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Foto: Maricé Castañeda

“Me arriesgué a comprar un terreno del que no estaba seguro si podía construir. No es ilegal comprar algo barato para luego venderlo más caro”.

Fernando Salmón

Desarrollador Inmobiliario

En 1998, Gonzalo Izaga y yo, compramos varios terrenos ubicados frente al mar, los que supuestamente estaban dentro de la Reserva de Paracas. Digo supuestamente porque en las partidas registrales aquello no se establecía. La urbanización Santo Domingo, con 72 lotes frente al mar y otros en segunda fila, se creó en 1958, con resolución del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, respetando las normas vigentes de la época. Luego, la Reserva de Paracas se crea en 1975 y se superpone a 33 lotes de la zona sur de la urbanización, pero el Estado no expropia, no compensa ni se pone de acuerdo con los propietarios, a pesar que eso es lo que disponen las normas de áreas protegidas. Cuando compramos los terrenos eran títulos saneados, sin ninguna carga. Actualmente, de los 33 lotes en discusión, 16 son de nuestra propiedad. No somos los únicos que hemos construido, hay tres casas levantadas antes de la creación de la Reserva, una de las cuales se estaba construyendo cuando compramos. La campaña

en contra está promovida por vecinos de la parte norte de Paracas y la agrupación “Salvemos Paracas”. Y el argumento de estos vecinos de que soy un vivo porque compré sabiendo que el terreno estaba sobre la Reserva no tiene consistencia. Tengo todo el derecho de comprar, como el anterior dueño tuvo todo el derecho de vender ese terreno que no fue expropiado ni compensado. En 2014 tramitamos la licencia de construcción en la Municipalidad, cumpliendo lo que establece el TUPA (Texto único de procedimientos administrativos) para construir. Y esa norma no incluye la opinión vinculante del SERNAMP o de la Reserva. En el 2010 la Reserva de Paracas inscribe su propiedad en Registros Públicos y no incluye las propiedades privadas, entre ellas la nuestra. Es decir, inscribe 3,500 hectáreas menos porque no puede colocarse encima de una propiedad. La inscripción de la reserva a nombre del Estado peruano dice textualmente que reduce su

área. Posteriormente un comunicado de SERNAMP afirma que se habían equivocado. No entiendo esa corrección que dice que “no se reduce porque es patrimonio de la nación pero sí disminuye el área a inscribir”. Lo concreto es que la Reserva de Paracas se crea después de la Urbanización Santo Domingo. Como empresario, me arriesgué a comprar un terreno del que no estaba seguro si podía construir. No es ilegal comprar algo barato para luego venderlo más caro. Además, la conciencia ecológica ha cambiado. Por ejemplo, cuando yo compré los terrenos, la Municipalidad de Paracas estaba distribuyendo certificados de posesión para que invadan esa zona, incluyendo algunos terrenos que compramos. En ese momento, nadie levantó la voz, por las aves y la naturaleza ante esas invasiones. Ahora sí hay conciencia ambiental pero sólo nos han atacado a nosotros a pesar de que muchos otros propietarios han sacado su respectiva licencia de construcción. En conclusión, no hemos actuado ilegalmente. Tenemos la ley de nuestro lado. Pero la intransigencia de algunas personas ha obligado a la municipalidad a suspender las licencias y detener la construcción de mi vivienda. Esa suspensión no soluciona el problema porque yo puedo vender mis terrenos cuando lo desee, con todo derecho. SERNAMP simplemente no quiere que se construya nada. Sin embargo, La ONG MUNDO AZUL ha opinado que sí se puede observando ciertos parámetros ambientales. Costaría más caro pero estamos dispuestos a hacerlo. Están atentando contra la propiedad privada. Mientras tanto, nadie dice nada del Puerto Paracas en Punta Pejerrey cuyo dragado perjudicará la salud ambiental de la bahía y de toda la zona. Tampoco dicen nada de la salina de OTUMA, una industria pesada que el Estado vendió y que trabaja tranquilamente en medio de la reserva.

Amalamar Segunda edición  
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