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ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES PENALES Y/O DISCIPLINARIAS QUE PODRÍA TRAER LA DECISIÓN DE LA I.E. INSTITUTO TECNOLÓGICO CALARCÁ, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, SI IMPIDIERA EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES AL PLANTEL UNA VEZ CUMPLIDA LA HORA DE INICIACIÓN DE CLASES

PRESENTADO POR JOSÉ DAVID DURÁN LÓPEZ

A LA PROFESORA: Mg. INDIRA ORFA TATIANA ROJAS O

FACULTAD DE EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA GRUPO 2 COHORTE VIII PROBLEMÁTICA EDUCATIVA COLOMBIANA IBAGUE, AGOSTO DE 2011


1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Pregunta de Investigación ¿Qué implicaciones penales y/o disciplinarias podría traer la decisión de la

I.E. Instituto Tecnológico Calarcá, del departamento del Quindío, si impidiera el ingreso de los estudiantes al plantel una vez cumplida la hora de iniciación de clases?

1.2.

Preguntas Generadoras ¿Qué leyes y normas que regulan los temas de accesibilidad y calidad de la educación aplican en este caso?

¿Qué jurisprudencia existe frente a este caso?

¿Qué implicaciones penales y/o disciplinarias podría traer el impedir el acceso al plantel a un estudiante, una vez cumplida la hora de ingreso?


1.3.

Descripción del Problema

1.3.1. Contexto: El Instituto Tecnológico Calarcá fue establecido como institución educativa en el año 2003 luego de ofrecer por años el apoyo en la enseñanza netamente técnica a los grados 10 y 11 de las diferentes instituciones educativas del municipio de Calarcá, Quindío, municipio en cuyo casco urbano queda localizada la principal sede de esta institución. Desde entonces, ha presentado un crecimiento considerable en diferentes aspectos como cobertura y calidad y actualmente atiende a 633 estudiantes en educación básica y media, de los cuales el 10 % reside en zonas rurales aledañas al plantel.

La institución promueve la enseñanza técnica en las especialidades de Mecánica, Electrónica, Gestión Empresarial y administración de Empresas para lo cual ha establecido convenios con diferentes instituciones de educación superior lo cual, a su vez, demanda y conlleva a un esfuerzo por elevar las exigencias en disciplina y academia en el ejercicio del proceso docente. No obstante, como política interna, se promueve con gran énfasis en los estudiantes la autorregulación y la sensibilización acerca de su responsabilidad en su proceso por lo cual son


características las medidas de no usar timbres ni señal alguna para los cambios intermedios de clase o el que los estudiantes roten de salón y no los profesores. El modelo pedagógico adoptado por la institución es Aprendizaje Significativo y, como en casi todas las instituciones del departamento, se hace un gran esfuerzo por lograr su interiorización tanto en estudiantes como en docentes. La institución cuenta con 22 docentes, una maestra de apoyo, una psico-orientadora, un coordinador, una secretaria, una empleada de servicios generales (tesorera), dos aseadoras, y un celador durante y día (y dos en la noche), todos ellos comprometidos y dirigidos por una excelente rectora.

Finalmente, cabe indicar que por el diseño de los horarios para atender la media técnica y los convenios con el SENA y la Universidad del Quindío, cada docente tiene un horario de entrada y salida diferente, lo cual genera una dinámica compleja a la hora de definir la cantidad de docentes presentes en un momento dado dentro de la institución.

1.3.2 Dinámica del Problema: Básicamente, el problema radica en la falta de disciplina de los estudiantes a la hora de ingreso a las clases (tanto en el inicio de la jornada como en las horas


intermedias) lo cual genera un pésimo ambiente en el aula debido a las constantes interrupciones el acceso al salón o a la interferencia generada fuera de las aulas por los estudiantes que se quedan deambulando por los pasillos después de haber llegado tarde. Tal situación afecta notablemente el desarrollo de las clases.

Para contrarrestar esta anomalía, algunos docentes impiden el acceso de los estudiantes que llegan tarde al aula de clase cerrando la puerta pero, adicionalmente, las directivas de la institución han adoptado la medida de no permitir el ingreso al plantel de los estudiantes retrasados a menos que se presenten con sus padres lo cual termina en que, por la cultura y la degradación social predominante en el pueblo, los jóvenes no regresan a sus casa por sus papás sino que pasan toda la jornada en las calles o locales comerciales. Ante este fenómeno, la coordinación argumenta que mientras los estudiantes no estén dentro del plantel y no hayan ingresado a cumplir su jornada académica, no son responsabilidad del colegio.

Así las cosas, se presenta un dilema entre garantizar la calidad y el buen ambiente en el aula de clase, y el derecho a la accesibilidad y el deber de formadores que tienen los funcionarios adscritos a la institución. Las medidas que se tomen en la búsqueda de este equilibrio deben ser tomadas con sobriedad y de acuerdo a la legislación vigente.


1.3.3 Alcance: Con esto dicho, esta investigación pretende determinar las diferentes implicaciones legales y disciplinarias que acarrearía, a docentes y directivos, la medida expuesta anteriormente.

1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General Determinar qué implicaciones penales y/o disciplinarias podría traer la decisión de la I.E. Instituto Tecnológico Calarcá, del departamento del Quindío, si impidiera el ingreso de los estudiantes al plantel una vez cumplida la hora de iniciación de clases.

1.4.2. Objetivos Específicos • Establecer las normas y leyes que aplican en el tema de calidad y accesibilidad de la educación mediante la revisión y análisis de diferentes textos y documentos que puedan argumentar las diferentes posiciones y que indiquen los procedimientos y medidas penales y/o disciplinarias en el ejercicio del deber docente.


• Rastrear y analizar la jurisprudencia afín a este caso a través de la lectura de sentencias relacionadas.

• Establecer las medidas disciplinarias y penales registradas en la normatividad y la legislación nacional en cuanto al derecho a la educación a través del análisis de textos pertinentes.

1.5.

Justificación Este ejercicio de investigación encuentra su primer argumento en la

conveniencia de promover el mejoramiento continuo que, según la Guía 34 para la Autoevaluación Institucional, se sustenta en “un PEI conocido y consensuado en el que se planteen claramente los principios y fundamentos que orientan [el quehacer institucional y que] concreta sus principios en la misión, la visión y los valores institucionales, definiendo los objetivos, las estrategias pedagógicas y las formas de evaluar sus avances con base en [estos principio]” (MEN, 2008, pág. 21). En este propósito, este documento obliga a la reflexión crítica frente a las estrategias y medidas tomadas para lograr un ambiente apropiado para el proceso docente y para el desarrollo integral de los jóvenes tal como se puede inferir del texto citado por la Mg. Indira Rojas, docente de la Universidad del Tolima


“Es sabido que el Derecho a la educación y la educación de calidad tienen múltiples factores concomitantes de orden infraestructural, dotacional, curricular, normativo, de cualificación, etc. Pero frente al educando, el ejercicio concreto del derecho y la materialización de la calidad se sitúan en el espacio del aula, en la interacción entre docentes y estudiantes, y en la interacción de los alumnos con los miembros de la institución educativa.” (ROJAS O., 2010).

Si bien, el análisis debería realizarse, en primer lugar, a la efectividad o no de la medida, se centra la investigación en las medidas disciplinarias por ser este el principal interés de los directivos dado que la medida ha sido exitosa en otras experiencias. De igual manera, al presentarse como una evidencia de viabilidad o no de una medida, este documento constituye un motivador para el desarrollo de estrategias para la solución a problemas prácticos.

Además, a la hora de determinar quién se beneficia de un ejercicio de investigación de este carácter, es importante resaltar la relevancia social que este encierra, especialmente en lo que se refiere a los estudiantes, principales protagonistas de estos procesos, pues cualquier reflexión que favorezca la implementación de buenas estrategias pedagógicas y/o disciplinarias favorece su


desarrollo, debido a que, en últimas, es de estas que depende su posibilidad de acceder al conocimiento. En cuanto a los directivos, el establecer la magnitud del riesgo o beneficio que su actuar siempre será un insumo necesario para dirigir con medidas coherentes y consecuentes con la legalidad pero también con la necesidad de garantizar una formación integral y de calidad.

Así, conveniencia, solución a problemas prácticos y la relevancia social justifican este ejercicio (HERNÁNDEZ, 2003, pág. 22).

2.

DISEÑO TEÓRICO

2.1.

Estado del Arte Para establecer la jurisprudencia que respalda las decisiones en casos similares

a este, es necesario consultar tanto las diferentes sentencias afines que hayan tenido curso reciente como las diferentes leyes y normativas que regulan el proceder docente y directivo docente. Caben en estas últimas Constitución Política de Colombia, la Ley 115, Ley de Garantes (o Posición de Garante), Código de la Infancia y la Adolescencia, el Código Disciplinario Único y aun, el Manual de Convivencia Institucional.


Respecto al primer conjunto de documentos a revisar (sentencias) se ha de decir que no resulta fácil hacer una pesquisa de este tipo de sentencias dado que, los procesos en educación relacionados con calidad son pocos tal como concluye el informe presentado por los candidatos a especialista en pedagogía de la Universidad del Tolima en su trabajo de investigación sobre las tutelas interpuestas por defender la calidad en la educación (DÍAZ, 2011).

Sin embargo es propicio resaltar un concepto emitido desde la Corte Suprema de Justicia que rescata el deber institucional de velar por la calidad en la educación, especialmente en el aula de clase en donde el bien público prima sobre los derechos particulares: “A este propósito, la Corte estima pertinente observar que, si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en que se forma, representan abuso del derecho en


cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al Colegio alcanzar los fines que le son propios.” (Sentencia No. T-519, 1992).

Con este argumento, las querellas relacionadas con la indisciplina escolar, encuentran un antecedente que favorece a las instituciones en su afán de establecer un ambiente propicio para el aprendizaje.

Por otro lado, entre toda la legislación subsistente, la mayoría de análisis en cuanto a faltas y sanciones a funcionarios públicos, se remiten y se resuelven en el documento Código Disciplinario Único (CDU) redactado por la Procuraduría General de la Nación y el cual contiene la legislación básica que regula el actuar de los funcionarios públicos, entre ellos, los docentes y directivos docentes (COLOMBIA P. G., 2010).

2.1.

Marco Conceptual En este apartado se definirán algunos términos y conceptos que, a la luz del

CDU, inspiran el discurso, el análisis y la redacción de informes, requisitos, tutelas y otros documentos relacionados con el deber y el deber ser de los funcionarios públicos.


Por supuesto se debe empezar por el centro de atención de este trabajo de investigación el cual es el concepto de falta el cual se ilustra en el Artículo 23 del CDU:

“La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses” (2010, pág. 26)

Desde luego el mismo CDU contempla algunas salvedades según las circunstancias del caso y que se describen en el artículo 28. Sin embargo son de especial análisis los artículos 26, 27 y el numeral 4 del artículo 28 por constituir el sustento de una parte y otra en la argumentación de sus razones tal como se discute en la sección 2.3.


“Artículo 26. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo o función. […] Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Artículo 28. Numeral 4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.” (COLOMBIA P. G., 2010, pág. 27)

Como una manera de enfatizar en el deber del funcionario público, se cita el artículo 35, numeral 1, referente a las prohibiciones, el cual realza el equilibrio que debe hallar el funcionario entre el cumplimiento de su deber a cabalidad y el abuso de sus derechos. Este numeral, dependiendo de la habilidad con que sea esgrimido, constituye un arma de doble filo para cualquiera de las partes en tanto que cada una deberá demostrar la extralimitación o el cumplimiento del deber en la medida tomada según sea el caso.


“Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.” (2010, pág. 34)

Finalmente, es imprescindible presentar la clasificación de las faltas las cuales se dividen en gravísimas, graves leves (estando las primeras relacionadas principalmente con el manejo de dineros del Estado) y las cuales, dependiendo de los criterios (Art. 43), acarrearían sanciones como la destitución e inhabilidad general (para faltas gravísimas), suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial (para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas), suspensión (para las faltas graves culposas), multa, (para las faltas leves dolosas) y amonestación escrita ( para las faltas leves culposas) (2010, pág. 42).

2.3.

Diseño Teórico


Como se ha dicho, una discusión en cuanto a las implicaciones disciplinarias por la medida de no permitir el ingreso al plantel educativo de un estudiante, se resuelve teniendo como principal fundamento el CDU y junto con este, el Manual de Convivencia y los demás documentos. Las implicaciones penales que una medida de estas pudiera tener para un directivo docente son difícilmente concebibles mientras, en el afán de hacer cumplir con la medida, no se atente directamente contra la integridad física de la persona pues las conductas punibles “solo tendrán efecto para la ley penal respecto de los delitos que atenten contra la vida e integridad personal, libertad individual y libertad y formación sexuales” (Posición de Garante, 2006).

Así las cosas, la discusión se remite a las implicaciones disciplinarias las cuales en ningún caso tendrán la categoría de una falta gravísima pues ninguna causal de las que incluye eta clasificación se asemeja a contempla la situación descrita en el problema de investigación (Artículo 48 del CDU).

A la luz del CDU, la discusión estaría centrada en el análisis de los Artículos 27 y 35 en tanto que se demuestre el abuso de las facultades del directivo docente al violar el derecho fundamental del estudiante a la educación el cual dicta el artículo 67 de la Constitución Nacional (COLOMBIA, 1991), al no permitirle ingresar al centro educativo o, de otra parte, el cumplimiento del deber del funcionario al garantizar una


educación con calidad, esto último, abordado desde las perspectivas dadas por la Ley de Garantes y otras sentencias (ver Justificación pág. 7) que obligan al ciudadano a obrar en pro del bien común al indicar que “la posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable”. (Posición de Garante, 2006). Esto es, que siendo la indisciplina de un educando un factor que altere sensiblemente la armonía y el buen ambiente para el aprendizaje del resto de sus condiscípulos, el docente o administrativo docente, en virtud de su posición de garante, deberá actuar en pro del beneficio público antes que el particular.

A esto cabe agregar la interpretación que sugiere el numeral 4 del artículo 28 del CDU, la cual exime de responsabilidad al funcionario cuando actúe “por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad (COLOMBIA P. G., 2010).

Con la discusión entablada de este modo, una parte y la otra establecerán sus argumentos con el fin de demostrar el cumplimiento o incumplimiento de los artículos 27 y 35 del CDU y será de competencia de la autoridad fallar a favor de uno u otro teniendo en cuanta que, dadas las descripciones de las faltas comprendidas en


los artículos 48 a 50, las sanciones descritas en el artículo 43, no superaran la multa o la amonestación escrita para el funcionario.

3.

DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.

Enfoque Dentro de la “gran diversidad de perspectivas y enfoques en la investigación

cualitativa” (RODRIGUEZ G., 1999, pág. 32), hay que reconocer el carácter DESCRIPTIVO que tiene ejercicio de investigación, pues el documento por sí solo de ninguna manera pretende cambiar, al menos en el corto plazo, la realidad institucional sino más bien constituirse en un insumo para la evaluación crítica y reflexiva de los procesos que conlleve eventualmente a tales cambios. Pretende sí, generar la discusión y aportar evidencias para mejorar la concepción y aplicación de las estrategias disciplinarias y pedagógicas tendientes a mejorar el ambiente escolar institucional. Este enfoque no es novedoso ya que cualquier ejercicio cualitativo es tácitamente descriptivo en tanto que la investigación cualitativa “produce datos descriptivos [a partir de] las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” Taylor y Bogdan (1986) y es, más bien, “una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones” LeCompte (1995), ambos autores citados por Rodríguez (1999, págs. 33, 34).


Sin embargo también se ha de reconocer que hay un fuerte componente INTERPRETATIVO en el solo hecho de presentar una argumentación y una discusión respecto a las posibles implicaciones dada las, a su vez, posibles posiciones e interpretaciones que se le pudiera dar a la norma, principalmente, al CDU. Tal como dicen Denzin y Lincoln (1994) citados por Rodríguez, se “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos” (1999, pág. 32).

Se dirá entonces que el enfoque de este ejercicio de investigación es descriptivo-interpretativo, por no mencionar su carácter holístico pues se trata de una población definida y finita y de un ejercicio que pretende comprender la realidad institucional sin compararla con otras.

3.2.

Método Al analizar los detalles de los diferentes métodos que se abren paso dentro de lo

que pudiera ser una investigación cualitativa, el método de análisis textual es el que mejor se ajusta y describe el conjunto de actividades programadas para dar respuesta a este problema de investigación. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que la


investigaciรณn encuentra su principal insumo en mente de los textos de la ley y la normatividad nacional y en las sentencias de casos similares y, aunque se harรก uso de la entrevista como medio de indagaciรณn para determinar la posiciรณn y argumentaciรณn de las partes, el ejercicio de investigaciรณn resulta principalmente un anรกlisis de texto (SANDOVAL C., 2002).

3.3.

Tรฉcnicas En este punto se debe hacer menciรณn de las tรฉcnicas usadas tanto en la etapa

exploratoria como en el desarrollo de la investigaciรณn formal.

En la etapa exploratoria, se hizo uso principalmente de la observaciรณn participante del acceso a la instituciรณn y el desarrollo de las clases, la entrevista estructurada a docentes y directivos docentes y el anรกlisis de los documentos propios de la instituciรณn: PEI, Plan de Mejoramiento, Autoevaluaciรณn. Los instrumentos utilizados son presentados en la secciรณn posterior.

El propรณsito en esta etapa era definir una pregunta de investigaciรณn que se justificara en la conveniencia, soluciรณn a un problemas prรกctico y la relevancia social tal como sugiere Hernรกndez en su obra que establece los pasos para realizar un buen proceso de investigaciรณn cualitativa (2003, pรกg. 22).Tal observaciรณn y las entrevistas


con los directivos docentes, generaron la incertidumbre frente a la aplicación de una medida particular desde el punto de vista de las implicaciones que para los directivos pudiera tener.

La etapa de investigación formal se define en unas preguntas generadoras marcan el camino a seguir de tal forma que se plantea el dar solución a cada pregunta generadora mediante las técnicas clásicas de un método de análisis textual indagando las diferentes normas y leyes, desde las que rigen el contexto local institucional, hasta la misma carta magna. No obstante, se tuvo en cuenta para la elección de la técnica el argumento expuesto por Sandoval según el cual “se buscará que los medios de generación y recolección de información, respondan a un encuadre particular derivado de las características de cada situación, circunstancia, persona o grupo. Así como, también, a los progresos obtenidos en la comprensión de las respectivas realidades por parte del investigador, lo que conllevará a que en cada etapa de la investigación los medios no sean idénticos” (2002, pág. 125). En este sentido y con esta intensión son elegidos Análisis Documental de leyes y normas locales y nacionales referentes a la educación, así como sentencias de casos afines.


Observación del desarrollo de las clases consistentes básicamente en el acceso al salón de clase y la actividad en los pasillos.

Entrevista (Semiestructurada) a directivos docentes para establecer el criterio con que se toman las medidas y su grado de conciencia frente a sus deberes y facultades. 3.4.

Instrumentos Notas de Campo. Depuradas en el Diario de Campo (QUINTANA, 2006, pág. 67)

Entrevistas

4. PROCESAMIENTO DE DATOS 4.1.

Análisis e Inferencia Una vez agotadas todas las fuentes de información previstas y superados los

desaciertos del proceso se infiere que, como se planteó en el diseño teórico,


a). mientras no se atente directamente “contra la vida e integridad personal, libertad individual y libertad y formación sexuales” (Posición de Garante, 2006), difícilmente se encontrarán implicaciones penales para un directivo docente que aplique la medida objeto de este ejercicio de investigación.

b). Según el artículo 48 del CDU, las implicaciones disciplinarias en ningún caso tendrán la categoría de una falta gravísima pues ninguna causal de las que incluye eta clasificación se asemeja a contempla la situación descrita en el problema de investigación

c). A la luz del CDU, la discusión estaría centrada en el análisis de los Artículos 27 y 35 , una parte demostrando la extralimitación del funcionario público y la otra demostrando la acción de este en el cumplimiento del deber por garantizar el bien común y la calidad en la educación.

d).Es de competencia de la autoridad establecer en cada caso la pertinencia o no de los argumentos pero teniendo en cuenta que, dadas las descripciones de las faltas comprendidas en los artículos 48 a 50, las sanciones descritas en el artículo 43,


las medidas disciplinarias no superaran la multa o la amonestación escrita para el funcionario.

No obstante, dentro del análisis de la información y a pesar de alejarse del objeto central de este trabajo de investigación, surge como categoría emergente el análisis del argumento que subyace en la aplicación y aprobación de este tipo de medidas cuando la sociedad (fuera de la institución escolar) y aun la familia no ofrecen oportunidades de formación a los niños y jóvenes comparables con las que ofrece la escuela , la cual se erige hoy como la última línea de defensa en la promoción de una formación integral. Cabe la reflexión supuesta por Julián de Zubiría en su análisis del modelo pedagógico subyacente en la práctica docente del país “en los últimos tiempos las ideas que tienen sobre educación los pedagogos, los funcionarios educativos y los maestros, han dado un giro radical sin que esto signifique -todavía- que haya cambiado la educación. Así nos duela a los pedagogos y los maestros no lo reconozcamos, la escuela tradicional sigue siendo el sistema educativo generalizado y dominante en las escuelas del mundo entero” (DE ZUBIRÍA S. J., 2006 a, pág. 5).


Gran parte de los docentes maneja un discurso que no corresponde a su práctica y que está lejos de concordar con el enfoque institucional a pesar del gran esfuerzo que hacen por comprenderlo.

5.

INFORME FINAL

5.1.

Conclusiones Se realizó un análisis de las posibles implicaciones que el impedir el acceso a

clase de un estudiante una vez cumplido el horario de entrada, podría traer a los docentes y directivos docentes mediante un trabajo descriptivo – interpretativo con un método de análisis textual, a partir de la solución a tres preguntas generadoras.

Se dio lectura a distintas leyes y normas que rigen la educación nacional y se determinó que la mayoría de casos disciplinarios por parte de los funcionarios públicos tienen solución en el CDU, el cual aplica desde luego, a los docentes y directivos docentes y así mismo se estableció que difícilmente por este concepto procederán medidas penales para los funcionarios públicos.

5.2.

Recomendaciones


Si bien, las implicaciones disciplinarias dependen en gran manera de la habilidad de una parte u otra en manejar los mismos recursos legales, y aun cuando estas no superen una sanción pecuniaria, se deben revisar los argumentos que sustentan esta medida para definir otras alternativas que no excluyan a los estudiantes del aula de clase pero que aseguren que estos educandos no lleguen a importunar el ambiente académico.

6.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS EN LA WEB

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