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Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

(De 29 de noviembre de 2006 a 8 de febrero de 2007)

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

(Registro Civil)

Año LXII Suplemento al núm. 2056 De 1 de marzo de 2008

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE JUSTICIA


BOLETÍN DE INFORMACIÓN

resoluciones de la dirección general de los registros y del notariado (De 29 de noviembre de 2006 a 8 de febrero de 2007)


ISSN: 0211-4267 Depósito Legal: M. 883-1958 NIPO: 051-08-001-8

Edita: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones San Bernardo, 62 - 28015 Madrid Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado


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resoluciones de la dirección general de los registros y del notariado

Registro Civil (año 2006) ........................................................................

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Registro Civil (año 2007) ........................................................................

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registro civil Resolución (1.ª) de 29 de noviembre de 2006, sobre rectificación de error en el apellido. Prospera el expediente, parcialmente, respecto del error que resulta acreditado. En el expediente sobre rectificación de errores en inscripciones de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal contra el auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M. el 15 de marzo de 2005, don M. y doña M., ambos españoles, manifestaron que habiendo obtenido la promotora la nacionalidad española, se debía variar el segundo apellido de sus hijos A., M., C. y J., y H., indicando que también se debía corregir el error en el primer apellido del primer hijo, siendo los correctos A. Se adjuntaba la siguiente documentación: Volante de empadronamiento de la unidad familiar y DNI de los promotores; certificado de nacimiento del promotor nacido en M., en la que consta que ha adquirido la nacionalidad española por resolución de 9 de marzo de 1987; certificación de

nacimiento de la promotora practicada en el Registro Civil Central, en la que consta inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia por resolución de 9 de abril de 2000; certificado de nacimiento de A., nacido en M. el 26 de mayo de 1985, en la que consta inscripción marginal de que sus padres han adquirido la nacionalidad española; certificaciones de nacimientos de M., C., y J., nacidos en M., el 4 de marzo de 2000, el 11 de enero de 1994 y el 26 de diciembre de 1990, respectivamente, en las que consta como nombre de la madre M., con inscripción marginal de que esta ha adquirido la nacionalidad española; certificado de nacimiento de H., nacida en M. el 31 de enero de 1998, en la que consta como nombre de la madre M., con inscripción marginal de que ésta ha adquirido la nacionalidad española. 2.  Ratificados los interesados, el Ministerio Fiscal informó que en el presente expediente no se cometió error alguno en las inscripciones de nacimiento, salvo en la partida de nacimiento de A., cuyo apellidos debían ser A., si bien interesó que se aportaran los certificados de nacimientos, marroquíes, de ambos progenitores. El promotor manifestó que al nacer en Melilla, solo estaba registrado en dicho registro, y aportaron la ficha individual del registro civil de la promotora, en la

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que constaba como nombre de familia A., hija de B. y F. 3.  El Ministerio Fiscal informó que no nos encontrábamos ante ningún error, sino ante los sucesivos cambios de apellidos que había ido adoptando la madre, y que se debería instar un expediente de cambio de apellidos del que sería competente el Ministerio de Justicia. La Juez Encargada dictó auto con fecha 25 de octubre de 2005 disponiendo que se procediese a la rectificación en la inscripción de A., siendo los apellidos correctos A., y en la inscripción de nacimiento de H., siendo el segundo apellido correcto B. 4.  Notificada la resolución a los promotores y al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto, alegando que el expediente pretendido era de cambio de apellidos, por lo que la competencia era ajena al Juez Encargado del Registro Civil, sino que correspondía a la Dirección General de los Registros y del Notariado. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado a los promotores que manifestaron su oposición al recurso. La Encargada del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 17 del Código Civil (Cc); 2, 57, 60 y 93 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 205, 206, 217, 218, 342 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de esta Dirección General, entre otras, de 17-1.ª y 7.ª y 27-2.ª de mayo, 13-2.ª de junio y 1-4.ª de julio de 2003; 24-1.ª de febrero, 24-1.ª de junio y 9 de julio de 2004; 22-2.ª de junio de 2005; 27-4.ª de marzo y 12-1.ª de abril de 2006.

II.  Se pretende por los promotores la rectificación de error en el apellido de sus hijos por consecuencia de haber la madre cambiado el primero de los suyos tras adquirir la nacionalidad española por residencia. Dichos hijos son españoles de origen, puesto que cuatro de ellos nacieron después de que el padre, en 1987, hubiese adquirido la nacionalidad española y uno, A., había nacido en 1985, antes de que aquel fuese español, pero concurría en él la circunstancia de que su padre, entonces extranjero, había también nacido en España (cfr. art. 17.2.º Cc, redacción Ley 51/1982 de 13 de julio). III.  Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC), por lo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la Ley. IV.  En todo caso, para que pueda rectificarse un error del Registro, es necesario que quede acreditada su existencia y, esto, no se ha producido en el presente caso respecto de todos lo afectados por el expediente, puesto que, según se deduce de éste los hijos llamados J., C. y M. fueron inscritos correctamente –como españoles de origen que eran– con el primer apellido del padre y el primero de la madre «Bouzian», que entonces ésta ostentaba (cfr. art. 194 RRC). Respecto de ellos no procede, pues, rectificación de ningún error, porque éste no existe. Tampoco por la vía del expediente de cambio de apellidos, competencia, por delegación del Ministro de Justicia, de esta Dirección General, cabe una autorización para modificar el referido apellido, porque una vez que la madre fue inscrita como española en el Registro español y tomó en lugar del apellido Bouzián, el patronímico «Arabat», éste cambio de su apellido, automáticamente, afectó a los hijos sujetos a patria potestad (cfr. art. 217 RRC), cuyo segundo apellido pasó, directamente, a ser «Arabat» y así debió con-

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signarse en las respectivas inscripciones de nacimiento. En cambio, sí existe error en el segundo apellido de «Hamza», que fue inscrito con el segundo «Arbat», que era (con grafía incorrecta) el segundo de la madre, y no «Bouzian» que, al tiempo de la inscripción ostentaba ésta como primero. Por lo que procede su rectificación, sin perjuicio de lo indicado respecto de los hermanos en el fundamento anterior sobre aplicación automática del actual apellido materno cambiado cuando este hijo se hallaba aún sujeto a patria potestad. V.  En lo que se refiere al hijo llamado «Ahomar», mayor de edad, no consta que los promotores tengan conferida su representación para solicitar en su nombre el cambio de apellidos propuesto, ni consta que haya intervenido en el expediente, por lo que la petición formulada respecto de él, ha de tenerse por no hecha. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.  Estimar parcialmente el recurso en lo referente al hijo A. 2.  Confirmar parcialmente el auto apelado en cuanto a la rectificación del error en el segundo apellido de H., revocándose en lo relativo a la rectificación acordada respecto a A.

Resolución (2.ª) de 29 de noviembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud de los entablados por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 17 de febrero de 2006, doña J., nacida en V. (Cuba), el 30 de julio de 1973, de nacionalidad cubana, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 8 de diciembre de 2005 en H. (Cuba), según la ley local, con don J., nacido en H. el 8 de septiembre de 1972, de nacionalidad española. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, declaración de estado civil, y certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, de matrimonio anterior y sentencia de divorcio, correspondiente a la contrayente; y certificado de nacimiento, y fe de vida y estado, correspondiente al contrayente. 2.  Ratificada la interesada, en fecha 17 de febrero de 2006 compareció ante el Registro Consular manifestando que tiene 32 años, es divorciada, y trabaja de informática; que su actual esposo tiene 34 años, es soltero, y trabaja como dentista; que se conocieron por Internet en julio de 2005, y se conocieron personalmente en agosto de 2005, cuando él vino a Cuba por ocho días, durante los cuales se relacionaron como amigos; que él volvió en octubre y comenzaron la relación de pareja, y regresó en diciembre de 2005, por diez días, y contrajeron matrimonio. El 21 de marzo de 2006, se realizó la entrevista, en audiencia reservada, con el contrayente, en el Registro Civil de Haro, manifestando que era dentista; que conoció a su esposa en el año 2005, a través de una página de Internet; que ha estado en Cuba en agosto, por siete días, en noviembre, por doce días, y en diciembre de 2005, por siete días; que se ratifica en la solicitud de trascripción de su matrimonio. 3.  El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que

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existiendo una certeza racional de obstáculo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 15 de junio de 2006 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4.  Notificada la resolución a los promotores, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registro y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que se desconocían los motivos por los que se había considerado su matrimonio de complacencia, presentando justificantes de viajes realizados a Cuba, de correos electrónicos y fotografías del enlace matrimonial. 5.  De la interposición de los recursos se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y

32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 1, 2-2.ª, 32.ª, 15-1.ª y 22-1.ª de septiembre; 2, 41.ª, 18-1.ª, 2.ª y 4.ª, 19-1.ª, 25-4.ª y 272.ª de octubre; y 16-1-.ª, 2.ª y 4.ª, 18-2.ª, 29-5.ª de noviembre y 15-2.ª de diciembre de 2004; y 7-2.ª, 15, 17-3.ª, 21-3.ª, 25-1.ª y 2.ª de enero, 8-3.ª, 11-1.ª de febrero y 15-3.ª, 18-1.ª, 26 y 28-1.ª y 2.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es

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casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento de los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:

1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 8 de diciembre de 2005 en H. (Cuba) entre don J. y doña Y.

Resolución (3.ª) de 29 de noviembre de 2006, sobre cambio de nombre propio. No puede autorizarlo el Encargado del Registro Civil si no hay habitualidad en el uso de los nombres solicitados, pero lo concede la Dirección General por economía procesal y por delegación En el expediente sobre cambio de nombre propio remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el interesado, contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de G.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de G. el 10 de noviembre de 2005, don J., nacido en L. el 19 de abril de 1976, solicitaba que se le autorizase cambiar su nombre propio por T., por ser el que utilizaba habitualmente. Adjuntaba los siguientes documentos: DNI, inscripción de nacimiento, volante de empadronamiento, y documentación en la que figuraba el interesado con el nombre de de T. o J. 2.  Ratificada el interesado, comparecieron dos testigos que afirmaron que conocían al promotor, y les constaba que el nombre propio que venía usando era el de T. 3.  El Ministerio Fiscal se opuso a lo solicitado, ya que la justa causa no se daba cuando, como en este caso, se pretendía acreditar el uso del nombre con la presentación de una serie de facturas comerciales en las que figuraba el nombre cuyo cambio se pretendía. El Juez Encar-

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gado dictó auto con fecha 30 de enero de 2006, acordando no autorizar el cambio de nombre, ya que no estaba suficientemente probado el uso continuado del nombre pretendido, y de la documentación aportada quedaba demostrado el uso de dos nombres: T. y J. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal y el interesado, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que el nombre con el que se sentía identificado era Tristany Saüc. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se opuso a la estimación del mismo. El Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, informando que procedía denegar la autorización para el cambio de nombre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil; la Orden Ministerial de 26 de junio de 2003, y las Resoluciones de 28 de febrero y 26-1.ª de abril de 2003. II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4.º, y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (cfr. 210 del RRC). III.  En el caso actual no está probada la habitualidad en el uso de los nombres solicitados, de modo que la competencia para autorizar el cambio excede de la atribuida al Juez Encargado y corresponde a la competencia general del Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (O. M.

3451/2005 de 7 de febrero), a esta Dirección General. IV.  Conviene en todo caso examinar la cuestión acerca de si la pretensión de los promotores pudiera ser acogida por esta otra vía. Se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio ante el Registro Civil del domicilio (cfr. art 365 RRC) y poderosas razones de economía procesal aconsejan ese examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. 354 del RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico. V.  La cuestión apuntada merece una respuesta afirmativa. El cambio solicitado no perjudica a tercero y hay para él una justa causa, de modo que se cumplen los requisitos específicos exigidos para la modificación (cfr. art. 206. III, RRC). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Autorizar por delegación del Sr. Ministro de Justicia (O.M. 345/2005, de 7 de febrero) el cambio de nombre de Jordi por Tristany Saüc no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento de Registro Civil. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el artículo 217 del mismo Reglamento.

Resolución (4.ª) de 29 de noviembre de 2006, sobre certificado de capacidad matrimonial. Se deniega su expedición porque hay datos objetivos bastantes para deducir la

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ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de el Juez Encargado del Registro Civil de V.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de V., don A. nacido en S. el 28 de diciembre de 1941, solicitaba certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio con doña N., nacida el 22 de diciembre de 1980 en Marruecos, de nacionalidad marroquí y domiciliada en Marruecos. Se acompañaba la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento, certificado de estado civil, certificado de empadronamiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que es divorciado dos veces, que conoció a su novia a través de un compañero de trabajo marroquí que les puso en contacto, que se quiere casar en España porque los trámites son más fáciles, que la conoció hace tres años, en agosto, en el domicilio de su novia, donde vive con una tía suya, que ella trabaja en una casa de té, que ha viajado a Marruecos varias veces, que conoce a toda la familia de su novia, que ella no sabe leer ni escribir, que habla un poco de español, que le manda 220 euros al mes, que si no se casa con ella no le dan el visado para venir a España. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que su novio es amigo de su prima, que fue a

visitar Marruecos y se conocieron en casa de su tía donde vive, que ella trabajaba en una pastelería, pero cuando le conoció dejó de trabajar, que no sabe en que trabaja su novio ni cuanto gana, que no conoce a la familia de su novio, que el marido de su prima hace de traductor cuando se comunican, que su novio tiene 4 hermanos, que su novio ha estado casado 2 veces, que él ha ido 4 veces a Marruecos, que le envía 200 euros al mes. 3.  El Ministerio Fiscal informa en sentido desfavorable. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 8 de febrero de 2006 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la expedición del certificado de capacidad matrimonial. 5.  Notificado el fiscal de la interposición del recurso, el Juez Encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del

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Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 24-2.ª de febrero, 18-2.ª de marzo, 10-1.ª de junio, 4-2.ª de septiembre de 2004; 3-3.ª de marzo, 264.ª de octubre, 3-5.ª de noviembre de 2005; 3-2.ª de enero, 23-2.ª de febrero, 23-2.ª y 29-3.ª de marzo, 26-5.ª de mayo, 13-4.ª y 26-4.ª de junio de 2006.

mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

III.  La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar –ni contribuir, como en este caso, a la autorización– un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc).

V.  En el caso actual de un matrimonio proyectado entre un español y una marroquí, de los respectivos trámites de audiencia reservada habida con ellos, resultan determinados hechos objetivos de los que puede deducirse que el propósito de los interesados al celebrar el matrimonio persigue fines distintos de los propios de esta institución. El hecho más relevante es que no existe una lengua común entre los interesados con la que comunicarse y uno de los factores que hace presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es, precisamente, según la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, antes citada, que se dé dicha circunstancia. Aparte de esto, respecto de los envíos mensuales de dinero, que ambos manifiestan que él hace a ella, no se aporta ningún justificante que advere esa afirmación, por lo que no pueden tomarse mas que como simple declaración de parte. Tampoco se aportan pruebas que acrediten, siquiera, la existencia de algún tipo de comunicación entre los interesados. Es significativo que ella ignore el trabajo de él y que desconozca sus ingresos, no resulta lógico en personas que tienen el propósito de iniciar una vida en común que se ignoren los medios con que se cuenta para ello. Tampoco conoce el domicilio de él en Vitoria. No coinciden los interesados en el año en que se conocieron, ni en el número de veces que él ha viajado a Marruecos. Finalmente, a lo anterior se une, sin ser por sí solo un hecho determinante, la importante diferencia de edad entre ambos (39 años).

IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados,

VI.  A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender, como lo han hecho el Encargado del Registro Civil Consular de R., el Ministerio Fiscal y la Juez Encargada del Registro Civil de V., que no se aprecia una voluntad de contraer matrimonio con los

II.  Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales [cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.ª e Instrucción de 31 de enero de 2006,VII.b)], siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

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fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado, dejando a salvo la vía judicial ordinaria.

Resolución (5.ª) de 29 de noviembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto emitido por el Encargado del Registro Civil Consular de B.

HECHOS 1.  En fecha 22 de julio de 2005, don B., nacido en España el 12 de julio de 1956 presentó en el Consulado General de España en B. impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 11 de julio de 2005 con doña M., nacida en Colombia el 7 de mayo de 1972, de nacionalidad colombiana. Adjuntaban la siguiente documentación: Hoja declaratoria de datos para la inscripción de matrimonio, certificado de nacimiento y certificado de estado civil del interesado y certificado de nacimiento de la interesada. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada en el Consu-

lado de España en B. manifestando que tiene 33 años y su pareja 49, que se conocieron por medio de una cuñada que vive en España que se lo presentó por teléfono, que no se conocen personalmente, sólo por internet, que ella vive con sus padres y su hija, que él vive sólo, que ella es artesana independiente, que él es conserje en un colegio, que no conoce a la familia de su pareja, que él tiene un hermano y ella tres, que él tampoco conoce a su familia, que a él le gusta el fútbol y a ella el ciclismo, que ambos son creyentes. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado en el Registro Civil de V. que manifiesta que tiene 48 años y su pareja 33, que se conocieron por medio de una cuñada que los presentó por teléfono, que no se conocen personalmente, que se comunican por internet, que él vive sólo, que ella vive con sus padres y hermanos, que él trabaja de conserje en un colegio, que su pareja es artesana, que él tiene un hermano, que ella tiene dos hermanos, que su pareja tiene una hija, que le gusta el fútbol, y a ella el ciclismo, que ambos son creyentes. 3.  El Ministerio Fiscal desestima la solicitud de los contrayentes. El Encargado del Registro Civil Consular dicta auto con fecha 28 de diciembre de 2005 denegando la inscripción del matrimonio. 4.  Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, presentando pruebas documentales como comprobantes de envío de dinero y cartas. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil de Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de no-

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viembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 26-2.ª de mayo, 8-4.ª, 20-3.ª de junio, 19-2.ª de julio y 29-4.ª de diciembre de 2005; 22-1.ª y 24-3.ª de febrero, 284.ª de marzo, 6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 5-4.ª de septiembre de 2006. II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III.  Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consen-

timiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia el 11 de julio de 2005 entre un español y una colombiana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según declaran, se conocen en julio de 2004 por teléfono y se comunican por dicha vía y por internet, pero es lo cierto que no aportan

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prueba alguna que acredite la comunicación a través de los medios mencionados, (se aportan dos cartas cuya fecha y medio de envío no figura) por lo que la existencia de la relación previa a la celebración del matrimonio consta sólo por la declaración de los propios interesados. La cuestión principal en el presente caso se centra en el hecho de que los contrayentes no se conocen físicamente antes del matrimonio, que fue contraído por poder y ni siquiera después de su celebración se han encontrado, pese al tiempo transcurrido. Precisamente la resolución arriba citada del Consejo de Europa señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio. De otro lado, y sin ser por sí sola circunstancia determinante de la presente resolución, se aprecia entre los interesados una notable diferencia de edad (16 años). Se aportan justificantes de envíos de dinero que no se estiman prueba suficiente a los efectos pretendidos de inscripción del matrimonio y cuya justificación ofrece alguna duda pudiendo tratarse de prueba preconstituida habida cuenta de que el interesado declaró que creía que ella con su trabajo ganaba suficiente para vivir y que una cuñada de la interesada vive en V. y fue la que puso en contacto telefónico a los contrayentes. Pese a estar localmente casados ignoran los ingresos que tienen uno y otro, lo que no parece lógico cuando se supone que esos ingresos van a constituir su medio de vida. Finalmente, incurren en determinadas contradicciones en sus declaraciones que afectan a datos personales y familiares. Así, ella dice que vive con su madre y su hija y él que lo hace también con sus hermanos. Él manifiesta que conoce a los padres porque ha hablado con ellos por teléfono y ella declara que no los conoce. Ella ignora los estudios que ha cursado él. Todos estos hechos llevan a la conclusión de que, como se ha indicado anteriormente, se ha utilizado el matrimonio con fines impropios de éste. VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo

por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar los recursos y confirmar el auto apelado.

Resolución (6.ª) de 29 de noviembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los promotores, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de A.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de A. el 22 de julio de 2005, don C., nacido el 14 de junio de 1982 en Senegal, de nacionalidad senegalesa, y doña R., nacida el 10 de septiembre de 1963 en España, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, certificado de estado civil y

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certificado de empadronamiento de la interesada; y certificado de nacimiento, certificado de estado civil y certificado de empadronamiento del interesado. 2.  Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que conocen a los solicitantes y que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que se conocieron hace un año en la discoteca M., que hace 3 meses que están viviendo juntos, que su novio hace año y medio que está en España, que trabaja en la construcción, que ella trabaja de limpiadora en G., que su novio tiene 6 hermanas, que sólo conoce el nombre de 2 de ellos porque viven en España, que ella tiene 2 hijas, que sus padres conocen a su novio, que ella tiene 2 hermanos. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que se conocieron hace un año en la discoteca M., que hace 3 meses que conviven juntos, que hace dos años que vino a España, que trabaja vendiendo relojes, que su novia trabaja en la limpieza en A., que él tiene 9 hermanos, dos de ellos viven en España y otros en Estados Unidos, que su novia estuvo casada anteriormente, que tiene 2 hijos, que conoce a sus suegros, que tiene 2 cuñados. 3.  El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la celebración del matrimonio, por la inexistencia de un verdadero consentimiento matrimonial. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 28 de septiembre de 2005 no autorizando la celebración del matrimonio, ya que de las respuestas dadas por ambos contrayentes resulta que son constantes las imprecisiones y contradicciones en las manifestaciones de los contrayentes, estas respuestas no hacen sino poner de manifiesto el conocimiento superficial de la vida personal y social y la falta de consentimiento para el matrimonio. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección

General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se opone al recurso presentado. El Juez Encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 15-1.ª y 2.ª de junio, 7-2.ª, 16-3.ª, 21-2.ª y 24-3.ª de septiembre y 1-2.ª, 14-3.ª, 19-2.ª, 21-3.ª y 4.ª de octubre, 17-4.ª, 5.ª de noviembre, 2-1.ª, 9-3.ª, 20-3.ª y 22-1.ª y 2.ª de diciembre de 2004 y 24-1.ª, 26-2.ª de enero; 34.ª de febrero y 18-2.ª y 23-1.ª-2.ª y 3.ª de marzo de 2005. II.  En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

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III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de solicitud de autorización para la celebración de un matrimonio civil en España entre una española y un senegalés resultan del trámite de audiencia un conjunto de hechos que llevan a la conclusión de que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución: Él desconoce el día de nacimiento, el tiempo que ella estuvo casada, el nombre de la madre de la misma, a la que dice conocer, y el lugar en el que trabaja; ella desconoce el nombre del padre, el número, nombre de los hermanos, y manifiesta que él trabaja en la construcción, cuando se dedica a vender relojes; asimismo, dice que lleva en España un año medio, mientras que él declara que lleva dos años. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (7.ª) de 29 de noviembre de 2006, sobre matrimonio civil entre personas del mismo sexo. El matrimonio celebrado entre español y extranjero o entre extranjeros residentes en España del mismo sexo será válido, por aplicación de la ley material española, aunque la legislación nacional del extranjero no permita o no reconozca la validez de tales matrimonios. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de D.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de D. el 20 de septiembre de 2006, don J., nacido el 21 de mayo de 1921 en N. (Inglaterra) de nacionalidad británica, y don E., nacido el 18 de octubre de 1920 en W. (Inglaterra), de nacionalidad británica, ambos domiciliados en Denia, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntaban los siguientes documentos: Volantes de empadronamiento, certificados de nacimientos, pasaportes, declaraciones juradas de estado civil, y certificado del Consulado Británico de A., de que no se ha demostrado impedimento legal alguno para celebrar el matrimonio de los promotores. 2.  Ratificados los interesados, se celebraron las audiencias reservadas, a fin de dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil. Comparecieron dos testigos que manifestaron que eran ciertos los datos alegados por los solicitantes en su escrito inicial. Se requirió a los interesados para que aportaran certificado del Consulado o Embajada sobre si tenía validez en el país de origen un matrimonio entre per-

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sonas del mismo sexo. Los interesados presentaron certificado del Consulado Británico en A., indicando que los matrimonios celebrados en España de acuerdo con la normativa vigente del Registro Civil serán reconocidos a todos los efectos administrativos por el Reino Unido. 3.  Se dio traslado del expediente al Ministerio Fiscal. La Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha 11 de octubre de 2006, acordando que no había lugar a autorizar la celebración del matrimonio, por concurrir impedimento legal, ya que los solicitantes, con arreglo a su ley nacional, carecían de capacidad para contraer matrimonio en España. 4.  Notificada la resolución a los promotores y al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto y la autorización del matrimonio, considerando que el matrimonio celebrado entre español y extranjero o entre extranjeros residentes en España del mismo sexo, será válido por aplicación de la ley nacional española, aunque la legislación nacional del extranjero no permita o no reconozca la validez de tales matrimonios. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado a los promotores. La Juez Encargada del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, interesando la desestimación del recurso interpuesto, al no concurrir justa causa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 32 de la Constitución española, 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 del Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos, 1, 3, 6, 44, 45, 58, 66, 67, 73 y 74 del Código civil; 245 y 247 del Reglamento del Registro Civil; las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos de 27 de septiembre de 1990, de 25 de marzo de 1992, 30 de julio de 1998 y 11 de julio de 2002; las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1987, 15 de julio de 1988, 3 de marzo de 1989 y 19 de abril de 1991, y las Resoluciones, entre otras, de 21 de enero de 1988, 2 de octubre de 1991 y 8 de enero de 2000 y 31 de enero de 2001, y 24-3.ª de enero de 2005, así como la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. II.  Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil resulta fundamental que el instructor, asistido del Secretario, se cerciore de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en España conforme a la legislación de nuestro país que cursan dos ciudadanos británicos, ambos con residencia habitual en España. III.  El auto dictado por la Sr. Juez Encargada del Registro Civil de D. deniega dicha solicitud y utiliza al efecto diferentes argumentos: 1.º)  La posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo es una cuestión de «capacidad matrimonial», que se rige por la Ley nacional de los contrayentes según lo preceptuado en el artículo 9.1 Cc. No concurre la necesaria capacidad matrimonial en los interesados con arreglo a su Ley nacional, ya que ambos, como se ha dicho, ostentan la nacionalidad británica y en el Derecho británico el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible, pues dicho matrimonio entre personas del mismo sexo no está contemplado en tal Derecho extranjero; 2.º)  Si se celebrase este matrimonio en España con arreglo al Derecho civil español, dicho matrimonio sería nulo o inexistente en el país cuya nacionalidad ostentan los interesados; 3.º)  La extensión del jus

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connubii a los contrayentes del mismo sexo a pesar de lo dispuesto en su correspondiente Ley nacional, contraviene el orden público internacional; 4.º)  La posibilidad de contraer un matrimonio entre personas del mismo sexo no integra el concepto español de orden público internacional, de manera que no puede rechazarse la aplicación de una Ley extranjera que no contemple dicho matrimonio entre personas del mismo sexo en virtud del artículo 12.3 Cc, siendo además improcedente invocar el concepto y la excepción de orden público internacional contra la aplicación de un país miembro de la Comunidad Europea; 5.º)  La Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, es una instrucción ilegal que contraviene lo establecido en la Ley, en concreto, vulnera el artículo 9.1 Cc y el artículo 117 CE, ya que el artículo 9 LRC debe entenderse derogado por la misma Constitución Española de 1978, pues los Jueces y Magistrados a los que está atribuido el Registro Civil son integrantes del Poder Judicial y por tanto, son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley, lo que impide que la Administración pueda dictar instrucciones a tales Jueces y Magistrados. IV.  Sin embargo, ninguno de los argumentos empleados en el auto recurrido es aceptable. Existen, por el contrario, argumentos muy solventes que conducen a afirmar, sin duda alguna posible, que el matrimonio cuya celebración se solicita es perfectamente posible en España. Primero.  En contra de lo que afirma el auto recurrido, la consideración de la posibilidad de contraer un matrimonio con persona del mismo sexo como una cuestión de «capacidad matrimonial» no es pacífica ni clara en nuestro Derecho. En efecto, desde la perspectiva de su calificación a efectos de determinar la norma de conflicto aplicable (cfr. art. 12.1 Cc), debe recordarse que los impedimentos matrimoniales vienen recogidos en

los artículos 46 y 47 del Código civil, alusivos a los absolutos o unilaterales y a los relativos o bilaterales, respectivamente, siendo así que en ninguno de ellos se ha mencionado nunca el impedimento de identidad de sexo. Una significativa parte de nuestra doctrina indica que el requisito de la diversidad de sexo constituye un elemento constitutivo o esencial del propio «derecho a contraer matrimonio». Sería, pues, un elemento estructural u objetivo de la institución matrimonial, y no un requisito subjetivo de capacidad de los contrayentes. Este enfoque encuentra apoyo en la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio («BOE» núm. 157, de 2 julio de 2005), y en concreto, en su Exposición de Motivos. Pues bien, no existe norma de conflicto específica en nuestro Derecho internacional privado que indique la Ley aplicable a los «requisitos objetivos del matrimonio» en los supuestos internacionales. Dicha laguna legal puede integrarse sin dificultad con el recurso a un Principio General del Derecho internacional privado, como es el principio de «vinculación más estrecha», de modo que la posibilidad de contraer matrimonio con persona del mismo sexo, debe regirse, en los casos internacionales, por la Ley del país con el que la situación fáctica presente los vínculos más estrechos. No es difícil concluir que en el presente caso se trata de un matrimonio que se pretende celebrar ante autoridad española y por contrayentes con domicilio en España, con lo que España resulta ser el país más vinculado con la situación. Por tanto, la Ley española es aplicable a la cuestión de decidir si la identidad de sexos impide o no impide la celebración de este matrimonio. Como quiera que la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio («BOE» núm. 157, de 2 julio de 2005) ha venido a permitir explícitamente tal posibilidad, el matrimonio entre los sujetos británicos del mismo sexo ante autoridad

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civil española es perfectamente posible y debe ser autorizado. Segundo.  En el caso de que la posibilidad de contraer un matrimonio con persona del mismo sexo se considerase una cuestión de «capacidad matrimonial», no puede dudarse de que, en principio, la regla sobre la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento matrimonial, determinada por el estatuto personal de los contrayentes, es la contenida en el artículo 9.1 Cc, y así lo hemos de ratificar. En efecto, no existe en Derecho internacional privado español una norma específica que señale la Ley aplicable a la «capacidad matrimonial». Sin embargo, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia indican que la capacidad «matrimonial» es un aspecto particular de la «capacidad». Por ello, el artículo 9.1 Cc es aplicable y la Ley reguladora de la capacidad matrimonial debe ser la Ley nacional de cada contrayente en el momento de la celebración del matrimonio. Así lo ha sostenido también reiteradamente el Tribunal Supremo (vid. Sentencias de 29 de mayo de 1970 y 22 de noviembre de 1977) y esta Dirección General de los Registros y del Notariado (vid. Resoluciones de 6-1.ª de noviembre de 2000, 24-3.ª de mayo de 2002 o, más recientemente, en la de 24-3.ª de enero de 2005 y en la de 25 octubre de 2005, entre otras muchas). El momento en el que ha de apreciarse la capacidad matrimonial es en el expediente matrimonial o en su defecto, en el momento de inscripción del matrimonio, ya celebrado, en el Registro Civil español. En concreto, la imposibilidad de contraer matrimonio con persona del mismo sexo pertenecería al grupo de los llamados «impedimentos bilaterales» o «impedimentos relativos», pues no permiten contraer matrimonio con ciertas personas concretas, y es una cuestión que, de aceptar una calificación de la misma como cuestión de «capacidad matrimonial», debe regirse por la Ley nacional de cada contrayente. Sin embargo, lo anterior no debe llevar a la conclusión precipitada que el auto recurrido sostiene, de que la

ley extranjera que integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso con independencia del contenido de dicha Ley extranjera aplicable. Es claro que, en presencia de determinadas circunstancias, no procede aplicar la citada Ley nacional del contrayente extranjero que pretende contraer matrimonio civil en España. En concreto, una Ley extranjera no podrá ser aplicada en España cuando resulte contraria al «orden público», tal y como expresa el artículo 12.3 Cc. Y es claro que, tras la entrada en vigor de la Ley 13/2005, la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo ha pasado a integrar el orden público internacional español en materia de capacidad matrimonial. El orden público internacional presenta un carácter restrictivo, de manera que debe intervenir las menos veces posibles, es decir, debe operar exclusivamente para la defensa de los valores irrenunciables incorporados a nuestro Ordenamiento jurídico. Así, esta Dirección General ha recurrido a la excepción de orden público internacional en materia de capacidad matrimonial, de modo que se ha rechazado la aplicación de la ley extranjera alegando excepción de orden público en casos de leyes extranjeras que admiten los matrimonios poligámicos, no reconociendo capacidad nupcial a las personas ya ligadas por anterior matrimonio no disuelto (cfr. Resoluciones de 14 de diciembre de 2000 y 4-7.ª de diciembre de 2002, entre otras); en casos de leyes extranjeras que prohíben contraer matrimonio entre personas de distintas religiones, en particular respecto de las leyes que limitan el derecho de la mujer musulmana a contraer matrimonio con varón no musulmán (cfr. Resoluciones de 7 de junio de 1992 y 10-1.ª de junio de 1999); en casos de leyes extranjeras que impiden el matrimonio entre transexual con persona de su mismo sexo biológico, pero distinto sexo legal por no reconocer el cambio de sexo declarado judicialmente en España (vid. Resolución de 24-3.ª de enero de 2005); y en casos de leyes ex-

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tranjeras que admiten el matrimonio entre niños, es decir, respecto de menores que no hayan alcanzado la edad a partir de la cual el impedimento de edad es dispensable (vid. a sensu contrario Resolución de 15-3.ª de junio de 2004). Pues bien, aunque la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo no es, en Derecho español, una exigencia constitucional, es claro que el derecho a contraer matrimonio con individuos del mismo sexo sí tiene un evidente «fundamento constitucional», como indica la Exposición de Motivos (II) de la citada Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. En este sentido, el matrimonio entre personas del mismo sexo fomenta la promoción de la igualdad efectiva de los ciudadanos en el libre desarrollo de su personalidad (arts. 9.2 y 10.1 CE 1978), la preservación de la libertad en lo que a las formas de convivencia se refiere (arts. 1.1 CE 1978) y la instauración de un marco de igualdad real en el disfrute de los derechos sin discriminación alguna por razón de sexo, opinión o cualquier otra condición personal o social (arts. 14 CE 1978). El anclaje constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo hace del mismo un elemento básico del sistema matrimonial español que forma parte del «orden público internacional español» y que requiere una enérgica defensa ante la aplicación de Leyes extranjeras que pudieran vulnerar el jus connubii. En este sentido se ha pronunciado, igualmente, como indica el recurso del Fiscal al auto aquí examinado, la Fiscalía General del Estado en la Comunicación de 27 de julio de 2005 en la que acoge el previo Informe de la Sección de lo Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Otro dato es importante: También otros legisladores extranjeros de países cuyos Ordenamientos jurídicos admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, han recurrido al «orden público internacional» para evitar la aplicación en dichos países de las Leyes extranjeras que no admiten el matrimo-

nio entre personas del mismo sexo. El caso paradigmático es el de Bélgica: La Circular del Ministerio de Justicia de 23 enero de 2004 relativa a ciertos aspectos de Derecho internacional privado de la Ley de 13 febrero de 2003 que introdujo el matrimonio entre personas del mismo sexo, Ley que abordaba problemas de Derecho internacional privado antes de la actual Ley-Código de Derecho internacional privado de 16 julio de 2004, estableció de manera terminante que una Ley extranjera que impida el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatoria y vulnera el orden público internacional, por lo que no debe ser aplicada, y en su lugar se aplicará la lex fori. Naturalmente, el hecho de que la Ley 13/2005 sea reciente, nada tiene que ver con el hecho de que haya incorporado un valor digno de defensa a través del orden público internacional frente a Leyes extranjeras. Se trata de una Ley aprobada por las Cortes españolas, resultado de un proceso plenamente democrático, una Ley cuya aplicación es inexcusable. Aunque el auto recurrido afirma que dicha Ley se halla «en contradicción con otras numerosas normas de nuestro Ordenamiento», lo cierto es que el citado auto no cita ninguna de tales normas, quizás precisamente, porque dicha contradicción normativa no existe en modo alguno. Por último, no es ocioso recordar que, en el estado actual del Derecho comunitario, es perfectamente posible que una norma jurídica de un país comunitario pueda vulnerar el orden público internacional de otro país comunitario. De hecho, en un reciente caso, los tribunales italianos han estimado que las Leyes holandesas, que admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, vulneran el orden público internacional «italiano», por lo que no pueden recibir aplicación en Italia (decreto del Tribunale di Latina de 10 de junio de 2005). Por la misma razón puede afirmarse que las leyes de un país comunitario que no admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, vulneran el orden público

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internacional «español» y que por tanto no pueden ser aplicadas en España. Tercero.  La afirmación contenida en el auto recurrido, en el sentido de que «es público y notorio que la reciente regulación británica de las uniones de pareja entre personas del mismo sexo no resulta equiparable, en modo alguno a la consideración de las mismas como matrimonio que efectúa la ley española, ni en la forma ni en el contenido», tampoco se sostiene. En efecto: El auto recurrido no cita la concreta normativa inglesa a la que se refiere ni ninguno de sus preceptos, ni cita apoyo documental o doctrinal que sustente su afirmación. Aunque el Encargado del Registro civil puede recurrir a su conocimiento propio del Derecho extranjero (art. 91 RRC a sensu contrario), no es menos cierto que debe, en todo caso, motivar sus decisiones, lo que aquí no concurre ante la falta total de apoyo legal de esta peregrina afirmación. Pero es que, por si fuera poco, la más acreditada doctrina internacionalprivatista británica ha dejado claro que la «Civil Partnership Act» 2004, que entró en vigor el 5 de diciembre de 2005, concede a los convivientes del mismo sexo cuya unión ha sido registrada en el Reino Unido, derechos muy similares a los concedidos a los sujetos de distinto sexo unidos en matrimonio (D. McClean & K. Beevers, Morris, «The Conflict Of Laws», 6th ed., Thomson, Sweet & Maxwell, London, 2005, p. 212). En concreto, las diferencias entre matrimonio y unión civil en el vigente Derecho británico son las que siguen: 1.º)  El nombre de la institución: «matrimonio» («marriage») en un caso y «unión civil» en el otro («civil partnership»); 2.º)  El modo en el que se registra el matrimonio y la unión civil, ya que siguen procedimientos distintos; 3.º)  Un matrimonio se entiende celebrado cuando se pronuncian determinadas palabras («I now pronounce you man and wife»), mientras que en relación a las uniones civiles, no existen palabras particulares que deban pronunciarse en la ceremonia para que tal unión civil sea considerada válidamente celebrada; 4.º)  No es posi-

ble disolver una unión civil por ciertas causas que sólo son aplicables a la disolución de un matrimonio. Tales causas son la «no consumación de la unión» y el «adulterio», si bien esta diferencia entre matrimonio y unión civil es mínima, pues las causas citadas, no consumación y adulterio, pueden constituir un motivo de disolución de la unión civil ya que la «conducta irrazonable» («unreasonable behavior») es motivo de disolución de la unión civil; 5.º)  Legalmente, el matrimonio se considera como una vinculación «para toda la vida» («lifelong») mientras que la unión civil es considerada exclusivamente como una vinculación duradera con intención de permanencia en el tiempo («long term and intended to be permanent»); 6.º)  Los integrantes de una unión civil no tienen derecho a ser llamados con el título de cortesía de «marido» (husband) y «esposa» (wife). El resto de efectos legales que surten la unión civil y el matrimonio son idénticos en Derecho británico. Por otro lado, en flagrante contradicción con lo que afirma el auto recurrido, cuyo conocimiento del Derecho británico es cuanto menos, escaso, la Children Adoption Act 2002, reformada por la citada «Civil Partnership Act» 2004, admite la adopción por parte de personas del mismo sexo unidas en virtud de una «Civil Partnership» registrada. Así, incluso en el caso de que resultara aplicable la Ley británica al matrimonio aquí debatido, una «calificación por la función» debería llevar a admitir dicho matrimonio entre personas del mismo sexo en España, ya que la Ley británica, en su sustancia, admite una «unión civil registrada» cuya función y efectos legales son prácticamente idénticos a la función y efectos legales que surte el matrimonio, aunque bajo distinto nomen juris. No admitir el matrimonio en España de ambos sujetos resultaría injusto, ya que los sujetos ingleses del mismo sexo no pueden unirse en virtud de «unión civil registrada» en España, pues dicha institución no existe en Derecho civil común español. En conclusión, nada de lo afirmado en el

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auto recurrido sobre este extremo se corresponde con la realidad. Cuarto. El auto recurrido insiste con énfasis particular en que «de poco sirve al extranjero se le reconozca derecho a contraer matrimonio con persona de su mismo sexo en nuestro país, cuando dicho matrimonio será nulo y no reconocido en el suyo, y no producirá efectos». Esta afirmación es errónea, equivocada y carece de todo sustento legal, y ello por varios motivos: 1.º)  No es función del Encargado del Registro Civil español realizar una labor de control de la eficacia de un matrimonio en un país extranjero. Dicha labor de control corresponde desarrollarla a las autoridades extranjeras, que son las mejor posicionadas para decidir si el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en España surte efectos jurídicos, y cuáles, en su país. Como ya afirmaba la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de este Centro directivo, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, «el Encargado del Registro Civil español no debe operar, desde el punto de vista de las funciones que tiene atribuida, como «guardián» del sistema legal extranjero por lo que no debe negar la posibilidad de contraer matrimonio en España a personas del mismo sexo por la sola razón de que en el país del que son nacionales los cónyuges, dicho matrimonio no producirá efectos. Son las autoridades extranjeras las que deben decidir si el matrimonio contraído en España entre personas del mismo sexo surte efectos en tal país extranjero o no los surte por resultar contrario a su orden público internacional». Pero es que, además, el juicio vertido por la Encargada del Registro Civil de Denia en el auto recurrido es erróneo, dado que en el Reino Unido de la Gran Bretaña los matrimonios entre personas del mismo sexo válidamente celebrados en otros países sí producen efectos jurídicos. Así es, pues la «Civil Partnership Act» 2004 estima que tales matrimonios serán considerados en la Gran Bretaña, Civil Partnerships con los efectos jurídicos que el Derecho británico atribuye a estas uniones. Efectos

jurídicos que son, como antes se ha avanzado, perfectamente equiparables a los efectos que surte el matrimonio regulado por la legislación española; 2.º)  La afirmación de que el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en España entre dos nacionales británicos es un matrimonio «claudicante» es también equivocada: un matrimonio no es «claudicante» si sus efectos sustanciales van a producirse en un país que sí admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si los cónyuges británicos tienen su domicilio en España, es indudable que el matrimonio que pudieran contraer entre ellos en España con arreglo al Derecho sustantivo español surtirá plenos efectos jurídicos en España, que es el país donde primordialmente interesa que dicho matrimonio despliegue sus plenos efectos, pues los contrayentes tienen en España su «centro social de vida» y es en España donde su unión matrimonial surtirá sus efectos sustanciales. No cabe ignorar, sin embargo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo válidamente celebrado en España puede repercutir también en otro país, en particular en el país cuya nacionalidad ostentan los contrayentes. Pues bien, son los contrayentes los que deben saber y asumir que su matrimonio válidamente celebrado en España puede desplegar sólo ciertos efectos legales, o ninguno, según los casos, en su país de origen. En otros países que también admiten los matrimonios entre personas del mismo sexo, ésta ha sido la perspectiva adoptada. En efecto, en Bélgica, la «Circulaire remplaçant la circulaire du 8 mai 2003 relative à la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil» del Ministerio del Interior belga, de fecha 23 de enero de 2004 indica que «es extremadamente importante que el oficial del Estado civil llame la atención de los interesados sobre los inconvenientes posibles de estos matrimonios [entre personas del mismo sexo] en el extranjero. En interés de los futuros esposos, éstos deben hacerse aconsejar sobre su estatuto jurídico en

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la hipótesis de que establezcan su domicilio en el extranjero o en el caso de que tengan intereses patrimoniales en el extranjero». En todo caso, no es éste el caso objeto del auto recurrido, pues como antes ha quedado demostrado, el matrimonio entre personas del mismo sexo válidamente celebrado en España surte prácticamente todos sus efectos jurídicos tanto en España como en la Gran Bretaña. No debe olvidarse que en los casos totalmente desvinculados de la esfera legal española y que, precisamente por ello, darían lugar a matrimonios verdaderamente claudicantes, las autoridades españolas carecen de competencia tanto para instrucción del expediente matrimonial como para la celebración del enlace (cfr. art. 57 Cc). En este caso, pero sólo en este caso, carecería de sentido autorizar la celebración en España de un matrimonio entre personas del mismo sexo que son nacionales de países cuyas Leyes no admiten este matrimonio a causa de la identidad de sexo entre los contrayentes. En efecto, así ocurriría si ninguno de los contrayentes fuera español ni tuviera su domicilio en España. Pero obviamente, éste no es el caso objeto del auto recurrido; 3.º)  El auto recurrido arranca del presupuesto de que las autoridades inglesas estimarán que el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en España es nulo porque se ha celebrado con arreglo al Derecho español y con arreglo al Derecho británico, que es el Derecho del país cuya nacionalidad ostentan los contrayentes. Pues bien, este presupuesto del que arranca el auto recurrido es también erróneo, porque, como es sabido, en el Reino Unido la Ley que rige la capacidad matrimonial es la Ley del país de domicilio de cada contrayente («Dual Domicile Doctrine»), tesis original de Dicey y plasmada en la jurisprudencia británica (Brook vs. Brook 1861, Mette vs. Mette 1859, In Re Paine 1940, Sotomayor vs. De Barros 1877, entre otros precedentes). Y como los contrayentes tienen su domicilio en España, la Ley sustantiva española es la Ley que aplicará la autoridad británica para acredita la ca-

pacidad matrimonial de los contrayentes ingleses con domicilio en España, siempre a salvo el orden público internacional inglés. Y por cierto, el orden público internacional actúa con mayor intensidad cuando de lo que se trata es de crear o constituir una nueva situación jurídica y opera con menor intensidad cuando lo que se valora es la posible aplicación de la ley extranjera a los efectos de una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de dicha ley. Es por ello que en la Gran Bretaña ciertos matrimonios poligámicos se consideran «matrimonios» a ciertos efectos jurídicos, lo que invita a creer que en dicho país el matrimonio entre personas del mismo sexo válidamente celebrado en nuestro país no será de peor condición que un matrimonio poligámico celebrado en un tercer país y que, por tanto, también surtirá efectos legales en la Gran Bretaña como «matrimonio»; 4.º)  El auto recurrido olvida, por otro lado, que precisamente por el hecho de que los contrayentes tienen su domicilio en España, la remisión que el artículo 9.1 Cc hace en favor de la Ley nacional inglesa de los contrayentes viene seguida inmediatamente por la remisión que las normas de conflicto británicas hacen en favor de la Ley sustantiva española. Efectivamente, existe un «reenvío de primer grado» admitido por el artículo 12.2 Cc: la capacidad para contraer matrimonio se rige por la Ley nacional británica de los contrayentes pero visto que dicha Ley británica remite la regulación de la capacidad matrimonial a la Ley sustantiva española correspondiente al domicilio de los contrayentes («The Dual Domicile Doctrine»), es esta Ley sustantiva española y no la Ley sustantiva británica la que debe regir la capacidad de dos sujetos británicos con domicilio en España que pretenden contraer matrimonio en nuestro país. Este reenvío de primer grado, que no es obligatorio (vid. STS, Civil, de 15 de diciembre de 1996), resulta en este caso un mecanismo muy conveniente, pues su proyección en este concreto supuesto fomenta valores constitucionales, ya que

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potencia el ius connubii y conduce a aplicar la Ley del país más vinculado con la situación jurídica, lo que refuerza la seguridad jurídica. Ya la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005 de este Centro Directivo subrayó que en relación con Inglaterra, Gales y Escocia, el reenvío de primer grado en favor de la Ley sustantiva española hace posible la celebración en España de un matrimonio con arreglo a la Ley española por lo que hace referencia a la capacidad de los contrayentes; 5.º)  No debe exagerarse el peligro, si es que existe, de que un matrimonio entre personas del mismo sexo válidamente celebrado en España pueda no producir efectos jurídicos en el país comunitario cuya nacionalidad ostentan los contrayentes. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha consolidado una jurisprudencia integradora en cuya virtud las normas de Derecho internacional privado de los Estados Miembros no pueden ser aplicadas cuando constituyan «obstáculos» a la libre circulación de personas y a las demás libertades comunitarias. Por ello, el citado Tribunal ha declarado que una situación jurídica válidamente creada y válidamente constituida en un Estado Miembro que resulta necesaria para ejercer las libertades comunitarias, debe ser considerada como válida y existente en los demás Estados Miembros con independencia de lo que dispongan las normas de Derecho internacional privado de los Estados Miembros (STJCE de 30 de marzo de 1993, Konstantinidis; STJCE de 2 de diciembre de 1997, Dafeki; STJCE de 23 de noviembre de 2000, Elsen; STJCE de 9 de marzo de 1999, Centros; STJCE de 5 de noviembre de 2002, Überseering, STJCE de 30 de septiembre de 2003, Inspire Art; STJCE de 2 de octubre de 2003, García Avello). La proyección de esta jurisprudencia en el ámbito que nos ocupa potenciará los efectos en toda la Comunidad Europea de los matrimonios entre personas del mismo sexo válidamente celebrados en España y demás países comunitarios que los admiten.

Quinto.  En contra de lo que sostiene el auto recurrido, la aplicación de la Ley española que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo en perjuicio de la Ley nacional de los contrayentes y del artículo 9.1 Cc, nunca puede resultar contraria al orden público internacional. Es obvio que esta excepción de orden público internacional opera contra los efectos intolerables de la aplicación de una Ley extranjera en España y no contra la aplicación de la misma Ley española, lo que es absurdo y contrario a la letra y espíritu del artículo 12.3 Cc y refleja unos escasos conocimientos de una de las instituciones clásicas del Derecho internacional privado. Sexto.  En contra de lo proclamado por el auto recurrido, no es cierto que la DGRN haya establecido unilateralmente «un criterio lex fori en materia afectante al estatuto personal y tradicionalmente regulada en el ámbito internacional por la Ley nacional del interesado». Como antes se ha afirmado, el artículo 9.1 Cc está plenamente vigente, de modo que la capacidad matrimonial se rige por la Ley nacional de cada contrayente. Lo único que esta Dirección General ha subrayado es que, en determinadas ocasiones, la aplicación en España de una Ley extranjera reclamada por la norma de conflicto contenida en el artículo 9.1 Cc produce efectos intolerables para el Ordenamiento jurídico español, por lo que debe ser descartada, aplicándose la Ley sustantiva española en su lugar. Y también se ha afirmado que la posibilidad de contraer matrimonio con persona del mismo sexo podría recibir una calificación de «requisito objetivo del matrimonio» y no de cuestión relativa a la «capacidad matrimonial», de modo que la Ley aplicable a dicho «requisito objetivo» debería ser la Ley española cuando los contrayentes tienen su domicilio en España y es española también la autoridad celebrante. Séptimo.  En contra de lo afirmado por el auto recurrido, el Auto del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2005 indica con meridiana claridad

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que los Jueces y Magistrados-jueces Encargados del Registro Civil, cuando operan en esta específica condición de «Encargados del Registro Civil» y en el ejercicio de las funciones que como tal les corresponden, «se integran en una estructura administrativa, la del Registro Civil, bajo la dependencia funcional del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, a cuyas órdenes e instrucciones se encuentra sometido». En otras palabras, el Encargado del Registro Civil no desarrolla, en dicho contexto, funciones «jurisdiccionales», aunque la llevanza del Registro Civil esté, por razones históricas, encomendada órganos judiciales, no es una función jurisdiccional, sino una función registral ex artículo 2 LRC (ver en igual sentido, STJCE, As. C-96/04, de 27 de abril de 2006). De ahí resulta sencillo deducir que el Registro Civil depende del Ministerio de Justicia, y la Dirección General de los Registros y del Notariado, órgano directivo dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia, tiene encomendadas todas las cuestiones referentes al artículo 9 de la Ley del Registro Civil y artículos 2.2 y 4 del Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Justicia. La conclusión es evidente: el artículo 9 RRC es un precepto plenamente vigente y en estricta sintonía con la Constitución española. Es decir, como indica el mencionado precepto, «los encargados del Registro, cualesquiera que sean los cargos o empleos que desempeñen, deben cumplir, para todo cuanto se refiere al Registro Civil, las órdenes e instrucciones del Ministerio de Justicia y de la Dirección General del ramo, aun cuando les fueran comunicadas directamente». Por tanto, la Magistrada-Juez Encargada del Registro Civil de D., cuando interviene como tal Encargada del Registro Civil, debe acatar las instrucciones de esta Dirección General, que por lo demás, son meridianamente claras en relación con el matrimonio a celebrar en España ante autoridad civil española (cfr. Resolución-Circular de 29

de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo). Octavo.  Por tanto, si se tienen en cuenta todos los argumentos anteriores, se concluye que no existe obstáculo legal a la celebración de este matrimonio. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria que procede: 1.  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.  Declarar que no hay obstáculos para que el Juez Encargado autorice el matrimonio.

Resolución (1.ª) de 30 de noviembre de 2006, sobre nulidad de actuaciones. Se declara la nulidad del auto del Encargado que deniega un expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia, para lo que carece de competencia. En el expediente sobre adquisición de la nacionalidad por residencia, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores, contra Auto del Sr. Juez Encargado del Registro Civil de P.

HECHOS 1.  El 12 de julio de 2005 C. nacida en S. (República Argentina) el 14 de mayo de 1991, de nacionalidad argentina, con asistencia de sus padres, como representantes legales: don O. y doña M., mayores de edad e igual nacionalidad que su hija, con domicilio en P., presentaron escrito en el Registro Civil correspondiente a su domicilio para promover expediente de adquisición de la nacionalidad española de la menor. Como fundamento a su solicitud aportaron los siguientes documen-

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tos: Certificado municipal de empadronamiento en P., certificado argentino de nacimiento de la menor, informe de residencia de ésta expedido por la Dirección General de la Policía, certificado de inscripción consular, fotocopia del NIE, fotocopia de su pasaporte argentino y fotocopia de contrato de trabajo, nóminas e Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido al padre. 2.  Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal informó que no procedía acceder a lo solicitado al no estar acreditada la residencia legal y continuada de la menor. Por su parte, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de P. dictó Auto por el que acordó que no había lugar a la solicitud de nacionalidad española por residencia. 3.  Notificado el Auto anterior al Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron recurso en el Registro Civil de P. el 10 de febrero de 2006 para que fuera elevado a la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revocación del Auto denegatorio puesto que, según ellos, sí quedaba acreditada la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud de nacionalidad superior a los dos años que exige la legalidad vigente. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que puso de manifiesto que la decisión sobre la concesión de nacionalidad por residencia correspondía al Ministerio de Justicia, careciendo el Sr. Juez Encargado de facultad decisoria en esta materia, debiendo instruir el expediente conforme a las reglas generales, formulando, si estima que no concurren los requisitos legalmente establecidos, Auto con propuesta desfavorable como paso previo a la elevación del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. 5.  El Sr. Juez Encargado del Registro Civil de P., por providencia del 14 de marzo de 2006, acordó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para que resol-

viera lo procedente sobre el recurso interpuesto por los promotores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 21 y 22 del Código civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 63 de la Ley del Registro Civil; 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 9-1.ª y 2.ª de julio, 19-2.ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3.ª de enero de 2002; y 17-3.ª de mayo de 2004. II.  En los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia el Encargado del Registro Civil del domicilio carece de facultad decisoria, porque la concesión compete al Ministerio de Justicia (cfr. arts. 21 y 22 Cc). Por lo tanto, si el Encargado, que ha de instruir la primera fase del expediente (cfr. art. 365 RRC), estima que no se cumplen los requisitos legales para la concesión, ha de limitarse a elevar lo actuado a este Centro Directivo, una vez tramitado conforme a las reglas generales, con el correspondiente auto-propuesta que puede ser desfavorable. III.  No se ha hecho así en el presente caso, en el que la Juez Encargada ha acordado no haber lugar a la solicitud de nacionalidad española por residencia, por lo que procede ahora, al resolver el recurso interpuesto, declarar la nulidad de las actuaciones por falta de competencia. Así resulta de la aplicación de los artículos 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 16 del Reglamento del Registro Civil. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Declarar la nulidad, por incompetencia, del auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de P., en el expediente gubernativo 249/2005.

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2.º  Ordenar la tramitación de este expediente como solicitud de nacionalidad española por residencia en este Centro Directivo, competente para su resolución.

Resolución (2.ª) de 30 de noviembre de 2006, sobre rectificación de errores. No prospera por falta de pruebas el expediente de rectificación de error en la fecha de nacimiento. En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el promotor contra Auto del Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  El 2 de agosto de 2005, D. M., mayor de edad y con domicilio en B., compareció en el Registro Civil correspondiente a su domicilio para instar la rectificación de un error en la inscripción de su nacimiento efectuada por el Registro Civil Central. Dicho error consistía, según el, en que en que constaba como fecha de nacimiento el día 4 de febrero de 1960, siendo lo cierto que él nació el día 14 de febrero de 1960. Como fundamento a su solicitud aportó: Certificado literal original de nacimiento expedido por el Registro Civil Central con nota marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia y traducción de su certificado de nacimiento expedido por el Consulado de Marruecos en B. 2.  El Ministerio Fiscal, visto el contenido del expediente de rectificación, entendió que el error denunciado había quedado suficientemente acreditado, por lo que estimó que era procedente acceder a lo solicitado. Por su parte, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de B., a la vista de lo actuado estimó, al igual que el Ministerio

Fiscal, que procedía acceder a lo solicitado por el promotor y ordenó la remisión de las actuaciones al Registro Civil Central para su resolución definitiva. 3.  El 10 de octubre de 2005, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central, tras incorporar al expediente de rectificación de error la documentación que se tuvo en cuenta en el momento de practicar la inscripción de nacimiento del promotor en el Registro Civil Central, dictó Auto dictaminando que no había lugar a la rectificación del error denunciado, porque el día del nacimiento que se había consignado en el asiento que se cuestionaba, era el mismo que reflejaba la correspondiente certificación de nacimiento del registro extranjero y, contra esa prueba, no podía prevalecer otra certificación posterior en la que figuraba otra fecha de nacimiento, porque no constaba que se hubiese cometido error al expedir la primera certificación ni que la inscripción de nacimiento correspondiente hubiera sido objeto de ulterior rectificación. 4.  Notificado el Auto anterior al Ministerio Fiscal y al promotor del expediente, llevada a cabo en el Registro Civil de B. el 16 de diciembre de 2005, éste manifestó su desacuerdo con el Auto denegatorio, por lo que se tuvo por presentado recurso contra el mismo. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la confirmación de la resolución recurrida por sus propios fundamentos, al entender que, efectivamente no procedía la rectificación del error alegada al no haber existido tal. El Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central acordó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso planteado informando que, a su juicio, no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución denegatoria.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resolución (3.ª) de 30 de noviembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero.

I.  Vistos los artículos 92 y 94 de la Ley del Registro Civil; 295 y 342 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 2-1.ª y 2.ª y 15-3.ª de enero y 12-1.ª y 2.ª y 16-1.ª de febrero y 7-1.ª de marzo de 2002; 12 de abril y 4-5.ª de noviembre de 2003. II.  Se ha intentado por este expediente la rectificación del día del nacimiento en la inscripción de nacimiento del promotor del expediente. Dicha inscripción, según consta en el auto recurrido, se hizo por trascripción de la certificación local expedida por la Oficina del Estado Civil de B. el 30 de septiembre de 1998, que el interesado aportó al expediente. En ella consta como fecha de nacimiento la de 4 de febrero de 1970. Consta también otra certificación que el interesado aporta con el recurso en la que, efectivamente, la fecha de nacimiento coincide con la que éste manifiesta, 14 de febrero de 1970. III.  Es cierto que por expediente gubernativo pueden rectificarse los errores que procedan de documento público ulteriormente rectificado (cfr. art. 94-2.º LRC y 295 RRC), pero el éxito del expediente en los casos contemplados por el artículo 94 de la Ley requiere inexcusablemente que se haya producido una rectificación efectiva del documento extranjero por las autoridades a quien corresponda, lo que no ha sucedido en este caso, en el que se presenta una segunda certificación contradictoria con la inicialmente presentada surgiendo la duda de cuál sea realmente la correcta. Por tanto, la rectificación instada habría precisado de una previa rectificación de la inscripción de nacimiento del interesado en su país de origen. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 12 de julio de 2005, doña M., nacida en España el 9 de junio de 1973, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 11 de mayo de 2005 en Cuba, según la ley local, con don R., nacido en H. (Cuba), el 23 de junio de 1971, de nacionalidad cubana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada y certificado de nacimiento y certificado de estado civil del interesado. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que su esposo es músico y ella higienista dental, que es soltera, que conoció a su esposo en febrero de 2005 en H. a través de A., ciudadana española, que su esposo es soltero. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que tiene 34 años, que es soltero, que trabaja como músico, que su esposa tiene 33 años, que es soltera, que trabaja como higienista dental, que es diplomada en enfermería, que se conocieron en febrero de 2005 en la casa de su hermana R., a

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través de A., que ella regresó a Cuba en mayo de 2005 para contraer matrimonio, que desde entonces no se han vuelto a ver. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 26 de enero de 2006 el Juez Encargado del Registro Civil Consular en H. dicta auto denegando la trascripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que no se trata de un matrimonio de conveniencia, aportando pruebas documentales como cartas, fotografías, facturas telefónicas, etc. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247,

256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 18 de junio, 1-1.ª y 2-2.ª de septiembre y 27-4.ª de diciembre de 2005; 19-1.ª de enero, 9-3.ª y 21-2.ª de febrero, 16-1.ª de marzo, 7-2.ª y 3.ª y 11-4.ª de abril, 31-1.ª y 5.ª de mayo, 23-2.ª de junio, 205.ª, 22 y 25-1.ª de julio y 5-2.ª de septiembre de 2006. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la au-

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sencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no tienen entidad suficiente como para deducir con seguridad que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente se advierte un grado de coincidencia que no permite deducir una utilización fraudulenta del matrimonio. Los interesados tienen un nivel de conocimiento de sus datos, que es adecuado a las preguntas que se les formularon. Los justificantes aportados de los viajes realizados y de la comunicación continuada que han mantenido, ponen de manifiesto la voluntad tenida al contraer matrimonio de constituir una relación con carácter permanente. Se une a ello el informe médico adjuntado al expediente en el que consta el embarazo de la interesada. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.

2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 11 de mayo de 2005 en H. (Cuba) entre don R. y doña María-G.

Resolución (5.ª) de 30 de noviembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 20 de enero de 2006, doña S., nacida en A., el 19 de junio de 1968, de nacionalidad española, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el 22 de septiembre de 2005 en M. (Cuba) con don R., nacido en P. (Cuba), el 2 de diciembre de 1975, de nacionalidad cubana. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción, declaración de estado civil, certificado de matrimonio local; certificado de nacimiento, de matrimonio anterior, y de sentencia de divorcio, correspondiente al contrayente; y certificado de nacimiento, y fe de vida y estado correspondiente a la contrayente. 2.  Ratificados los interesados, en fecha 20 de enero de 2006 compareció el interesado en el Registro Consular manifestando que tiene 30 años de edad, es divorciado, y animador turístico en un hotel de V.; que su actual esposa tiene 37 años de edad, es soltera, y trabaja en el C.; que se conocieron en octubre

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de 2004, en el hotel donde él trabajaba y ella estaba hospedada, y durante diez días se relacionaron como amigos y como pareja; que ella volvió a Cuba en marzo de 2005, por 11 días, en junio, por 10 ó 11 días, en septiembre, por 14 días, y en enero de 2006, por una semana. En la misma fecha se celebró la audiencia reservada con la contrayente en el Registro Civil Consular, manifestando que tiene 37 años, es soltera, y trabaja en el C.; que su actual esposo tiene 30 años, es divorciado, y es estudiante de animación turística, y licenciado en cultura física; que se conocieron en octubre de 2004, en el hotel donde ella estaba hospedado y él hacia sus practicas, y durante diez días mantuvieron una relación de amistad y de pareja; que ella volvió a Cuba en marzo, junio, y septiembre de 2005, y enero de 2006. 3.  El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que existiendo una certeza racional de obstáculo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 16 de febrero de 2006 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4.  Notificada la resolución a los interesados, la promotora, representada por letrada, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la inscripción de su matrimonio, alegando que el auto denegatorio no estaba motivado, presentado, entre otra, la siguiente documentación: poder de representación, acta de manifestaciones, justificantes de los viajes realizados, fotografías, y facturas telefónicas. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe

emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 18 de junio, 1-1.ª y 2-2.ª de septiembre y 27-4.ª de diciembre de 2005; 19-1.ª de enero, 9-3.ª y 21-2.ª de febrero, 16-1.ª de marzo, 7-2.ª y 3.ª y 11-4.ª de abril, 31-1.ª y 5.ª de mayo, 23-2.ª de junio, 205.ª, 22 y 25-1.ª de julio y 5-2.ª de septiembre de 2006. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente

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para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no tienen entidad suficiente como para deducir con seguridad que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente se advierte un grado de coincidencia que no permite deducir una utilización fraudulenta del matrimonio. Los interesados tienen un nivel de conocimiento de sus datos, que es adecuado a las preguntas que se les formularon. Los justificantes aportados de los viajes realizados, de la comunicación continuada que han mantenido, del envío de determinados presentes, ponen de manifiesto la voluntad tenida al contraer matrimonio de constituir una relación con carácter permanente. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o

denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 22 de septiembre de 2005 en V. (Cuba) entre don R. y doña S.

Resolución (6.ª) de 30 de noviembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 21 de julio de 2005, don J., nacido en España el 29 de julio

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de 1958, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 22 de junio de 2005 en Cuba, según la ley local, con doña D., nacida en H. (Cuba), el 23 de febrero de 1980, de nacionalidad cubana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificado de estado civil del interesado y certificado de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada.

niencia, aportando pruebas documentales como cartas, correos electrónicos, pasajes de avión, certificados de giros monetarios, etc.

2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 25 años, es soltera y no trabaja, que es licenciada en educación, que su esposo tiene 48 años, es soltero, que tiene estudios elementales, que trabaja en la construcción, que se conocieron en diciembre de 2004, que se relacionaron como pareja durante 25 días, que su esposo viajó por segunda y última vez a Cuba en junio de 2005, que contrajeron matrimonio el 22 de junio de 2005, que no se han vuelto a ver. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que es peón de albañil, que su esposa es maestra de profesión, que se conocieron en diciembre de 2004 en la casa donde estaba alojado, a través de una amigo de la madre de su esposa, que desconoce el nombre de los hermanastros de su esposa porque no le fueron presentados.

3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 26 de enero de 2006 el Juez Encargado del Registro Civil Consular en H. dicta auto denegando la trascripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que no se trata de un matrimonio de conve-

5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 18 de junio, 1-1.ª y 2-2.ª de septiembre y 27-4.ª de diciembre de 2005; 19-1.ª de enero, 9-3.ª y 21-2.ª de febrero, 16-1.ª de marzo, 7-2.ª y 3.ª y 11-4.ª de abril, 31-1.ª y 5.ª de mayo, 23-2.ª de junio, 205.ª, 22 y 25-1.ª de julio y 5-2.ª de septiembre de 2006. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta ins-

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cribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan, las declaraciones de uno y otro contrayente no se advierte en ellas contradicciones sino mas bien coincidencia en las respuestas dadas a las preguntas que se le formularon, lo que no proporciona los elementos de juicio necesarios para deducir una utilización fraudulenta del matrimonio. Los interesados, además, aportan pruebas que evidencian la existencia de una comunicación y relación

continuada (cartas, correos electrónicos, envíos de dinero). Todo ello no permite alcanzar la convicción de que el consentimiento matrimonial hay sido prestado simulada y fraudulentamente por ellos. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria. 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 22 de junio de 2005 en H. (Cuba) entre don J. y doña D.

Resolución (1.ª) de 1 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en

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trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 8 de marzo de 2006, don M., nacido en A. el 29 de febrero de 1963, de nacionalidad española, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 25 de enero de 2006 en H. (Cuba), según la ley local, con doña M., nacida en H. (Cuba), el 15 de febrero de 1974, de nacionalidad cubana. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, declaraciones juradas de estado civil y certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, de matrimonio anterior y de sentencia de divorcio, correspondiente a la contrayente; y certificado de nacimiento, y fe de vida y estado, correspondiente al contrayente. 2.  Ratificados los interesados, en fecha 8 de marzo de 2006 comparece la contrayente ante el Registro Consular manifestando que tiene 32 años, es divorciada, y es compradora-vendedora en una firma irlandesa; que su actual esposo tiene 43 años, es soltero, y trabaja de jardinero en el ayuntamiento de F., teniendo estudios de bachiller; que él tiene un hijo de seis años, del que desconoce su segundo apellido y la fecha de su nacimiento; que se conocieron en octubre de 2005, en F., cuando ella iba a China, por motivos de trabajo, e hizo escala, y a través de unos amigos le conoció, y se relacionaron como pareja durante una semana; que él vino a Cuba en enero de 2006, por 15 días, y en marzo, por 3 días; que primero piensan residir en el piso que el comparte con su exmujer y su hijo, y luego alquilarán un piso. En la misma fecha se realizó la entrevista, en audiencia reservada, con el contrayente, mani-

festando que tiene 43 años, es soltero, y funcionario en el ayuntamiento de F., teniendo estudios de EGB; que tiene un hijo de seis años; que su esposa tiene 32 años, es divorciada y trabaja como representante de ventas en una inmobiliaria italiana; que se conocieron en octubre de 2005, en F., cuando ella llegó en una escala de un viaje de trabajo hacía China, y les presentó una pareja amiga, relacionándose durante siete o diez días como pareja; que él fue a Cuba en enero de 2006, por 10 días, y en marzo por 3 días; que residirán en un piso que alquilarán. 3.  El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que existiendo una certeza racional de obstáculo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 31 de marzo de 2006 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4.  Notificada la resolución a los promotores, éstos, representados por letrado, interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registro y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que el auto carecía de motivación, presentando poderes de representación, actas de manifestaciones, fotografías, y pasaporte de la interesada, entre otra documentación. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 26-2.ª de mayo, 8-4.ª, 20-3.ª de junio, 19-2.ª de julio y 29-4.ª de diciembre de 2005; 22-1.ª y 24-3.ª de febrero, 28-4.ª de marzo, 6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 5-4.ª de septiembre de 2006. II.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III.  Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trá-

mite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 25 de enero de 2006 entre un español y una cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los

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contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. En primer lugar se advierte una relación muy breve en cuanto al tiempo sin que conste, puesto que no se aportan pruebas al respecto, que desde el momento en que dicen conocerse hasta la celebración del matrimonio e, incluso, con posterioridad al mismo, haya existido una comunicación entre los interesados de la que pudiese deducirse que, efectivamente, la relación existe y ha tenido una aceptable continuidad y vocación de permanencia. Ni siquiera se acreditan los viajes que se declaran realizados, aunque no hay duda, –sí en cuanto a su duración–, del que se efectuó en las fechas de la celebración lex loci del matrimonio. Aparte de ello, de las respuestas dadas en los respectivos trámites de audiencia resulta que el interesado confunde la empresa en que ella trabaja, dice inmobiliaria italiana y ella declara que es vendedora en una firma irlandesa. Ella, por su parte, le atribuye a él estudios de bachiller cuando él había declarado que los tenía de enseñanza general básica. Desconoce ella el segundo apellido y la fecha de nacimiento del hijo de él y, finalmente, no coinciden en la duración de dos de los tres encuentros que se dicen habidos. En el primero, según él fueron «siete o diez» días y según ella siete y en el de enero de 2006, fueron diez días según él y quince según ella. Lo que antecede ha de ponerse en relación con lo que el Encargado del Registro Consular viene reiteradamente informando en estos supuestos de solicitud de inscripción de matrimonios celebrados en Cuba entre ciudadanos cubanos y españoles sobre que, consciente o inconscientemente, se sirven de tal institución con fines migratorios, lo que en el presente caso no resulta descartable. VI.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado

el Encargado del Registro Civil Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar los recursos y confirmar el auto apelado.

Resolución (2.ª) de 1 de diciembre de 2006, sobre cambio de nombre propio. No hay justa causa para cambiar «Katiac» por «Katia». En el expediente de modificación de nombre propio en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra Auto del Sr. Juez Encargado del Registro Civil de G.

HECHOS 1.  Doña K., mayor de edad y con domicilio en G. presentó escrito en el Registro Civil correspondiente a su domicilio el 28 de diciembre de 2005 para solicitar la modificación de su nombre propio para que en lo sucesivo fuese KATIA, que era con el que se sentía identificada. Como documentación justificativa de su pretensión presentó: certificado literal original de nacimiento, fotocopia de

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su DNI, certificado municipal de empadronamiento, dos sobres de correspondencia dirigidos a su nombre y dos tarjetas de visita con el nombre que pretende para el cambio. 2.  El Ministerio Fiscal despachando el traslado conferido para informar dijo que no se oponía al cambio de nombre solicitado. Por su parte, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de G. dictó Auto el 8 de febrero de 2006 por el que acordó denegar el cambio de nombre civil de la promotora, al considerar que no concurría el requisito de la justa causa por tratarse de una modificación que, dada su escasa entidad, su no estimación no podía originar ningún perjuicio real a la solicitante. 3.  Notificados el Ministerio Fiscal y la promotora, ésta, el 30 de marzo de 2006, interpuso recurso en el Registro Civil de G. para que fuera elevado a la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se le autorizase la modificación solicitada, adjuntando más documentación acreditativa del uso del nombre que proponía. 4.  En la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que consideró procedente la desestimación del recurso de apelación y la confirmación del Auto recurrido por sus propios fundamentos. El Sr. Juez Encargado del Registro Civil de G. acordó remitir el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso haciendo constar su informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 16-2.ª de mayo de 1995; 29-5.ª de septiembre de 1997; 30-2.ª de abril de 1998; 28 de

junio de 2001; 13-8.ª de junio de 2002; y 3-5.ª de octubre de 2005. II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como mínima o intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida, personal y familiarmente, con un apócope, contracción, deformación o, como en este caso, pequeña variación al diminutivo del nombre oficial correctamente escrito. III.  Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado el cambio de «Katiac» a «Katia» porque, de un lado, se trata de una modificación mínima consistente en la supresión de la consonante final, que apenas afecta fonéticamente al nombre inscrito y, de otro, porque el nombre propuesto ha sido reiteradamente rechazado por este Centro Directivo al ser un hipocorístico ruso de Catalina, como se comprueba con las resoluciones reseñadas anteriormente. Incluso el nombre inicial impuesto a la interesada pudiera estar afectado por las prohibiciones del artículo 54 LRC, bien que, dado el caso, puede admitirse como nombre de fantasía, pero sin que, por lo expuesto, pueda extenderse al nombre que ahora se propone. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, el recurso y confirmar el auto apelado.

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Resolución (3.ª) de 1 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, por medio de representante, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 6 de junio de 2005, don R., nacido en C., (Cuba) el 9 de agosto de 1969, de nacionalidad cubana, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 24 de mayo de 2005 en la H. (Cuba), según la ley local, con doña A., nacida en M. (España), el 14 de junio de 1966, de nacionalidad española. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificación de estado civil del contrayente y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio, sentencia de divorcio de la contrayente y certificado de estado civil de la contrayente. 2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que tiene 35 años, es soltero y trabaja como operario en una fábrica de metales, pero no trabaja desde hace 2 meses, que tiene un hijo de 16 años, que su esposa tiene 39 años, es divorciada y es técnica de recursos humanos, que se conocieron el 1 de agosto de 2004 en H. cuando ella fue a Cuba con una amiga, que compar-

tieron en un bar y esa noche se fueron para una casa de renta, que al día siguiente ella se marchó a T. y cuando volvió se relacionaron como pareja durante 5 días, que se relacionaron a través de mensajería electrónica, que ella regresó a Cuba en enero de 2005 por 9 días, ella le propuso matrimonio y él aceptó, que posteriormente volvió a Cuba en mayo y contrajeron matrimonio. Celebrado el trámite de audiencia reservada con la contrayente ésta manifiesta que su esposo nació el 9 de agosto de 1969, que conoce a sus padres, que ella es divorciada y él soltero, que su esposo tiene un hijo de otra relación, que ella no tiene hijos, que ella es técnico de recursos humanos en aeropuertos españoles, y su marido trabaja esterilizando material quirúrgico en un hospital, que conoció a su esposo el 1 de agosto de 2004 cuando fue a Cuba por 2 semanas, que luego volvió en enero y mayo. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 25 de octubre de 2005 el Encargado del Registro Civil Consular en H. dicta auto denegando la transcripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges. 4.  Notificada la resolución a los promotores, la interesada interpuso recurso, mediante representante ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que no se trata de un matrimonio de conveniencia, aportando pruebas testificales y documentales como facturas telefónicas, billetes de avión y transferencias bancarias. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 18 de junio, 1-1.ª y 2-2.ª de septiembre y 27-4.ª de diciembre de 2005; 19-1.ª de enero, 9-3.ª y 21-2.ª de febrero, 16-1.ª de marzo, 7-2.ª y 3.ª y 11-4.ª de abril, 31-1.ª y 5.ª de mayo, 23-2.ª de junio, 205.ª, 22 y 25-1.ª de julio y 5-2.ª de septiembre de 2006. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del ex-

tranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no tienen entidad suficiente como para deducir con seguridad que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente se advierte un grado de coincidencia que no permite deducir una utilización fraudulenta del matrimonio. Los interesados declararon adecuadamente a las preguntas que les fueron formuladas, salvo la contradicción relativa al trabajo del interesado, que por sí sola no es determinante. Se aportan pruebas que justifican los viajes realizados y, especialmente, la existencia de una frecuente comunicación telefónica que pone de manifiesto la permanencia de su relación y permite en este caso presumir que el consentimiento matrimonial ha sido válidamente prestado. V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio

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pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 24 de mayo de 2005 en H. (Cuba) entre don R. y doña A.

Resolución (4.ª) de 1 de diciembre de 2006, sobre nacionalidad por residencia.

solicitaba la nacionalidad española por residencia. Acompañaba los siguientes documentos: Fotocopias del pasaporte, del permiso de residencia, certificado de nacimiento, certificados de antecedentes penales de su país y de España, certificado de empadronamiento, certificado de la Dirección General de Policía y contrato de trabajo. 2.  Ratificado el promotor, el Ministerio Fiscal, manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento del Registro Civil, en relación al artículo 344 del mismo texto, se practique información testifical. El Juez Encargado del Registro Civil de B., por providencia de fecha 29 de junio de 2005, acuerda no haber lugar a la prueba testifical que se propone, por haberse acreditado por el peticionario la residencia legal y el grado de adaptación a la cultura y vida española. 3.  El Juez Encargado del Registro Civil de B., dictó auto con fecha 28 de octubre de 2005, manifestando que no procede acceder a la práctica de las diligencias de instrucción ampliatorias propuestas por el Ministerio Fiscal.

4.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que la práctica de la prueba testifical, no surge como una pretendida intención de sobrecargar la oficina del Registro Civil y que la declaración de unos ciudadanos en la condición de testigo deviene en todo procedimiento judicial y administrativo un elemento probatorio de carácter imparcial porque permite comprobar a través de terceros si lo manifestado por el peticionario se adecua a lo expresamente manifestado.

1.  Por escrito de fecha 7 de abril de 2005, en el Registro Civil de B., don A., nacido en Y. (Colombia), el 15 de junio de 1963 y con domicilio en B.,

5.  Notificado el recurso al interesado, éste no efectúa alegaciones en el plazo conferido. La Juez Encargada del Registro Civil de B., remite el recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

Se estima el recurso del Ministerio Fiscal que interesa el cumplimiento de requisitos establecidos reglamentariamente. En el expediente sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de B.

HECHOS

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 21 y 22 del Código civil; 63 y 97 de la Ley del Registro Civil; 220, 221, 348 y 354 del Reglamento del Registro Civil. II.  Se trata de una solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia que presenta un ciudadano de Colombia y que abre expediente que se instruye en el Registro Civil de B. En su tramitación se practica la preceptiva notificación al Ministerio Fiscal (cfr. art. 97 LRC), quien interesa que se dé cumplimiento a las exigencias prevista en el artículo 221 RRC, quinto párrafo en relación con el 344 RRC. Por la Juez Encargada se consideró innecesaria la práctica de la información testifical propuesta, que estima desproporcionada con la causa y, por ello dictó providencia denegándola. Dicha providencia, de 29 de junio de 2005, fue recurrida en reposición por el Ministerio Fiscal, siendo desestimada la impugnación mediante auto de 28 de octubre de 2005, contra el cual el Ministerio Fiscal, interpone el presente recurso. III.  En los expedientes gubernativos siempre ha de ser oído el Ministerio Fiscal (cfr. art. 97.2 LRC y 348. III RRC), que tiene asignada la función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente y atribuida la facultad de proponer las diligencia o pruebas oportunas (cfr. art. 344 RRC y 97LRC). En este caso se da la circunstancia de que las diligencias que propuso el Fiscal (información testifical) vienen exigidas por el artículo 220 RRC, que en su ordinal 5.º establece que en los expedientes de concesión de la nacionalidad por residencia «se indicará especialmente», entre otras circunstancias, aquellas que reducen el tiempo exigido de residencia en España; si habla castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades, benéficas o sociales, y los demás

que estime convenientes. Las citadas menciones y circunstancias han de ser probadas por el peticionario (cfr. art. 221 RRC), con los medios que este artículo señala y que, en particular y por lo que se refiere a los hechos y circunstancias antes mencionados incluye cualquier hechos de prueba adecuado admitido en Derecho y el medio que propone el Ministerio Fiscal es el de información por dos testigos, que no puede considerarse ni inadecuado ni desproporcionado. IV.  No puede mantenerse el criterio de la Juez Encargada sobre que las diligencias interesadas por el Fiscal, hechas en el ejercicio de su función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente gubernativo y para hacer cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, sean desproporcionadas con la causa, porque ello sería tanto como poner en cuestión el propio precepto que las establece, que, en este caso, de denegar dichas diligencias, quedaría incumplido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Ordenar que sean practicadas las diligencias expuestas por el Ministerio Fiscal en su escrito de 29 de abril de 2005.

Resolución (5.ª) de 1 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, mediante representante legal, contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

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auto denegando la trascripción del matrimonio, al no existir consentimiento real por parte de los cónyuges.

1.  En fecha 14 de noviembre de 2005, don J. nacido en L. el 29 de junio de 1974, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 28 de julio de 2005 en Cuba, según la ley local, con doña O., nacida en Cuba el 30 de abril de 1970, de nacionalidad cubana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificado de estado civil del interesado y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de defunción de su anterior marido de la interesada.

4.  Notificada la resolución a los promotores, el interesado, mediante representante legal, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como facturas telefónicas.

HECHOS

2.  Ratificados los interesados, se celebra trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que tiene 31 años, es soltero y pensionista por esquizofrenia paranoide, que su esposa tiene 35 años, es viuda y se dedica a sus labores, que ella tiene una hija, que tuvieron el primer contacto en 2001 a través de fotografías que le mostró la madre de ella que es amiga de su madre y reside en L., que personalmente se conocieron en 2001 cuando el viajó a Cuba por 14 días, que volvió a Cuba y contrajeron matrimonio. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 35 años, es viuda y se dedica a sus labores, que tiene una hija, que su esposo tiene 31 años, es soltero y está pensionado por depresión nerviosa desde 1998, que tuvieron el primer contacto en 2001 a través de fotografías que le mostró su madre que reside en L., que personalmente se conocieron en febrero de 2001 cuando él viajó a Cuba, que él regresó a Cuba y contrajeron matrimonio. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 30 de noviembre de 2005 el Encargado del Registro Civil Consular en H. dicta

5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 26-2.ª de mayo, 8-4.ª, 20-3.ª de junio, 19-2.ª de julio y 29-4.ª de diciembre de 2005; 22-1.ª y 24-3.ª de febrero, 284.ª de marzo, 6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 5-4.ª de septiembre de 2006.

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II.  Son dos los recursos presentados, uno de los cuales, el correspondiente a la interesada, lo fue fuera del plazo de 30 días legalmente establecido (cfr. art. 29 LRC), ya que consta la notificación como hecha el día 9 de enero de 2006 y y la presentación se hizo el 22 de febrero siguiente.

forme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

III.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

V.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

IV.  Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad con-

VI.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 28 de julio de 2005 entre un español y una cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Según declaran, se conocen en 2001 por fotografía y personalmente, según la interesada, en febrero –él no recuerda la fecha– por una duración de 14 días. No hay ningún justificante de la realización de este viaje. No vuelven a encontrarse hasta el momento de la celebración del matrimonio en 2005. Tampoco se aporta prueba alguna de la que pudiera deducirse que entre 2001 y julio de 2005 ha habido algún tipo de comunicación entre ellos. Puede, por ello, deducirse que la relación entre los interesados ha sido prácticamente inexistente. Uno de los motivos que según la Resolución del Consejo de Europa, arriba citada, considera como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y esto es lo que, prácticamente, ha sucedi-

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do en el presente caso. Lo que antecede ha de ponerse en relación con lo que el Encargado del Registro Consular viene reiteradamente informando en estos supuestos de solicitud de inscripción de matrimonios celebrados en Cuba entre ciudadanos cubanos y españoles sobre que, consciente o inconscientemente, se sirven de tal institución con fines migratorios, lo que no es descartable en el presente caso si se tiene en cuenta que la madre de ella reside ya en L. Todo ello lleva a la convicción, anteriormente mencionada, de que se ha acudido al matrimonio como instrumento para alcanzar fines distintos de los propios de éste. VII.  De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, no admitir el recurso interpuesto por doña O. por presentado fuera de plazo y desestimar el presentado por don J., confirmando el auto apelado.

Resolución de 2 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la

ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo emitido por la Juez Encargada del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 12 de agosto de 2004, doña S., nacida en T. (República Dominicana) el 7 de octubre de 1963 y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado en la República Dominicana el 7 de mayo de 2004, con don R. nacido en la República Dominicana el 14 de octubre de 1955, de nacionalidad dominicana. Aportaban como documentación: Acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, y sentencia de divorcio de la interesada y documento de identidad del interesado. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que reside en España desde 1998, que obtuvo la nacionalidad en 2001, que de su primer matrimonio tiene 5 hijos, que trabaja en M. en un restaurante como ayudante de cocina, que conoció a su esposo en T. (República Dominicana), que se conocen de toda la vida porque eran vecinos, que ha viajado a T. en tres ocasiones, que tiene 9 hermanos, que su esposo trabaja como albañil, que tiene un hijo de otra relación pero no sabe como se llama ni lo conoce, que su esposo tiene familiares en España, que viven en M. y los conoce personalmente, que él no ha solicitado visado para venir a España. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que tiene un hijo de 8 años, que trabaja como maestro de albañilería, que conoció a su cónyuge en V. en 2001, que tiene 7 hermanos, que tres de sus herma-

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nas viven en España, que no ha solicitado el visado para venir a España, que su cónyuge reside en España, que no sabe cuando le dieron la nacionalidad española, que no sabe donde reside, que conoce a los padres de su cónyuge, que tiene 9 hermanos pero no recuerda sus nombres, que ella trabaja en el servicio doméstico, que tiene 5 hijos. 3.  La Juez Encargada del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 21 de marzo de 2006, denegando la inscripción del matrimonio solicitado. 4.  Notificado al Ministerio Fiscal y a los interesados, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación del Acuerdo recurrido. La Juez Encargada del Registro Civil remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 4-3.ª, 5-1.ª, 16-2.ª, 19-4.ª y 25-3.ª de octubre; y 11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de noviembre y

2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 254.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero; y 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª y 23-4.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. IV.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que

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en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. V.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. VI.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en República Dominicana el 6 de mayo de 2004 entre una española y un domi-

nicano y se constata la concurrencia de unos hechos objetivos que se consideran determinantes para deducir que el matrimonio ha sido celebrado persiguiendo finalidad distinta de la que le es propia y que, por esa causa, no puede ser objeto de inscripción: él ignora el tiempo que lleva ella residiendo en España, cuando adquirió la nacionalidad española, los ingresos, el domicilio, el número de teléfono, el nombre de los hermano y no responde a la pregunta de cuanto tiempo han convivido juntos; ella ignora el nombre del hijo y los ingresos de él; por último, existen contradicciones en las manifestaciones de ambos relativas a la fecha en que se conocen: ella declara que desde siempre, él que desde el año 2001. VII.  De estos hechos comprobados es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Central, que por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlo y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (1.ª) de 4 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se autoriza porque no hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

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En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de el Juez Encargado del Registro Civil de Avilés.

otra persona que formalizó una acusación de maltrato contra él, asimismo consta que está incurso en un procedimiento de extradicción a su país. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 14 de marzo de 2006 no autorizando la celebración del matrimonio.

4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de A. el 22 de febrero de 2006, doña C., nacida el 27 de marzo de 1984 en A., y don C., nacido el 9 de mayo de 1979 en Rumanía, de nacionalidad rumana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: Pasaporte, volante de empadronamiento y certificado de nacimiento del interesado y DNI, certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, se celebró la entrevista en audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoce a su novia desde el 8 de agosto de 2005, que la conoció a través de una amiga común, que viven juntos desde hace tres meses, que su novia tiene 2 hermanos y los padres, que el padre es padrastro, que él tiene una hermana que vive en A., que su madre está de vacaciones en España, que su padre y abuelo viven en Rumanía, que él trabaja en un pub, que su novia es camarera, que las navidades las pasaron juntos. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que conoce a su pareja desde el mes de agosto, que se lo presentó una amiga común, que sus padres viven en A., que el padre de él vive en Rumanía, que la madre de él vino a España en enero, que trabajan juntos en el disco-pub R., que pasaron las navidades juntos en casa. 3.  El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la celebración del matrimonio, ya que en agosto de 2005 él vivía con

5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Juez Encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 50, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006 y las Resoluciones, entre otras 23-1.ª de septiembre, 2-1.ª, 8-3.ª, 9-3.ª, 16-3.ª y 24-1.ª y 3.ª de octubre de 2003; 28-5.ª y 29-2.ª de enero, 16-3.ª de febrero, 4-2.ª de marzo, 28 de julio, 7-1.ª y 3.ª, 16-2.ª, 17-1.ª de septiembre y 6-1.ª de octubre de 2004.

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II.  Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil existe un trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 3.ª), como es la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos –especialmente en los matrimonios entre español y extranjero– en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de solicitud de autorización de un matrimonio entre una española y un rumano, los hechos comprobados no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento de los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede consi-

derarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial; además, se acredita que los futuros contrayentes residen juntos. VI.  Si se tienen en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en casos de duda, no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Declarar que no hay obstáculos para que el Juez Encargado autorice el matrimonio.

Resolución (2.ª) de 4 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se deniega porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

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trabaja, que su novio no conoce a nadie de su familia.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M. el 17 de octubre de 2005, don F., nacido el 5 de octubre de 1956 en M., y doña M., nacida el 15 de octubre de 1964 en Marruecos, de nacionalidad marroquí, domiciliada en Marruecos, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento y certificación de estado civil del interesado y pasaporte, certificado de nacimiento, sentencia de divorcio y certificado de residencia de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan su pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado por los interesados no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con el interesado que manifiesta que conoció a su novia hace año y medio en M., él trabajaba enfrente de la casa de la tía de su novia, que su novia vive en N. con una hija llamada S., que trabaja en una obra y vive en M. desde hace unos tres años, que su novia no trabaja, que los padres de su novia fallecieron, que ella tiene dos hermanos pero no sabe como se llaman ni donde viven, que él tiene cuatro hermanos, que sus padres también fallecieron, que sus hermanos no conocen a su novia, que se entienden en español porque ella habla poco español, que se suelen ver un par de días en semana en M. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que conoció a su novio en una obra porque su prima vive cerca de la obra, su novio vive en M. hace cuatro años, que ella vive en N. con un hermano, que sus padres fallecieron, que no tiene hijos, que los padres de su novio viven en M., que tiene cuatro hermanos, que conoce sólo a una hermana, que los padres de su novio fallecieron, que se ven dos días en semana en M., que ella no

3.  El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la celebración del matrimonio, ya que examinado el trámite de audiencia de los contrayentes queda de manifiesto que existen contradicciones, por lo que se infiere que el matrimonio pretendido tiene una finalidad ajena a la propia institución. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 21 de febrero de 2006 no autorizando la celebración del matrimonio, ya que de las manifestaciones de las partes durante la audiencia reservada practicada, se desprende una serie de contradicciones sobre cuestiones esenciales, tales como que ella dice que no tiene hijos y él dice que su novia tiene una hija llamada S., ella dice que reside en N. con su hermano él dice que no conoce a sus hermanos ni donde residen, él afirma que entre ellos hablan español en la audiencia reservada ella necesita intérprete. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 so-

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bre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 15-1.ª y 2.ª de junio, 7-2.ª, 163.ª, 21-2.ª y 24-3.ª de septiembre y 1-2.ª, 14-3.ª, 19-2.ª, 21-3.ª y 4.ª de octubre, 17-4.ª, 5.ª de noviembre, 2-1.ª, 9-3.ª, 203.ª y 22-1.ª y 2.ª de diciembre de 2004 y 24-1.ª, 26-2.ª de enero; 3-4.ª de febrero y 18-2.ª y 23-1.ª-2.ª y 3.ª de marzo de 2005. II.  En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la au-

sencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de solicitud de autorización para la celebración de un matrimonio civil en España entre una español y una marroquí resultan del trámite de audiencia un conjunto de hechos que llevan a la conclusión de que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución: ella ignora el nombre de los hermanos de él; se comunican con dificultad en español; existen numerosas contradicciones en las manifestaciones de ambos relativas a los hijos que por separado tiene cada uno de ellos, declarando él que ella tiene una hija, extremo que en su audiencia niega; a las personas con las que ella vive, declarando él que vive con su hija, mientras que ella dice que lo hace con un hermano; y al conocimiento por parte de ella de los hermanos de él, diciendo que él que no conoce a nadie de su familia, mientras que ella dice que conoce a una hermana. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (3.ª) de 4 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se deniega porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M., don A., nacido el 10

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de abril de 1966 en Marruecos, de nacionalidad española y doña O., nacida el 10 de enero de 1984 en Marruecos, de nacionalidad marroquí, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento, certificado de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte, certificado de estado civil, certificado de nacimiento y certificado de residencia de la interesada. 2.  Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan su pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado por los interesados no incurre en prohibición legal alguna. Se celebró la entrevista en audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que conoció a su novio en junio de 2004 en casa de su abuela, que su novio vive en O., que trabaja en un restaurante como encargado, que se comunican por teléfono a diario, que él conoce a toda su familia, que ella conoce a la familia de él, que no han hecho fiesta de compromiso porque ella no quiso, que por su cumpleaños él le regaló un anillo, que ella le regaló una chapa con el Corán y un anillo. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoció a su novia hace 16 meses en casa de su abuela, que vive en O., que él nunca ha estado en su casa, que la única persona que conoce de su familia es a su madre, que no sabe si su novia conoce a los hermanos de él, que no han hecho fiesta de compromiso, que le regaló un anillo por su cumpleaños, que ella le ha regalado una gargantilla con un Corán. 3.  El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la celebración del matrimonio, ya que a la vista de la audiencia reservada resulta que los futuros contrayentes no se conocen entre sí, como lo evidencia el hecho de que incurran en severas contradicciones en sus manifestaciones. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 23 de febrero de 2006 no autorizando la celebración del matrimonio.

4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 15-1.ª y 2.ª de junio, 7-2.ª, 163.ª, 21-2.ª y 24-3.ª de septiembre y 1-2.ª, 14-3.ª, 19-2.ª, 21-3.ª y 4.ª de octubre, 17-4.ª, 5.ª de noviembre, 2-1.ª, 9-3.ª, 203.ª y 22-1.ª y 2.ª de diciembre de 2004 y 24-1.ª, 26-2.ª de enero; 3-4.ª de febrero y 18-2.ª y 23-1.ª-2.ª y 3.ª de marzo de 2005. II.  En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen

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o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de solicitud de autorización para la celebración de un matrimonio civil en España entre una español y una marroquí resultan del trámite de audiencia un conjunto de hechos que llevan a la conclusión de que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución: existen numerosas contradicciones en las declaraciones de ambos: manifiesta ella que conoce a todos los hermanos de él, cuestión que este último ignora; él afirma que se vieron durante un mes en julio y que estuvieron saliendo, ella afirma que estuvieron juntos en agosto; por último, ella dice que él ha ido a su casa y que conoce a toda su familia, mientras que él señala que nunca ha estado en su casa, y que a la única que ha visto de su familia es a su madre. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta regla-

mentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (4.ª) de 4 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en L.

HECHOS 1.  En fecha 12 de mayo de 2005, don A., nacido en P., el 27 de octubre de 1969, presentó en el Consulado General de España en L. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 21 de abril de 2005 en Perú, según la ley local, con doña R., nacida en Perú, el 2 de mayo de 1972. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificado de estado civil del interesado y certificado de nacimiento y declaración jurada de estado civil de la interesada. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que se conocieron en abril de 2004 por internet, que personalmente se conocieron en julio de 2004 cuando él viajó a Perú, que se comunican por teléfono, que su pareja conoció a sus padres cuando se casaron, que ella trabaja como asistente de la gerencia de marketing de L., que vive sola, que ella ha solicitado visado de turismo en 2004 pero se lo denegaron, que su pareja la invitó para que conociera a su familia, que él trabaja en

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una fábrica de tableros de coches, que su pareja sólo conoce a uno de sus hermanos, a la boda asistieron sólo sus padres. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que se conocieron en 2004 por internet, que personalmente se conocieron en julio de 2004 cuando él viajó a Perú, que él ha estado en Perú en dos ocasiones, que no conoce a la familia de ella, que se comunican por internet diariamente, que su pareja vive en L. con su familia, que él vive sólo, que trabaja como operario en una empresa que fabrica componentes para automóviles, que ella trabaja como asistente de marketing en L., que decidieron casarse cuando a ella le denegaron el visado. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio, ya que existen una serie de contradicciones entre las declaraciones dadas por los promotores que evidencia escaso conocimiento de circunstancias fundamentales de cada uno de los contrayentes respecto al otro. Con fecha 29 de noviembre de 2005 el Encargado del Registro Civil Consular en L. dicta auto declarando improcedente la inscripción de matrimonio, en razón a no haber verdadero consentimiento matrimonial, siendo nulo tal matrimonio por tratarse de un acto simulado. 4.  Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe presentado. El Encargado del Registro Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 4-3.ª, 5-1.ª, 16-2.ª, 19-4.ª y 25-3.ª de octubre; y 11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de noviembre y 2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 25-4.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero; y 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª y 23-4.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de

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un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

cación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

III.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

V.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

IV.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certifi-

VI.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú el 21 de abril de 2005 entre un español y una peruana y se constata la concurrencia de unos hechos objetivos que se consideran determinantes para deducir que el matrimonio ha sido celebrado persiguiendo finalidad distinta de la que le es propia y que, por esa causa, no puede ser objeto de inscripción: él ignora la fecha exacta de nacimiento, la dirección postal, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, los ingresos, el nombre de los padres y hermanos de ella y el número de estos últimos; él manifiesta que ella vive en L. con su familia, cuando vive sola; existen contradicciones en las manifestaciones de ambos al negar él que conoce a la familia de ella, mientras ella dice que conoce a un hermano. VII.  De estos hechos comprobados es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, que por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlo y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razo-

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nes de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (5.ª) de 4 de diciembre de 2006, sobre cambio de nombre propio.

3.  Notificado el Ministerio Fiscal y la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el cambio de nombre, aportando documentación donde aparece el nombre de «Naira María». 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

No es admisible el cambio de «Nadia María» por «Naira Maria».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de G.

I.  Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210, y 365 del Reglamento de Registro Civil; Resoluciones 21 de octubre, 4-1.ª de diciembre de 1995, 15-4.ª de febrero de 1999, 23-1.ª de mayo de 2001 y 213.ª de 2003.

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de L. el 7 de octubre de 2005, doña N., mayor de edad, solicita el cambio de nombre de «N.» por «N.», ya que es el nombre que habitualmente utiliza. Adjunta la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento y diversa documentación donde aparece el nombre de «Naira María». 2.  Comparecen dos testigos que manifiestan que les consta la certeza de los hechos contenidos en la comparecencia que encabeza el expediente y que alega el promotor del mismo. Se recibe todo el expediente en el Registro Civil de G. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que no se considera debidamente acreditado que el nombre «Naira María» sea el utilizado habitualmente. La Juez Encargada del Registro Civil, dicta auto con fecha 20 de febrero de 2006 denegando el cambio de nombre.

II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4.º, y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que, además, el nombre propio solicitado no infrinja normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que inicialmente debería ser rechazado. III.  En este caso no existe justa causa porque el cambio que se solicita en mínimo e intrascendente, al suponer la modificación de la «d» por la «r», sin que ni siquiera se produzca una considerable alteración fonética. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso interpuesto.

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Resolución (1.ª) de 5 de enero de 2006, sobre nombre propio. Es admisible «Marat», nombre ruso ampliamente difundido que no hace confusa su identificación. En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra calificación de la Juez Encargada del Registro de M.

HECHOS 1.  Por comparecencia efectuada en el Registro Civil de M. el 15 de febrero de 2006, don H., vecino de dicho municipio, solicitaban la inscripción de nacimiento de su hijo, nacido el 10 de febrero de 2006, con el nombre propio de Marat. Adjuntaban la siguiente documentación: Cuestionario para la declaración del nacimiento en el Registro Civil, parte del facultativo que asistió al nacimiento, y documentación justificativa de la existencia del nombre propuesto. 2.  Visto lo solicitado, la Juez Encargada dictó providencia con fecha 15 de febrero de 2006, disponiendo que consideraba inadmisible como nombre propio Marat, al tratarse de un apellido, por lo que se acordaba requerir al promotor para que eligiera otro nombre, con el apercibimiento de que pasados tres días sin hacerlo, se procedería a la inscripción de nacimiento, con imposición del nombre, por el Encargado. El promotor manifestó que elegía como nombre administrativo para su hijo, Hugo. 3.  La Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha 16 de febrero de 2006 declarando inadmisible el nombre de M., al estar incurso el vocablo elegido en las prohibiciones contenidas en los artículos 54 de la Ley y 192 del

Reglamento del Registro Civil, al tratar del apellido de un conocido personaje histórico. 4.  Notificada la resolución al promotor, éste presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se declare admisible el nombre de Marat, presentando, entre otra documentación justificativa de la existencia del nombre, certificado de la Sección Consular de la Embajada de la Federación de Rusia en España, indicando que el nombre masculino Marat es habitual en Rusia. 5.  De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se adhirió al mismo, ya que el nombre denegado era admisible en España conforme al artículo 54 de la Ley del Registro Civil y el artículo 192 de su Reglamento. La Juez Encargada del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, ratificándose en la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil; 192 y 193 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 15-4.ª de enero de 2001; 1-3.ª de diciembre de 2002; 21-1.ª de octubre de 2003; 17-1.ª de febrero de 2004; 292.ª de noviembre de 2005; y 24-1.ª de febrero de 2006. II.  Los padres tienen amplia libertad para escoger para sus hijos los nombres propios que estimen más convenientes, no pudiendo ser rechazado el nombre elegido más que cuando claramente infrinja alguna de las prohibiciones, que han de ser interpretadas restrictivamente, contenidas en el artículo 54 de la Ley y que desarrolla el artículo 192 de su Reglamento. III.  En el presente caso la voluntad de los padres fue la de imponer a su hijo el nombre «Marat» que no fue admitido por

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el Registro por estimar que hacía confusa la identificación por tratarse también de un apellido. Con ser esto cierto, también lo es que Marat es un nombre propio ruso ampliamente difundido y popularizado en España por un conocido tenista ruso formado en España, y que no está afectado por la limitación señalada de inducir a error en la identificación de una persona, confusión que, tratándose de nombre extranjero, no se considera lógico que pueda darse en España. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y dejar sin efecto, en cuanto al nombre propio, la calificación de la Juez Encargada del Registro Civil de M. 2.º  Ordenar que en la inscripción debatida se haga constar «Marat» como nombre propio del nacido.

Resolución (2.ª) de 5 de diciembre de 2006, sobre opción a la nacionalidad española. No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere la nacionalidad española, ya era mayor de edad según su estatuto personal. En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

don S., nacido el 12 de diciembre de 1985 en L. (Pakistán): acta de opción a la nacionalidad española, en virtud del artículo 20 del Código civil, de fecha 29 de julio de 2005, certificado de nacimiento, y declaración de datos para la inscripción, correspondiente al interesado; y certificación literal de la anotación soporte practicada en el Registro Civil Central, correspondiente al padre del interesado, en la que consta que adquirido la nacionalidad española prestando juramento el 26 de agosto de 2004. 2.  El Juez Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo en fecha 10 de noviembre de 2005 denegando la inscripción de nacimiento con marginal de opción a la nacionalidad española del interesado, ya que no era de aplicación la opción prevista en el artículo 20 del Código civil, al no haber estado sujeto a la patria potestad de un español, dado que en la fecha en que el padre adquirió la nacionalidad española, éste ya era mayor de edad, por lo que debería solicitar dicha nacionalidad por residencia. 3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al promotor, éste interpuso recurso, alegando que la acción para pedir la nacionalidad caducaba a los 20 años, y en el momento de la solicitud contaba con 18 años. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal quien interesó la desestimación del mismo. El Magistrado Juez Encargado del Registro Civil Central informa que a su juicio no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución, por lo que debía confirmarse y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

1.  Mediante escrito de fecha 29 de julio de 2005, el Registro Civil de L. remitió al Registro Civil Central la documentación correspondiente para practicar la inscripción de nacimiento de

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 17, 20 y 22 del Código civil (Cc) en su redacción originaria; 17 y 23 del Código civil en su redac-

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ción por la Ley de 15 de julio de 1954; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 2-3.ª de febrero, 14-1.ª de marzo y 2-2.ª de diciembre de 2002; 13-3.ª de febrero de 2003; 7-1.ª de julio y 13-1.ª de septiembre de 2004; 20-3.ª de enero y 11-3.ª de octubre de 2005; 19-3.ª de enero, 11-2.ª de marzo y 17-3.ª de julio de 2006.

por tal filiación según resulten de la certificación extranjera de nacimiento.

II.  El interesado, nacido en Pakistán el 12 de diciembre de 1985, ha intentado optar a la nacionalidad española por razón de patria potestad, alegando la nacionalidad española de su padre adquirida por residencia mediante resolución de 3 de junio de 2004, pero cumpliendo los requisitos exigidos por artículo 23 Cc, para la validez de dicha adquisición con fecha de 26 de agosto de 2004. Dado que en esta fecha el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, hay que concluir que no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a la nacionalidad española por este concepto.

HECHOS

III.  Ha de quedar a salvo que, si así se solicita, pueda inscribirse el nacimiento del recurrente en el Registro Civil español, por afectar el hecho al estado civil, a la relación paterno-filial respecto de un español, pero en tal caso habría de hacerse constar expresamente en el asiento que no está acreditada conforme a Ley la nacionalidad española del nacido (cfr. art. 66 fine RRC). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la interesada contra calificación de la Juez Encargada del Registro Civil Central

1.  Mediante comparecencia en fecha 21 de diciembre de 2004, en el Registro Civil de O., se levanta acta de juramento para la adquisición de la nacionalidad española, de doña E., que renuncia a su nacionalidad anterior e interesa sea inscrito su nacimiento en el Registro Civil Central con los nombres y apellidos arriba indicados. 2.  Recibida la documentación en el Registro Civil Central se procede, con fecha 16 de noviembre de 2005, a la inscripción de nacimiento con inscripción marginal de obtención de la nacionalidad española por residencia, de la interesada con los apellidos D. 3.  Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en la inscripción de nacimiento que le ha sido notificada aparece inscrita como E., cuando debería aparecer su segundo apellido como G., aportando documentación como certificado de nacimiento y de matrimonio. 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que confirma la inscripción practicada. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

Resolución (3.ª) de 5 de diciembre de 2006, sobre atribución de apellidos.

Para el que adquiere la nacionalidad española y su filiación está determinada, deben consignarse los apellidos fijados

I.  Vistos los artículos 9 y 109 del Código civil; 23, 53, 55 y 57 de la Ley del

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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Registro Civil; 85, 194, 199, 205, 213 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 2-2.ª de julio, 6-1.ª y 3.ª, 20-2.ª y 26-2.ª y 3.ª de septiembre y 3-1.ª y 18-4.ª de diciembre de 2002; y 1-3.ª y 24-4.ª de octubre de 2003 II.  Para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español los apellidos fijados por tal filiación, según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª, RRC). Por esto ha de reflejarse en la inscripción de nacimiento dichos apellidos según resulten de la certificación extranjera de nacimiento acompañada. En este caso, la interesada, de nacionalidad española adquirida por residencia, fue inscrita con el segundo apellido «Gloukhareva» e impugna la inscripción porque considera incorrecta dicha grafía siendo «Glujareva» la que procede. Pero es lo cierto que a la vista de la certificación local traducida aportada, que sirvió de título para la inscripción, consta de manera que no deja lugar a duda, que el segundo apellido de la interesada es el que se hizo constar en la inscripción por el Registro Civil Central y, consecuentemente, no se advierte que haya existido error en la calificación registral. Esto se entiende sin perjuicio de que si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 57 LRC y 205 RRC, pueda obtenerse el cambio del apellido en expediente distinto que se instruye en el Registro Civil del domicilio del interesado y se resuelve por el Ministro de Justicia, hoy, delegadamente, por esta dirección General (ORDEN JUS/345/2005, de 7 de febrero). Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar la calificación efectuada.

Resolución (4.ª) de 5 de diciembre de 2006, sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española. Se inscribe el nacimiento del nacido en Cuba en 1953 que ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20 número 1.b); del Código Civil, redacción dada por Ley 36/2002, porque se estima probada la nacionalidad española originaria de su madre y el nacimiento de ésta en España. En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de H. (Cuba).

HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha octubre de 1999, doña O., nacida en G. (Cuba) el 21 de agosto de 1953, solicitaba recuperar la nacionalidad española, por ser hija de madre española nacida en L. Se acompañaba la siguiente documentación: Documento de identidad y certificación de nacimiento de la promotora, en la que constaba que sus abuelos maternos se llamaban D. y L.; certificado de matrimonio y certificado de bautismo de M., hija de T. y M., expedido por una Parroquia de L., madre de la promotora. 2.  El Consulado General de España en H., con fecha 22 de enero de 2003, requirió a la interesada para que subsanara los nombres de sus abuelos maternos que figuraban en su certificado de nacimiento, ya que no coincidían con los que constaban en la partida de bautismo de su madre. Con fecha 10 de febrero de 2004, la interesada presentó su certificado de nacimiento con el error subsanado. 3.  El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto con fecha 30 de julio de 2004, acordando denegar la solicitud

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de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de la promotora, ya que no había quedado establecido que concurriesen los requisitos exigidos en el artículo 20 del Código civil, especialmente en lo que se refería a la filiación española de la solicitante. 4.  Notificada la anterior resolución a la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que a tres hermanas se le había concedido la nacionalidad española. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informó que el auto que se recurría resultaba conforme a derecho. El Encargado del Registro Civil Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que había quedado establecido que en la solicitante concurrían los requisitos exigidos en el artículo 20 del Código civil, especialmente en lo que se refería a la filiación española, por lo que se debió dictar auto estimatorio de opción a la nacionalidad española.

dicción en los nombres de sus abuelos maternos, lo que ésta efectuó en su momento. Consta en el expediente certificación de la inscripción de nacimiento de su madre obrante en el Registro Civil de L. El Encargado del Registro Consular informa favorablemente el recurso. III.  El artículo 20.1, b) Cc, reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España y este doble requisito concurre en la madre de la interesada, la cual nació en España, concretamente en L., en 1928 hija de españoles, por lo que iure sanguinis ostentó originariamente la nacionalidad española. Así resulta de la partida de bautismo y de la inscripción de nacimiento practicada tras haber recuperado la nacionalidad española. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y ordenar la inscripción del nacimiento de la recurrente y la marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción, previo el cumplimiento de los restantes requisitos legales necesarios para tal adquisición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  Vistos los artículos 20 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 23 de abril, 12-9.ª de septiembre y 5-2.ª de diciembre de 2001; 21-5.ª de enero, 5 de mayo y 6-3.ª de noviembre de 2003; 20-1.ª de julio de 2004; y 20-3.ª de septiembre de 2005. II.  La interesada, nacida en 1953 en Cuba, ha pretendido por este expediente optar por la nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en el vigente artículo 20.1-b) Cc, basándose en que su madre era originariamente española y nacida en España. La Encargada requirió a la interesada para que subsanase una contra-

Resolución (5.ª) de 5 de diciembre de 2006, sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española. Se inscribe el nacimiento del nacido en Cuba en 1950 que ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20 número 1.b); del Código Civil, redacción dada por Ley 36/2002, porque se estima probada la nacionalidad española originaria de su madre y el nacimiento de ésta en España. En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de H. (Cuba).

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HECHOS 1.  Mediante escrito de fecha octubre de 1999, doña O., nacida en G. (Cuba) el 7 de junio de 1950, solicitaba recuperar la nacionalidad española, por ser hija de madre española nacida en L. Se acompañaba la siguiente documentación: Documento de identidad y certificación de nacimiento de la promotora, en la que constaba que sus abuelos maternos se llamaban D. y L.; certificado de matrimonio y certificado de bautismo de M., hija de T. y M., expedido por una Parroquia de L., madre de la promotora. 2.  El Consulado General de España en H., con fecha 22 de enero de 2003, requirió a la interesada para que subsanara los nombres de sus abuelos maternos que figuraban en su certificado de nacimiento, ya que no coincidían con los que constaban en la partida de bautismo de su madre. Con fecha 10 de febrero de 2004, la interesada presentó su certificado de nacimiento con el error subsanado. 3.  El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto con fecha 30 de julio de 2004, acordando denegar la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de la promotora, ya que no había quedado establecido que concurriesen los requisitos exigidos en el artículo 20 del Código civil, especialmente en lo que se refería a la filiación española de la solicitante. 4.  Notificada la anterior resolución a la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que a sus tres hermanas se le había concedido la nacionalidad española. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informó que el auto que se recurría resultaba conforme a derecho. El Encargado del Registro Civil Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Regis-

tros y del Notariado, informando que había quedado establecido que en la solicitante concurrían los requisitos exigidos en el artículo 20 del Código civil, especialmente en lo que se refería a la filiación española, por lo que se debió dictar auto estimatorio de opción a la nacionalidad española.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 20 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 23 de abril, 12-9.ª de septiembre y 5-2.ª de diciembre de 2001; 21-5.ª de enero, 5 de mayo y 6-3.ª de noviembre de 2003; 20-1.ª de julio de 2004; y 20-3.ª de septiembre de 2005. II.  La interesada, nacida en 1950 en Cuba, ha pretendido por este expediente optar por la nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en el vigente artículo 20.1.b) Cc, basándose en que su madre era originariamente española y nacida en España. La Encargada requirió a la interesada para que subsanase una contradicción en los nombres de sus abuelos maternos, lo que está efectuó en su momento. Consta en el expediente certificación de la inscripción de nacimiento de su madre obrante en el Registro Civil de L. El Encargado del Registro Consular informa favorablemente el recurso. III.  El artículo 20.1.b) Cc, reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España y este doble requisito concurre en la madre de la interesada, la cual nació en España, concretamente en L., en 1928 hija de españoles, por lo que iure sanguinis ostentó originariamente la nacionalidad española. Así resulta de la partida de bautismo y de la inscripción de nacimiento practicada tras haber recuperado la nacionalidad española.

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Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el recurso y ordenar la inscripción del nacimiento de la recurrente y la marginal de adquisición de la nacionalidad española por opción, previo el cumplimiento de los restantes requisitos legales necesarios para tal adquisición.

Resolución (1.ª) de 7 de diciembre de 2006, sobre declaración de la nacionalidad española. No es española iure soli la nacida en España hija no matrimonial de marroquí y madre ecuatoriana. En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de M. el 22 de junio de 2004 doña D., nacido el 5 de septiembre de 1973 en Q. (Ecuador), solicitaba iniciar expediente para que se declarara, con valor de simple presunción, su nacionalidad española de su hijo I., cuyo padre tiene la nacionalidad marroquí. Adjuntaba al escrito: Certificado de empadronamiento, certificación literal de nacimiento, certificado del Consulado de Ecuador, fotocopia del Libro de Familia y del DNI 2.  Ratificado el promotor, el Ministerio Fiscal indica que no se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil de M. dictó auto con fecha 31 de agosto de 2004 denegando la declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española del hijo de la promotora.

3.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en fecha 5 de diciembre de 2003. 4.  De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que intereso la confirmación por sus propios fundamentos del Auto recurrido. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 10-1.ª de septiembre de 1994, 7 de diciembre de 1995, 24 de enero de 1996, 18-3.ª de enero, 30 de abril y 9 de septiembre de 1997 y 11-2.ª de mayo y 27 de octubre de 1998, 1-1.ª y 15-5.ª de febrero de 1999, 11-2.ª de febrero, 24-1.ª de abril, 31-4.ª de mayo, 12-1.ª, 15-1.ª y 22-2.ª de septiembre, 17-3.ª y 28 de octubre, 18-1.ª y 27 de diciembre de 2000 y 27-2.ª de marzo y 5-1.ª y 11 de abril y 5-1.ª de mayo de 2001, 5-4.ª de febrero de 2002, 10-2.ª de mayo y 23-2.ª de octubre de 2003, 26-1.ª y 26-4.ª de enero de 2004 y 26-3.ª de enero y 7-3.ª de noviembre de 2005. II.  Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC) que tiene la nacionalidad española de origen una niña nacida en España en 1996, inscrita en el Registro Civil español como hija no matrimonial de padre marroquí y madre marroquí. III.  Esta pretensión se basa en la forma de atribución iure soli de la nacionalidad española establecida en el artículo 17-1.c) del Código civil para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

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IV.  Es necesario, pues, determinar el contenido y alcance de la legislación marroquí en orden a la atribución de esta nacionalidad a los nacidos en el extranjero de padres marroquíes (cfr. art. 12 número 6 Cc), lo que presupone la siempre compleja tarea previa de valorar la prueba del Derecho extranjero aplicable y de interpretar sus mandatos. Es esta complejidad, que explica alguno de los matices y variaciones que la doctrina de este Centro Directivo ha experimentado en la materia, junto con la conveniencia de reexaminar el tema a la luz de las modificaciones introducidas en el Código de Familia de Marruecos (Mudawana) en virtud del Dahir número 1.04.22, de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley número 70.03, y que entró en vigor el 5 de febrero de 2004, dada la trascendencia que para el régimen de transmisión de la nacionalidad marroquí por vía de ius sanguinis presenta la cuestión previa de la determinación de la filiación paterna del hijo, lo que aconseja su revisión sistemática y general. V.  Este Centro Directivo había mantenido hasta su Resolución de 27 de octubre de 1998 que el artículo 17-1.c) del Código civil no era aplicable a los hijos de padre marroquí, porque por aplicación de la ley marroquí, los hijos de padre marroquí ostentaban de iure la nacionalidad marroquí por nacimiento, siendo indiferente el dato del carácter matrimonial o no de tal filiación a la hora de valorar la adquisición, o falta de adquisición, de la nacionalidad española iure soli. Esta doctrina estaba basada en el conocimiento entonces adquirido de la legislación marroquí en la materia, y en concreto en el artículo 6 del Dahir número 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958, relativo al Código de nacionalidad marroquí, el cual estableció que tiene la nacionalidad marroquí de origen por filiación: «1.º  el niño nacido de un padre marroquí; y 2.º  el niño nacido de una madre marroquí y de un padre desconocido», y ello sin exigencias adicionales relativas al lugar de nacimiento y, por tanto, también en el caso de que el mis-

mo tenga lugar en el extranjero. Tampoco condiciona el precepto mencionado la atribución de la nacionalidad marroquí originaria a que el nacimiento del niño haya tenido lugar dentro de un matrimonio, lo que había permitido a esta Dirección General extraer la consecuencia de que dicha nacionalidad se transmitía al hijo con independencia del tipo de filiación y del estado civil del padre. VI.  La doctrina anterior sufre una primera inflexión con la Resolución de 155.ª de febrero de 1999, en la que el Centro Directivo a la vista de la prueba del Derecho extranjero aportada por los promotores junto a su escrito de recurso, alcanza una conclusión distinta de la hasta entonces mantenida. Con arreglo a la citada prueba de la legislación marroquí, el hijo nacido en el extranjero de ciudadanos marroquíes, únicamente puede ser considerado de esta nacionalidad si ha nacido dentro de un matrimonio que sea válido conforme a la legislación marroquí. Por lo tanto, el matrimonio contraído en el extranjero debe hacerse con arreglo a las normas que correspondan según el estatuto personal del contrayente marroquí. En consecuencia los hijos nacidos de una relación no matrimonial o ilegítima no pueden ser considerados marroquíes, conclusión que se extendía al matrimonio civil celebrado en España, matrimonio que, se afirmaba, carece de validez según la legislación personal del padre y por tanto, y de acuerdo con la misma, los hijos habidos de tal matrimonio no pueden ser considerados como marroquíes, dando con ello lugar a la estimación del recurso. La prueba invocada en el recurso que dio lugar a la citada Resolución de 15-5.ª de febrero de 1999 viene a coincidir con el contenido del certificado expedido por el Consulado General de Marruecos en M., aportado al presente expediente, conforme al cual según el Código de la nacionalidad de este país, «se considera marroquí todo sujeto nacido de padre marroquí, sea cual sea la nacionalidad de la madre y el lugar de nacimiento, dentro

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de un matrimonio conforme a la legislación vigente en Marruecos». La tesis paralela a la anterior de que es necesario para la atribución de la nacionalidad marroquí por filiación paterna no matrimonial que esta determinación de la filiación no matrimonial sea válida para el Ordenamiento marroquí, en combinación con la no aplicación por el Derecho marroquí en esta materia de la regla locus regit actum, dando lugar a que la determinación de la filiación paterna de acuerdo con las leyes españolas carece de eficacia en Marruecos, fue acogida por esta Dirección General, en línea con la Resolución anterior, como causa impeditiva de la adquisición por nacimiento iure sanguinis de la nacionalidad marroquí del padre a pesar de mediar un reconocimiento formalizado conforme al Derecho español (cfr. Resolución de 16-1.ª de enero de 2002). Además, el hecho de que el padre fuese conocido, a pesar de no entenderse establecido legalmente para el Derecho marroquí el vínculo de la filiación, suponía excluir la nacionalidad marroquí del nacido por vía de filiación materna, la cual está condicionada a la circunstancia de ser desconocido el padre. Con ello se venía a aplicar una misma y única solución a los casos de filiación paterna no matrimonial, cuando el reconocimiento por parte del padre no fuese considerado válido por el Derecho marroquí, y a los supuestos de filiación matrimonial, cuando fuese el propio vínculo matrimonial el no reconocido por tal Derecho. VII.  Sin embargo, este Centro Directivo en su más reciente Resolución de 54.ª de febrero de 2002 vuelve sobre sus pasos y, para los supuestos de filiación matrimonial, recupera de nuevo su doctrina anterior a 1999, afirmando que no obstante la conclusión contraria a la que llegó la mencionada Resolución, «se impone ahora, de acuerdo con el conocimiento más exacto adquirido de la legis1  Reiterada en las de 23-4.ª de abril y 16-8.ª de septiembre de 2002.

lación marroquí, confirmar la doctrina anterior de la Dirección General, en el sentido de que el nacido fuera de Marruecos de padre marroquí, siendo su filiación matrimonial, tiene de iure desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su padre, con independencia de las dificultades de facto con que se encuentre (el interesado) en el Consulado marroquí para documentarse como nacional de este país y para que sea reconocido el matrimonio de su padre. No hay, por otra parte, dificultades insuperables en este caso para que sea reconocida en Marruecos la validez de un matrimonio civil celebrado en España entre un marroquí musulmán y una cristiana». Pero nuevamente esta conclusión es matizada respecto de los casos en que el matrimonio civil se haya celebrado entre dos marroquíes en España, al admitir la falta de eficacia del mismo para Marruecos (cfr. Resolución de 16-8.ª de septiembre de 2002). Alineándose con la citada Resolución de 5-4.ª de febrero de 2002, y extendiendo sus conclusiones al ámbito de la filiación paterna no matrimonial, la más reciente de 26-1.ª de enero de 2004, niega la condición de español iure soli al nacido en España hijo no matrimonial de padre marroquí y madre ecuatoriana. Esta misma doctrina debe ser ahora confirmada para el caso presente, que es idéntico al de dicha resolución, doctrina, que se reafirma a la vista de las modificaciones que ha introducido en el Código de Familia marroquí (Mudawana) en materia de filiación el Dahir número 1.04.22, de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley número 70.03, norma que necesariamente se ha de tomar en cuenta por razón de lo dispuesto por el artículo 9 número 1 y 4 del Código civil que remiten la regulación de la determinación y contenido de la filiación al estatuto personal del hijo. Ahora bien, dado que, a su vez, al tratar de aplicar el artículo 17-1.c) del Código civil se parte de una situación de potencial intervención subsidiaria de la

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nacionalidad española a fin de evitar la, en su defecto, apatridia del menor, surge una situación paradójica caracterizada por un efecto de «doble espejo» entre los artículos 17-1.c) y 9 número 1 y 4 del Código civil, en la que la nacionalidad y la filiación del menor son respectivamente cuestiones previas la una respecto de la otra, sin que ninguna de la dos se pueda definir sin determinar antes la otra: El hijo es nacional marroquí si se establece su filiación respecto de un padre marroquí, pero para determinar esta filiación ha de hacerse aplicación del estatuto personal del hijo que, a su vez, se determina por la nacionalidad del mismo, nacionalidad que no puede afirmarse sin el prius de la filiación. VIII.  En una primera aproximación al tema, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, se observa que el artículo 9 número 4 del Código civil adolece de una laguna legal por referirse sólo al carácter y contenido de la filiación pero no a su «determinación». Para subvenir a tal laguna, descartada la tesis de la «lex fori» por falta de soporte legal, la mayoría de la doctrina científica y la oficial de este Centro Directivo ha abogado por una aplicación analógica del propio artículo 9 número 4 citado (cfr. Resoluciones de 29 de abril de 1992 y 18 de septiembre de 1993, entre otras), tesis a la que más recientemente se ha sumado el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de marzo de 2000, lo cual supone acudir a la ley nacional del hijo, sometiendo a la misma los títulos de determinación y acreditación de la filiación, la regulación de los medios de prueba y de las acciones de impugnación y reclamación de la filiación. IX.  Cierto es que estando en cuestión la determinación sobre el efecto de transmisión de la nacionalidad en función del carácter matrimonial o no matrimonial de la filiación, en atención a las diferencias sustantivas entre ambos tipos que al respecto se desprenden de la legislación marroquí (conforme al art. 148 de la Mudawana la filiación ilegítima no produce

ninguno de los efectos de la filiación legítima respecto al padre), y a la vista del principio de igualdad jurídica y proscripción de toda discriminación por razón de filiación que establecen los artículos 14 y 39 de nuestra Constitución, principios desarrollados legalmente en nuestro Ordenamiento desde la Ley 11/1981, de 13 de mayo, el reenvío que el artículo 9 número 4 del Código hace a aquella legislación puede ser excepcionado aplicando el filtro constitucional a través de la cláusula del orden público internacional español, en línea con la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, de 29 de mayo, en la que se afirma que «el estatuto jurídico del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos» (Fundamento jurídico 5.º). El mismo Tribunal Constitucional ha hecho aplicación práctica de esta idea para rechazar la intervención de la ley extranjera que prohíbe las acciones de filiación del hijo, aplicando en su lugar sustitutivamente la Ley española, activando así la previsión del artículo 12 número 3 del Código civil (vid. Sentencia 7/1994, de 17 de enero). Igualmente actúa en tal dirección la existencia de normas materiales imperativas en el Derecho español que limitan el alcance de las normas de conflicto antes vistas, como es el caso de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cuyo artículo 1 declara aplicable la Ley a todo menor de dieciocho años que se encuentre en España, sean estos nacionales o extranjeros. La Ley española como Ley del foro es también la que resulta aplicable si se parte de la idea de que, por ser la filiación una cuestión previa y condicionante de la de la nacionalidad del menor, la cuestión del establecimiento del vínculo filial se ha de resolver partiendo como premisa previa del carácter indeterminado de la nacionalidad del hijo, lo que supone aplicar como punto de conexión la residencia habitual de éste (cfr. arts. 9 número 4 y número 10 Cc), lo cual remi-

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te en el presente caso, como se ha dicho, a la ley española, que es la más estrechamente vinculada al supuesto de hecho (ley del foro, ley del nacimiento y de la residencia habitual de padres e hijo). Finalmente en este complejo proceso interpretativo, abundando en la solución apuntada, se ha de ponderar de forma decisiva el principio del favor filiationis, que igualmente aconseja aplicar la ley que reconoce el vínculo de filiación como vínculo jurídico resultante del hecho biológico de la procreación (ley española), descartando la ley que niega tal vínculo (ley marroquí). X.  Las conclusiones anteriores no quedarían desvirtuadas incluso si se considerase que la anterior aproximación metodológica al tema puede no ser la correcta cuando de lo que se trata es de examinar la cuestión de la determinación de la filiación como cuestión previa a la aplicación del artículo 17-1-c del Código civil, pues si el resultado de la exclusión de la legislación extranjera fuera la de admitir el nexo filial a los efectos del Derecho español, arrastrando con ello la consecuencia, lógica desde la perspectiva de nuestro Ordenamiento, de la afirmación de la nacionalidad marroquí del hijo, el resultado final sería el del incumplimiento de la finalidad de aquel precepto, esta es, la evitación de la apatridia, si paralelamente la misma conclusión sobre la nacionalidad del menor no fuese alcanzada, como obviamente no lo será por partir de la premisa de su inaplicación, por la legislación marroquí. Con ello se daría precisamente la situación de apatridia que se trataba de evitar. Desde esta perspectiva, para lograr la finalidad a que propende la norma se impondría admitir la excepción de la excepción, esto es, la inaplicación al caso de la cláusula del orden público, razón por la que procede el análisis del tema de la filiación del menor desde la exclusiva perspectiva del Derecho marroquí. Pues bien, resulta incuestionable que el Derecho marroquí asume el criterio de

la transmisión de la nacionalidad iure sanguinis como regla preferente (vid. artículo 6 del Dahir número 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958), si bien ello lo hace asumiendo el principio básico propio del Derecho de familia islámico de que el parentesco se transmite por línea masculina, razón por la cual la transmisión de la nacionalidad por vía materna se condiciona a que el padre sea desconocido. La legitimidad de la filiación presupone, en consecuencia, la prueba de la consanguinidad del padre respecto del hijo. La filiación se presume iuris tantum por la Ley cuando el hijo nace durante el matrimonio o en un determinado periodo de tiempo posterior a su disolución compatible con la presunción de que la concepción fue matrimonial (cfr. arts. 152 a 154 de la Mudawana). Esto viene a coincidir con el contenido de la información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de Marruecos en nota verbal del año 1994, que vincula la prueba de la paternidad a la existencia de un matrimonio válido conforme a la legislación marroquí. Pero tal afirmación, aislada de su contexto jurídico, supone a fecha actual incurrir en una suerte de «sinécdoque jurídica», tomando la parte por el todo, pues son medios legales para la determinación de la filiación paterna no sólo la presunción legal que se deriva del matrimonio, sino también el reconocimiento y la cohabitación (cfr. art. 152 de la Mudawana reformada), produciendo ésta los mismos efectos de prueba que el matrimonio, y ostentando el hijo reconocido los mismos derechos y deberes que los hijos matrimoniales (cfr. arts. 157 de la Mudawana reformada). Esta nueva situación legal obliga a extender la solución dada al caso de la filiación paterna matrimonial a los casos de matrimonios civiles contraídos en el extranjero (matrimonio que en España presupone la cohabitación: art. 68 Cc), y a los supuestos de filiación No matrimonial cuando quede acreditado el reconocimiento, válido para Ma-

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rruecos, o la cohabitación. Hay que subrayar, en cuanto a los matrimonios contraídos por ciudadanos marroquíes fuera de Marruecos, que el nuevo Código de Familia marroquí admite su celebración en la forma local propia del país de la residencia habitual de aquellos, admitiendo, pues, el Derecho marroquí en la actualidad en esta materia la regla «locus regit actum», sin perjuicio de la obligación de depositar una copia del acta matrimonial en el Consulado de Marruecos correspondiente al lugar de celebración (cfr. arts. 14 y 15). Además, el artículo 157 del nuevo Código admite el establecimiento de la filiación también en los casos de matrimonios viciados o impugnables o incluso en el supuestos de las denominadas «relaciones por error» (vid. art. 152 número 3). XI.  En cuanto a estos efectos probatorios de la filiación no matrimonial, no puede obviarse el hecho de que la propia inscripción del nacimiento en el Registro Civil español constituye prueba de la filiación (cfr. arts. 113 Cc, y 2 y 41 LRC), siempre que no se aprecie imposibilidad biológica para la paternidad y que no se haya otra distinta acreditada (cfr. art. 113 in fine Cc). La invocación en este punto de los citados preceptos del Ordenamiento español se hacen no en calidad de reguladores del fondo del reconocimiento (al no haber cuestión en este caso sobre la necesidad de consentimientos complementarios o de otros posibles obstáculos legales), aspecto en el que hay algunos antecedentes en la jurisprudencia registral no pacíficos desde el punto de vista de su aceptación por parte de la doctrina científica, sino en tanto que relativos a la «forma» del reconocimiento, y por tanto amparados en su pertinencia in casu por las reglas del artículo 11 del Código civil (cfr. Resolución de 25 de marzo de 1985). Finalmente ha de destacarse en esta materia la asunción del principio del favor filiationis por el Derecho marroquí, que sienta la presunción de que «la filiación es legítima respecto del padre y de la madre salvo prueba en

contrario» (vid. art. 143). Admitida, pues, la existencia de un vínculo filial entre el padre marroquí y su hija, ésta adquiere de iure por filiación desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su padre. Si, por el contrario, atendida la fecha de nacimiento de la hija, anterior a la reforma legal examinada, no se considerase reconocida para el Derecho marroquí la filiación paterna de la nacida, la situación equivaldría a la de un hijo de madre marroquí y de padre desconocido en la que también está atribuida por filiación la nacionalidad marroquí (cfr. Resolución de 31.4.ª de mayo de 2000). XII.  Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17.1.c) del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido ostenta la nacionalidad española, al estar basada la pretensión y el posterior recurso en un certificado consular que en modo alguno puede servir para fundamentarla ya que tan sólo recoge parcialmente la legislación marroquí sobre atribución de nacionalidad, al no producirse en este caso situación alguna de apatridia. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (2.ª) de 7 de diciembre de 2006, sobre atribución de apellidos. Para el que adquiere la nacionalidad española y su filiación está determinada, deben consignarse los apellidos fijados por tal filiación según resulten de la certificación extranjera de nacimiento. En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil Central.

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dictar la resolución, por lo que entendía que debía confirmarse.

1.  Con fecha 13 de julio de 2004, el Registro Civil de R. remitió al Registro Civil Central la documentación correspondiente para practicar la inscripción de nacimiento de don A.: Notificación de la concesión de la nacionalidad española por residencia; acta de juramento en la que el interesado manifiesta que le corresponden los apellidos de R.; traducción de la copia literal del acta de nacimiento, en la que consta el apellido R.; y declaración de datos para la inscripción y tarjeta de residencia en la que consta como apellido R.

HECHOS

2.  Recibida la anterior documentación en el Registro Civil Central, se requirió al interesado a fin de que aportara el certificado de nacimiento original de su madre que acreditara documentalmente el patronímico de ésta, ya que le sería impuesto como segundo apellido, y se le informó que le impondría como primer apellido el de «Riany», según se desprendía de la traducción aportada. El interesado presentó traducción del acta de nacimiento expedido por el Consulado General de Marruecos en B., en el que constaba como apellido Riyani, hijo de A. y A. Con fecha 30 de noviembre de 2005 se practicó la inscripción de nacimiento de don A. 3.  Notificada al interesado su inscripción de nacimiento, éste manifestó que había un error en su certificado de nacimiento, pues sus apellidos correctos eran Riyani Riyani. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la confirmación de la calificación efectuada, ya que el apellido en la forma Riany es como figuraba en la inscripción de nacimiento del interesado en el Registro civil local. El Encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 2, 57, 60 y 93 de la Ley del Registro Civil; 12, 194, 205, 206, 217, 218, 342 y 365 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de esta Dirección General, entre otras, de 31-1.ª de marzo, 12 y 21-2.ª de abril, 171.ª y 7.ª y 27-2.ª de mayo, 13-2.ª de junio y 1-4.ª de julio de 2003; 24-1.ª de febrero, 24-1.ª de junio y 9 de julio de 2004; y 7-5.ª de junio de 2005. II.  Para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español los apellidos fijados por tal filiación, según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª, RRC). Por esto ha de reflejarse en la inscripción de nacimiento dichos apellidos según resulten de la certificación extranjera de nacimiento acompañada. En este caso, el interesado, de nacionalidad española adquirida por residencia, fue inscrito con los apellidos «Riany Riany» e impugna la inscripción porque los que considera correctos son «Riyany Riyani» y, por ello, insta su modificación. Pero es lo cierto que a la vista de la certificación local traducida aportada, que sirvió de título para la inscripción, consta de manera que no deja lugar a duda, que la grafía de los apellidos del interesado es la que se hizo constar en la inscripción por el Registro Civil Central y, consecuentemente, no se advierte que haya existido error en la calificación registral que deba ser rectificado. III.  En todo caso ha de quedar a salvo el expediente, distinto, de cambio de apellidos de la competencia del Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 y 207 RRC), –hoy, por delegación, de esta Dirección General (Orden JUS/345/2005,

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de 7 de febrero)– que se instruye en el Registro Civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC), si concurren los requisitos necesarios para que el cambio pueda ser autorizado. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar la calificación efectuada.

Resolución (4.ª) de 7 de diciembre de 2006, sobre cambio de nombre propio. No hay justa causa para cambiar «Gisela» por «Gisel». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de B.

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de B. el 12 de septiembre de 2005, doña G., mayor de edad, casada y con domicilio en B., solicita el cambio de nombre de «G.» por «G.». Adjunta la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, libro de familia y diversa documentación donde aparece el nombre de «Gisel». 2.  Con esa misma fecha comparecen dos testigos que manifiestan que conocen a la interesada y que utiliza habitualmente el nombre de «Gisel». Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que no procede lo solicitado, en base al artículo 54 de la Ley del Registro Civil. El Juez Encargado dictó auto con fecha 15 de noviembre de 2005, denegando el cambio de nombre. 3.  Notificado el Ministerio Fiscal y la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del

Notariado, manifestando que el nombre de «G.» no es una variante ortográfica del «G.», sino que es un nombre original y sustantivo. 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación del auto recurrido. El Juez Encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 9-1.ª y 2.ª, 28-2.ª y 30-1.ª y 2.ª de enero, 6-1.ª y 127.ª de febrero, 27-1.ª y 3.ª de marzo, 10-2.ª y 3.ª y 16-2.ª y 3.ª de abril, 17-3.ª y 24 de mayo, y 6-1.ª, 2.ª y 3.ª, 7-1.ª y 2.ª, 12-1.ª, 16-1.ª y 3.ª y 19-1.ª y 2.ª de junio, 8-2.ª y 31-5.ª de octubre de 2003 y 5-1.ª de enero de 2004. II.  Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio del nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación por su escasa entidad ha de ser estimada objetivamente como mínima o intranscendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de que llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito.

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III.  Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado el cambio de «Gisela» a «Gisel», en cuanto que la modificación es evidentemente mínima al suponer solamente la supresión de una vocal y obtener una forma apocopada del nombre oficial correcto. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, confirmar el auto recurrido y desestimar el recurso.

Resolución (5.ª) de 7 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS 1.  En fecha 13 de julio de 2005, don A., nacido en M. el 25 de junio de 1966, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 8 de abril de 2005 en Cuba, según la ley local, con doña I., nacida en Cuba, el 25 de enero de 1988, de nacionalidad cubana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, DNI, certificado de nacimiento, consentimiento por parte de los padres para contraer matrimonio y certificado de estado civil de la interesada y certificado de nacimiento y certificado de estado civil del interesado.

2.  Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 17 años, es soltera y no se dedica a nada, que su esposo tiene 39 años, es soltero y trabaja como ayudante de un camión para E., que se conocieron en septiembre de 2004 en casa de su amiga Y., de la cual no conoce sus apellidos, que él estaba en una fiesta en casa de esta vecina, que se relacionaron durante 5 días como pareja, que él regresó en diciembre y durante un mes y medio convivieron en casa de ella, que volvió en marzo de 2005 para contraer matrimonio, que volvió a Cuba en junio por 17 días. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que tiene 39 años, es soltero y trabaja como ayudante de camión en M., que su esposa tiene 17 años, es soltera y dejó los estudios, que se conocieron en septiembre de 2004 y se relacionaron como pareja durante 7 días, que regresó a Cuba en diciembre y se hospedó en casa de ella durante mes y medio, que regresó en marzo para contraer matrimonio, que posteriormente volvió en junio para estar con su esposa 17 días. 3.  Notificado el Ministerio Fiscal se opone a la trascripción del matrimonio. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 8 de septiembre de 2005 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4.  Notificada la resolución a los promotores, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, aportando documentación complementaria como transferencias bancarias, facturas telefónicas y billetes de avión. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que

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se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 18 de junio, 1-1.ª y 2-2.ª de septiembre y 27-4.ª de diciembre de 2005; 19-1.ª de enero, 9-3.ª y 21-2.ª de febrero, 16-1.ª de marzo, 7-2.ª y 3.ª y 11-4.ª de abril, 31-1.ª y 5.ª de mayo, 23-2.ª de junio, 205.ª, 22 y 25-1.ª de julio y 5-2.ª de septiembre de 2006. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del

matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de una simulación. Es cierto que la relación entre los contrayentes no ha sido muy extensa, puesto que se conocen siete meses antes de contraer el matrimonio, pero se aportan justificantes de viajes, de envíos de dinero, de llamadas telefónicas, etc, que acreditan la existencia de una continuidad e intensidad de la relación que no permite deducir con seguridad que se haya utilizado el matrimonio como instrumento para alcanzar otros fines. De otro lado, el medio por el que podría haberse presumido la inexistencia de un consentimiento matrimonial válido, era el trámite de audiencia reservada y ambos contrayentes contestaron a las breves y formularias preguntas que se les

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Técnico Medio de Informática, que su esposo tiene 26 años, es soltero y trabaja como administrativo en una fábrica de fundición, que tuvieron el primer contacto en enero de 2005 por internet, que se relacionaron por esta vía durante un mes, que personalmente se conocieron el 9 de febrero de 2005 cuando él viajó a Cuba, y comenzaron la relación de noviazgo, que regresó a Cuba en junio y se hospedaron en una casa de renta, posteriormente volvió en enero de 2006 para contraer matrimonio, que a la boda asistieron los padres de su esposo y una hermana. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que tiene 26 años, es soltero y trabaja como administrativo en una fábrica de fundición, que su esposa tiene 18 años, es soltera y estudia cuarto año de Técnico Medio de Informática, que se conocieron en enero de 2005 por internet y se relacionaron por esta vía un mes, que personalmente se conocieron el 9 de febrero de 2005 cuando él viajó a Cuba, relacionándose como amigos, que regresó a Cuba en junio y comenzaron las relaciones de pareja, que volvió en enero de 2006 para contraer matrimonio, que a la boda asistieron su madre, el esposo de ésta y una hermana.

1.  En fecha 25 de enero de 2006, don P., nacido en S., el 9 de enero de 1980, y doña D. nacida el 17 de mayo de 1987 en Cuba, presentaron ante el Consulado de España en H. hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 19 de enero de 2006 en Cuba. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, certificado de nacimiento, y fe de estado civil del interesado y certificado de nacimiento y certificado de estado civil de la interesada.

3.  El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que existiendo una certeza racional de obstáculo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 23 de febrero de 2006 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia.

2.  Ratificados los interesados, comparece la contrayente ante el Registro Consular manifestando que tiene 18 años, es soltera y estudia cuarto año de

4.  Notificada la resolución a los promotores, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la ins-

formularon sin incurrir en contradicciones significativas. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 8 de abril de 2005 en M. (Cuba), entre don A. y doña I.

Resolución de 9 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.

HECHOS

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cripción del matrimonio, aporta documentación complementaria como fotografías, cartas, correos electrónicos y billetes de avión. 5.  De la interposición de los recursos se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 24, 2.ª, 27, 4.ª y 30, 2.ª de junio; 9, 1.ª, 29, 1.ª y 30,1.ª de julio; 3, 1.ª, 8, 1.ª y 2.ª, 9, 1.ª y 17, 2.ª de septiembre; 1,1.ª, 4,2.ª, 7, 3.ª, 8,3.ª y 28, 1.ª octubre; y 1, 1.ª, 7, 1.ª y 17, 2.ª de noviembre de 2003 y 23-2.ª de enero de 2004. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil

español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas no han revelado ninguna contradicción o desconocimiento básico entre los contrayentes. Junto a lo que antecede, las pruebas aportadas en el presente caso, ponen de manifiesto que con anterioridad al matrimonio existió un conocimiento personal entre los cónyuges y una relación, que estos acreditan con abundante correspondencia

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electrónica, envíos de dinero y fotografías, que permiten mantener la existencia de un consentimiento matrimonial válidamente prestado.

Fiscal, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de B.

V.  Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto».

HECHOS

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado. 2.º  Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 19 de enero de 2006 en Cuba entre don P. y doña D.

1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de B. el 13 de septiembre de 2005, doña R., mayor de edad, solicita el cambio de nombre de su hija G. por el de «J.» ya que es el que utiliza tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Adjuntaba la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento, y diversa documentación oficial donde aparece el nombre de «Jessica». 2.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste se muestra conforme con lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil, dicta auto con fecha 2 de enero de 2006 denegando el cambio de nombre. 3.  Notificado el Ministerio Fiscal y la interesada, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el cambio de nombre. 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal, que se adhiere al mismo. El Juez Encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Hay justa causa para cambiar «Gesica» por «Jéssica», más correcto ortográficamente.

I.  Vistos los artículos 54, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 209, 210, 217, 218 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de, entre otras, de 8-2.ª y 25-4.ª de marzo, 13-1.ª, 20-2.ª, 21-2.ª y 27-3.ª de mayo de 2002; 5-4.ª de noviembre de 2003; 24 de julio de 2004; y 30-3.ª de enero de 2006.

En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, con adhesión del Ministerio

II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio por el usado habitualmente (arts. 209-

Resolución (1.ª) de 11 de diciembre de 2006, sobre cambio de nombre propio.

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4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC). III.  Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, debe estimarse objetivamente como mínima o intranscendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de que llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con un apocope, contracción, deformación o pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito. Ahora bien, de esta doctrina siempre se han exceptuado aquellos casos en el que el nombre propio estaba incorrectamente escrito así como aquéllos en que el nombre propuesto era más apropiado como antropónimo que el inscrito. IV.  Esta excepción debe apreciarse en el caso presente en el que se solicita el cambio de la grafía incorrecta «Gésica» por la más correcta catalana «Jéssica». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso. 2.º  Autorizar el cambio del «Gesica» por «Jéssica», usado habitualmente, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil. El Encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el artículo 217 del mismo Reglamento.

Resolución (2.ª) de 11 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando la posesión de la na-

cionalidad no ha durado diez años, ni el interesado ha probado haber residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad por consolidación remitido a este Centro en trámite de recurso, en virtud del entablado por el promotor con adhesión del Ministerio Fiscal contra Auto del Sr. Juez Encargado del Registro Civil de A.

HECHOS 1.  El 26 de agosto de 2005 D. M., nacido el 14 de octubre de 1969 en D. (Sahara español), con documentación argelina y con domicilio en A., presentó escrito en el Registro Civil correspondiente a su domicilio para solicitar la adquisición de la nacionalidad española por consolidación según el artículo 18 del vigente Código Civil basándose en que había ostentado durante más de diez años la nacionalidad española, que vivió en Sahara español hasta el abandono del territorio por parte de España en 1976, poseyendo tanto él como sus padres documentación española y que, dadas las circunstancias de los saharauis a partir del año 1975, no pudo acceder al derecho de opción reconocido por el Real Decreto 2258/1976 de 10 de agosto al encontrarse viviendo durante tal periodo en los campamentos de refugiados en T. (Argelia), que siempre ha vivido como español y que nunca ha adquirido ninguna otra nacionalidad. Como fundamento a su solicitud aportó los siguientes documentos relativos a su padre, D. H. fotocopia del DNI, tarjeta de pagaduría de pensionistas del Ministerio de Defensa, tarjeta de asistencia sanitaria, ficha individual del registro de población de la provincia de Sahara, ficha familiar y propuesta de concesión de retiro expedida por el Gobierno General de Sahara. Relativos al promotor, certificado de nacionalidad saharaui de expedido por la República

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Árabe Saharaui Democrática, recibo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental, certificado de la Embajada de Argelia en M. exponiendo que el promotor es de origen saharaui y no tiene la nacionalidad argelina, fotocopia de su pasaporte argelino, resolución de recurso de la Delegación del Gobierno en Extremadura por la que se le concede la autorización de residencia permanente y certificado municipal de empadronamiento en A. Relativos a su hija, N.: Certificado literal original de nacimiento con anotación marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción, fotocopia de su DNI y de la hoja de datos de su pasaporte español en vigor. 2.  Ratificado el promotor, el Ministerio Fiscal manifestó su conformidad con la petición. Por su parte, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de A., el 3 de octubre de 2005 dictó Auto dictaminando no haber lugar a declarar la nacionalidad española del promotor con valor de simple presunción al no haber quedado acreditado que el promotor hubiera venido llevando a cabo actos inequívocos propios de un nacional español, particularmente, no quedaba acreditado que hubiera usado de forma permanente y de buena fe la nacionalidad española durante diez años, con lo que no se cumplía el requisito básico para que la solicitud presentada pudiera prosperar. 3.  Notificado el Auto anterior al Ministerio Fiscal y al promotor, éste interpuso recurso en el Registro Civil de A. el 30 de noviembre de 2005 para que fuera elevado a la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del Auto denegatorio y la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción. 4.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se adhirió al recurso interpuesto por el promotor, por lo que el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de A. ordenó la remisión del expediente a la Dirección Gene-

ral de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso planteado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 1-2.ª y 3.ª, 5-2.ª, 23-3.ª de junio; 13-2.ª, 14-1.ª, 15-2.ª de julio; 161.ª, 21-3.ª de septiembre; 15-2.ª, 16-1.ª de octubre; 11-1.ª y 2.ª, 12-4.ª, 16-3.ª de noviembre y 3-2.ª, 7-3.ª, 23-2 y 28-2.ª de diciembre de 2004; 21-1.ª de enero, 31.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 143.ª de marzo,15-3.º de abril, 28 de mayo, 27-3.ª de septiembre y 3-1.ª de octubre de 2005; y 1-2.ª de marzo de 2006. II.  El interesado, por escrito de 26 de agosto de 2005 presentado en el Registro Civil de A., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en D., Sahara Occidental, y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado dictó auto denegando la nacionalidad española de el promotor. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. arts. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, a los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la na-

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cionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/1976. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición espa-

ñola en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a)  en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b)  vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c)  por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a

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la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente no se ha justificado que el interesado, ni sus padres, residieran en el Sahara cuando estuvo en vigor el Real Decreto de 1976, de modo que quedara imposibilitado de facto para optar a la nacionalidad española. De otro lado, si bien, por aplicación del artículo 18 del Código Civil, «la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe, y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó», lo cierto es que el interesado, no cumple el requisito del tiempo de posesión y utilización, porque tenía siete años cuando España en 1976 abandonó el territorio del Sahara y, a partir de esa fecha, no ha ostentado documentación como español, de modo que no ha completado el período de diez años exigido. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (3.ª) de 11 de diciembre de 2006, sobre cambio de nombre propio. Por economía y delegación, la Dirección General accede al cambio de «Oliverio» por «Luís». En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de L.

HECHOS 1.  Por escrito presentado en el Registro Civil de L. el 21 de junio de 2005, don O., mayor de edad, solicita el cambio de nombre de «O.» por «L.». Adjunta la siguiente documentación: Certificado de nacimiento, DNI, certificado de matrimonio y diversa documentación oficial donde aparece el nombre de «L.». 2.  Con esa misma fecha comparecen dos testigos que manifiestan que conocen al interesado y que utiliza habitualmente y es conocido por el nombre de «L.». Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que no procede lo solicitado, toda vez que de la documentación aportada, se deduce que el instante viene utilizando el nombre de L., L. y O. indistintamente. El Juez Encargado del Registro Civil, dicta auto con fecha 15 de julio de 2005 denegando el cambio de nombre. 3.  Notificado el Ministerio Fiscal y el interesado, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el cambio de nombre. 4.  De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo. El Juez Encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

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requisitos específicos exigidos para la modificación (cfr. art. 206, III, RRC).

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 205, 206, 209, 210, 354 y 365 del Reglamento del Registro Civil; la Orden Ministerial de 26 de junio de 2003, y las Resoluciones de 28 de febrero y 26-1.ª de abril y 5-2.ª y 7-2.ª de julio y 22-2.ª de septiembre y 8-1.ª de octubre de 2003 y 6-4.ª de febrero de 2004. II.  El Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre inscrito por el usado habitualmente (arts. 2094.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC). III.  En el caso presente, presupuesta la concurrencia de los demás requisitos, el Juez Encargado ha denegado el cambio postulado porque las pruebas presentadas no llegan a justificar la habitualidad en el uso del nombre pretendido, de modo que la competencia para aprobar el expediente excede de la atribuida al Encargado y corresponde por el contrario a la competencia general del Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (Orden Jus 345/2005 de 7 de febrero), a esta Dirección General. IV.  Conviene en todo caso examinar la cuestión acerca de si el cambio intentado pudiera ser acogido por esta otra vía. Se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio ante el Registro Civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC) y poderosas razones de economía procesal aconsejan ese examen (cfr. art. 384 RRC), ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico. V.  La cuestión apuntada merece una respuesta afirmativa. El cambio intentado no perjudica a tercero y hay para él una justa causa, con lo que se cumplen los

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Confirmar el auto apelado 2.º  Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (Orden Jus. 345/2005 de 7 de febrero), el cambio del nombre inscrito «Oliverio» por «Luis», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación, conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.

Resolución (4.ª) de 11 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni cumplido los demás requisitos exigidos por dicho artículo. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de S.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de S., don M., nacido el 1 de enero de 1952 en A. (Sahara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española con valor de simple presunción. Adjuntaba la siguiente documentación: DNI, carné de conducir,

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permiso de residencia, certificado de empadronamiento, documentación remitida por la Delegación de Gobierno del Ministerio de Defensa de Las Palmas sobre la afiliación al cuerpo de policía del padre del interesado.

ción, con valor de simple presunción, de su nacionalidad española, al haber nacido en A., Sahara Occidental y cumplir los requisitos establecidos. El Juez Encargado del Registro dictó auto denegando la petición del interesado.

2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, emite informe desfavorable.

III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. arts. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).

3.  El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 5 de enero de 2006 en el que desestima la petición realizada por el interesado en base a que no demuestra los diez años de posesión de la nacionalidad, siendo ninguna la coincidencia de nombres entre el promotor y el titular de los carnets de identidad y de conducir. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el recurso. El Juez Encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II.  El interesado, por escrito de 23 de noviembre de 2005 presentado ante el Registro Civil de S., solicitaba la declara-

IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/1976. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En

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concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español».

entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a)  en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b)  vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c)  por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara.

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan,

VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que el interesado, cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estu-

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viese imposibilitado de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Tampoco está acreditada su inscripción en el Registro Civil ni la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (5.ª) de 11 de diciembre de 2006, sobre autorización de matrimonio civil. Se autoriza porque no hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, con adhesión del Ministerio Fiscal, contra auto emitido por el Juez Encargado del Registro Civil de C.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de C. el 3 de mayo de 2005, don G., nacido en T. el 27 de junio de 1966, y doña L., nacida en Perú el 20 de octubre de 1962, de nacionalidad peruana, iniciaban expediente en solicitud para contraer matrimonio civil. Adjuntaban la siguiente documentación: DNI, certificado de nacimiento, certificado de empadronamiento y certificado de nacimiento del contrayente y certificado de nacimiento, certificado de inscripción consular, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y certificado de empadronamiento de la contrayente.

2.  Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que el matrimonio proyectado no está incurso en prohibición legal alguna. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la contrayente que manifiesta que conoció a su novio en una pensión llamada P., que ella trabajó como camarera en el H. y él es encofrador, ambos viven juntos, que ella tiene 4 hermanas, que tiene 3 hijos, que conoce a los padres de su novio, que viven en G., que tiene un hermano al que no conoce porque no se relaciona, que su novio no tiene hijos, que ella llegó a España en 2001, que ella tiene bachillerato y él los estudios primarios, ambos son católicos no practicantes. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el contrayente que manifiesta que conoció a su novia en una pensión llamada P., que ella trabajó de camarera en el H., que él es encofrador, ambos viven juntos, que conoce el nombre de los padres de ella, el padre es fallecido, que conoce a sus hermanas, que tiene 3 hijos, que sus padres viven en G. que tiene 3 hermanos, que con el más pequeño no ser relaciona, que ella llegó a España en 2001, que ambos son católicos no practicantes. 3.  El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil de L., mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2005 deniega la autorización para contraer matrimonio de los solicitantes dado que no cumplen los requisitos en cuanto al conocimiento que los promotores deben tener, según la legislación española. 4.  Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. 5.  Notificado el Ministerio Fiscal, éste estima el recurso. El Juez Encargado del Registro Civil remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 27-3.ª de diciembre de 2004; 19 de febrero, 31-1.ª de marzo, 9-1.ª de abril, 28-1.ª de septiembre, 28-6.ª de octubre y 30-1.ª de diciembre de 2005; 10-1.ª de enero, 154.ª de febrero, 6-2.ª y 7-3.ª de marzo, 29-5.ª de mayo, 20-2.ª, 26-3.ª y 5.ª de junio,19-2.ª y 25-1.ª de julio y 5-2.ª y 3.ª de septiembre de 2006.

vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

II.  Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil existe un trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 3.ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII), como es la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

V.  En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las declaraciones de uno y otro contrayente no se advierte en ellas contradicciones significativas y el conocimiento recíproco de sus datos familiares y personales se considera adecuado. A ello se une la existencia de una convivencia que se considera acreditada con la aportación del certificado de empadronamiento y del contrato de arrendamiento de su vivienda. La interesada posee permiso de residencia y trabajo, por lo que debe excluirse la posibilidad de que se hubiese acudido al matrimonio con el fin de regularizar su situación en España. Por último, el Ministerio Fiscal ha emitido informe favorable a la estimación del recurso, a la vista de los documentos aportados.

III.  La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el

VI.  Por tanto, si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el

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matrimonio pretendido, ha de ser preferible no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º  Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º  Declarar que no hay obstáculos para que el Juez Encargado autorice el matrimonio.

Resolución (1.ª) de 12 de diciembre de 2006, sobre certificado de capacidad matrimonial. Se deniega su expedición porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en el extranjero remitido a este Centro en trámite de recurso, en virtud del entablado por el promotor contra Auto del Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Almuñecar (Granada).

HECHOS 1.  El 26 de septiembre de 2005, D. F., de nacionalidad española, nacido el 12 de octubre de1957 en A. y domiciliado en dicha localidad, inició expediente para solicitar autorización para contraer matrimonio civil en Marruecos por el rito coránico con doña F. nacida el 11 de julio de 1974 en O. (Marruecos), de nacionalidad marroquí y con domicilio

en K. (Marruecos). Como documentación acreditativa de su pretensión adjuntó: Correspondientes al futuro contrayente: Fotocopia de su DNI, certificado literal original de nacimiento expedido por el Registro Civil de A., certificado literal original de matrimonio con su anterior esposa en el que consta nota marginal de divorcio de la pareja, certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes, certificado municipal de empadronamiento y declaración jurada de su estado civil de divorciado. Correspondientes a la novia: Fotocopia de su tarjeta de identidad marroquí, certificado de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia; todos los documentos eran originales a los que acompañó sus correspondientes traducciones oficiales. 2.  Ratificado el interesado, el 26 de septiembre de 2005 se procedió a practicar la audiencia reservada prevista en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil. El promotor, entre otras cosas, manifestó lo siguiente: Que conoció a su novia en febrero de ese mismo año porque viajó a Marruecos y la conoció en casa de una prima de ella. Que entre ellos se comunicaban en francés y en español porque el hablaba un poco de francés y ella hablaba el español. Que estuvo un fin de semana con ella y en junio del mismo año estuvo con ella una semana. Que todas las semanas hablaban por teléfono. Que una vez que se casaran, pensaban vivir en casa del promotor, en A. 3.  El Sr. Juez Encargado del Registro Civil no observó la existencia de impedimento de ligamen o cualquier otro obstáculo para la celebración del matrimonio civil pretendido. En la misma fecha se expuso edicto en el tablón de anuncios del Registro Civil con el fin de que pudiesen personarse en el expediente quienes pudieran verse afectados por la solicitud planteada. 4.  El 28 de septiembre del mismo año compareció nuevamente el promotor para aclarar que físicamente conoció a su

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novia en el mes de junio, ya que en el mes de febrero sólo habían hablado por teléfono y habían quedado en conocerse para el mes de junio.

desprendía que se trataba de un intento de matrimonio blanco, con fines ajenos a los propios de la institución matrimonial.

5.  En la misma fecha se practicó la prueba testifical, compareciendo dos testigos propuestos por el promotor, quienes manifestaron saber que los futuros contrayentes deseaban contraer matrimonio voluntariamente y que no les constaban la existencia de ningún impedimento para la celebración del mismo.

9.  El 20 de enero de 2006 el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de A. dicto Auto por el que acordó no conceder el certificado de capacidad matrimonial solicitado para contraer matrimonio fuera de España porque había quedado acreditado que los futuros contrayentes no reunían los requisitos de capacidad necesarios, deduciéndose que se trataba de un intento de matrimonio blanco con fines ajenos a los propios de la institución matrimonial.

6.  El 12 de diciembre de 2005 compareció en el Consulado General de España en R. (Marruecos) la futura contrayente, que se ratificó en el expediente de capacidad matrimonial que se estaba tramitando en el Registro Civil de A. a instancia del promotor. Seguidamente se procedió a la práctica de la audiencia reservada con ella, quien, entre otras cosas, manifestó lo siguiente: Que se casaba libremente. Que ella y su novio se habían conocido en febrero de ese mismo año por mediación de su prima. Que ella no trabajaba y que creía que su novio era jardinero. Que ella nunca había viajado a España. Que cuando se casaran pensaban vivir en el domicilio de él en España. Que entre ellos hablaban en francés. Que decidieron casarse desde el principio. Que ella tenía una prima que vivía en A. Que ignoraba dónde y cuando nació su novio, que sólo sabía que tenía 47 años. Que su novio había ido a verla una sola vez en mayo de ese mismo año y que se quedó 3 días. 7.  La conclusión del Sr. Cónsul General de España en R. fue que dado el mínimo espacio de tiempo que habían pasado juntos los futuros contrayentes y la atípica manera de conocerse, unido al desconocimiento casi total de los datos relativos al novio por parte de la compareciente no permitía deducir el propósito de un matrimonio real. 8.  El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la celebración del matrimonio proyectado, ya que teniendo en cuenta las consideraciones que se obtenían de las audiencias reservadas practicadas se

10.  Notificado el Auto anterior al Ministerio Fiscal y al promotor, éste presentó recurso el 24 de febrero de 2006 en el Registro Civil de su domicilio para que fuera elevado a la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revocación del Auto denegatorio y la autorización del matrimonio concertado. 11.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la desestimación del mismo, de conformidad con los argumentos expuestos en su anterior informe. Por su parte, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de A. ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Cons-

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titución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 24-2.ª de febrero, 18-2.ª de marzo, 10-1.ª de junio, 4-2.ª de septiembre de 2004; 3-3.ª de marzo, 264.ª de octubre, 3-5.ª de noviembre de 2005; 3-2.ª de enero, 23-2.ª de febrero, 23-2.ª y 29-3.ª de marzo, 26-5.ª de mayo, 13-4.ª y 26-4.ª de junio de 2006. II.  Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales [cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5.ª e Instrucción de 31 de enero de 2006,VII.b)], siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III.  La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar –ni contribuir, como en este caso, a la autorización– un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV.  Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es

casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V.  En el caso actual de un matrimonio proyectado entre un español y una marroquí, de los respectivos trámites de audiencia reservada habida con ellos, resultan determinados hechos objetivos de los que puede deducirse que el propósito de los interesados al celebrar el matrimonio ha perseguido fines distintos de los propios de esta institución. Inicialmente hay dos hechos significativos. Uno, la dificultad de comunicación derivada de la inexistencia de una lengua común que dominen ambos interesados. Él dice que se comunican en español y francés y ella que solo en francés, pero se contradicen, porque él manifiesta que ella habla español y si esto fuese así, carece de sentido que, teniendo una lengua común, ella declare que se comunican en francés. El otro hecho es el, prácticamente inexistente, tiempo de conocimiento directo que han mantenido, según él una semana en junio de 2005, según ella, tres días en mayo de 2005. Independientemente de las importantes contradicciones en que incurren, los dos hechos significativos mencionados constituyen según la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, antes citada, factores que hacen presumir la existencia de un matrimonio de complacencia. Aparte de esto, carece de justificación que ella ni siquiera sepa cual es el trabajo de él, cree que es jardinero cuando es pintor –así consta en el escrito de solicitud– ni que conozca sus ingresos; no resulta lógico entre personas que tienen el propósito de iniciar una vida en común que se ignoren los medios con que se cuenta para ello. Ella ignora la fecha de nacimiento de él. Inicialmente el interesado manifestó que la conoció en febrero de 2005, que estuvo un fin de semana con ella, pero según la declaración de ella y la alegación, para justificar

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la contradicción, que se alega en el recurso, en febrero solo se conocieron por teléfono. Declara él que desde que se conocieron todas las semanas se han llamado por teléfono, pero solo se adjuntan justificantes de cuatro llamadas hechas con posterioridad a la iniciación de este expediente. Todo ello lleva, sin género de duda, a entender que se pretende instrumentalizar el matrimonio con fines impropios de éste, posiblemente de carácter migratorio. VI.  A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender, como lo han hecho el Encargado del Registro Civil Consular de Rabat, el Ministerio Fiscal y la Juez Encargada del Registro Civil de A., que no se aprecia una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado, dejando a salvo la vía judicial ordinaria.

Resolución (2.ª) de 12 de diciembre de 2006, sobre nombre y apellidos. 1.º  Si el nombre del extranjero que adquiere la nacionalidad española, infringe las normas, debe hacerse constar el que proceda conforme a los criterios establecidos en el artículo 212 del Reglamento del Registro Civil. 2.º  Para el que adquiere la nacionalidad española y su filiación está determinada, deben consignarse los apellidos fijados por tal filiación según resulten de la certificación extranjera de nacimiento. En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento, re-

mitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra Auto del Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Con fecha 5 de octubre de 2004 compareció en el Registro Civil correspondiente a su domicilio doña A. Galindo Yupanqui de Quispe mayor de edad, de nacionalidad peruana de origen y española por residencia, de estado civil casada y con domicilio en L., donde fue notificada de la concesión de la nacionalidad española por residencia por Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 19 de diciembre de 2003. En dicho acto la promotora expresó su deseo de ser inscrita como española con el nombre y apellidos que constan más arriba, redactándose acta de la comparecencia y siendo remitida una copia de la misma junto con la documentación aportada al Registro Civil Central para que fuera practicada la inscripción de nacimiento. 2.  Recibida la documentación en el Registro Civil Central, por el Sr. Juez Encargado del mismo se le requirió a la interesada para que legalizara su certificado peruano de nacimiento y que acreditara documentalmente, mediante certificado consular que, conforme a su ley personal, le corresponderían los apellidos solicitados, toda vez que según la legislación española le corresponderían Galindo Yupanqui. o estos mismos en orden invertido. Dicha documentación fue aportada por la promotora y remitida al órgano solicitante. 3.  El 12 de enero de 2006 El Registro Civil Central comunicó a la promotora que se había practicado la inscripción de nacimiento en dicho Registro Civil, remitiéndosele dos certificaciones literales en las que figuraba como A. Galindo Yupanqui de Quispe.

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4.  El 21 de febrero de 2006 compareció la promotora en el Registro Civil de L. para recurrir la calificación efectuada por el Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central, solicitando que se mantuviera el nombre propio de Alejandrina María y que se eliminara el apellido de su marido, quedando su segundo apellido como Yupanqui. 5.  Remitido testimonio de la comparecencia anterior al Registro Civil Central, se tuvo por interpuesto en tiempo y forma recurso ordinario contra la citada resolución. 6.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que dictaminó que procedía cumplir la resolución por sus fundamentos. Por su parte, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado informando que, a su juicio, no habían quedado desvirtuados los razonamientos jurídicos que habían aconsejado dictar la resolución recurrida, por lo que entendía que debía confirmarse la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 9 y 109 del Código civil; 23, 53, 55 y 57 de la Ley del Registro Civil; 85 y 194 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 12-3.ª de junio de 2003; 232.ª de febrero y 3-1.ª de noviembre de 2004; y 27-1.ª de junio y 18-4.ª de noviembre de 2005 (todas en cuanto al nombre); y de 2-2.ª de julio, 6-1.ª y 3.ª, 20-2.ª y 26-2.ª y 3.ª de septiembre y 3-1.ª y 18-4.ª de diciembre de 2002; y 1-3.ª y 24-4.ª de octubre de 2003 (en cuanto a los apellidos). II.  Son dos las cuestiones que se plantean por la interesada: La relativa a la no admisión de su nombre «Alejandrina» y la relativa a la supresión en su segundo apellido de «de Quispe», que corresponde al apellido de su marido.

III.  Para el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de mantenerse, en principio, el nombre propio usado de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª RRC), pero este nombre habrá de ser cambiado por otro ajustado si infringe las normas establecidas (cfr. art. 212 y 213, regla 2.ª, RRC). IV.  Esta última circunstancia es la que impide la aprobación del expediente en este caso en el que se ha intentado mantener el nombre de «Alejandrina» y están, en efecto, prohibidos los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad (cfr. art. 54, II, LRC) y esta limitación comprende, sin duda, al nombre indicado que no es conocido en España más que como una variante del antropónimo «Alejandra» del que deriva. Por dicha razón no puede ser estimada la pretensión de la recurrente. V.  En cuanto a los apellidos, para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español los apellidos fijados por tal filiación, según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª, RRC). Por esto ha de reflejarse en la inscripción de nacimiento dichos apellidos según resulten de la certificación extranjera de nacimiento acompañada. En este caso, la interesada, de nacionalidad española adquirida por residencia, fue inscrita con el segundo apellido «Yupanqui de Quispe» a pesar de que en la certificación local de su nacimiento figura «Yupanqui» y no hay constancia en el expediente de que la interesada, de manera expresa, se hubiese acogido a la facultad que le proporciona el artículo 199 RRC, para conservar los apellidos que viniere usando. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.  Desestimar el recurso y confirmar la calificación efectuada en cuanto al nombre inscrito.

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2.  Estimar el recurso en cuanto al segundo apellido, que debe ser «Yupanqui», dejando sin efecto la calificación en este extremo.

Resolución (3.ª) de 12 de diciembre de 2006, sobre expedientes en general. En los expediente del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada de modo que sería posible reiterar un expediente sobre cuestión decidida, si hay hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS 1.  Mediante comparecencia efectuada en el Registro Civil de V. el 14 de febrero de 2005, don F., nacido en B. el 26 de enero de 1979, solicitaba la inscripción de su matrimonio civil celebrado en la República Dominicana el 28 de junio de 2004, con doña N., nacida en S. (República Dominicana) el 25 de diciembre de 1970, de nacionalidad dominicana y domiciliada en la República Dominicana. Acompañaba con la solicitud los siguientes documentos: Declaración de datos para la inscripción y acta de matrimonio expedida por autoridad dominicana, DNI, justificante de inscripción padronal y certificado de nacimiento, correspondiente al promotor, y acta de nacimiento inextensa de la interesada. 2.  El 8 de julio de 2005 se celebró la audiencia reservada con el promotor en el Registro Civil de V., manifestando que no tienen hijos comunes, y que su esposa tiene un hijo; que conoció a su mujer, vía telefónica, a través de una amiga; que él es propietario de un bar restaurante y ella

no trabaja; que él solo ha ido a la República Dominicana una vez, para contraer matrimonio, y estuvo cinco días. El Encargado del Registro Civil Consular de S. remitió copia de la resolución dictada con fecha 12 de enero de 2005 por la que se denegaba la solicitud de inscripción de matrimonio solicitada por los mismos interesados, por falta de conocimiento y convivencia, razones avaladas por las audiencias reservadas, lo que daba base para calificar estos hechos como un matrimonio simulado, informando que no se había interpuesto recurso. 3.  El Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 18 de octubre de 2005, denegando la inscripción del matrimonio solicitado, fundamentando su resolución en que los interesados ya habían intentado la inscripción de ese mismo matrimonio en el Registro Civil Consular de S., donde fue denegada, y como quiera que constaba en el expediente, que los interesados fueron debidamente informados de la resolución denegatoria, y no constaba que la recurrieran, tal resolución devino firme, y no era posible, sin acreditar ningún hecho nuevo que desvirtuara lo acordado en su día por el Registro Civil Consular reiterar el expediente ante este Registro Civil Central que nada podía hacer al respecto en una resolución que devino firme por imperativo legal. 4.  Notificado el Ministerio Fiscal y el solicitante, éste, representado por letrado, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción de su matrimonio, alegando que fue informado de que al no existir convivencia, carecía de pocas posibilidades de éxito su recurso, por lo que dejo transcurrir algún tiempo, y volvió a solicitar la inscripción del matrimonio. Presentaba la siguiente documentación: Poder de representación, facturas telefónicas, justificantes de envíos de dinero, y fotografías. Posteriormente se adjunto copia del pasaporte del interesado.

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5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación, por sus propios fundamentos, del acuerdo recurrido. El Encargado del Registro Civil Central remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, informando que no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución, por lo que entendía que debía confirmarse la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 27, 29 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 238, 245, 246, 247, 341 y siguientes, 355 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de, y las Resoluciones, entre otras, de 11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de noviembre y 2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 25-4.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero, 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª, 234.ª de marzo y 14-4.ª de noviembre de 2005; 24-2.ª de mayo, 16-3.ª y 12-3.ª de junio de 2006. II. En el ámbito del Registro Civil no rige el principio de autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr la concordancia entre Registro Civil y la realidad (cfr. arts. 24 y 26 LRC), es factible reiterar un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevas que no pudieron ser tenidas en cuenta en la primera decisión. III. En el caso actual, se había solicitado con anterioridad a este expediente, ante el Registro Civil Consular de Santo Domingo la inscripción del mismo matrimonio, celebrado en dicha capital el 28 de junio de 2004, que fue denegada por acuerdo de 12 de enero de 2005. Acuerdo que fue debidamente notificado y no recurrido por los interesados y que, por tanto, devino firme. Se pretende ahora a pretexto de la aportación de determina-

dos justificantes de comunicaciones telefónicas y envíos de dinero posteriores, reiniciar un expediente con el mismo fin, pero dicha pretensión no puede ser admitida, porque se considera que no constituyen hechos nuevos de significación relevante los documentos presentados. La admisión de reiniciar un expediente en supuestos como el presente, iría en contra del procedimiento establecido, puesto que permitiría que frente a las resoluciones firmes, en lugar de acudir los interesados a la vía judicial, reiniciaran los expedientes gubernativos con la presentación de simples pruebas preconstituidas. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, declarar no haber lugar al recurso.

Resolución (4.ª) de 12 de diciembre de 2006, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el interesado hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de M.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M., don E., nacido en A. (Sahara Occidental) solicitaba que se le reconociese la nacionalidad española con valor de simple presunción. Adjunta-

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ba la siguiente documentación: Certificado de empadronamiento, tarjeta de residencia, certificado de nacimiento, certificado del frente Polisario y certificado de antecedentes penales. 2.  Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal una vez examinado el expediente, se opone a lo solicitado. 3.  El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 18 de enero de 2006 en el que desestima la petición realizada por el interesado. 4.  Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la concesión de la nacionalidad española. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el mismo. El Juez Encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo, 15-3-.º de abril, 28 de mayo, 1-4.ª y 27-3.ª de septiembre, 3-1.ª de octubre de 2005; 28-4.ª de febrero, 18 y 21-4.ª de marzo, 14-5.ª y 17-1.ª de julio, 1-1.ª, 63.ª, 7-2.ª y 9-1.ª de septiembre de 2006. II.  El interesado, por escrito presentado en el Registro Civil de M., solicitaba la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en E., Sahara Occidental en 1951 y cumplir los requisitos establecidos. La Juez Encargada del Registro dictó

auto denegando la petición del interesado, siendo dicho auto el objeto del presente recurso. III.  Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC). IV.  En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V.  En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concu-

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rrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a)  en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 de abril de 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la

Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 de noviembre de 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI.  Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, no se considera acreditado que el interesado cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, estuviese imposibilitado de facto para optar a la nacionalidad española, por haber permanecido en los territorios ocupados. El propio interesado declara la que se

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encontraba en los campamentos de refugiados. De otro, lado, no está acreditada la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, obrando en el expediente pasaporte mauritano en el que consta el promotor como nacional de Mauritania.

novio sólo ha ido una vez a visitarla. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que conoció a su novia en 2004 por medio de un tío de ella, que se entienden en inglés, que él no trabaja, que ella es costurera, que ella tiene 5 hermanos, que ha estado una vez en Ghana.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

3.  Con fecha 13 de marzo de 2006 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la transcripción del matrimonio, al no existir verdadero consentimiento matrimonial.

4.  Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

Resolución (5.ª) de 12 de diciembre de 2006, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en G.

HECHOS 1.  Don J., nacido en España, el 10 de octubre de 1981, presentó en el Consulado General de España en G. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 24 de enero de 2006 en G., según la ley local, con doña R., nacida en G. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: Certificado de matrimonio local, consentimiento del padre de la interesada para celebrar el matrimonio, pasaporte del interesado. 2.  Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que se conocieron en 2004, que se conocieron por fotografías, que se comunican por señas, que su profesión es costurera, y la de su novio conductor, que tiene 2 hermanos y 3 hermanas, que su

5.  De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 4-3.ª, 5-1.ª, 16-2.ª, 19-4.ª y 25-3.ª de octubre; y 11-4.ª, 17-1.ª, 4.ª y 5.ª de no-

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viembre y 2-2.ª de diciembre de 2004; 24-2.ª, 25-4.ª de enero, 3-3.ª y 9-1.ª de febrero; y 2-1.ª, 3-4.ª, 17-1.ª y 23-4.ª de marzo de 2005. II.  No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III.  El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. IV.  La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos

lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. V.  Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

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VI.  En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Ghana el 24 de enero de 2006 entre un español y una ghanesa y se constata la concurrencia de unos hechos objetivos que se consideran determinantes para deducir que el matrimonio ha sido celebrado persiguiendo finalidad distinta de la que le es propia y que, por esa causa, no puede ser objeto de inscripción: No existe relación personal previa a la celebración del matrimonio, sin que haya constancia de que desde que se conocen, según dicen por fotografías en el año 2004, hasta cinco días antes de la celebración del matrimonio haya existido algún tipo de comunicación entre ellos; además, no tienen un idioma común; desconoce ella la fecha y el lugar de nacimiento de él; existen contradicciones en las declaraciones de ambos relativas al momento que deciden contraer matrimonio y a la forma en que se comunican. VII.  De estos hechos comprobados es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, que por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlo y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Resolución (1.ª) de 13 de diciembre de 2006, sobre declaración de la nacionalidad. Se retrotraen las actuaciones para que se practique la diligencia interesada por el Ministerio Fiscal. En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra providencia de la Juez Encargado del Registro Civil de C.

HECHOS 1.  Mediante escrito presentado en el Registro Civil de C. el 23 de septiembre de 2005, don J., de nacionalidad británica, y doña J., de nacionalidad ecuatoriana, solicitaron que se declarase la nacionalidad española de su hijo R., nacido el 5 de julio de 2005 en C. Aportaba como documentos probatorios de la pretensión: Certificados de empadronamiento, y pasaportes de los promotores; inscripción de nacimiento del menor; certificado del Consulado General del Ecuador en Z., indicando que no se ha registrado el nacimiento del menor en el Consulado, y que por tanto, mientras no se proceda a su inscripción, no tiene nacionalidad ecuatoriana. 2.  El Ministerio Fiscal solicitó que se exigiera certificación de la Embajada o Consulado Británico en España sobre la adquisición o no de la nacionalidad británica del nacido de padre británico fuera de su país de nacionalidad, así como del menor concreto que se solicitaba. La promotora presentó certificado del Consulado General Británico en M., indicando que no se había realizado inscripción de nacimiento alguno a nombre del menor.

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3.  El Ministerio Fiscal informó que lo que debía acreditarse con prueba documental (certificación consular británico, en este caso) era la norma o precepto legal, escrito o no, en la que basase el promotor de tal nacionalidad la falta de aplicación del criterio iure sanguinis a los hijos de sus nacionales, motivo por el cual si entraría a operar la previsión del artículo 17.1.c) del Código civil, ya que de no tener por probado el hecho de que se trataba, procedería denegar la declaración pretendida. La Juez Encargada dictó providencia con fecha 24 de noviembre de 2005, disponiendo que no había lugar a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, toda vez que por la promotora ya se había presentado certificado negativo de inscripción de nacimiento del menor, y que procedía denegar la nacionalidad. 4.  Notificada la resolución a los promotores y al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que, o bien por la Encargada se dictase auto motivado sobre el fondo de lo solicitado, previa practica de lo solicitado por ese Ministerio Fiscal, o bien se dicte resolución por la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, en el sentido que procediese, según conocimiento de ese organismo sobre la ley británica en cuanto a los nacidos fuera de su territorio. 5.  De la interposición del recurso se dio traslado a los promotores. La Juez Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.  Vistos el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990; los artículos 12 y 17 del Código civil (Cc); 281 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil (LEC) 96 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 23-4.ª de abril y 53.ª de noviembre de 2004. II.  Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º LRC) que tiene la nacionalidad española una persona nacida en España en julio de 2005, hijo de padre británico y madre ecuatoriana. Como está determinada la filiación paterna y materna del nacido, su eventual nacionalidad española de origen sólo podría fundarse en lo establecido por el artículo 17-1.c) del Código civil (cfr. art. 17-3.º Cc en su redacción por la Ley 51/1982, de 13 de Julio), que atribuye esa nacionalidad a «los nacidos en España de padres extranjeros... si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad». El Ministerio Fiscal interesó que se requiriese a los promotores para que aportasen la norma británica acreditativa de que al nacido no le correspondía iure sanguinis la nacionalidad británica del padre y que, por ello, debía serle declarada iure soli, la nacionalidad española, en razón de la existencia de una situación de apatridia al tiempo de su nacimiento. También solicitaba el Fiscal que se acreditara con certificación del Consulado Británico la adquisición o no de la nacionalidad británica por el nacido. Como quiera que solo fuera aportado el certificado relativo a este segundo extremo, el Fiscal reiteró que había de aportarse el primeramente mencionado, lo que fue denegado por la Juez Encargada mediante providencia de 24 de noviembre de 2005. Siendo esta providencia la que constituye el objeto del recurso promovido por el Ministerio Fiscal. III.  La procedencia de la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción basada en el artículo 17.1.c) Cc depende de la existencia de una situación de apatridia en el niño que nace en territorio español y siendo, como en este caso, los padres extranjeros es necesario conocer previamente si la legislación de estos atribuye al nacido iure

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sanguinis la nacionalidad de alguno de ellos, porque la aplicación del artículo 17.1.c) Cc es subsidiaria y sólo procede cuando se acredite la situación de apatridia del nacido. Siendo esto lo que había instado el Ministerio Fiscal y teniendo en cuenta que el derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (cfr. arts. 12.6 Cc y 281 LEC) es evidente que procedía se diese cumplimiento a lo interesado como presupuesto necesario para resolver. En efecto, la polémica en torno a la naturaleza jurídica del Derecho extranjero y la cuestión acerca de si queda o no incluido en el ámbito del principio iura novit curia ha estado presente en nuestra jurisprudencia desde hace más de medio siglo (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1940, 30 de junio de 1962, 5 de noviembre de 1971, etc.), discutiéndose si aquél Derecho debía tener a los efectos de su aplicación por las autoridades españolas del foro la consideración de verdadero y propio Derecho o bien había de ser estimado como simple hecho, consideración de la que subordinadamente depende la relativa al tratamiento procesal de dichas normas foráneas y, en general, la cuestión de la imputabilidad de la carga de la prueba de su existencia, vigencia y aplicabilidad al caso. Sobre este particular, se ha de recordar que el apartado segundo del artículo 12 número 6 de nuestro Código civil ya asumió y dio carta de naturaleza normativa a las soluciones apuntadas por nuestra jurisprudencia, acogiendo la solución de imponer la carga de la prueba a la parte interesada en su aplicación. Esto bastaría para revocar la providencia apelada y ordenar la retroacción de las actuaciones a fin de dar cumplimiento a la diligencia interesada por el Ministerio Fiscal en su escrito de 7 de noviembre de 2005, a fin de que se aporten a las actuaciones certificación de la Embajada o Consulado británico sobre la adquisición o no de la nacionalidad británica del nacido de padre británico fuera del Reino Unido. Sin embargo, la acción combinada del principio de economía procedimental

que rige en el ámbito del Registro Civil (cfr. art. 354-III RRC) que obliga a evitar toda dilación o trámite superfluo o desproporcionado con la causa, y el criterio adoptado en sede de prueba del Derecho extranjero por el citado artículo 12 número 6 del Código Civil que, si bien no asume el principio de determinación ex officio iuris del mismo por el juez o autoridad del foro, sin embargo, aparte de imponer la carga de la prueba a quien lo alega, no impide que la autoridad que conoce dicho Derecho pueda, e incluso deba, aplicarlo, como se refleja en algunas decisiones de nuestra jurisprudencia menor (vid. V. gr. Sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia de 13 de abril de 1982), podrían abrir la vía para que este Centro Directivo, que posee un conocimiento oficial de la legislación británica en materia de nacionalidad, entrase a resolver sobre el fondo del asunto. No obstante, a fin de garantizar con plenitud el derecho de defensa de los interesados, que incluye el derecho a la doble decisión de instancia y de apelación, y dado que la prueba del Derecho extranjero se ha de referir no sólo a su existencia, sino también a su vigencia y a su aplicabilidad in casu, procede estimar el recurso y retrotraer las actuaciones. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.  Estimar el recurso y dejar sin efecto la providencia apelada. 2.  Retrotraer las actuaciones para que se practique la diligencia requerida por el Ministerio Fiscal en su escrito de 7 de noviembre de 2005, con carácter previo a la resolución que proceda.

Resolución (2.ª) de 13 de diciembre de 2006, sobre nacionalidad por residencia. Se estima el recurso del Ministerio Fiscal que interesa el cumplimiento de requisitos establecidos reglamentariamente.

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2008-03-01 (1). Resoluciones de la DGRN  

CCOO de Xustiza