momento del negocio de adquisición del centro de trabajo. A este respecto, la sentencia expresa que la ausencia de este último trámite vicia de nulidad la transmisión, ya que no pueden omitirse fraudulentamente requisitos legales y los condicionantes establecidos para preservar la garantía de estabilidad en el empleo. A este respecto, hay que hacer referencia a que la información se le facilita por la empresa cedente a los trabajadores cuando ya el negocio está consumado, sin que anteriormente se produjese ninguna interlocución. No cabe duda de que las empresas adquirente y enajenante no cumplieron con los mandatos de información y consulta legalmente previstos. En estas circunstancias, resulta de gran interés que la sentencia declare por ello la nulidad de la transmisión. En realidad, parece basarla más en la omisión de las consultas ante las medidas laborales que se avecinaban y no tanto en los incumplimientos informativos. Con todo, tercia en un asunto que dista de estar resuelto claramente, cual es el de las consecuencias que debe llevar aparejadas la inobservancia de los derechos de participación previstos en el art. 44 ET. Puede llegar a resultar convincente la postura de la sentencia cuando pone de manifiesto que se han omitido fraudulentamente unos derechos que se dirigen a mejorar la garantía en el empleo de los trabajadores. Pero dista de ser una cuestión pacífica que la consecuencia apropiada consista en la ineficacia de la propia sucesión de empresa. Podría proponerse su validez, de tal modo 5


que la infracción de los referidos derechos solo tuviese consecuencias en el ámbito administrativo-sancionador. Sin que ahora convenga decantarse por una postura o por otra, quizá pueda optarse por una de las dos en función de la entidad del incumplimiento. A fin de cuentas, si la omisión de los trámites de consulta genera nulidad en las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo colectivas, inaplicación de convenio, traslados, suspensiones o despidos colectivos, a la misma conclusión podría llegarse en el caso del art. 44.8. Pero con la gran diferencia que en este último no está expresamente prevista la nulidad de la decisión adoptada sin desarrollar la oportuna fase de consultas. Y, por otro lado, más bien podría postularse que la nulidad no debiera afectar tanto a la propia sucesión de empresa, sino solo a las medidas laborales adoptadas con ocasión de la misma. Habrá que prestar atención a la sentencia que resuelva el recurso de suplicación que, en su caso, se haya planteado. Seguramente, aportará una doctrina interesante en una materia caracterizada por un notable grado de incertidumbre.

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Revista aranzadi Comentarios a la sentencia de la subrogación de UPS Vallecas  

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