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PROGRAMA PARA LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 2012-2015 Presentado de acuerdo a lo estipulado por el Acuerdo Superior 018 de marzo 16 de 2012: Cada candidato tendrá autonomía para abordar los temas que estime pertinentes de acuerdo con su plan de gestión, entregado en el momento de su inscripción en la Secretaría General.

CANDIDATA: Ivonne Suárez Pinzón Suaitana y de nacionalidad colombiana y francesa, me defino por mi compromiso social, mi entereza, mi pasión formadora de juventudes y la defensa de los Derechos humanos, la educación pública estatal, la búsqueda de soberanía colombiana y de solución política, no militarista, del conflicto armado interno. A estos fines me entrego con ética, integridad, dedicación, compromiso y responsabilidad. Adelanté estudios de Odontología en la Universidad Nacional de Colombia, pero después de cuatro años opté por la formación como historiadora en la Universidad de Antioquia, en donde fui la mejor estudiante durante cinco años y por ello recibí Mención de Honor del Consejo Académico en 1982. Realicé estudios de posgrado en Archivística en España y Francia y cursé en este último país la maestría y el doctorado en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Mi tesis de DEA fue publicada por La Sorbona – París III - IHEAL y mi tesis de doctorado lo fue por la Universidad de Lille III. En Francia fui docente en las Universidades de Franche Comté y Marc Bloch, durante dos años en cada una de ellas. A mi regreso al país, en donde antes había sido docente cátedra en la Universidad Autónoma Latinoamericana, el Instituto Popular de Capacitación, IPC y la Universidad Tecnológica de Antioquia, me vinculé en 2004 a la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander y actualmente soy docente asociada. Además de la experiencia docente poseo experiencia administrativa y de investigación. Fui Jefe de la Dirección de Investigaciones en Turantioquia y en la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, Creadora, guionista y coordinadora del Museo Histórico de Antioquia Rafael Uribe Uribe y de otros museos locales, Creadora y


coordinadora del programa nacional El museo un aula más para los estudiantes, Directora de diversos Proyectos regionales relacionados con el manejo del patrimonio cultural

antioqueño

y

Directora

de

la

Escuela

de

Historia,

del

Convenio

Interadministrativo Universidad Industrial de Santander – Municipio de Floridablanca y del Centro de Documentación e Investigación Histórica Regional. He dirigido en la UIS diversos proyectos de extensión adelantados con entes públicos y privados relacionados con la disciplina Archivística. He adelantado diversos proyectos de investigación y participado en la elaboración de Planes de Desarrollo y he asistido y participado en eventos de carácter nacional e internacional; actualmente dirijo dos investigaciones: una aprobada por la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión - UIS y otra financiada por Colciencias. He dirigido en la UIS 27 proyectos de pregrado y maestría y soy autora de 23 artículos y 21 libros y capítulos de libro. Ganadora del Premio IDEA a la Investigación Histórica 1989 y seleccionada en la UIS entre las Mejores Experiencias de Articulación entre las Actividades de Docencia, Investigación y Extensión en 2008. Miembro permanente del Laboratorio de investigaciones Literatura e Historia de los Países de Lenguas Europeas, E.A.3224 Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia – CNRS, de la Academia Antioqueña de Historia, de la Sociedad de Hispanistas Franceses y del Consejo Internacional de Archivos. Presidente honoraria de la Asociación Moncey au fil du temps. Directora del Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación y de la Revista digital Cambios y Permanencias cuyo Comité editorial está conformado por personalidades académicas de seis países europeos y latinoamericanos. Coordino el Semillero de investigación Conflictos sociales y soy miembro del Colectivo por las mujeres UIS. Hago parte de los grupos de investigación Mujeres y políticas educativas, de Estrasburgo y Grupo colombo-venezolano de Investigaciones REGHIS. He sido jurado en varios concursos y he sido par académico de evaluación de las Universidades Nacional de Colombia, del Atlántico y de Caldas, de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – ACAC y de la Academia Colombiana de Historia. Ver: Plataforma ScienTI – CvLAC : http://201.234.78.173:8081/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do


Hacia la convocatoria de una Asamblea Constituyente Universitaria La Universidad Industrial de Santander atraviesa por una crisis básicamente derivada de las orientaciones generales dadas por sus directivas, afanadas éstas por vincularse a las políticas de modernidad, competencia neo-liberal y seguridad, generadas en el marco de la globalización. Existe en la UIS una generalizada insatisfacción, manifestada por un amplio sector de la comunidad universitaria que desea darle un rumbo cualitativo de proyección a la Universidad, cuya decadencia está marcada por una evidente ingobernabilidad y una pérdida de direccionamiento académico que generan un clima de tensiones internas dentro de los estamentos docente, de trabajadores y estudiantil. La UIS se encuentra hoy desposeída de toda opción de construcción de solidaridad y justicia, sumida en el autoritarismo que, amenazando su propia existencia, afecta el respeto de los Derechos Humanos, la calidad de vida, el bienestar universitario y el nivel académico. En este ambiente enrarecido tienen cabida las acciones de intimidación y represión, el silenciamiento de toda posible oposición, el distanciamiento autista de unas directivas cuestionadas y las decisiones impositivas inconsultas que desconocen el papel académico de estudiantes, profesores y trabajadores; los juicios disciplinarios y las denuncias sin fundamento, el acoso laboral de los sindicalistas, un reglamentarismo selectivo que limita y sostiene las clientelas próximas de las directivas y de su programa institucional, el incumplimiento de la misión de la Universidad en cuanto al servicio que ella debe prestar a la sociedad en la cual se inserta, la falta de transparencia y de control público, las violaciones de los derechos de igualdad, libertad de expresión, deliberación y reunión, la ausencia de diálogo, la imposición de pretendidas soluciones por la vía de la militarización y, en general, el desconocimiento de la vocación democrática de la Universidad.


La comunidad universitaria se ha visto afectada y desconocida con la imposición de medidas legalistas por parte de las directivas que reformaron de forma inconsulta, entre otros, el reglamento de investigaciones, de posgrados y de estudiantes, así como el procedimiento de concurso académico de selección e ingreso de profesores, y que utilizan el CIARP como instrumento para derivar una particular legislación interna de aplicación del Decreto 1279, en miras a disminuir los puntos salariales e impedir la justa alza de salarios derivada del reconocimiento de la productividad académica alcanzada por docentes con excelencia académica y humana, quienes con grandes esfuerzos logran sus productos sin contar con suficientes apoyos investigativos. La UIS pierde su carácter público en medio de una administración neoliberal que da poca importancia a la academia frente a las políticas de producción de mercancías del conocimiento, que la subyuga al capital, sin permitirle responder con creatividad a los retos que le plantean el saber, el conocimiento académico-científico y la creación artístico-cultural, que la determina con reglamentarismo y sus políticas de gestión, que silencia las voces críticas que se levantan contra una situación que desfigura la misión social de la Universidad y la conduce a la pérdida de sentido histórico. Desde lógicas economicistas, fiscalistas, mercantilistas, se busca imponer una orientación empresarial indolente con la academia, de espalda a las indignas condiciones de trabajo sostenidas, que domina sobre lo académico que está relacionado con la generación, difusión y aplicación del conocimiento en procura del perfeccionamiento de la vida, que prefiere ante todo la búsqueda del auto sostenimiento y eludir el sentido de lo público y la apelación a la educación como un derecho fundamental. En medio de la preponderancia de la gestión y la administración, el personal de todos los estamentos universitarios vinculado laboralmente a la UIS sufre enorme lesión al ser castigado con rebaja de salarios derivaba de intereses específicos de la administración, existiendo un claro acoso laboral. Todos los miembros de la comunidad universitaria ven igualmente desmejorada su condición de bienestar y los estudiantes, además del recorte de


servicios, enfrentan el aumento de matrículas y el pago de un seguro de salud que reserva la atención a los casos de accidente sufrido en los predios universitarios y en días y horarios de clase. En la UIS aumentan los programas de posgrado autofinanciables y muchos de los de pregrado ven disminuida su calidad académica por la exigencia de generar recursos propios, y los cargos directivos de las unidades académicas resultan casi inmanejables en razón de la carencia de recursos para programar el desarrollo académico. Los aumentos de cobertura no correlacionados con los recursos destinados para ello, ni con el aumento de una planta profesoral casi congelada, comprometen la calidad académica. Por su parte, las sedes regionales sufren los efectos del excesivo centralismo que les impide determinar políticas ajustadas a sus intereses, necesidades y demandas académicas, financieras y de bienestar y, la Facultad de Salud está perdiendo en aras de la privatización de la salud, el Hospital Universitario que representa su centro de formación, investigación y servicio a los habitantes de Santander. El estatuto general de la Universidad soporta los problemas antes indicados y se constituye en una verdadera barrera para el cambio y para un real posicionamiento y defensa de la autonomía universitaria. En razón de las definiciones estructurantes de los órganos directivos, el Consejo Académico es controlado por el rector de turno, quien nombra a la mayoría de sus integrantes; dicho

rector

es

seleccionado

por

un

Consejo

Superior

que

responde

mayoritariamente a intereses políticos y económicos y que no entiende a la comunidad académica. Así las cosas, los espacios democráticos de participación están cerrados y se imponen reglamentos basados en decisiones voluntaristas o encaminadas al servicio de los intereses externos, que reducen la academia, sometiéndola al capital y la politiquería, impidiéndole cumplir su misión social y ocasionando el decaimiento que sufre actualmente la Universidad. La autonomía universitaria ha sido escamoteada por las autoridades universitarias; la centralización del poder y el autoritarismo han relegando a la comunidad académica a la condición


de sujeto pasivo de las decisiones que se adoptan en su nombre, imposibilitándole garantizar la independencia necesaria para que la universidad cumpla su misión histórica.

Este programa se fundamenta en la intención de crear las condiciones para que los estamentos universitarios debatan organizadamente las formas administrativas y académicas de superación de la crisis enunciada, en miras a permitir que profesores, trabajadores y estudiantes sean protagonistas de los cambios que requiere hoy la Universidad. Este programa se fundamenta, por tanto, en la intención de crear condiciones para la Convocatoria de una Asamblea Constituyente

Universitaria,

que

reconozca

a

estudiantes,

profesores

y

trabajadores como sujetos activos de la autonomía, dispuestos a ejercer sus derechos como constituyentes primarios, tal como los reconocen la Constitución, la ley y la Corte Constitucional; que permita cambiar el estatuto general de la Universidad y los estatutos docente, estudiantil, administrativo y de investigaciónextensión, para que aquellos que se formulen, se inspiren en la consideración de los profesores, los estudiantes y los trabajadores como sujetos activos de la construcción colectiva de la Universidad y no como simples usuarios o prestadores de un servicio público; que garantice institucionalmente la libertad de cátedra, investigación, creación, organización, expresión y reunión, de acuerdo con principios éticos establecidos por la comunidad universitaria y ello, para que libertad, autonomía, pluralidad, justicia, igualdad, interculturalidad, respeto a los Derechos Humanos, verdad y espíritu crítico, sean los componentes que sostengan el proyecto de Universidad.

Principios que orientan el Programa


La Universidad es por excelencia el espacio del saber que, dialécticamente constituido, permite la aparición del conocimiento científico. Por tal razón, como ente universitario autónomo, debe organizarse en torno del conocimiento, de su producción, de su difusión y de su reproducción enriquecida. En la Universidad debe desarrollarse el proceso de educación para el conocimiento a través de una pedagogía crítica, que es la mejor manera de fomentar una educación que transforme al ser humano y que lo libere, aportando a la construcción de sociedades más justas, igualitarias e incluyentes. En tanto proyecto social y cultural, la Universidad debe ser un espacio institucional, libre, democrático, científico y creador, orientado a hacer realidad el derecho social a la Educación Superior.

En el ejercicio de sus funciones la Universidad

debe buscar el fortalecimiento y la

articulación dinámica, propositiva y pertinente de su comunidad universitaria, enmarcada en una gestión participativa, transparente y moderna, que la convierta en un agente activo para la formulación de políticas públicas y acciones de impacto cultural, político, social, científico, tecnológico y técnico en los campos estratégicos del devenir humano. La Universidad debe propugnar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y de las garantías civiles dispensadas a todos los ciudadanos por la Constitución Política de Colombia y por el Estado de Derecho. En ella, el derecho a la vida y a las libertades de expresión y de pensamiento, deben ser dimensiones esenciales y el derecho al libre desarrollo de la personalidad debe ser una prerrogativa decisiva para el crecimiento social e institucional.

Para el cumplimiento de los fines misionales enunciados, la Universidad debe regirse por los siguientes principios generales: 1. Autonomía universitaria y predominio del constituyente primario o Democracia participativa El principio de la autonomía está consagrado por la Constitución Política de Colombia. En el Artículo 69 Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Por su parte, en sus fallos y jurisprudencia, las Sentencias de la Corte Constitucional han definido y defendido un bloque constitucional sobre autonomía universitaria, entendida ésta como la capacidad de autodeterminarse, autogobernarse y autolegislarse colectivamente; como un ente plural en el que confluyen, con su individual saber y razón, los individuos que la conforman. En otras palabras la autonomía reside en la comunidad universitaria y se concreta con la participación real, efectiva y democrática de sus miembros, para la búsqueda del


interés general.

La Corte define que el

Legislativo puede modificar la normatividad de

Educación Superior, pero debe respetar el bloque constitucional sobre la autonomía universitaria, y defiende la autonomía financiera de los entes autónomos universitarios y la participación democrática directa y efectiva en la selección

de las

Directivas Académico-administrativas. La Sentencia C-220 de 1997 señala que: La universidad […] tiene su propio ethos, su singular sistema de valores, sus prioridades, los cuales no siempre, casi nunca, coinciden con los de la sociedad o con los del Estado en el que funcionan, por eso, dadas sus características y la lógica que caracteriza su quehacer, diferente de la lógica que predomina en el Estado, la cual está determinada por el poder coyuntural que lo orienta, desde sus inicios se concibió como una organización autónoma, esto es, capaz de autodeterminarse, autogobernarse y autolegislarse colectivamente; como un ente plural en el que confluyen, con su individual saber y razón, los individuos [actores] que la conforman, quienes coinciden en un objetivo, la producción y adecuación de conocimiento como insumo esencial para la formación de hombres potencialmente capaces de desarrollar sus múltiples dimensiones. Por eso quienes la integran están legitimados, y así lo reconocen el Estado y la sociedad, para darse sus propias leyes y directivas, leyes que paralelamente permitan su conservación y crecimiento.

Precisa la Corte en su

Sentencia C-829 de

2002, que la autonomía universitaria ha de entenderse en armonía con lo preceptuado por el artículo 68 de la Constitución en cuanto en él se establece que la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no podrá, en ningun caso, prescindir de quienes integran la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, será indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para


dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros. Únicamente la comunidad universitaria, como sujeto activo de la autonomía institucional y sistémica que define la Universidad y que es principio necesario para su existencia, puede convalidar la pertinencia social de un saber científico, técnico y artístico independiente. Además de la autodeterminación, la autonomía -que reside en la potencialidad crítica y autocrítica- implica libertad de cátedra e investigación e independencia social y política de un saber académico abierto y anti dogmático. La autonomía garantiza entonces las

condiciones para el ejercicio democrático en los ámbitos de Gobierno y

Dirección Académica y Administrativa y en los espacios académicos que conforman la vida universitaria y permite tanto la revocatoria del mandato de los representantes, como la discusión y generación de propuestas de estatutos general, estudiantil, del profesor, de investigaciones; de proyección social, de propiedad intelectual e industrial, de trabajadores, de administrativos o de contratación, entre otros. En los marcos de esta autonomía,

concepto inherente a la

naturaleza y condición de la universitas, todos los colectivos de la comunidad universitaria adquieren un papel relevante en la toma de decisiones, a través de la garantía constitucional del ejercicio de la democracia, la participación y el control político.

En la citada Sentencia C-220, la Corte reconoce que: Es innegable que la experiencia de las universidades oficiales mientras fueron clasificadas como establecimientos públicos fue desafortunada, pues su desarrollo académico y el ejercicio de la autonomía que les es consustancial se vieron obstaculizados por la permanente necesidad de ajustar sus objetivos a una estructura inadecuada, dependiente y supeditada al Ejecutivo, que no correspondía con los fines que le son propios; de hecho, una de las funciones que las define como tales, la investigación, no pudo lograr un desarrollo fluido y racional en dicho esquema jurídico administrativo, razón por la cual fue necesario, en muchas ocasiones, recurrir al diseño de mecanismos jurídicos de excepción que les permitieran cumplir con esa primordial tarea. El Ejecutivo ha interferido de manera abierta en la elección de directivos universitarios al servicio de los intereses gubernamentales. El Consejo Superior ha estado sometido a juegos de poder y de correlación de fuerzas de sectores políticos


que pactan la escogencia de un Rector adepto a los intereses del Estado y del Gobierno. Resistir a esta arremetida en contra de la autonomía, con criterio de sociedad civil y consolidando los valores de una cultura auto orientada, es la tarea de este programa para la candidatura a la rectoría de la UIS, que mediante el compromiso de Convocatoria de la Asamblea Constituyente Universitaria, hace eco del interés de la comunidad académica que sueña con una educación que ayude a generar posibilidades de superación de las desigualdades y que considera que los Derechos Humanos están por encima de los derechos civiles. 2. Diversidad, pluralidad, interculturalidad, libertad, igualdad y dignidad

humana La autonomía de la Universidad sólo es posible en el marco de la diversidad, pluralidad, interculturalidad, libertad e igualdad y dignidad humana. Ella permite configurar los requisitos para garantizar convivencia dentro de la diferencia y el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones. La diversidad cultural, étnica, política, de género y religiosa de Colombia, obliga a la Universidad a su respeto y reconocimiento, porque la pluralidad y el derecho a la diversidad son inherentes a la democracia y a la Educación Superior. Con una lógica intercultural, la Universidad debe implementar acciones afirmativas que conduzcan a la interlocución e interacción de las diferencias, mediante el ejercicio de deliberación, conocimiento y establecimiento de relaciones entre todas las formas de construcción colectiva de carácter heterogéneo y los sectores de la población tradicionalmente discriminados en el acceso a la Educación Superior, propiciando la

pluralidad, los diálogos e intercambios epistémicos, políticos, disciplinares y de saberes y

la

difusión pública de las opiniones de todos sus miembros, sin privilegiar la de algunos de ellos debido a criterios de afinidad con quienes ocupan los cargos directivos. La Universidad debe suscribir categóricamente el principio sagrado de la libertad individual, según el cual todas las personas nacen libres e iguales; el cual da a cada persona la autonomía individual para hacer sus escogencias y tomar sus


decisiones del modo como lo considere adecuado, siempre y cuando no afecte la libertad de los demás. Esta autonomía integral del sujeto debe ser respetada y garantizada por el Estado, y la Universidad debe contribuir a ella bajo dimensiones tales como la libertad de pensamiento, de ejercicio de las corrientes pedagógicas, de opinión, de expresión, de conciencia, de reunión, de credo y género, de cátedra, de aprendizaje, de investigación y de difusión del conocimiento. La justicia reposa en la igualdad de derechos y oportunidades, en el respeto y valoración del otro y en la dignidad humana. Por ello la Universidad debe dar a todos los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general la misma protección y trato, los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación y rechazando la arbitrariedad de unos sobre otros donde quiera que se presente; para ello. las autoridades deberán estar sometidas a la Ley y al control de la propia comunidad. Para garantizar la igualdad, la Universidad debe adherir al principio de una justicia progresivamente redistributiva que se ponga en marcha en función de un proyecto de sociedad, cuyo propósito sea la eliminación de la pobreza y de los privilegios sociales y que se encamine hacia un desarrollo sostenible, equilibrado e integral en lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental y, así mismo, debe reconocer y promover la responsabilidad social y la solidaridad humana como valores fundamentales y garantizar la defensa de los Derechos Humanos. El ejercicio de la libertad debe darse correlacionado con la búsqueda de la verdad y con el espíritu crítico; en tal sentido, la libertad de crítica y la crítica libre como ejercicio social, deben ganar en la Universidad el total derecho de ser.

El Estado debe desplegarse como garante del Derecho fundamental de la educación y la Universidad debe satisfacer el interés general de conocimiento, en beneficio de todos. Por su naturaleza pública, la defensa de la Universidad corresponde a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, quienes deben vigilar que ella no sea sometida a ninguna forma de apropiación privada o de mercado. El ejercicio de defensa de lo público como un bien común, forma sentido colectivo de pertenencia a la comunidad y fortalece la igualdad. Este ejercer implica el deber de transparencia y visibilización de la información referida a procesos, prácticas y resultados en las actuaciones internas y externas, pero también el


correcto manejo y conservación de la documentación que soporta dicha información, el respeto al libre derecho de información y el ejercicio del control político.

Propuestas específicas 1. Convocatoria de una Asamblea Constituyente Universitaria que, a través de un proceso de construcción colectiva de Universidad, genere los cambios estatutarios necesarios para hacer de la UIS una Universidad pública verdaderamente autónoma, de excelencia académica, participativa, vinculada a la sociedad, respetuosa de la libertad, la justicia, los Derechos Humanos, la diversidad, pluralidad e interculturalidad, la igualdad, la dignidad humana, la verdad, la crítica y el derecho al disenso, pertinente, representativa y que responda a los retos académicos, de formación profesional, de extensión e investigación científica y tecnológica que la sociedad demanda. Esta Asamblea Constituyente Universitaria, inscrita en la idea de La Universidad que soñamos y vamos a construir, busca establecer una nueva forma de gobierno, que le regrese el poder a las mayorías mediante el diálogo y el debate argumentado y que contribuya a solucionar los problemas internos de

ilegitimidad,

gobernabilidad.

fortaleciendo El

primer

los

objetivo

órganos de

la

colegiados

y

generando

Asamblea

Constituyente

Universitaria será redactar el nuevo Estatuto General y el nuevo Proyecto Educativo Institucional. 2. Redefinición integral de las prioridades de inversión presupuestal La Universidad Industrial de Santander, como reza la información institucional recibida, mediante el Acuerdo Superior No. 67 de 2003 aprobó el Estatuto Presupuestal, el cual constituye la norma que rige los procesos de programación, elaboración, presentación, modificación y control del presupuesto. El Estatuto establece que las fuentes de financiación de la Universidad tienen su origen en los


aportes de la nación, entidades territoriales, entidades públicas y privadas, rentas propias y recursos de capital. Planeación es la unidad encargada de preparar anualmente el Proyecto de Presupuesto para ser presentado al Consejo Académico y Consejo Superior y de consolidar las proyecciones de ingresos y gastos que elaboran todas las dependencias de la Universidad de los diferentes fondos que se manejan. El Fondo Común comprende los fondos disponibles para el desarrollo de las operaciones ordinarias de la Universidad generados por conceptos de aportes gubernamentales, ingresos propios por concepto de matrículas de pregrado presencial y posgrados no autofinanciables, entre otros. El Fondo Ajenos está conformado por los recursos aportados por diferentes entidades u organismos para el desarrollo de programas de investigación y proyectos especiales, con destinación específica. El Fondo Patrimonial incluye las donaciones que se reciben para financiar estudiantes de bajos recursos. El Fondo de Rentas Especiales incluye los dineros generados por prestación de servicios, consultoría, educación continuada, programas de extensión, educación a distancia y posgrados semiescolarizados, entre otros. Finalmente, el Fondo Estampilla Pro-UIS maneja los recursos provenientes del recaudo de la estampilla (Ley 1216 del 16 de julio de 2008, que modificó parcialmente la Ley 85 de 1993 y Ordenanza 14 de 2008 que modificó la Ordenanza 038 de 1993). El Sistema de Información Estampilla Prouis sirve de herramienta para el registro de ingresos provenientes de la Tesorería Departamental por concepto de Estampilla Pro-UIS y para llevar el control de la ejecución de los fondos recaudados en los diferentes proyectos de inversión que se costean con estos recursos y controlar que se cumpla el porcentaje estipulado para cada tipo de inversión. Por su parte, la División Financiera se encarga de la ejecución presupuestal y control de recursos físicos y financieros. Para la vigencia fiscal del año 2012, el Consejo Superior, por medio del Acuerdo Superior No. 112 del 14 de diciembre de 2011, aprobó el Programa Anual de Gestión y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UIS, por valor de


trescientos dos mil cinco millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos treinta pesos moneda corriente ($302.005’866.530), consolidado de los Fondos Común, Ajenos, Patrimonial, Especiales y Estampilla PRO-UIS, conformados por: Aporte del Gobierno Nacional: •

Partida

incluida

en

el

Presupuesto

Nacional,

la

cual

asciende

$89.671’108.889. •

Pasivo Pensional, según contrato de concurrencia, 84,10% a cargo de la nación.

Aporte para cesantías, correspondiente al 81,6% de las cesantías causadas a diciembre de 1997 y pagadas durante los años 2008, 2009 y 2010, a los empleados que se retiraron durante este período o se cambiaron al régimen de la Ley 50, en trámite de cobro.

Aporte del Departamento de Santander: •

Partida asignada en la Ordenanza No. 016 del 27 de agosto de 2008, por valor equivalente a 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes e incluida en el Presupuesto del Departamento para el 2009. Esta partida se programó así:

-

$5.597’020.000 para Inversión en la sede central.

-

$5.597’020.000 para desarrollo del programa de regionalización.

La suma de $2.358’873.869 para atender el pasivo pensional, 6,70% a cargo del Departamento, según lo establecido en el convenio de concurrencia.

El Aporte para cesantías por un monto de $125’448.279 que corresponden al 10,04% de las cesantías causadas a diciembre de 1997 y pagadas durante los años 2008, 2009 y 2010. Las rentas propias están integradas por los ingresos corrientes, recursos de

capital, venta de bienes y servicios, estampilla pro UIS, y los recursos administrados, fondos ajenos, destinados a la actividad de investigación. Los ingresos corrientes cuyas tarifas están establecidas en salarios mínimos, se estimaron con un incremento del 4.5 % en el salario mínimo esperado para el 2011. Los ingresos por


concepto de Estampilla PRO-UIS programados para el 2012 ascienden a $18.000’000.000, monto que se espera recaudar en el marco de la normatividad vigente. Este programa rectoral se compromete con la gestión en los órdenes nacional y departamental para aumentar el presupuesto de la Universidad y plantea como urgente adelantar una redefinición integral de las prioridades de inversión presupuestal que garantice la integridad y sostenibilidad de la Universidad, sea requisito indispensable para desarrollar una academia pública de excelencia y haga posible algunos proyectos nuevos tales como: la efectiva descentralización financiera de las sedes regionales, el mantenimiento del carácter Universitario del Hospital y su adscripción a la UIS y el mejoramiento de las condiciones básicas de bienestar de la comunidad universitaria con políticas alimentarias y de vivienda, así como de subsidios

a

los

estudiantes

de

menores

recursos,

guarderías,

cafeterías

institucionales, café-libro y centro de tertulias culturales en condiciones propicias para favorecer la sana integración de toda la comunidad universitaria. Una inversión presupuestal que garantice, así mismo, la formalización de la planta administrativa y de docentes cátedra que puedan progresivamente pasar a ser profesores de planta como lo exige la ley, la dedicación exclusiva para los profesores que deseen optar por ella y la adecuada financiación de proyectos de investigación internos adelantados por los docentes sin distinción de su categoría laboral, orientados al desarrollo de programas institucionales de investigación y extensión pertinentes para el país y respetuosos de la diversidad de saberes, sin sacrificar la iniciativa individual de los profesores. Además, a garantizar los recursos para financiar la investigación adelantada por estudiantes de semilleros de investigación y la implementación de becas estudiantiles de trabajo de investigación

que ayuden a evitar la deserción estudiantil, así como de becas

para posgrado que conduzcan a la mejor formación y capacitación de los egresados. De la misma forma, a destinar recursos presupuestales que permitan la reevaluación de las metas de ampliación de cobertura en relación con las necesidades de crecimiento de la planta docente, la consolidación financiera de CAPRUIS y la


adecuada financiación de los recursos necesarios derivados de una profunda revisión de las políticas del CIARP. Finalmente, a gestionar a nivel municipal, departamental y nacional, la financiación requerida para la construcción del Centro Patrimonial de Santander que habrá de albergar el Archivo Histórico y el Museo Científico que reúna las colecciones existentes en las diferentes Escuelas de la UIS, Archivo y Museo que serán centros de investigación científica y de formación de la comunidad del Departamento y del país. 3. Generar condiciones para el ejercicio democrático Este programa rectoral se compromete de manera esencial a respetar y promover el acatamiento de toda norma legal y social conducente a afirmar los principios de libertad, autonomía, justicia, Derechos Humanos, d iversidad,

pluralidad e

interculturalidad, igualdad y dignidad humana, espíritu crítico y libertad de reunión, asociación y expresión. Para la recuperación de un equilibrio que tienda a la paz interna es indispensable garantizar la libertad de pensamiento y expresión de la comunidad universitaria, respetando y valorando el disenso.

El ejercicio de la democracia

y de la autonomía se concreta tanto en los ámbitos de gobierno y

dirección académica y administrativa, como en cada uno de los espacios académicos que conforman la vida universitaria. La participación será garantizada para que se constituya en la fuerza plural que hace posible el desarrollo y la proyección institucional.

Para

hacer de la Universidad un laboratorio social de paz y tolerancia, de Derechos Humanos y laborales,

incluyente y

desmilitarizado, en donde se forjen la conciencia crítica y reflexiva de los individuos

libertades democráticas y se logre el crecimiento académico de la UIS,

y las

será necesario

velar por el cumplimiento de los criterios de participación en todos y cada uno de los espacios, mecanismos y formas de participación que hacen parte de la vida universitaria. Se promoverá el diálogo interno entre estamentos, y de la Universidad con los sectores sociales y económicos y se respetarán y apoyarán particularmente las propuestas de organización gremial o sindical de profesores, trabajadores, administrativos, estudiantes, egresados y padres de familia, la defensa de los derechos de toda la comunidad universitaria, el r espaldo

a los proyectos y decisiones

colectivos y a todas las iniciativas estudiantiles sensibles a las preocupaciones ecológicas y de creación y ampliación de formas de organización gremial tales como los Centros de Estudio, el Consejo Estudiantil de la Representación en el Consejo Académico y el Consejo de Representantes Estudiantiles – CRES, la equidad de género y el derecho a la diversidad sexual. Se promoverá la discusión y generación de propuestas de estatutos estudiantil, del profesor, de


investigaciones; de proyección social, De Propiedad intelectual, de trabajadores, de administrativos y de contratación, así como un sistema de evaluación integral docente y la derogatoria de todos los disciplinarios aplicados con tinte político.

Considero posible luchar por un proyecto de sociedad justa, defendiendo la universidad pública y neutralizando con inteligencia y sensibilidad la violencia. Una Universidad democrática, en donde el diálogo libre y crítico genere la tolerancia, no concibe la generación de acciones de ataque personal o al patrimonio público de la Universidad y para evitarlos, se propenderá por caminos de solución pacífica de los conflictos internos y del conflicto armado interno del país. La Universidad deberá fomentar,

propiciar y fortalecer

la transparencia, claridad y

honestidad del proceso documental, la conservación y libre consulta de la información y su discusión y análisis, prevaleciendo el interés general. Igualmente, mecanismos y espacios para la rendición de cuentas por parte de todos los órganos de Gobierno de la Universidad y c rear, definir y coordinar las políticas y mecanismos de veeduría, defensorías universitarias y en general, de control político.

4. Integridad académica, investigativa y de extensión Las condiciones del accionar académico e investigativo de la Universidad, dependen en gran medida de las condiciones fijadas para el país por la Ley 30 de Educación Superior. Dicha Ley ha sido debatida ampliamente y existe consenso nacional en cuanto a la necesidad de su reforma. En consecuencia, y reconociendo la importancia de las luchas estudiantiles adelantadas por los estudiantes coordinados por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE, o por otras expresiones estudiantiles o aún por estudiantes no organizados, para oponerse constructivamente a la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo, este programa rectoral asume el compromiso formal de aportar y apoyar la Construcción de la Propuesta de la Nueva Ley Alternativa de Educación Superior y todos los procesos adelantados para ello por los profesores, trabajadores y estudiantes. La Universidad debe propender por la formalización de la planta administrativa y por el

mejoramiento de una gestión administrativa al servicio de la academia y de las

condiciones de la docencia, la investigación y la extensión, enmarcadas en una política de ampliación de los estímulos y de la financiación.


La ampliación de cobertura debe continuar, pero es necesario evaluar todo el proceso desde una concepción integral de la academia, para que dicha ampliación se corresponda tanto con la ampliación y formalización de la planta profesoral y una nueva definición de los mecanismos de puntaje por productividad académica, como con las condiciones más propicias para avanzar en el fortalecimiento del rigor académico que requiere el país, entendido como posible en cuanto producto de las condiciones de bienestar profesoral. El mejoramiento de la calidad académica, investigativa y de extensión se da en el marco de una adecuada financiación y de la flexibilidad curricular y pedagógica, el fortalecimiento disciplinar, la apertura interdisciplinaria y de interrelación con los otros sectores de la sociedad, el acceso a las nuevas tecnologías y el mejoramiento de la Biblioteca y de los servicios que ella presta. El estudio de las condiciones del trabajo docente, investigativo y de extensión y de la consecuencia de las mismas sobre la excelencia académica y la autonomía universitaria constituye una prioridad para enderezar el rumbo académico. La libertad de cátedra y de investigación adelantadas en el marco de la autonomía universitaria y sumadas al apoyo administrativo y financiero gestionado por las directivas y puesto al servicio de la academia, asegurarán beneficios estables sobre la vida académica de la Universidad y conducirán a que los docentes e investigadores de excelencia que posee la Universidad, adecuadamente estimulados por una política de bienestar para todos los estamentos -entendida ésta como parte de la academia-, puedan mejorar el posicionamiento institucional nacional e internacional. Para terminar, digamos que este programa rectoral se compromete con todas las

propuestas

académicas,

investigativas,

de

extensión

o

administrativas

particulares surgidas del conocimiento y experiencia de la comunidad universitaria y presentadas por ella de manera colectiva o individual, las cuales serán atendidas, analizadas y puestas a discusión amplia, para estudiar su viabilidad.


Programa de Ivonne Suárez Pinzón-Asamblea Constituyente Universitaria  

Programa a la rectoria de la Dra. Ivonne Suárez Pinzón en la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-UIS, eje principal de su propuesta es un ll...

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