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sanguinis la nacionalidad de alguno de ellos, porque la aplicación del artículo 17.1.c) Cc es subsidiaria y sólo procede cuando se acredite la situación de apatridia del nacido. Siendo esto lo que había instado el Ministerio Fiscal y teniendo en cuenta que el derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (cfr. arts. 12.6 Cc y 281 LEC) es evidente que procedía se diese cumplimiento a lo interesado como presupuesto necesario para resolver. En efecto, la polémica en torno a la naturaleza jurídica del Derecho extranjero y la cuestión acerca de si queda o no incluido en el ámbito del principio iura novit curia ha estado presente en nuestra jurisprudencia desde hace más de medio siglo (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1940, 30 de junio de 1962, 5 de noviembre de 1971, etc.), discutiéndose si aquél Derecho debía tener a los efectos de su aplicación por las autoridades españolas del foro la consideración de verdadero y propio Derecho o bien había de ser estimado como simple hecho, consideración de la que subordinadamente depende la relativa al tratamiento procesal de dichas normas foráneas y, en general, la cuestión de la imputabilidad de la carga de la prueba de su existencia, vigencia y aplicabilidad al caso. Sobre este particular, se ha de recordar que el apartado segundo del artículo 12 número 6 de nuestro Código civil ya asumió y dio carta de naturaleza normativa a las soluciones apuntadas por nuestra jurisprudencia, acogiendo la solución de imponer la carga de la prueba a la parte interesada en su aplicación. Esto bastaría para revocar la providencia apelada y ordenar la retroacción de las actuaciones a fin de dar cumplimiento a la diligencia interesada por el Ministerio Fiscal en su escrito de 7 de noviembre de 2005, a fin de que se aporten a las actuaciones certificación de la Embajada o Consulado británico sobre la adquisición o no de la nacionalidad británica del nacido de padre británico fuera del Reino Unido. Sin embargo, la acción combinada del principio de economía procedimental

que rige en el ámbito del Registro Civil (cfr. art. 354-III RRC) que obliga a evitar toda dilación o trámite superfluo o desproporcionado con la causa, y el criterio adoptado en sede de prueba del Derecho extranjero por el citado artículo 12 número 6 del Código Civil que, si bien no asume el principio de determinación ex officio iuris del mismo por el juez o autoridad del foro, sin embargo, aparte de imponer la carga de la prueba a quien lo alega, no impide que la autoridad que conoce dicho Derecho pueda, e incluso deba, aplicarlo, como se refleja en algunas decisiones de nuestra jurisprudencia menor (vid. V. gr. Sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia de 13 de abril de 1982), podrían abrir la vía para que este Centro Directivo, que posee un conocimiento oficial de la legislación británica en materia de nacionalidad, entrase a resolver sobre el fondo del asunto. No obstante, a fin de garantizar con plenitud el derecho de defensa de los interesados, que incluye el derecho a la doble decisión de instancia y de apelación, y dado que la prueba del Derecho extranjero se ha de referir no sólo a su existencia, sino también a su vigencia y a su aplicabilidad in casu, procede estimar el recurso y retrotraer las actuaciones. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.  Estimar el recurso y dejar sin efecto la providencia apelada. 2.  Retrotraer las actuaciones para que se practique la diligencia requerida por el Ministerio Fiscal en su escrito de 7 de noviembre de 2005, con carácter previo a la resolución que proceda.

Resolución (2.ª) de 13 de diciembre de 2006, sobre nacionalidad por residencia. Se estima el recurso del Ministerio Fiscal que interesa el cumplimiento de requisitos establecidos reglamentariamente.

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En el expediente sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de B.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de B. el 28 de junio de 2005, don F., nacido en M. (Argentina) el 21 de agosto de 1975, de estado civil casado y nacionalidad argentina, promovió expediente para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, alegando que su abuela paterna era de origen español. Acompañaba la siguiente documentación: Certificado de empadronamiento, pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de antecedentes penales, certificado de antecedentes penales de su país de origen, certificado de matrimonio y de nacimiento de sus hijos, tarjeta de residencia, certificado de la Dirección General de la Policía, sobre la documentación del interesado, escritura de compraventa de inmueble, nóminas, contrato de trabajo, declaraciones de la renta, y libro de familia de sus padre, certificado de nacimiento de su padre y abuela paterna, certificado de bautismo y pasaporte de su abuela paterna. 2.  Ratificado el interesado, se practicó audiencia reservada, prestando declaración de conducta ciudadana, emitiendo la Encargada del Registro Civil informe favorable el grado de adaptación al estilo de vida y costumbres españolas, hablando correctamente el español. El Ministerio Fiscal interesó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento del Registro Civil, que se practicara audiencia reservada con el cónyuge del promotor, así como que se practicara acta de información testifical con dos testigos. 3.  La Encargada del Registro Civil dictó providencia con fecha 24 de agosto

de 2005, disponiendo que no se consideraba necesario oír en audiencia reservada a la cónyuge del peticionario ni practicar la prueba testifical que se proponía por el Ministerio Fiscal, ya que dichas diligencias no afectaban en nada a los requisitos exigidos al interesado para la concesión de la nacionalidad española por residencia, por lo que devendrían como superfluos y desproporcionados con la causa. 4.  Notificada la anterior providencia al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso de reposición, solicitando que se estimara la práctica de las diligencias interesadas, alegando que las mismas se fundamentan en la estricta legalidad que emana del Reglamento del Registro Civil. La Juez Encargada dictó auto con fecha 26 de septiembre de 2005 disponiendo que no procedía acceder a la practica de las diligencias de instrucción complementarias propuestas por el Ministerio Fiscal, en base a que había quedado justificado por el interesado buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española, así como los demás requisitos exigidos para la concesión de la nacionalidad española por residencia que solicitaba, y que la audiencia reservada con la cónyuge había que entenderla como un trámite optativo del Encargado instructor que, en el presente caso, no se había considerado necesaria. 5.  Notificada la resolución al promotor y al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto, y que se acordara la práctica de las diligencias interesadas, justificando la necesidad de las mismas. 6.  De la interposición del recurso se dio traslado al promotor. La Juez Encargada del Registro Civil ordenó la remisión de las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso interpuesto, informando que deberían darse por buenos los razonamientos jurídicos de la resolución.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 21 y 22 del Código civil; 63 y 97 de la Ley del Registro Civil; 220, 221, 344, 348 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y la Resolución de 13-1.ª de diciembre de 2006. II.  Se trata de una solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia que presenta un ciudadano argentino y que abre expediente que se instruye en el Registro Civil de B.. En su tramitación se practica la preceptiva notificación al Ministerio Fiscal (cfr. art. 97 LRC), quien interesa que se dé cumplimiento a las exigencias previstas en los artículos 221 RRC, último párrafo, inciso final, y en el propio párrafo y artículo en relación con el 344 RRC. Por la Juez Encargada se consideró innecesaria la práctica de las diligencias propuestas, que estima superfluas y desproporcionadas con la causa y, por ello dictó providencia denegándolas. Dicha providencia, de 24 de agosto de 2005, fue recurrida en reposición por el Ministerio Fiscal, siendo desestimada la impugnación mediante auto de 26 de septiembre de 2005, contra el cual el Ministerio Fiscal, interpone el presente recurso. III.  En los expedientes gubernativos siempre ha de ser oído el Ministerio Fiscal (cfr. art. 97.2 LRC y 348. III RRC), que tiene asignada la función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente y atribuida la facultad de proponer las diligencias o pruebas oportunas (cfr. art. 344 RRC y 97 LRC). En este caso se da la circunstancia de que las diligencias que propuso el Fiscal (audiencia reservada a la cónyuge del interesado, aportación del acta de matrimonio o del libro de familia a efectos de su testimonio, información testifical sobre residencia y grado de adaptación a la cultura y vida españolas) vienen exigidas por el artículo 220 RRC, que establece que en los expedientes de concesión de la nacionalidad por residencia «se indicará especialmente», entre otras menciones, la del

estado civil del solicitante y si hubiese contraído matrimonio, las menciones de identidad y lugar y fecha de nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad; procurará oír también al cónyuge por separado y reservadamente sobre el cambio de nacionalidad y circunstancias que en ello concurren; se indicará especialmente la residencia en territorio español y entre otras circunstancias, las de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente. Las citadas menciones y circunstancias han de ser probadas por el peticionario (cfr. art. 221 RRC), con los medios que este artículo señala. IV.  No puede por ello sostenerse el criterio de la Juez Encargada sobre que las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal, hechas en el ejercicio de su función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente gubernativo y para hacer cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, sean innecesarias o desproporcionadas con la causa, porque ello sería tanto como poner en cuestión el propio precepto que las establece, que, en este caso, quedaría incumplido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que sean practicadas las diligencias expuestas por el Ministerio fiscal en su escrito de 18 de agosto de 2005

Resolución (3.ª) de 13 de diciembre de 2006, sobre nacionalidad por residencia. Se estima el recurso del Ministerio Fiscal que interesa el cumplimiento de requisitos establecidos reglamentariamente.

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En el expediente sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de B.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de B. el 18 de julio de 2005, don M., nacido en L. (Maruecos) el 3 de diciembre de 1966, de estado civil casado y nacionalidad marroquí, promovió expediente para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Acompañaba la siguiente documentación: Certificado de empadronamiento, pasaporte, extracto de la partida de nacimiento, certificado de antecedentes penales, extracto de antecedentes penales expedido por el Reino de Marruecos, tarjeta de residencia, certificado de la Dirección General de la Policía, sobre la documentación del interesado, informe de vida laboral, declaración de la renta, y certificado sobre su situación de desempleo. 2.  Ratificado el interesado, se practicó audiencia reservada, prestando declaración de conducta ciudadana, emitiendo el Encargado del Registro Civil informe favorable el grado de adaptación al estilo de vida y costumbres española, hablando correctamente el español. El Ministerio Fiscal interesó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento del Registro Civil, que se practicara audiencia reservada con el cónyuge del promotor, aportando copia del acta de matrimonio o libro de familia, así como que se practicara acta de información testifical con dos testigos. 3.  La Encargada del Registro Civil dictó providencia con fecha 24 de agosto de 2005, disponiendo que no se consideraba necesario oír en audiencia reservada a la cónyuge del peticionario ni practicar la prueba testifical que se proponía por el Ministerio Fiscal, ya que dichas diligen-

cias no afectaban en nada a los requisitos exigidos al interesado para la concesión de la nacionalidad española por residencia, por lo que devendrían como superfluos y desproporcionados con la causa. 4.  Notificada la anterior providencia al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso de reposición, solicitando que se estimara la práctica de las diligencias interesadas, alegando que las mismas se fundamentan en la estricta legalidad que emana del Reglamento del Registro Civil. La Juez Encargada dictó auto con fecha 26 de septiembre de 2005 disponiendo que no procedía acceder a la practica de las diligencias de instrucción complementarias propuestas por el Ministerio Fiscal, en base a que había quedado justificado por el interesado buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española, así como los demás requisitos exigidos para la concesión de la nacionalidad española por residencia que solicitaba, y que la audiencia reservada con la cónyuge había que entenderla como un trámite optativo del Encargado instructor que, en el presente caso, no se había considerado necesaria. 5.  Notificada la resolución al promotor y al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto, y que se acordara la práctica de las diligencias interesadas, justificando la necesidad de las mismas. 6.  De la interposición del recurso se dio traslado al promotor. La Juez Encargada del Registro Civil ordenó la remisión de las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso interpuesto, informando que deberían darse por buenos los razonamientos jurídicos de la resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 21 y 22 del Código civil; 63 y 97 de la Ley del Registro

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Civil (LRC); 220, 221, 344, 348 y 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y la Resolución de 13-1.ª de diciembre de 2006. II.  Se trata de una solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia que presenta un ciudadano de Marruecos y que abre expediente que se instruye en el Registro Civil de B. En su tramitación se practica la preceptiva notificación al Ministerio Fiscal (cfr. art. 97 LRC), quien interesa que se dé cumplimiento a las exigencias previstas en los artículos 221 RRC, último párrafo, inciso final, y en el propio párrafo y artículo en relación con el 344 RRC. Asimismo insta que se practique prueba testifical para acreditar lo alegado en la solicitud inicial del interesado, su residencia en España y su grado de adaptación a la cultura y vida españolas. Por la Juez Encargada se consideró innecesaria la práctica de las diligencias propuestas, que estima superfluas y desproporcionadas con la causa y, por ello dictó providencia denegándolas. Dicha providencia, de 4 de enero de 2006, fue recurrida en reposición por el Ministerio Fiscal, siendo desestimada la impugnación mediante auto de 10 de febrero de 2006, contra el cual el Ministerio Fiscal, interpone el presente recurso. III.  En los expedientes gubernativos siempre ha de ser oído el Ministerio Fiscal (cfr. art. 97.2 LRC y 348. III RRC), que tiene asignada la función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente y atribuida la facultad de proponer las diligencias o pruebas oportunas (cfr. art. 344 RRC y art. 97 LRC). En este caso, de las diligencias que propuso el Fiscal se considera suficientemente acreditada con las certificaciones aportadas, la residencia en España del interesado y el grado de adaptación comprobado en audiencia reservada por la Juez Encargada, según consta en el acta de ratificación de 14 de diciembre de 2004. No se considera por ello necesaria una información testifical sobre los extremos mencionados. En cambio, sí debe estimarse la petición del Ministerio Fiscal respecto de la

audiencia de la cónyuge del interesado que está expresamente prevista en el párrafo final del artículo 221 RRC que procurará oír también al cónyuge por separado y reservadamente sobre el cambio de nacionalidad y circunstancias que en ello concurren; se indicará especialmente la residencia en territorio español y entre otras circunstancias, las de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente. Las citadas menciones y circunstancias han de ser probadas por el peticionario (cfr. art. 221 RRC), con los medios que este artículo señala. IV.  No puede por ello sostenerse el criterio de la Juez Encargada sobre que las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal, hechas en el ejercicio de su función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente gubernativo y para hacer cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, sean innecesarias o desproporcionadas con la causa, porque ello sería tanto como poner en cuestión el propio precepto que las establece, que, en este caso, quedaría incumplido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que sean practicadas las diligencias expuestas por el Ministerio fiscal en su escrito de 18 de agosto de 2005.

Resolución (4.ª) de 13 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud

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del entablado por el promotor contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de A.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de T. el 16 de marzo de 2005, don F., nacido el 6 de septiembre de 1945 en Tarifa, de nacionalidad española, promovió expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil con doña L., domiciliada en C. (Marruecos), nacida el 1 de enero de 1983 en Marruecos. Se acompañaba la siguiente documentación: DNI, certificación de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del promotor; y documento de identidad, certificado de residencia, copia literal de nacimiento, fe de soltería y pasaporte, de la futura contrayente. 2.  Ratificado el interesado, el 25 de mayo de 2005 se ratificó la interesada en el Registro Civil Consular de C. (Marruecos), celebrándose en esa misma fecha la audiencia reservada, con asistencia de traductor, porque no hablaba español, manifestando que ella tenía 22 años, y él, 60; que él la conoció por fotografías que le fueron mostradas por la tía paterna de ella, que vive en T. casada con un familiar de él; que él vino a conocerla en enero de 2005 a T., y desde entonces vuelve todos los meses; que él le da unos 300 euros en cada viaje; que él vive solo y trabaja como fontanero, y también como camarero y vigilante; que ella vive con su padre y dos hermanos solteros; que quiso estudiar español, pero por carecer de bases no fue admitida; que después del matrimonio desea residir en España. El Encargado del Registro Civil Consular informó que se había constatado que los contrayentes no poseían idioma en común, el matrimonio había sido preparado por un familiar residente en España, y existía falta de conocimiento previo personal, por lo que se trataba de un proyecto de matrimonio de conveniencia.

3.  El Ministerio Fiscal se opuso a la celebración del matrimonio por entender que no existía un verdadero consentimiento matrimonial. La Juez Encargada del Registro Civil de A. dictó auto con fecha 5 de octubre de de 2005, acordando denegar la celebración del matrimonio civil, ya que de las manifestaciones de las partes y de las pruebas practicadas no resultaba suficientemente acreditado que los solicitantes tuvieran la capacidad necesaria y no estuvieran afectos de impedimentos que obstaculizasen el matrimonio proyectado. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se autorice la celebración del matrimonio, alegando que mantienen relaciones desde febrero de 2005, y se traslada, cuando puede, a T. para verla, y le suele entregar dinero, adjuntando copia del pasaporte, facturas telefónicas, justificantes de envíos de dinero, y certificado de la declaración de la renta. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación de la resolución. La Encargada del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que no existía una relación sentimental entre ambos. 6.  La Dirección General de los Registros y del Notariado acordó que se realizase la audiencia reservada al contrayente español, celebrándose ésta el 10 de octubre de 2006, manifestando el promotor que la conoció en un viaje que realizó a Marruecos, va a hacer dos años en febrero; que ella nació el 1 de noviembre de 1983; que ella tiene dos hermanos; que él va cada dos meses a verla; que una tía de ella vive en T.; que piensan vivir en T.; que hablan en castellano, ya que ella ha dado clases de español. Se remiten el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 15-1.ª y 2.ª de junio, 7-2.ª, 16-3.ª, 21-2.ª y 24-3.ª de septiembre y 1-2.ª, 14-3.ª, 19-2.ª, 213.ª y 4.ª de octubre, 17-4.ª, 5.ª de noviembre, 2-1.ª, 9-3.ª, 20-3.ª y 22-1.ª y 2.ª de diciembre de 2004 y 24-1.ª, 26-2.ª de enero; 3-4.ª de febrero y 18-2.ª y 23-1.ª2.ª y 3.ª de marzo de 2005. II.  En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de

este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de autorización para contraer matrimonio entre un español y una marroquí, del trámite de audiencia reservada habida con ellos, resultan hechos objetivos de los que puede deducirse el propósito de celebrar un matrimonio con fines distintos de los propios de esta institución: No tenían un idioma en el momento de instar el expediente, al resultar de la audiencia reservada de ella que no habla el español –a pesar de ello, él declara que lo hacen en este idioma-; él confunde el mes de nacimiento de ella; existen contradicciones en las manifestaciones de ambos relativas a las fechas en que se conocieron personalmente, diciendo ella que en enero de 2005 –tres meses antes de solicitar la autorización para contraer matrimonio–, mientras que el declara que febrero próximo –la audiencia se realiza en octubre de 2006– harán dos años; y a la frecuencia con la que él va a Marruecos, declarando ella que mensualmente, él que cada dos meses; por último, existe una importante diferencia de edad entre los contrayentes: 38 años. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

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Resolución (5.ª) de 13 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en L.

HECHOS 1.  En fecha 14 de septiembre de 2005, don F., nacido en España el 24 de noviembre de 1932, presentó en el Consulado General de España en L. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 22 de agosto de 2005 en Cuba, según la ley local, con doña I., nacida en Cuba el 24 de agosto de 1959, de nacionalidad cubana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento, y sentencia de divorcio de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, se celebra trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoció a su esposa en B., en una fiesta de cumpleaños de unos amigos, que ha viajado muchas veces a Cuba, que la finalidad de este trámite es que su esposa pueda pasar temporadas en España y en Cuba puesto que no tiene idea de ir a vivir a España. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que tiene 46 años, es divorciada y tiene 2 hijos, que trabaja como modista por cuenta propia, que su esposo tiene 72

años, es divorciado, que es pensionista, que él tiene 4 hijos de los cuales desconoce nombre, fecha de nacimiento y edades, que se conocieron en 1994 en B. en casa de unos amigos, que se han vuelto a ver varias veces, que este trámite tiene como finalidad vivir juntos en España pues él por su edad, no puede viajar constantemente a Cuba. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 23 de febrero de 2006 el Encargado del Registro Civil Consular en L. dicta auto denegando la transcripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,

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257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 26-2.ª de mayo, 8-4.ª, 20-3.ª de junio, 19-2.ª de julio y 294.ª de diciembre de 2005; 22-1.ª y 24-3.ª de febrero, 28-4.ª de marzo, 6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de junio, 31.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 54.ª de septiembre de 2006. II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III.  Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento

y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 22 de agosto de 2005 entre un español y una cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada declara que se conocieron en agosto de 1994, relacionándose entonces por un mes, volviendo a verse en diciembre de ese mismo año y desde 1995 hasta 1999 se encontraron otras dos veces con una duración cada una de dos meses. Además de éstos, declara otros viajes en 2002 y 2003; en cambio, no viajó en 2004 y sí lo hizo en agosto de 2005 que fue cuando contrajeron matrimonio. Dos cuestiones hay que apuntar al respecto de estos viajes. Una, que no se aporta justificante alguno de su realización. Otra, que en contra de lo manifestado por la interesada, en los dos recursos presentados, ambos en marzo

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de 2006, se manifiesta que se conocieron hacía seis años, es decir en 1999 y siendo esto así, no es posible que pudiesen realizarse los viajes declarados por ella entre 1994 y 1999. Tampoco los interesados aportan prueba alguna de la que pudiera deducirse que en los espacios de tiempo que él no se encontraba en Cuba hubiese algún tipo de comunicación entre ellos, sobre todo en el largo período que va desde el último viaje de 2003 hasta agosto de 2005. De otro lado, si su relación ha sido tan extensa en el tiempo no resulta comprensible que ella ignore el nombre de los cuatro hijos de él, el segundo apellido, el lugar de nacimiento y la edad de éstos. Por último y sin ser por sí solo hecho determinante, se aprecia una considerable diferencia de edad entre los interesados (26 años). Lo que antecede ha de ponerse en relación con lo que el Encargado del Registro Consular viene reiteradamente informando en estos supuestos de solicitud de inscripción de matrimonios celebrados en Cuba entre ciudadanos cubanos y españoles sobre que, consciente o inconscientemente, se sirven de tal institución con fines migratorios. Todo ello lleva a la convicción, anteriormente mencionada, de que se ha acudido al matrimonio persiguiendo fines distintos de los propios de éste. VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar los recursos y confirmar el auto apelado.

Resolución (1.ª) de 14 de diciembre de 2006, sobre rectificación de errores. No prospera el expediente de rectificación de nombre en una inscripción de nacimiento. En el expediente de rectificación de errores en inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de B.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de B. el 21 de noviembre de 2005, doña E., domiciliado en B., promovió expediente de rectificación de error en la inscripción de nacimiento de su hija Jesica, nacida el 21 de junio de 1993, ya que el nombre de la inscrita era Jessica. Se adjuntaba la siguiente documentación: Certificación de nacimiento de la menor, y tarjeta sanitaria, informe de alta y libro de familia, en los que figura la menor con el nombre de Jessica. 2.  Ratificada la promotora, se incorporó al expediente el cuestionario para la declaración de nacimiento, en el que constaba el nombre de Jessica, con una «S» tachada. 3.  Se dio traslado del expediente al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha 6 de febrero de 2006 disponiendo que no había lugar a la rectificación del nombre de la menor, ya que no había sido comprobado la existencia del error alegado. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpu-

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so recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la rectificación del nombre, alegando que Jessica, con una sola «S», no existe en ningún idioma. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informó que procedía la estimación del mismo. La Juez Encargada remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 11-2.ª de marzo y 3-2.ª de abril de 2000; 26-1.ª de junio de 2003; 24-2.ª de abril y 16-2.ª de junio de 2004 y 10-3.ª de julio de 2006. II.  El nombre de una persona es en la inscripción de su nacimiento mención de identidad (cfr. art. 12 RRC) por lo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la Ley del Registro Civil. III.  En este caso la interesada pretende que se rectifique el nombre de su hija «Jésica», que consta en la inscripción de su nacimiento, por el de «Jéssica», siendo desestimada su petición, por no estar acreditado el error que se denuncia. Es obvio que para que pueda rectificarse un error del Registro, es necesario que quede acreditada su existencia y, esto, no se ha producido en este caso. Es cierto que en el cuestionario para la declaración de datos se hizo constar inicialmente el nombre en la forma «Jessica» y que una de las eses del nombre aparece tachada, suponiendo la recurrente que su supresión se llevó a cabo por el Registro, y es probable que así sucediese, pero que no está probado que realmente fuese así, por lo que, al no que-

dar acreditado el error, no puede prosperar la rectificación instada. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (2.ª) de 14 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Respecto de quien ha adquirido después la nacionalidad española se deniega la inscripción del matrimonio celebrado en Marruecos en 1963 porque en la certificación del Registro marroquí no están claramente determinados los hechos de que la inscripción de matrimonio da fe. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo emitido por la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 7 de septiembre de 2005, don E. nacido en Marruecos el 1 de enero de 1940, de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil de El Ejido impreso de declaración de datos para la transcripción de su matrimonio celebrado en Marruecos el 23 de octubre de 1963, con doña M. nacida en Marruecos el 1 de febrero de 1947, de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación: Acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, volante de empadronamiento y DNI del interesado y certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada. 2.  Recibida la documentación el Registro Civil Central, la Juez Encargada del Registro Civil Central, mediante acuerdo de 4 de noviembre de 2004 deniega la inscripción de matrimonio solicitada, en

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base a que no ha quedado suficientemente acreditado ni el lugar, ni la celebración del matrimonio, ni el funcionario que lo autorizó. 3.  Notificado al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, aportando como prueba copia del acta matrimonial. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación del Acuerdo recurrido. La Juez Encargada del Registro Civil remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 9 y 65 del Código civil; 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 111.ª de enero, 31-3.ª de mayo, 8-3.ª de septiembre de 2000, 26-2.ª de diciembre de 2001 y 9-2.ª de mayo de 2002. II.  En el presente caso, el interesado, de nacionalidad española adquirida por residencia en 1997, solicita la inscripción en el Registro Civil español de su matrimonio coránico celebrado en Marruecos en 1963, inscripción que es denegada por el Registro Central, porque en el título aportado no aparecen claramente determinados los datos del matrimonio de los que la inscripción registral hace fe. III.  Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 R.Cc), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado en Marruecos, en 1963.

IV.  La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España. (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del Registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3.º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento «en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos». V.  En el caso actual en el documento aportado para acreditar la existencia del matrimonio coránico, consistente en el acta de celebración no están claramente determinados los datos concretos de los que la inscripción da fe, como son la fecha, hora y lugar en que se contrae (cfr. art. 69 LRC), porque, en contra de lo que se alega en el recurso y coincidiendo con el auto apelado, no consta la hora en que el matrimonio se celebró, que según la propia acta no es la de las 11 horas del día 12 de noviembre de 1963, ni la fecha de celebración es la de 23 de octubre de 1963, pues estas son la hora y fecha en que se extiende el acta, ya que en esa hora y en ese día consta, según el acta, que el interesado declaró «que contrajo matrimonio desde hace siete meses» y «que por motivos ajenos a su voluntad, no han podido comparecer ante los notarios para que redacten su acta matrimonial, en el momento de su celebración». Tampoco está determinado el lugar pues, aún cuando se formaliza el acta en B. y pudiera suponerse que fue en esta localidad donde se celebró, es lo cierto que dicha acta no concreta nada respecto del lugar donde se celebró el matrimonio siete meses antes. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

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Resolución (3.ª) de 14 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita ni la inscripción en el Registro Civil español, ni la posesión de la nacionalidad española durante el tiempo necesario de diez años ni que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de L.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de L. de fecha 20 de diciembre de 2005, don S., nacido en 1948 en G. (Sáhara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española con valor de simple presunción. Aportaba la siguiente documentación: Pasaporte español donde consta la nacionalidad española, DNI español de su padre, ficha familiar y certificado de empadronamiento. 2.  Ratificado el interesado, comparece un testigo que manifiesta que le consta ser cierto cuanto se alega en el escrito inicial del interesado. El Ministerio Fiscal se opone a la solicitud formulada pues no se ha justificado que el solicitante ejerciera el derecho de opción a la nacionalidad española en el periodo que el Decreto 1560/1976 establecía. El Juez Encargado del Registro Civil de L. dicta auto con fecha 7 de febrero de 2006 en el que declara con valor de simple presunción que el interesado es español de origen

por consolidación de la nacionalidad española. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, el Ministerio Fiscal interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado interesando la revocación del auto dictado por el Encargado del Registro Civil de L. 4.  Notificado el recurso al interesado, éste impugna dicho recurso, solicitando a la Dirección General de los Registros y del Notariado que confirme el auto recurrido. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones de 1-1.ª y 7 de marzo de 2000, 15-1.ª de junio de 2001 y 21-1.ª de octubre y 5-2.ª de diciembre de 2002, 21-1.ª de enero, 26-1.ª de marzo, 19-3.ª de abril, 20-2.ª de junio y 6-2.ª y 24-1.ª de noviembre de 2003 y 2-5.ª y 5-4.ª, 16-5.ª y 17-1.ª de enero, 25-3.ª, 26-2.ª y 3.ª y 282.ª de febrero, 6-2.ª, 8-1.ª, 2.ª y 3.ª, 9-1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª y 10-1.ª y 2.ª de marzo, 111.ª de mayo y 1-2.ª de junio de 2004. II.  El interesado, por escrito de 20 de diciembre de 2005 presentado en el Registro Civil de L., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en G., Sahara Occidental, y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado dictó auto concediendo la nacionalidad española del promotor. El Ministerio Fiscal interpuso recurso contra el citado auto.

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III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, a los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aque-

lla antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a)  en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati»

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entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En efecto, a diferencia del caso de la sentencia, el interesado no ha probado que residiera en el territorio del Sahara en el tiempo en que estuvo en vigor el Real Decreto citado, de modo que quedara imposibilitado de facto para optar a la nacionalidad española y, de otro lado, el interesado carece de título inscrito en el Registro Civil y no acredita la posesión de la nacionalidad española durante el período de tiempo necesario de diez años.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Resolución (4.ª) de 14 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita ni la inscripción en el Registro Civil español, ni que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de R.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de R. de fecha 14 de diciembre de 2005, don S., nacido en 1947 en A. (Sáhara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española con valor de simple presunción. Aportaba la siguiente documentación: Certificado de nacionalidad, permiso de residencia, certificado expedido por la Delegación Saharaui para España de concordancia de nombre, certificado de la embajada de Argelia en Madrid en el que consta que el interesado es de origen saharaui, DNI, ficha familiar y certificado de empadronamiento. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal se muestra conforme a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil de R. dicta auto con fecha 24 de marzo de 2006 en el que deniega la nacionalidad española al interesado.

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3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado éste presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar el reconocimiento de la nacionalidad española, aportando documentación complementaria como recibo de MINURSO, tarjeta de la seguridad social, contrato de trabajo, certificado de la Embajada de Argelia en el que hace constar que el interesado no es de nacionalidad argelina, certificado de la Delegación Saharaui en España en el que hace constar que el interesado residió en los campamentos de refugiados Saharauis desde 1975 hasta 2004, certificado de nacimiento y certificado de nacionalidad. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste impugna el citado recurso, interesando se den por reproducidos los motivos expuestos en el Auto recurrido, solicitando asimismo la desestimación del recurso formulado y la confirmación del auto apelado. La Juez Encargada del Registro Civil de R. remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 1-2.ª y 3.ª, 5-2.ª, 23-3.ª de junio; 13-2.ª, 14-1.ª, 15-2.ª de julio; 161.ª, 21-3.ª de septiembre; 15-2.ª, 16-1.ª de octubre; 11-1.ª y 2.ª, 12-4.ª, 16-3.ª de noviembre y 3-2.ª, 7-3.ª, 23-2 y 28-2.ª de diciembre de 2004; 21-1.ª de enero, 31.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 143.ª de marzo,15-3.º de abril, 28 de mayo, 27-3.ª de septiembre y 3-1.ª de octubre de 2005; y 1-2.ª de marzo de 2006. II.  El interesado, por escrito de 14 de diciembre de 2005 presentado en el Re-

gistro Civil de R., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en A., Sahara Occidental, y cumplir los requisitos establecidos. La Juez Encargada dictó auto denegando la nacionalidad española del promotor. El Ministerio Fiscal emitió informe oponiéndose a la estimación del recurso. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, a los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objeti-

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va que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el

reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». V.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En efecto, a diferencia del caso de

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la sentencia, el interesado no ha probado que residiera en el territorio del Sahara en el tiempo en que estuvo en vigor el Real Decreto citado, de modo que quedara imposibilitada de facto para optar a la nacionalidad española y, de otro lado, el interesado carece de título inscrito en el Registro Civil. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (5.ª) de 14 de diciembre de 2006, sobre cambio del nombre propio. No es admisible ni en expediente de cambio, el hipocorístico «Malena». En el expediente de imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra Providencia del Juez Encargado del Registro Civil de V.

HECHOS 1.  Por escrito presentado ante el Registro Civil de V., D. A. con DNI xy doña D., con DNI X, mayores de edad, interponen recurso contra la providencia de fecha 5 de abril de 2004 solicitando para su hija M., el cambio de nombre de «Magdalena» por el de «Malena». Alegan que el nombre propio de Malena está aceptado por las autoridades argentinas, que es un antropónimo argentino con plena autonomía. Acompaña los siguientes documentos: Fotocopia de Libro de Familia donde aparece inscripción con el nombre de «Milena», certificado expedido por el Gobierno de Buenos Aires acreditando que el nombre de «Malena» es nombre femenino autorizado y certificación literal de nacimiento.

2.  Ratificados los promotores, el Juez Encargado del Registro Civil por providencia de 5 de abril de 2004 admite el recurso y rechaza la inscripción con el nombre de «Malena» por ser un hipocorístico de «Magdalena» en consonancia con el artículo 54 de la Ley del Registro Civil y de conformidad con el artículo 193 del Reglamento del Registro Civil se requiera al promotor para que de otro nombre a su hija y en caso de no hacerlo se le inscriba con el nombre de «Magdalena». 3.  En la tramitación del recurso el Ministerio Fiscal, no impugna el recurso de apelación interpuesto por entender que el nombre de Malena ha alcanzado sustantividad propia. El Juez Encargado del Registro Civil eleva el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210, 217, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 15,3.ª de diciembre de 2001, 9,4.ª de septiembre de 2002 y 26-1.ª y 2.ª de marzo de 2004. II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente posterior un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado. III.  Esta última circunstancia es la que impide aprobar el expediente. Están prohibidos «los diminutivos o variantes

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familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad» (art. 54.II LRC) y el nombre «Malena» solicitado no es conocido más que como un hipocorístico de «María Elena», que carece de autonomía por sí, ya que en el sentir popular se le relaciona sin duda con el antropónimo del que se deriva. Así lo estimaron ya las Resoluciones citadas en los vistos. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.

Resolución (1.ª) de 15 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en L.

HECHOS 1.  En fecha 20 de febrero de 2006, don F., nacido en Cuba el 6 de julio de 1982, de nacionalidad cubana, presentó en el Consulado General de España en L. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 7 de diciembre de 2005 en Cuba, según la ley local, con doña M., nacida en España, el 2 de febrero de 1972. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, DNI, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y sentencia de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento y certificado de estado civil del interesado.

2.  Se celebra el trámite de audiencia con el interesado que manifiesta que tiene 23 años, es soltero e imparte clases de inglés en una Iglesia, que su esposa tiene 33 años, es divorciada y trabaja en el servicio doméstico, que su esposa tiene 2 hijos y que el padre de uno de ellos es cubano, que se conocieron en febrero de 2005 en el Hotel Presidente en La Habana, que posteriormente su esposa regresó a Cuba en diciembre de 2005 para contraer matrimonio, que posteriormente regresó en febrero de 2006. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 34 años, es divorciada y trabaja en el servicio doméstico, que tiene 2 hijos, que su esposo tiene 23 años, es soltero y el licenciado en inglés y francés, que imparte clases de estos idiomas, que conoció a su esposo en febrero de 2005 en el Hotel P. en L., que regresó a Cuba en diciembre de 2005 para contraer matrimonio, que posteriormente regresó en febrero de 2006. 3.  Notificado el Ministerio Fiscal se opone a la transcripción del matrimonio. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 22 de marzo de 2006 la transcripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4.  Notificada la resolución a los promotores, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 4-3.ª, 5-1.ª, 16-2.ª, 19-4.ª y 25-3.ª de octubre; y 11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de noviembre y 2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 25-4.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero; y 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª y 23-4.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el En-

cargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. IV.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de

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que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. V.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. VI.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 7 de diciembre de 2005 entre una española y un cubano y se constata la concurrencia de unos hechos objetivos que se consideran determinantes para deducir que el matrimonio ha sido celebrado persiguiendo finalidad distinta de la que le es propia y que, por esa causa, no puede ser objeto de inscripción: Él ignora la edad de ella, al manifestar que tiene 33 años, cuando tiene 34, y el nombre de uno de los hijos de la misma; ella desconoce los estudios y la profesión de él, indicando que es licenciado en inglés y francés y que da clases de ambos idiomas, cuando sus estudios son de bachiller e imparte clases de inglés en una iglesia; por otra parte existen contradicciones en las manifestaciones de ambos relativas al inicio de la relación sentimental, indicando él que iniciaron la misma en el primer viaje de ella, mientras que esta última declara que inicialmente sólo se relacionaron como amigos. VII.  De estos hechos comprobados es una deducción razonable y en modo

alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, que por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlo y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (2.ª) de 15 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo emitido por el Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en S.

HECHOS 1.  Con fecha 27 de julio de 2005, don D., nacido en España, el 26 de abril de 1982, presentó en el Consulado General de España en S. impreso de declaración de datos para la transcripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 23 de julio de 2005,

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con doña M., nacida en La República Dominicana, el 24 de marzo de 1985. Aportaban como documentación: Acta de nacimiento, certificado de matrimonio local y certificado de estado civil del contrayente y declaración jurada de estado civil y certificado de nacimiento de la contrayente. 2.  El 25 de abril de 2005, se celebró la audiencia reservada con la contrayente, manifestando que conoció a su esposo en S. en un bar, en abril de 2005, que su esposo vive en L. con sus padres, que trabaja como Guardia Civil, que ella trabaja como modelo, que su marido le envía dinero, que se comunican por teléfono a diario, que le gusta leer y salir con amigos y a su marido leer e internet, que no conoce a sus suegros, que su marido tiene 2 hermanos y ella tiene 4 hermanos, que una vez en España piensa dedicarse a la ingeniería civil ya que tiene estudios de esa materia hasta séptimo ciclo. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoció a su esposa en un bar de S. mientras trabajaba en el buque oceanográfico Hespérides, en abril de 2005, que su esposa vive con su madre y dos hermanos, que trabaja en el Ministerio de Defensa como marinero especializado en administración, que su esposa estudia ingeniería civil, que no trabaja, que le envía dinero mensualmente, que se comunican a diario por teléfono y por internet, que le gusta el fútbol y a su esposa la música y salir con amigos, que conoce a sus suegros, que el tiene 2 hermanos y su esposa 5 hermanos. 3.  El Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en S. resuelve denegar la inscripción del matrimonio. 4.  Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como fotografías, facturas telefónicas y certificados de envíos de dinero.

5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste no se opone a la inscripción del matrimonio celebrado entre los interesados, toda vez que han sido aportadas nuevas pruebas que no pudieron ser tomadas en cuenta en su momento. El Encargado del Registro Civil Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. 6.  Mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2006, el interesado desiste del recurso presentado en su día a fin de proceder a la inscripción de su matrimonio y solicita el archivo de las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 1, 2-2.ª, 32.ª, 15-1.ª y 22-1.ª de septiembre; 2, 41.ª, 18-1.ª, 2.ª y 4.ª, 19-1.ª, 25-4.ª y 272.ª de octubre; y 16-1-.ª, 2.ª y 4.ª, 18-2.ª, 29-5.ª de noviembre y 15-2.ª de diciembre de 2004; y 7-2.ª, 15, 17-3.ª, 21-3.ª, 25-1.ª y 2.ª de enero, 8-3.ª, 11-1.ª de febrero y 15-3.ª, 18-1.ª, 26 y 28-1.ª y 2.ª de marzo de 2005. II.  Con carácter previo al análisis del fondo del asunto, hay que examinar la

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solicitud de desistimiento al recurso presentada por el interesado recurrente. Por razones del principio de concordancia del Registro con la realidad jurídica extrarregistral (cfr. arts 15 y 26 de la LRC) no cabe admitir el desistimiento ya que este principio superior está sustraído a la voluntad de los contrayentes. Refuerza la anterior conclusión el carácter obligatorio con que se impone en nuestra legislación el deber de promover la inscripción en el Registro Civil a quienes se refiere el hecho inscribible, esto es, a los contrayentes en el caso del matrimonio (cfr. arts. 24 y 71 LRC). Por lo demás, no ha de olvidarse que conforme a los artículos 61 del Código civil y 70 de la Ley del Registro Civil, los efectos civiles del matrimonio se producen desde el momento de su celebración. III.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento de los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. VI.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán

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enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 23 de julio de 2005 en República Dominicana entre don D. y doña M.

Resolución (3.ª) de 15 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo emitido por el Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en S.

HECHOS 1.  Con fecha 16 de diciembre de 2005, don J., nacido en Chile el 1 de marzo de 1955, de nacionalidad española, presentó en el Consulado General de España en S. impreso de declaración de datos para la transcripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 30 de noviembre de 2005, con doña I. nacida en la República Dominicana el 7 de octubre de 1976. Aportaban como documentación: Acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y declaración jurada de estado civil y sentencia de divorcio de la interesada. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que mani-

fiesta que conoce a su cónyuge desde hace 3 años, que se conocieron en Benidorm por un curso al que asistieron los dos de aves migratorias, que han convivido durante un mes, que él tiene 3 hijos, que su cónyuge ha venido a España en 3 ocasiones desde que se conocen, que ella vive con sus hijos, que trabaja en A. y ella en una empresa que se dedica a aves migratorias, que no le envía dinero a su cónyuge, que se comunican por internet cada dos días y por teléfono cada 3 ó 4 días, que le gusta el deporte y pasear y a su cónyuge el béisbol y pasear, que a él le han operado de un tumor cerebral, que no conoce a sus suegros, que su cónyuge tiene una hija de una relación anterior, que él tiene 10 hermanos y su cónyuge 2, que él tiene estudios de bachiller y su cónyuge de decoración. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que se conocen desde hace 3 años que se conocieron en Madrid en la oficina donde él trabajaba, que ella tiene una hija de una relación anterior, que ella ha estado en España en 3 ocasiones y su cónyuge ha ido a Santo Domingo en 3 ocasiones, que él trabaja como asesor de asuntos migratorios en una empresa llamada A., que ella trabaja como administradora en una empresa llamada Corniel y Corniel Centro Jurídico Internacional, que su cónyuge no le envía dinero, que se comunican por internet y por teléfono a diario, que a ella el gusta leer y la televisión y a él la televisión y la música, que él está operado de un tumor cerebral, que no conoce a sus suegros, que él tiene 3 hijos, que ella ha realizado estudios de periodismo y él de bachiller y cursos de aves migratorias. 3.  El Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en S. dictó acuerdo con fecha 5 de abril de 2006, denegando la inscripción del matrimonio solicitado, por falta de conocimiento de parte del contrayente dominicano, razones avaladas por las audiencias reservadas efectuadas a ambos en este Registro Civil Consular.

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4.  Notificado a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como fotografías, facturas y billetes de avión. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone a la inscripción del matrimonio en base a que de la audiencia reservada practicada a los contrayentes, éstos desconocen información básica del cónyuge respectivo, como el número de hermanos, frecuencia de la comunicación. El Encargado del Registro Civil Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 4-3.ª, 5-1.ª, 16-2.ª, 19-4.ª y 25-3.ª de octubre; y 11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de noviembre y 2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 25-4.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero; y 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª y 23-4.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trá-

mite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. IV.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o

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impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. V.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. VI.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en República Dominicana el 30 de noviembre de 2005 entre un español y una dominicana y se constata la concurrencia de unos hechos objetivos que se consideran determinantes para deducir que el matrimonio ha sido celebrado persiguiendo finalidad distinta de la que le es propia y que, por esa causa, no puede ser objeto

de inscripción: Él ignora los ingresos, los estudios, las aficiones y el nombre de los padres de ella; ésta desconoce los ingresos, el nombre de los padres, los nombres y número de hermanos y las aficiones de él; existen numerosas contradicciones en las manifestaciones de ambos relativas al lugar en que se conocieron, manifestando él que en Benidorm, mientras que ella dice que fue en Madrid; al momento que inician la relación, indicando ella que a finales de 2004, él que en enero de 2005 y a la frecuencia con que se comunican telefónicamente, indicando él que cada tres o cuatro días, mientras que ella señala que a diario. VII.  De estos hechos comprobados es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, que por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlo y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (4.ª) de 15 de diciembre de 2006, sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento. Por el conjunto de pruebas presentadas se concluye que el nacimiento acaeció en Santa Cruz de Tenerife.

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En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2004, en el Registro Civil de S., doña C., nacida en S., el 20 de julio de 1939, solicitaba la iniciación de expediente gubernativo a fin de autorizar la inscripción de nacimiento fuera de plazo. Adjuntaba la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de bautismo, pasaporte y certificado de residencia emitido por el Consulado General de España en C. 2.  Mediante Providencia de fecha 24 de septiembre de 2004, la Juez Encargada del Registro Civil de S. requiere a la interesada para que aporte la certificación de matrimonio de sus padres. Con fecha 29 de diciembre de 2004 el Consulado General de España en C. remite certificación negativa respecto del certificado de matrimonio de los padres de la interesada. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado dado las discrepancias en fechas e identidades de la documentación aportada, así como de la insuficiencia de la que se reúne. Con fecha 22 de diciembre de 2005 la Juez Encargada del Registro Civil de S. dicta auto denegando la inscripción de nacimiento fuera de plazo solicitada en base a que la interesada manifiesta que su fecha de nacimiento es 20 de julio de 1939 si bien observando la fecha de nacimiento es 20 de julio de 1940, así mismo consta que es hija de Juan y de Julia, si bien en la documentación del Consulado General de España en C. consta como hija de J. y de R. 4.  Notificado el auto a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado

aportando pruebas documentales como nueva partida de bautismo y certificado del Ayuntamiento de V. (La Gomera). 5.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste informa que procede acceder a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 15, 16, 26 y 95 de la Ley del Registro Civil; 66, 68 y 311 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones, entre otras, de 11-1.ª de junio, 8-9.ª y 21 de septiembre, 2-1.ª y 13-2.ª de octubre y, y 18 de diciembre de 2001; 10-3.ª de mayo de 2002; 5 de febrero y 13-3.ª de junio de 2003; 1-1-.º de octubre de 2004; 16-2.ª de enero y 23-1.ª de junio de 2006. II.  Un nacimiento acaecido dentro del territorio español o que afecte a españoles ha de ser inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 LRC), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente a que alude el artículo 95-5.º de la Ley del Registro Civil que está desarrollada en los artículos 311 a 316 del Reglamento. III.  En este caso concreto, la interesada, nacida en 1939, en S., de padres españoles, no consta inscrita en el Registro correspondiente al lugar del nacimiento y se deniega la inscripción de su nacimiento, porque en la partida de bautismo aportada existe discrepancia con la fecha en que se dice acaecido el nacimiento y por no haber coincidencia entre la inscripción de nacimiento y la partida de bautismo respecto del nombre de la madre. La existencia del citado error era obvia, puesto que como se alega en el recurso, de ser correctas las fechas que se hicieron constar en dicha partida, el bautismo se habría celebrado un año antes del nacimiento. En cualquier caso con el

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recurso se ha aportado, subsanada, dicha partida. En lo que se refiere a la discrepancia, que ha sido relativamente justificada, no se considera que tenga la entidad suficiente como para afectar a la identidad de la interesada e impedir la inscripción que ésta pretende. Así lo ha entendido el Ministerio Fiscal, que ha emitido informe favorable a la estimación del recurso. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil de S. el nacimiento acaecido en esta población el día 20 de julio de 1939 de la interesada doña C., con los demás datos de filiación comprobados en las actuaciones

Resolución (5.ª) de 15 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se deniega porque no se aportan datos o hechos nuevos que desvirtúen anterior resolución desestimatoria. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra Providencia dictada por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 22 de abril de 2003, doña A., nacida en La República Dominicana el 5 de enero de 1958, de nacionalidad española y domiciliada en M., presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la transcripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 7 de

febrero de 2003, con don M. nacido en la República Dominicana el 25 de abril de 1974, de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación: Acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento y sentencia de divorcio de la interesada. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que conoció a su esposo hace 7 años porque viven en el mismo barrio, que le conoció cuando tenía 18 años, que ella vive en España desde 1998, que desde entonces ha viajado a La República Dominicana en 4 ocasiones, que ella tiene 6 hijos, que todas las veces que ha viajado a La República Dominicana ha convivido con su esposo, que su esposo es agricultor, que no tiene intención de venir a España aunque ella quiere que venga. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoce a su esposa desde hace 7 años, la conoció en una fiesta, que su esposa tiene 7 hijos uno de ellos falleció, que sólo conoce el nombre de 2 de ellos, que su novia trabaja como doméstica, que él es agricultor, que su cónyuge le envía dinero, que conoce a sus suegros, que su suegro es fallecido, que se comunican por teléfono los sábados, que piensa venir a España porque ella quiere, que ella ha ido a La República Dominicana 4 veces. 3.  El Juez Encargado del Registro Civil dictó acuerdo con fecha 30 de marzo de 2004, denegando la inscripción del matrimonio solicitado. 4.  Notificada la resolución con fecha 3 de mayo de 2004 a la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, con fecha 21 de marzo de 2005, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  El Juez Encargado del Registro Civil Central dictó Providencia con fecha 31 de marzo de 2005, a fin de informar a la interesada que la resolución fue notificada el día 4 de mayo de 2004, sin haberse presentado recurso en tiempo.

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6.  Con fecha 12 de abril de 2005 la interesada volvió a solicitar la inscripción del matrimonio con don M. 7.  El Juez Encargado del Registro Civil Central dictó Providencia con fecha 14 de febrero de 2006 disponiendo que ya se dictó resolución con fecha 30 de marzo de 2004, no recurrida en tiempo, y en esta nueva petición no se apreciaba ninguna causa nueva que permitiese modificar lo ya acordado. 8.  Notificada la interesada, ésta presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que no recurrió en su día porque estaba en Santo Domingo. 9.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que procede confirmar el acuerdo impugnado. El Juez Encargado del Registro Civil remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23, 29, 32 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257, 354, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995, y las Resoluciones, entre otras, 18-3.ª de junio y 24-3.ª de junio de 2003, de 18-2.ª de septiembre,de 4-3.ª, 5-1.ª, 16-2.ª, 194.ª y 25-3.ª de octubre; y 10-2.ª de febrero,11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de noviembre

y 2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 254.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero; y 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª y 23-4.ª de marzo de 2005. II.  Como cuestión previa y por razones de economía procesal, hay que resolver el recurso presentado por la interesada que tuvo entrada en el Registro Civil Central el 21 de marzo de 2005 y cuyas actuaciones no fueron remitidas a esta Centro Directivo. El plazo para recurrir contra la calificación del Encargado es de treinta días naturales. Como en este caso no se discute que la notificación de acuerdo ha sido correcta, como realizada por correo certificado a la interesada con entrega de copia en la que se especifica el recurso procedente y el plazo para interponerlo, resulta que, efectuada la notificación el 3 de mayo 2004, esta fuera de plazo y no puede admitirse el recurso presentado el 25 de marzo de 2005. III.  En el ámbito del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. arts. 24 y 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevas que no pudieron ser tenidas en cuenta en primera decisión. IV.  En este caso actual se trata de la solicitud para contraer matrimonio entre una española y un dominicano, habiéndose denegado una previa autorización en virtud de auto dictado por el Encargado del Registro Civil en auto dictado el 30 de marzo de 2004. En una nueva petición formulada nuevamente por los promotores ante el mismo Registro no se han aportado hechos nuevos o documentación que puedan desvirtuar lo acordado en la resolución citada. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar los recursos interpuestos y confirmar las resoluciones apeladas.

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Resolución de 16 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en L.

HECHOS 1.  En fecha 9 de diciembre de 2005, don J., nacido en H. (Cuba), el 18 de enero de 1932, de nacionalidad cubanoespañola, y doña L., nacida el 7 de julio de 1969 en Cuba, de nacionalidad cubana, presentaron ante el Consulado de España en L. hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 21 de junio de 2005 en Cuba. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de nacimiento, y fe de estado civil del interesado y certificado de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, comparece la contrayente ante el Registro Consular manifestando que tiene 36 años, es soltera y se dedica a sus labores, que tiene 2 hijos, que su esposo tiene 62 años, es soltero y es campesino dueño de unas tierras en H., que tiene cuatro hijos con los que no se relaciona, que se conocieron cuatro ó cinco meses antes de convivir, en septiembre de 2000, que él vendía leche en su vecindario y ella le compraba, que a finales de diciembre comenzaron las relaciones de pareja. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que

tiene 72 años, es soltero y tiene 4 hijos, que es agricultor particular, que su esposa tiene 36 años, es soltera y se dedica a sus labores, que tiene 2 hijos, que se conocieron hace 6 ó 7 años cuando él vendía leche y ella le compraba ya que estaba embarazada de su hija, que se relacionaron como amigos hasta que en noviembre de 2000 comienzan a vivir en casa de ella. 3.  El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que existiendo una certeza racional de obstáculo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la transcripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 21 de diciembre de 2005 la transcripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4.  Notificada la resolución a los promotores, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los

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derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones de 13-2.ª y 3.ª, 15-4.ª, 19-1.ª, 21-5.ª, 22-1.ª y 2.ª y 23-1.ª y 3.ª de enero y 19-4.ª de febrero de 2004. II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El

Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 21 de junio de 2005 entre un español y una ciudadana cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes resultan como hechos objetivos: Un recíproco desconocimiento de datos personales y familiares que no encuentran justificación entre personas que se conocen con cinco años de anterioridad a su matrimonio. Ella desconoce la fecha de nacimiento, dice que tiene 62 años cuando en realidad son 72, se equivoca en la edad de los hijos de él, contradiciéndose ambos en la relación que mantienen los hijos de él con ella, así

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él dice que se llevan de maravilla mientras que ella afirma que «apenas hay acercamiento, denotando con ello un tipo de relación que no guarda congruencia con la que reflejan las manifestaciones de él». VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, el cual por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo apelado.

Resolución (1.ª) de 18 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo emitido por el Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en S.

HECHOS 1.  Con fecha 28 de abril de 2005, don E., nacido en V. (Pontevedra) el 27 de septiembre de 1952, presentó en el Consulado General de España en S. impreso de declaración de datos para la transcripción de su matrimonio celebrado en S. (República Dominicana) el 28 de abril de 2005, con doña F., nacida en la República Dominicana el 4 de noviembre de 1958 y de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación: Acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y declaración jurada de estado civil del contrayente y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y sentencia de divorcio de la contrayente. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoce a su esposa desde hace 3 años, que se conocieron por teléfono, que han convivido desde el matrimonio, que ella vive en S. con sus hijos, que trabaja en una inmobiliaria pero no sabe los ingresos que tiene, que él no trabaja, que es pensionista, que le envía dinero a su cónyuge aproximadamente 50 euros, que se comunican por teléfono dos o tres veces por semana, que su afición es la pesca, que no sabe cual es la afición de su cónyuge, que a él le han operado 2 veces de columna y una vez de cadera, que conoce a sus suegros, que su cónyuge tiene 5 hijos, que tiene 4 hermanos pero desconoce nombres y edades, que él tiene un hermano. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que conoce a su cónyuge desde 2002, que se conocieron por una amiga que vive en España, que le mostró una foto y le facilitó el teléfono, que han convivido durante 8 días, que ella tiene 5 hijos, que su cónyuge vive sólo en P. pero no sabe el domicilio, que él es pensionista y ella es vendedora, que él le envía de 50 a 100 euros quincenalmente que se comunican por teléfono 3 días por semana, que no sabe las aficiones de su esposo, que a ella le gusta la

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casa, que ella está operada de tiroides y él de columna, que no conoce a sus suegros, que su cónyuge tiene un hermano y ella cuatro. 3.  El Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en S. dictó acuerdo con fecha 6 de abril de 2006, denegando la inscripción del matrimonio solicitado, por existir serias dudas de que ambos contrayentes vayan a convivir como pareja una vez que la ciudadana dominicana se encuentre en España. 4.  Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, aporta pruebas documentales como fotografías y comprobantes de envíos de dinero. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone a la inscripción del matrimonio en base a que los contrayentes decidieron casarse antes de conocerse físicamente, que de las audiencias reservadas practicadas a los contrayentes, se pone de manifiesto el desconocimiento de información básica de su cónyuge, que aportan pocas pruebas de su relación. El Encargado del Registro Civil Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, ratificándose en el acuerdo emitido con fecha 6 de abril de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimo-

nios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones de 132.ª y 3.ª de enero y 5-1.ª de febrero de 2004. II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias

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oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en la República Dominicana el 28 de abril de 2005 entre un español y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan como hechos objetivos la existencia de una muy breve relación personal entre ellos y un recíproco desconocimiento de los datos personales y familiares. Se conocen por fotografía, pero personalmente tienen una relación de solo ocho días antes del matrimonio. Ella desconoce el domicilio de él, sus estudios, nombre de los hermanos, aficiones... Él, por su parte, también desconoce el nombre de los hermanos de ella, sus estudios, hobbies. VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, el cual por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de

ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo apelado.

Resolución (2.ª) de 18 de diciembre de 2006, sobre certificado de capacidad matrimonial. Se deniega su expedición porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, mediante representante legal, contra auto de el Juez Encargado del Registro Civil de V.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de V. el 25 de abril de 2005, doña V., nacida el 22 de febrero de 1947 en C. (Valencia), iniciaba expediente solicitando la expedición de certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio con don A., nacido en Marruecos, de nacionalidad marroquí y domiciliado en Marruecos. Se acompañaba la siguiente documentación: Certificado de

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nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y certificado de empadronamiento de la interesada y certificado de nacimiento y declaración jurada de estado civil del interesado. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que conoció a su novia porque fue invitada a su casa por su hermano, que su hermano hace de traductor entre ellos, que su novia es divorciada con hijos, que no conoce a los padres de su novia, que su novia trabaja en la limpieza de hogares, que él trabaja en el comercio, que tiene un hermano viviendo en España, que mantienen comunicación por teléfono. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que conoció a su novio hace dos años en Marruecos por su hermano, que va a Marruecos una vez al año y se queda una semana en casa de sus hermanas, que conoce a toda la familia de su novio, que su novio es comerciante, que ella es empleada de hogar. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la autorización del matrimonio. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 3 de noviembre de 2005 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, la interesada, mediante representante legal, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la expedición del certificado de capacidad matrimonial. Aporta pruebas documentales como fotografías, y billetes de avión. 5.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, interesa la confirmación de la resolución recurrida. El Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; y las Resoluciones de 10-2.ª de noviembre de 2003; 24-2.ª de febrero; 18-2.ª de marzo y 4-2.ª de septiembre de 2004. II.  Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros

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medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar –ni contribuir, como en este caso, a la autorización– un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de un matrimonio entre una española y un marroquí, del trámite de audiencia reservada habida con ellos, resultan hechos objetivos de los que puede deducirse el propósito de celebrar un matrimonio con fines distintos de los propios de esta institución: Él desconoce a los padres y hermanos de ella y manifiesta que decidieron casarse la primera vez que se vieron en Marruecos. Carecen de idioma en común, así él afirma que él hermano de él hace de traductor, si bien en el escrito del recurso se establece que en persona hablan en francés y que la intervención del hermano sólo se produce en las conversaciones telefónicas, no presentan prueba alguna del conocimiento del idioma ni de la comunicación telefónica que dicen mantener. A la vista de tales manifestaciones hay, pues, base suficiente para entender que el Juez Encargado del Registro Civil, el Ministerio Fiscal y el Encargado del Registro Civil Consular de R. hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores

condiciones para apreciar una posible simulación. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Auto apelado.

Resolución (3.ª) de 18 de diciembre de 2006, sobre certificado de capacidad matrimonial. Se deniega su expedición porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de J.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de J. el 24 de agosto de 2004, don D., nacido el 14 de junio de 1955 en B. y doña M., nacida el 12 de diciembre de 1976 en Marruecos, de nacionalidad marroquí y domiciliada en Marruecos, iniciaban expediente en solicitud del certificado de capacidad matrimonial, para contraer matrimonio. Se acompañaba la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y certificado de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado de estado civil y certificado de residencia de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que conoció a su novia hace dos años porque fue con su hermano a Marruecos, el cual

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estaba casado con el hermano de su novia, que conoce a toda la familia de ella. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que su novio es el hermano de su cuñado, que él fue a Marruecos para conocerla, que su novio es divorciado y tiene 2 hijos y 3 hijas, que los padres de su novio son fallecidos, que es conductor de ambulancia, que ella no trabaja. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la autorización del matrimonio. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 15 de noviembre de 2005 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la expedición del certificado de capacidad matrimonial. Aporta pruebas documentales como fotografías, y envíos de dinero. 5.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal que interesa la confirmación de la resolución recurrida. El Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamien-

to Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; y las Resoluciones de 10-2.ª de noviembre de 2003; 24-2.ª de febrero; 18-2.ª de marzo y 4-2.ª de septiembre de 2004. II.  Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar –ni contribuir, como en este caso, a la autorización– un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

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V.  En el caso actual de un matrimonio entre un español y una marroquí, del trámite de audiencia reservada habida con ellos, resultan hechos objetivos de los que puede deducirse el propósito de celebrar un matrimonio con fines distintos de los propios de esta institución: Existen ciertas discordancias en cuanto a la fecha y tiempo en que se conocen, que si bien es cierto que son aclaradas posteriormente en el escrito del recurso interpuesto, alegando un error en la transcripción de la fecha de nacimiento y la falta de precisión en el tiempo que se conocen, a ello se une el dato objetivo de la falta de una comunicación fluida dada la carencia de un idioma en común, manifestando en el recurso que charlan estando la hermana de ella delante. A la vista de tales manifestaciones hay, pues, base suficiente para entender que el Juez Encargado del Registro Civil, el Ministerio Fiscal y el Encargado del Registro Civil Consular de R. hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Auto apelado.

Resolución (4.ª) de 18 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trá-

mite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en L.

HECHOS 1.  En fecha 17 de febrero de 2006, don J., nacido en España el 23 de mayo de 1973, presentó en el Consulado General de España en L. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 14 de febrero de 2006 en Cuba, según la ley local, con doña S., nacida en L. (Cuba), el 17 de enero de 1979, de nacionalidad cubana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 27 años, es soltera y trabaja como jefa de turno de un centro de alojamiento, que tiene un hijo de 6 años, que tiene estudios de técnico medio en elaboración de alimentos, que su esposo tiene 32 años, que es divorciado, que es director de una agencia de viajes en P., que tiene estudios universitarios, que tiene un hijo de 5 años, que se conocieron en enero de 2004 a través de fotografías que le mostró a su esposo su amiga N., que personalmente se conocieron en noviembre de 2005, cuando él viajó a Cuba, que su esposo regresó a Cuba en febrero de 2006 y contrajeron matrimonio el 14 de febrero. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que tiene 32 años, que es divorciado y es dueño de una empresa de viajes en M., que tiene estudios preuniversitarios y cursos de turismo, que tiene un hijo de 5 años, que su esposa tiene 29

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años, que es soltera y es jefa de turno en un hotel, que tiene estudios preuniversitarios y un hijo de 6 años, que se conocieron a través de fotografías y vídeo conferencias en 2004, que personalmente se conocieron en noviembre de 2005 cuando viajó a Cuba, posteriormente viajó a Cuba para contraer matrimonio en febrero de 2006. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 15 de marzo de 2006 el Juez Encargado del Registro Civil Consular en L. dicta auto denegando la transcripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, los interesados interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que no se trata de un matrimonio de conveniencia, aportando pruebas documentales como cartas, fotografías y billetes de avión. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimo-

nios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 18 de junio, 1-1.ª y 2-2.ª de septiembre y 27-4.ª de diciembre de 2005; 19-1.ª de enero, 9-3.ª y 21-2.ª de febrero, 16-1.ª de marzo, 7-2.ª y 3.ª y 11-4.ª de abril, 31-1.ª y 5.ª de mayo, 23-2.ª de junio, 205.ª, 22 y 25-1.ª de julio y 5-2.ª de septiembre de 2006. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es

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casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente no se advierte en ellas contradicciones significativas siendo las respuestas adecuadas a las preguntas que se le formularon, lo que no proporciona los elementos de juicio necesarios para deducir con seguridad una utilización fraudulenta del matrimonio. Los interesados aportan pruebas y documentos gráficos que, del mismo modo, impiden alcanzar la convicción de que el consentimiento matrimonial haya sido prestado simulada y fraudulentamente por ellos. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto».

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 14 de febrero de 2006 en P. (Cuba) entre don J. y doña S.

Resolución (5.ª) de 18 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que la interesada hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M. de fecha 8 de marzo de 2006, doña M., nacida el 5 de junio de 1970 en S. (Sahara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española, por haber nacido en el Sáhara excolonia española. Adjuntaba la siguiente documentación: Libro de familia, DNI del padre, DNI de la madre, afiliación a la Seguridad Social del padre, recibo de MINURSO y certificado de empadronamiento. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, no se opone a lo solicitado.

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3.  La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha 7 de abril de 2006 en el que desestima la petición realizada por la interesada en base a que la interesada no ha justificado que residiera en el Sáhara cuando estuvo en vigor el Decreto de 10 de agosto de 1976, de modo que quedara imposibilitada de facto para ejercitar la opción a la nacionalidad española que dicho decreto otorgaba a la población saharaui. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, ésta presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que vivió en el Sáhara desde 1970 hasta 1976, que es hija de padre y madre con documentación española. Aporta pruebas documentales como partida de nacimiento expedida por la Delegación Saharaui para Andalucía, escrito de esta misma Delegación donde se certifica que la interesada residía en los campamentos de refugiados saharauis desde su nacimiento y certificado de concordancia de nombre expedido por dicha Delegación. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006.

II.  La interesada, por escrito presentado el 8 de marzo de 2006 en el Registro Civil de M., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en 1970, en T., Sahara Occidental y cumplir los requisitos establecidos. La Juez Encargada del Registro dictó auto denegando la petición de la interesada, siendo dicho auto el objeto del presente recurso. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España,

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y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a)  en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b)  vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c)  por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara.

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un

VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho exa-

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minado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, los representantes legales de la interesada, dada la menor edad de ésta, estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. De otro, lado, tampoco está acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte argelino en el que consta la promotora como nacional de Argelia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (1.ª) de 19 diciembre de 2006, sobre cambio de nombre propio. No es admisible «Santos», para mujer porque induce a error en cuanto al sexo, máxime cuando, además, coincide con el nombre del padre. En el expediente de imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra Calificación del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante comparecencia en el Registro Civil de V., doña S. presta juramento para la adquisición de la nacionalidad española, sin renunciar a la nacionalidad peruana y con respecto a su nombre y apellidos manifiesta que quiere conservarlos siendo éstos Santos Clemencia Ruiz Cabrera. 2.  Recibida la documentación en el Registro Central se procede a la inscrip-

ción de nacimiento correspondiente a la interesada, con el nombre de Clemencia Santos. 3.  Notificada la interesada, ésta mediante escrito presentado en el Registro Civil de V., solicita se rectifique tanto el nombre propio: Santos Clemencia en vez de Clemencia Santos, como el lugar de nacimiento. 4.  Mediante Providencia de fecha 8 de marzo de 2006, el Juez Encargado del Registro Civil Central se procede a subsanar el error del lugar de nacimiento de la interesada, respecto del nombre consignado se tiene por interpuesto recurso. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso por cuanto el nombre consignado es conforme a la legislación española. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 4-1.ª de octubre de 2000; 21-1.ª y 23-3.ª de mayo, 1-1.ª y 13-2.ª y 8.ª de junio y 5-3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 8.ª de septiembre de 2002; 21-1.ª de abril de 2003 y 10-1.ª de junio de 2004; 242.ª de febrero y 12-2.ª de mayo de 2006. II.  Para el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de mantenerse, en principio, el nombre propio usado de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª RRC), pero este nombre habrá de ser cambiado por otro ajustado si infringe las normas establecidas (cfr. art. 212 y 213, regla 2.ª, RRC). III.  Esta última circunstancia es la que impide la aprobación del expediente en este caso, en el que se ha intentado mantener el nombre de «Santos-Clemen-

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cia» y están, en efecto, prohibidos los nombres que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo (cfr. art. 54, II, LRC) y esta limitación comprende, sin duda, al citado nombre, puesto que tratándose de compuestos, es el primer nombre el que identifica el sexo y el pretendido es propio de varón, dándose además la circunstancia de que «Santos» es también el nombre del padre de la interesada, quien lo tiene atribuido, igualmente, en forma compuesta –«SantosVictoriano»–, lo que refuerza en este caso la posibilidad de confusión. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar la calificación efectuada.

Resolución (2.ª) de 19 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo emitido por el Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 9 de agosto de 2004, doña J., nacida en la República Dominicana el 15 de marzo de 1944, de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en la República Dominicana el 12 de agosto de 2003, con don J. nacido en la República Dominicana el 2 de mayo de 1969, de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación: Acta de matrimonio local, certificado de

nacimiento de la contrayente y acta de nacimiento y certificado de matrimonio y sentencia de divorcio del contrayente. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que conoció a su cónyuge hace 15 años, que ambos son vecinos del mismo barrio, que la relación de noviazgo comenzó hace 7 años, que entonces él estaba casado pero su matrimonio no iba bien, que su cónyuge tiene 3 hijos, que ella tiene 6 hijos, que vive en B. desde hace 15 años, que se han comunicado por teléfono, que no conoce a la familia de su esposo, que ella tiene 7 hermanos, que su marido era militar, que lo dejó hace 5 ó 6 años, que desde entonces hace trabajos eventuales, que ella trabaja como empleada de hogar. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que tiene 3 hijos de otro matrimonio, que trabaja como mensajero, que conoció a su cónyuge en el año 1992, que su cónyuge reside en España, que no sabe desde cuando, que trabaja en el servicio doméstico, que conoce a sus suegros, que tiene 6 hijos, que él vive con sus hijos. 3.  El Juez Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 16 de enero de 2006, denegando la inscripción del matrimonio solicitado. 4.  Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste confirma el acuerdo apelado. El Juez Encargado del Registro Civil Central remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

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12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 1, 2-2.ª, 32.ª, 15-1.ª y 22-1.ª de septiembre; 2, 41.ª, 18-1.ª, 2.ª y 4.ª, 19-1.ª, 25-4.ª y 272.ª de octubre; y 16-1-.ª, 2.ª y 4.ª, 18-2.ª, 29-5.ª de noviembre y 15-2.ª de diciembre de 2004; y 7-2.ª, 15, 17-3.ª, 21-3.ª, 25-1.ª y 2.ª de enero, 8-3.ª, 11-1.ª de febrero y 15-3.ª, 18-1.ª, 26 y 28-1.ª y 2.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr.

art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento de los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de ele-

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gir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 12 de agosto de 2003 en S. (República Dominicana) entre J. y doña J.

Resolución (3.ª) de 19 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de A.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Al. de fecha 30 de agosto de 2005, don A., nacido en 1974 en E. (Sahara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española al amparo del artículo 18 del Código Civil, manifestando que nació y vivió en el Sáhara español hasta el abandono de este

territorio por parte española en 1976, que dadas las difíciles circunstancias que vivieron los saharahuis a partir del año 1975, no pudo acogerse al derecho de la opción reconocido por el Decreto de 10 de agosto de 1976 por encontrarse viviendo en los campamentos de refugiados de T. (Argelia), y que reside en España desde 2004. Adjuntaba la siguiente documentación: Certificado de inscripción de nacimiento en los Libros Cheránicos, fotocopia de los DNI del padre y de la madre, certificado de antecedentes penales, certificado de nacimiento, fotocopia del documento de identidad saharaui, certificado de empadronamiento, libro de familia, carnet de pensionista del padre y tarjeta de identidad policial del padre. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe favorable. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 3 de octubre de 2005 en el que desestima la petición del interesado en base a que no resulta acreditado que por el solicitante se haya venido llevando a cabo actos inequívocos de un nacional español, particularmente, no se acredita que se haya venido usando de forma permanente y de buena fe, por el solicitante, la nacionalidad española durante 10 años, con lo que no cumple con uno de los requisitos básicos para que la solicitud pueda prosperar. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste interpone recurso dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que es ciudadano saharaui nacido mientras España ejercía su administración en el ex Sáhara español, que su padre era cabo del ejército español, que actualmente es pensionista, por todo ello solicita le sea concedida la nacionalidad española con valor de simple presunción. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso presentado. el Juez encargado del Registro Civil

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remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3.ª de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II. El interesado, por escrito de fecha de 30 de agosto de 2005 presentado en el Registro Civil de A., solicitaba la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en E., Sahara Occidental en 1974 y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado del Registro dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el objeto del presente recurso, al que se adhiere el Ministerio Fiscal mediante un profundo examen de la cuestión planteada. III. Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos

de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha po-

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dido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto,

finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales del interesado –dada la menor edad de éste–, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. El propio interesado declara que se encontraba en los campamentos de refugiados de Tindouf. De otro, lado, no está acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte argelino en el que consta el promotor como nacional de Argelia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (4.ª) de 19 de diciembre de 2006, sobre declaración de la nacionalidad española. Procede la inscripción de la declaración de conservar la nacionalidad espa-

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ñola que formula, tras adquirir la estadounidense, el nacido en España en 1959 de madre originariamente española nacida en España y en ella domiciliada al tiempo del nacimiento del interesado. En las actuaciones sobre declaración de conservación de la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra providencia dictada por la Juez Encargada del Registro Civil Único de M.

HECHOS

origen los nacidos en territorio español de madre, española o extranjera, nacida también en España y en ella domiciliada al a tiempo del nacimiento del hijo, por tal motivo solicita la conservación de la nacionalidad española. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste confirma la resolución apelada. El Juez Encargado del Registro Civil emite informe favorable a la petición del interesado, remitiendo todo el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.  Mediante comparecencia efectuada el 4 de abril de 2005, en el Consulado General de España en M. (Estados Unidos), se levanta acta de conservación de la nacionalidad española en el que don E., de nacionalidad española-estadounidense, nacido el 7 de abril de 1959, declara que adquirió la nacionalidad estadounidense el 15 de diciembre de 2004 como emigrante de ese país, que en virtud del artículo 24.1 del Código Civil desea conservar la nacionalidad española sin renunciar a la estadounidense, que solicita se inscriba al margen de su inscripción de nacimiento que consta en el Registro Civil de M. Adjunta la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, pasaporte y certificado de naturalización expedido en Estados Unidos.

I.  Vistos los artículos 17 del Código civil (Cc) en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954; y 24 Cc, en su redacción actual; 67 y 96 de la Ley del Registro Civil, 232, 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 25 de abril de 1988 y 30 de junio y 15-4.ª, 18-3.ª y 24-3.ª de septiembre de 2001; 22-2.ª de abril, 1-1.ª de julio, 21-4.ª de octubre, 4-5.ª y 9-1.ª de diciembre de 2002; 18-3.ª de enero de 2003; y 9-3.ª de febrero de 2004.

2.  Recibida la documentación en el Registro Civil de M., la Juez Encargada del Registro Civil, mediante providencia de fecha 27 de mayo de 2005 deniega lo solicitado al interesado, al no haberse acreditado que el interesado ostente actualmente la nacionalidad española de origen.

II.  Se pretende por el promotor, que ha adquirido la nacionalidad estadounidense, que se inscriba en el Registro de su nacimiento la declaración de conservación de la nacionalidad española que ha formulado dentro de plazo ante el Encargado del Registro Civil Consular de Miami. Por la Juez Encargada de este Registro se dictó providencia de 27 de mayo de 2005, denegando la inscripción por estimar que el interesado, hijo de padre chileno, no es español de origen. Dicha providencia constituye el objeto del presente recurso.

3.  Notificado el interesado, éste interpone recurso alegando que por Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de marzo de 1994, se dispone que de acuerdo con una interpretación finalista del artículo 17.3 del Código Civil son españoles de

III.  Consta en el expediente que la madre del interesado había nacido en España y en ella se hallaba domiciliada cuando nació el recurrente. Es éste uno de los supuestos que preveía el artículo 17 Cc, en la redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, según el cual, eran es-

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pañoles, los nacidos en España de padres extranjeros, si éstos hubieran nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento, bastando, según doctrina de este Centro Directivo, conque dicha circunstancia concurriese en uno solo de ellos y en este caso concurre en la madre. Consecuentemente, al interesado le correspondió la nacionalidad española de origen (cfr. art. 17.1.º Cc en la redacción de la 15 de julio de 1954) y por ello ha de acceder al Registro español su declaración de conservar su nacionalidad española de origen. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.  Ordenar la inscripción de la declaración del recurrente de conservar la nacionalidad española de origen.

Resolución (5.ª) de 19 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de A.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Alcoy de fecha 30 de

agosto de 2005, don F., nacido en 1957 en E. (Sahara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española al amparo del artículo 18 del Código Civil, manifestando que nació y vivió en el Sáhara español hasta el abandono de este territorio por parte española en 1976, que dadas las difíciles circunstancias que vivieron los saharahuis a partir del año 1975, no pudo acogerse al derecho de la opción reconocido por el Decreto de 10 de agosto de 1976 por encontrarse viviendo en los campamentos de refugiados de T. (Argelia), y que reside en España desde 2004. Adjuntaba la siguiente documentación: Fotocopia del DNI español otorgado en el Sáhara, fotocopia de los DNI del padre y de la madre, certificado de antecedentes penales, fotocopia del documento nacional saharaui, certificado de empadronamiento, libro de familia, carnet de afiliación a la seguridad social, certificado de MINURSO e informe de la vida laboral en España. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe favorable. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 3 de octubre de 2005 en el que desestima la petición del interesado en base a que no resulta acreditado que por el solicitante se haya venido llevando a cabo actos inequívocos de un nacional español, particularmente, no se acredita que se haya venido usando de forma permanente y de buena fe, por el solicitante, la nacionalidad española durante 10 años, con lo que no cumple con uno de los requisitos básicos para que la solicitud pueda prosperar. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste interpone recurso dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que nació en territorio español, que hasta la fecha de la salida de España del Sáhara estuvo disfrutando de la nacionalidad española y trabajando y cotizando en la seguridad social en una empresa española, que fueron las condiciones de abandono de España del territorio y la

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invasión militar marroquí las que le obligaron a salir de su tierra en 1976, que estuvo viviendo en los campamentos de refugiados en Argelia, que durante este tiempo ha deseado venir a España y quedarse a vivir aquí, por lo que solicita la consolidación de la nacionalidad española. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso presentado. el Juez encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II.  El interesado, por escrito de fecha de 30 de agosto de 2005 presentado en el Registro Civil de Alcoy, solicitaba la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en G., Sahara Occidental en 1957 y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado del Registro dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el objeto del presente recurso, al que se adhiere el Ministerio Fiscal haciendo un profundo análisis de la cuestión planteada. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral

para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las

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cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara.

territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los

VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales del interesado o el propio interesado si había alcanzado la mayoría de edad, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. El propio interesado declara que se encontraba en los campamentos de refugiados de T. De otro, lado, no está acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte arge-

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lino en el que consta el promotor como nacional de Argelia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (1.ª) de 20 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo emitido por el Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en S.

HECHOS 1.  Con fecha 23 de septiembre de 2005, doña L., nacida en Perú, el 20 de julio de 1979, de nacionalidad española, presentó en el Consulado General de España en S. impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 20 de junio de 2005, con don J. nacido en la República Dominicana el 5 de marzo de 1983, de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación: Acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil de la interesada y acta de nacimiento y declaración jurada de estado civil del interesado. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoce a su esposa desde hace 2 años, que mantienen relación afectiva desde hace 1 año y 30 días, que se conocieron por internet por vía de una amiga de ella, que ella ha viajado a La República Dominicana para casarse, que no sabe

el número de teléfono de su esposa, que ella trabaja de cocinera, que él no trabaja, que su esposa le envía dinero, que conoce a sus suegros, que él no ha solicitado el visado para viajar a España, que su esposa tiene 3 hermanos y él también tiene 3 hermanos, que su esposa estudia abogada. Se celebra el trámite de audiencia con la contrayente que manifiesta que conoció a su esposo en 2004 por medio de una amiga que está casada con un amigo de su esposo, que el contacto fue telefónico y después por internet, que así estuvieron un año y un mes, que posteriormente ella viajó a La República Dominicana en junio de 2005 para contraer matrimonio, posteriormente volvió en julio, que conoce a la familia de su esposo, que su esposo tiene 3 hermanos, que ella trabaja como cocinera, que él trabaja en una fábrica de pantalones, que en la actualidad no trabaja, que también estudió derecho. 3.  El Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en S. dictó acuerdo con fecha 2 de marzo de 2006, denegando la inscripción del matrimonio solicitado, por falta de convivencia, por existir serias dudas de que ambos contrayentes vayan a convivir como pareja una vez que el esposo esté en España, razones avaladas por las audiencias reservadas efectuadas por un lado, a la contrayente española en el Registro Civil de M., y al contrayente en el Registro Civil Consular; lo que daría base para calificar estos hechos como un matrimonio simulado. 4.  Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como cartas, facturas telefónicas y comprobantes de envíos de dinero. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone a la inscripción del matrimonio en base a que la contrayente viajó a La República Dominicana expresamente para casarse, que existe desconocimiento y contradicciones en las respues-

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tas dadas por ambos en las correspondientes audiencias. El Encargado del Registro Civil Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 1, 2-2.ª, 32.ª, 15-1.ª y 22-1.ª de septiembre; 2, 41.ª, 18-1.ª, 2.ª y 4.ª, 19-1.ª, 25-4.ª y 272.ª de octubre; y 16-1-.ª, 2.ª y 4.ª, 18-2.ª, 29-5.ª de noviembre y 15-2.ª de diciembre de 2004; y 7-2.ª, 15, 17-3.ª, 21-3.ª, 25-1.ª y 2.ª de enero, 8-3.ª, 11-1.ª de febrero y 15-3.ª, 18-1.ª, 26 y 28-1.ª y 2.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del

matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Si bien el hecho de que la relación personal de los contrayentes haya sido muy breve es un indicio que puede fundamentar la prueba de la simulación, la aportación de numerosos recibos de transferencia de dinero, la inexistencia de contradicciones relevantes y la ausencia de desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial, impiden que pueda descansar, en exclusiva, en ese dato la prueba de la simulación V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la perso-

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na, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 10 de junio de 2005 en República Dominicana entre don J. y doña L.

Resolución (2.ª) de 20 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que la interesada hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de A.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de A., doña L., nacida en 1969 en S. (Sahara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española al amparo del artículo 18 del Código Civil. Adjuntaba la siguiente documentación: Recibo de MINURSO, certificado de antecedentes penales, certificado de concordancia de nombre certificado de empadronamiento y libro de familia. 2.  Ratificada la interesada, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe favorable. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 3 de octubre de 2005 en el que desestima la petición de la interesada en base a que no resulta acreditado que por el solicitante se haya venido llevando a cabo actos inequívocos de un nacional español, particularmente, no se acredita que se haya venido usando de forma permanente y de buena fe, por la solicitante, la nacionalidad española durante 10 años, con lo que no cumple con uno de los requisitos básicos para que la solicitud pueda prosperar. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, ésta interpone recurso dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que ha nacido bajo bandera española de padres españoles, que no pudo optar a la recuperación de la nacionalidad por el conflicto del Sáhara, que durante este tiempo ha deseado venir a España y no ha querido optar por otra nacionalidad, es por ello que solicita le sea concedida la nacionalidad española con valor de simple presunción. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso presentado. El Juez encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II.  La interesada, por escrito, sin fecha, presentado en el Registro Civil de A. el 22 de agosto de 2005, solicitaba la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española por consolidación, al haber nacido en S., Sahara Occidental, en 1969 y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado del Registro dictó auto denegando la petición de la interesada, siendo dicho auto el objeto del presente recurso. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamen-

te de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas funda-

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mentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Esta-

do Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que, dada la menor edad de la interesada cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, sus representantes legales estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados, pues aún cuando lo declara la promotora no se aporta prueba alguna para adverar esa afirmación. De otro, lado, no está acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte argelino en el que consta la promotora como nacional de Argelia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (3.ª) de 20 de diciembre de 2006, sobre sustitución de apellido. No cabe por simple petición adecuar el apellido castellano «Pedro» por la forma catalana «Pere». En las actuaciones sobre adecuación ortográfica de apellido remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la

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auto de la Juez Encargada del Registro Civil de D.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2005 presentado en el Registro Civil de Denia don J. nacido en Valencia, solicita sustituir el primer apellido Pedro por el equivalente catalán Pere. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil de D. dicta auto con fecha 26 de octubre de 2005 en el que deniega la adecuación ortográfica solicitada por el interesado. 3.  Notificado el interesado, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

pondiente». En virtud de esta norma un apellido catalán, inscrito incorrectamente, puede ser sustituido, sin necesidad de expediente y por la sola voluntad del interesado, por su forma correcta en lengua catalana. Presupuesto de hecho para la aplicación del citado artículo, es que el apellido que se trata de adecuar hubiese sido, en este caso, catalán y la adecuación se hiciese al apellido que en lengua catalana se corresponda con aquel y, esto, según resulta del expediente no sucede con «Pedro». III.  El artículo 55 LRC debe interpretarse en el sentido de que sólo es posible realizar la corrección gramatical de los apellidos propios de una lengua española que consten incorrectamente inscritos de acuerdo con las directrices ortográficas de dicha lengua y, al contrario, no puede realizarse por dicha vía una adaptación de cualquier apellido del acervo nacional, puesto que para ello existe el expediente de cambio de apellidos conforme a los artículos 57 LRC y 205 RRC. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  Vistos los artículos 55 y 57 de la Ley del Registro Civil; 205, 206 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 19-1.ª de diciembre de 2000; 7-3.ª de marzo y 6-5.ª de noviembre de 2001; 22-1.ª de enero, 9-3.ª de febrero, 1-3.ª de junio, 6-4.ª de septiembre y 11-2.ª de diciembre de 2002 y 22-2.ª de septiembre de 2004. II.  Conforme al artículo 55 de la Ley del Registro Civil en su redacción por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, «el Encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española corres-

Resolución (4.ª) de 20 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que la interesada hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de A.

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HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de A., doña M. nacida en 1964 en el Sahara Occidental solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española al amparo del artículo 18 del Código Civil. Adjuntaba la siguiente documentación: DNI del padre, DNI de la madre, recibo de MINURSO, fotocopia del documento de identidad saharaui, certificado de antecedentes penales, certificado de empadronamiento, certificado de origen saharaui, y certificado de concordancia de nombre. 2.  Ratificada la interesada, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe favorable. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 3 de octubre de 2005 en el que desestima la petición de la interesada en base a que no resulta acreditado que por el solicitante se haya venido llevando a cabo actos inequívocos de un nacional español, particularmente, no se acredita que se haya venido usando de forma permanente y de buena fe, por la solicitante, la nacionalidad española durante 10 años, con lo que no cumple con uno de los requisitos básicos para que la solicitud pueda prosperar. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, ésta interpone recurso dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando le sea concedida la nacionalidad española con valor de simple presunción. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso presentado. el Juez encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335

y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 6-3.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II.  La interesada, por escrito de fecha de 30 de noviembre de 2005 presentado en el Registro Civil de A., solicitaba la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en G., Sahara Occidental en 1964 y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado del Registro dictó auto denegando la petición de la interesada, siendo dicho auto el objeto del presente recurso, al que se adhiere el Ministerio Fiscal haciendo un profundo estudio de la cuestión planteada. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los

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naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/1976. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a)  en un primer momento dichos territorios se consideraron simple-

mente colonias; b)  vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c)  por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de

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competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales de la interesada –dada la menor edad de ésta–, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. La propia interesada declara que se encontraba en los campamentos de refugiados de Tindouf. De otro, lado, no está acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte argelino en el que consta la promotora como nacional de Argelia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (5.ª) de 20 de diciembre de 2006, sobre atribución de nombre y apellidos. Para el que adquiere la nacionalidad española cuya filiación está determinada, han de consignarse los apellidos fijados por tal filiación según resulten de la certificación extranjera de nacimiento. En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este Centro en trámite de recurso por vir-

tud del entablado por la promotora contra la calificación de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 2 de noviembre de 2004 presentado en el Registro Civil de Benidorm, doña M., nacida en O. (Suecia) y con domicilio en B., expone que contrajo matrimonio con don F., de nacionalidad española, en Barcelona el día 20 de febrero de 1968 encontrándose inscrito dicho matrimonio en el Registro Civil de B., que por el hecho de su matrimonio y de conformidad con la legislación vigente, obtuvo la nacionalidad española, que solicita la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil Central, quedando sujeta la inscripción pretendida a la previa calificación registral correspondiente, la cual incluye la eventual recuperación de la nacionalidad española adquirida por razón de matrimonio. Adjunta la siguiente documentación: Volante de empadronamiento, certificado de nacimiento, DNI y certificado de matrimonio. 2.  Ratificada la interesada, el Ministerio Fiscal no se opone a lo solicitado. Recibida la documentación en el Registro Civil Central, se procede, con fecha 1 de febrero de 2006, a la inscripción de nacimiento de la interesada como M. 3.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que en la inscripción de nacimiento se ha incorporado un segundo apellido, el cual ha sido N., que corresponde al apellido de soltera de su madre, que dicho apellido está en discordancia con su realidad personal, ya que hace más de 35 años ha sido conocida con los apellidos L. de B., en conclusión el apellido N., nunca ha pertenecido a la interesada, ya que al nacer y mientras no contrajo matrimonio tuvo únicamente el apellido L.

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4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que informa que teniendo en cuenta que la interesada adquirió la nacionalidad española al contraer matrimonio con un español, se han de determinar sus apellidos conforme a las leyes españolas, por lo que procede la confirmación de la calificación efectuada por el Encargado. La Juez Encargada del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 9 y 109 del Código civil; 23, 53, 55 y 57 de la Ley del Registro Civil; 85 y 194 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 2-2.ª de julio, 6-1.ª y 3.ª, 20-2.ª y 26-2.ª y 3.ª de septiembre y 3-1.ª y 18-4.ª de diciembre de 2002; 20 de marzo de 2003; 8 de enero, 24-1.ª de septiembre, 6-3.ª y 11-2.ª de octubre de 2004; 14-1.ª de marzo de 2005; y 43.ª de julio de 2006. II.  La interesada, sueca de origen, adquirió la nacionalidad española al contraer en 1968 matrimonio con un español (cfr. art. 21 Cc, redacción Ley 15 de julio de 1954) e insta en 2004 la inscripción fuera de plazo de su nacimiento en el Registro Civil Central, la cual se practica consignando como apellidos el paterno «L.» como primero y el personal materno «N.» como segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 RRC. La interesada recurre la calificación efectuada, por no estar conforme con los apellidos con los que ha sido inscrita, ya que los que considera correctos son los de «L. de B.», siendo este último el apellido que tomó del marido al contraer matrimonio y que ha venido usando durante treinta y cinco años. III.  Para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en princi-

pio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español los apellidos fijados por tal filiación, según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª, RRC). Prevé nuestra legislación (cfr. art. 194 RRC) que, estando determinada la filiación paterna y materna, como sucede en este caso, primer apellido del extranjero que se hace español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre. En este caso, la interesada, de nacionalidad española adquirida por matrimonio, fue inscrita con el primer apellido «L.» y el segundo «N.» que era lo correcto de acuerdo con el artículo 194 RRC citado y, consecuentemente el recurso no puede prosperar al no haberse producido error en la calificación. Esto ha de entenderse sin perjuicio de que a petición de la interesada pueda practicarse anotación marginal de disparidad de apellidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 RRC. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar la calificación efectuada.

Resolución (1.ª) de 21 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de M.

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HECHOS 1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M. de fecha 24 de enero de 2006, don S., nacido en el Sahara Occidental solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española. Adjuntaba la siguiente documentación: Tarjeta de residencia, libro de familia, recibo de MINURSO y certificado de empadronamiento. 2. Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe desfavorable. 3. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha 1 de marzo de 2006 en el que desestima la petición realizada por el interesado, en base a que no se ha justificado que el interesado residiera en El Sáhara cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, tampoco acredita el interesado los requisitos que establece el artículo 18 del Código civil, en lo relativo al título inscrito en el Registro Civil y el tiempo de posesión de la nacionalidad española. 4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste presenta recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado, aportando pruebas documentales: Certificado de antecedentes penales, certificado expedido por la Delegación Saharaui en Andalucía donde consta su lugar de nacimiento y certificado expedido por la Delegación Saharaui en Andalucía donde consta que el interesado era hijo de español. 5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335

y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II. El interesado, por escrito presentado el 24 de enero de 2006 en el Registro Civil de M., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en S., Sahara Occidental y cumplir los requisitos establecidos. La Juez Encargada del Registro dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el objeto del presente recurso. III. Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el

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plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a)  en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b)  vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c)  por

último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos as-

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pectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales del interesado o el propio interesado, si había alcanzado la mayoría de edad, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. El propio interesado declara que vivió en el Sahara hasta 1976. De otro, lado, no está acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte argelino en el que consta el promotor como nacional de Argelia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (2.ª) de 21 de diciembre de 2006, sobre autorización para contraer matrimonio. Se autoriza porque no hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M., don A., nacido el 3 de junio de 1976 en M., de nacionalidad española y doña A., nacida el 15 de junio de 1985 en Marruecos, de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado de estado civil y certificado de residencia de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan su pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado por los interesados no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoce a su novia desde siempre ya que son familiares, que su madre es prima del padre de su novia, que empezaron la relación en 2005, que conoce la existencia de un anterior expediente de matrimonio que su novia inició con otro señor, que él lo conoce porque es primo de la novia, que desconoce la causa de la ruptura, que él tiene 9 hermanos, que trabaja en la construcción, que ella no trabaja, que tiene 4 hermanos, que se suelen ver los fines de semana, que él va a casa de ella. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que conoce a su novio desde siempre porque son familia ya que él es primo de su padre, que formalizó la relación con su novio en 2005, que ella abrió expediente de matrimonio con otro señor el cual desistió del citado expediente, que su novio trabaja en la obra, que ella no trabaja, que se suelen ver los fines de semana en casa de ella, que han hecho fiesta de pedida en agosto de 2005. 3.  El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la celebración del matrimonio,

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ya que aunque los interesados parecen conocerse, llama la atención de que la solicitante ha presentado en el mismo año 2005, otro expediente de matrimonio con otro hombre. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 17 de marzo de 2005 no autorizando la celebración del matrimonio. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que lo impugna. La Juez Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 50, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006 y las Resoluciones, entre otras 23-1.ª de septiembre, 2-1.ª, 83.ª, 9-3.ª, 16-3.ª y 24-1.ª y 3.ª de octubre de 2003; 28-5.ª y 29-2.ª de enero, 16-3.ª de febrero, 4-2.ª de marzo, 28 de julio, 7-1.ª y 3.ª, 16-2.ª, 17-1.ª de septiembre y 6-1.ª de octubre de 2004.

II.  Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil existe un trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 3.ª), como es la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos – especialmente en los matrimonios entre español y extranjero – en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de solicitud de autorización de un matrimonio entre un español y una marroquí, los hechos comprobados no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento de los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede consi-

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derarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. La iniciación del expediente con otra persona, que no ha culminado, no puede, por si solo, fundamentar la denegación. VI.  Si se tienen en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en casos de duda, no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado 2.º  Declarar que no hay obstáculos para que el Juez Encargado autorice el matrimonio.

Resolución (3.ª) de 21 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se autoriza porque no hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra

auto del Juez Encargado del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de S. el 16 de septiembre de 2005, don S., nacido el 25 de febrero de 1957 en Salobreña, y doña A., nacida el 26 de enero de 1972 en Marruecos, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: DNI, certificado de empadronamiento, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de defunción de la anterior esposa del interesado y pasaporte, certificado de estado civil y certificado de nacimiento de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, se publica edicto, y comparecen dos testigos que manifiestan que conocen a la interesada desde hace unos tres meses cuando comenzó la relación con el interesado, que el contrayente es viudo, que ella no trabaja, que los interesados viven juntos, que no existen impedimentos legales para que los interesados contraigan matrimonio civil. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con el interesado manifestando que es viudo, que conoce a su pareja desde hace 3 meses, que la conoció en un bar de S., que conoce a la familia de su pareja por fotografías, que su novia tiene 6 ó 7 hermanos, que desconoce si su novia tiene alguna profesión, que su pareja está en España desde hace 3 meses, que tiene todos los papeles en regla, que ella está buscando trabajo, que él tiene 3 hijos, que él trabaja en una almacén de construcción conduciendo un «dumper», que se comunica con su novia en español, que ella sí conoce a su familia. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que habla un poco de español, que conoce a su novio desde hace dos meses y medio, que lo conoció en una cafetería en S., que conoce a la familia de

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su pareja, que él tiene 3 hijos, que ella no trabaja, que vive con su pareja, que su novio trabaja conduciendo un «dumper» con material de construcción, que su novio sólo conoce a una prima que les sirve de intérprete. 3.  El Ministerio Fiscal informa que no procede autorizar el matrimonio proyectado. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 1 de diciembre de 2005 denegando la celebración del matrimonio entre los interesados. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se ratifica en su anterior informe. El Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 50, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006 y las Resoluciones, entre otras 23-1.ª de septiembre, 2-1.ª, 83.ª, 9-3.ª, 16-3.ª y 24-1.ª y 3.ª de octubre

de 2003; 28-5.ª y 29-2.ª de enero, 16-3.ª de febrero, 4-2.ª de marzo, 28 de julio, 7-1.ª y 3.ª, 16-2.ª, 17-1.ª de septiembre y 6-1.ª de octubre de 2004. II.  Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil existe un trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 3.ª), como es la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos –especialmente en los matrimonios entre español y extranjero– en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de solicitud de autorización de un matrimonio entre un español y una marroquí, los hechos comprobados no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conoci-

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miento de los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. Además, los futuros contrayentes figuran empadronados en el mismo domicilio, cuya circunstancia es ratificada por dos testigos. VI.  Si se tienen en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en casos de duda, no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado 2.º  Declarar que no hay obstáculos para que el Juez Encargado autorice el matrimonio.

Resolución (4.ª) de 21 de diciembre de 2006, sobre certificación de capacidad matrimonial. Se autoriza su expedición porque no hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recur-

so, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de G.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de G. el 1 de septiembre de 2005, don J. nacido el 4 de septiembre de 1964 en G. solicitaba certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio con doña N., nacida el 5 de abril de 1981 en Marruecos, de nacionalidad marroquí y domiciliada en Marruecos. Se acompañaba la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento, declaración jurada y certificado de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado de residencia y certificado de estado civil de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, se publica edicto en G., y comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que los contrayentes están en posesión de todos los requisitos para contraer matrimonio civil. Se celebra el trámite de audiencia con la interesada que manifiesta que su novio tiene 41 años y ella 24, que ella no habla español, que se conocen desde agosto de 2004 cuando él fue de vacaciones a casa de unos vecinos, que él ha viajado 3 veces permaneciendo aproximadamente un mes, que se convirtió al Islam con vistas al matrimonio, que la familia de su futuro esposo vive en M., que trabaja de albañil, que ella no trabaja, que él le envía 100 euros al mes. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que tiene 41 años, es soltero y trabaja como albañil, que conoció a su futura esposa hace 15 meses en Marruecos, que fue de viaje de vacaciones y una vez allí se la presentaron a ella y a su familia, que han estado telefoneándose 2 veces por semana, que ha ido 2 veces a Marruecos, que conoce a toda la familia de ella, que los

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padres de ella trabajan en la agricultura, que ella no trabaja. 3.  El Ministerio Fiscal no informa favorablemente lo solicitado por los interesados. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 14 de febrero de 2006 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la expedición del certificado de capacidad matrimonial. 5.  Notificado el Ministerio fiscal de la interposición del recurso, la Juez Encargada da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1977 sobre las medidas que deberían adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 252 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995, y las Resoluciones de 5-1.ª y 15-2.ª de junio, 10-5.ª de julio, 4-4.ª y 5.ª, 11-6.ª, 19-3.ª y 25-2.ª de septiembre y 6-2.ª de noviembre de 2002. II.  Cuando, como es el caso, un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y

esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (Cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. artículo 386 LEC). V.  En el caso actual de solicitud de certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio entre un español y una marroquí, los hechos comprobados no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento de los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y fami-

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liares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. El auto que deniega la expedición se basa exclusivamente en la ausencia de un idioma común, sin embargo de las audiencias respectivas no resulta que se les haya preguntado sobre el idioma en que se comunican; resultando, únicamente, de la audiencia de ella que no puede hacerlo en español. VI.  Si se tienen en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en casos de duda, no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado 2.º  Declarar que no hay obstáculos para que el Juez Encargado expida el certificado de capacidad matrimonial.

Resolución (5.ª) de 21 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, mediante representante legal, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en L.

HECHOS 1.  En fecha 26 de octubre de 2005, doña M., nacida en S., el 28 de agosto de 1980, presentó en el Consulado General de España en L. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 9 de agosto de 2005 en Cuba, según la ley local, con don J., nacido en S., el 13 de septiembre de 1977, de nacionalidad cubana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y sentencia de divorcio del interesado. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia con el interesado que manifiesta que tiene 30 años, es divorciado y no trabaja, que tiene un hijo nacido en 1993, que su esposa tiene 25 años, es soltera y trabaja como camarera en un campo de golf, que tuvieron el primer contacto hace un año y unos meses por teléfono, que los presentó la hermana de él que es amiga de su esposa, que su esposa viajó a Cuba en agosto de 2005 para contraer matrimonio, que posteriormente regresó en octubre, que su madre reside en España desde hace 2 años y está casada con un ciudadano español. Se celebra el trámite de audiencia con la interesada que manifiesta que tiene 25 años, es soltera y trabaja como camarera en una cafetería, que su esposo tiene 30 años, es divorciado y no trabaja, que su esposo tiene un hijo, que tuvo el primer contacto con su esposo hace un año y meses, por teléfono a través de la hermana de él que es su amiga, que ella

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viajó a Cuba en agosto de 2005 para contraer matrimonio, que posteriormente regresó a Cuba por 8 días. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 30 de noviembre de 2005 el Juez Encargado del Registro Civil Consular en L. dicta auto denegando la inscripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, la interesada, mediante representante legal, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como fotografías y billetes de avión. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre

otras, de 1, 2-2.ª, 3-2.ª, 15-1.ª y 22-1.ª de septiembre; 2, 4-1.ª, 18-1.ª, 2.ª y 4.ª, 191.ª, 25-4.ª y 27-2.ª de octubre; y 16-1-.ª, 2.ª y 4.ª, 18-2.ª, 29-5.ª de noviembre y 15-2.ª de diciembre de 2004; y 7-2.ª, 15, 17-3.ª, 21-3.ª, 25-1.ª y 2.ª de enero, 8-3.ª, 11-1.ª de febrero y 15-3.ª, 18-1.ª, 26 y 281.ª y 2.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo

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suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Si bien el hecho de que la relación personal de los contrayentes haya sido muy breve y que no se acredite comunicación anterior a la celebración del matrimonio son indicios que puede fundamentar la prueba de la simulación, la inexistencia de contradicciones relevantes y la ausencia de desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial, unido a un viaje posterior de ella a Cuba y fotografías de la relación, impiden que pueda fundamentarse la prueba de la simulación V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 9 de agosto de 2005 en L. (Cuba) entre don J. y doña M.

Resolución (1.ª) de 22 de diciembre de 2006, sobre opción a la nacionalidad española. Procede, conforme a la Ley 36/2002 de 8 de octubre, por razón de patria potestad si la interesada, cuando la madre adquiere la nacionalidad española, era menor de edad según su estatuto personal. En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española, remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante comparecencia efectuada en el Registro Civil de A. el 11 de abril de 2005, doña M., de nacionalidad dominicana, nacido el 15 de marzo de 1985 en V. (República Dominicana), optó por la nacionalidad española y solicitó la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español, levantándose el correspondiente acta. Se acompañaba la siguiente documentación: Declaración de datos para la inscripción, acta de nacimiento inextensa de la interesada; y DNI, acta de juramento para adquirir la nacionalidad española, levantada el 7 de febrero de 2001, y certificación de nacimiento, expedida por el Registro civil Central, correspondiente a su madre. 2.  Remitida la anterior documentación al Registro Civil Central, el Juez Encargado del Registro Civil dictó acuerdo en fecha 1 de diciembre de 2005 denegando la inscripción de nacimiento con marginal de opción a la nacionalidad española de la promotora, ya que había cumplido los veinte años el 15 de marzo del año en curso, y siendo la mayoría de edad en la República Dominicana a los 18 años, no le cabía optar a la nacionali-

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dad española, al haber transcurrido el plazo de caducidad establecido en el artículo 20 2.c) del Código civil. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción de su nacimiento con marginal de opción a la nacionalidad española, alegando que antes de cumplir los 20 años, el 3 de marzo de 2005, compareció en el Registro Civil de A., al objeto de declarar su voluntad de optar a la nacionalidad española, y que fue citada el 11 de abril al objeto de formalizar dicha acta, presentando justificante de su solicitud. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal quien informó que procedía confirmar el acuerdo por sus fundamentos. El Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central informa que a su juicio no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución, por lo que debía confirmarse y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

ción, la nacionalidad española por residencia mediante resolución de esta Dirección General de 5 de diciembre de 2000, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 Cc, el 7 de febrero de 2001, fecha ésta en la que la promotora se encontraba aún bajo la patria potestad de la madre. Por el Registro Civil Central se denegó la petición de la interesada, porque al ejercer el derecho de opción había transcurrido el plazo de caducidad establecido en el artículo 20.2.c) Cc, puesto que aquella tenía ya cumplidos los veinte años de edad. III.  Con el recurso aporta la promotora un resguardo de presentación ante el Registro Civil de su domicilio sellado por éste el 3 de marzo de 2005, fecha en la que aún no había cumplido veinte años, en el que se hizo constar como objeto del expediente «opción a la nacionalidad española» y que acredita que en esa fecha ejerció su derecho de optar, aun cuando el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 Cc, se pospusiera por razones de funcionamiento del Registro, lo que no puede redundar en perjuicio de la interesada. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.

I.  Vistos los artículos 20 y 23 del Código Civil; 15 y 64 de Ley del Registro Civil; 66 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil; Resoluciones de 27-1.ª de enero, 18-4.ª de marzo, 18-1.ª de abril y 17-1.ª de diciembre de 2003; 9-4.ª de febrero de 2004; y 5-2.ª de octubre de 2005.

2.º  Ordenar que por el Registro de su domicilio se levante el acta correspondiente que deberá remitirse al Registro Civil Central para la práctica, de la nota marginal de opción a la nacionalidad española de la interesada.

II.  La interesada, de nacionalidad dominicana, nacida en S. (República Dominicana) el 15 de marzo de 1985, pretende ser inscrita como española, previo ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.1.a) Cc, según el cual, pueden ejercer este derecho aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. La madre adquirió, por op-

Resolución (2.ª) de 22 de diciembre de 2006, sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento. A la vista de las alegaciones de la esposa persiste un interés particular para inscribir el nacimiento en 1917 de su marido, hoy fallecido.

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En el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central el 5 de diciembre de 2003, doña M., de nacionalidad francesa, solicito la inscripción de nacimiento de su esposo fallecido, don V., nacido el 15 de septiembre de 1917 en M. (Francia), siendo sus padres de nacionalidad española. Se acompañaba la siguiente documentación: Declaración de datos para la inscripción, certificación negativa expedida por el Registro Civil Central, y certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil francés, correspondiente al interesado; certificado de nacimiento de la madre y de matrimonio de los padres del interesado; y permiso de residencia de la promotora. 2.  El Registro Civil Central requirió a la interesada que presentara la siguiente documentación: Certificado de bautismo del padre del interesado; documentación española del no inscrito, o aquella con la que viniera identificándose; inscripción en el libro de matricula de españoles en el Consulado correspondiente; documentación acreditativa de la adquisición de otra nacionalidad; cartilla militar o certificado de las autoridades militares correspondientes; y certificado de matrimonio y defunción del no inscrito. La promotora manifestó que desconocía cuando el interesado cambio su nacionalidad y presentó la siguiente documentación: Certificado negativo de bautismo del padre del interesado, ya que los libros parroquiales arrancaban a partir de 1939; permiso de residencia del no inscrito, en el que consta la nacionalidad francesa; escrito del Consulado General de España en P. indicando que el interesado no se encontraba inscrito; resolución de la Subdirección General de Clases Pasivas por

la que se reconoce que el interesado prestó servicios en las Fuerzas Armadas como sargento, según nombramiento de 7 de julio de 1938; y certificado de matrimonio y defunción del mismo. 3.  El Juez Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo en fecha 28 de junio de 2005 denegando la inscripción de nacimiento del interesado, conforme a los artículos 15 de la Ley del Registro Civil y 66 de su Reglamento, ya que el mismo había perdido la nacionalidad española, había fallecido y su inscripción de nacimiento no afectaba a ciudadano español, dado que su esposa, promotora del expediente, se identificaba como francesa, no acreditándose la existencia de descendientes con nacionalidad española, o que la esposa hubiera recuperado la nacionalidad española. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso solicitando la inscripción de nacimiento del interesado, alegando que para cobrar la pensión de viudedad, le piden que aporte el certificado de matrimonio inscrito en el Consulado español, puesto que en la fecha en que se casaron, ambos eran españoles, y para inscribir el matrimonio le piden el certificado de nacimiento del interesado. Se acompaña resolución por la que se concedió la nacionalidad francesa al interesado y a la promotora por decreto de 1 de julio de 1953. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal quien informó que procedía confirmar el acuerdo por sus fundamentos. El Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central informa que a su juicio no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución, por lo que debía confirmarse y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 15, 16, 23, 26, 67, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil

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(LRC); 66, 232, 346, 347, 348 y 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 25-2.ª de septiembre de 1997; 24-2.ª de abril de 1998; y 191.ª de febrero, 30 de abril y 24 de junio de 1999; y 30-2.ª de mayo de 2005. II.  Pretende la promotora inscribir fuera de plazo el nacimiento de su marido, nacido en Francia en 1917 y fallecido en Francia en 2002. III.  La obligación, que podría alcanzar incluso al Ministerio Fiscal, de promover la inscripción omitida e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse lógicamente limitada a aquellos supuestos en que persista el interés público primordial de lograr la concordancia entre el Registro y la realidad (cfr. art. 26 LRC), interés superior que permitiría también subsanar defectos en la legitimación de los promotores (cfr. art. 348 RRC). IV.  Por el contrario cuando, como ocurre en este caso, lo que se pretende es lograr la inscripción de nacimiento de una persona nacida en 1917 y hoy fallecida, la cuestión afecta únicamente al interés privado y es entonces forzoso acreditar, presentando al menos un principio de prueba, tal interés legítimo particular para la incoación del expediente (cfr. arts. 97 LRC y 346 RRC). V.  En contra de lo estimado por el auto apelado, este principio de prueba del interés legítimo particular consta en este caso porque la recurrente es francesa y le es de interés, según alega, a efectos de percibir como viuda la pensión reconocida al marido en virtud de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las fuerzas armadas. VI.  El artículo 15 LRC establece que constarán en el Registro Civil los hechos inscribibles que afecten a los españoles y los acaecidos en territorio español, aunque afecten a extranjeros. En este caso, el nacimiento de la persona cuya inscrip-

ción se pretende, tuvo lugar en Francia, hijo de españoles de origen, nacionalidad que mantuvo hasta que adquirió la francesa en 1953. VII.  Por lo demás, en el expediente han quedado suficientemente acreditados el lugar y la fecha de nacimiento del no inscrito y sus datos de identidad. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Central el nacimiento de don V., acaecido el 15 de septiembre de 1917 en M. (Francia).

Resolución (3.ª) de 22 de diciembre de 2006, sobre cambio del nombre propio. No es admisible cambiar el nombre «Josefa» por «Pepa», ya que éste es hipocorístico de aquél. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de V.

HECHOS 1.  Por comparecencia en el Registro Civil de V. el 23 de abril de 2004, doña J., vecina de V., nacida el 5 de diciembre de 1981 en V., solicitaba el cambio de nombre por el de Pepa por ser el usado habitualmente. Adjuntaba los siguientes documentos: Certificación literal de nacimiento, certificado de empadronamien-

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to, y diversa documentación justificativa del uso del nombre. 2.  Ratificada la interesada, el Ministerio Fiscal se opuso a lo solicitado por interesarse simplemente un cambio de nombre real por un hipocorístico del impuesto. El Juez Encargado dictó auto con fecha 10 de mayo de 2004 autorizando el cambio de nombre. 3.  Notificada la resolución a la interesada y al Ministerio Fiscal, éste presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto. 4.  De la tramitación del recurso se dio traslado a la interesada. El Juez Encargado del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210, 217, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 111.ª de diciembre de 2002 y 6-3.ª de marzo de 2003. II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC) porque, como es obvio, no ha de poder lograrse por la vía indirecta de un expediente posterior un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado. III.  Esta última circunstancia es la que impide aprobar el expediente. Están prohibidos «los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad «(art. 54, II LRC) y el nombre «Pepa» solicitado no es co-

nocido más que como un hipocorístico de «Josefa» o de «María José», que carece de autonomía por sí, ya que en el sentir popular se le relaciona sin duda con el antropónimo del que se deriva. Así lo estimaron ya las Resoluciones citadas en los vistos. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Resolución (4.ª) de 22 de diciembre de 2006, sobre rectificación de errores. No prospera el expediente al no haberse acreditado el error denunciado. En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra calificación de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2005, presentado en el Registro Civil Central, doña B., nacida en 1966 en Nigeria, expone que al practicar su inscripción de nacimiento se incurrió en el error de hacer constar de forma incorrecta el año de nacimiento 1958 en lugar de 1966, por todo ello, solicita la incoación de expediente a fin de rectificar dicho error. 2.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone a lo solicitado. La Juez Encargada del Registro Civil Central dicta auto con fecha 18 de octubre de 2005, en el que deniega lo solicitado por el interesado. 3.  Notificada la interesada ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la rectificación de error en

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la inscripción de nacimiento, aportando pruebas documentales como tarjeta de identidad y certificado de nacimiento. 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación del auto apelado. La Juez Encargada del Registro Civil Central da traslado del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil; 12, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 29 de enero, 10 de febrero, 21 de marzo, 10 de julio y 5-1.ª de diciembre de 2003; 14-4.ª de mayo de 2004; 24-6.ª de octubre de 2005; 131.ª y 28-2.ª de marzo de 2006. II.  Se ha intentado por este expediente la rectificación de la fecha de nacimiento de la interesada. La inscripción de nacimiento se hizo por transcripción de la certificación, traducida, expedida el 12 de marzo de 2002 por el Registro Civil de su país de origen, aportada al expediente y en ella consta como fecha de nacimiento la de 27 de febrero de 1958. Después de practicada la inscripción por el Registro Civil Central, con el recurso, presentó una segunda certificación expedida en inglés el 12 de marzo de 1966, en la que figura como fecha de nacimiento la de 27 de febrero de 1966. III.  Es ya doctrina de este Centro Directivo que el dato sobre la fecha de nacimiento, consignada en una inscripción de nacimiento, no es una simple mención de identidad del nacido, susceptible de rectificación, si fuera errónea, por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la Ley. Por el contrario, ese dato es una circunstancia esencial de la inscripción de nacimiento y de la que ésta hace fe (cfr. art. 41 LRC), por lo que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse

en principio acudiendo a la vía judicial ordinaria conforme al criterio general que proclama el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. IV.  En este caso, como se ha dicho anteriormente, se da la circunstancia de que la inscripción de nacimiento se hizo teniendo en cuenta la certificación del Registro Civil local en la que figuraba como fecha la que se hizo constar en dicha inscripción. Existe, efectivamente, otra certificación del propio Registro local en la que se señala como fecha de nacimiento la que la promotora estima correcta, pero en cualquier caso el éxito de la pretensión de ésta requeriría la previa rectificación del error por el Registro local a través del procedimiento legal correspondiente (cfr. art. 295 RRC). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Resolución (5.ª) de 22 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de A.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de A., don E., nacido

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en 1965 en el Sahara Occidental solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española al amparo del artículo 18 del Código civil. Adjuntaba la siguiente documentación: Recibo de MINURSO, pasaporte argelino, certificado de nacionalidad saharaui, certificado de antecedentes penales, certificado de nacimiento y certificado de empadronamiento. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe favorable. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 3 de octubre de 2005 en el que desestima la petición del interesado en base a que no resulta acreditado que por el solicitante se haya venido llevando a cabo actos inequívocos de un nacional español, particularmente, no se acredita que se haya venido usando de forma permanente y de buena fe, por el solicitante, la nacionalidad española durante 10 años, con lo que no cumple con uno de los requisitos básicos para que la solicitud pueda prosperar. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste interpone recurso dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando le sea concedida la nacionalidad española con valor de simple presunción. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso presentado. El Juez encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª

y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II.  El interesado, por escrito de fecha de 24 de agosto de 2005 presentado en el Registro Civil de A., solicitaba la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en E., Sahara Occidental en 1965 y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado del Registro dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el objeto del presente recurso, al que se adhiere el Ministerio Fiscal haciendo un profundo estudio de la cuestión planteada. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el re-

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conocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

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VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes legales del interesado –dada la menor edad de éste–, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. El propio interesado declara que se encontraba en los campamentos de refugiados de Tindouf. De otro, lado, no está acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte argelino en el que consta el promotor como nacional de Argelia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución de 23 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de A.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de A. de fecha 29 de agosto de 2005, don L., nacido en 1953 en E. (Sahara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española al amparo del artículo 18 del Código civil, manifestando que nació y vivió en el Sáhara español hasta el abandono de este territorio por parte española en 1976, que dadas las difíciles circunstancias que vivieron los saharahuis a partir del año 1975, no pudo acogerse al derecho de la opción reconocido por el Decreto de 10 de agosto de 1976 por encontrarse viviendo en los campamentos de refugiados de T, (Argelia), y que reside en España desde 2005. Adjuntaba la siguiente documentación: Fotocopia del DNI español de su padre, fotocopia del DNI español de su madre, fotocopia del DNI del solicitante, recibo de MINURSO, certificado de antecedentes penales, certificado de concordancia de nombre, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento, tarjeta sanitaria, y certificado de afiliación a la Seguridad Social. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe favorable. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 3 de octubre de 2005 en el que desestima la petición del interesado en base a que no resulta acreditado que por el solicitante se haya venido llevando a cabo actos inequívocos de un nacional español, particularmente, no se acredita que se haya venido usando de forma permanente y de buena fe, por el solicitante, la nacionalidad española durante 10 años, con lo que no cumple con uno de los requisitos básicos para que la solicitud pueda prosperar. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste interpone recurso dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que nació en territorio español, que hasta la fecha de la salida de España del

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Sáhara estuvo disfrutando de la nacionalidad española y trabajando y cotizando en la seguridad social en una empresa española, que fueron las condiciones de abandono de España del territorio y la invasión militar marroquí las que le obligaron a salir de su tierra en 1976, que estuvo viviendo en los campamentos de refugiados en Argelia, que reside en España desde 2005, por lo que solicita la consolidación de la nacionalidad española. 4.  Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se adhiere al recurso presentado. El Juez encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II.  El interesado, por escrito de fecha de 29 de agosto de 2005 presentado en el Registro Civil de A., solicitaba la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en E., Sahara Occidental en 1953 y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado del Registro dictó auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el objeto del presente recurso, al que se adhiere el Ministerio Fiscal mediante un profundo examen de la cuestión planteada.

III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aque-

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lla antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a)  en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se

pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que el interesado, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviese imposibilitado de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. El propio interesado declara que se encontraba en los campamentos de refugiados de Tindouf. De otro, lado, no está

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acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte argelino en el que consta el promotor como nacional de Argelia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado

Resolución (1.ª) de 26 diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en L.

HECHOS 1.  En fecha 17 de marzo de 2006, don M. nacido en Cuba el 22 de marzo de 1982, de nacionalidad cubana, presentó en el Consulado General de España en L. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 30 de diciembre de 2005 en Cuba, según la ley local, con doña S., nacida en C. (Venezuela) el 2 de agosto de 1975, de nacionalidad venezolanaespañola. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, poder especial para contraer matrimonio y certificado de estado civil de la interesada, y certificado de nacimiento y certificado de estado civil del interesado.

2.  Ratificados los interesados, se celebra trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que tiene 23 años, es soltero y es actor, que tiene estudios de técnico medio, que tiene una hija de 3 años de una anterior relación, que su esposa tiene 30 años, es soltera y trabaja de enfermera, que tiene estudios universitarios, que se conocieron en noviembre de 2005 en C., que la conoció en casa de una amiga de ella casada con un español, que contrajeron matrimonio por poder el 30 de diciembre de 2005, que volvieron a verse en marzo de 2006 en casa de él. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que tiene 30 años, es soltera y trabaja de enfermera, que su esposo tiene 23 años, es soltero y actor, que tiene una hija de 2 años, que conoció a su esposo en noviembre de 2005 en C., en casa de una amiga suya casada con un ciudadano español, que contrajeron matrimonio por poder el 30 de noviembre de 2005, que volvió a Cuba en marzo de 2006 y se hospedó en casa de él. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 14 de diciembre de 2005 el Juez Encargado del Registro Civil Consular en L. dicta auto denegando la transcripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como fotografía, cartas y billete de avión. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 26-2.ª de mayo, 8-4.ª, 20-3.ª de junio, 19-2.ª de julio y 29-4.ª de diciembre de 2005; 22-1.ª y 24-3.ª de febrero, 284.ª de marzo, 6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 5-4.ª de septiembre de 2006. II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III.  Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trá-

mite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 30 de diciembre de 2005 entre una española y un cubano y del trámite de audiencia reservada practicada a los

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contrayentes y de las pruebas aportadas, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Por un lado, los interesados contraen matrimonio prácticamente sin mantener relación alguna, puesto que se conocen, según su declaración, en un viaje cuya realización no está probada y lo celebran un mes después y por poder. Este hecho constituye ya un factor para presumir, de acuerdo con la antes mencionada Resolución Consejo de Europa de 4 de diciembre de 1997, que se trata de un matrimonio de complacencia. Posteriormente, en marzo de 2006, la interesada efectúa un viaje, cuya duración tampoco consta, pero que viendo el justificante de entrada en un hotel de L. y la fecha en que se celebró el trámite de audiencia, tuvo una duración, al menos de diez días, aunque los interesados manifestaron que fue de un mes. Por otro lado, se aportan diferentes pruebas que no se consideran suficientes para alcanzar una convicción sobre la validez del matrimonio celebrado. Así, se aprecia que las dos cartas remitidas por él a ella están mataselladas el mismo día. Las llamadas telefónicas, en la mayoría de los casos, se han efectuado el mismo día y en minutos sucesivos, lo que hace pensar que se perseguía con ellas y con las citadas cartas establecer una apariencia de relación continuada. En cuanto a las declaraciones hechas en los respectivos trámites de audiencia, ella manifiesta que la hija de él tiene tres años cuando son dos y desconoce su segundo apellido y lugar y fecha de nacimiento y él confunde el nivel de los estudios de ella. Lo que antecede ha de ponerse en relación con lo que el Encargado del Registro Consular viene reiteradamente informando en estos supuestos de solicitud de inscripción de matrimonios celebrados en Cuba entre ciudadanos cubanos y españoles sobre que, consciente o inconscientemente, se sirven de tal institución con fines migratorios. Todo ello lleva a la convicción, anteriormente mencionada, de que se ha acudido al matrimo-

nio persiguiendo fines distintos de los propios de éste. VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar los recursos y confirmar el auto apelado.

Resolución (2.ª) de 26 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en L.

HECHOS 1.  En fecha 3 de noviembre de 2004, don M. nacido en M. el 27 de noviembre de 1962, presentó en el Consulado General de España en L. impreso de decla-

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ración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 9 de agosto de 2004 en Cuba, según la ley local, con doña B., nacida en Cuba el 20 de julio de 1970. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada, y certificado de nacimiento y certificado de estado civil del interesado.

ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que su esposa tiene un hijo de 13 años, que la conoció mediante una conversación telefónica hace dos años, que no había viajado a Cuba antes de la celebración del matrimonio, que mantenían una relación a través del teléfono, cartas o internet, que su esposa trabaja cuidando niños, que habla con su esposa una o dos veces al mes. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que tiene 34 años, es soltera, que es técnico en economía, que no trabaja desde hace 4 ó 5 meses, que tiene un hijo de 11 años, que su esposo tiene 42 años, es soltero y trabaja de mecánico en una fábrica de reparaciones de calefacción, que se conocieron por teléfono hace dos años, a través de una prima, que desde entonces él la llama los primeros días de cada mes, que personalmente se conocieron en agosto de 2004 cuando él viajó a Cuba para contraer matrimonio.

I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 26-2.ª de mayo, 8-4.ª, 20-3.ª de junio, 19-2.ª de julio y 29-4.ª de diciembre de 2005; 22-1.ª y 24-3.ª de febrero, 28-4.ª de marzo, 6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 5-4.ª de septiembre de 2006.

3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 11 de marzo de 2005 el Juez Encargado del Registro Civil Consular en L. dicta auto denegando la inscripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se

FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella

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por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III.  Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir

según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 9 de agosto de 2004 entre un español y una cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ambos declaran que se conocieron dos años antes por teléfono y que física y directamente lo hicieron al tiempo de contraer matrimonio. Dos cuestiones hay que significar al respecto. Una, que no se aporta prueba alguna que acredite que, efectivamente, ha habido algún tipo de comunicación entre los interesados ya sea por teléfono, postalmente o a través de Internet, vías estas usadas por ellos, según el recurrente. Por tanto, no puede tenerse por acreditada la existencia de una relación previa entre los interesados. Otra, que la resolución arriba citada del Consejo de Europa señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es lo que ha sucedido en el presente caso. De otro lado, él ignora la fecha de nacimiento de ella, manifestando que nació el 30 de agosto cuando fue el 20 de julio y que tenía 32 años cuando, al tiempo de la audiencia, tenía 34. Lo que antecede ha de ponerse en relación con lo que el Encargado del Registro Consular viene reiteradamente informando en estos supuestos de solicitud de inscripción de matrimonios celebrados en Cuba entre ciudadanos cubanos y españoles sobre que, consciente o inconscientemente, se sirven de tal institución con fines migratorios. Todo ello lleva a la convicción, anteriormente mencionada, de que se ha acudido al matrimonio persiguiendo fines distintos de los propios de éste. VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitra-

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ria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar los recursos y confirmar el auto apelado.

Resolución (3.ª) de 26 de diciembre de 2006, sobre imposición de nombre propio. Es admisible «Arte», nombre independiente de fantasía, ambiguo, válido para designar a hombre y mujer. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Con fecha 29 de agosto de 2005 don J. y doña M., promueven la inscripción de nacimiento de su hija nacida en Santiago de Compostela el 22 de agosto de 2005, con el nombre de Arte. 2.  El 30 de agosto de 2005, el Juez Encargado del Registro Civil de S. dicta providencia requiriendo a los interesados a fin de que designen un nuevo nombre

para su hija, ya que Arte no se ajusta a la legalidad vigente 3.  El 1 de septiembre de 2005 comparecen los interesados, en el Registro Civil de Santiago de Compostela, y manifiestan que han acordado poner a su hija el nombre de María Arte. 4.  Con fecha 2 de septiembre de 2005 el Juez Encargado del Registro Civil dicta auto en el que no autoriza a los interesados poner a su hija el nombre de Arte ni el de María Arte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del RRC, se inscriba a la recién nacida con el nombre de María. 5.  Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en el que solicitan se autorice la inscripción de Arte, y subsidiariamente María Arte o María-Arte como nombre para su hija nacida en S. el 22 de agosto de 2005. 6.  Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso éste se muestra de acuerdo con lo dictado por el Juez Encargado. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil; 192, 193 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 15-4.ª de enero de 2001; 1-3.ª de diciembre de 2002; 21-1.ª de octubre de 2003; 17-1.ª de febrero de 2004; 292.ª de noviembre de 2005; y 24-1.ª de febrero de 2006. II.  Los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos los nombres propios que estimen más convenientes, no pudiendo ser rechazado el nombre elegido más que cuando claramente infrinja alguna de las prohibiciones, que han de ser interpretadas restrictivamente, contenidas en el artículo 54 de la Ley y que desarrolla el artículo 192 de su Reglamento.

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III.  En el presente caso la voluntad de los padres fue la de imponer a su hija el nombre de «Arte», que no fue admitido y se sustituyó por el de María, pero no se comparte dicho criterio, porque el propuesto por los recurrentes es un nombre de fantasía, ambiguo, que puede servir para designar a hombre y a mujer y no se considera que se halle afectado por las limitaciones que establece el artículo 54, II, LRC.

doña M. manifiesta su deseo de cambiarle el nombre a su hijo A., por el nombre de A.-N. Adjuntaba como documentación: Certificado de empadronamiento, certificado de nacimiento del menor y DNI de la interesada.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:

3.  El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado, al no concurrir causa justa tal y como exige el artículo 60 de la Ley de Registro Civil. El Juez Encargado del Registro Civil dicta auto con fecha 2 de marzo de 2006 en el deniega la solicitud de cambio de nombre formulada por la interesada.

1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Autorizar el cambio del nombre «María» por «Arte», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el artículo 217 del mismo Reglamento.

Resolución (4.ª) de 26 de diciembre de 2006, sobre cambio de nombre propio. Tratándose de un menor, el cambio de nombre requiere la intervención del padre cotitular de la patria potestad. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Mediante comparecencia en el Registro Civil de S. el 6 de febrero de 2006

2.  Comparecen dos testigos que manifiestan que son vecinos de la interesada y que conocen al niño con el nombre de A. y demuestran el mismo interés que la madre en el cambio de nombre.

4.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en el que solicita se le permita añadir el nombre de N. al que ya tiene su hijo. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone al recurso presentado. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 154, 156 y 162 del Código Civil (Cc); 54 de la Ley del Registro Civil (LRC); 205, 206 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 20 de enero de 1989, 30-2.ª de octubre de 2000; 10-2.ª de mayo y 6-4.ª de noviembre de 2001. II.  Se pretende el cambio de nombre de un nacido el 6 de diciembre 2005, hijo matrimonial, que insta la madre sin que conste en el expediente que haya habido intervención alguna del padre. Por la Juez Encargada se dictó auto denegando la solicitud, basándose en la falta de habitualidad en el uso del nombre

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propuesto y, consecuentemente, en la ausencia de causa. III.  Examinado el expediente y con independencia del criterio mantenido en el auto impugnado, se advierte que, tratándose del cambio de nombre de un menor y sin haber constancia de que el padre se halle privado de la patria potestad (cfr. art. 154 Cc), no ha tenido intervención promotora en el expediente, pese a ser igualmente representante legal del menor (cfr. art. 156 y 162 Cc), siendo así que, conforme al principio general sentado en el párrafo primero del art. 156 del Código civil, la patria potestad se ha de ejercer conjuntamente por ambos progenitores o por uno sólo con el consentimiento expreso o tácito del otro, sin perjuicio de la validez de los actos realizados por uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad, sin que se pueda interpretar que la promoción de un expediente registral de cambio de nombre propio integre uno de los actos que forman parte del contenido ordinario y habitual del ejercicio de la patria potestad, ni tampoco, dado la excepcionalidad impuesta por el principio de la estabilidad del nombre, una de las actuaciones que usualmente son realizadas por uno solo de los cónyuges. Los actos realizados por uno solo de los padres sin el consentimiento del otro, fuera de los supuestos de actuación unilateral previstos por la ley, no habiendo sido confirmados por el otro progenitor, son actos anulables y claudicantes en tanto no procluye la posibilidad de la impugnación (cfr.art.1301 Cc), por lo que tales actuaciones individuales en el ejercicio de la patria potestad no pueden obtener el reconocimiento que de su validez implica la inscripción en tanto no se acredite debidamente la causa que conforme a la ley permite prescindir de la intervención del otro progenitor. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria desestimar el recurso.

Resolución (5.ª) de 26 de diciembre de 2006, sobre nombre propio. No es admisible el nombre de «Amets» para mujer porque induce a error sobre el sexo. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de G.

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de G., don I. y doña I., exponen que su hija Amets, nació el día 26 de abril de 2003, se encuentra inscrita con el nombre de AMETSA, ante la imposibilidad por parte de las instituciones correspondientes de registrarle con el nombre de AMETS, y que posteriormente tuvieron conocimiento de que otras niñas fueron inscritas con dicho nombre, por todo ello solicitan el cambio de nombre de AMETSA por AMETS. Adjuntaban como documentación: DNI de los interesados, certificado de empadronamiento, certificado de nacimiento de la menor y libro de familia. 2.  Comparecen dos testigos que manifiestan que desde que nació la menor se la conoce con el nombre de AMETS. El Ministerio Fiscal no se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dicta auto con fecha 31 de marzo de 2006 en el que deniega el cambio de nombre pretendido por los interesados, en base a que según la Real Academia de la Lengua Vasca el nombre de AMETS pertenece a varón, aunque bien es cierto que en un tiempo anterior se admitía para mujer, pero en la actualidad no debe admitirse puesto que hace confusa la identificación e induce a error en cuanto al sexo. 3.  Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el cambio de nombre.

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4.  Notificado el Ministerio Fiscal, el Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 22-3.ª de enero, 3-3.ª, 5-2.ª, 9-2.ª y 5.ª, 12-5.ª y 21-1.ª de septiembre de 2002; 19-1.ª de diciembre de 2003; 6-1.ª de febrero, 27 de marzo, 25-1.ª de mayo y 6 de noviembre de 2004; y 16-5.ª de diciembre de 2005; y 12-2.ª de mayo de 2006. II.  Por la vía indirecta de un expediente posterior, no puede lograrse, como es obvio, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado por infringir las normas que regulan su imposición (cfr. art. 54 LRC). III.  Variando doctrina anterior de esta Dirección General (vid. resolución de 21-2.ª de enero de 2004), se estima que, estando prohibidos los nombres que inducen en su conjunto a error en cuanto al sexo, (art. 54, II, LRC), no puede admitirse por hallarse afectado por esta limitación el nombre masculino «Amets» para designar mujer, puesto que dicho nombre tiene su propia forma femenina vasca, que es «Ametsa», según aparece recogido en el Diccionario de nombres de pila del Gobierno Vasco, sin que pueda valorarse el argumento de que en un momento anterior estuvo admitido Amets para designar a ambos sexos, ya que ese momento fue anterior al actual pronunciamiento de la Real Academia de la Lengua Vasca. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (1.ª) de 27 de diciembre de 2006, sobre expedientes en general. En los expedientes del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada de modo que sería posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida, si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta. En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de C.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2000, presentado en el Registro Civil de C., doña M., expone que al practicarse su inscripción de nacimiento se hizo constar que su madre es Aixa Bentz Amar, que tales menciones son erróneas, ya que su madre es Auicha Amar Abdellal, por todo ello solicita que se acuerde la práctica de una anotación marginal rectificadora en su inscripción de nacimiento donde se haga constar que su madre se llama Auicha Amar Abdel-lal, así como se anote al margen de dicha inscripción que la interesada es española de origen. Adjuntaba la siguiente documentación: DNI de su madre, certificado de nacimiento de la interesada, certificado de nacimiento de su madre y certificado de empadronamiento. 2.  Ratificada la interesada, se comunicó la solicitud al Ministerio Fiscal que se opone a lo solicitado por la interesada. Dado traslado de dicho informe negativo a la interesada, ésta aportó pasaporte marroquí en el que constaba como M. N., nacida en Tetuán en 1957, carnet de familia numerosa de A. B. y G. en el que constaba como cuarto y quinto hijos M. nacida en 1957 y A. B. y certificación literal de nacimiento de éste último con

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anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 10 de octubre de 2002 denegando lo solicitado por la interesada por existir dudas sobre la identidad de las personas que intervenían en el expediente y denegando asimismo la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no ser el Registro Civil competente, ya que el competente es el del domicilio, sin haberse acreditado por la interesada que tuviese residencia en C. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que constaba en el expediente copia del pasaporte expedido a nombre de M. N., certificación de concordancia e identidad entre M. N. y M. B. 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que interesó la confirmación del auto recurrido. El Juez Encargado del Registro Civil da traslado del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. La Dirección General de los Registros y del Notariado resuelve con fecha 31 de marzo de 2003, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado. 5.  Mediante comparecencia de la interesada, con la asistencia de letrado, manifiesta que en atención al informe de la prueba biológica de paternidad aportada por la interesada y vista la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de septiembre de 2001, interesa la reapertura del expediente para volver a examinar la solicitud de la interesada. 6.  Notificado el expediente al Ministerio Fiscal, éste manifiesta que se reitera en el criterio anunciado en la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 31 de marzo de 2003, por lo que interesa la desestimación de lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil dicta auto con fecha

16 de enero de 2006 en el que deniega la pretensión deducida por la interesada para rectificar la inscripción de su nacimiento. 7.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. 8.  Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 95 y 96 de la Ley del registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las Resoluciones, entre otras, de 20-2.ª de abril de 2001; 20-2.ª de enero, 7-5.ª, 15 y 31-2.ª de marzo, 13-1.ª de junio y 29-1.ª de octubre de 2003; 23-5.ª de enero de 2004; y 16-3.ª de junio de 2006. II.  Basándose la recurrente en que las resoluciones de esta Dirección General no gozan de la autoridad de cosa juzgada y al amparo del principio de concordancia del Registro con la realidad, pretende reiniciar un expediente que comenzó con un escrito de 25 de mayo de 2000 por el que la promotora solicitaba la rectificación de su inscripción de nacimiento para que se hiciera constar que el nombre de la madre era el de «Auicha Amar Abdel-Lal», nacida en Ceuta el 16 de febrero de 1931 y que la nacionalidad de la interesada era la española de origen. Por el Juez Encargado se dictó auto de 10 de octubre de 2002, por el que se denegaba la rectificación solicitada basándose en que existían dudas razonables sobre la identidad de las personas que intervenían en el expediente y en la falta de competencia por no estar acreditada la residencia de la interesada en Ceuta. Re-

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currido en apelación dicho auto en lo que se refería al problema de identidad suscitado, por esta Dirección General se dictó resolución de 31 de marzo de 2003 (2.ª), que desestimaba el recurso.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

El 23 de abril de 2004 comparece el Letrado de la promotora y presenta prueba biológica de maternidad y, dada esta nueva circunstancia, insta la reapertura del expediente, que es acordada y que da lugar al auto de 16 de enero de 2006, por el que se deniega nuevamente la pretensión de la interesada. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III.  La resolución de esta Dirección General dictada en el primero de los recursos señalaba lo siguiente: «Se ha intentado por este expediente rectificar una serie de menciones de identidad de la madre en la inscripción de nacimiento de la hija. Como las discrepancias comprenden no sólo el nombre propio y los apellidos de aquélla sino también su fecha de nacimiento y la nacionalidad de la propia interesada, surge un problema previo sobre la identidad de ésta que no puede resolverse por la vía del expediente gubernativo (cfr. art. 93-1.º LRC), de modo que la rectificación requiere acudir a la vía judicial ordinaria conforme a la regla general que establece el artículo 92 de la Ley». Este fundamento, que constituyó la base de la desestimación del recurso, no resulta desvirtuado con la prueba aportada y siguen persistiendo las discrepancias sobre el nombre propio y los apellidos de la madre, su fecha de nacimiento y la nacionalidad de la interesada, que la solicita de origen, pese a que la madre era marroquí, como el padre, y adquirió la nacionalidad española por residencia en 1990. IV.  Es cierto que también la citada resolución hacía referencia subsidiaria a la falta de acreditación de correspondencia entre la interesada y la presunta madre, circunstancia ésta, que sí podría entenderse aclarada con la presente prueba, pero que en nada afecta a las demás mencionadas afectantes a la madre.

Resolución (2.ª) de 27 de diciembre de 2006, sobre rectificación de errores. No prospera el expediente al no haberse acreditado el error denunciado. En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2005, presentado en el Registro Civil Central, don N., nacido el 12 de septiembre de 1965 en Egipto, expone que al practicar su inscripción de nacimiento se incurrió en el error de hacer constar de forma incorrecta el año de nacimiento 1961 en lugar de 1965, por todo ello, solicita la incoación de expediente a fin de rectificar dicho error. Aportaba como documentación tarjeta de identidad, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado expedido por la Subdelegación de Gobierno en L. 2.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil Central dicta auto con fecha 21 de noviembre de 2005, en el que deniega lo solicitado por el interesado. 3.  Notificado el interesado éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la rectificación de error en la inscripción de nacimiento.

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4. De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación del auto apelado. El Juez Encargado del Registro Civil Central da traslado del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil; 12, 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 29 de enero, 10 de febrero, 21 de marzo, 10 de julio y 5-1.ª de diciembre de 2003; 14-4.ª de mayo de 2004; 24-6.ª de octubre de 2005; 131.ª y 28-2.ª de marzo de 2006. II. Se ha intentado por este expediente la rectificación de la fecha de nacimiento del interesado. La inscripción de nacimiento se hizo por transcripción de la certificación, traducida, expedida el 23 de septiembre de 1999 por el Registro Civil del país de origen del interesado, aportada al expediente y en ella consta como fecha de nacimiento la de 12 de septiembre de 1961. Después de practicada la inscripción por el Registro Civil Central, se presenta traducida una segunda certificación expedida en la misma fecha que la anterior, en la que figura como fecha de nacimiento la de 12 de septiembre de 1965. III. Es ya doctrina de este Centro Directivo que el dato sobre la fecha de nacimiento, consignada en una inscripción de nacimiento, no es una simple mención de identidad del nacido, susceptible de rectificación, si fuera errónea, por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la Ley. Por el contrario, ese dato es una circunstancia esencial de la inscripción de nacimiento y de la que ésta hace fe (cfr. art. 41 LRC), por lo que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse en principio acudiendo a la vía judicial ordinaria conforme al criterio general

que proclama el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. IV. En este caso, como se ha dicho anteriormente, se da la circunstancia de que la inscripción de nacimiento se hizo teniendo en cuenta la certificación del Registro Civil local en la que figuraba como fecha justamente la que se hizo constar en dicha inscripción. Existe, efectivamente, otra certificación del propio Registro local en la que se señala como fecha de nacimiento la que la promotora estima correcta, pero en cualquier caso el éxito de la pretensión la pretensión de ésta habría requerido la previa rectificación del error por el Registro local a través del procedimiento legal correspondiente (cfr. art. 295 RRC). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

RESOLUCIÓN (3.ª) de 27 de diciembre de 2006, sobre nombre propio. No es admisible el nombre «Amets» para mujer porque induce a error sobre el sexo. En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de G.

HECHOS 1. Por escrito presentado en el Registro Civil de G., don E. y doña A., exponen que su hija Amets, nació el día 30 de junio de 2004, que al no poder registrarla con dicho nombre no tuvieron más remedio que registrarla con el nombre de Miren Amets, que han oído la posibilidad de registrar a la menor como Amets, por todo ello solicitan el cambio de nombre para su hija de Miren Amets a Amets. Adjuntan

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como documentación: DNI de los interesados, certificado de empadronamiento y certificado de nacimiento de la menor. 2.  Comparecen dos testigos que manifiestan que desde que nació la menor se la conoce con el nombre de Amets ignorando como aparece inscrita en el Registro Civil. El Ministerio Fiscal informa que se acredite previamente que Amets es nombre femenino. El Juez Encargado del Registro Civil dicta auto con fecha 4 de mayo de 2006 en el que deniega el cambio de nombre pretendido por los interesados, en base a que según la Real Academia de la Lengua Vasca el nombre de Amets pertenece a varón, aunque bien es cierto que en un tiempo anterior se admitía para mujer, pero en la actualidad no debe admitirse puesto que hace confusa la identificación e induce a error en cuanto al sexo. 3.  Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el cambio de nombre.

III.  Variando doctrina anterior de esta Dirección General (vid. resolución de 21-2.ª de enero de 2004), se estima que, estando prohibidos los nombres que inducen en su conjunto a error en cuanto al sexo, (art. 54, II, LRC), no puede admitirse por hallarse afectado por esta limitación el nombre masculino «Amets» para designar mujer, puesto que dicho nombre tiene su propia forma femenina vasca, que es «Ametsa», según aparece recogido en el Diccionario de nombres de pila del Gobierno Vasco, sin que pueda valorarse el argumento de que en un momento anterior estuvo admitido Amets para designar a ambos sexos, ya que ese momento fue anterior al actual pronunciamiento de la Real Academia de la Lengua Vasca. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

4.  Notificado el Ministerio Fiscal, el Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

Resolución (4.ª) de 27 de diciembre de 2006, sobre declaración de la nacionalidad.

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 22-3.ª de enero, 3-3.ª, 5-2.ª, 9-2.ª y 5.ª, 12-5.ª y 21-1.ª de septiembre de 2002; 19-1.ª de diciembre de 2003; 6-1.ª de febrero, 27 de marzo, 25-1.ª de mayo y 6 de noviembre de 2004; y 16-5.ª de diciembre de 2005; y 12-2.ª de mayo de 2006. II.  Por la vía indirecta de un expediente posterior, no puede lograrse, como es obvio, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado por infringir las normas que regulan su imposición (cfr. art. 54 LRC).

Es española iure soli la nacida en España hija de bolivianos nacidos en Bolivia.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Benidorm el 20 de diciembre de 2005, don M., y doña K., ambos de nacionalidad boliviana, solicitaron que se declarase la nacionalidad española de su hija N., nacida el 7 de abril de 2003 en L. (Alicante). Aportaban como documentos probatorios de la pretensión:

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Certificados de empadronamiento, tarjetas de residencia y pasaportes de los promotores; inscripción de nacimiento de la menor; certificado del Consulado General de Bolivia en Madrid, indicando que la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia dice que «son bolivianos los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el solo hecho de avecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los consulados», y que la menor no se encuentra inscrita en los libros de nacimiento de esa Oficina Consular. 2.  Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal informó que no se oponía a lo interesado. 3.  El Juez Encargado dictó auto con fecha 14 de enero de 2006, denegando la nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor, ya que sus progenitores podían evitar su apatridia, mediante la inscripción en el Consulado de Bolivia en España. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se acordara la inscripción de su hija como española de nacimiento, ya que ellos habían decidido ejercitar su derecho a ser española y no boliviana. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la estimación del mismo y la revocación de la resolución recurrida. El Juez Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del

Niño de 20 de noviembre de 1989, y las Resoluciones de 4-2.ª y 3.ª, 8-1.ª y 21-3.ª de febrero, 18-2.ª y 26-5.ª de marzo, 91.ª y 2.ª de abril, 13-2.ª de mayo, 7-2.ª y 28-4.ª de junio y 4-1.ª de julio de 2003. II.  Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción que tiene la nacionalidad española de origen una niña nacida en España en 2003, hija de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición de los promotores se funda en la forma de atribución iure soli de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (cfr. art. 17-1.c) del Código civil). III.  De acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación boliviana, confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo puede adquirirse por un acto posterior. Se da, pues, la situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española iure soli se impone. No ha de importar que el nacido pueda adquirir más tarde iure sanguinis la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida ex lege en el momento del nacimiento. IV.  Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá desde que nace derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados Partes velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado.

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2.º  Declarar con valor de simple presunción que la menor es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento.

Resolución (5.ª) de 27 diciembre de 2006, sobre declaración de la nacionalidad. Es español iure soli el nacido en España hijo de ecuatorianos si su estancia en España no puede estimarse transitoria.

3.  La Juez Encargada dictó auto con fecha 29 de marzo de 2006, disponiendo que no había lugar a declarar con valor de simple presunción que el menor adquirió al nacer la nacionalidad española de origen en virtud de lo previsto en el artículo 17.1.c) del Código civil, ya que de admitir lo contrario se permitiría a la parte promoverte decidir la nacionalidad mas conveniente para su hijo, habida cuenta de que con solo obviar la inscripción consular del hijo se pudiera dar lugar a la declaración de presunción de nacionalidad.

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de S.

4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se declarase con valor de simple presunción que el menor era español de origen, alegando que el menor no ostentaba ninguna nacionalidad.

5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la confirmación de la resolución recurrida. La Juez Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, ratificando todo lo señalado en el auto recurrido.

HECHOS 1.  Mediante comparecencia efectuada en el Registro Civil de S. el 22 de marzo de 2006, don E., y doña M., ambos de nacionalidad ecuatoriana, solicitaron que se declarase, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de su hijo E., nacido el 14 de febrero de 2006 en S. Aportaban como documentos probatorios de la pretensión: Certificado de empadronamiento y de convivencia, y tarjetas de residencia de los promotores; inscripción de nacimiento del menor; y certificado del Consulado General del Ecuador, indicando que la legislación ecuatoriana no reconoce al menor como ciudadano ecuatoriano, por haber nacido en territorio español y no estar registrado en el Consulado General. 2.  Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal informó que se oponía a lo interesado, ya que se consideraba que la omisión de solicitar la inscripción consular y luego promover este expediente, podía considerarse un acto realizado en fraude de ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y las Resoluciones de 28 de junio, 10-4.ª de septiembre y 21-2.ª de octubre de 2002; 4-4.ª, 13-4.ª de febrero y 13-1.ª de mayo y 28-1.ª y 28-3.ª de junio de 2003; 9-1.ª de enero de 2004; 12-2.ª de julio y 9-1.ª de septiembre de 2005; y 20-3.ª de enero y 12-4.ª de septiembre de 2006. II.  Se discute en este recurso si puede declararse en expediente con valor de simple presunción (art.96-2.º LRC) que tiene la nacionalidad española de origen

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un niño nacido en S. en 2006, hijo de ecuatorianos nacidos en El Ecuador. III.  Reiteradamente tiene establecido esta Dirección General (de acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación ecuatoriana) que los hijos de ecuatorianos nacidos en el extranjero, salvo que se trate de una situación de ausencia transitoria si no existe una manifestación en contrario, no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad ecuatoriana, la cual solo puede adquirirse por un acto posterior. Se da, por lo tanto, una situación de apatrídia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española iure soli se impone No ha de importar que el nacido pueda adquirir más tarde iure sanguinis la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida ex lege en el momento del nacimiento. IV.  Tal conclusión, como también se ha dicho con reiteración, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados Partes velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Declarar con valor de simple presunción que la menor es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento.

Resolución (1.ª) de 28 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto emitido por el Encargado del Consulado de España en B.

HECHOS 1.  Con fecha 23 de noviembre de 2005, don J., nacido en España el 2 de octubre de 1957 y doña M. nacida en M. (Colombia) el 10 de marzo de 1970, de nacionalidad colombiana, presentaron en el Consulado de España en B. impreso de declaración de datos para la celebración de su matrimonio. Aportaban como documentación: Certificado de nacimiento, libro de familia y certificado de defunción de la primera esposa del interesado y certificado de nacimiento de la interesada. 2.  Ratificados los contrayentes, se celebró el trámite de audiencia reservada con el contrayente, que manifestó que tiene 48 años y su pareja 36, que se conocieron en diciembre de 2004 por internet, que físicamente no se han visto nunca, que ella vive con su hija, que él vive con sus dos hijos, que trabaja de maquinista en MECALUX, que su pareja es predicadora de la iglesia evangelista y además hace arreglos de ordenador, que él también es evangelista, que no recuerda como se llaman los padres de su pareja, que ha hablado por teléfono con ellos. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que conoció a su pareja a través de su hermana, que no se conocen personalmente, que se comunican por internet que vive con su hija y su pareja con su hijo, que ella se dedica a la reparación de computadoras, que su pareja trabaja en MECALUX, que ella es cristiana y su pareja también. 3.  Notificado el expediente al Ministerio Fiscal, éste se opone a la inscripción del matrimonio. El Encargado del Regis-

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tro Civil Consular dicta auto con fecha 20 de abril de 2006 en el que deniega la inscripción del matrimonio. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal y a los solicitantes, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

tro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 4-3.ª, 5-1.ª, 16-2.ª, 19-4.ª y 25-3.ª de octubre; y 11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de noviembre y 2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 25-4.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero; y 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª y 23-4.ª de marzo de 2005.

III.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Regis-

IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegar-

5.  Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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se la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado por poder en Colombia el 1 de septiembre de 2005 entre un español y una colombiana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes resulta como hecho objetivo determinante la ausencia de relación personal previa ni posterior a la celebración del matrimonio, sin que exista constancia de que desde que se conocen haya existido algún tipo de comunicación entre ellos; además, ella manifiesta que él vive con un hijo, cuando vive con los dos y él desconoce los ingresos, el número de hermanos y el nombre de los padres de ella.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, el cual por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (2.ª) de 28 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M., don C., nacido el 22 de junio de 1969 en Marruecos, de nacionalidad española y doña A., nacida el 8 de octubre de 1984 en Marruecos, de nacionalidad marroquí, domiciliada en Marruecos, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento y certificación de estado civil del interesado y certificado de nacimiento, sentencia de divorcio y certificado de residencia de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan su pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado por los interesados no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con el interesado que manifiesta que hace un año que conoce a su novia, que la conoció en Marruecos en una casa que él tiene en el campo, que el trabaja con los hermanos K., que el vive en El Tesorillo y su novia vive en N., que él va todos los días a verla, que a veces se queda a dormir allí, que el 29 de mayo hicieron boda en Marruecos, que no viven juntos porque ella no tiene la residencia todavía, que cuando se casen ella

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2008-03-01 (2). Resoluciones de la DGRN  

CCOO de Xustiza

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