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novas da xustiza

Número 98 29 outubro 2009

A reforma da LOPJ Sumario

A reforma da LOPJ ......... 1

Acordo entre o CCOO, UGT e STAJ

Ministerio

e

Información sobre a Mesa Sectorial celebrada o 27 de

Información sobre a Mesa Sectorial celebrada en Madrid o 27 de outubro

outubro

Oposicións ..................... 2 Tramitación, quenda libre

Revista de prensa .......... 3 Un terzo das sentenzas penais sen executar son de Pontevedra

Nova oficina xudicial ...... 7 Como se ve a Nova oficina xudicial dende un xulgado

Na reunión da Mesa Sectorial celebrada o 27 de outubro, o Ministerio de xustiza propuxo un acordo para reformar os regulamentos de ingreso e de secretarios xudiciais, afectados pola modificación do artigo 521 da LOPJ.

de violencia sobre a muller

Este acordo recolle as garantías do antigo artigo 521 da CCOO na internet ........... 22

LOPJ reformado e inclúe algunha garantía adicional, como a opción de participar nos concursos de traslado a postos xenéricos diferenciados de UPAS´S dentro da mesma orde xurisdicional. Este acordo só afecta á modificación do 521 e, polo tanto, non se trata dunha modificación de todas aquelas cuestións que dende CCOO seguimos rexeitando, tanto do regulamento como da LOPJ (que CCOO en ningún momento

Edita

subscribiu e cuxa modificación seguimos esixindo), nin tampouco se trata dunha negociación de RPTS nin de im-

CCOO de Xustiza de Galicia

plantación da oficina xudicial. O acordo asinouse onte por CCOO, UGT e STAJ. Ao final do boletín achegamos unha nota informativa sobre o resultado da negociación


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Novas da Xustiza

Oposiciรณns

Tramitaciรณn, quenda libre Plantilla de respostas vรกlidas correspondentes ao test da primeira proba do segundo exercicio

Plantilla de respuestas vรกlidas correspondientes al test de la primera prueba del segundo ejercicio, Turno Libre. 28 de octubre de 2009 Documentos asociados Plantilla de respuestas del test de la primera prueba del segundo ejercicio. (PDF.

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89KB) (versiรณn HTML)


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Revista de prensa

Un tercio de las sentencias penales sin ejecutar de G alicia son de Pontevedra La carga de trabajo global aumenta Los asuntos pendientes en todas las jurisdicciones pasaron de 46.435 el 31 de diciembre de 2008 a 46.999 el 31 del pasado mes de marzo

Publicado en www.elcorreogallego.es

La Audiencia de Pontevedra sigue acumulando carga de trabajo de forma progresiva. Según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativo al primer trimestre del año 2009, fechado el pasado junio, el número de asuntos pendientes en todas las jurisdicciones se elevó de 46.435 a 46.999. Pero si los datos globales se estudian en detalle en asuntos concretos y espinosos, como la ejecución de sentencias en la jurisdicción penal, un tema con gran repercusión social desde el conocido caso Mari Luz (el acusado tenía que estar en la cárcel y no en libertad cuando sucedieron los hechos), la situación se torna incluso

En el primer trimestre del presente ejercicio se registraron en la jurisdicción penal 2.244 sentencias, se resolvieron 2.365 y quedaban en trámite a 31 de marzo 7.610. Si el dato se compara con las que estaban pendientes a 31 de diciembre de 2008 hay un incremento de casi tres centenares ya que la cifra dada por el CGPJ era entonces de 7.367. Si la comparación se establece respecto al primer trimestre del año 2008, los datos siguen siendo negativos. Así, frente a las 2.244 registradas en 2009, nos encontramos con 1.961 que entraron en 2008; y en tanto se resolvieron 2.365 durante este año en 2008 se ejecutaron 2.336. El volumen de las pendientes de ejecutar subió de las 6.407 que había a 31 de marzo de 2008 a las 7.610 que estaban pendientes en la misma fecha del presente ejercicio. En el ámbito penal en Galicia quedaron pendientes en el primer trimestre del presente año,

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peor.


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Novas da Xustiza según el CGPJ, un total de 24.623 sentencias, de las cuales 7.610 corresponden a la Audiencia de Pontevedra, lo que refleja que el 30,9%, es decir, casi una tercera parte de las que están sin ejecutar en la comunidad autónoma pertenecen a Pontevedra.

ENCABEZA EL LISTADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Más ejecuciones hipotecarias Pontevedra también fue la provincia gallega en la que más creció la presentación de ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2008. Con una subida de un 116,5% pasó de los 266 casos en 2007 a los 576 en 2008. A Coruña pasó de 284 casos a 536 (incremento del 88,7%), Ourense de 83 ejecuciones presentadas a 131 (aumento del 57,8%) y Lugo de 68 casos a 126 (con una subida del 85,3%, similar a la coruñesa) .

MERCANTIL Y SOCIAL La crisis hace mella también en los juzgados Desde hace dos años la crisis lo invade todo. Y, la Justicia tampoco podía ser ajena. Los datos del Consejo General del Poder Judicial lo dejan claro. La provincia de Pontevedra aportó al Juzgado Mercantil de A Coruña en 2007 tan sólo 41 concursos, que se elevaron a 31 de diciembre de 2008 a 124, con un incremento nada menos que del 202,4%. La provincia de Pontevedra sumó ella sola más concursos que las tres restantes demarcaciones gallegas en su conjunto. Según las cifras aportadas por el Consejo General del Poder Judicial A Coruña pasó de 22 casos en 2007 a 82 en 2008, Ourense de 10 a 32 y Lugo de ocho a nueve. Si los concursos generaron más actividad en el juzgado mercantil, los despidos de trabajadores originaron un incremento significativo de casos en los juzgados de los social

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de Pontevedra. Sin embargo, mientras en los contenciosos la provincia de Pontevedra estaba a la cabeza en los despidos de trabajadores no es así. El ranquin lo encabeza A Coruña al pasar de 1.291 despidos en 2007 a 2.085 en 2008, con un incremento del 61,5%. Pontevedra se sitúa en segundo lugar, al pasar de 1.315 en el año 2007 a 1.933 en 2008, con un nada desdeñable crecimiento del 47%. Lugo, en tercer lugar, pasa de 426 a 632, con una subida de un 48,4% y Ourense, aunque en la cola, pega un salto porcentual nada menos que del 80,5%, la pasar de 298 despidos en 2007 a los 538 del pasado 2008 .


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Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra Javier Menéndez Estébanez: "No siempre hay que llevar todo al juzgado de lo penal" - ¿Pese al esfuerzo, el trabajo crece? - Efectivamente, el trabajo va creciendo año a año y los tribunales y órganos judiciales que hay no consiguen resolver a fin de año más de lo que entra. - ¿Es una utopía una Justicia rápida? - Hoy por hoy, sí, en el sentido de dar respuesta ágil y eficaz a los cientos de miles de asuntos que se someten a los tribunales. - ¿Cuáles son las causas? - No hay que buscarlas solo los medios materiales y humanos y la propia organización, sino también en qué acceden demasiados asuntos a los órganos jurisdiccionales, cuando no deberían de acceder ni todos ni tantos. Eso implicaría una rebaja de la carga de trabajo. - ¿Vendría por ahí la solución? - Si fuera esa la solución ya se habrían puesto manos a la obra. Pero sí ayudaría repensar si en el ámbito penal muchas conductas tienen que seguir siendo delictivas. Pensemos en los juicios de faltas, lo que se ha considerado siempre como hechos de relevancia menor en el ámbitos penal, como pequeños insultos o pequeñas coacciones. Esos casos quizás no tengan que tener otro reproche que el social; es decir, no siempre hay que llevar todo al juzgado de lo penal. Cualquier cuestión que ocurra, como una discusión o una vejación, no todo tiene que acabar pasando por el tamiz judicial .

Isabel Barbero: "Este año se ha abierto la caja de Pandora con los despidos" - ¿Cuándo empezó a detectar un aumento de pleitos por los despidos? - A mediados del año pasado. Este año se ha reforzado muchísimo, se ha abierto la caja de Pandora con los despidos y concursos. - ¿Se ha tocado techo, o semeja que 2010 será peor? - Esto no para todavía y 2010 nos salpicará. No se ha notado que vayan disminuyendo algo;

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Abogada laboralista


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Novas da Xustiza al contrario, siguen en aumento. - ¿Están siendo rápidos los juzgados, en plazos concretos que hay que cumplir, o también hay demoras? - Para nosotros existen plazos, pero para que dicten sentencia o citen a juicio, en principio, no hay plazo. Los jueces tiene la excusa de poner arriba "se han cumplido todos los requisitos excepto del plazo para dictar sentencia por acumulación de asuntos". - ¿Habrá colapso? - Los jueces de los social están reivindicando que se les ponga jueces de apoyo porque el número de asuntos ha aumentado y quizás también su trascendencia. Han bajado, por ejemplo, las invalideces y ahora están aumentando los pleitos conflictivos: despidos. - ¿A qué obedece el descenso de los pleitos por invalidez?

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- No lo sé, pero está bajando el número de gente que reclama esa pensión .


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Nova oficina xudicial

Como se ve la Nueva Oficina Judicial desde un Juzg ado de Violencia sobre la Mujer Carmen MÉNDEZ CORTÉS Magistrado-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Alicante

Publicado en www.laley.es

ESQUEMA PREVIO La LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LO 6/1085, de 1 de julio, del Poder Judicial, fija entre sus objetivos que «la Justicia actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados». Precisamente para conseguir ese objetivo se reforma la LOPJ, regulando, de forma novedosa, la Oficina Judicial. De dicha regulación no está excluido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, siendo de plena aplicación a este tipo de Juzgados de Instrucción especializados. La Oficina Judicial se configura como una organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y Tribunales. Dentro de la Oficina Judicial podemos encontrar: a) Las unidades procesales de apoyo directo. Que asisten directamente a Jueces y Ma-

b) Los servicios comunes procesales. Que asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. También se regulan las unidades administrativas: No están integradas en la Oficina Judicial. Tienen como funciones la jefatura, ordenación y gestión de recursos humanos de la Oficina Judicial, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales. Sería deseable que, aprovechando la necesaria reestructuración del edificio judicial para la implantación de la nueva estructura organizativa de la Oficina Judicial, se acondicionaran las instalaciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a fin de preservar la intimidad de

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gistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias.


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Novas da Xustiza las presuntas víctimas en el momento de su toma de declaración, así como a fin de evitar cualquier encuentro entre ésta y su presunto agresor; todo ello con la finalidad de prestar un servicio de mayor calidad y eficacia. También se regula la figura del Secretario Judicial (L. V, Tit. II, Cap. I -arts. 440 y ss.-), definiendo con mayor precisión sus funciones, atribuyéndole otras, asumiendo, además, responsabilidades en materia de coordinación con las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia. El Secretario Judicial depende del Ministerio de Justicia, y desempeña sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que les encomiende la LO19/2003, las normas de procedimiento respectivo, así como su Reglamento Orgánico. Los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se clasifican en: Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales: También es de destacar, en esa búsqueda de una Justicia capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, el R.D. 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. Resaltar, asimismo, las reformas operadas en las Leyes procesales, lo que se hizo con la L. 621/000017, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado 17.a/2009, de 6 de julio de 2009. Según el Preámbulo de dicha Ley, se trata de que los Jueces y Magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo Juzgado, descargándoles de otras tareas, y regulando la distribución de competencias entre Jueces y Secretarios Judiciales. Dado que el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer asume competencias tanto en el orden penal como en el civil (art. 87 ter de la LOPJ), analizaré las modificaciones más llamativas operadas tanto en la LEC como en la LECrim., tratando de centrarlas en aquellos artículos que podrían ser de aplicación en este tipo de Juzgados. Comenzaré con el análisis de las modificaciones introducidas en la LEC, y ello

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habida cuenta del carácter supletorio que la LEC tiene respecto de las demás leyes de procedimiento; a lo anterior añadir que la reforma que se ha operado en la LECrim. es parcial, y ello dada la obsolescencia de las normas contenidas en ella, estándose a la espera de una revisión completa de dicho Cuerpo Legal. Son de destacar las siguientes modificaciones y/o adiciones en la LEC: - Cambio de la terminología utilizada en algunos artículos, acomodándolos así a la nueva organización de la Oficina Judicial. - Expresión, de forma determinada y precisa, de las actuaciones reservadas al Secretario Judicial, así como refuerzo de su figura atribuyéndole nuevas competencias.


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- Otras modificaciones destacables afectan a: la intervención de los Procuradores; la acumulación de procesos; la habilitación de días; la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos, con expresa referencia a la firma electrónica; la dación de cuentas; los supuestos de nulidad de pleno derecho; la audiencia de menores en procesos de familia; y otros aspectos. En la LECrim., son de destacar, entre otras, las siguientes modificaciones y/o adiciones: - Concreción de las funciones que son competencia del Secretario Judicial; atribuyéndole la función de informar al ofendido de las posibilidades y procedimientos para solicitar las ayudas que pudieran corresponderle; regulando las distintas resoluciones de los Secretarios Judiciales, así como los recursos que caben contra ellas; y atribuyéndoles competencias en materia de señalamientos. - Se establece la obligación de incluir en todas las resoluciones la mención de si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella. El Proyecto de LO 621/000018 complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la LO 6/1085, de 1 de julio, del Poder Judicial, Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado 18.a/2009, de 6 de julio de 2009, trata también de hacer más ágil la Justicia y de especializar realmente a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: - Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la audiencia se constituirá con un solo Magistrado. - Los que accedan a Juzgados de Violencia sobre la Mujer, a Juzgados de lo Penal especializados en violencia de género o en Secciones penales y civiles especializadas en violencia de género deberán participar en actividades de especialización. Sería interesante aprovechar la reforma legislativa para incluir, y de modo expreso, la toma en consideración de la especialización en violencia de género, mediante el cómputo de los años en que se haya venido prestando servicios en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, especializadas en materia de violencia de género. - La interposición de recursos en el orden jurisdiccional civil precisa de la constitución de un depósito; siendo exigible, en el orden penal, únicamente a la acusación popular.

ESTUDIO DETALLADO DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y SU INCIDENCIA EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Como pone de manifiesto la Exposición de Motivos de la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LO 6/1085, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito por los principales partidos políticos de nuestro país el

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como preferencia en el concurso para el acceso a Secciones de las Audiencias Provinciales


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Novas da Xustiza 28/05/2001, fija entre sus objetivos que «la Justicia actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados». Precisamente para conseguir ese objetivo se reforma la LOPJ, regulando, de forma novedosa, la Oficina Judicial, de la que por primera vez se recoge su estructura organizativa, y el Estatuto del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del resto del personal al servicio de esta Administración. De dicha regulación no está excluido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, siendo de plena aplicación a este tipo de Juzgados de Instrucción especializados. La Oficina Judicial se configura como una organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y Tribunales; se trata de que sea homogénea en todo el territorio nacional y se basa en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación; funciona con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre administraciones. La Oficina Judicial podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma, provincial, de Partido Judicial, o de municipio, pudiendo ser también comarcal su ámbito competencial. Las unidades que componen la Oficina Judicial podrán desempeñar sus funciones al servicio de órganos de la misma jurisdicción, de varias jurisdicciones, o de órganos especializados. Dentro de la Oficina Judicial podemos encontrar dos tipos de unidades: a) Las unidades procesales de apoyo directo. Asisten directamente a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten. Existirán tantas como Juzgados, integrando junto a sus titulares el respectivo órgano judicial. Cuentan con un Secretario Judicial, si bien, un mismo Secretario podrá actuar en más de una de estas unidades. b) Los servicios comunes procesales. Sin estar integradas en un órgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Prestan apoyo a todos o alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden

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jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de su jurisdicción. Entre sus funciones estarían las de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales; también podrán crearse unidades que asuman funciones de ordenación del procedimiento y otras distintas, previo informe favorable del CGPJ. Estas unidades podrían estructurarse en secciones, y éstas en equipos. Al frente de esta unidad está un Secretario Judicial, que deberá hacer cumplir, en el ámbito organizativo y funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciban de sus superiores jerárquicos, respondiendo, en el ámbito jurisdiccional, del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten Jueces o Tribunales en el ejercicio de sus competencias. También se regulan las unidades administrativas (art. 439): No están integradas en la Ofici-


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na Judicial. Tienen como funciones la jefatura, ordenación y gestión de recursos humanos de la Oficina Judicial, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales. Sería deseable que, aprovechando la necesaria reestructuración del edificio judicial para la implantación de la nueva estructura organizativa de la Oficina Judicial, se acondicionaran las instalaciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a fin de preservar la intimidad de las presuntas víctimas en el momento de su toma de declaración, así como a fin de evitar cualquier encuentro entre ésta y su presunto agresor; todo ello con la finalidad de prestar un servicio de mayor calidad y eficacia. También se regula la figura del Secretario Judicial (L. V, Tit. II, Cap. I -arts. 440 y ss.-), definiendo con mayor precisión sus funciones, atribuyéndole otras, asumiendo, además, responsabilidades en materia de coordinación con las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia. El Secretario Judicial depende del Ministerio de Justicia, y desempeña sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que les encomiende la LO19/2003, las normas de procedimiento respectivo, así como su Reglamento Orgánico. Destacar como funciones de los Secretarios Judiciales las siguientes: cumplirán y velarán por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los Jueces o Tribunales en el ámbito de sus competencias; colaborarán con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas para la efectividad de las funciones que estas ostenten en materia de medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores jerárquicos, pudiendo, para una mejor coordinación, constituirse Comisiones Mixtas de Secretarios Judiciales y representantes de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas; ejercicio de la fe pública judicial, con exclusividad y plenitud; expedir certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes; autorizar y documentar el otorgamiento de poderes para pleitos; formación de los autos y expedientes; organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, asegurando en todo caso la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial y con las comunidades autónomas con competencias transferidas; garantizar que el Salas de Gobierno de los Tribunales de Justicia y responder del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos; facilitar a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas; promover el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con que cuente la unidad donde prestan sus servicios; impulsar el proceso en los términos que establecen las leyes procesales; cuando así lo prevean las leyes procesales tendrán competencias, entre otras, en materia de ejecución; dirigir en el aspecto técnico-procesal al personal integrante de la Oficina judicial; responder del Archivo Judicial de Gestión y de la llevanza de los libros de registro, así como del depósito de los bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales, del de las piezas de convicción en las causas penales, en los locales dispuestos a tal fin (sin perjuicio

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reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas que a tal efecto aprueben las


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Novas da Xustiza de las excepciones que puedan establecerse reglamentariamente en cuanto al destino que deba darse a éstos en supuestos especiales), del debido depósito en las instituciones que se determinen de cuantas cantidades y valores, consignaciones y fianzas se produzcan, así como del debido depósito en las instituciones que se determinen de cuantas cantidades y valores, consignaciones y fianzas se produzcan; siendo también responsabilidad de los secretarios judiciales llevar la estadística judicial. Las resoluciones del Secretario Judicial podrán revestir la forma de diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución (impulso del procedimiento), o de decreto (pone término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión). Bajo la superior dependencia del Ministerio de Justicia, el Cuerpo de Secretarios Judiciales se ordena jerárquicamente, siendo los órganos superiores el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial. Como instrumento de participación democrática del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, se constituirá un Consejo del Secretariado en el seno del Ministerio de Justicia, con funciones consultivas en las materias que afecten al mencionado cuerpo. Los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se clasificarán en: Cuerpos Generales: El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. El Cuerpo de Auxilio Judicial. Cuerpos Especiales: El Cuerpo de Médicos Forenses El Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses El Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

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El Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. También es de destacar, en esa búsqueda de una Justicia capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, el R.D. 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. Resaltar, asimismo, las reformas operadas en las Leyes procesales, lo que se hizo con la L. 621/000017, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado 17.a/2009, de 6 de julio de 2009.


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Según el Preámbulo de dicha Ley, se trata de que los Jueces y Magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo Juzgado, descargándoles de de otras tareas, y regulando la distribución de competencias entre Jueces y Secretarios Judiciales. Dado que el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer asume competencias tanto en el orden penal como en el civil (art. 87 ter de la LOPJ), analizaré las modificaciones más llamativas operadas tanto en la LEC como en la LECrim., tratando de centrarme en aquellos artículos que podrían ser de aplicación en este tipo de Juzgados. Comenzaré con el análisis de las modificaciones introducidas en la LEC, y ello habida cuenta del carácter supletorio que la LEC tiene respecto de las demás leyes de procedimiento; a lo anterior añadir que la reforma que se ha operado en la LECrim. es parcial, y ello dada la obsolescencia de las normas contenidas en ella, estándose a la espera de una revisión completa de dicho Cuerpo Legal. Son de destacar las siguientes modificaciones y/o adiciones en la LEC: - Se aprecia algún cambio de la terminología utilizada en algunos artículos, acomodándolos así a la nueva organización de la Oficina Judicial, pudiendo señalarse, entre otras, la sustitución del término «Tribunal» o «Secretaría del Tribunal» por el de «Oficina Judicial» (art. 24, art. 69, art. 90, art. 129, art. 155, 159), y la sustitución del término «oficial, auxiliar o agente» por el de «funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia» (art. 168) - Se expresa, de forma determinada y precisa, cuáles son las actuaciones reservadas al Secretario Judicial, concretando algunas actuaciones que ya venían desarrollando, sustituyéndose las formas impersonales tales como «se», «el Tribunal», etc., por una determinación precisa de quién es el responsable de la actuación. - Se refuerza la figura del Secretario Judicial, atribuyéndole nuevas competencias, así, según el Proyecto, es función del Secretario Judicial: • Acordar la suspensión del proceso, mediante decreto, a petición de las partes (art. 19). Destacar que dicha competencia en la actualidad viene atribuida al Juez o Magistrado, quien resuelve mediante auto; y que implica una cierta valoración, pues la suspensión viene condi-

• Acordar el sobreseimiento, mediante decreto, cuando el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo establecido (art. 20). En la actualidad se acuerda por el Tribunal mediante auto. • Resolver, mediante decreto, las pretensiones del Procurador de que su poderdante sea apremiado a habilitarle con los fondos necesarios para continuar un proceso después de iniciado (art. 29). En la actualidad resuelve el Tribunal por auto. • Resolver, mediante decreto, en los supuestos de revocación tácita del poder, la cuestión suscitada por el Procurador que viniere actuando en el juicio sobre la efectiva existencia o

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cionada a que no perjudique al interés general o a tercero.


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Novas da Xustiza sobre la validez de la representación que se atribuya el que pretenda sustituirle (art. 30). En la actualidad se hace mediante auto • Inadmitir, mediante decreto, la solicitud de acumulación de procesos en el supuesto de que no se solicite al Tribunal que conozca del proceso más antiguo (art. 79). En la actualidad se acuerda por el Tribunal por auto y sin ulterior recurso. • Rechazar la solicitud, mediante decreto, en el supuesto de que se haya suscitado incidente de acumulación de procesos en un proceso, y se solicite la acumulación de otro juicio ulterior si quien la pidiera hubiese sido el iniciador del juicio que intentara acumular (art. 97). En la actualidad lo acuerda el Tribunal mediante providencia. • Habilitar días y horas inhábiles, cuando tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se trate de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por los Tribunales (art. 131). • Apreciar, mediante decreto, la concurrencia de fuerza mayor para interrumpir plazos y demorar los términos, pudiendo interponerse contra el mismo recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos (art. 134). • Adoptar la medida de celebración a puerta cerrada, mediante decreto, frente al que solo cabrá recurso de reposición, en aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia (art. 138). • Habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate (castellano o lengua oficial propia de la comunidad) exigiéndole juramento o promesa de fiel traducción (art. 143). En la actualidad lo hace el Tribunal mediante providencia. • Cuando no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, mandar que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos

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(164). En la actualidad lo manda el Tribunal mediante providencia. • Señalar vistas o trámites equivalentes, sujetándose a los criterios e instrucciones dadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, (así como en el caso de solicitud de nuevo señalamiento de vista) y gestionando una agenda programada de señalamientos (en el supuesto de órganos jurisdiccionales unipersonales) (arts. 182 y 189). Incluidos los señalamientos en la agenda y antes de la notificación a las partes, se dará cuenta al Juez; si no se ajustan a los criterios e instrucciones establecidos, el Juez decidirá sobre el señalamiento (art. 182). También se hace referencia a la atribución de los señalamientos al Secretario Judicial, entre otros, en los arts. 290 (señalamientos para actos de prueba que se practiquen separadamente), art. 294 (prueba anticipada), art. 353 (reconocimiento judicial), art. 771 (comparecencia de medidas provisionales previas en procesos matrimoniales), art. 772 (comparecencia para


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completar o modificar las medidas provisionales previas a la demanda), art. 773 (comparecencia de medidas provisionales derivadas de la admisión de demanda). • Le corresponde el desarrollo de las vistas en el caso de las celebradas exclusivamente ante él (art. 186). • Acordar la suspensión de vistas. Toda suspensión que acuerde se hará saber, el mismo día o en el día hábil siguiente, al Tribunal (art. 188). En la actualidad la suspensión de vistas solo puede acordarse mediante providencia. • Las resoluciones de los Secretarios Judiciales se denominarán diligencias y decretos. La forma de estas resoluciones se establece en el art. 208. En cada Tribunal se llevará, bajo la responsabilidad y custodia del Secretario Judicial, un libro de decretos (art. 213 bis). La aclaración, rectificación, subsanación o complemento de los decretos dictados por el Secretario Judicial se encuentra regulado en el art. 214 y 215. En cuanto al régimen de recursos contra dichas resoluciones lo encontramos en los arts. 448 y ss. La decisión de recursos contra decretos se hará mediante auto (art. 206). Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos cabrá recurso de reposición ante el Secretario Judicial que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la ley prevea recurso directo de revisión, sin que produzca efectos suspensivos de la resolución recurrida la interposición del recurso (art. 451); si no se cumplen los requisitos de plazo y forma del recurso de reposición, éste se inadmitirá mediante decreto directamente recurrible en revisión (art. 452); trascurrido el plazo de impugnación del recurso, el Secretario Judicial resolverá mediante decreto en un plazo de 5 días (art. 453). Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. Cabe recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación, y en aquellos casos en que expresamente se prevea; interpuesto en forma y plazo se admite el recurso por el Secretario Judicial, mediante diligencia de ordenación; si no se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso, lo inadmite el Tribunal mediante providencia; contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno; el recurso lo resuelve el Tribunal mediante auto, frente al cual solo cabrá recurso de apelación cuando ponga fin al procedimiento o impida su continuación (art. 454

• Acordar, mediante decreto, la caducidad de la instancia (ahora se hace por auto, contra el que cabe recurso de reposición y de apelación); frente al decreto solo cabrá recurso de revisión (art. 237). • Aprobar la tasación de costas, al no haber sido impugnada la practicada, mediante decreto frente al que cabe recurso directo de revisión, no cabiendo recurso alguno contra el auto que resuelve el recurso de revisión (art. 244); corresponde, asimismo, al Secretario, mediante decreto, frente al que cabrá únicamente recurso de reposición, la inadmisión del escrito de impugnación si no menciona las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta (art. 245); también mediante decreto acordará el Se-

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bis).


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Novas da Xustiza cretario Judicial el mantenimiento de la tasación o introducirá modificaciones, decreto contra el que cabrá recurso directo de revisión, no habiendo lugar a recurso alguno contra el que resuelve el de revisión (art. 246). • Decidirá sobre la provisión solicitada por peritos y ordenará, a la parte o partes que hubiesen propuesto la pericial, que procedan a abonarlo (art. 342). Ahora se hace mediante providencia. • Fijar el importe de la indemnización a que tienen derecho los testigos, de la parte que les propuso, mediante decreto (art. 375). Ahora lo fija el Tribunal mediante auto que solo será susceptible de recurso de reposición. • Admitir la demanda, mediante decreto (si bien dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión cuando estime falta de jurisdicción o competencia del Tribunal o cuando la demanda adoleciese de defectos formales y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo concedido por el Secretario Judicial) (art. 404). En la actualidad la admisión es competencia del Tribunal mediante auto. Concretamente, en el ámbito del juicio verbal, el art. 440 atribuye al Secretario Judicial la admisión de la demanda o dación de cuenta del art. 404, así como la citación de las partes a la celebración de la vista. • Tener por preparado el recurso de apelación, mediante diligencia de ordenación (si la resolución fuera apelable y el recurso se hubiere preparado dentro de plazo); si bien, si entendiera que no se cumplen los requisitos, lo pondrá en conocimiento del Tribunal para que se pronuncie sobre la preparación, dictando providencia teniéndolo por preparado, o auto denegándola (art. 457). En la actualidad si no cumplen los requisitos el Tribunal dicta auto denegándola. • En los supuestos de separaciones o divorcios solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, citar a los cónyuges para que se ratifiquen en su petición, y si no la ratifica alguno dictar resolución acordando el archivo inmediato de las actuaciones, resolución frente a la que cabe interponer recurso directo de revisión ante el Tri-

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bunal (art. 777). • En los procedimientos para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción, una vez manifestada la pretensión de que se reconozca la necesidad, señala el plazo que estime necesario para la presentación de demanda, y, mediante decreto, da por finalizado el trámite, si no se presenta en el plazo fijado, decreto que será recurrible directamente en revisión ante el Tribunal (art. 781). • Admitida la solicitud de liquidación del régimen económico matrimonial, hará el señalamiento para la comparecencia ante el mismo al objeto de alcanzar un acuerdo; de no lograrse acuerdo procede, mediante diligencia (ahora se hace por providencia) al nombramiento de


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contador y, en su caso, peritos (art. 810). • Se ha atribuido a los Secretarios Judiciales la mayor parte de las actuaciones del proceso de ejecución. - Otras modificaciones y/o adiciones destacables: • Posibilidad de que el Procurador legalmente habilitado comparezca en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario Judicial, sin que en dichos actos pueda formular solicitud alguna (es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y Procurador de los Tribunales) (art. 23). • La no necesidad de que el Procurador concurra al otorgamiento del poder «apud acta» (art. 24). • En el supuesto de condena en costas de la parte contraria, se excluyen los derechos devengados por el Procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de carácter meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por las Oficinas Judiciales (art. 32). • Se establece el plazo de 3 días siguientes a recibir la cédula de emplazamiento o citación para el caso de que el demandado interese la designación de abogado, Procurador, o ambos profesionales (art. 33). • Posibilidad de acumulación de procesos de oficio (art. 75, 80.2, 83.4, 88.1 y 2), por el Tribunal que conozca del proceso más antiguo (art. 79). • Con la solicitud de acumulación de procesos debe presentase el documento que acredite la fecha de presentación de la demanda (art. 79). • En los supuestos de solicitud o inicio de actuaciones de oficio para acumulación de procesos pendientes ante distintos Tribunales, posibilidad de que el Tribunal acuerde la suspensión del acto de juicio o de la vista a fin de evitar que la celebración de dichos actos pueda afectar al

• Se concretan, como días inhábiles a efectos procesales, además de los días del mes de agosto, los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales e la respectiva Comunidad Autónoma o localidad (art. 130). • Se hace referencia al principio de inmediación respecto de aquellas actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante el Secretario Judicial. • Se introducen modificaciones en el ámbito de la fe pública judicial y de la documentación de las actuaciones (art. 145 y ss), destacando el hecho de que si el Secretario Judicial dispusiere de firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que garantice la autentici-

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resultado y desarrollo de las pruebas a practicar en los demás procesos (art. 88).


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Novas da Xustiza dad e integridad de lo grabado, el documento así generado constituirá el acta a todos los efectos (art. 146), así como la no necesidad, como regla general, de la presencia del Secretario Judicial siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios y se utilice la firma electrónica u otro sistema de seguridad, debiendo éste custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación (art. 147). • Posibilidad de que sea el Procurador el que realice actos de comunicación (art. 152, art. 161, art. 163), incluidos los actos de comunicación mediante auxilio judicial (art. 165). • Referencia a la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos (para sustituir la publicidad mediante fijación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial -art. 164-); posibilidad de sustituir la publicación de edictos (cuando no sea posible la notificación personal al demandado de la sentencia o resolución que ponga fin al proceso) al hallarse en paradero desconocido, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos (art. 497). • También se introducen modificaciones en torno al tema de la dación de cuentas. El Secretario Judicial dará cuenta al Juez o Tribunal: de escritos y documentos cuando contuvieran peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos; del transcurso de plazos procesales y estado de los autos cuando a su vencimiento deba dictarse la oportuna resolución por el Juez o Magistrado; de las resoluciones que hubieren dictado que no fueran de mera tramitación; y de los supuestos en que entendiera que el abogado o el litigante han podido proceder con dilación injustificada o sin fundamento alguno (art. 183). Se regula, asimismo, la dación de cuentas al Secretario Judicial por parte de los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (art. 178). • Se establece expresamente que el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas podrá quedar restringido cuando pueda afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, y a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando proceda; con carácter general, se trata de evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes (art. 212) • Se establece expresamente como caso de nulidad de pleno derecho: a) La celebración de vistas sin la preceptiva intervención del Secretario Judicial, y b) cuando se resolvieran me-

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diante diligencia de ordenación o decreto cuestiones que, conforme a la ley, hubieran de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia (art. 225). • No se incluye en la tasación de costas los derechos de los Procuradores devengados por actuaciones meramente facultativas, que hubieran podido ser practicadas en otro caso por las Oficinas Judiciales (art. 243). • Se regula la designación judicial de perito a petición del demandado beneficiario de justicia gratuita si se tratara de juicios verbales sin trámite de contestación escrita, debiendo efectuar la solicitud con al menos 10 días de antelación al que se hubiera señalado para la celebración del acto de la vista (art. 339).


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• En la celebración de la vista de juicios verbales en los procesos de filiación, matrimonio y menores, y de la comparecencia a que se refiere el art. 771, una vez practicadas las pruebas, el Tribunal permitirá a las partes formular oralmente sus conclusiones (art. 753). • Respecto a los procesos matrimoniales, el tramite de audiencia a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de 12 años, se limita al supuesto en que el procedimiento sea contencioso, y siempre que estimase necesario de oficio, a petición del fiscal o de las partes (art. 770). En la LECrim. son de destacar las siguientes modificaciones y/o adiciones: • Se concreta que determinadas funciones son competencia del Secretario Judicial, sustituyéndose las formas impersonales tales como «se» o «Tribunal» por la más precisa de «el Secretario Judicial». • Se establece expresamente que, en el acto de recibirse declaración por el Juez al ofendido, el Secretario Judicial le informará de las posibilidades y procedimientos para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente puedan corresponderle (art. 109). • Nueva regulación de las resoluciones de los Secretarios Judiciales, las cuales se denominarán diligencias (que pueden ser de constancia, comunicación o ejecución) y decretos (cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión) (art. 142); regulándose la aclaración, rectificación de tales resoluciones, así como la subsanación o complemento de los decretos, en el art. 161; los términos para dictarlas se halla regulada en los arts. 197 y ss.; estableciendo el art. 211 que el recurso de reposición y de revisión contra las resoluciones de los Secretarios Judiciales se interpondrán en el plazo de 3 días siguientes a su notificación a los que sean parte en el juicio (art. 211). • La resolución del Juez que decida un recurso contra providencias o decretos, libertad provisional, derecho a la justicia gratuita o afecten a un derecho fundamental, entre otros, revestirán la forma de auto (art. 141). • Todas las resoluciones judiciales y del Secretario Judicial incluirán si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda,

• En el supuesto de que el Juez ordene lo conveniente para la averiguación del domicilio del que haya de ser notificado, citado o emplazado, será el Secretario Judicial quien se dirigirá a la Policía Judicial, Registros Oficiales, colegios profesionales, entidad o empresa en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación (art. 178) (lo mismo en el supuesto de que sea el testigo el que no tuviere domicilio conocido o se ignorase su paradero art. 432-). • Se atribuye al Secretario Judicial el señalamiento de las sesiones del juicio oral (art. 658) y del juicio de faltas (art. 965).

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del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir (art. 141 y 142).


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Novas da Xustiza • Se establece expresamente que el Secretario Judicial pondrá en conocimiento de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito y, en su caso de los testigos, todas aquellas resoluciones relativas al penado que puedan afectar a su seguridad (art. 990). Por último, hacer mención al Proyecto de LO 621/000018 complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la LO 6/1085, de 1 de julio, del Poder Judicial, Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado 18.a/2009, de 6 de julio de 2009. Hay que resaltar las siguientes modificaciones y/o adiciones con las cuales se trata de hacer más ágil la Justicia y de especializar realmente a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: - Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto (art. 82 de la LOPJ). - Los que obtuvieran plaza por concurso o ascenso en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en Juzgados de lo Penal especializados en violencia de género o en Secciones penales y civiles especializadas en violencia de género deberán participar, antes de tomar posesión de su nuevo destino, en las actividades de especialización en materia de violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial (art. 329 LOPJ). Sería interesante aprovechar la reforma legislativa para incluir, y de modo expreso, la toma en consideración de la especialización en violencia de género, mediante el cómputo de los años en que se haya venido prestando servicios en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, como preferencia en el concurso para el acceso a Secciones de las Audiencias Provinciales especializadas en materia de violencia de género. - Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, las vistas se podrán desarrollar sin la intervención del Secretario Judicial, en los términos previstos en la ley (art. 453). - La interposición de recursos en el orden jurisdiccional civil precisa de la constitución de un depósito (Disposición Adicional decimoquinta). En el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular. El depósito no será exigible a quienes tengan reconocida

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la condición de beneficiario de asistencia jurídica gratuita; quedando también exento de su constitución el Ministerio Fiscal. En caso de estimación total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del depósito, una vez firme la resolución. Si se inadimitiere el recurso o la demanda, o se confirmase la resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito; destinándose específicamente dicho depósito a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita, y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia. El Ministerio de Justicia transferirá anualmente a cada CCAA con competencias asumidas en materia de Justicia, para los fines anteriormente indicados, el 40% de lo ingresado en su territorio por este concepto, y destinará un 20 % de la cuantía global para la financiación del ente instrumental participado por el Ministerio de Justicia, las CCAA y el CGPJ, encargado de elaborar una plataforma informá-


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tica que asegure la conectividad entre todos los Juzgados y Tribunales de España. La cuantía del depósito para recurrir podrá ser actualizada y revisada anualmente mediante Real Decreto (disp. adic.15 LOPJ)

Texto definitivo dos proxectos de Ley aprobados polo Congreso dos Deputados Publicados o 28/10/2009 no Boletín Oficial do Congreso

A-17-23 Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implanta-

A-28-5 Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Aprobación definitiva por el Congreso.

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ción de la Nueva Oficina Judicial. Aprobación definitiva por el Congreso.


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En una semana, el Ministerio de Justicia se ha visto obligado a presentar una propuesta de acuerdo para modificar el Reglamento de Ingreso y el Reglamento de Secretarios

20.000 FIRMAS Y LA PRESIÓN SINDICAL OBLIGAN AL MINISTERIO DE JUSTICIA A RESTAURAR LOS DERECHOS VULNERADOS POR LA REFORMA DE LA LOPJ El Ministerio de Justicia se ha visto obligado a presentar una propuesta de acuerdo, que se suscribirá mañana, 28 de octubre, en el que, tras el compromiso adquirido por el Ministro de Justicia con CCOO, UGT y STAJ, se reformará en un plazo urgente el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional (Real Decreto 1451/2005) y el Reglamento de Secretarios Judiciales, para impedir las consecuencias de extrema gravedad contra los derechos de los trabajadores, que ha provocado con la reforma del artículo 521 de la LOPJ, realizada a espaldas de los trabajadores y de los sindicatos. La modificación por vía reglamentaria es la única manera urgente de solucionar en un plazo inmediato la pérdida de derechos de los trabajadores, e impedir los efectos perversos de la aplicación del nuevo artículo 521 de la LOPJ. Hemos exigido al Ministerio que se comprometa a la reforma urgente de los Reglamentos citados, de tal manera que en el plazo de unas semanas esté publicado en el BOE, a lo que se ha comprometido, sin perjuicio de que el Ministerio lo aplicará en su ámbito desde su firma. De ahí la importancia de que se suscriba por las partes de forma inmediata. El texto propuesto, cuya copia os adjuntamos, incluye esencialmente la reposición de los derechos conculcados con la reforma del artículo 521, es decir:

1.- La modificación del Reglamento es de aplicación en todo el Estado, igual que la LOPJ, y, por tanto obliga a las CCAA con competencias, quiénes ya habían mostrado su satisfacción con la modificación del artículo 521. 2.- La modificación del Reglamento es la vía más rápida en su tramitación para que el inicio de la negociación de las RPT contenga estas garantías 3.- Las RPT de las UPAD’s vuelven a diferenciarse por órganos colegiados y órganos unipersonales del mismo orden jurisdiccional. 4.- En las RPT se deberán definir las funciones a desempeñar por cada Cuerpo, para todos los centros de destino, sean UPADs ó Servicios Comunes, según lo establecido en los artículos 476, 477 y 478 de la LOPJ. 5.- Se impide, en las UPAD’s, la movilidad funcional, ordenada por el jefe de la unidad, fuera del orden jurisdiccional de destino. 6.- Además de lo anterior, se recoge expresamente el derecho a optar en los concursos de traslado a los puestos de trabajo así diferenciados por órdenes jurisdiccionales, posibilidad que no recogía el anterior 521 de la LOPJ. 7.- En iguales términos, se modifica el Reglamento de Secretarios Judiciales también afectados por la modificación del artículo 521, lo que vuelve a demostrar que la representación de los Secretarios Judiciales la ostentan legalmente los sindicatos. Hemos demandado que en los Servicios Comunes Procesales se produzca, como en las UPAD’s, la diferenciación por secciones o equipos y los trabajadores puedan optar en los concursos de traslado a secciones diferentes dentro del mismo Servicio Común. El Ministerio de Justicia ha contestado que la reforma del artículo 521 no ha afectado a los Servicios Comunes Procesales y que las CCAA tienen plena capacidad para su diseño, si bien el Ministerio se ha comprometido aceptar nuestra propuesta en su ámbito de gestión. Asimismo, hemos demandado al Ministerio de Justicia que, sin perjuicio de este Acuerdo, se reforme el artículo 521 de la LOPJ y vuelva a su redacción original. Madrid, 27 de octubre de 2009

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