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6. La debilidad de la institucionalidad ambiental chilena: La debilidad de las instituciones chilenas en materia de medio ambiente ha quedado ampliamente demostrada por casos emblemáticos como los de Ralco, Celco y Alumysa, entre otros, donde finalmente es el poder político el que decide si el proyecto se ejecuta o no. De hecho, la propia institución encargada de velar por el cumplimiento de la legislación ambiental, CONAMA, depende de la Secretaría General de la Presidencia, un Ministerio netamente político. En el caso Ralco, por ejemplo, el antecedente más directo que tenemos sobre lo que podría pasar en Aysén, hubo irregularidades evidentes (y públicas) en la autorización ambiental del proyecto. Se puede ir a Conama, pedir que abran el archivo "Ralco" y ubicar un documento del 23 de julio de 1996 en que la Conama rechaza el proyecto, con el nombre al pie de la página 40 de Vivian Blanlot -a la sazón, directora del organismo y en la actualidad Ministra de Defensa-, pero el documento nunca llegó a ser firmado por ella. Ese documento fue el resultado de la evaluación de 22 servicios públicos y ministerios, de la participación ciudadana y del trabajo de todo el equipo técnico de CONAMA. 7. La indefensión de la sociedad civil: en el escenario descrito, con el Gobierno apoyando megaproyectos como el de ENDESA, antes de que se evalúen sus efectos negativos e incluso sosteniendo que es “antipatriótico” oponerse a ellos, y con los principales medios de comunicación en manos de los grandes grupos empresariales, la sociedad civil tiene muy pocas

oportunidades

de

expresarse

informadamente.

La

postura

comunicacional

reduccionista de ENDESA y del Gobierno pretende establecer que los únicos afectados son los potenciales inundados o directamente afectados por otras obras, y sólo de forma pecuniaria, económica, y que por lo tanto, que estos son los únicos que pueden reclamar y participar en el procedimiento administrativo. Sin embargo, lo que usan y destruyen las centrales no es simplemente agua, sino ríos, definidos en la Constitución chilena como bienes nacionales de uso público. Por consiguiente los afectados somos todos los chilenos. 8. La concentración de poder en el sector eléctrico: La concentración de la propiedad en el sector eléctrico y de los derechos de agua, obstaculiza la generación de nuevos marcos regulatorios. Un sólo holding, Enersis, domina un 60% de la generación, casi la totalidad de

resueltos con las concesiones de agua, que siete familias todavía no aceptaban su traslado y que existían dos recursos de protección pendientes.

Centrales HIdroelectricas en Aysen, Razones ecológicas, sociales y económicas de un rechazo  

El actual modelo económico chileno está basado en la exportación de materias primas: cobre, harina de pescado, astillas de madera, entre otr...