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Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

(De 10.ª de 28 de septiembre a 30 de noviembre de 2007)

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

(Registro Civil)

Año LXII Suplemento 1 al núm. 2074 De 1 de diciembre de 2008

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE JUSTICIA


BOLETÍN DE INFORMACIÓN

resoluciones de la dirección general de los registros y del notariado (De 10.ª de 28 de septiembre a 30 de noviembre de 2007)


ISSN: 0211-4267 Depósito Legal: M. 883-1958 NIPO: 051-08-001-8

Edita: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones San Bernardo, 62 - 28015 Madrid Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado


índice general Páginas

resoluciones de la dirección general de los registros y del notariado

Registro Civil (año 2007) ........................................................................

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resoluciones de la dirección general de los registros y del notariado

registro civil Resolución (10.ª) de 28 de septiembre de 2007, sobre inversión de apellidos. 1.º  La regla general es la de que la inversión de los apellidos de los nacidos requiere que esta opción sea ejercitada por los padres, de común acuerdo, «antes de la inscripción». 2.º  Por excepción, y con carácter transitorio, se prevé que si en el momento de entrar en vigor la Ley 40/1999 los padres tuvieren hijos menores de edad de un mismo vínculo podrán, de común acuerdo, decidir la anteposición del apellido materno para todos los hermanos. En el expediente sobre inversión de apellidos remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de G. (T.).

primero F. y después P. Adjunta como documentación: Partidas de nacimiento de las menores, certificado de vecindad y certificado del ayuntamiento donde se manifiesta que se conoce a las menores con los apellidos de F. P. Se notifica al padre de las menores que manifiesta que está de acuerdo con lo solicitado por su exmujer y no tiene nada que oponer. 2.  El Ministerio Fiscal muestra su oposición con la inversión en el orden de los apellidos, ya que esta facultad se concede antes de la inscripción marginal o bien cuando los hijos lleguen a la mayoría de edad. La Juez Encargada del Registro Civil dicta auto con fecha 6 de septiembre de 2006 mediante el cual no autoriza la inversión de apellidos pretendida.

HECHOS

3.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inversión de los apellidos para sus hijos.

1.  Mediante comparecencia en el Registro Civil de G. el 26 de junio de 2006, doña A., nacida en M. el 25 de febrero de 1971 manifiesta que solicita la inversión de los apellidos de sus hijos H. P. F. y H. P. F., de modo que figure

4.  Notificado el Ministerio Fiscal del recurso presentado, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 109 Código civil (Cc); 55 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC); 194, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las disposiciones transitorias únicas de la Ley 40/1999 de 5 de noviembre y del Real Decreto 193/2000, de 11 de febrero, y las Resoluciones de 17-1.ª de octubre de 2002; 1-1.ª de abril y 17-3.ª de octubre de 2003; 20-4.ª de enero, 10-1.ª de febrero, 6-2.ª de abril y 21-3.ª de mayo de 2004; 8-3.ª de julio y 19-5.ª de diciembre de 2005; 4-4.ª de septiembre de 2006; y 31-2.ª de enero de 2007. II.  La opción de los padres para atribuir a su hijo, como primer apellido, el primero materno y, como segundo, el primero paterno ha de ejercitarse «antes de la inscripción» (cfr. art. 109 Cc, redactado por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre). Si no se ejercita en su momento esa opción, ha de inscribirse al nacido con el primer apellido paterno y con el segundo apellido materno (cfr. arts. 109 Cc, 53 y 55 LRC y 194 RRC). III.  Ahora bien, la reforma legal introducida por la citada Ley 40/1999 previó la situación de aquellas padres cuyos hijos hubieran nacido antes de su entrada en vigor, y a fin de permitir la aplicación retroactiva de las nuevas normas a tales supuestos estableció en su Disposición Transitoria única que «si en el momento de entrar en vigor esta Ley los padres tuvieran hijos menores de edad de un mismo vínculo podrán, de común acuerdo, decidir la anteposición del apellido materno para todos los hermanos», disposición reiterada en el Real Decreto 193/2000, de 11 de febrero. IV.  Esta circunstancia de nacimiento anterior a la entrada en vigor de la reforma legal concurre en el caso del mayor de los dos hijos, ambos de doble vínculo, nacido en 1999, ya que el comienzo de la vigencia de la Ley 40/1999 se produjo el 6 de febrero de 2000 (vid. Disposición final única), por lo que respecto del mis-

mo no cabe duda de que procede estimar la pretensión deducida. No sucede lo mismo en el caso de la otra hermana nacida en marzo de 2000. Pero no por ello la solución al caso puede ser distinta, ya que la disposición transitoria trascrita responde al principio general de nuestro Derecho de la homopatronímia entre hermanos de doble vínculo, y por ello especifica que la anteposición del apellido materno lo será para todos los hermanos, y no sólo para los nacidos antes de la entrada en vigor de la norma. No cabe interpretar que en estos casos de hermanos nacidos unos antes de la reforma y otros después de ella, el citado principio de mantener unos mismos apellidos para todos los hermanos de doble vínculo pueda dejarse al arbitrio de los padres, permitiéndoles o no formular la solicitud de anteposición del apellido materno para los nacidos después, pues ello sería claramente contradictorio con los criterios postulados por la propia reforma que, expresamente, en la nueva redacción dada al artículo 55 de la Ley del Registro Civil estableció que el orden de los apellidos establecidos para la primera inscripción de nacimiento (cualquiera sea el orden de los apellidos paterno y materno adoptada, esto es, tanto si se he hecho la opción prevista en dicho precepto como si no) «determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado respecto de la inversión de apellidos de los menores, que serán en lo sucesivo «F. P.» en lugar de «P. F.».

RESOLUCIÓN (1.ª) de 1 de octubre de 2007, sobre cambio de nombre propio y apellidos. Los órganos españoles carecen de competencia para aprobar el expediente de cambio del nombre propio de ciudadanos extranjeros y, para sustituir el nom-

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bre inscrito por el correspondiente extranjero es necesario acreditar oficialmente que el nombre solicitado es el que corresponde por aplicación de la ley personal. En las actuaciones sobre cambio de nombre y apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la interesada contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de T.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 11 de abril de 2006 doña M. expone que en el Registro Civil de T. consta inscrito el nacimiento de su hijo A., nacido el 26 de septiembre de 2005, que al presentarse en el Consulado de Marruecos le informa que no pueden darle pasaporte marroquí al niño porque no es correcto el apellido que consta en la inscripción de nacimiento, ya que al hijo de padre desconocido se le debe elegir un nombre propio, un nombre de padre que comience por el prefijo «abd», en ese mismo acto aporta el certificado consular en el que la madre ha elegido como nombre ficticio del padre el de A. y como apellido ficticio del padre el de Talbi., en lugar del apellido de la madre con el que actualmente estaba inscrito, por ello solicita se acuerde la adecuación del apellido del menor a la ley personal marroquí. Adjunta como documentación: Certificado de empadronamiento, certificado de nacimiento del menor y certificado expedido por el Consulado de Marruecos. 2.  El Ministerio Fiscal informa en sentido desfavorable la petición de la interesada. La Juez Encargada del Registro Civil dicta auto con fecha 11 de mayo de 2006 mediante el cual dispone no aprobar la adecuación a la ley personal solicitada, ya que no está justificada, mediante la prueba aportada la adecuación pretendida en el escrito inicial, por cuanto del certificado del Consulado de Marruecos aportado, se desprende que al hijo de padre desconocido se le debe

elegir un nombre propio que comience por «abd» y que igualmente debe reseñarse como nombre del padre otro que también comience por «abd», y los apellidos que le son propios, sin que a la vista de la referida justificación quede acreditada la necesidad de modificar o incluir el apellido que se propone. 3.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el cambio de nombre y apellidos para adecuarlo a la ley marroquí. 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en su anterior informe, interesando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. 5.  Mediante escrito de fecha 2 de abril de 2007 la Dirección General de los Registros y del Notariado requiere al Registro Civil de T., la remisión del cuestionario para la declaración del nacimiento correspondiente al menor A. 6.  La Juez Encargada del Registro Civil de T. remite dicho cuestionario a la Dirección General de los Registros y del Notariado informando que en la inscripción de nacimiento del menor figura inscripción marginal de reconocimiento de filiación no matrimonial de fecha 16 de mayo de 2007 por parte de M. K., pasando el menor a llamarse en lo sucesivo A. K.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 9 del Código civil (Cc); 54 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192 y 193 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 7-4.ª de diciembre de 2001 y 142.ª de enero de 2005. II.  Se trata de un menor nacido en septiembre de 2005 en España de madre

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marroquí y padre desconocido que fue inscrito en el Registro Civil del lugar de nacimiento, T., con el nombre «A.» y el apellido «E.» y se pretende por la promotora, madre del inscrito, que sea cambiado dicho nombre por el de «Abderrahim.» y el apellido por el de «Talbi.», para adecuarlo a la ley personal del nacido. Argumenta que con el nombre que figura en el Registro español le deniegan la inscripción en el marroquí porque conforme a la legislación de Marruecos a los hijos de padre desconocido se le ha de atribuir un nombre que comience por el prefijo «Abd» y consignarle los apellidos que le sean propios. Aporta para acreditarlo un certificado del Consulado de Marruecos en B. en el que así se hace constar. El Ministerio Fiscal emite informe desfavorable y la Juez Encargada deniega la solicitud mediante el auto impugnado. III.  Respecto del nombre, se impuso en este caso al nacido el propuesto por la madre, que fue «A.», con dicho nombre fue inscrito su hijo. Así consta en el cuestionario para la declaración de nacimiento formulada por la propia madre. El hecho de que con ese nombre el Registro marroquí no practique la inscripción de nacimiento del hijo por impedirlo la legislación local aplicable no es causa para que deba ser modificada la inscripción efectuada en el Registro español y, sobre todo hay que tener presente que la autoridad española no tiene competencia para cambiar el nombre de un extranjero. Respecto de los apellidos, en certificación de nacimiento del hijo, aportada recientemente al expediente, consta inscripción marginal de reconocimiento paterno, habiendo pasado a ser el apellido del inscrito el de «K.», con lo que, reducida la cuestión sólo al cambio de nombre del menor, ha de estarse a lo que acaba e indicarse respecto de dicho cambio y de la falta de competencia de las autoridades españolas para cambiar el nombre de un ciudadano extranjero. IV.  En efecto, el nombre propio de un extranjero se rige por su ley nacional. Por esto los órganos españoles carecen de

competencia para aprobar el cambio de nombre de súbditos extranjeros. Hay que recordar que el Convenio n.º 4 de la Comisión Internacional del Estado Civil, relativo al cambio de nombres y apellidos, hecho en Estambul en 4 de septiembre de 1958 (al que España se adhirió el 20 de junio de 1976) establece en su artículo 2.º la incompetencia de las autoridades españolas para cambiar los apellidos de las personas que sean nacionales de otros Estados contratantes, al disponer que «Cada Estado contratante se obliga a no conceder cambios de apellidos o de nombres a los súbditos de otro Estado contratante, salvo en el caso de que fueren igualmente súbditos suyos». Si se trata de sujetos nacionales de Estados no partes, como es el caso de Marruecos, no hay norma que regule de forma explícita la competencia de los órganos registrales españoles. Surge una laguna legal. Para integrar la laguna legal, algunos autores han propuesto recurrir a otro criterio, basado en el argumentum a foriori, razonando que si los órganos registrales gozan de competencia para la inscripción de nombres y apellidos extranjeros (art.15 LRC), con mayor razón debe admitirse también su competencia para cambiarlos cuando ello proceda según la Ley nacional del sujeto (art.1 Convenio de Munich 5 septiembre 1980 sobre la Ley aplicable a los nombres y apellidos). Los efectos que dicho cambio de nombre pueda tener en otros países es cuestión diferente. Distinta es, sin embargo, la posición asumida por esta Dirección General, al estimar que los órganos registrales españoles no pueden cambiar los nombres y apellidos de los extranjeros, incluso en caso de que se trate de nacionales de Estados no partes en el Convenio de Estambul. El fundamento subyacente en esta doctrina radica en la idea de que la Ley aplicable incluye la cuestión de la autoridad competente (en el caso español, autoridad competente es el Ministerio de Justicia o el Encargado del Registro Civil español, según los casos). Dicho en otros términos, no cabe desvincular en esta materia el tema de la ley aplicable y de la

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autoridad competente con arreglo a la máxima auctor regitactum. V.  Por otra parte, es cierto que, sin necesidad de expediente (cfr. arts. 23 LRC y 296 RRC) puede hacerse constar en el Registro el nombre propio que corresponda a un extranjero por aplicación de su ley personal, siempre que por documentos oficiales se justifique tanto esta nacionalidad como que, en efecto, el nombre solicitado es el que corresponde por aplicación de la ley nacional. Ahora bien, en el caso presente no se ha aportado la certificación de las autoridades marroquíes, certificación que en este caso no se ha incorporado a las actuaciones. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (2.ª) de 1 de octubre de 2007, sobre cambio de nombre propio. Procede su estimación porque la justa causa se considera concurrente si el cambio obedece a una adopción. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil Central.

2.  Mediante Providencia de fecha 6 de mayo de 2003 el Juez Encargado del Registro Civil Central requiere a los interesados para que aporten sentencia de adopción apostillada con su traducción y cumplimenten la hoja de datos biológicos de nacimiento. Notificados los interesados éstos adjuntan los documentos solicitados. El Registro Civil Central practica la inscripción de nacimiento correspondiente a S. y se les comunica a los interesados. 3.  Con fecha 8 de enero de 2004 comparece la interesada en el Registro Civil de V. recurriendo la inscripción de nacimiento y solicitando que se haga constar con el nombre de P. y no S. como erróneamente consta y que solicita no conste en la inscripción los datos de la madre biológica sino que en la inscripción principal consten los datos de los padres adoptivos. Acompañan certificación de nacimiento del menor S. con nota marginal de adopción donde se hace constar que el nombre y apellidos del inscrito será S. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste estima que no procede lo solicitado al no existir error alguno. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO HECHOS 1.  Mediante comparecencia en el Registro Civil de V., el 19 de diciembre de 2002, don J. y doña M., solicitaban al Registro Civil Central que su hijo adoptivo ostente el nombre de P. y los apellidos M. i F. Acompañaban los siguientes documentos: Certificados de nacimiento y matrimonio de los interesados, certificados de nacimiento y adopción del menor, certificado de capacidad y empadronamiento de los interesados y declaración de datos para la inscripción con el nombre de P.

I.  Vistos los artículos 23, 54 y 60 de la Ley del Registro Civil; 85, 201, 206 y 365 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 15 de febrero de 1999, sobre constancia registral de la adopción y las Resoluciones, entre otras, de 20-1.ª de marzo y 20-1.ª de abril de 1996; 178.ª de febrero y 1-1.ª de marzo de 1997; 25-4.ª de noviembre de 2005; y 14-6.ª de junio de 2006. II.  Por comparecencia de 19 de diciembre de 2002 ante el Juez Encargado del Registro Civil de V., los interesados solicitaron la inscripción de su hijo adop-

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tivo en el Registro Civil Central proponiendo como nombre «P. S.», pero en la inscripción se hizo constar el de «S.». El 8 de enero de 2004 comparecieron de nuevo los interesados ante el Registro Civil de V. y solicitaron que en la referida inscripción se hiciese constar el nombre de «P. S.» que habían solicitado y que en la inscripción principal de nacimiento se suprimiesen los datos de la madre biológica. Son dos, pues, las cuestiones que se plantean: Una, la relativa al nombre impuesto al hijo y, otra, la que se refiere a la omisión en la inscripción principal del nombre de la madre biológica. III.  Respecto de esta segunda petición hay que tener en cuenta que los interesados en su comparecencia inicial de 19 de diciembre de 2002, por la que se inició el expediente, habían limitado su solicitud al nombre de su hijo, por lo que el expediente debe resolver sólo sobre esta cuestión. La otra petición, ha de considerarse extemporánea, puesto que se planteó en comparecencia posterior, de 8 de enero de 2004, después de que se hubiese practicado la inscripción y, además, debe resolverse mediante solicitud distinta de los interesados para que, en el folio que entonces corresponda, se extienda nueva inscripción de nacimiento en la que se hagan constar solamente, además de los datos del nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de los padres adoptivos y la oportuna referencia al matrimonio de éstos (cfr. art. 16.3.º LRC –en la redacción dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre– e Instrucciones de este Centro Directivo de de 15 de febrero de 1999 y de 1 de julio de 2004). IV.  Respecto de la primera cuestión, hay que tener presente que cuando se inscribe en el Registro Civil español el nacimiento de quien ha adquirido la nacionalidad española, debe consignarse en el asiento el nombre propio que esta persona tuviera atribuido según su anterior ley personal, a no ser que se pruebe que usa de hecho un nombre propio distinto (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 213 RRC).

En este caso, el nombre «S.» con que se ha inscrito al hijo de los recurrentes por el Registro Central, es el que correspondía a la vista de la certificación extranjera de su nacimiento y de los demás documentos relativos a su adopción, por lo que debe considerarse correcta la calificación efectuada por el Registro Central. No obstante, en estos supuestos de adopciones conviene tener en cuenta el interés del menor y examinar si el cambio de nombre inicial por el propuesto por los padres adoptantes no favorecerá dicho interés. La respuesta debe ser afirmativa y, como ya tiene manifestado esta Dirección General (vid. Res. 14 de junio de 2006, 6.ª), tratándose de un supuesto de adopción, puede admitirse en interés de la menor el cambio propuesto, sin por ello forzar la interpretación de la norma reglamentaria contenida en el citado artículo 213 del Reglamento del Registro Civil, que da preferencia, respecto del extranjero que adquiere la nacionalidad española, el nombre que el mismo viniera usando. Por lo demás, los padres tienen amplia libertad para elegir nombre para sus hijos, salvo que el designado esté afectado por alguna prohibición legal (cfr. art. 54 LRC) y, finalmente, la adopción constituye una evidente justa causa para el cambio de nombre, en cuanto contribuye a la ruptura con la familia anterior y a la mejor integración del hijo adoptivo en su nueva familia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso 2.º  Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el cambio del nombre inscrito «S.» por «P. –S. », no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.

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RESOLUCIÓN (3.ª) de 1 de octubre de 2007, sobre autorización de matrimonio civil. Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M., don K., nacido el 1 de septiembre de 1984 en Marruecos, de nacionalidad marroquí y residente en Marruecos, y doña Y., nacida el 28 de febrero de 1986, de nacionalidad española, domiciliada en M., iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de residencia y certificado de estado civil del interesado y certificado de nacimiento, certificado de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan su pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado por los interesados no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que conoció a su novio el 21 de septiembre de 2004 en el barrio donde viven sus abuelos y su novio, que son vecinos, que han hecho una fiesta de compromiso en noviembre de 2004, que su novio tiene siete hermanos, que ella vive con su madre y su hermana, que sus padres están separados, que no tiene relación con su padre, que su novio trabaja de camarero en el Club Marítimo y ella no trabaja,

que su novio la ayuda económicamente, que se ven a diario, que el último regalo que el novio le hizo a ella fue un traje y ella le regaló un reloj. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que conoció a su novia hace un año y siete meses en casa de su abuelo, que su novia es vecina, que han hecho fiesta de compromiso el 21 de septiembre de 2004, que él vive con sus padres, que tiene siete hermanos, que los padres de su novia están divorciados, que ella no tiene relación con su padre, que tiene una hermana que vive con ella, que él ayuda económicamente a su novia, que el último regalo que le hizo a su novia fue ropa y ella le regaló un reloj. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la celebración del matrimonio dada cuenta del informe emitido por la Policía donde se acredita que el interesado está pendiente de expulsión por su situación irregular en España. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 3 de agosto de 2006 no autorizando la celebración del matrimonio, porque los hechos comprobados son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, la existencia de simulación, ya que la única finalidad pretendida con la solicitud de matrimonio es impedir la expulsión del contrayente, máxime cuando está pendiente de una orden de expulsión. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio, alegando que se encuentra embarazada de su novio aportando certificado médico. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación de la resolución recurrida. La Juez Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 238, 245, 246, 247, del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones de 302.ª de junio; 3-4.ª de julio; 8-1.ª y 23-1.ª de septiembre; y 2-1.ª, 8-3.ª, 9-3.ª, 16-3.ª y 24-1.ª y 3.ª de octubre de 2003; y 285.ª y 29-2.ª de enero, 16-3.ª de febrero, 4-2.ª de marzo y 17-1.ª de septiembre y 1-5.ª de diciembre de 2004. II.  Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil es trámite esencial la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido por el Secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC e Instrucción de 9 de enero de 1995, regla 3.ª). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos-especialmente en los matrimonios entre español y extranjero-en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia del matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulten para el extranjero. Si, a través de

este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual se trata de autorizar un matrimonio entre una española, marroquí de origen, y un español y los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. A todo ello se añade un certificado médico que acredita que ella estaba embarazada en octubre de 2006 de 36 semanas. Sin que sea determinante, en otro sentido, la circunstancia de que el compareciente se encuentre en situación ilegal en territorio español, pesando sobre él una orden de expulsión. VI.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matri-

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monio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y revocar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 1 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. No hay justa causa para cambiar «Debora» por «Deborah». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2006, don y doña M, exponen que al practicarse la inscripción de nacimiento de su hija D., se hizo constar como nombre propio el mismo de D., que dicho nombre está en discordancia con el que viene usando que es el de D., por el que se la conoce habitualmente, por ello solicitan el cambio de nombre. Adjuntan la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, y diversa documentación donde aparece el nombre de D. 2.  Ratificados los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El

Juez Encargado del Registro Civil dicta auto con fecha 19 de septiembre de 2006 mediante el cual deniega el cambio de nombre solicitado ya que falta uno de los requisitos legales para el cambio, cual es la justa causa a que alude el artículo 60 de la ley de Registro Civil, dado que la modificación pretendida, por su escasa entidad, debe ser estimada objetivamente como mínima e intrascendente. 3.  Notificados los interesados, éstos interpone recurso volviendo a solicitar el cambio de nombre. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal éste impugna el recurso interpuesto interesando la confirmación del auto apelado. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 7-1.ª de julio de 2000; 28-2.ª de febrero de 2001; 252.ª de enero de 2002; 10-2.ª de abril; 17-3.ª de mayo; 17-3.ª de septiembre; y 16-1.ª de octubre de 2003 y 22-2.ª de abril de 2004. II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como mínima o intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida, personal y familiar-

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mente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito. III.  Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado el cambio de «D.» a «D.», porque, de un lado, la modificación es evidentemente mínima al suponer sólo el añadido de una hache, muda en las lenguas españolas, al nombre oficial correcto y, de otro, «D.» es la grafía correcta en castellano. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 1 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. No puede autorizarlo el Encargado si no hay habitualidad en el uso del nombre pedido, pero lo concede la Dirección General por economía procesal y por delegación. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M. el 11 de marzo de 2005, don J. expone que en el Registro Civil de M. se practicó la inscripción de nacimiento de su hija L.–M., nacida el 12 de noviembre de 2003, que siempre se ha sido conocida con el nombre de G., por lo que solicita el cambio de nombre. Adjunta la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio de los padres de la menor, volante de empadronamiento y diversa documentación donde aparece el nombre de G.

2.  Ratificada la interesada, comparecen dos testigos que manifiestan que conocen a la menor y siempre la han conocido con el nombre de G. El Ministerio Fiscal no se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dicta auto con fecha 16 de noviembre de 2006 mediante el cual dispone que en el presente caso lo que se pretende es el cambio de nombre impuesto a una niña adoptada por sus padres, sin que exista habitualidad en el uso del nombre de G., compete con carácter exclusivo al Ministerio de Justicia la resolución del expediente. 3.  Notificado el interesado, éste interpone recurso alegando que ha probado documentalmente la habitualidad en el uso del nombre de G. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal éste informa que no se ha denegado el cambio sino que se ha estimado que la resolución recaiga en la Dirección General de los Registros y del Notariado, que no obstante se puede admitir que aún cuando pueda considerarse que no se ha acreditado suficientemente la habitualidad del nombre, tratándose de una adopción puede admitirse en interés general del menor, por ello procede admitir el recurso y en consecuencia la estimación de la competencia del Registro Civil de M. para resolver, pero como el suplico del recurso es la estimación del fondo y ello no se ha denegado, procede la desestimación del mismo. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 1-2.ª, 16-1.ª y 26-1.ª de abril, 9-1.ª y 29-1.ª y 2.ª de mayo, y 3-3.ª y 7-4.ª de junio y 20-1.ª de octubre de 2003 y 6-2.ª-3.ª-4.ª de febrero, 2-3.ª de marzo, 24-2.ª de mayo y 17-3.ª y 24-2.ª de septiembre de 2004.

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II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado.

de 7 de febrero), el cambio del nombre inscrito «L.-M.» por «G.», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.

III.  En el caso presente las pruebas presentadas no llegan a justificar la habitualidad en el uso del nombre pretendido, de modo que la competencia para aprobar el expediente excede de la atribuida al Encargado y corresponde por el contrario a la competencia general del Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (Orden JUS. 345/2005 de 7 de febrero), a esta Dirección General.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

IV.  Conviene en todo caso examinar la cuestión acerca de si el cambio intentado pudiera ser acogido por esta otra vía. Se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio ante el Registro Civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC) y razones de economía procesal aconsejan ese examen (cfr. art. 384 RRC), ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico. V.  La cuestión apuntada merece una respuesta afirmativa. El cambio intentado no perjudica a tercero y hay para él una justa causa, con lo que se cumplen los requisitos específicos exigidos para la modificación (cfr. art. 206, III, RRC). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso. 2.º  Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS 345/2005,

RESOLUCIÓN (1.ª) de 2 de octubre de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 12 de junio de 2006, doña M., nacida en Cuba el 30 de agosto de 1976, de nacionalidad cubana, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 7 de septiembre de 2005 en Cuba, según la ley local, con don J., nacido en S. (España), el 13 de agosto de 1969. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada y certificado de nacimiento, certificado de estado civil del interesado. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 29 años, es soltera y se dedica a sus labores, que no tiene hijos, que su mari-

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do tiene 36 años es soltero y trabaja como transportista, que no tiene hijos, que padece hipermetría, que no ha sido operado y no tiene creencias religiosas, que comenzaron a relacionarse por cartas y teléfono hace un año y nueve meses a través de M. una amiga de ella que vive en Z., que su esposo sólo ha ido una vez Cuba. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que es carpintero, que su esposa es ama de casa, que se conocieron en septiembre de 2004 por teléfono a través de un familiar de ella, que personalmente se conocieron cuando él fue a Cuba el 31 de agosto de 2005, que su esposa vive con una amiga de la que no recuerda el nombre, que él es católico al igual que su esposa. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 27 de noviembre de 2006 el Juez Encargado del Registro Civil Consular en H. dicta auto denegando la trascripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que no se trata de un matrimonio de conveniencia, aportando pruebas documentales como fotografías, correos electrónicos, etc. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de no-

viembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 1-1.ª y 2.ª, 10-2.ª, 16-1.ª y 2.ª de diciembre de 2003; y 13-2.ª y 3.ª, 15-1.ª y 4.ª de enero; 3-2.ª y 3.ª, 12-1.ª y 2.ª de febrero; 4-1.ª, 18-1.ª y 29-1.ª de marzo; 2-2.ª y 5-1.ª de abril; 22-1.ª y 2.ª, 24-1.ª, 28-5.ª y 31-3.ª de mayo; y 8-2.ª, 11-2.ª, 14-1.ª y 2.ª y 17-2.ª de junio y 23-3.ª de noviembre de 2004. II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consen-

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timiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de Mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 7 de septiembre de 2005 entre un español y una cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos que permiten deducir que el matrimonio celebrado no lo ha sido con los fines propios de dicha institución: Entran en contacto por vía telefónica y postal en octubre de 2004 y personal y direc-

tamente no se conocen hasta las fechas en que contraen matrimonio, año y nueve meses más tarde. Sobre esta circunstancia es preciso recordar que la resolución, arriba citada, del Consejo de Europa, señala como uno de los factores que permiten presumir la existencia de un matrimonio de complacencia, el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio, que es lo que ha sucedido en el presente caso. Realmente, la relación directa de los contrayentes ha sido muy breve: El tiempo que él permaneció en Cuba al contraer matrimonio fue de unos catorce días. Esta breve relación puede explicar algunas de las respuestas y contradicciones habidas en los respectivos trámites de audiencia, como que ella no conozca los estudios que él tiene, manifestando ella que él no tiene creencias religiosas mientras que él dice que es católico. Bien es cierto que presentan algunas pruebas que acreditan una relación telefónica y epistolar de carácter continuado, pero la breve relación personal que han mantenido, unida a las contradicciones y desconocimiento citado desvelan la simulación existente en el consentimiento matrimonial prestado. Lo que antecede se une a la situación que, según el informe del Consulado, se produce en algunos matrimonios entre ciudadanos cubanos y extranjeros que, consciente o inconscientemente, se sirven de tal institución con fines migratorios. VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguna arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, el cual por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que,

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además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo apelado.

RESOLUCIÓN (2.ª) de octubre de 2007, sobre autorización de matrimonio. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de S., don M. nacido el 26 de marzo de 1963 en R. (España) y doña L., nacida el 2 de septiembre de 1972 Perú, de nacionalidad peruana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento y certificado de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que el matrimonio proyectado no está incurso en prohibición legal alguna. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene cuatro hermanos, que su novio tiene dos hermanos, que ella trabaja de ayudante de cocina, que era farmacéutica, que su novio es artista, que hace poco le dio una embolia y esta de baja, que no

tiene comida favorita ni su novio tampoco, que ella no lo conocía cuando le dio la embolia, que económicamente se ayudan mutuamente, que viven con sus padres, que a ambos les gusta el ordenador, que se conocieron hace dos años por medio de un amigo que los presentó llamado R., que su novio le ha regalado una pulsera y rosas, que ella no tiene familiares en España. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que no sabe la fecha de nacimiento de su novia, que él tiene dos hijos que conviven con su madre, que tiene dos hermanas, que su novia tiene cuatro hermanos, que ella los llama por motes, que él no sabe los motes, que él es artista, que tenía un grupo montado pero se separaron, que cree que su novia se dedica a sus labores o trabaja en el hospital del T., que ella ha estudiado para abogado pero lo ha dejado, que él cobra por una invalidez porque le dio una embolia, que no sabe que ingresos mensuales tiene su novia, que viven juntos con sus padres, que su comida favorita es la tortilla de patatas, huevos fritos y carne y la de su novia el ceviche, que se conocieron hace año y medio en una discoteca a través de su amigo R., que le ha regalado una pulsera de oro y un anillo de compromiso. 3.  El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la celebración del matrimonio. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 23 de octubre de 2006 no autorizando la celebración del matrimonio ya que el contrayente desconoce datos esenciales de la interesada como son fecha de nacimiento, el nombre y residencia de sus padres, nombre de sus hermanos, lo que gana por trabajo, etc. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, la Juez Encargada ordena la remisión del expe-

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diente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 4-2.ª, 11-2.ª, 19-2.ª y 262.ª de noviembre; y 1-1.ª y 2-2.ª de diciembre de 2003 y 21-4.ª de enero, 5-3. ª y 18-1.ª de febrero; 3-2.ª y 3.ª y 4-1.ª de marzo; y 16-1.ª, 20-3.ª y 4.ª de abril; 261.ª, 2.ª y 3.ª de mayo y 15-1.ª y 2.ª de junio y 17-4.ª de noviembre de 2004. II.  En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas

que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir ala prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual, en el que se pretende contraer un matrimonio civil entre un español y una peruana, resultan del trámite de audiencia suficientes hechos objetivos para deducir que la finalidad perseguida con el matrimonio proyectado no es la propia de esta institución. Él desconoce la fecha de nacimiento de ella, nombres y residencia de sus padres, respecto de la madre sólo conoce el nombre y primer apellido, no pudiendo identificar al padre. Tampoco sabe el nombre de los hermanos de ella, pudiendo sólo decir el «mote» de dos de los cuatro que tiene, ignorando también los estudios de su novia, así como, sus ingresos aproximados. Contradiciéndose en lo referente a las comidas favoritas y aficiones que tienen. A todo ello hay que añadir que siendo la audiencia de ella el 20 de junio de 2006, no hace referencia alguna a la nueva casa de alquiler en la que van a vivir, siendo el contrato de alquiler que aportan al expediente de fecha 1de junio de 2006, es decir anterior a la audiencia. De todo ello debemos entender que estamos ante la preparación de un matrimonio de complacencia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

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RESOLUCIÓN (3.ª) de 2 de octubre de 2007, sobre nombre propio. Es admisible el nombre propio de Anabel. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 17 de marzo de 2005 en el Registro Civil de M. se levanta acta de juramento mediante la cual doña A., nacida en Cuba el 17 de julio de 1982 manifiesta que por orden del Ministerio de Justicia de 4 de febrero de 2005 le ha sido notificada la concesión de la nacionalidad española por residencia, que no renuncia a la nacionalidad cubana, que promete fidelidad al Rey y obediencia a las leyes españolas. Adjunta como documentación: Hoja declaratoria de datos, certificado de nacimiento y resolución por la que se le concede la nacionalidad española. 2.  Recibida la documentación en el Registro Civil Central se procede a la inscripción de nacimiento de la interesada con el nombre de A. I. 3.  Notificada la interesada, ésta mediante escrito de fecha 2 de noviembre de 2006 solicita la rectificación de error en su nombre en la inscripción de nacimiento ya que se ha inscrito A. I. y no A. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al cambio de nombre. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192,

205, 206, 209, 217, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC). II.  Para el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de consignarse en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español el nombre propio que figure en la certificación extranjera de nacimiento, que sirva de título para el asiento, a no ser que se pruebe que viene usándose de hecho otro nombre propio (cfr. art. 213, regla 1.ª, RRC). Ahora bien, en todo caso el nombre ha de ser sustituido por otro ajustado si infringe las normas establecidas (cfr. art. 213, regla 2.ª, RRC). III.  En el presente caso la voluntad de la interesada fue la de hacer constar en la inscripción en el Registro Civil el nombre de «Anabel», que no fue admitido. La nueva redacción del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, establecida la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas («BOE» de 16 de marzo de 2007), elimina la prohibición de los nombres diminutivos o variantes familiares que no han alcanzado sustantividad, como sería el nombre que se pretende, por lo que se puede practicar la inscripción con el nombre pretendido, ya que no se considera que se halle afectado por las limitaciones que establece el artículo 54, II, LRC, en su redacción actual. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y revocar la calificación recurrida.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 2 de octubre de 2007, sobre nulidad de matrimonio. Se declara por haber sido contraído existiendo impedimento de ligamen. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de S. (V.).

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mismo. Aporta como documentación: Sentencia de divorcio e inscripción marginal del mismo.

HECHOS 1.  Con fecha 10 de junio de 2005, don M. nacido en V. (España) el 12 de abril de 1940 y doña F., nacida en Guinea Ecuatorial el 19 de marzo de 1972, presentaron impreso de declaración de datos para la celebración de su matrimonio. Aportaban como documentación: Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de separación y certificado de empadronamiento del contrayente, y certificado de nacimiento certificado de estado civil y certificado de empadronamiento de la contrayente. 2.  Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que el matrimonio proyectado entre los interesados no incurre en prohibición legal alguna. El Ministerio Fiscal no se opone a la celebración del matrimonio. El Juez Encargado del Registro Civil de S., mediante auto de fecha 13 de junio de 2005 autoriza la celebración del matrimonio solicitada por los interesados. Se celebra el matrimonio el 16 de septiembre de 2005 siendo inscrito en el Registro Civil de S. 3.  Mediante auto de fecha 22 de septiembre de 2005 el Juez Encargado del Registro Civil de S. acuerda la nulidad del matrimonio celebrado entre los interesados en base a que concurre un impedimento para la celebración del matrimonio cual es el vínculo conyugal del contrayente constando marginalmente tan sólo la separación del mismo que no el divorcio, por todo ello declara nulo el expediente desde el auto de 13 de junio de 2005. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal y a los solicitantes, el interesado, mediante escrito de fecha 28 de abril de 2006 manifiesta que le ha sido notificado la sentencia de divorcio de su anterior esposa, así como su correspondiente inscripción, que solicita la continuación del expediente gubernativo de matrimonio civil señalando fecha para la celebración del

5.  Con fecha 22 de mayo de 2006 se celebra la entrevista en audiencia reservada con la interesada que manifiesta que se conocieron en octubre de 2002, que un primo de ella le dijo que conocía a un hombre que necesitaba una chica de la limpieza, que cuando fue a su casa él le dijo que la quería a ella que no la quería para limpiar, que empezaron a salir, que viven juntos desde hace un año, que ninguno de los dos trabaja, que él tenía mujer y tres hijos, que a éstos los conoce, que ella tiene dos hijos que están en su país con su madre, que él no conoce a sus hijos que sólo conoce a su prima, que ambos son católicos pero no van a misa, que él trabajaba pero se puso enfermo, que viven de la pensión que cobra él. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que se conocieron en 2002 en casa de él, que se la presentó un primo, que viven juntos desde hace dos años, que él estuvo casado, que tiene tres hijos, que ella tuvo un hijo que murió, que cree que tiene más hijos pero no lo sabe, que ella tiene un hermano que conoce que vive en V., que también conoce a su hermana y prima, que él no trabaja, que cobra una pensión, que él tenía un taller que ahora lleva su hijo, que ella no trabaja. 6.  El Ministerio Fiscal se opone a la autorización de matrimonio. El Juez Encargado del Registro Civil de S. dicta auto con fecha 13 de septiembre de 2006 mediante el cual no autoriza la celebración del matrimonio en base a que no existe un verdadero consentimiento matrimonial como evidencian las audiencias reservadas. 7.  Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización del matrimonio. 8.  Notificado el Ministerio Fiscal éste interesa la desestimación del recurso y la confirmación del la resolución recurrida.

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El Juez Encargado del Registro Civil de S. remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 30-2.ª de diciembre de 2005; 23-1.ª de febrero, 27-2.ª de marzo, 5-3.ª y 4.ª de abril, 313.ª de mayo, 27-3.ª y 4.ª de junio, 10-4. ª, 13-1.ª y 20-3.ª de julio, 1-4.ª, 7-3.ª y 9-2.ª de septiembre, 9-1.ª, 3.ª y 5.ª de octubre, 14-2.ª, 5.ª y 6.ª de noviembre y 13-4.ª y 5.ª de diciembre de 2006; 25-1.ª, 3.ª y 4.ª de enero, 2-1.ª , 22-2.ª, 27-3.ª y 28-4.ª de febrero de 2007. II.  En el presente caso, los interesados, solicitaron autorización para contraer matrimonio civil que fue concedida mediante auto de 13 de junio de 2005 dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de S. El matrimonio se celebró el 16 de septiembre de 2005 y fue inscrito en el Registro Civil de dicha localidad. Posteriormente, por auto de 22 de dicho mes se acuerda la nulidad de actuaciones y del expediente desde el auto de 13 de junio de 2005, porque existía impedimento de ligamen, puesto que respecto del interesado subsistía un matrimonio anterior cuando este se contra-

jo, ya que la sentencia de divorcio se dictó en enero de 2006, más de cuatro meses después de que se hubiese celebrado éste que constituye el objeto de las presentes actuaciones. Por el Juez Encargado se retoman las actuaciones habidas antes de la fecha afectada por la nulidad con la celebración de los trámites de audiencia reservada y por separado y, a la vista de éstas, dicta finalmente auto de fecha 13 de septiembre de 2006 denegando la autorización para el matrimonio. III.  En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). IV.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulta para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). V.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

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VI.  En el caso actual, en el que se pretende contraer un matrimonio civil entre un español y una ecuatoguineana, de los respectivos trámites de audiencia practicados a los interesados, resultan determinados hechos objetivos que permiten deducir que la finalidad perseguida con el matrimonio proyectado no es la propia de esta institución. Así, no coinciden en el tiempo que llevan conviviendo; tampoco coinciden respecto de la persona por la cual llegaron a conocerse (un primo/una prima); ella manifiesta que sus hermanos viven en su país y él dice que uno vive en Valencia; desconoce él los hijos que ella tiene; se suma a ello, aunque no sea por sí determinante, la situación de estancia ilegal en España de la interesada. Todo ello lleva a la convicción de que se pretende utilizar el matrimonio con fines impropios del mismo. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado, dejando a salvo la vía judicial ordinaria.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 2 de octubre de 2007, sobre nota marginal de nulidad de matrimonio. No existe previsión legal para que se hagan constar marginalmente en la inscripción de nacimiento las vicisitudes que afecten registralmente al matrimonio, las cuales, han de causar asiento al margen de la inscripción de éste. En las actuaciones sobre nota marginal de referencia de la nulidad de matrimonio, remitidas a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de P.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de P. el 19 de septiembre de 2006, doña M., manifiesta que en su

inscripción de nacimiento por error figura por nota al margen inscripción de matrimonio de la interesada con don P., cuando en realidad debería constar que por auto de fecha 29 de noviembre de 2004 se declaró la nulidad de dicho matrimonio, que el error denunciado se deduce de la confrontación de la certificación literal de la inscripción de nacimiento con la inscripción de matrimonio, por ellos solicita se rectifique dicho error en el sentido de hacer constar la nulidad de su matrimonio con R. Se acompañaba la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio. 2.  El Ministerio Fiscal informa que no procede acceder a la solicitud de la interesada ya que no existe error alguno. La Juez Encargada del Registro Civil mediante auto del 9 de octubre de 2006 deniega lo solicitado a la interesada ya que a través de la prueba documental aportada se evidencia que no existe error alguno, dado que el matrimonio de la inscrita fue anotado marginalmente en la inscripción de nacimiento y la nulidad del matrimonio contraído fue anotada al margen de la inscripción del matrimonio. 3.  Notificada la interesada, ésta, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar dicha inscripción. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 39 de la Ley del Registro Civil (LRC); 155 a 162 del Reglamento del Registro Civil (RRC). II.  En la inscripción de nacimiento de la promotora consta nota marginal de referencia a la inscripción de su matrimonio. En la inscripción de dicho matrimonio existe anotación marginal del auto

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por el que se declaró la eficacia en el orden civil de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia por los correspondientes Tribunales Eclesiásticos, declarando la nulidad del citado matrimonio. La interesada por la vía del expediente de la rectificación de errores, pretende que en su inscripción de nacimiento se haga constar la nulidad declarada del referido matrimonio. Por la Juez Encargada se dictó auto por el denegaba la rectificación. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso. III.  Obviamente para que pueda rectificarse un error del Registro es necesario que quede acreditada su existencia y esto no ha sido probado en el presente caso, puesto que la nota de referencia al matrimonio de la interesada se extendió el mismo día en que, en el libro correspondiente, se practicó la inscripción de dicho matrimonio, el 14 de septiembre de 1993, tres días después de su celebración, y las sentencias eclesiásticas que declaran la nulidad se dictaron, respectivamente, en 2003 y 2004. Por tanto no se cometió error alguno por el Registro que deba ser rectificado. Aparte de ello, la previsión legal relativa a la extensión en la inscripción de nacimiento de una persona de nota marginal relativa a su matrimonio solo se refiere a la inscripción de éste y su finalidad es la de interrelacionar la diferentes inscripciones obrantes en libros distintos del mismo o de diferentes Registros Civiles. Pero no hay previsión legal que permita u obligue a que en la inscripción de nacimiento deban constar las diferentes vicisitudes del matrimonio, las cuales, han de aparecer marginalmente en la inscripción de dicho matrimonio. La nota marginal de matrimonio extendida en la inscripción de nacimiento hay que entenderla como de referencia y remisión a la de dicho matrimonio. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (6.ª) de 2 de octubre de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se retrotraen las actuaciones para que, previas las actuaciones pertinentes, se dicte nuevo auto motivado tomando en consideración el hecho de que el matrimonio no fue contraído por poder. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud de los entablados por el interesado, mediante representante legal, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 6 de enero de 2006, doña G., nacida en Cuba, el 26 de enero de 1962, presentó ante el Consulado de España en H. hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 13 de mayo de 2004 en Cuba con don M., nacido en España el 12 de marzo de 1951. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, DNI, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio correspondiente al contrayente; y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y sentencia de divorcio, correspondiente a la contrayente. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 43 años, es divorciada y trabaja como metodóloga, que tiene una hija de 17 años, que es licenciada en Cultura Física, que su esposo tiene 54 años, es divorciado, que trabaja como hostelero, que ella está divorciada desde el 2000, que se conocieron en 2000 en casa de su padre, que su esposo le traía paquetes a su abuelo de parte de sus familiares de C., que en 2002 se volvieron a encontrar y se relacionaron como amigos, que su

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esposo volvió a Cuba en 2004 y contrajeron matrimonio, que estuvieron en casa de unos amigos una semana, que no se han vuelto a ver por razones económicas, que él le manda dinero mensualmente, que ninguno de los dos tiene creencias religiosas. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que trabaja como comercial de productos de construcción, pero su verdadera profesión es encargado de varios restaurantes y discotecas en F., que su esposa es licencia en Educación Física, que conoció a su esposa en 2000 cuando fue a llevarle unos paquetes para que los padres de ella se los llevaran a sus abuelos, que ha estado tres veces en Cuba, que su esposa es divorciada y tiene una hija, que ambos son católicos. 3.  El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que existiendo una certeza racional de obstáculo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 15 de septiembre de 2006 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4.  Notificada la resolución a los promotores, el interesado, mediante representante legal, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  De la interposición de los recursos se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 29-4.ª de diciembre de 2005; 6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 5-4.ª de septiembre, 16-1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª de octubre, 29-2.ª y 5.ª de diciembre de 2006; 29-2.ª y 26-5.ª de enero y 22-2.ª de febrero de 2007. II.  Se trata de un expediente gubernativo –con regulación especifica en la Ley del Registro Civil y en su Reglamento y subsidiariamente en las normas de la jurisdicción voluntaria (cfr. art. 16 RRC)– que tiene por fin la inscripción en el Registro Civil español de un matrimonio civil contraído lex loci en Cuba el 13 de mayo de 2004 entre un español y una cubana, inscripción que fue denegada por auto del Registro Civil Consular que fue recurrido por el interesado. En el recurso se alega el error de haberse resuelto el expediente sobre la base de un matrimonio contraído por poder, lo que no fue así, e indefensión derivada de la falta de motivación del auto apelado y de la no apertura de fase probatoria. III.  En estos expedientes se pretende combatir el llamado matrimonio de complacencia que es, indudablemente, nulo

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en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. IV.  Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. V.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido

celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. VI.  Lo que sucede en el presente caso es que en la parte dispositiva del auto apelado se hace constar que el matrimonio había sido contraído por poder y en la certificación local del matrimonio consta la presencia física de ambos contrayentes. Esto, unido al contenido de las actas de las audiencias reservadas celebradas con los interesados, ha podido constituir una base errónea sobre la que se ha construido el acuerdo denegatorio, razón por la cual no puede ser mantenido en esta instancia, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento adecuado para que se dicte nuevo auto motivado y ajustado a los hechos realmente producidos. En cuanto a la alegación relativa a las pruebas, debe el interesado tener en cuenta que debió presentarlas con el escrito de incoación del expediente (cfr. art. 348 RRC) y que también pudo acompañarlas con el recurso, por lo que, en este punto, no cabe admitir la indefensión alegada por este motivo. VII.  En cuanto a la indefensión que pueda derivar de la falta de motivación del auto, la Constitución consagra la necesidad de la motivación como una expresión del principio de «interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos» (art. 9.3 de la Constitución). Los actos no motivados se tienen por arbitrarios (cfr. sentencias del Tribunal Supremo de 30 junio de 1982 y 15 de octubre y 29 de noviembre de 1985, entre otras). Es necesario motivar, singularmente los actos que limiten los derechos subjetivos o intereses legítimos cualquiera que sea el procedimiento en el que se dicten (cfr. art. 54.1 de la LRJ-PAC); la motivación de los autos denegatorios es una exigencia

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formal y material de los mismos (cfr. arts 208.2 y 209 3.ª de la LEC). La motivación es una garantía del derecho de defensa mediante el cuál «se puede comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del Ordenamiento Jurídico y no fruto de la arbitrariedad (sentencia del Tribunal Constitucional 165/1993). Para que pueda evitarse la indefensión es preciso que la resolución contengan los extremos básicos que permitan al interesado evaluar cuales han sido los presupuestos en los que la autoridad que ha dictado el acto ha apoyado su decisión. No basta, en consecuencia, la utilización de modelos o fórmulas sacramentales en los que no se exprese la correlación entre hechos concretos y Fundamentos de Derecho para la singular decisión. Como indica la Instrucción de 31 de enero de 2006: «En todo caso, el Encargado del Registro Civil que aplica las presunciones judiciales debe incluir en la resolución, de modo expreso, el razonamiento en virtud del cual dicha Autoridad ha establecido la presunción, evitando la utilización de modelos formularios que, por su generalidad y falta de referencia a las concretas circunstancias particulares del caso concreto, no alcanzan a llenar el requisito imprescindible del de motivación de la resolución (cfr. art. 386 núm. 2 de la LEC)»

En el expediente sobre filiación paterna no matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de L. (S.).

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, revocar el auto apelado y retrotraer las actuaciones para que, previa nueva audiencia a los interesados y aportación de las pruebas pertinentes, se dicte la resolución motivada que proceda.

2.  Ratificado el interesado, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta a ciencia propia y atestiguan ser cierto todo cuanto en el expediente se expone por el solicitante.

RESOLUCIÓN (1.ª) de 3 de octubre de 2007, sobre inscripción de filiación paterna no matrimonial. Prospera el expediente del artículo 49 de la Ley para inscribir la filiación no matrimonial paterna acreditada en el expediente.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2006, don A. nacido en L. (S.) promueve expediente de determinación de filiación extramatrimonial en base a los siguientes hechos: Que el día 9 de mayo de 1950 tuvo lugar su nacimiento siendo inscrito con los apellidos M. J., apellidos de la madre al ser inscrito como hijo natural de la misma, que varios meses después el 1de diciembre de 1950 sus padres A. R. M. y M. M. J. contrajeron matrimonio regulándose la filiación de los hijos, que desde la infancia viene usando como apellidos el primero de su padre y el primero de su madre, que con personas de interés legítimo y habiendo fallecido sus padres son sus hermanas M. y J. R. M., que solicita la determinación de filiación extramatrimonial. Aporta la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio de sus padres, libro de familia, fe de bautismo, certificados de nacimiento de sus padres, certificado de defunción de sus padres y certificado de empadronamiento.

3.  Notificado el Ministerio Fiscal éste se opone a lo solicitado, entendiendo que la acción ejercitada excede de la competencia del Registro Civil debiéndose tramitar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120.3 del Código civil. El Juez Encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 31 de julio de 2006 deniega lo solicitado por el interesado. 4.  Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, vol-

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viendo a solicitar la filiación paterna no matrimonial como hijo de don A. R. C., cuyo segundo apellido quedó modificado quedando inscrito como A. R. P. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interesando la confirmación del auto apelado. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 109 y 120 del Código civil (Cc); 49 y 57 de la Ley del Registro Civil (LRC); 189, 194, 205, 342 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Orden Ministerial de 29 de octubre de 1996; y las Resoluciones de 42.ª de septiembre de 2003 y 3-1.ª de marzo de 2004. II.  En ausencia de reconocimiento formal de la paternidad no matrimonial puede inscribirse ésta en el Registro Civil por medio del expediente registral al que alude el artículo 120-2.º del Código civil y que regulan los artículos 49 de la Ley del Registro Civil y 189 de su Reglamento. Para ello es imprescindible que haya un documento indubitado del padre en que expresamente reconozca su filiación o que exista posesión continua del estado de hijo no matrimonial del padre, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia. Además, para que prospere el expediente ha de notificarse éste personalmente a todos los interesados y que no se oponga a la petición ninguno de éstos ni el Ministerio Fiscal. III.  En el caso presente, en el que existe la conformidad de las personas que resultan interesadas en el expediente, las hermanas del promotor, y en el que no aparece discutida la posesión de estado de hijo no matrimonial, el obstáculo para la estimación del recurso podría estar en la oposición del Ministerio Fiscal, que considera que la filiación ha de determinarse por sentencia firme por exceder la

materia de la competencia del Registro Civil. Pero no se comparte este criterio y, en consecuencia, no puede atribuirse a la oposición del Ministerio Fiscal el efecto de impedir una determinación de filiación no matrimonial suficientemente acreditada. Se basa la oposición del Ministerio Fiscal en el punto 3.º del artículo 120 Cc que, efectivamente, señala a la sentencia firme como uno de los medios de determinación de la filiación no matrimonial, pero ha tenerse en cuenta que no es éste el único medio que establece dicho artículo con tal fin, puesto que precisamente en su ordinal 2.º señala también como medio de determinación la «resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del Registro Civil» y esta resolución es la que ha pretendido el interesado con la incoación del expediente. Por tanto, la materia objeto de este gubernativo no excede de la competencia del Registro Civil, sino que legalmente entra dentro de sus atribuciones competenciales. IV.  Interesa también el promotor el cambio de sus apellidos por los que resulten de su filiación, que son además los que viene usando habitualmente, petición que debe ser autorizada por virtud de lo dispuesto en el artículo 109 Cc y 55.I LRC. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.  Ordenar la inscripción de la filiación paterna no matrimonial del interesado como hijo de don A. R. M. 3.  Cambiar sus apellidos «M. J.» por los de «R. M.», correspondientes a su nueva filiación.

RESOLUCIÓN (2.ª) de 3 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. Se retrotraen las actuaciones para que sean oídos los padres del menor sobre el

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cambio de nombre de su hijo que solicitan los abuelos de aquel, que tienen su guarda y custodia. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de C. (L. C.).

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2006, don S.-V. y doña M., exponen que al practicarse la inscripción de nacimiento de M. se hizo constar como nombre propio el de C., posteriormente mediante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 23 de febrero de 1999, se acordó que el nombre del inscrito fuera M. en vez de C., que dicho nombre está en discordancia con el utilizado habitualmente que es C., como interesados en el expediente están los padres del menor don J. y doña M., actualmente en paradero desconocido. Adjuntan como documentación: Certificado de nacimiento del menor, certificado de bautismo, copia de la sentencia donde se les atribuye la guardia y custodia del menor y diversa documentación donde aparece el nombre de C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil. II.  Pretenden los promotores, abuelos del menor de quien tienen encomendada su guarda y custodia, el cambio del nombre de éste por el de «C.», con el que fue inicialmente inscrito, aún cuando después, a petición de los padres, por resolución de este Centro Directivo de 23 de febrero de 1999, le fue cambiado por el de «M.». Por el Juez Encargado se dictó auto denegando el cambio solicitado, constituyendo dicho auto el objeto del presente recurso. III.  En estos expedientes debe primar el interés del menor y ser resueltos en la forma que dicho interés mejor resulte beneficiado, pero esto no impide que los padres del menor, privados de su guarda y custodia pero no de la patria potestad, hayan de ser oídos sobre el cambio de nombre que se pretende para su hijo, por lo que sin entrar a examinar el fondo del asunto, procede que se retrotraigan las actuaciones para que se intente la audiencia de los padres y, posteriormente, se dicte la resolución que proceda.

2.  Ratificados los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dicta auto con fecha 16 de noviembre de 2006 mediante el cual deniega el cambio de nombre solicitado ya que no se ha acreditado habitualidad y justa causa en el nombre que se pretende imponer.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, dejar sin efecto el auto apelado y retrotraer las actuaciones para que sean oídos los padres del menor y posteriormente se resuelva la pretensión de los promotores.

3.  Notificados los interesados, éstos interpone recurso volviendo a solicitar el cambio de nombre.

RESOLUCIÓN (3.ª) de 3 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio.

4.  Notificado el Ministerio Fiscal éste interesa la desestimación del mismo. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

No hay justa causa para cambiar «Cintia» por «Cynthia». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los

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interesados contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2006, don A. L. y doña R., exponen que al practicarse la inscripción de nacimiento de su hija C. se hizo constar como C., que está en discordancia con el utilizado habitualmente que es C., por lo expuesto solicitan el cambio de nombre. Adjuntan la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, y diversa documentación donde aparece el nombre de C. 2.  Ratificados los interesados. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dicta auto con fecha 28 de septiembre de 2006 mediante el cual deniega el cambio de nombre solicitado ya que se carecen de pruebas que demuestren el uso habitual del nombre propuesto, además falta uno de los requisitos legales para el cambio, cual es la justa causa a que alude el artículo 60 de la Ley de Registro Civil y 206 de su Reglamento. 3.  Notificados los interesados, éstos interpone recurso volviendo a solicitar el cambio de nombre. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal éste impugna el recurso interpuesto interesando la confirmación del auto apelado. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 1-2.ª de julio y 4-6.ª de octubre de 1999; 30-2.ª de julio, 28-2.ª de octubre y 27-1.ª de noviembre de 2003.

II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como mínima o intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida, personal y familiarmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito. III.  Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado el cambio mínimo de «C.» a «C.», porque, de un lado, la modificación es mínima sin producir una alteración fonética del nombre inscrito y, de otro, «C..» es grafía correcta castellana. Así, respecto de este nombre, lo tiene reiterado esta Dirección General en las resoluciones que se han citado en el primero de estos fundamentos de derecho. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 3 de octubre de 2007, sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo. Procede por estar acreditado que las promotoras son hijas de padre español por opción, pero al tiempo ha de extenderse inscripción marginal de pérdida de la nacionalidad española por utilización exclusiva de la marroquí por periodo superior a tres años. En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este

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Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por las interesadas contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de N. (Marruecos).

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de N., doña F. nacida en N. el 17 de octubre de 1963, y doña M., nacida en N. el 16 de julio de 1966, exponen que son hijas de padre español, siendo su nacionalidad originaria la española, pese a constar en su partida de nacimiento que sus padres eran de nacionalidad marroquí por imposición del gobierno marroquí, que igualmente la nacionalidad de sus abuelos paternos era la española, por tal motivo solicitan la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil del Consular. Adjuntan la siguiente documentación: Certificados de nacimiento de las interesadas, libro de familia, certificado de nacimiento de su padre, certificado de matrimonio de sus padres y hoja de declaración de datos. 2.  El Ministerio Fiscal desestima lo solicitado por las interesadas. Con fecha 28 de abril de 2006 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto mediante el cual deniega la inscripción solicitada ya que las solicitantes son marroquíes y no pueden inscribir su nacimiento como nacional españolas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.1.a) del Código civil ya que aunque pueden ser consideradas como españolas de origen al haber nacido de padre español, en base al artículo 24.1 del Código civil han perdido la nacionalidad española por residir habitualmente en Marruecos y adquirir voluntariamente la nacionalidad marroquí y utilizar exclusivamente esta última nacionalidad antes de la emancipación. 3.  Notificadas las interesadas, éstas interponen recurso, mediante representante legal, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a

solicitar la inscripción de nacimiento de las interesadas por ser españolas de origen, acordando la rectificación de la nacionalidad de los padres de las interesadas en su partida de nacimiento, debiendo constar la nacionalidad española de los mismos. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal éste se ratifica en todos los términos expresados en su anterior informe. El Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 11 de la Constitución; 17, en la redacción de la Ley de 15 de julio de 1954 y 24, en la redacción de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, del Código civil (Cc); 15, 27 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66 y 226 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de 24-3.ª de enero de 2002 y 8-6.ª de noviembre de 2006. II.  Han pretendido las interesadas, nacidas en Marruecos en 1963 y 1966, su inscripción de nacimiento ante el Registro Civil Consular, alegando su nacionalidad española de origen por ser hijas de padre español y de abuelos paternos españoles, según consta en la inscripción de nacimiento del padre. Por el Encargado del Registro se dictaron sendos autos de fecha 28 de abril de 2006 denegando la solicitud por estimar que ambas interesadas habían perdido la nacionalidad española por utilización exclusiva de otra nacionalidad por período superior a tres años. Estos autos constituyen el objeto de los recursos presentados, que han sido acumulados en el mismo expediente. III.  No se plantea en este caso cuestión sobre la nacionalidad española de las interesadas al constar que nacieron de padre español (cfr. art. 17.1.º, redacción de la Ley de 15 de julio de 1954), inscrito como tal en el Registro Civil de Melilla. La causa del recurso se centra en la de-

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claración de pérdida de dicha nacionalidad contenida en los autos recurridos, que es el hecho que impide la inscripción de nacimiento de las interesadas en el Registro Civil español. IV.  La posible causa legal de pérdida que habría de considerarse en este caso es la establecida por el artículo 24, que en la redacción dada por la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, dispone que «pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación». V.  Los requisitos exigidos por el artículo 24 del Código civil para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española, esto es, utilización exclusiva de la otra nacionalidad distinta de la española, residencia habitual durante tres años en el extranjero y emancipación, han de concurrir acumulativamente y, en todo caso, la residencia en el extranjero y la utilización exclusiva de la otra nacionalidad durante el periodo temporal fijado deben ser posteriores a la entrada en vigor de la Ley 18/1990. La pérdida, en definitiva, se produce por la utilización exclusiva de la nacionalidad extranjera que realice el interesado cuando, por la emancipación, ya ha alcanzado la necesaria capacidad de obrar y su conducta, acompañada por su residencia en el extranjero durante el plazo de tres años, obedece a su libre voluntad. La pérdida, sin embargo, se evitará cuando la utilización de la nacionalidad extranjera no haya sido exclusiva, sino concurrente con la española, lo que tendrá lugar cuando concurran las circunstancias que, a efectos interpretativos, señaló la Instrucción de 20 de marzo de 1991, de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre nacionalidad, esto es, «tener

documentación española en vigor; haber otorgado como español algún documento público, haber comparecido con este carácter en el consulado y otras conductas semejantes». No consta en el expediente que en algún momento hayan hecho uso las interesadas de la nacionalidad española, siendo exclusivamente marroquí la documentación aportada y la nacionalidad de la que queda constancia, por lo que ha de concluirse que en su momento incurrieron en causa de pérdida de la nacionalidad española, pero esto habida cuenta, como se ha dicho, que nacieron hijas de padre español, no sería obstáculo para la inscripción de sus nacimientos, las cuales deben practicarse con inscripción marginal de la pérdida de la nacionalidad española, conforme a lo establecido por el artículo 66.II del Reglamento del Registro Civil. Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Estimar parcialmente el recurso y revocar el auto apelado. 2.  Ordenar que se inscriban los nacimientos de las interesadas con anotación marginal de pérdida de la nacionalidad española.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 3 de octubre de 2007, sobre inscripción de la filiación fuera de plazo. No es inscribible, por exigencias del principio de veracidad biológica, un reconocimiento de la paternidad no matrimonial, cuando hay datos suficientes por las declaraciones de los interesados para deducir que el reconocimiento no se ajusta a la realidad. En el expediente sobre reconocimiento de filiación paterna no matrimonial, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de C. (Venezuela).

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febrero de 2004; 30-2.ª de noviembre de 2005; y 24-4.ª de enero de 2006.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado de España en C., don I, nacido en Venezuela el 31 de agosto de 1979, hijo de A, nacido en M. y de nacionalidad española y de doña J., nacida en Colombia, promueve expediente gubernativo a fin de que se proceda a su inscripción de nacimiento en el Registro Civil del citado Consulado. Aporta como documentación: Hoja declaratoria de datos, partida de nacimiento en el Registro Civil Venezolano, acta de reconocimiento de paternidad de su supuesto padre don A. R. P-M, acta de nacimiento del supuesto padre, fotocopias de los documentos de identidad de los progenitores y del interesado. De la documentación aportada se deduce que el interesado nació el 31 de agosto de 1979 y fue reconocido por su supuesto padre el 17 de agosto de 2005. 2.  El Juez Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 10 de julio de 2006, deniega la inscripción de nacimiento de don I., por no quedar legal y regularmente determinada la filiación del solicitante respecto a su supuesto progenitor español. 3.  Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de nacimiento en el Registro Civil Consular. 4.  El Juez Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 6, 120 y 124 del Código civil (Cc); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 18-1.ª de abril, 9 de octubre y 11-2.ª de noviembre de 2002; 2-2.ª de

II.  El presente expediente tiene por objeto un reconocimiento de paternidad que formaliza el 17 de agosto de 2005 en Venezuela un ciudadano nacido en España en 1945, de un venezolano nacido en Venezuela en 1979 y éste pretende que se inscriba su nacimiento en el Registro Civil español. III.  En este caso, el reconocimiento se autorizó por acta que causó inscripción en el Registro local y que figura en el expediente. Es cierto que para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un Registro extranjero, «siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española» (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero «sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art. 85, I, RRC) pero estas circunstancias no concurren en el presente caso. IV.  En efecto, el Encargado del Registro Consular tras dar trámite de audiencia a los presuntos padre e hijo llega al convencimiento de que se trata de un reconocimiento de complacencia y deniega la inscripción, mediante auto de 10 de julio de 2006.No hay duda de que la regulación de la filiación en el Código civil se inspira en el principio de la veracidad biológica, de modo que un reconocimiento de la paternidad no matrimonial es nulo de pleno derecho y no podrá ser inscrito cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal reconocimiento no se ajusta a la realidad. Así ocurre en este caso a la vista de las declaraciones

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realizadas en audiencias separadas por el interesado y el presunto padre ante el Encargado del Registro Civil, de las que resultaron como hechos objetivos un escaso conocimiento recíproco y contradicciones referidas sobre todo, a la forma en que se había producido el reencuentro entre ellos tras veinticinco años transcurridos desde el nacimiento del promotor del expediente. Las alegaciones formuladas en el recurso carecen de fuerza suficiente para desvirtuar la resolución impugnada. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (6.ª) de 3 de octubre de 2007, sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento. A la vista de las alegaciones del hijo, persiste un interés particular para inscribir el nacimiento en 1922 de su padre, hoy fallecido. En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de H.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en L., de fecha 11 de abril de 2005, doña A., de nacionalidad peruana solicita la inscripción de nacimiento fuera de plazo de su padre don J., manifestando que su familia española emigró a L. en 1930, en 1933 su padre fue inscrito en el Registro de Matrícula Consular del Consulado de España en L. como español residente, sin embargo al haber nacido su padre en Cuba, es hijo de españoles, fue inscrito en el Registro Civil de C., de

acuerdo con la ley cubana al haber nacido en territorio cubano obtuvo la nacionalidad cubana que jamás fue ejercida por su padre, además no está inscrito en el Consulado de España en Cuba a pesar de ser hijo de español. Adjunta la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de nacionalidad, certificado de nacimiento de su abuelo, copia de la constancia expedida por la Dirección de Migraciones de Perú, copia del archivo general de la nación de Perú, partida de defunción de su padre y certificado de nacimiento de la interesada. 2.  Mediante oficio de fecha 27 de abril de 2006 el Encargado del Registro Civil Consular en H. responde que no procede iniciar expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo de don J. puesto que existe una inscripción de nacimiento cubana, en el caso de que al momento de su nacimiento don J. tuviese originariamente nacionalidad española, la habría perdido en el momento en que se inscribió su nacimiento en el registro civil cubano. 3.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso volviendo a solicitar la inscripción de nacimiento fuera de plazo de su padre en el Consulado de España en H. por ser español de origen. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que se han guardado las prescripciones legales y en consecuencia el auto resulta conforme a Derecho, y se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día. El Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 17 del Código civil (Cc), en su redacción originaria; 15, 16, 24, 26, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 346, 347 y 348 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 24-2.ª de abril de 1998; 19-1.ª de febrero de 1999, 30-2.ª de

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mayo de 2005; 22-2.ª de diciembre de 2006 y 26-4.ª de marzo de 2007.

en la legitimación de los promotores (cfr. art. 348 RRC).

II.  Se pretende por la interesada la inscripción de nacimiento fuera de plazo de su padre, ya fallecido, nacido en Cuba en 1922, hijo de españoles, que fue inscrito en el Registro local cubano. El expediente lo inició la interesada ante el Registro Consular de L. (Perú), donde reside, cuyo Encargado dictó auto el 18 de abril de 2005, acordando que procedía practicar la inscripción solicitada en el Registro Consular de España en H., donde nació, a cuyo efecto remitía el expediente a dicho Registro. Recibido en éste el expediente, se contestó al Registro remitente, el 27 de abril de 2006 que no procedía iniciar expediente de inscripción fuera de plazo, puesto que el padre del promotor ya estaba inscrito en el Registro Civil de Cuba y aunque tuviese originariamente la nacionalidad española la perdió en el momento en que tuvo lugar dicha inscripción en el Registro local. Esta comunicación implicaba la denegación de la tramitación del expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo acordada por el Encargado del Registro Consular de L. Dicha situación era repetición de otra anterior relativa a la misma solicitud que provocó la resolución de este Centro Directivo de 26 de octubre de 2005 (1.ª) en la que se acordaba que fuese íntegramente tramitado el expediente, lo que había sido entonces impedido por el Encargado del Registro Consular de La Habana. En consecuencia, para evitar dilaciones innecesarias (cfr. art. 354 RRC) y por razones de economía procesal procede resolver sobre el fondo de la cuestión planteada.

IV.  Por el contrario cuando, como ocurre en este caso, lo que se pretende es lograr la inscripción de nacimiento de una persona nacida en 1922 y hoy fallecida, la cuestión afecta únicamente al interés privado y es entonces forzoso acreditar, presentando al menos un principio de prueba, tal interés legítimo particular para la incoación del expediente (cfr. arts. 97 LRC y 346 RRC). Este principio de prueba del interés legítimo particular consta en este caso porque la recurrente es peruana y le es de interés, tanto a los efectos de su residencia en España como a los relativos a una eventual recuperación de la nacionalidad española, acreditar la nacionalidad española originaria de su padre cuyo nacimiento se pretende inscribir.

III.  La obligación, que podría alcanzar incluso al Ministerio Fiscal, de promover la inscripción omitida e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse lógicamente limitada a aquellos supuestos en que persista el interés público primordial de lograr la concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. art. 26 LRC): Inter��s superior que permitiría también subsanar defectos

V.  Hay que tener en cuenta en el presente caso que, en la fecha de nacimiento de la persona cuya inscripción se pretende (1922), el artículo 17 Cc, establecía que eran españoles los hijos de padre o madre españoles aunque hubiesen nacido fuera de España. En consecuencia siendo el padre español transmitió iure sanguinis al hijo su nacionalidad, por lo que éste la adquirió de origen, aunque después la perdiese por la posterior inscripción en el Registro Civil cubano. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Estimar el recurso. 2.  Ordenar la inscripción de nacimiento fuera de plazo de don J. F. B.

RESOLUCIÓN (1.ª) de 4 de octubre de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega porque no se aportan datos o hechos nuevos que desvirtúen la anterior resolución desestimatoria. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en

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trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo emitido por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2004, presentado en el Registro Civil de G., don M., nacido en Marruecos y de nacionalidad española solicita la inscripción de su matrimonio celebrado en Marruecos en 1960 con doña R., nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación: Certificado de matrimonio y volante de empadronamiento. 2.  Recibida toda la documentación en el Registro Civil Central, el Juez Encargado del Registro Civil, dicta auto con fecha 20 de abril de 2006 en el que manifiesta que en ese Registro Civil se siguió a instancias de los interesados la inscripción del mismo matrimonio denegada por resolución de la Dirección General del Notariado de fecha 26 de diciembre de 2001, que posteriormente con fecha 23 de mayo de 2002 los interesados presentaron una nueva solicitud de inscripción de su matrimonio, aportando la documentación que estimaron pertinente, iniciándose un nuevo expediente en el que se dictó providencia con fecha 1 de julio de 2002 en la que se acordó no haber lugar a admitir a trámite la solicitud por cuanto ya había sido denegada sin haber aportado nuevas pruebas, dicha providencia fue confirmada por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de noviembre de 2002, que en el presente expediente se ha aportado la misma documentación que en los anteriores por tal motivo se deniega la inscripción del matrimonio. 3.  Notificado al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación del auto recurrido. El Juez Encargado del Registro Civil remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995, y las Resoluciones, entre otras, 243.ª de junio de 2003, de 4-3.ª, 5-1.ª, 162.ª, 19-4.ª y 25-3.ª de octubre; y 11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de noviembre y 2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 25-4.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero; y 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª y 23-4.ª de marzo de 2005. II.  En el ámbito del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. arts. 24 y 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevas que no pudieron ser tenidas en cuenta en primera decisión. III.  En el caso actual se ha intentado por tres veces la inscripción del matrimonio del recurrente. Las dos primeras dieron lugar a las Resoluciones de este Centro Directivo de 26-2.ª de diciembre de

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2001 y 15-5.ª de noviembre de 2002 que confirmaba la denegación de la solicitud de inscripción porque las certificaciones acompañadas no eran verdaderas certificaciones registrales expedidas por Registro marroquí, dejando a salvo la posibilidad de que llegue a presentarse tal certificación o de que se tramite, en su defecto, el expediente a que alude el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil en el que se ha de acreditar debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos. Y esta conclusión ha de mantenerse ahora, pues no se aportan ni en las actuaciones ni es este recurso pruebas o hechos nuevos que puedan desvirtuar aquella conclusión. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (2.ª) de 4 de octubre de 2007, sobre nombre propio. No es admisible «Wily», forma apocopada de «William». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra calificación de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 29 de noviembre de 2005 en el Registro Civil de M. se levanta acta de juramento mediante la cual don W., nacido en Perú el 6 de julio de 1958 manifiesta que por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de septiembre de 2005 le ha sido concedida la nacionalidad española, que no renuncia a la nacionalidad anterior, que promete fidelidad al Rey y obediencia a las leyes españolas. Adjunta como documentación: Hoja declaratoria de datos, certificado de naci-

miento y resolución por la que se le concede la nacionalidad española. 2.  Recibida la documentación en el Registro Civil Central se procede a la inscripción de nacimiento del interesado con el nombre de W. O. A. A. 3.  Notificado el interesado, éste interpone recurso alegando que su verdadero nombre es W. O. A. A. y no el que aparece en la inscripción de nacimiento que le ha sido notificada. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación de la inscripción efectuada. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 23 y 54 de la Ley del Registro Civil; 85, 192, 212 y 213 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 5-2.ª y 27 de enero, 51.ª, 3.ª y 4.ª, 25-4.ª y 29-1.ª de febrero, 6-2.ª y 4.ª, 8-2.ª, 11-1.ª y 2.ª de mayo, 5-1.ª, 16-2.ª y 3.ª, 19-3.ª, 22-4.ª y 29-3.ª de junio, 1-5.ª, 5-1.ª, 7-8.ª y 25-1.ª de julio y 5-1.ª, 7-3.ª y 4.ª y 26 de septiembre de 2000 y 29-2.ª de octubre de 2001 y 5-3.ª de noviembre de 2003 y 9-1.ª de febrero de 2004. II.  Para el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de consignarse en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español el nombre propio que figure en la certificación extranjera de nacimiento, que sirva de título para el asiento, a no ser que se pruebe que viene usándose de hecho otro nombre propio (cfr. art. 213, regla 1.ª, RRC). Ahora bien, en todo caso el nombre ha de ser sustituido por otro ajustado si infringe las normas establecidas (cfr. art. 213, regla 2.ª, RRC). III.  Uno de los requisitos exigidos para todo expediente de imposición del nombre propio, sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del do-

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micilio, sea de la competencia del Ministerio de Justicia, es la existencia de una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos, es doctrina constante de este Centro Directivo que tal requisito no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, merece ser calificada objetivamente como mínima o intranscendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida, familiar y socialmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito. IV.  Esta doctrina, es de directa aplicación al caso presente en el que se solicita el cambio de «W. O.» a «W.», que supone sólo, en cuanto al primer nombre, una forma apocopada de un nombre de origen anglosajón cual es «W.».

certificado de empadronamiento y diversa documentación donde aparece el nombre de J. 2.  Ratificada la interesada, comparecen dos testigos que manifiestan que conocen al interesado y que son ciertos los hechos del expediente cuyo escrito inicial le ha sido exhibido. El Ministerio Fiscal no se opone a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil dicta auto con fecha 9 de octubre de 2006 mediante el cual deniega el cambio de nombre solicitado, ya que no concurre lo establecido en el artículo 210 del Reglamento del Registro Civil. 3.  Notificado el interesado, éste interpone recurso alegando que J. no es un hipocorístico sino que es un nombre habitualmente utilizado en Francia como nombre de varón, por ello vuelve a solicitar el cambio de nombre.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar la calificación recurrida.

4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la estimación del recurso y se deje sin efecto la resolución recurrida. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

RESOLUCIÓN (3.ª) de 4 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No hay justa causa para cambiar «Francisco Javier» por «Jabier». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de G.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de G., el 19 de mayo de 2006, don F. J. A. U., promueve expediente gubernativo sobre cambio de nombre ya que habitualmente es conocido como J. Adjunta la siguiente documentación: Certificado de nacimiento,

I.  Vistos los artículos 54, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 192, 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil; la disposición transitoria única de la Ley 20/1994, de 6 de Julio, y las Resoluciones de 3, 5-1.ª y 7-3.ª de enero de 2004 y 2-2.ª de marzo de 2004. II.  Uno de los requisitos exigidos para todo expediente de cambio del nombre propio, sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, sea de la competencia del Ministerio de Justicia, es la existencia de una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos, es doctrina constante de este Centro Directivo que tal requisito no concurre cuando la modificación, por su escasa

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entidad, merece ser calificada objetivamente como mínima o intranscendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida, familiar y socialmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito. III.  Esta doctrina, como ya declaró este Centro Directivo en la primera de las Resoluciones citadas en los vistos, es de directa aplicación al caso presente en el que se solicita el cambio de «F. J.» a «J.», que supone sólo la sustitución de una consonante por otra de un nombre correctamente inscrito que ni tan siquiera implica una alteración fonética del vocablo. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 4 de octubre de 2007, sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española. Procede, conforme a la Ley 36/2002 de 8 de octubre, por razón de patria potestad por estar acreditado que el interesado, cuando la madre adquiere la nacionalidad española, era menor de edad según su estatuto personal. En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y solicitud de nacionalidad española remitidas a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por el Encargado del Registro Civil Consular de T. (Marruecos).

HECHOS 1.  Con fecha 12 de septiembre de 2005, en el Registro Civil de P. se levantó acta de declaración de opción a la nacio-

nalidad española de don C., de 17 años, asistido por su madre doña C., manifestando que es de nacionalidad colombiana, que no renuncia a esta nacionalidad, que jura fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las demás leyes de este país y que solicita que sea inscrito su nacimiento, nacionalidad y vecindad en el Registro Civil Central, que en lo sucesivo sea inscrito con los apellidos A. M. Adjunta la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento, hoja de declaración de datos y certificado de nacimiento de la madre del interesado. 2.  Recibida la anterior documentación en el Registro Civil Central, la Juez Encargada del Registro Civil dicta auto con fecha 18 de septiembre de 2005, mediante el cual deniega la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española a don C., en base a que en este caso el interesado opta por la nacionalidad española por ser hijo de madre española y estar bajo la patria potestad de un español, sin embargo se comprueba que la madre del menor, doña C., no consta que haya obtenido la nacionalidad española por residencia en momento alguno, ni haya obtenido la nacionalidad de forma alguna, pues no tiene nota de adquisición de nacionalidad alguna, el padre del menor es de nacionalidad colombiana y la madre F., obtuvo la nacionalidad española por residencia el 29 de septiembre de 1999, fecha en que doña C. era mayor de edad, por tanto la inscripción de ésta se realizó sin prejuzgar la nacionalidad española. 3.  Notificados los interesados, doña C. interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manifestando que optó por la nacionalidad española ante el Juez Encargado del Registro Civil de P. el día 13 de mayo de 2004, que tal opción fue ejercitada en virtud de que la recurrente, siendo mayor de edad, había sido adoptada por J., de nacionalidad española, esposo de su madre biológica como así fue acordado por

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auto de fecha 20 de mayo de 2003, por tal motivo solicita inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española para su hijo. De todo ellos aporta documentación. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal y visto el certificado de nacimiento de la interesada en el que consta que la inscrita ha adquirido la nacionalidad española se adhiere al recurso interpuesto, así mismo teniendo en cuenta que hay dos inscripciones de nacimiento referidas a la misma persona, que no se contradicen en cuanto a los datos de que una y otra hacen fe, interesa que se inicie el oportuno expediente para la cancelación por duplicidad, en la segunda inscripción practicada, debiendo trasladarse los asientos marginales correspondientes. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 19 y 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 27-1.ª de enero, 18-4.ª de marzo, 18-1.ª de abril y 17-1.ª de diciembre de 2003; 9-4.ª de febrero de 2004; 5-2.ª de octubre de 2005; y 24-2.ª de junio de 2006. II.  El promotor, asistido de su madre, titular de la patria potestad, solicitó la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español, previo ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.1.a) Cc, que atribuye este derecho a aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. La Juez Encargada del Registro Civil Central denegó la solicitud por estimar que no estaba acreditado el título de adquisición de la nacionalidad española de la madre del interesado. III.  La madre del promotor fue adoptada por el marido de su madre median-

te auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de P., de fecha 20 de mayo de 2003. El adoptante ostentaba la nacionalidad española y la hija adoptada optó al año siguiente por esta nacionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, c), Cc en relación con el 19.2 Cc Por ello, no cabe aquí cuestionar la nacionalidad española de la madre del interesado, el cual, a su vez, ejercitó su opción el 12 de septiembre de 2005, es decir cuando tenía 17 años de edad (había nacido en Colombia en 1988) y, por tanto, se hallaba sujeto a la patria potestad de la madre, española, y le asistía el derecho de obtener la nacionalidad española por dicho concepto [cfr. art. 20.1-a) Cc]. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.  Ordenar la inscripción del nacimiento del interesado y la marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 4 de octubre de 2007, sobre inversión de apellidos. 1.º  En principio el primer apellido del nacido ha de ser el primero del padre y segundo apellido el primero de los de la madre. 2.º  La opción de anteponer el apellido materno ha de formularse antes de la inscripción. En caso de determinación de la filiación paterna en un momento ulterior a la inscripción de nacimiento, la opción citada se puede formular antes de la inscripción de esta segunda filiación. En las actuaciones sobre inversión de apellidos, remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de B.

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HECHOS 1.  Mediante escrito presentado el Registro Civil de B. el 6 de octubre de 2006, don H. G. H. y doña P. F. P., solicitan la permuta de apellidos para su hijo A. G. F., nacido en B. el 16 de mayo de 1999, de modo que conste como A. F. G. Adjuntan como documentación: Certificado de nacimiento del menor y libro de familia. 2.  El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado al no haber ejercitado los padres la opción de inversión de los apellidos antes de proceder a la inscripción registral del menor. La Juez Encargada del Registro Civil de B. mediante auto de fecha 20 de octubre de 2006, deniega la petición de los interesados ya que la opción de inversión de apellidos tenía que haberse hecho antes de la inscripción en el Registro del menor. 3.  Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inversión de los apellidos para su hijo. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informó que no se oponía a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 109 Código civil (Cc); 55, 57 y 58 de la Ley del Registro Civil (LRC); 194, 198, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las disposiciones transitorias únicas de la Ley 40/1999 de 5 de noviembre y del Real Decreto 193/2000, de 11 de febrero, y las Resoluciones de 17-1.ª de octubre de 2002; 1-1.ª de abril y 17-3.ª de octubre de 2003; 20-4.ª de enero, 10-1. ª de febrero, 6-2.ª de abril y 10-4.ª de

noviembre de 2004; 8-3.ª de julio y 195.ª de diciembre de 2005; 4-4.ª de septiembre de 2006; y 31-2.ª de enero de 2007. II.  Cuando se inscribe dentro o fuera de plazo el nacimiento de un español y su filiación está determinada, en principio su primer apellido ha de ser el primero del padre y el segundo apellido el primero de los de la madre (cfr. arts. 109 Cc; 55 LRC y 194 RRC). La opción de los padres para atribuir a su hijo el primer apellido materno y el segundo paterno ha de ejercitarse «antes de la inscripción» (cfr. art. 109 Cc, redactado por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre). Si no se ejercita en su momento esa opción, ha de inscribirse al nacido con el primer apellido paterno y con el segundo apellido materno (cfr. art. 109 Cc, 53 y 55 LRC y 194 RRC). III.  En este caso el hijo de los promotores, nacido en 1999, fue inscrito con los apellidos maternos por no ser entonces conocida la filiación paterna. Posteriormente lo reconoció el padre y sus apellidos cambiaron pasando a tener, como primero, el primero paterno y, como segundo, el primero de la madre. En concreto, pasó de ser identificado como A. F. P. a serlo como A. G. F., cambio éste que a su edad –seis años cuando es reconocido– le ha creado serios inconvenientes, aparte, como alegan los promotores, de un problema de identidad en la relación con los demás, al estar habituado a ser identificado como A. F. IV.  Es cierto, como pone de manifiesto la Juez Encargada en su calificación, que la inversión del orden de los apellidos sólo puede hacerse antes de la inscripción registral y mediando común acuerdo de los progenitores. Ahora bien, estos presupuestos legales no deben llevar en el presente caso a la desestimación de la solicitud formulada. En efecto, no cabe considerar formulada extemporáneamente la solicitud de inversión de los apellidos del hijo toda vez que la necesidad de solicitud anterior a la inscripción, en los casos en que

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la inscripción de nacimiento se haya practicado con una sola filiación determinada, se ha de entender referida, pese a la laguna legal, a la inscripción de la segunda filiación establecida sobrevenidamente en un momento posterior a aquella primera inscripción de nacimiento, pues en caso contrario el régimen legal de los apellidos estaría incurriendo en una discriminación por razón de filiación respecto de los hijos cuya filiación haya sido establecida judicialmente o por reconocimiento, quienes podrían conservar los apellidos que vinieran usando con anterioridad a dicha determinación (cfr. art. 59 n.º 3 LRC), pero no alterar el orden de los mismos por acuerdo mutuo de sus progenitores, discriminación no consentida por nuestra Constitución (vid. arts. 14 y 39 de la Constitución). Tampoco puede estimarse infringido el requisito consistente en la necesidad de mutuo acuerdo de los progenitores, porque en este caso, como alegan en el recurso habían instado al tiempo del reconocimiento por el padre que se invirtiese el orden de los apellidos del hijo. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Estimar el recurso. 2.  Ordenar que los apellidos del menor se inscriban como «F. G.».

RESOLUCIÓN (6.ª) de 4 de octubre de 2007, sobre declaración sobre nacionalidad española. Es española iure soli la nacida en España hija de argentinos nacidos en Argentina. En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Mediante comparecencia en el Registro Civil de S. el 26 de septiembre de 2006, doña A. G. P. y don R. F. A., ambos de nacionalidad argentina, solicitaron que se declarase, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de su hija G. D. A. P., nacida el 9 de mayo de 2006 en S. Aportaban como documentos probatorios de la pretensión: Certificado de nacimiento en España de La menor, certificado negativo de nacionalidad argentina de la menor expedido por el Consulado General de la República Argentina en Madrid, legislación sobre ciudadanía argentina, certificado de empadronamiento y pasaportes argentinos de los padres. 2.  Ratificados los padres y notificado el Ministerio Fiscal, éste no se opuso a lo solicitado por los promotores. La Juez Encargada dictó auto con fecha 21 de noviembre de 2006, declarando la incompetencia territorial del Registro Civil de S. por no quedar acreditado que el domicilio de los solicitantes se encuentre en dicha capital. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto dictado y la declaración de la nacionalidad española de la menor, alegando que el certificado de empadronamiento aportado es prueba suficiente para acreditar la residencia habitual de los promotores. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. La Juez Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

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RESOLUCIÓN (1.ª) de 5 de octubre de 2007, sobre cambio de nombre propio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 3-1.ª de junio, 23-1.ª de septiembre y 19-1.ª de diciembre de 2002 y 1-3.ª de febrero, 26-4.ª de marzo y 3-2.ª, 11-3.ª y 28-2.ª de junio de 2003 y 13-2.ª de febrero de 2004. II.  La petición de los promotores de que se reconozca la nacionalidad española a la hija, nacida en España en 2006, tiene como vía registral el expediente para declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC) que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). III.  Conforme al artículo 17-1.c) del Código civil son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. De acuerdo con el conocimiento adquirido de la ley argentina, no hay duda de que esa norma beneficia a la nacida en España, hija de padres argentinos nacidos en Argentina, porque los hijos de argentinos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad de sus padres, sino que para ello es preciso un acto posterior. Se da, pues, una situación de apatridia originaria en la que la atribución iure soli de la nacionalidad española se impone. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso. 2.º  Declarar con valor de simple presunción que la nacida es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC).

1.º  No puede autorizarlo el Encargado si no hay habitualidad en el uso del nombre pretendido, que en este caso no queda acreditado, pero la Dirección General entra a examinar la pretensión por economía procesal y delegación. 2.º  Hay justa causa para cambiar Cecilio por Fernando. En el expediente de cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de D.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de D., doña M. B. C. A., mayor de edad y con domicilio en D., solicitó el cambio de nombre para su hijo C. por el de «F.», por ser así conocido habitualmente. Acompañaba los siguientes documentos: DNI de la madre, libro de familia, solicitud de inscripción en la piscina y carné de socio de la ludoteca de D. 2.  Ratificada la interesada y aportado, previo requerimiento al respecto, certificado de nacimiento del menor, el Ministerio Fiscal estima que no procede acceder a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 20 de julio de 2006 deniega el cambio de nombre, por no quedar acreditado que el nombre usado habitualmente sea F., al haber manifestado los testigos propuestos que lo conocen únicamente por el nombre de C. 3.  Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, a pesar de ser C. el nombre oficial del menor, éste responde en su vida diaria al nombre de F.

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4.  Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, se ratificó en su informe anterior. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

no perjudica a tercero y hay para él una justa causa, de modo que se cumplen los requisitos específicos exigidos para la modificación (cfr. art. 206, III, RRC). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Confirmar el auto apelado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil; la Orden Ministerial de 26 de junio de 2003, y las Resoluciones de 28 de febrero y 26-1.ª de abril y 7-2.ª de julio de 2003 y 7-4.ª de enero de 2004. II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC).

2.º  Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS 345/2005 de 7 de febrero), el cambio del nombre «C.» por el de «F.», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.

RESOLUCIÓN (2.ª) de 5 de octubre de 2007, sobre nombre propio.

III.  En el caso presente las escasas pruebas presentadas no llegan a justificar la habitualidad en el uso del nombre pretendido, de modo que la competencia para aprobar el expediente excede de la atribuida al Encargado y corresponde por el contrario a la competencia general del Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (Orden JUS 345/2005 de 7 de febrero), a esta Dirección General.

No es admisible como nombre el apodo Pinky.

IV.  Conviene en todo caso examinar la cuestión acerca de si el cambio intentado pudiera ser acogido por esta otra vía. Se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio ante el Registro Civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC) y poderosas razones de economía procesal aconsejan ese examen (cfr. art. 384 RRC), ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de M. el 10 de noviembre de 2006, doña P. K. N., mayor de edad y con domicilio en M., solicitaba el cambio de nombre de «P» por el de «P.», por ser éste el nombre que viene usando habitualmente en su vida familiar y social. Acompañaba los siguientes documentos: Certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento, libro de familia, DNI, justificantes de compra, certificado de asistencia a un festival de danza, invitación de hotel y correspondencia.

V.  La cuestión apuntada merece una respuesta afirmativa. El cambio solicitado

2.  Ratificada la promotora, se dio traslado del expediente al Ministerio Fis-

En el expediente de cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la juez encargada del Registro Civil Único de M.

HECHOS

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cal, que se opuso al cambio solicitado. La juez encargada del Registro Civil dictó auto con fecha de 23 de noviembre de 2006 denegando la solicitud por tratarse de un diminutivo sin sustantividad propia. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el nombre propuesto no es un diminutivo y que en la India significa «R.», entendida como flor y no como color. 4.  De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del mismo y la confirmación del auto recurrido. El expediente fue remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 16-1.ª de marzo y 27 de mayo de 2004 y 20-2.ª de septiembre de 2004. II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado. III.  Esta última circunstancia es la que obliga a denegar el expediente en este caso, en el que se intenta el cambio de «P.» a «P.». Están prohibidos por ley los nombres que puedan hacer confusa la identificación (cfr. art. 54, II, LRC) y

esta prohibición alcanza al vocablo «P.» por cuanto este vocablo corresponde a un nombre creado por unos dobladores españoles para identificar a un personaje televisivo nipón cuya principal misión era ser el epicentro de comentarios despectivos acerca de su figura enclenque. Coinciden así con la doctrina que viene manteniendo esta Dirección General, que no hace sino aplicar la norma citada, al no admitir como nombres vocablos que, con independencia de su grafía, podría generar confusión en la identidad de las personas. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (3.ª) de 5 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. Hay justa causa para cambiar «Christina» por «Kristina», nombre en euskera de «Cristina». En el expediente de cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la juez encargada del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de S. el 10 de noviembre de 2006, doña M. N. R. L., mayor de edad y con domicilio en V., solicitaba el cambio de nombre para su hija C. por el de «K.», por ser éste el nombre que viene usando habitualmente en su vida familiar y social. Acompañaba los siguientes documentos: Certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento, inscripción en educación infantil y primaria y solicitud de tarjeta de la Seguridad Social. 2.  Del expediente se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso al cambio solicitado. El juez encargado del Registro Civil dictó auto con fecha de 11 de sep-

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tiembre de 2006 denegando la solicitud por tratarse de una modificación mínima e intranscendente.

crita resulta incorrecta, siendo por el contrario la de «K.», grafía correcta en euskera de dicho nombre femenino.

3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el nombre propuesto es la traducción del original a la lengua vasca.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:

4.  De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del mismo y la confirmación del auto recurrido. El expediente fue remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, y 365 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 10 de enero de 1990; 8-4.ª de septiembre de 1994; 7-3.ª de febrero de 1998; 18-3.ª de enero de 2001; y 5-4.ª de noviembre de 2003 y 22-3.ª de abril de 2004. II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 60 LRC). III.  En este caso en el que se ha intentado el cambio de «C.» a «K.», el auto apelado ha denegado la aprobación del expediente por estimar que no concurre justa causa en una modificación mínima. Es cierto que la doctrina de este Centro Directivo sigue este criterio de modificaciones mínimas o intranscendentes, pero también lo es que de esta doctrina siempre se han exceptuado aquellos casos en los que el nombre oficial estaba incorrectamente escrito o en el que el solicitado era más correcto ortográficamente que el inscrito. Esta excepción es de aplicar en el presente caso, puesto que la grafía ins-

1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden JUS 345/2005 de 7 de febrero), el cambio del nombre inscrito «C.» por «K.», usado habitualmente, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 5 de octubre de 2007, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto ni haber poseído y utilizado la nacionalidad española durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra el auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M. el 1 de julio de 2005, don H. B. B., nacido el 14 de febrero de 1968 en S. (Sahara Occidental), solicitaba la nacionalidad española con valor de simple presunción alegando que no pudo

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acogerse al Decreto de 10 de octubre de 1976 que concedía a los naturales del Sáhara el plazo de un año para optar a la nacionalidad española. Adjuntaba la siguiente documentación: Certificado de nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, certificado negativo de nacionalidad argelina de la Embajada de Argelia, certificado de nacionalidad saharaui, DNI de la República Árabe Saharaui, certificación de nacimiento de los Registros Cheránicos, tarjeta de residencia en España, certificado de concordancia de nombres, certificado de empadronamiento, certificado negativo de antecedentes penales en España y recibo de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal solicitó ampliación de prueba para que la petición pudiera prosperar. 3.  La Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha de 13 de junio de 2006 declarando la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado por consolidación. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revocación del auto dictado alegando que el promotor no cumple las condiciones requeridas para la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al interesado, que manifestó su disconformidad con el mismo. La Juez Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agos-

to; la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones de 1-1.ª y 7 de marzo de 2000, 15-1.ª de junio de 2001 y 21-1.ª de octubre y 5-2.ª de diciembre de 2002, 21-1.ª de enero, 26-1.ª de marzo, 19-3.ª de abril, 20-2.ª de junio y 6-2.ª de noviembre de 2003 y 2-5.ª de enero de 2004. II.  El interesado, por escrito de 1 de julio de 2005 presentado en el Registro Civil de M., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en S., Sahara Occidental, y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado dictó auto concediendo la nacionalidad española del promotor. El Ministerio Fiscal interpuso recurso contra el citado auto. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, a los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos na-

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turales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) En un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en I., y de autodeterminación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los stati entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del

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Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente no se ha justificado que el interesado, ni sus padres, residieran en el Sahara cuando estuvo en vigor el Real Decreto de 1976, de modo que quedara imposibilitado de facto para optar a la nacionalidad española. De otro lado, si bien, por aplicación del artículo 18 del Código civil, «la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe, y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó», lo cierto es que el interesado, no cumple el requisito del tiempo de posesión y utilización, porque había cumplido ocho años de edad cuando España en 1976 abandonó el territorio del Sahara y, a partir de esa fecha, no ha ostentado documentación como español, de modo que no ha completado el período de diez años exigido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y revocar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 5 de octubre de 2007, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que la interesada hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto ni haber poseído y utilizado la nacionalidad española durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto

dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de E. (A.).

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de E. el 9 de marzo de 2006, doña S. A. M., nacida el 17 de agosto de 1968 en S. (Sahara Occidental), solicitaba la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción por no haberse podido acoger al Decreto 2258/1976 de 19 de agosto. Adjuntaba la siguiente documentación: Tarjeta de residencia, pasaporte argelino, DNI de la República Árabe Saharaui, documento de afiliación a la Seguridad Social y DNI del padre, certificado de empadronamiento, certificado de residencia en los campamentos de refugiados saharauis, certificado de parentesco, certificado de concordancia de nombres, certificado negativo de inscripción en los Registros Cheránicos, recibo de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental y certificado negativo de nacionalidad argelina. 2.  Ratificada la promotora, el Ministerio Fiscal emitió informe favorable a la petición. El Juez encargado del Registro Civil dictó auto con fecha de 11 de diciembre de 2006 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, por no cumplirse los requisitos establecidos en el Código civil. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando haber nacido en territorio español y haber poseído la nacionalidad española con buena fe durante más de diez años. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emitió informe favorable a la presunción de nacionalidad española. El Juez Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros

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y del Notariado, para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones de 1-1.ª y 7 de marzo de 2000, 15-1.ª de junio de 2001 y 21-1.ª de octubre y 5-2.ª de diciembre de 2002, 21-1.ª de enero, 26-1.ª de marzo, 19-3.ª de abril, 20-2.ª de junio y 6-2.ª de noviembre de 2003 y 2-5.ª de enero de 2004. II.  La interesada, por escrito de 9 de marzo de 2006 presentado en el Registro Civil de E., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en el D., Sahara Occidental, y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado dictó auto denegando la nacionalidad española del promotor. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, a los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamen-

te de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas funda-

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mentales: a) En un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en I., y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los stati entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Espa-

ñol ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente no se ha justificado que la interesada, ni sus padres, residieran en el Sahara cuando estuvo en vigor el Real Decreto de 1976, de modo que quedara imposibilitada de facto para optar a la nacionalidad española. De otro lado, si bien, por aplicación del artículo 18 del Código civil, «la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe, y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó», lo cierto es que la interesada, no cumple el requisito del tiempo de posesión y utilización, porque había cumplido ocho años de edad cuando España en 1976 abandonó el territorio del Sahara y, a partir de esa fecha, no ha ostentado documentación como español, de modo que no ha completado el período de diez años exigido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (6.ª) de 5 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. No hay justa causa para cambiar «Paula» por «Paola».

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En el expediente de cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Único de G.

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de G., el 20 de septiembre de 2006, doña P. G. G., mayor de edad y con domicilio en G., solicitaba el cambio de nombre de «P.» por el de «P.», por ser conocida habitualmente por este último. Acompañaba los siguientes documentos: Fotocopia del DNI, certificación literal de nacimiento, certificado de empadronamiento, tarjeta del Servicio de Salud, carné de fundación municipal de cultura, carné de estudiante, carné de club deportivo, contrato de suscripción del Círculo de Lectores, resguardo bancario y correspondencia privada. 2.  Ratificada la promotora, el Ministerio Fiscal se opuso al cambio solicitado. El Magistrado Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha de 31 de octubre de 2006 denegando la petición por considerar la modificación mínima e intranscendente. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no se trata de una modificación intranscendente, que la solicitud se basa en que en el momento de la inscripción de nacimiento no se permitió la imposición del nombre ahora solicitado y que éste es el que utiliza habitualmente. 4.  De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación de la resolución recurrida. El Magistrado Juez Encargado del Registro Civil de G. ordenó, con informe desfavorable a la pretensión, la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 22-2.ª de septiembre de 1997; 18-3.ª de febrero de 1999; 4-4.ª de octubre y 7-1.ª de septiembre de 2000; 22-4.ª de enero y 3-1.ª de septiembre de 2002; 1-3.ª de julio de 2003 y 22 de octubre de 2005. II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como mínima o intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida, personal y familiarmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito. III.  Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado el cambio de «P.» a «P.», en cuanto que la modificación es evidentemente mínima al suponer sólo la sustitución de una vocal con ligera alteración fonética. Sobre el cambio aquí propuesto se ha pronunciado reiteradamente esta Dirección General, como se acredita con las resoluciones que se han hecho constar en el primero de estos fundamentos de derecho. No obstante, por vía de excepción, en algún caso concreto se ha admitido este cambio en atención a determinadas circunstancias que concurrían y permitían la pertinente autorización, como eran que el nombre «P.» tenía sustantividad propia en el país de proceden-

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cia y la interesada una estrecha vinculación con dicho país. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2007, sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo. Procede por estar acreditado que la promotora es hija de padre español por opción, pero al tiempo ha de extenderse inscripción marginal de pérdida de la nacionalidad española por utilización exclusiva de la marroquí por periodo superior a tres años. En el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de L., doña A. B., nacida el 5 de mayo de 1975 en M., solicitó la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil de la misma ciudad, alegando haber nacido en M., así como la nacionalidad española de su padre. Acompañaba la siguiente documentación: Certificados de nacimiento de la solicitante y de sus padres, certificado de matrimonio de los padres, certificado negativo de inscripción de nacimiento de la interesada en el Registro Civil de M., certificado de empadronamiento en España, permiso de residencia y pasaporte marroquí. 2.  Trasladado el expediente al Registro Civil de M., el Encargado del mismo solicitó informe a la Dirección General de la Policía, la cuál respondió que no constaba acreditado que la interesada hubiera nacido en M. El Ministerio Fiscal

informó desfavorablemente a la inscripción y el Encargado del Registro dictó auto el 19 de junio de 2006 denegando la petición por no resultar acreditado el lugar de nacimiento de la interesada. 3.  Notificado el auto al Ministerio Fiscal y a la interesada, ésta interpuso recurso el 21 de noviembre de 2006 ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que tanto el padre como los hermanos de la solicitante son nacionales españoles. 4.  El Ministerio Fiscal emitió informe negativo sobre la solicitud de inscripción, interesando la confirmación del auto recurrido y el expediente fue remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 11 de la Constitución; 17, en la redacción de la Ley de 15 de julio de 1954 y 24, en la redacción de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, del Código civil (Cc); 15, 27 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66 y 226 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de 24-3.ª de enero de 2002 y 8-6.ª de noviembre de 2006. II.  Ha pretendido la interesada, nacida en Marruecos el 5 de mayo de 1975, su inscripción de nacimiento ante el Registro Civil de M., alegando haber nacido en dicha ciudad y ostentar la nacionalidad española de origen por ser hija de padre español nacido igualmente en M., quien adquirió por opción la nacionalidad española en marzo de 1971. Por la Juez Encargada del Registro se dictó auto denegando la solicitud por estimar que no se había acreditado que el nacimiento de la interesada hubiese tenido lugar en la citada ciudad de M. Este auto constituye el objeto del recurso. III.  Es cierto que no resulta acreditado en el expediente que el lugar de nacimiento de la promotora hubiese tenido lugar en M., porque la certificación local de nacimiento aportada no ofrece garan-

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tía alguna sobre este dato, puesto que ha consignado en el apartado correspondiente distintas ciudades en que dicho nacimiento acaeció («Ciudad de M., F., M.») y al no haberse aportado otras pruebas acreditativas del lugar de alumbramiento, no es posible determinar aquel en que tuvo lugar. IV.  No entra el auto a considerar el hecho de que cuando nace la interesada, su padre había adquirido por opción la nacionalidad española y, consecuentemente –si no existe problema de identidad respecto del padre por diversidad de sus apellidos–, nació hija de padre español, correspondiéndole iure sanguinis la nacionalidad española. V.  Cuestión distinta es que, después de su emancipación, haya podido incurrir en pérdida de la nacionalidad española. La posible causa legal de pérdida que habría de considerarse en este caso es la establecida por el artículo 24, que en la redacción dada por la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, dispone que «pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación». VI.  Los requisitos exigidos por el artículo 24 del Código civil para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española, esto es, utilización exclusiva de otra nacionalidad distinta de la española, residencia habitual durante tres años en el extranjero y emancipación, han de concurrir acumulativamente y, en todo caso, la residencia en el extranjero y la utilización exclusiva de la otra nacionalidad durante el periodo temporal fijado deben ser posteriores a la entrada en vigor de la Ley 18/1990. La pérdida, en definitiva, se produce por la utilización exclusiva de la nacionalidad extranjera

que realice el interesado cuando, por la emancipación, ya ha alcanzado la necesaria capacidad de obrar y su conducta, acompañada por su residencia en el extranjero durante el plazo de tres años, obedece a su libre voluntad. La pérdida, sin embargo, se evitará cuando la utilización de la nacionalidad extranjera no haya sido exclusiva, sino concurrente con la española, lo que tendrá lugar cuando confluyan las circunstancias que, a efectos interpretativos, señaló la Instrucción de 20 de marzo de 1991, de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre nacionalidad, esto es, «tener documentación española en vigor; haber otorgado como español algún documento público, haber comparecido con este carácter en el consulado y otras conductas semejantes». No consta en el expediente que la interesada, antes del 4 de mayo de 2004, fecha de empadronamiento, hubiese residido en España, antes al contrario de la documentación aportada se deduce su domicilio en A. (Marruecos). Tampoco consta que en algún momento haya hecho uso la interesada de la nacionalidad española, siendo también exclusivamente marroquí la documentación aportada y, también marroquí, la nacionalidad de la que queda constancia, por lo que ha de concluirse que en su momento incurrió en causa de pérdida de la nacionalidad española, pero esto no sería obstáculo para la inscripción de nacimiento con inscripción marginal de la pérdida de la nacionalidad española, conforme a lo establecido por el artículo 66.II RRC Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Estimar parcialmente el recurso y revocar el auto apelado. 2.  Ordenar que se inscriba al nacimiento de la interesa con anotación marginal de pérdida de la nacionalidad española.

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RESOLUCIÓN (1.ª) de 8 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. 1.º  No puede autorizarlo el Encargado si no hay habitualidad en el uso del nombre pretendido, pero resuelve la Dirección General por economía procesal y por delegación. 2.º  No hay en el presente caso justa causa para cambiar a un recién nacido el nombre que los padres le han impuesto libre y voluntariamente. En el expediente de cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de V.

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de V., don J. A. B. V. y doña M. G. B. solicitaron que se tramitara el correspondiente expediente de cambio de nombre de su hija P., por el de «S.». Acompañaban los siguientes documentos: Certificado de nacimiento de la menor. 2.  Ratificados los interesados, el Ministerio Fiscal se opuso a la solicitud. La Juez Encargada del Registro Civil mediante auto de fecha 7 de julio de 2006 autoriza el cambio de nombre por no concurrir ninguna limitación legal. 3.  Notificados los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando que se mantenga el nombre de P., alegando el trastorno psicológico que sufre la madre de la niña. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, no se opuso a la pretensión. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 22-2.ª de septiembre de 1997; 18-3.ª de febrero de 1999; 4-4.ª de octubre y 7-1.ª de septiembre de 2000; 22-4.ª de enero y 3-1.ª de septiembre de 2002; y 1-3.ª de julio de 2003. II.  Los promotores promovieron expediente con el fin de cambiar el nombre de su hija «P.» por el de «S.». Ésta, nació en febrero de 2006 y dos meses más tarde se incoa el expediente, que es resuelto por auto del Encargado del Registro por el que se accede al cambio de nombre solicitado. Pese a haberse autorizado el cambio, los promotores lo recurren, porque reconsideran su petición inicial y manifiestan ahora su voluntad de mantener el nombre de «P.» que inicialmente impusieron a su hija. III.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC). IV.  En el presente caso, por razón de la corta edad de la nacida, no es posible entender que se haya generado una habitualidad de uso del nombre «S.» propuesto por los padres y ello significa que la competencia para aprobar el expediente excede de la atribuida al Encargado y corresponde por el contrario a la competencia general del Ministerio de Justicia (cfr. art. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación, a esta Dirección General (Orden JUS 345/2005 de 7 de febrero). V.  Conviene en todo caso examinar la cuestión acerca de si el cambio inten-

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tado pudiera ser acogido por esta otra vía. Se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio ante el Registro Civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC) y razones de economía procesal aconsejan ese examen (cfr. art. 384 RRC), ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico. VI.  La cuestión apuntada merece, no obstante, una respuesta negativa, porque no puede admitirse que haya justa causa para que el nombre que los padres de manera voluntaria y de común acuerdo imponen a su hija haya de ser cambiado de forma casi inmediata por otro distinto para después recurrir en el sentido de que no desean el cambio que el Registro de instancia le había autorizado. Es obvio que el Registro Civil no puede estar a lo que resulte de una injustificada y variable voluntad de los padres. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.

RESOLUCIÓN (2.ª) de 8 de octubre de 2007, sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento. 1.º  Se estima comprobado que el primer lugar conocido de estancia de la nacida fue Melilla. 2.º  Se consigna la fecha de nacimiento por el informe médico y documentación acompañada. Al no constar filiación, se inscriben el nombre y apellidos usados de hecho y, si se solicita, los nombres propios de padres usados de hecho a efectos de identificar a la persona. En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2003, en el Registro Civil de M., don E. C. M., iniciaba expediente gubernativo para inscripción de nacimiento fuera de plazo de su hija R. C. M., nacida el 28 de mayo de 1999. Adjuntaba la siguiente documentación: Volante de empadronamiento, certificado del Registro Civil de M. en el que no figura inscrita la menor, certificado de nacimiento del promotor, tarjeta sanitaria y calendario de vacunaciones de la menor. 2.  Mediante escrito del Registro Civil de fecha 25 de noviembre de 2003 se requería al promotor don E. C. M. a fin de que aportase documentación hospitalaria del parto de la menor, documentación que acredita que vivía en M. los nueve meses anteriores al parto y documentación que acredite que la menor está en M. 3.  Mediante escrito de fecha 4 de diciembre de 2003, el interesado contestaba a tal requerimiento lo siguiente: Que la madre de su hija era marroquí y residía ilegalmente en M., que se llamaba F., que con ella mantuvo una relación sentimental fruto de la cual nació R., que a finales de 1998 esta señora ya embarazada marchó a Marruecos para el Ramadán, que a principios de 1999, el interesado dado su condición de militar fue enviado a B. permaneciendo la madre de su hija en Marruecos, que él mantuvo conversaciones telefónicas con ella, que un día las conversaciones se suprimieron, que posteriormente, estando él aún en B., ella llevó a su hija R. a casa de los padres del interesado para que la cuidaran, que ella les dijo que el parto se produjo en casa de una amiga en M., que cuando él regresó a M. hizo todo tipo de gestiones para localizar a la madre de su hija sin obtener fruto, que la niña está escolarizada, presenta calendarios de vacunaciones, etc., es decir que la niña no está indocumentada.

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4.  La Juez Encargada del Registro Civil de M. dicta auto con fecha 3 de marzo de 2004 en el que deniega la inscripción fuera de plazo de la menor, en base a que el promotor no ha probado que la menor hubiera nacido en territorio español y no en marroquí, que tampoco existen pruebas de la filiación natural del promotor. 5.  Notificado el auto al Ministerio Fiscal y al interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que con la madre de la menor sí hubo relación de convivencia ya que estuvieron viviendo juntos antes de ser destinado a B., que tanto la tarjeta de vacunación como la sanitaria, evidentemente están expedidas en M., ya que parece absurdo que viviendo en M. estas tarjetas fueran expedidas fuera de aquí. Por todo ello solicita la inscripción de nacimiento fuera de plazo de la menor. 6.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la estimación del mismo. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 15, 16 y 26 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil, la Instrucción de 7 de octubre de 1988; y las Resoluciones de de 14-2.ª de enero, 10-3.ª de mayo y 22-2.ª de noviembre de 2002; y 10-4.ª de junio de 2005. II.  Un nacimiento acaecido dentro del territorio español o que afecte a españoles ha de ser inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 LRC), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente a que alude el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil que está desarrollada en los artículos 311 a 316 del Reglamento.

III.  En este tipo de expediente la prueba del lugar del alumbramiento está muy facilitada, pues basta a estos efectos «la información de dos personas a quienes les conste de ciencia propia o por notoriedad» (art. 313, II, RRC). Ahora bien, esta amplitud, explicable por la dificultad inherente a la justificación de los hechos con el transcurso del tiempo, no ha de impedir la investigación de oficio (cfr. arts. 312 y 316 RRC). Tal investigación, como vienen repitiendo las últimas Resoluciones del Centro Directivo en la materia, cobra, además, una especial importancia cuando quepa intuir que la inscripción en el Registro Civil español puede ser paso previo para la adquisición indebida de la nacionalidad española, bien directamente, bien por el plazo abreviado de un año de residencia en España (cfr. arts. 17 y 22 Cc). IV.  En el caso actual, de la documentación e informes obrantes en el expediente, no cabe dar por acreditado que el nacimiento de la menor hubiese tenido lugar en M., puesto que no se aporta documento probatorio alguno del que resulte que fue en esta ciudad donde acaeció, pudiendo igualmente haberse producido en alguna ciudad de Marruecos. Tampoco puede darse por acreditada la filiación de la nacida, razones por las cuales la inscripción ha sido denegada por el Registro Civil. V.  Ahora bien, el hecho de que falte la prueba directa del nacimiento en España de la menor no excluye per se ni la admisibilidad de la inscripción fuera de plazo del nacimiento impetrada, ni el reconocimiento, conexo al anterior hecho, de la nacionalidad española de la nacida por la vía del artículo 17 n.º 1, d) del Código civil que proporciona una prueba legal, por vía de presunción, sin necesidad de entrar ahora a valorar si basada o no en una ficción legal o en la verosimilitud del hecho presumido, del nacimiento en España de los menores en quienes concurra la siguiente doble circunstancia: a) Que su filiación «no resulte determinada» y b) que su «primer lugar cono-

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cido de estancia sea territorio español». Sobre este segundo extremo no cabe plantear controversia a la vista de los hechos deducidos del expediente, por tanto, en este caso concreto, ha de estimarse que el primer lugar conocido de estancia de la nacida ha sido territorio español. VI.  De otro lado, tampoco la filiación, como se ha dicho anteriormente, está en este caso acreditada por alguno de los medios contenidos en el artículo 113 Cc, que debe actuar como norma de referencia para integrar en lo menester el propio artículo 17 n.º 1, d). En consecuencia, debe practicarse la inscripción y hacerse con el nombre propio y apellidos usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª RRC) y también, siempre que así se solicite, habrán de consignarse, como nombres propios de padres a los solos efectos de identificar a la persona, los utilizados de hecho por la menor (cfr. arts. 191 y 213 RRC). La eventual determinación posterior de la filiación de dicha menor no debe conducir a la pérdida de la nacionalidad española ahora declarada, que tiene carácter definitivo y no provisional por tratarse de una nacionalidad de origen Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil de M. el nacimiento, acaecido en ese término municipal, de una mujer llamada R., sin constancia de filiación, debiendo consignarse como fecha de nacimiento la que resulta del informe médico y demás documentación acompañada.

RESOLUCIÓN (3.ª) de 8 de octubre de 2007, sobre rectificación de error en el apellido. No prospera el expediente al no haberse acreditado el error denunciado.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra el auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de C. (L. C.).

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Juzgado de Paz de C. de B. el 26 de junio de 2006, doña S. F. T., mayor de edad y con domiciliado en L. C., solicitó la rectificación de error en su inscripción de nacimiento en el sentido de modificar segundo apellido por «T.», que es el correcto según la interesada. Se adjuntaba la siguiente documentación: Certificado de inscripción de nacimiento de la madre y del abuelo materno de la promotora, DNI y certificados de inscripción de nacimiento y matrimonio de la interesada. 2.  Trasladado el expediente al Ministerio Fiscal, éste informó desfavorablemente a la petición realizada. El Juez Encargado del Registro Civil de C. dictó auto el 18 de septiembre de 2006 denegando la rectificación, dado que las inscripciones de nacimiento, tanto de la madre como del abuelo, son manuscritas y resulta difícil distinguir en las mismas entre las letras «n» y «m». 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de posregistros y del Notariado, alegando que en su familia existen casos de inscripción del mismo apellido que se solicita y que es el que habitualmente utiliza en su entorno familiar, social y laboral. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del mismo. El Encargado del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

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dido ahora por la vía de la rectificación de error.

FUNDAMENTOS DE DERECHO .  Vistos los artículos 2, 57, 60 y 93 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 205, 206, 217, 218, 342 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de esta Dirección General, entre otras, de 24-1.ª de febrero, 24-1.ª de junio y 9 de julio de 2004; 22-2.ª de junio de 2005; 27-4.ª de marzo y 27-1.ª de noviembre de 2006; 30-5.ª de enero, 155.ª y 22-1.ª de febrero, 1-5.ª y 14-4.ª de junio de 2007. II.  Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC), por lo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la Ley. III.  La regla general en materia de errores registrales es que su rectificación ha de obtenerse mediante sentencia recaída en juicio ordinario (cfr. art. 92 LRC). Además, obviamente, para que pueda rectificarse un error del Registro, es necesario que quede acreditada su existencia y, esto, no ha sido probado en el presente caso, puesto que en su inscripción de nacimiento consta como apellido materno el de «T.», y aunque en la de su madre dicho apellido figura como «T.», que es el que la interesada considera correcto, en la de su abuelo vuelve a constar como «T.», por lo que no es posible en cual de dichas certificaciones se ha producido el error. En consecuencia no procede la rectificación solicitada. IV.  No obstante lo anterior, ha de quedar a salvo el expediente, distinto, de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205, 207 RRC), hoy, por delegación, de esta Dirección General (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), expediente, que se instruye en el Registro Civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC) y que, si concurren los requisitos necesarios, puede ser autorizado, lo que posibilitaría a la interesada conseguir lo que se ha preten-

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 8 de octubre de 2007, sobre rectificación de errores. No prospera el expediente al no haberse acreditado el error denunciado. En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto emitido por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de G. el 30 de diciembre de 2005, don F. J. R. G., mayor de edad, divorciado y con domicilio en G., solicitó rectificación por nota marginal en la inscripción de su matrimonio en el sentido de hacer constar el divorcio de los cónyuges en vez de la separación inscrita. Aportaba la siguiente documentación: Acta de matrimonio y sentencia de divorcio. 2.  Una vez ratificado el promotor, el Ministerio Fiscal no se opuso a la rectificación solicitada. Remitido el expediente al Registro Civil Central, la MagistradoJuez encargada del mismo dictó auto el 9 de marzo de 2006 acordando la rectificación en el sentido de modificar la fecha y el órgano que dictó la sentencia. 3.  Notificada la resolución al interesado y practicada la rectificación, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el error consiste en hacer constar como sentencia de separación lo que es una sentencia de divorcio. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa que se estime parcialmente

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el recurso, haciendo constar que la sentencia de 29 de abril de 2004 dictada por la Audiencia Provincial de G. confirma el divorcio acordado por sentencia de 9 de diciembre de 2003 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 6 de G. La Encargada del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 2, 41, 69 y 93 de la Ley del Registro Civil; 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 27-2.ª de noviembre de 2000; 5-1.ª de junio de 2001; 15 de marzo de 2003; 23-4.ª de enero, 11-2.ª de abril y 29-6.ª de junio de 2006. II.  El promotor inicia el expediente con el fin de que sea rectificado el error registral padecido al anotar marginalmente la sentencia de separación de su matrimonio, puesto que se hizo constar como tal la de fecha 29 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de G., cuando ésta era de divorcio. El error fue admitido por el Registro Civil Central que dictó auto acordando la rectificación, pero no en el sentido pretendido por el promotor, sino en el de hacer constar que la separación matrimonial fue acordada por sentencia de 21 de enero de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de los de G. Este auto constituye el objeto del recurso. III.  Obviamente, para que proceda la rectificación instada habría sido necesario que se acreditara la comisión por el Registro del error cuya subsanación se pretende y esto en el presente caso no ha sucedido. En la certificación de la inscripción de matrimonio incorporada al expediente consta la anotación relativa a la separación matrimonial del interesado que, efectivamente, adolece del error denunciado. Igualmente consta la anotación de rectificación de dicho error en el sentido antes expuesto. Y, finalmente,

aparece inscrita la disolución del matrimonio por divorcio acordada por sentencia de 9 de diciembre de 2003, dictada también por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de G. No existe el error que el recurrente insiste en denunciar para que se haga constar como sentencia de divorcio la de 29 de abril de 2004, puesto que el recurso que da lugar a ésta, no impugna la disolución del matrimonio, ya acordada en la instancia por la sentencia de 9 de diciembre de 2003, sino que persigue exclusivamente la revocación del acuerdo relativo a la pensión compensatoria de su ex-esposa. En consecuencia, con la rectificación practicada respecto de la separación matrimonial y con la inscripción de la disolución del matrimonio en virtud del divorcio acordado por la repetida sentencia 9 de diciembre de 2003, el Registro queda concordado con la realidad extrarregistral y no ha lugar a otras rectificaciones de errores que no están acreditados. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 8 de octubre de 2007, sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento. Por el conjunto de pruebas presentadas se concluye que el nacimiento acaeció en Pontevedra. En el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de P.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de S. el 9 de mayo de 2006, don N. O. P., nacido el 14 de marzo de 1936 en P., solicitó la inscripción de su

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nacimiento, fuera del plazo legal, en el Registro Civil de P. Aportaba la siguiente documentación: Certificado de bautismo, certificado negativo de inscripción del Registro Civil de P., certificado de empadronamiento, tarjeta sanitaria, permiso de conducir y certificado de la Dirección General de la Policía de expedición de DNI. 2.  Remitido el expediente al Registro Civil de P., el Ministerio Fiscal informó que, si bien no existen pruebas acreditativas del nacimiento del solicitante en P., del resto de la documentación aportada parece deducirse que el nacimiento se produjo en algún lugar del territorio español, por lo que la competencia para inscribir el nacimiento correspondería al Registro Civil Central. La encargada del Registro Civil de P. dictó auto el 14 de diciembre de 2006 desestimando la solicitud de inscripción por falta de pruebas, sin perjuicio de que el promotor pudiera solicitar la inscripción en el Registro Civil Central. 3.  Notificado el auto al interesado, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la documentación aportada constituye prueba suficiente para practicar la inscripción. 4.  El Ministerio Fiscal se ratificó en su informe anterior e interesó la confirmación del auto recurrido. La Encargada del Registro Civil de P. remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 15, 16 y 95 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 311 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones, entre otras, de 11-1.ª de junio, 8-9.ª y 21 de septiembre, 2-1.ª y 13-2.ª de octubre y, y 18 de diciembre de 2001; 10-3.ª de mayo de 2002; 5 de febrero y 13-3.ª de junio de 2003; 1-1-.º de octubre de 2004; 13-3.º de diciembre de

2005; 16-2.ª de enero, 21-2.ª y 23-1.ª de junio y 6-4.ª de octubre de 2006; y 15-2.ª de febrero de 2007. II.  Un nacimiento acaecido dentro del territorio español o que afecte a españoles ha de ser inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 LRC), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente a que alude el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil que está desarrollada en los artículos 311 a 316 del Reglamento. III.  En este caso concreto, se trata de un varón nacido el 14 de marzo de 1936, de padres cuya nacionalidad no está acreditada, que pretende su inscripción en el Registro Civil español de P. Ha de estimarse probado con la documentación existente en el expediente que el referido nacimiento tuvo lugar en dicha ciudad. Consta informe de la Policía referente a la expedición en 1952 de un Documento Nacional de Identidad a favor del interesado en el que se señala que nació en dicha ciudad e, igualmente, consta este lugar de nacimiento en las respectivas inscripciones de nacimiento de sus seis hijos y en la partida de su bautismo administrado en tiempo reciente. IV.  El artículo 15 LRC establece que constarán en el Registro Civil español los hechos inscribibles acaecidos en territorio español, aunque afecten a extranjeros, como puede suceder en el presente caso. Consecuentemente, probado el nacimiento del menor en P., éste ha de ser inscrito en el Registro en que aquel acaeció, con los datos acreditados que resulten del expediente. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.  Ordenar que se inscriba el nacimiento acaecido en P. el día 14 de marzo de 1936, de don N. O. P., con los demás datos comprobados en las actuaciones.

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RESOLUCIÓN (6.ª) de 8 de octubre de 2007, sobre rectificación de errores. Prospera el expediente para rectificar en una inscripción de defunción el estado civil del difunto para hacer constar que era casado en vez de «separado legal». En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de defunción, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de L.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de L. doña V. A. B. promueve expediente gubernativo de rectificación de errores en el certificado de defunción de su marido don D. S. L., manifestando que en la inscripción de defunción de su marido existe un error en su estado civil ya que figura como separado legal, cuando lo cierto es que estaba casado, que el cuestionario para la declaración de defunción fue realizado por don B. S. M., padre del fallecido, quien hizo constar el estado civil de separado legal de su hijo por error, que dicho error viene de que habían iniciado los trámites del divorcio, pero estos no llegaron a finalizar ya que en dicho procedimiento no se llegó a dictar sentencia, por cuanto la muerte de su esposo se produjo antes de dictarse sentencia de divorcio, por ello solicita la rectificación de dicho error. Adjunta como documentación: Certificado de defunción de su marido, volante de empadronamiento, certificado de matrimonio y libro de familia. 2.  El Ministerio Fiscal interesa que se aporte la causa de divorcio para examinar en qué estado se hallaba a la fecha del fallecimiento del interesado, que se de traslado del expediente a don B. S. M. a fin de que haga alegaciones. 3.  El Ministerio Fiscal habiendo examinado los autos archivados informa que

no cabe dudar de que el difunto en el momento del fallecimiento estaba casado aunque en trámites de divorcio y por tanto separado de hecho, por ello el matrimonio está disuelto por fallecimiento del marido y no por divorcio. Con fecha 4 de diciembre de 2006 la Juez Encargada del Registro Civil de L. dicta auto mediante el cual acuerda rectificar la inscripción de defunción de don D. S. L. en el sentido de hacer constar que era casado y no separado legal en el momento del fallecimiento. 4.  Notificados los interesados, el padre del difunto don B. S. M. interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que revoquen el auto recurrido, que la disolución del matrimonio es por divorcio antes del fallecimiento. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se ratifica en el anterior informe. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 85,88 y 89 del Código civil (Cc); 2, 92 y 93 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de 12 de marzo, 20-1.ª de septiembre de 2002; 11 de enero de 2003; 16-1.ª de mayo y 4-3.ª de septiembre de 2006. II.  Se inicia el expediente con el fin de que en la inscripción de defunción de don D. S. L. se rectifique su estado civil que, según la promotora no era el de «separado legal», que se hizo constar en la inscripción, sino el de «casado», puesto que, aún cuando lo promotora y el fallecido habían iniciado procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, sobrevino el fallecimiento antes de que se dictara la sentencia. Por la Juez Encargada, con el informe favorable del Ministerio Fiscal, se acordó la rectificación solicitada median-

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te auto de 4 de diciembre de 2006. Notificado el auto al padre del fallecido, éste interpone recurso de apelación. III.  Realmente, la cuestión que viene a debatirse en el expediente es si al tiempo del fallecimiento de don D. S. L. subsistía su matrimonio con la promotora por no haberse aún dictado la sentencia de divorcio, como ella sostiene, o si por el contrario, desde que los cónyuges alcanzaron un acuerdo y era manifiesta su voluntad de disolver el matrimonio –acredita la dicha voluntad con la firma del convenio regulador, la iniciación del procedimiento y la ratificación de la demanda–, puede entenderse que quedó disuelto por divorcio, aún cuando su formalización por medio de la correspondiente sentencia no se hubiese aún producido, que es lo que mantiene el recurrente. IV.  A la vista de los artículos que el Código civil dedica a la disolución del matrimonio, resulta en lo que aquí interesa, primero, que las causas que la producen son sólo dos, la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y el divorcio (cfr. art. 81 Cc), segundo, que la acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges (cfr. art. 88 Cc) y, tercero, que la disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza (cfr. art. 89 Cc). Por tanto, a la vista de estas disposiciones, si el fallecimiento de uno de los cónyuges acaece antes de que se dicte la sentencia de divorcio y de que ésta adquiera firmeza, no puede entenderse disuelto el matrimonio por divorcio, sino por la muerte de uno de los cónyuges, momento a partir del cual la acción de divorcio queda extinguida. V.  Según lo que antecede en el presente caso, el matrimonio quedó disuelto por el fallecimiento del marido de la promotora y no por divorcio. Consecuentemente, cuando acaeció la muerte el estado civil del difunto era el de casado, según se hizo constar en la inscripción de defunción y no el de divorciado, puesto que no

se había dictado aún sentencia de divorcio, ni tampoco el de separado legalmente, ya que tampoco había recaído sentencia de separación al no haberse instado en ningún momento procedimiento alguno dirigido a tal fin (cfr. art. 81 Cc). VI.  El estado civil de una persona es en su inscripción de defunción una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC), por lo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la Ley. Es cierto que la regla general en materia de errores es que éstos deben ser rectificados por sentencia firme recaída en juicio ordinario (cfr. art. 92 LRC), pero igualmente lo es que la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo con informe favorable del Ministerio Fiscal (cfr. art. 94 LRC). En este caso se considera acreditado el error y el informe del Ministerio Fiscal ha sido favorable. VII.  Lo anterior no empece el reconocimiento de los efectos civiles que en otros órdenes puedan derivarse de la situación de separación de hecho en que, al parecer, se encontraba el matrimonio antes del fallecimiento del esposo, tanto de carácter personal (cfr. por eje. art. 177 Cc), como patrimonial (cfr. art. 1368 Cc). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (1.ª) de 9 de octubre de 2007, sobre cambio de nombre propio. Prospera el expediente porque hay prueba de la habitualidad y el cambio solicitado no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de T.

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HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2006 presentado en el Registro Civil de T., doña M. M. M. solicita el cambio de nombre por el de Magda. por ser el utilizado habitualmente. Adjunta como documentación: Certificado de nacimiento, volante de empadronamiento y diversa documentación donde aparece el nombre de M. 2.  Ratificada la interesada, comparece un testigo que manifiesta que conoce a la interesada desde siempre con el nombre de Magda. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado ya que el nombre de Magda. es una contracción familiar del ordinario en su dicción oficial. El Juez Encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 3 de noviembre de 2006 deniega el cambio de nombre a la interesada. 3.  Notificada la interesada, ésta presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar el cambio de nombre, presentando como prueba documental un certificado del Instituto de Estudios Catalanes donde se informa de que M. es un antropónimo del nombre M. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210, 217, 218, 364 y 365 del Reglamento de Registro Civil; y las Resoluciones 20-15.ª de marzo y 10-1.ª de septiembre de 2007. II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente

(cfr. arts. 209.4.º, y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que, además, el nombre propio solicitado no infrinja normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado. III.  Se discute en estas actuaciones si es posible el cambio de nombre M. por «M.». La nueva redacción del artículo 54 de la Ley de Registro Civil, establecida la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas («BOE»de 16 de marzo de 2007), elimina la prohibición de los nombres diminutivos o variantes familiares que no han alcanzado sustantividad, como sería el nombre señalado, por lo que puede practicarse la inscripción con el nombre pretendido, ya que no se considera que se halle afectado por las limitaciones que establece el artículo 54,II, en su redacción actual. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Autorizar el cambio de nombre inscrito por el usado habitualmente, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme a lo que dispone el art. 218 del Reglamento de Registro Civil.

RESOLUCIÓN (2.ª) de 9 de octubre de 2007, sobre nombre propio. Es admisible para mujer «Loren». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el in-

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teresado contra calificación de la Juez Encargada del Registro Civil Denia.

HECHOS 1.  Don O. O. L. T., nacido en Ecuador, de nacionalidad española y doña B. Z. V. M., nacida en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana, presentaron en el Registro Civil de D. hoja de declaración de datos para la inscripción del nacimiento de su hija L. S. L. V., nacida en D. el 1 de diciembre de 2006. 2.  Mediante Providencia de 21 de diciembre de 2006 la Juez Encargada del Registro Civil de D. requiere al interesado para que en el plazo de tres días designe otro nombre para su hija ya que L. S. es un diminutivo familiar de L. S., en el caso de no hacerlo se le impondrá a la menor el nombre de L. S. 3.  Notificado el interesado, éste mediante comparecencia en el Registro Civil interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que L. S. es un nombre que tiene sustantividad propia. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil; 192 y 193 del Reglamento de Registro Civil y las Resoluciones 2015.ª de marzo y 10-1.ª de septiembre de 2007. II.  Los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos los nombres propios que estimen más convenientes, no pudiendo ser rechazado el nombre elegido más que cuando claramente infrinja alguna de las prohibiciones, que

han de ser interpretadas restrictivamente, contenidas en el artículo 54 de la Ley y el artículo 192 de su Reglamento. III.  En el presente caso la voluntad de los padres fue la de imponer a su hija el nombre «L.». La nueva redacción del artículo 54 de la Ley de Registro Civil, establecida la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas («BOE» de 16 de marzo de 2007), elimina la prohibición de los nombres diminutivos o variantes familiares que no han alcanzado sustantividad, como sería el nombre señalado, por lo que puede practicarse la inscripción con el nombre pretendido, ya que no se considera que se halle afectado por las limitaciones que establece el artículo 54,II, en su redacción actual. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso. 2.º  Ordenar que en la inscripción debatida se haga constar «L.» como nombre propio del nacido.

RESOLUCIÓN (3.ª) de 9 de octubre de 2007, sobre nombre propio del extranjero naturalizado español. No hay ningún obstáculo para mantener el nombre originario cuando no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley de Registro Civil. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra calificación de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 3 de noviembre de 2005 en el Registro Civil de M. se levanta acta de juramento para la adquisición de la nacionalidad española, mediante la

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cual F. P. B. A., nacido en Ecuador el 16 de marzo de 1964 manifiesta que le ha sido concedida la nacionalidad española por resolución de fecha 11 de octubre de 2005, que jura fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y demás leyes españolas, que solicita se le inscriba con el nombre de F. P., que en el caso de que no se le pueda inscribir con dicho nombre solicita se le inscriba sólo como P. Adjunta como documentación: Hoja declaratoria de datos y resolución por la que se le concede la nacionalidad española. 2.  Recibida la documentación en el Registro Civil Central se procede a la inscripción de nacimiento del interesado con el nombre de F. P. B. A. 3.  Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su nombre original es F., que no puede llevar el nombre de F. por problemas legales en su país de origen, por lo que solicita se le registre sólo con el nombre de P. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la estimación del recurso por cuanto el interesado en fecha previa a la inscripción ya manifestó que en caso de no poder ser inscrito conforme a la legislación española el nombre de F., se le inscribiera únicamente como P. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 23 y 54 de la Ley del Registro Civil; 85, 192, 212 y 213 del Reglamento de Registro Civil y las Resoluciones de 20-15.ª de marzo y 101.ª de septiembre de 2007. II.  Para el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de consignarse en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español el nombre propio que figure en la certificación extranjera de nacimiento, que sirva de título para el asien-

to, a no ser que se pruebe que viene usándose de hecho otro nombre propio (cfr. art. 213,.º regla 1.ª, RRC). Ahora bien, en todo caso el nombre ha de ser sustituido por otro ajustado si infringe las normas establecidas (cfr. art. 213.º regla 2.ª, RRC) III.  Se discute en estas actuaciones si es posible mantener el primer nombre «F.». La nueva redacción del artículo 54 de la Ley de Registro Civil, establecida la Ley 3/2007, de 15 marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas («BOE» de 16 de marzo de 2007), elimina la prohibición de los nombre diminutivos o variantes familiares que no han alcanzado sustantividad, como sería el nombre señalado, por lo que puede practicarse la inscripción con el nombre pretendido, ya que no se considera que se halle afectado por las limitaciones que establece el articulo 54,II, en su redacción actual. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.ª  Ordenar que la inscripción debatida se haga constar «F.» como primer nombre propio.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 9 de octubre de 2007, sobre cancelación de inscripción de nacimiento. 1.º  Se retrotraen las actuaciones al no estar para el interesado claramente determinado el título manifiestamente ilegal en cuya virtud se practicó la inscripción. 2.º  La necesidad de motivación jurídica suficiente es una expresión del principio de «interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos» que rige también en el ámbito registral. En el expediente de cancelación de inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado con-

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tra auto del Encargado del Registro Civil Consular de R. (Argentina).

ral de los Registros y del Notariado para su resolución.

HECHOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.  Mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2006 el Encargado del Registro Civil del Consulado de España en R. (Argentina) se dirige a don M. E. A. L.-B., informándole que se ha detectado, al hacer una revisión de las inscripciones registrales practicadas en el Consulado, ciertas disparidades en la partida de nacimiento del interesado, título que sirve de base para la ostentación de la ciudadanía española, y las disposiciones legales reguladoras de dicha nacionalidad contenidas en el Código civil español, esto es causa suficiente para incoar un expediente de cancelación de la inscripción de su nacimiento. Para no generar una situación de indefensión se abre un periodo de tres días hábiles para que el interesado haga las alegaciones pertinentes.

I.  Vistos los artículos 20 del Código civil; 15, 16, 24, 26 y 95 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 94, 163, 164, 297, 298 y 342 del Reglamento del Registro Civil y Resoluciones de 25-4.ª de octubre de 2004; 19-4.ª de diciembre de 2005; y 30-6.ª de mayo de 2007.

2.  El Ministerio Fiscal informa que una vez comprobada la documentación oficial relativa a la inscripción de nacimiento de M. E. A. L.-B., considera que fue practicada en base a título manifiestamente ilegal, estimando que procede la cancelación de dicha inscripción. El Encargado del Registro Civil Consular dicta auto con fecha 27 de septiembre de 2006 procediendo a la cancelación en la inscripción de nacimiento de M. E. A. L.-B. ya que se hizo basándose en título manifiestamente ilegal. 3.  Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicita se deje sin efecto el auto que cancela la inscripción de nacimiento, que también solicita copia certificada del auto resolutorio de cancelación de inscripción de nacimiento a los efectos de la expresión de agravios. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección Gene-

II.  El interesado, nacido en Argentina en abril de 1975, había comparecido ante el Registro Civil de R. (Argentina) en octubre de 1998 optando por la nacionalidad española por haber estado sujeto a la patria potestad de un español y por consecuencia del ejercicio de este derecho, causó inscripción de nacimiento y de nacionalidad española en el Registro Consular, inscripción que no consta en el expediente, pese a ser junto con su cancelación la causa del expediente. Posteriormente, el 23 de agosto de 2006 por el Encargado de dicho Registro se acuerda de oficio instruir expediente para cancelar la referida inscripción por haberse basado en un título manifiestamente ilegal, circunstancia que, según escrito dirigido al interesado el mismo día 23 de agosto de 2006, se había advertido en una revisión casual en la que se detectaron ciertas disparidades entre su partida de nacimiento y las normas del Código civil reguladoras de la nacionalidad. III.  No consta en la comunicación dirigida al interesado ni en el auto recurrido cuales son las disparidades existentes entre la inscripción de nacimiento del recurrente y las normas del Código civil que regulan la nacionalidad. Igual sucede con el título manifiestamente ilegal que sirvió de base a dicha inscripción de nacimiento y que ahora justifica su cancelación. El desconocimiento de dichas disparidades y, sobre todo, el de ese título ilegal y de la causa concreta por la que se cancela la inscripción de su nacimiento, puede haber generado

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en el recurrente una situación de indefensión que obliga a retrotraer las actuaciones al momento oportuno para que, previos los trámites pertinentes, se dicte nuevo auto debidamente motivado con notificación al interesado, (en el presente caso no consta que se haya esta notificación), a efectos de su posible impugnación. Es necesario recordar la necesidad de que las resoluciones contengan una motivación jurídica suficiente como expresión del principio de «interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos», que ha encontrado consagración constitucional en el artículo 9.3 de nuestro Carta Magna, toda vez que, como ha señalado el Tribunal Supremo, los actos no motivados se tienen por arbitrarios (vid. sentencias de 30 de junio de 1982 y 15 de octubre y 29 de noviembre de 1985). La motivación es, pues, una garantía del derecho de defensa mediante el cual se puede comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del Ordenamiento jurídico, y no fruto de la arbitrariedad (vid. sentencia del Tribunal Constitucional de 165/1993). Esta necesidad de motivación de las decisiones jurídicas se incrementa en relación con los actos que limiten los derechos subjetivos o los intereses legítimos de los ciudadanos cualquiera sea el procedimiento en que se dicten y constituyen, además, una exigencia formal y material de los autos denegatorios, según se desprende de los artículos 208.2 y 209.3.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable a este ámbito registral en razón de la aplicabilidad supletoria de las normas procesales civiles que ordena el artículo 16 del Reglamento del Registro Civil. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Dejar sin efecto el auto apelado. 2. Retrotraer las actuaciones al momento oportuno para que, previos los trámites pertinentes, se dicte nuevo auto debidamente motivado con notificación

al interesado a efectos de su posible impugnación.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 9 de octubre de 2007, sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento. Por el conjunto de pruebas presentadas se concluye que el nacimiento acaeció en Melilla. En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado el 10 de abril de 2006, en el Registro Civil de M., don S. B. G. y su esposa doña F. E. A. solicitaba la iniciación de expediente gubernativo a fin de autorizar la inscripción de nacimiento fuera de plazo de su hija S., nacida el 15 de marzo de 2003 en M. Adjuntaban la siguiente documentación: Certificación negativa de inscripción de nacimiento, acta de matrimonio, partidas de nacimiento de los interesados, certificado de residencia, certificado del Hospital Comarcal, prueba testifical y certificado del médico forense. 2.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción en los términos solicitados, habida cuenta que del informe emitido por la Dirección General de la Policía se desprende que la menor S. B. G. ya consta inscrita en el Registro Civil de N. (Marruecos), siendo uno de los requisitos imprescindibles para autorizar la inscripción de nacimiento fuera de plazo, que no exista ninguna otra inscripción previa, tal y como establecen los artículos 311 y 312 del Reglamento del Registro Civil. Con fecha 19 de junio de 2006 la Juez Encargada del Registro Civil de M. dicta auto denegando la ins-

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cripción de nacimiento fuera de plazo solicitada, ya que no concurre uno de los requisitos esenciales exigidos por el artículo 312 del Reglamento del Registro Civil. 3.  Notificado el auto a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que su hija nació en M. como lo acredita el parte del facultativo que asistió en el parto a su esposa. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, este se opone al mismo. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 15, 16 y 95 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 311 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones, entre otras, de 11-1.ª de junio, 8-9.ª y 21 de septiembre, 2-1.ª y 13-2.ª de octubre y, y 18 de diciembre de 2001; 10-3.ª de mayo de 2002; 5 de febrero y 13-3.ª de junio de 2003; 1-1-.º de octubre de 2004; 13-3.º de diciembre de 2005; 16-2.ª de enero, 21-2.ª y 23-1.ª de junio y 6-4.ª de octubre de 2006; y 15-2.ª de febrero de 2007. II.  Un nacimiento acaecido dentro del territorio español o que afecte a españoles ha de ser inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 LRC), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente a que alude el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil que está desarrollada en los artículos 311 a 316 del Reglamento. III.  En este caso concreto, se trata de una niña nacida el 15 de marzo de 2003, de padres marroquíes, cuya inscripción en el Registro Civil español se pretende. Ha de estimarse probado con la documentación existente en el expediente – especialmente con la certificación de 24

de enero de 2006 expedida por el Director Gerente del Hospital Comarcal de M.– que el referido nacimiento tuvo lugar en dicho hospital. IV.  El artículo 15 LRC establece que constarán en el Registro Civil español los hechos inscribibles acaecidos en territorio español, aunque afecten a extranjeros, como sucede en el presente caso. Consecuentemente, probado el nacimiento de la menor en M., ésta ha de ser inscrita en el Registro en que acaeció, con los datos acreditados que resulten del expediente, sin que el hecho de constar inscrito el mismo nacimiento en un Registro Civil extranjero conforme a sus propias normas de competencia, suponga en modo alguno un obstáculo legal para la inscripción en el Registro Civil español, al extremo de estar legalmente previsto como uno de los títulos formales de inscripción en nuestro Registro «la certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros» (cfr. art. 23 LRC). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.  Ordenar que se inscriba el nacimiento acaecido en M. el 15 de marzo de 2003, de S., mujer, hija de F. E. A. y con los demás datos comprobados en las actuaciones.

RESOLUCIÓN (6.ª) de 9 de octubre de 2007, sobre rectificación de error en el apellido. No prospera el expediente al no haberse acreditado el error denunciado En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de S.

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hija de A. y no estando determinada la filiación paterna, no puede imponerse el apellido R.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en C., doña J. Á. R. R., de nacionalidad española expone que nació en S. el 14 de enero de 1947 con el nombre de J. Á. R. M., que posteriormente emigró con su madre a Venezuela, que en 1954 obtuvo la nacionalidad venezolana y cambiaron su nombre y apellido siendo J. Á. R. R., por todo ello solicita se cambie el nombre y apellidos de J. Á. R. M. por el de J. Á. R. R. Adjunta como documentación: Certificado de nacimiento, pasaporte de su madre, gaceta oficial de Venezuela, datos filiatorios y certificado de matrimonio. 2.  El Ministerio Fiscal se opone a la rectificación solicitada por entender que no queda acreditada la existencia de error, ya que en la inscripción de nacimiento de la interesada, en lo que se refiere a la filiación se hace constar que su madre es soltera y por este motivo se le imponen sus dos apellidos y mediante nota marginal se hace constar como nombre del padre, a los solos efectos identificadores el de J. y no el de A. R. Con fecha 30 de junio de 2005 la Juez Encargada del Registro Civil de S. dicta auto mediante el cual accede a la subsanación de error en el acta de nacimiento de la interesada en el sentido de que los apellidos serán en los sucesivo R. R. 3.  Notificada la interesada y el Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que en el acta de nacimiento de la interesada se hace constar que es hija natural de A. R. M., soltera y por ese motivo se le imponen sus dos apellidos y mediante nota marginal se hace constar como nombre del padre a efectos identificadores el de J., que el hecho de que exista una certificación de matrimonio contraído por la madre de la interesada con don A. R. R. con fecha anterior al nacimiento de J., ello no implica necesariamente que sea

4.  De la interposición del recurso se da traslado a la interesada. La Juez Encargada del Registro Civil da traslado del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 2, 57, 60 y 93 de la Ley del Registro Civil; 12, 205, 206, 217, 218, 342 y 365 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de esta Dirección General, entre otras, de 31-1.ª de marzo, 12 y 21-2.ª de abril, 17-1.ª y 7.ª y 27-2.ª de mayo, 13-2.ª de junio y 1-4.ª de julio de 2003 y 24-1.ª de febrero, 24-1.ª de junio y 9 de julio de 2004. II.  El apellido de una persona es en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC), por lo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la Ley. III.  En este caso no puede estimarse que exista el error denunciado porque la inscripción de la interesada se practicó en 1947 como hija no matrimonial, haciéndose constar solo la filiación materna y un nombre del padre a efectos identificadores y atribuyéndosele, en el mismo orden, los apellidos de la madre. Consta en el expediente una certificación de matrimonio de la madre con don A. R. R. celebrado en 1943. La Juez Encargada del Registro dictó auto por el que acordaba la rectificación de los apellidos propuesta por la promotora. Este auto, recurrido por el Ministerio Fiscal, constituye el objeto del presente recurso. IV.  La regla general en materia de errores registrales es que su rectificación ha de obtenerse mediante sentencia recaída en juicio ordinario (cfr. art. 92 LRC). Además, obviamente, para que pueda

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rectificarse un error del Registro, es necesario que quede acreditada su existencia y, esto, no ha sido probado en el presente caso. No hay prueba en el expediente de que el matrimonio de la madre con don A. R. R. se hubiese disuelto antes del nacimiento de la interesada, ni que los cónyuges estuviesen separados de hecho, por lo que hay que entender que cuando ésta nació era constante el matrimonio de su madre, sin que haya constancia en el expediente de la razón por la cual fue inscrita la interesada como hija no matrimonial sin filiación paterna conocida. Todo ello lleva a concluir, como se ha indicado, que no está acreditada la existencia de un error del Registro Civil que deba ser rectificado por la vía de este expediente gubernativo, ya que se plantea una cuestión previa sobre la filiación paterna de la inscrita que debe residenciarse en sede judicial (cfr. art. 92 LRC). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.

RESOLUCIÓN (1.ª) de 10 de octubre de 2007, sobre nombre propio del extranjero naturalizado español. No hay ningún obstáculo para mantener el nombre originario cuando no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley de Registro Civil En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra calificación de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 7 de marzo de 2006 en el Registro Civil de L. se levanta acta de opción a la nacionalidad española me-

diante la cual don C. A. R. H., nacido en Venezuela, de nacionalidad española y doña M. M. G. B. H., nacida en Venezuela, de nacionalidad venezolana, manifiestan que en nombre de su hija C. Andreina R. B. optan por la nacionalidad española al habérsele concedido mediante auto de fecha 17 de febrero de 2006 y hallándose la menor bajo la patria potestad de un español, que solicitan la inscripción de su hija en el Registro Civil Central, que desean que su hija ostente los apellidos R. B. Adjuntan como documentación: Hoja declaratoria de datos, certificado de nacimiento de la menor, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio de los padres, certificado de empadronamiento y resolución por la que se le concede la nacionalidad española. 2.  Recibida la documentación en el Registro Civil Central se procede a la inscripción de nacimiento de la interesada con el nombre de C. A. R. B. 3.  Notificados los interesados, esto mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 2006 solicita la rectificación de error en el nombre en la inscripción de nacimiento de su hija, ya que se ha inscrito C. A. y no C. A. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso por cuanto la inscripción ha sido realizada conforme a Derecho al ser Andreina un diminutivo. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 23 y 54 de la Ley del Registro Civil; 85, 192, 212 y 213 del Reglamento de Registro Civil y las Resoluciones de Resoluciones 20-15.ª de marzo y 10-1.ª de septiembre de 2007. II.  Para el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de consignarse en su inscripción de nacimiento en el

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Registro Civil español el nombre propio que figure en la certificación extranjera de nacimiento, que sirva de título para el asiento, a no ser que se pruebe que viene usándose de hecho otro nombre propio (cfr. art. 213,.º regla 1.ª, RRC). Ahora bien, en todo caso el nombre ha de ser sustituido por otro ajustado si infringe las normas establecidas (cfr. art. 213.º regla 2.ª, RRC) III.  Se discute en estas actuaciones si es posible mantener el segundo nombre «A.». La nueva redacción del artículo 54 de la Ley de Registro Civil, establecida la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas («BOE» de 16 de marzo de 2007), elimina la prohibición de los nombres diminutivos o variantes familiares que no han alcanzado sustantividad, como sería el nombre señalado, por lo que puede practicarse la inscripción con el nombre pretendido, ya que no se considera que se halle afectado por las limitaciones que establece el artículo 54,II, en su redacción actual. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que en la inscripción debatida se haga constar «A.» como segundo nombre propio.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de O., el 28 de noviembre de 2006, don B. Á. B. solicita el cambio de nombre ya que habitualmente se le conoce como B. Adjuntan como documentación: Certificado de nacimiento, y otro documento donde aparece el nombre de B. 2.  Ratificado el interesado, comparecen dos testigos que manifiestan que conocen al interesado y les consta que son ciertos todos y cada uno de los extremos contenidos en su escrito inicial. El Ministerio Fiscal estima que debe accederse a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil, mediante auto de fecha 13 de diciembre de 2006 no autoriza el cambio de nombre ya que el nombre de B. es claramente indicador del sexo femenino, por lo que el cambio hace confusa la identificación e induce al error en cuanto al sexo. 3.  Notificado el interesado, éste, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar el cambio de nombre. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interpuesto. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO RESOLUCIÓN (2.ª) de 10 de octubre de 2007, sobre cambio de nombre propio. No es admisible el cambio de «Bernardino» a «Berna» porque el cambio solicitado induce a error en cuanto al sexo. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de O.

I.  Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210, y 365 del Reglamento de Registro Civil; y Resoluciones de 18 de enero de 2001, 9-2.ª y 12-5.ª de septiembre de 2002, 304.ª de enero y 6-2.ª de marzo, 3-1.ª de noviembre y 19-1.ª de diciembre de 2003, 6-1.ª de febrero, 15-2.ª, 16-1.ª, 27 de marzo y 10-2.ª de diciembre de 2004 II.  El encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar

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en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4.º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que, además, el nombre propio solicitado no infrinja normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que inicialmente debería ser rechazado. III.  En el presente caso, se trata del cambio de nombre propio B. por B.; sin embargo, si se tiene en cuenta: Que no son admisibles nombres que hagan confusa la identidad de la persona o que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo (cfr. art. 54 de la LRC); que la Resolución de 19 de diciembre de 2003 indicada señalaba que B. tiene autonomía por si y por su terminación es claramente indicador del sexo femenino», no puede admitirse el cambio solicitado. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso interpuesto.

RESOLUCIÓN (3.ª) de 10 de octubre de 2007, sobre cambio de nombre propio. No es admisible el nombre «Ioar» porque induce a error en cuanto al sexo. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, mediante representante legal, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de V.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de V., el 28 de julio de 2006, doña R. A. Q. y don F. J. T., promueven expediente gubernativo sobre cambio de nombre de su hijo menor J. T. G., manifes-

tando que J. T. nació el 6 de abril de 2004, que al inscribirlo se cometió un error por el cual se le puso el nombre de J. por el I., que habitualmente viene utilizando ese nombre, por lo que solicitan el cambio de nombre. Adjuntan como documentación: Certificado de nacimiento, libro de familia, cartilla sanitaria y otros documentos donde aparece el nombre de I. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil, mediante auto de fecha 11 de octubre de 2006 no autoriza el cambio de nombre, ya que consta certificación de la Real Academia de la Lengua Vasca donde advierte que I. es apto para designar mujer y no cabe su uso para ambos géneros. 3.  Notificado el interesado, éste, mediante representante legal, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar el cambio de nombre. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste considera ajustada a Derecho la resolución recurrida La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210, y 365 del Reglamento de Registro Civil; y Resoluciones de 18 de enero de 2001, 9-2.ª y 12-5.ª de septiembre de 2002, 30-4.ª de enero y 6-2.ª de marzo, 3-1.ª de noviembre y 19-1.ª de diciembre de 2003, 6-1.ª de febrero, 15-2.ª, 16-1.ª , 27 de marzo y10-2.ª de diciembre de 2004. II.  El encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4.º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (cfr. 210

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del RRC) y siempre que, además, el nombre propio solicitado no infrinja normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que inicialmente debería ser rechazado. III.  En el presente caso, se trata del cambio de nombre propio «J.» por «I.». Sin embargo, si se tiene en cuenta: Que están prohibidos los nombre que hagan confusa la identidad de la persona o que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo (cfr. art. 54 de la LRC); que dicho nombre, cuya grafía apropiada en «J.», es apto para designar mujer y no cabe su uso por ambos géneros; no puede admitirse el cambio solicitado. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso interpuesto.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 10 de octubre de 2007, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto ni haber poseído y utilizado la nacionalidad española durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de L.

ñola con valor de simple presunción ya que no pudo acogerse al Real Decreto de 10 de agosto de 1976 por ser menor de edad y cursar sus estudios en Sáhara. Adjuntaba la siguiente documentación: Libro de familia, DNI de sus padres, certificado de nacimiento, certificado de concordancia de nombre, certificado de empadronamiento y recibo de MINURSO. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe desfavorable al no estar acreditado mediante la documentación aportada el haber estado en posesión con utilización de la nacionalidad española durante el tiempo de diez años. 3.  El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 23 de octubre de 2006 en el que denegaba la adquisición de la nacionalidad española solicitada por el interesado, ya que no ha probado haber estado en posesión y utilización de la nacionalidad española poseída, ni consta haber ostentado en tiempo alguno documento oficial de identidad española, estando documentado en la actualidad con permiso de residencia en España. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de simple presunción. 5.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso por considerar ajustada a Derecho la resolución recurrida. El Juez Encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de L., don A. M. F. B. nacido en E. A. (Sahara Occidental) solicitaba la declaración de la nacionalidad espa-

I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agos-

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to; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones de 1-1.ª y 7 de marzo de 2000, 15-1.ª de junio de 2001 y 21-1.ª de octubre y 5-2.ª de diciembre de 2002, 21-1.ª de enero, 26-1.ª de marzo, 19-3.ª de abril, 20-2.ª de junio y 6-2.ª de noviembre de 2003 y 2-5.ª de enero de 2004. II.  El interesado, por escrito de 22 de agosto de 2006 presentado en el Registro Civil de Linares, solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en el Aaiún, Sahara Occidental, y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado dictó auto denegando la nacionalidad española del promotor. El Ministerio Fiscal emitió informe oponiéndose a la estimación del recurso. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. arts. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, a los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas rela-

cionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) En un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en I., y de autodeterminación en el Sahara.

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Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los stati entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del

Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En efecto, ni el padre del interesado optó en su momento en nombre de su hijo a la nacionalidad española conforme a lo que permitió el Real Decreto citado de 1976 ni el interesado ha probado haber estado en posesión y utilización de la nacionalidad española durante diez años, ni haber ostentado en tiempo alguno documento oficial de identidad español, ya que los presentados en el expediente corresponden a su padre. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (6.ª) de 10 de octubre de 2007, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando la posesión de la nacionalidad española no ha durado diez años, ni la interesada ha probado haber residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de L.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de L., doña Z. M. A. S. nacida el 27 de octubre 1968 en E. (Sahara Occidental) solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de

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simple presunción ya que no pudo acogerse al Real Decreto de 10 de agosto de 1976 al encontrarse viviendo durante todo ese periodo en los campamentos de refugiados de T., al suroeste de Argelia. Adjuntaba la siguiente documentación: Libro de familia, DNI de sus padres, certificado de nacimiento, certificado de residencia en los campamentos de refugiados saharauis, tarjeta de la Seguridad Social y recibo de MINURSO. 2.  Ratificada la interesada, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe desfavorable al no estar acreditado mediante la documentación aportada el haber estado en posesión con utilización de la nacionalidad española durante el tiempo de diez años. 3.  El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 7 de noviembre de 2006 en el que denegaba la adquisición de la nacionalidad española solicitada por la interesada, ya que no ha probado haber estado en posesión y utilización de la nacionalidad española poseída, exigiéndose haberse comportado como español, ejerciendo derechos y deberes de su cualidad como español, lo que en el presente caso no ha quedado demostrado, estando documentada en la actualidad con pasaporte argelino. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, ésta presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de simple presunción. 5.-Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso por considerar ajustada a Derecho la resolución recurrida. El Juez Encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335

y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones de 1-1.ª y 7 de marzo de 2000, 15-1.ª de junio de 2001 y 21-1.ª de octubre y 5-2.ª de diciembre de 2002, 21-1.ª de enero, 26-1.ª de marzo, 19-3.ª de abril, 20-2.ª de junio y 6-2.ª y 17-1.ª de noviembre de 2003 y 17-1.ª de enero de 2004. II.  La interesada, por escrito de 7 de junio de 2006 presentado en el Registro Civil de L., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en el A., Sahara Occidental, y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado dictó auto denegando la nacionalidad española del promotor. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. arts. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, a los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

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V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) En un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecua-

torial, de cesión o retrocesión en I., y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los stati entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca

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–recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente no se ha justificado que la interesada, ni sus padres, residieran en el Sahara cuando estuvo en vigor el Real Decreto de 1976, de modo que quedara imposibilitada de facto para optar a la nacionalidad española. De otro lado, si bien, por aplicación del artículo 18 del Código civil, «la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe, y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó», lo cierto es que la interesada, no cumple el requisito del tiempo de posesión y utilización, porque había cumplido ocho años de edad cuando España en 1976 abandonó el territorio del Sahara y, a partir de esa fecha, no ha ostentado documentación como español, de modo que no ha completado el período de diez años exigido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (1.ª) de 11 de octubre de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del En-

cargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  Don F. J. G. S., nacido en España el 10 de octubre de 1960, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 29 de diciembre de 2006 en Cuba, según la ley local, con doña Y. B. Á. nacida en Cuba, el 29 de abril de 1984. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de estado civil de la interesada y certificado de nacimiento y certificado de estado civil del interesado. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 21 años, que no tiene hijos, que su esposo tiene 45 años, es soltero y trabaja como maestro de niños, que la madre de él se llama P., que su esposo no tiene hijos, que se relacionaron por primera vez a través de un anuncio de prensa, que personalmente se conocieron el 8 de abril de 2006, que no sabe si su esposo tiene creencias religiosas, que ella tiene dos hermanos, que su esposo tiene dos hermanos, que la afición de su esposo es jugar al fútbol. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que tiene 45 años, es soltero y trabaja como maestro de primaria en un colegio de S., que no tiene hijos, que su esposa tiene 21 años, es soltera y estudió contable, que trabajó en un banco, que tuvo una relación anterior seria pero no tuvo hijos, que vive con su madre y dos hermanos, que se relacionaron por primera vez por cartas a consecuencia de un anuncio que un amigo de su madre puso en un periódico, que personalmente se conocieron en abril de 2006, que regresó a Cuba en las navidades de 2006

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cuando contrajo matrimonio el 29 de diciembre, que es aficionado a la música salsa. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 15 de febrero de 2007 el Encargado del Registro Civil Consular en la H. dicta auto denegando la trascripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que no se trata de un matrimonio de conveniencia, aportando pruebas documentales como fotografías, facturas telefónicas, cartas, etc. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero

de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 27-4.ª de diciembre de 2005; 16-1.ª de marzo, 7-2.ª y 3.ª y 11-4.ª de abril, 31-1.ª y 5.ª de mayo, 23-2.ª de junio, 20-5.ª, 22 y 25-1.ª de julio, 5-2.ª de septiembre, 30-2.ª de octubre, 10-5.ª y 11 de noviembre y 28-5.ª de diciembre de 2006; 5-3.ª y 29-3.ª y 4.ª de enero, 28-1.ª y 2.ª de febrero, 25-7.ª de abril, 31-2.ª de mayo y 1-2.ª y 3.ª de junio de 2007. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la au-

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sencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas pueden en principio generar alguna duda sobre la finalidad perseguida con el presente matrimonio celebrado en Cuba conforme a lex loci. Pero lo cierto es que las respuestas dadas en sus respectivas audiencias por los interesados tienen un grado de coincidencia que no permite llegar a la conclusión de que se trate de un matrimonio de complacencia y, por otro lado, aunque es cierto que la relación directa y personal no ha sido muy extensa, con el recurso se han aportado pruebas que acreditan que, desde el momento en que toman su primer contacto, han tenido una comunicación regular que se ha mantenido con posterioridad a la celebración del matrimonio. Así se comprueba con las cartas, viajes realizados, aún cuando hayan sido de corta duración, las llamadas telefónicas o las ayudas económicas realizadas, hechos todos correctamente acreditados. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto».

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 29 de diciembre de 2006 en C. (Cuba) entre don F.-J. G. S. y doña Y. B. A.

RESOLUCIÓN (2.ª) de 11 de octubre de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  Doña M. F. G. de S. C., nacida en España el 1 de diciembre de 1952, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 16 de enero de 2006 en Cuba, según la ley local, con don E. A. A. P., nacido en Cuba, el 16 de enero de 1966. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, certificado de matrimonio y sentencia de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento y certificado de estado civil del interesado. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 53 años, es divorciada y está jubilada por laringitis crónica, que es licenciada en Filología Clásica, que tiene un hijo de

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28 años, que su esposo tiene 40 años es soltero y está desocupado, que conoció a su esposo en diciembre de 2003 por el canal de poesía del IRC hispano en Internet, que personalmente se conocieron el 1 de enero de 2006 cuando ella viajó a Cuba. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que tiene 40 años, es soltero y está desempleado, que su esposa tiene 53 años, es divorciada y está jubilada por enfermedad de las cuerdas vocales, que es licenciada en Filología Clásica, que tiene un hijo de 31 años, que se conocieron a finales de 2004 por Internet en un canal de poesía, que a finales de 2005 ella le propuso matrimonio, que personalmente se conocieron en enero de 2006 cuando ella viajó a Cuba. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 1 de marzo de 2006 el Encargado del Registro Civil Consular en H. dicta auto denegando la trascripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que no se trata de un matrimonio de conveniencia, aportando pruebas documentales como fotografías, facturas telefónica, poemas, etc. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. 6.  Mediante escrito de fecha 24 de julio de 2006, don F. J. C. G. de S. hijo de la interesada, expone que su madre ha fallecido el 25 de junio de 2006 en Cuba, que tuvo constancia posteriormente al fallecimiento de su madre del recurso

presentado por ésta para la inscripción de su matrimonio contraído con don E. A. A. P., que solicita sea anulado o paralizado tal recurso ya que considera que el matrimonio contraído era una farsa por parte del interesado para obtener la nacionalidad española, ya que su madre padecía esclerosis múltiple y tenía una minusvalía del 74%.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 27-4.ª de diciembre de 2005; 16-1.ª de marzo, 72.ª y 3.ª y 11-4.ª de abril, 31-1.ª y 5.ª de mayo, 23-2.ª de junio, 20-5.ª, 22 y 25-1.ª de julio, 5-2.ª de septiembre, 30-2.ª de octubre, 10-5.ª y 11 de noviembre y 285.ª de diciembre de 2006; 5-3.ª y 29-3.ª y 4.ª de enero, 28-1.ª y 2.ª de febrero, 25-7.ª de abril, 31-2.ª de mayo y 1-2.ª y 3.ª de junio de 2007. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario

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del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas pueden en principio generar alguna duda sobre la finalidad perseguida con el presente matrimonio celebrado en Cuba conforme a lex loci. Pero lo cierto es que en las respuestas dadas en sus respectivas audiencias por los interesados no se advierten contradicciones en cuestiones que por su trascendencia puedan llevar a la conclusión de que se trate de un matrimonio de complacencia. Las pruebas aportadas, el tiempo de convivencia de la pareja después de contraído matrimonio, no permiten alcanzar la convicción de que el consentimiento matrimonial

prestado haya sido simulado y haya perseguido fines distintos a los del matrimonio. La interesada falleció en H. en junio de 2006 y en julio siguiente su hijo presentó un escrito en el que denunciaba el matrimonio celebrado y se oponía a que fuese inscrito, pero visto el expediente y admitida la validez del matrimonio desde la perspectiva de la legislación española, el principio de concordancia del Registro con la realidad obliga a que dicho matrimonio tenga reflejo mediante su inscripción en el Registro Civil, aún cuando haya quedado disuelto por la muerte de uno de los contrayentes. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 16 de enero de 2006 en P. – C. de H. – (Cuba) entre don E.-A. A. P. y doña M. F. de la S. T. G. de S. C.

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RESOLUCIÓN (3.ª) de 11 de octubre de 2007, sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española. No es posible inscribir el nacimiento de la nacida en Venezuela en 1964 que ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20. n.º 1, b) del Código civil, redacción dada por Ley 36/2002, porque no está acreditado que el padre fuese originariamente español. En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y declaración de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de C. (Venezuela).

HECHOS 1.  Mediante comparecencia el 3 de noviembre de 2006 en el Registro Civil Consular de C., doña G. E. M. N., nacida en C. el 21 de diciembre de 1964, promovía su inscripción de nacimiento en el Registro Civil Consular y optar por la nacionalidad española, al ser hijo de español ya que su padre nació en P., T. Adjunta la siguiente documentación: Hoja de declaración de datos, certificado de su nacimiento, certificado de nacimiento de su padre, certificado de nacimiento de su madre, certificado de matrimonio de sus padres, fotocopia de naturalización del padre del interesado y pasaporte español de su padre. 2.  El Encargado del Registro Civil Consular mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2006 deniega la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española a la interesada al no quedar suficientemente probada la nacionalidad española de origen de su padre y no ajustarse su solicitud a los requisitos del artículo 20.1 b). 3.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a

solicitar la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste considera que debe ser denegada la solicitud del interesado. El Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 17 y 18, en su redacción originaria, 18, en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954 y 20 del Código civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 12-2.ª y 23-3.ª de febrero, 23 de abril, 12-9.ª de septiembre y 5-2.ª de diciembre de 2001; 21-5.ª de enero, 5 de mayo y 6-3.ª de noviembre de 2003; 45.ª, 10-3.ª de febrero y 18-5.ª de noviembre de 2004; 7-2.ª de octubre de 2005; 5-2.ª de enero, 10-4.ª de febrero, 20-5.ª de junio de 2006; y 16-4.ª de marzo, 174.ª de abril y 12-4.ª de julio de 2007. II.  Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española a la nacida en C. (Venezuela) en 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el artículo 20.1,b) del Código civil, en su redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española «aquellas [personas] cuyo padre o madre hubiere sido originariamente español y nacido en España». En este caso el derecho de opción lo basa la interesada en la nacionalidad española de su padre, nacido en P. (T.) en 1935. III.  Esta pretensión no puede ser estimada, porque son dos los requisitos que exige el citado precepto para que prospere el ejercicio del derecho de opción y uno de ellos no resulta acreditado en el presente caso, cual es, el de la nacionalidad española originaria del padre, puesto que en la inscripción de nacimiento de éste consta marginal de adquisición en

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2005 de la nacionalidad española por opción. En consecuencia la adquisición de su nacionalidad no es originaria, sino derivativa, lo que impide que ahora la interesada pueda optar conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b) Cc a la nacionalidad española. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 11 de octubre de 2007, sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo. No es inscribible un nacimiento acaecido en Guinea Ecuatorial en 1950 que no afecta a españoles. En el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra el acuerdo dictado por la Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de S., el 11 de enero de 2006, doña M. T. B. B. solicitó la inscripción de su nacimiento el 4 de enero de 1950 en F. (Guinea Ecuatorial), en el Registro Civil español por ser hija de españoles de origen. Acompañaba la siguiente documentación: Certificado de expedición de DNI de la Dirección General de la Policía, fotocopias de DNI y pasaporte español, notificación negativa de inscripción de nacimiento del Registro Civil Central, libro de familia, certificado de matrimonio, certificado de empadronamiento, cédula de bautismo e inscripción consular. 2.  Ratificada la promotora, y notificado el Ministerio Fiscal, éste no se opuso a la inscripción de nacimiento fuera de plazo y el expediente fue remitido al Registro Civil Central, el cuál requirió a la

interesada para que acreditara de dónde le adviene la nacionalidad española. La Magistrado-Juez Encargada del Registro Civil Central dictó acuerdo el 20 de junio de 2006 denegando la inscripción del nacimiento por no haberse producido éste en territorio español ni haber acreditado la interesada ser hija de español. 3.  Notificada la promotora, interpuso recurso el 26 de diciembre de 2006 solicitando la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español. 4.  El expediente fue trasladado al Ministerio Fiscal, quien estimó que procedía confirmar el acuerdo denegatorio. La Magistrado-Juez Encargada del Registro Civil Central informó negativamente sobre el recurso presentado, ratificándose en su anterior decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 17 del Código civil en su redacción originaria; 17 del Código civil en su redacción actual; 15 de la Ley del Registro Civil; 66 del Reglamento del Registro Civil; la Ley de 27 de julio de 1968; el Real Decreto 2987/1977, de 28 de octubre, y las Resoluciones de 20 de mayo de 1999, 18 de abril de 2000, 27-2.ª de diciembre de 2001, 20-1.ª de junio y 13 de diciembre de 2003. II.  Para que un nacimiento pueda ser inscrito en el Registro Civil español es necesario (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC) que haya acaecido en territorio español o que, si ha acaecido en el extranjero, afecte a españoles. III.  Ninguna de estas condiciones concurre en el nacimiento debatido acaecido en Guinea Ecuatorial en 1950. En efecto, el territorio de Guinea no puede ser considerado español a partir de la independencia obtenida el 12 de octubre de 1968 y, de otra parte, los naturales de Guinea Ecuatorial nunca fueron, por ese solo concepto, nacionales españoles,

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sino solamente súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española. Es evidente, por razones superiores de Derecho Internacional Público, que el proceso descolonizador implicó por sí mismo un cambio en el estatuto personal de los naturales de la nueva nación, que no pudo crearse sin ciudadanos que constituyeran su elemento personal imprescindible. IV.  Para evitar posible perjuicios que ese cambio pudiera acarrear a los guineanos residentes en España, el Real Decreto 2987/1977, de 28 de octubre, arbitró una fórmula a fin de que en determinado plazo pudieran aquellos declarar su voluntad de ser españoles e, incluso, su disposición adicional primera admitió el mismo efecto sin necesidad de declaración expresa para los guineanos que, tras el 12 de octubre de 1968, hubieran estado al servicio de las armas españolas o ejercido cargo o empleo público en España como súbditos españoles. No obstante, esta vía está vedada en este caso pues la nacida en 1950 no estaba incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto y, aunque lo estuviera, no le beneficiaba la opción tácita y dejó expirar el plazo para la opción expresa. V.  No cabe desvirtuar la conclusión anterior por el hecho de que el interesado estuviera en posesión de Documento Nacional de Identidad (DNI), que podrá surtir otros efectos, pero no basta para probar legalmente su nacionalidad española. Es cierto que el DNI sirve para acreditar, salvo prueba en contrario, la nacionalidad española del titular, pero, como viene reiterando este Centro Directivo a partir de la Resolución de 18 de mayo de 1990, esa presunción no es absoluta, pues su ámbito se ciñe exclusivamente al de los expedientes administrativos e, incluso en éstos, puede ser desvirtuada por otros documentos o datos que consten en el mismo expediente y en cualquier caso no rige en el ámbito del Registro Civil por afectar a materias de derecho privado en cuya tramitación se aplican supletoriamente las leyes procesales (cfr. arts. 16 y

349 RRC) y en el que la prueba de los hechos inscritos se regula por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley. En efecto, hay que recordar que el DNI, antes de la reciente reforma que se indicará, estaba regulado por el Decreto 196/1976, de 6 de febrero, que le atribuía el carácter de documento administrativo específico para probar la identidad de los nacionales españoles, regulación que experimentó una relevante modificación en virtud del Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, en cuyas disposiciones adicionales 1.ª, 2.ª y 3.ª se establece que «salvo prueba en contrario, el DNI acredita, además de la identidad, la nacionalidad española del titular, su nombre y apellidos, nombre de los padres, sexo, fecha y lugar de nacimiento». La doctrina científica española había cuestionado la validez de estas disposiciones reglamentarias sobre el valor probatorio del DNI en relación con la nacionalidad, considerando una parte importante de la misma que tales disposiciones eran nulas de pleno Derecho por infringir los principios de legalidad y jerarquía normativa consagrados en el artículo 9 n.º 3 de la Constitución y acogidos por el artículo 1 del Código civil. En concreto se entendía que se vulneraba el principio de exclusividad probatoria que los artículos 2, 68 y 96 de la Ley del Registro Civil atribuyen al Registro Civil en las materias propias de su objeto, considerando que, en consecuencia, no deben ser aplicados por las autoridades judiciales (vid. art. 6 LOPJ) ni por las demás autoridades y funcionarios. La doctrina oficial de este Centro Directivo, coincidiendo en lo esencial con la posición antes apuntada, elaboró una interpretación más matizada, particularmente desde la Resolución de 18 de mayo de 1990, sosteniendo que la presunción establecida por el Decreto de 1985 en cuanto al DNI no es absoluta, al admitir prueba en contrario, pudiendo ser desvirtuada por otros documentos o datos que consten en el expediente y, además, afirmando que su ámbito mate-

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rial de aplicación se circunscribe exclusivamente al propio de los expedientes administrativos, sin extenderse a los expedientes del Registro Civil que no tienen naturaleza administrativa, por ser su contenido y objeto materia de Derecho privado y en los que rigen supletoriamente las normas procesales relativas a los expedientes de jurisdicción voluntaria, conforme al artículo 16 del Reglamento del Registro Civil. En concreto afirma la Resolución de 9 de marzo de 2000 que: «Las circunstancias de que, sin título inscrito, el interesado haya sido considerado español por la Administración, haya cumplido el servicio militar obligatorio español y esté en posesión del correspondiente DNI, son errores de la Administración que podrán surtir otros efectos, como justificar que su residencia en España es legal a los efectos de la adquisición de la nacionalidad por residencia, pero no bastan para probar legalmente su actual nacionalidad española». En el mismo sentido la más reciente Resolución de 6 de noviembre de 2002 declara que «ni el DNI, ni el pasaporte, ni el Registro de Matrícula ni el cumplimiento del servicio militar acreditan la nacionalidad española». Esta interpretación es íntegramente aplicable a la nueva regulación que en materia de expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica se contiene en el reciente Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, que sustituye a la normativa antes citada, y cuyo artículo 1 apartado 2.º afirma en relación con la naturaleza y efectos del DNI que «dicho documento tiene suficiente valor, por sí solo, para acreditar la identidad y los datos personales de su titular que en él se consignen, así como la nacionalidad española del mismo». Se trata, pues, de una norma que viene a reafirmar la ya sancionada por el Real Decreto de 17 de julio de 1985 y que, cabe entender, queda sometida en consecuencia a la misma necesidad de interpretación restrictiva que antes vimos respecto de su precedente normativo en el sentido de que su ámbito de aplicación no se puede extender

al que es propio de los expedientes del Registro Civil. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 11 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. No hay justa causa para cambiar «Cristina» por «Christina». En el expediente de cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la juez encargada del Registro Civil de T. (B.).

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de T. el 6 de octubre de 2006, doña C. V. P., mayor de edad y con domicilio en T., solicitaba el cambio de nombre de C. por el de «C.», por ser éste el nombre que viene usando habitualmente en su vida familiar y social. Acompañaba los siguientes documentos: Inscripción de nacimiento, DNI, certificado de empadronamiento, contrato bancario, certificado IRPF, nómina, preinscripción universitaria, contrato de trabajo, título de Educación Secundaria, recibos y correspondencia. 2.  Ratificada la promotora, se dio traslado del expediente al Ministerio Fiscal, que se opuso al cambio solicitado. La juez encargada del Registro Civil dictó auto con fecha de 12 de julio de 2006 denegando la solicitud por no existir justa causa. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el nombre pretendido es el que viene usando desde hace años y que el cambio no perjudica a terceros.

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4.  De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que, a la vista de las nuevas alegaciones, no se opuso a la concesión de autorización para el cambio de nombre. El Magistrado Encargado del Registro Civil se ratificó en su decisión de no autorizar el cambio solicitado y remitió el expediente a la Dirección General de los registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 25-2.ª de marzo de 2002; 1-3.ª de julio de 2003; 17-4.ª de febrero de 2004; y 22 de octubre de 2005. II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como mínima o intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida, personal y familiarmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito. III.  Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado el cambio de «C.» a «C.», en cuanto que la modificación es evidentemente mínima al suponer sólo la intercalación de una consonante muda que ni tan siquiera produce alteración fonética en el nombre correctamente inscrito.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (6.ª) de 11 de octubre de 2007, sobre nombre propio. Tras la modificación del artículo 54 de la Ley del Registro Civil por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, es admisible «Inma», variante de «Inmaculada». En el expediente de cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del juez encargado del Registro Civil de E. (A.).

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de E. el 27 de junio de 2006, doña I. S. D., mayor de edad y con domicilio en E., solicitaba el cambio de nombre de Inmaculada por el de «Inma», por ser éste el nombre que viene usando habitualmente en su vida familiar y social. Acompañaba los siguientes documentos: DNI, pasaporte, certificado de inscripción de nacimiento, certificado de empadronamiento, diversos documentos de estudios y trabajos y correspondencia privada. 2.  Ratificada la promotora y practicada acta de información testifical con dos testigos, se dio traslado del expediente al Ministerio Fiscal, que informó favorablemente al cambio solicitado. El juez encargado del Registro Civil dictó auto con fecha de 13 de diciembre de 2006 denegando la solicitud por no concurrir justa causa. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no se trata de un cambio mínimo e

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intranscendente y que no perjudica a terceros.

cambio no se considera que pueda seguirse perjuicio para terceras personas.

4.  De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se manifestó conforme con el cambio solicitado y el expediente fue remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC), en la redacción dada por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas; y 205, 206, 209 y 210 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 19-5.ª y 6.ª de abril; 11-4.ª y 17-2.ª y 3.ª de mayo de 2007. II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión y que no se cause perjuicio a terceras personas (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC) y, obviamente, que el nombre propuesto no esté afectado por alguna prohibición legal (cfr. art. 54 LRC). III.  Esta última circunstancia era de directa aplicación al nombre de «Inma» que, como diminutivo o variante familiar de «Inmaculada», se hallaba afectado por la prohibición contenida en el citado artículo 54 LRC, razón por la cual, el cambio pretendido, fue correctamente denegado por el Juez Encargado. Pero al haber sido suprimida dicha limitación por la antes citada Ley 3/2007, de 15 de marzo, son ahora admisibles los diminutivos y variantes familiares y coloquiales de los nombres originales, por lo que no hay razón impeditiva para autorizar el nombre propuesto que es el que habitualmente viene usando y por el que viene siendo conocida la interesada. Se aprecia, además, la existencia de justa causa y con el

1.º  Estimar el recurso. 2.º  Autorizar el cambio del nombre «Inmaculada» por «Inma», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el artículo 217 del mismo Reglamento.

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2007, sobre nacionalidad por residencia. Se estima el recurso del Ministerio Fiscal que interesa el cumplimiento de requisitos establecidos en los artículos 220 y 221 del Reglamento del Registro Civil. En el expediente sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de B. (L.).

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de B. el 7 de julio de 2006, don B. J., nacido en Gambia el 18 de agosto de 1962 y de nacionalidad gambiana, promovió expediente para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Acompañaba la siguiente documentación: Tarjeta de residencia, certificado de nacimiento, pasaporte gambiano, certificados negativos de antecedentes penales en España y en su país de origen, certificado de empadrona-

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miento, tarjeta sanitaria y contrato de trabajo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.  Ratificado el interesado y practicada audiencia reservada, el Ministerio Fiscal interesó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento del Registro Civil, la práctica de audiencia reservada al cónyuge y acta de información testifical con dos testigos.

I.  Vistos los artículos 21 y 22 del Código civil; 63 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 220, 221, 344, 348 y 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de 1-4.ª de diciembre de 2006; 24-2.ª y 25-5.ª de mayo de 2007.

3.  La Encargada del Registro Civil dictó providencia con fecha 22 de noviembre de 2005, disponiendo que no se consideraba procedente atender la petición del Ministerio Fiscal por ser un trámite superfluo y desproporcionado que en nada afecta a los requisitos exigidos para la concesión de la nacionalidad española por residencia. 4.  Notificada la anterior providencia al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso de reposición el 31 de octubre de 2006, solicitando que se estimara la práctica de las diligencias interesadas, alegando que las mismas se fundamentan en la estricta legalidad que emana del Reglamento del Registro Civil. 5.  Notificado el promotor de la interposición del recurso, la Juez Encargada dictó auto con fecha de 29 de noviembre de 2006 disponiendo que no procedía acceder a la práctica de las diligencias de instrucción complementarias propuestas, basándose en que éstas eran totalmente innecesarias, ya que el interesado había justificado buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española, así como los demás requisitos exigidos para la concesión de la nacionalidad por residencia. 6.  El auto fue notificado al promotor y al Ministerio Fiscal, que interpuso recurso de apelación contra el mismo. Notificado dicho recurso a la parte interesada, la Encargada del Registro Civil ordenó la remisión de las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso interpuesto, informando que deberían darse por buenos los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida.

II.  Se trata de una solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia que presenta un ciudadano de Gambia y que abre expediente que se instruye en el Registro Civil de B. En su tramitación se practica la preceptiva notificación al Ministerio Fiscal (cfr. art. 97 LRC), quien interesa que se dé cumplimiento a las exigencias previstas en los artículos 220 y 221 RRC, último párrafo, inciso final, y en el propio párrafo y artículo en relación con el 344 RRC En concreto, interesa que se practique audiencia reservada a la cónyuge del promotor, que éste aporte acta de matrimonio o libro de familia y que se practique prueba testifical para ratificar lo alegado en la solicitud inicial del interesado y especialmente su residencia en España y su grado de adaptación a la cultura y vida españolas y, por último, que acredite los medios de vida con que cuenta. Por la Juez Encargada se consideró innecesaria la práctica de las diligencias propuestas por estimarlas superfluas y desproporcionadas con la causa y, por ello dictó providencia denegándolas. Dicha providencia, de 25 de octubre de 2006, fue notificada al Ministerio Fiscal y recurrida por éste en reposición con fecha de 31 de octubre de 2006. Finalmente la Juez Encargada dictó auto de 29 de noviembre de 2006 desestimando la reposición, contra el cual el Ministerio Fiscal, interpuso el presente recurso de apelación. III.  En los expedientes gubernativos siempre ha de ser oído el Ministerio Fiscal (cfr. art. 97.2 LRC y 348. III RRC), que tiene asignada la función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente y atribuida la facultad de proponer las diligencias o pruebas oportunas

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(cfr. art. 344 RRC). En este caso se da la circunstancia de que las diligencias que propuso vienen exigidas por los artículos 220 y 221 RRC y han de ser probadas por el peticionario (cfr. art. 221.I RRC), con los medios que este artículo señala y que, en particular, por lo que se refiere a los hechos y circunstancias mencionados, incluye cualquier elemento de prueba admitido en derecho y los que propone el Ministerio Fiscal no pueden considerarse inadecuados. IV.  No se comparte el criterio de la Juez Encargada sobre que las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal, hechas en el ejercicio de su función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente gubernativo y para hacer cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, sean innecesarias o desproporcionadas con la causa, porque ello sería tanto como poner en cuestión el propio precepto que los establece, que, en este caso, quedaría incumplido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que sean practicadas las diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal en su escrito de 20 de octubre de 2006.

RESOLUCIÓN de (1.ª) 15 de octubre de 2007, sobre atribución de apellidos. Es un principio de orden público que todo español ha de ser designado legalmente con dos apellidos, y este principio rige también para el extranjero que adquiere la nacionalidad española. En el expediente sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento, remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el interesado contra la calificación del Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 11 de julio de 2005, presentado en el Registro Civil Central, don T. I. W. L., solicitaba la inscripción de su nacimiento, ocurrido en Hong Kong el 19 de noviembre de 1981. Aportaba como documentación complementaria: Acta de juramento o promesa para adquirir la nacionalidad española, certificado de nacimiento y oficio de comunicación de la concesión de la nacionalidad española por residencia. 2.  El Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central practicó la inscripción y ordenó la notificación de la misma al interesado el 3 de octubre de 2006, haciéndole saber que había sido inscrito como segundo apellido «L.». 3.  El interesado presentó recurso contra la inscripción realizada en el Registro Civil Central el 24 de octubre de 2006 solicitando la supresión de su segundo apellido. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesó la desestimación del mismo por haber sido practicada la inscripción conforme a derecho. El Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central confirmó su resolución de inscripción y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 9 y 109 del Código civil; 23, 53, 55 y 57 de la Ley del Registro Civil; 85, 194, 199, 205, 213 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 26-2.ª y 3.ª de septiembre, 14-3.ª de octubre de 2002; y 12-2.ª de mayo de 2004. II.  Es un principio de orden público que todo español ha de ser designado legalmente con dos apellidos (cfr. art. 109 Cc, 53 y 55 LRC y 194 RRC) y este

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principio rige también para los extranjeros que adquieren la nacionalidad española según resulta del artículo 213 del Reglamento. La facultad del artículo 199 del Reglamento, de conservar los apellidos anteriores, está referida a los apellidos en plural, de modo que no puede tomarse en consideración la pretensión de la interesada de que se le atribuya un único apellido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar la calificación efectuada.

RESOLUCIÓN (2.ª) de 15 de octubre de 2007, sobre rectificación de error en el apellido. No prospera el expediente al no haberse acreditado el error denunciado. En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra el auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de N. (C.).

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Juzgado de Paz de A. el 10 de julio de 2006, don J. H. C., nacido en A. el 3 de octubre de 1942, solicitó la rectificación de error en su inscripción de nacimiento en el sentido de modificar su segundo apellido por C., que es el correcto según el interesado. Se adjuntaba la siguiente documentación: DNI, tarjeta sanitaria y acta de nacimiento. 2.  Ratificado el promotor, se dio traslado del expediente al Ministerio Fiscal, que se opuso a la rectificación solicitada. La Juez Encargada del Registro Civil de N. dictó auto el 11 de octubre de 2006 denegando la rectificación por no quedar acreditado que se hubiera producido error en la inscripción.

3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al promotor, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, aportando certificado de inscripción de nacimiento de su madre en el que figura como apellido «Cabañes». 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del mismo. La Encargada del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 2, 57, 60 y 93 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 205, 206, 217, 218, 342 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de esta Dirección General, entre otras, de 24-1.ª de febrero, 24-1.ª de junio y 9 de julio de 2004; 22-2.ª de junio de 2005; 27-4.ª de marzo y 27-1.ª de noviembre de 2006; 30-5.ª de enero, 15-5.ª y 22-1.ª de febrero, 1-5.ª y 14-4.ª de junio de 2007. II.  Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC), por lo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la Ley. III.  La regla general en materia de errores registrales es que su rectificación ha de obtenerse mediante sentencia recaída en juicio ordinario (cfr. art. 92 LRC). Además, obviamente, para que pueda rectificarse un error del Registro, es necesario que quede acreditada su existencia y, esto, no ha sido probado en el presente caso, puesto que, según resulta del expediente el error que se denunciaba recaía sobre el apellido materno y consistía en que en la inscripción de nacimiento del interesado se había hecho constar como tal el de «C.» cuan-

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do el correcto era «C.». El único documento probatorio que se acompañaba era la certificación de la inscripción de nacimiento del interesado en el que tanto él como su madre constaban con el apellido «C.». Con el recurso se ha acompañado certificación de la inscripción de nacimiento de la madre y en ésta, tampoco aparece el apellido en la forma que lo pretende el interesado, sino como «C.». En consecuencia no procede rectificar la inscripción de nacimiento para hacer constar como apellido materno del interesado el de «C.» que éste pretende. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Registros y del Notariado para su resolución ya que considera que no está suficientemente probado la habitualidad del nombre propuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro y las Resoluciones de 9-1.ª y 2.ª, 28-2.ª y 30-1.ª y 2.ª de enero, 6-1.ª y 12-7.ª de febrero, 27-1.ª y 3.ª de marzo, 10-2.ª y 3.ª y 16-2.ª y 3.ª de abril, 17-3.ª y 24 de mayo, 6-1.ª, 2.ª y 3.ª, 7-1.ª y 2.ª, 12-1.ª, 16-1.ª y 3.ª y 19-1.ª y 2.ª de junio y 8-2.ª y 22-2.ª de octubre de 2003 y 3 enero de 2004.

1.  Mediante escrito de fecha 23 de enero de 2007, doña S. V. G. S. expone que en su inscripción de nacimiento aparece como S. V. G. S. cuando debería ser S. V. Adjuntan la siguiente documentación: Certificado de nacimiento y diversa documentación donde aparece el nombre de S. V.

II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, deba ser estimada objetivamente como mínima e intranscendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de que una persona llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito.

2.  Ratificada la interesada, comparecen dos testigos que manifiestan que conocen a la interesada desde hace siete años y la han llamado siempre S. V. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil emite informe mediante el cual eleva el expediente a la Dirección General de los

III.  Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado el cambio de «S. V.» a «S. V..», que sólo supone, para el primer nombre, añadir una «h» que no implica alteración fonética. Y, para el segundo nombre, duplicar una «s» que tampoco supone variación fonética alguna.

RESOLUCIÓN (3.ª) de 15 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. No hay justa causa para cambiar «Saila Vanesa» por «Shaila Vanessa». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de S.

HECHOS

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Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (4.ª) de 15 de octubre de 2007, sobre nombre propio. Es admisible el nombre propio «Marco Freddy». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 21 de julio de 2005 en el Registro Civil de M. se levanta acta de juramento para la adquisición de la nacionalidad española, mediante la cual M. F. S. M., nacido en Ecuador el 29 de abril de 1965 manifiesta que le ha sido concedida la nacionalidad española por resolución de fecha 16 de mayo de 2005, que jura fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y demás leyes españolas, que solicita se le inscriba con el nombre de M. F. Adjunta como documentación: Certificado de nacimiento, hoja declaratoria de datos y resolución por la que se le concede la nacionalidad española. 2.  Recibida la documentación en el Registro Civil Central se procede a la inscripción de nacimiento del interesado con el nombre de M. F. S. M. 3.  Notificado el interesado, éste solicita la rectificación en el error de su nombre ya que fue inscrito como M. F. cuando su nombre real es M. F. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación de la calificación efectuada, ya que el vocablo Fredy es un diminutivo de Federico. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192, 205, 206, 209, 217, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC). II.  Para el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de consignarse en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español el nombre propio que figure en la certificación extranjera de nacimiento, que sirva de título para el asiento, a no ser que se pruebe que viene usándose de hecho otro nombre propio (cfr. art. 213, regla 1.ª, RRC). Ahora bien, en todo caso el nombre ha de ser sustituido por otro ajustado si infringe las normas establecidas (cfr. art. 213, regla 2.ª, RRC). III.  Sin embargo, la solicitud instada reúne todos los requisitos exigidos para su admisión, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, establecida la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas («BOE» de 16 de marzo de 2007), que elimina la prohibición de los nombres diminutivos o variantes familiares que no han alcanzado sustantividad, como sería el nombre que se pretende. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y revocar la calificación recurrida.

RESOLUCIÓN (5.ª) de 15 de octubre de 2007, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que la interesada hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Decreto 2258/1976, de 10 de agosto ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad española durante diez años.

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En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la Encargada del Registro Civil de E. (M.).

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de E. con fecha de 23 de enero de 2006, don S. M., nacida en E. (Sáhara) el 20 de marzo de 1948, promovió expediente para que se declarase su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido y residido en el Sáhara cuando éste era territorio español. Acompañaba, entre otra, la siguiente documentación: Certificado de expedición de DNI de la Dirección General de la Policía, certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Cheránico de E., recibo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, certificado negativo de antecedentes penales, DNI de los padres de la promotora, pasaporte español del padre, certificación de familia de E., permiso de residencia en España, pasaporte marroquí y certificado de empadronamiento. 2.  Ratificada la interesada, el Ministerio Fiscal no se opuso a la petición. La Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha 22 de noviembre de 2006 denegando la declaración de nacionalidad española por no quedar acreditado que la interesada no pudo ejercitar la opción por la nacionalidad española en los términos previstos por el Decreto de 10 de agosto de 1976. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto alegando que no pudo optar a la nacionalidad española acogiéndose al Decreto 2258/1976 porque se encontraba residiendo en los terri-

torios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y la Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 6-3.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006; 20-2.ª y 4.ª y 22-5.ª de diciembre, 18-1.ª, 10 y 12-3.ª y 4.ª de enero, 10 y 12-2.ª-3.ª y 4.ª de febrero, 5-2.ª de marzo, 18-4.ª y 21 de abril, 21-6.ª de mayo y 11-1.ª de junio de 2007. II.  La interesada, por escrito presentado en el Registro Civil el 23 de enero de 2006 solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en 1948 en E., Sahara Occidental y cumplir los requisitos establecidos. La Juez Encargada del Registro dictó auto denegando la petición de la interesada, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encar-

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gado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre

la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) En un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en I., y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los stati entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de

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la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que la interesada cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976 estuviese imposibilitada de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Es cierto que así lo manifiesta en su escrito de solicitud y lo alega en el recurso, pero no se ha aportado prueba alguna acreditativa de dicha afirmación, que no pasa de ser una declaración de parte a la que no puede atribuirse el valor probatorio pretendido por la interesada. Tampoco está probada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, constando en el expediente su documentación como nacional marroquí. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta regla-

mentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

RESOLUCIÓN (6.ª) de 15 de octubre de 2007, sobre nacionalidad. Se retrotraen las actuaciones para que se proceda a instruir el expediente y a dictar la resolución que corresponda. En el expediente sobre nacionalidad española remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de R. (B.).

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2006 doña I. P. V., nacida en Brasil el 19 de marzo de 1984, manifiesta que con fecha 11 de agosto de 1993 se inscribió su nacimiento en el Registro Civil Consular por ser hija de madre española, que su madre también figura inscrita en dicho Registro, que cuando su madre se inscribió en el Registro Civil Consular ya era mayor de edad y consecuentemente había perdido su nacionalidad española, cosa que no le fue notificada en aquella época, que cuando su madre solicitó su inscripción en el Registro Civil ella tenía 19 años y era menor de edad, que si su madre hubiese recuperado su nacionalidad española en la fecha en que solicitó su inscripción ella hubiera podido optar por la nacionalidad por el artículo 20 del Código civil, que posteriormente en 1995 obtuvo pasaporte español, lo que le hizo creer que tenía nacionalidad española, que tampoco se le notificó que no la poseía, que cuando ha ido a solicitar la renovación de su pasaporte fue informada de que no podría renovarlo porque no tenía la nacionalidad española, por todo ello solicita se le conceda la nacionalidad española. Adjunta como documentación el certificado de nacimiento.

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2.  El Ministerio Fiscal considera que no procede la conservación de la nacionalidad española pretendida, ya que no ha quedado probada su nacionalidad española ya que la madre, en el momento de su nacimiento no era española y no recuperó la nacionalidad antes de su emancipación. El Encargado del Registro Civil Consular mediante acuerdo de fecha 9 de octubre de 2006 resuelve que no procede instruir expediente de conservación de la nacionalidad española. 3.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la nacionalidad española. 4.  El Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los art��culos 17, en la redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio, 24 y 26 del Código civil (Cc); 2 y 15 de la Ley del Registro Civil (LRC); y 66 del Reglamento del Registro Civil (RRC). II.  La interesada, nacida en Brasil en 1984, solicitó la conservación o reconocimiento de su nacionalidad española por ser hija de madre española nacida, también en Brasil, en 1954. Según declara la promotora tanto la madre como ella se encuentran inscritas en el Registro Civil Consular de R., aunque no ha incorporado al expediente la inscripción de nacimiento de la madre. La causa de la solicitud fue que no le renovaron su pasaporte español alegándole que no poseía la nacionalidad española. El Encargado del Registro Civil dictó auto de 9 de octubre de 2006 acordando que no procedía instruir el expediente promovido por la interesada. Este auto constituye el objeto del presente recurso. III.  La petición de la promotora a la vista de la documentación obrante en el expediente no está claramente determi-

nada aunque, efectivamente parece encaminada a que se haga constar en la inscripción de su nacimiento una declaración de su voluntad de conservar la nacionalidad española (cfr. art. 24.3 Cc), declaración que ha de ser admitida por el Encargado del Registro, aunque no haya lugar a practicar la inscripción (cfr. art. 226 RRC). Pero también es posible que lo pretendido pudiera ser una recuperación (subsidiariamente así se solicita en el recurso), si es que realmente la interesada perdió dicha nacionalidad en algún momento anterior, extremo no acreditado en el expediente, y, posiblemente, determinante para la resolución que deba dictarse. En todo caso, si tanto la madre como la hija están inscritas en el Registro Civil español ha de ser porque al tiempo de la inscripción fueron consideradas como españolas (cfr. art. 15 LRC), puesto que de otra forma no habrían podido tener acceso a dicho Registro al haber nacido ambas en el extranjero, conclusión que se reafirma a la vista de la circunstancia de que a la fecha de la inscripción de nacimiento practicada, estaba ya establecida por esta Dirección General, a través de su Circular de 11 de abril de 1978, sobre inscripciones de nacimiento ocurridas fuera de España y nacionalidad española de los interesados, la doctrina de que no procede, como regla general, extenderse inscripción de nacimiento en el Registro Civil Consular cuando el Encargado comprueba que ni el hijo ni los progenitores son españoles y que, en caso de duda sobre la nacionalidad del hijo, la inscripción de nacimiento que se practique dejará constancia de que dicho asiento no constituye prueba de la nacionalidad española. Esta doctrina, posteriormente recogida en la reforma del artículo 66 RRC, llevada a cabo por el Real Decreto de 29 de agosto de 1986 resulta incompatible, a falta de prueba en contrario, con la objeción alegada en la calificación. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, que se deben retrotraer las actuaciones para que se proceda a la forma-

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lización del acta de la declaración de voluntad de la promotora relativa a su nacionalidad, conforme a lo previsto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Civil y a su calificación posterior al objeto de verificar la concurrencia de los requisitos legalmente previstos.

RESOLUCIÓN (1.ª) de 16 de octubre de 2007, sobre cambio del nombre propio. No hay justa causa para cambiar «Natalia Everdina» por «Natalie Everdina». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de V.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2006, doña N.E. S. P. expone que en el Registro Civil de D. aparece inscrito su nacimiento constando como N. – E. cuando en realidad es conocida como N. – E., por ello solicita el cambio de nombre. Adjuntan la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, volante de empadronamiento y diversa documentación donde aparece el nombre de N.-E. 2.  Ratificada la interesada, el Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil dicta auto con fecha 9 de noviembre de 2006 mediante el cual deniega el cambio de nombre solicitado ya que no se ha acreditado debidamente que sea conocida como N. – E. sino exclusivamente con el nombre de N.

los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro y las Resoluciones de 9-1.ª y 2.ª, 28-2.ª y 30-1.ª y 2.ª de enero, 6-1.ª y 12-7.ª de febrero, 27-1.ª y 3.ª de marzo, 10-2.ª y 3.ª y 16-2.ª y 3.ª de abril, 17-3.ª y 24 de mayo, 6-1.ª, 2.ª y 3.ª, 7-1.ª y 2.ª, 12-1.ª, 16-1.ª y 3.ª y 19-1.ª y 2.ª de junio y 8-2.ª y 22-2.ª de octubre de 2003 y 3 enero de 2004. II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, deba ser estimada objetivamente como mínima e intranscendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de que una persona llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito.

3.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso volviendo a solicitar el cambio de nombre.

III.  Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado el cambio de «N.–E.» a «N. – E.», que supone sólo la sustitución de una vocal por otra del nombre inscrito en el Registro Civil.

4.  Notificado el Ministerio Fiscal éste interesa la desestimación del recurso. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

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2008-05-15 (1). Resoluciones de la DGRN