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Ministerio Público de la Nación Juz.7, Sec.14, cn°2752/16 “NN s/defraudación por administración fraudulenta”

///ñor Juez: I.) Hechos La causa se inició en virtud de la denuncia realizada por los señores Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat ante la Sala de Sorteos de la Cámara Federal el 14 de marzo de 2016. El hecho materia de investigación es el siguiente: se trata de establecer si surgieron irregularidades susceptibles de ser consideradas delitos penales, en el proceso de negociaciones y pagos, que llevaron adelante los funcionarios públicos que representaron los intereses del Estado Nacional, con con los denominados “holds outs” tras la sanción de la ley 27.249 el 31 de marzo de 2016. La presentación de los denunciantes se estructuró a partir de tres comportamientos: a.) la regularización del 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de los años año 2005 y 2010; b.) el caso del pago a los bonistas italianos que hasta ese momento no tenían sentencia firme contra la República Argentina; y c.) el canje de deuda de dos Letras del Tesoro Nacional por tres títulos de deuda con vencimientos durante los año añoss 2022, 2025 y 2027-emisión emisión dispuesta en el marco de las Resoluciones Conjuntas nros. 35/2015 y 5/2015de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas de la Nación Nación-.. Además, de forma posterior se acumuló la causa nro.3278/16 ”Singer, Paul y otro ot s/usura”, donde el Ingeniero Mario Cafiero denunció el día 21 de marzo del año 2016 los siguientes hechos: los acuerdos de cancelación de deuda con fondos de inversión de titulares de bonos de deuda que no han entrado en los canjes dispuestos por el Estado Est (holdouts), realizados por el gobierno argentino -cuya cuya aprobación ya lleva media sanción por la Cámara de Diputados de la Nación-, Nación , prevén cancelar “…la deuda en cesación de pagos estimada en alrededor de veinte mil millones de dólares estadounidenses (U$S ( 20.000.000.000) derivada de una serie de títulos públicos en default desde el año 2001”. Al tiempo, un nuevo expediente fue remitido por conexidad. Asimismo, la causa nro.4752/17 del Juzgado Federal nro.1, la cual se inició el día 12 de abril del corriente corriente año a raíz de la presentación efectuada por Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti, quienes denunciaron al titular del Poder Ejecutivo Nacional y cualquier otro funcionario que haya intervenido en la confección de los Decretos nro.29/2017, 231/2017 y 334/17, y a su vez en el dictado de las resoluciones ministeriales nro.29/2017, complementarias. Hay que aclarar que no es materia de inspección jurisdiccional el análisis de aquellas decisiones, sino de algunos hechos de carácter presuntamente delictivos que ocurrieron en ese marco de negociaciones y pagos.

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II.) Antecedentes de la Ley 27.249 Durante los años 2005 y 2010 se inició un proceso de reestructuración de la deuda externa argentina. A partir de los acuerdos logrados en aquella oportunidad se obtuvo la aceptación aproximada del 92,4% de los acreedores, quedando por fuera de esos compromisos los denominados “holdouts”. Los acreedores que no ingresaron a esos canjes impulsaron una serie de reclamos judiciales contra la República Argentina en distintas jurisdicciones con el objetivo de obtener el pago del total de los títulos que tenían en su poder. En particular, se trata del fondo NML Capital y otros demandantes (Blue Angel Capital, Aurelius Capital Master, ACP Master, Aurelius Opportunities Fund, Olifant Fund, entre otros). Ello fue posible a partir de la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros suscripta por nuestro país al momento de contraer esas obligaciones. Esto significa que en caso de tener algún inconveniente o desacuerdo, los juicios se podrían realizar en otro Estado. En el marco de aquellos litigios, los representantes de los fondos alegaron ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, que la República Argentina se encontraba en violación de la cláusula “pari passu” en virtud de los pagos debidos bajo los bonos del canje del año 2005 y el dictado de la ley 26.0171. El 7 de diciembre de 2011 el juez Griesa resolvió que tanto el dictado de las leyes 26.017 y 26.5472, como los pagos periódicos de los servicios de los bonos emitidos para los canjes implicaron una disminución del rango de los títulos de los demandantes -hold outs-, lo cual violaba la cláusula “pari passu”3. Esa decisión quedó firme el 16 de junio de 2014 con la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América que decidió no expedirse. A partir de esa resolución judicial, la Argentina quedó obligada a cumplir específicamente con sus obligaciones debidas a “NML” y, al mismo tiempo, se ordenó que cada vez que el país pague sus obligaciones emitidas en los canjes de 2005 o 2010 deberá, simultáneamente, realizar un “pago a prorrata” a “NML”. Tras ello, el 23 de junio de 2014 el juez Griesa designó al abogado Daniel Pollack como “special master” –autoridad especial- para conducir y presidir, de manera pública o a puertas cerradas, las negociaciones pertinentes a fin de que las partes puedan llegar a un 1

Esta ley dispuso que el Poder Ejecutivo nacional no podría reabrir el canje respecto de los bonos del Estado

Nacional que resultaren elegibles y que no hubiesen sido presentados y se prohibió al Estado realizar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos referidos. 2

Bajo la autorización conferida por esta ley, el PEN emitió el decreto 563/10 mediante el cual se dispuso la

reestructuración de la deuda del Estado Nacional para los títulos que no se hubieran presentado al canje anterior. 3

Hace referencia al trato igualitario que deben recibir todos los acreedores.


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acuerdo. Sin embargo no se llegó a un arreglo y el proceso de negociaciones quedó en suspenso. El 26 de junio de 2014 la República Argentina efectuó el pago correspondiente al vencimiento de intereses de los bonos del 30 de junio de ese año año.. Dichos fondos fueron retenidos en el Bank of New York Mellon (BONY), el fiduciario que actuaba en favor de los intereses de los bonistas, debido a que, según fue establecido por el juez Griesa el 6 de agosto de 2014, el pago resultaba ilegal al encontrar encontrarse se en violación de la orden “pari “ passu”. A partir de ello, el 10 de septiembre de 2014 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.984 -de - pago soberano-,, a través de la cual se autorizó a remover al “BONY” como agente fiduciario de los títulos reestructurad reestructurados os y a designar en su reemplazo a Nación Fideicomisos SA4. Ante esa situación, el 29 de septiembre de 2014 el juez Griesa emitió una orden declarando en desacato a la República Argentina. Luego de la entrada en vigencia de las órdenes ““pari passu”, numerosos sos acreedores se presentaron ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York para reclamar un trato similar al obtenido por aquéllos (denominados “me too” too”). ). El 30 de octubre de 2015, el juez Griesa dictó una nueva orden “pari “ passu” en favor de estos acreedor acreedores5. En diciembre de 2015, con el cambio de las autoridades políticas, los nuevos funcionarios comenzaron a trabajar sobre el tema de la deuda. Quienes representaron la voluntad del Estado Nacional en aquellas negociaciones fueron Alfonso Prat Gay (Ministro (Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación), Luis Caputo (Secretario de Finanzas Públicas), Santiago Bausili (Subsecretario de Finanzas Públicas), Pedro Lacoste (Viceministro de Hacienda y Finanzas Públicas), Vladimir Werning (Secretario del Viceministro Viceministro de Hacienda y Finanzas Públicas), Marcelo Eugenio Griffi (Secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda), Mario Quintana (Secretario Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación) y Eugenio Bruno (Subsecretaría de Legales del Ministerio de Finanzas) –ello según surge de las constancias que obran a fojas 996/1013 y 1638/9 1638/9-. El 31 de marzo de 2016 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.249 conocida como “Ley de normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito”. Mediante esa norma se derogaron las anteriores leyes 26.017 y 26.547 –Leyes Leyes Cerrojo-, Cerrojo 26.886 y 26.984 –de pago soberano-. 4

Según el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional ya mencionado, ninguna de las disposiciones de

la citada ley resultó exitosa ya que, al 4 de marzo marzo de 2016, los tenedores de títulos reestructurados seguían sin percibir los pagos correspondientes. 5

Todos estos antecedentes de la causa seguida contra Argentina en la Corte del Distrito Sur de Nueva York

fueron extraídos del mensaje del Poder Ejecutivo Ejecutivo en el marco del debate parlamentario que dio lugar a la sanción de la ley 27.249 y que se encuentra agregado a la causa.

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Dicha normativa autorizó a la “autoridad de aplicación” –el Poder Ejecutivo Nacional a través de su Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas- a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública, facultándolo para continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión6. La ley ratificó los acuerdos de cancelación celebrados entre Argentina y los tenedores de títulos públicos (los “holdouts”) y también autorizó al Ministerio de Hacienda a realizar todos los actos útiles para cancelar la deuda con aquellos acreedores. Entonces, a partir de las nuevas negociaciones resultó necesario tomar nueva deuda para honrar aquellos acuerdos y concretar los pagos. Hay que aclarar que la magnitud de la operación financiera que se iba a llevar adelante justificó la necesidad de recurrir a instituciones bancarias. Sobre todo por las particularidades del canje, los montos que se barajaban y la cantidad de acreedores involucrados. Esas instituciones intervinieron a cambio de una comisión del 0,18% sobre el monto total de la emisión -la ley 27.249 había establecido un máximo de 0,20%-. Los bancos designados fueron el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander como “coordinadores globales” y a BBVA, CITI y UBS como “colocadores”. La elección fue llevada a cabo de forma directa, a través de la Resolución nro.134 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación. En ese contexto se emitieron títulos públicos denominados Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses -BONAR- por un monto de U$S16.500 millones7. El 30 de diciembre de 2015 se dispuso el canje de letras del Tesoro Nacional Intransferibles. Esa operación se conoció como “Megacanje II” y fue materializada a través de las Resoluciones Conjuntas nros. 35/2015 y 5/2015de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas de la Nación (BONAR 2022, BONAR 2025 y BONAR 2027)8. En este caso, los bancos seleccionados fueron el JP Morgan; HSBC; Banco Santander; Deutsche Bank; BBVA; Citibank; y el USB London Branch. Sobre esta plataforma se edificaron las denuncias que generaron esta inspección judicial. Básicamente se trata de auscultar los comportamientos de los funcionarios

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El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas informará trimestralmente al Honorable Congreso de la

Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación. Dicho informe deberá incorporar una base de datos actualizada en la que se identifiquen los acuerdos alcanzados, los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos de capital y los montos cancelados o a cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución de la autorización del nivel de endeudamiento que se otorga a través del artículo 7° de la Ley de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito. 7

Imputándose los restantes U$S4.000.000.000 a la autorización del crédito público contemplada en la ley de

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2016 (27.198) y el decreto 594/2016. 8

Las letras del Tesoro Nacional por valor de U$S 16.099.110.689 se canjearon por bonos de la Nación

Argentina en Dólares Estadounidenses por valor nominal de U$S 13.698.715.549.


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públicos que representaron los intereses del país, m mass no vamos a ingresar sobre las razones de oportunidad, mérito o conveniencia de la relación entre el Estado y los acreedores. III.) Desarrollo de la investigación Durante la investigación se llevaron a cabo diversas medidas de prueba encaminadas a desentrañar las hipótesis planteadas. Vamos a presentar esa prueba en etapas, guiados por un orden cronológico, es decir a medida que se fueron incorporando a la causa. Llevó Llev mucho tiempo recolectar la informa información, ción, luego desagregarla, clasificarla y ordenarla. Ello explica el tiempo que insumió este tramo de la instrucción; sobre todo, porque la relación relación entre la complejidad de los hechos y el grado de experticia de la administración de justicia es, como hipótesis de mínima, asimétrica. Avancemos. A.) PRIMERA ETAPA.De ETAPA.De los bancos internacionales que intervinieron en aquellas operaciones financieras (información presentada en la causa entre el 9 de agosto y el 11 de noviembre de 2016) Fue decisivo el aporte de los contadores públicos del Banco Central de la República Argentina, Nestor Nestor Miliano y Alicia Carmen Galo Galofaro.. Su capacidad para explicar ciertas cier cuestiones técnicas relacionadas con los acuerdos y negociaciones investigados cuestiones investigado fue decisiva. El trabajo realizado por los expertos fue estructurado a partir de seis informes. El análisis, partió part de la documentación remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, relacionada con los papeles de trabajo donde se volcaron las tratativas y los acuerdos con los acreedores conocidos como “holdouts”9. Con ese fin, distintos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional viajaron a la ciudad de Nueva York para arribar a un acuerdo con los representantes de los denominados “holdouts” (ver documentación reservada). Esas negociaciones comenzaron en el mes es de diciembre de 2015 y se extendieron hasta por lo menos las primeras semanas del mes de febrero del año siguiente. Como resultado de todo ese proceso se emitieron nuevos títulos de deuda denominados -BONAR- para afrontar el pago de los acuerdos que aarribó rribó a los U$S12.500 millones, aunque se elevó a la suma de los U$S16.500 millones.Se emitieron 4 tipos de bonos: 2019 (U$S2.750.000.000;), 2021 (U$S4.500.000.000), 2026 (U$S6.500.000.000) y 2046 (U$S2.750.000.000)10. 9

Ver fojas 539, 555, 648, 727, 742 y 777.

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Como condiciones de emisión de los bonos, entre las más importantes se encuentran las siguientes: *Se

regirán por la ley y jurisdicción de los EEUU; *Se establece la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros, *Imponen cláusulas de acción colectiva –que que permiten enmendar a la República Argentina algunas condiciones de los bonos bonos con la voluntad mayoritaria de los acreedores acreedores- y cláusulas pari passu. passu Una

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Entonces, la emisión de esos valores estuvo dirigida a pagar los acuerdos celebrados por los representantes del Estado Argentino que luego fueron aprobados por el Congreso Nacional a través de la ley 27.249. Para su materialización se recurrió, mediante designación directa, a los bancos mencionados en el punto II. Las transferencias correspondientes a dichos pagos se realizaron de manera electrónica y, en especial, fue el “Deutsche Bank” desde donde se recibieron los fondos de los inversores (nueva deuda) y de forma automática se transfirió a los litigantes/acreedores y al Bank of Nueva York. Los informes presentados por los expertos del BCRA también permitieron conocer que esas operaciones trajeron aparejadas ganancias para los bancos designados, tanto en concepto de comisiones como en el posterior canje de aquellos títulos en el mercado secundario. En ese mismo trabajo, los contadores desagregaron el proceso de implementación del denominado “Megacanje II” y estudiaron con profundidad las resoluciones mediante las cuales se hizo efectiva esa emisión de bonos. En este caso, los títulos fueron cedidos a bancos extranjeros como garantías para la obtención de fondos externos. El cuadro que se ve a continuación muestra la liquidez obtenida por los bancos a partir de esta operación. 1. JP Morgan Chase Bank NA London Branch

USD 1.000.000.000

2. HSBC Bank USA National Association

USD 1.000.000.000

3. Banco Santander SA

USD 1.000.000.000

4. Deutsche Bank AG London Branch

USD 500.000.000

5. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

USD 500.000.000

6. Citibank NA

USD 500.000.000

7. USB AG, London Branch

USD 500.000.000

TOTAL

USD 5.000.000.000

Finalmente, se informó que el 29 de julio de 2016 el Banco Central canceló anticipadamente esas operaciones y acordó dos nuevas transacciones con el Banco Santander y el Deutsche Bank por USD 1.000 millones. En definitiva, la secuencia de las operaciones financieras antes narradas revelan por sí solas la reiteración de las instituciones bancarias que participaron de aquellas transacciones. En lo que aquí interesa, vamos a destacar la intervención del “Deutsche de las condiciones de emisión de los bonos más importante, es que no pueden ser vendidos ni ofrecidos dentro de EEUU. Entonces, únicamente los bancos designados son los adquirentes iniciales de los bonos para luego ofrecerlos a inversores no estadounidenses obteniendo una diferencia importante en esa colocación –además de la comisión del 0,18% establecida en las condiciones de emisión-.La deuda entonces no será financiada por residentes estadounidenses sino por capitales provistos desde fuera de los EEUU (muchos argentinos pueden haber intervenido en la operación).


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Bank” y el “J.P. Morgan”. Veremos más adelante las razones que la propia dinámica de los hechos conducen a señalar a estos dos bancos. B.) SEGUNDA ETAPA. Del el análisis de los títulos de deuda ob obtenidos tenidos por los funcionarios que participaron en aquellas negociaciones (información presentada en la causa el 20 de febrero de 2018). 2018) No vamos a narrar aquí el rol de todos los funcionarios. Habrá un recorte que no es arbitrario, sino que está está anclado en la prueba colectada; o sea, sólo vamos a mencionar a los sospechosos de haber cometido un delito. Hecha la salvedad, cabe señalar que el 20 de febrero pasado se recibió el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delit Delitos os Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, donde se muestra la estructura de una determinada cantidad de títulos de deuda pública emitidos por el Estado, por una parte, y por la otra, las tenencias que ciertos funcionarios públicos pposeen oseen sobre algunos de esos valores. Esa información surge de los cuadros confeccionados por esa Dirección a partir de las declaraciones juradas presentadas por aquellos funcionarios públicos y los datos aportados por el Ministerio de Finanzas de la Naci Nación y la “Caja de Valores SA”. El análisis transitó sobre dos andariveles: por un lado la emisión de deuda por parte del Estado Nacional y, por la otra, la tenencia de alguno de esos títulos de deuda en poder de ciertos funcionarios públicos que, de un mo modo do u otro, pudieron haber tenido incidencia en esas emisiones. A través de la realización de ese trabajo se buscó esclarecer la existencia o no de negociaciones incompatibles o un conflicto de intereses por parte de los actores involucrados en las negociaciones negociaciones a las que venimos haciendo referencia. En especial, interesa poner el foco sobre la fecha de emisión de aquellos títulos y el momento en el que ingresaron al patrimonio de los funcionarios antes mencionados y las funciones específicas de cada uno de ellos en la burocracia burocracia.. Además, vale confrontar esas tenencias a partir de las funciones que esas personas desempeñaron en el Estado Nacional. Sobre esas dos premisas se edifica este apartado. Conozcamos en primer lugar esas tenencias para luego avanzar sobre los lugares que ocuparon cada uno de esos funcionarios y qué capacidades de actuar tenían. - Mario Eugenio Quintana:: En mayo del año 2016 declaró poseer un título público emitido por el Estado argentino denominado ““ARGENTINA 2046 – 7.625%”, ”, por un importe de $ 2.434.500,00. Dicho bono, de carácter internacional, fue emitido el 22/4/2016 a través del Decreto nro.594/2016 y las Resoluciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas nro.146. Esa emisión formó parte de las negociaciones y pago de deuda en el marco de la ley 27.249, según se puede interpretar a partir del trabajo efectuado por la DAJUDECO, donde se precisaron los pormenores de esa emisión (fojas 1465/76).

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* También se pudo conocer que el Sr. Quintana adquirió los siguientes títulos de deuda: BONAR 2014 8,75% Vto.7/5/2024 por un monto de $5.367.600 y $ 3.865.960; Bono Nación Argentina U$S 8% (BONAR 2020) por 384.000; y BONOS República Argentina c/desc. USD 8,28% 2033 por 140.000. - Santiago Bausili: El 9 de mayo de 2016 adquirió 340.000,00 del Bono República Argentina USD 7,5% con fecha de vencimiento el 22/4/2026. Esa emisión formó parte de las negociaciones y pago de deuda en el marco de la ley 27.249 (según surge del informe aportado por “Caja de Valores SA” a fojas 1640/3). * Se reveló que el Sr. Bausili adquirió los siguientes títulos de deuda: en diciembre del año 2016 LETE 105 D USD 03-04-2017” por la suma de US$ 264.135,12; en marzo del año 2016 el título público emitido por el Estado Argentino denominado “BONAR 24-5458CM ARS” por un monto de $ 9.979.902,00; y en julio de 2016 “LEBAC interna $ Vto.29/3/2017” por $187.340,00. A partir del informe remitido por la “Caja de Valores SA” se conoció que el Sr. Bausili obtuvo los siguientes títulos: “LEBACS”: Vto.16/5/2018 por $345.000; Vto.15/8/2018 por $5.900.000; Vto.19/92018 por $1.625.000; Vto.15/8/2018 por $1.300.000 y Vto.19/9/2018 por $550.000; Bonos del Tesoro $ TPM Vto.21/6/2020 por 290.000; Bonos c/descuento USD Step Up v.2033 por 566.775; y Bono Nación Arg. $Badlar+200 03/4/2022 por 329.100 - Luis Andrés Caputo: adquirió “LEBACS” por 8.5 millones de pesos, según surge del informe remitido por la “Caja de Valores SA” que luce a fojas 164011. Esa tenencia fue puesta en conocimientoen el marco de una Subcuenta Comitente nro.400231 por intermedio del depositante nro.240 “INTL CIBSA SA” que el Sr. Caputo posee, junto a Agustina Ximena Ruiz Hanglin12. - Marcelo Eugenio Griffi: de la presentación efectuada por la “Caja de Valores SA” surge que fue titular de: * Letras del Tesoro U$S Vto.15/6/18 por 50.000; * LEBAC interna $ Vto.16/5/18 por 1.049.000; y * Bono República Argentina USD 6.875% 26/1/27 por 5.000.

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De acuerdo a un informe elaborado por el periodista Alejandro Bercovich en el programa “Brotes Verdes”

de C5N, en el mes de noviembre de 2017 esas Lebacs no fueron renovadas, precisamente cuando el dólar cotizaba a un precio aproximado de 19 pesos. Luego la cotización de esa moneda arribó hasta los 28 pesos. 12

Surge que posee acciones en las siguientes empresas: “Caputo”; Garovaglio y Zorraquín”; “Edenor”; “YPF

SA”; “Petróleo Brasileiro SA”; Lebac interna vto.15/11/17, 20/12/17 y 17/1/2018 (según un trabajo realizado por el periodista Alejandro Bercovich, Caputo tenía en noviembre de 2017 Lebacs por 8,5 millones de pesos que no fueron renovados, justamente cuando el dólar cotizaba por debajo de los 19 pesos y que, a partir de ese momento, comenzó su carrera alcista, que lo llevó por encima de los 28 pesos).


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C.) TERCERA ETAPA.Antecedentes Antecedentes laborales (incorporados a la causa a partir del 1/6/2017 y hasta el 16/10/18) En

este

apartado

vamos

a

reconstruir,

respaldados

tanto

en

los

informesincorporados a la causa como en los datos que se pudieron obtener de fuentes públicas oficiales que se encuentran en la web y que también fueron oportunamente agregadas, la trayectoria laboral de los señores Mario Quintana, Santiago Bausili, Luis Andrés Caputo y Marcelo Eugenio Griffi. Una vez más, es preciso remarcar que el recorte re surge de la prueba. Pero antes de avanzar en ese sentido, es necesario abrir un paréntesis y explicar los motivos por los cuales la biografía laboral de los funcionarios representa un elemento central para desentrañar si en los comportamientos investigados surge una negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Es que para analizar un eventual event conflicto de intereses, pasible de sanción penal, es decisivo conocer la trayectoria de los funcionarios que tomaron decisiones sobre asuntos públicos, para verificar si sus acciones estuvieron guiadas por intereses generales y/o particulares particulares. Sobre la la importancia de este aspecto, Ana Castellani13 destacó los crecientes vínculos que existen entre las élites lites económicas y políticas. A la estructura del Código Penal le interesa esta relación. A punto tal que sanciona como delitos la negociación incompatible con la función pública y el tráfico de influencias. Importa, de acuerdo con la incompatible autora, del modo en que los intereses privados salen a la captura de la decisión pública, a través de dos mecanismos que denomina “lobby empresarial” -cuando cuando se representan intereses tereses ante las autoridades públicaspúblicas y “puerta giratoria” –el el paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y el privado en distintos momentos de su trayectoria laboral--.. Es decir que se trata de situaciones que de por sí, implican un cconflicto onflicto de interés para las personas que transitaron ambos sectores. En alusión al concepto “conflicto de interés”, la autor autoraa toma la definición de la Organización anización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Económicos,, anclada en la tensión entre “las las obligaciones obligaciones públicas y los intereses privados de un funcionario cuando estos intereses pueden tener capacidad para influir impropiamente en el desempeño como servidor público”. público En particular, interesa destacar el conflicto de interés definido como “explícito” “expl por Castellani, porque ayuda a comprender los hechos investigados en la causa: “es aquél que se da cuando los funcionarios públicos que tienen o han tenido vínculo con una empresa privada toman decisiones que favorecen a dicha empresa”. Al trasladar ese concepto al caso, la elección de los bancos revela el conflicto que surge con uno de los funcionarios. Volveremos más adelante sobre ello ello. 13

El trabajo se titula “Observatorio de las Elites Argentinas”, publicado por Universidad de San Martín y el

Instituto de Altos Estudios Sociales, julio 2018.

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En sintonía con ello, también resulta útil destacar el trabajo de Eduardo Basualdo en su libro “Endeudar y Fugar”14. Allí explica en términos gramscianos la puja que existe entre los diferentes bloques de poder que habitan en una sociedad para acceder a la instancia estatal y el rol de los “intelectuales orgánicos”. No podemos detenernos en el texto de Basualdo que excede los límites de este dictamen, pero en el movimiento que describe se juega la relación de lealtad entre el interés público al que se debe el funcionariado y los privados que se cuelan en contextos de una institucionalidad porosa. En otras palabras, la trayectoria de algunos funcionarios colocada en su preciso contexto a través de los autores precedentemente individualizados, nos permite comprender el hecho materia de pesquisa a la luz del Código Penal porque, despojarlo de sus condiciones de producción equivale a sustraerlo de su auténtica significación jurídica. - Mario Quintana fue designado el 10 de diciembre de 2015 como Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. De

acuerdo

se

desprende

de

la

página

web

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacioninterministerial, el Sr. Quintana es Licenciado en Economía (UBA) y master en Administración de Negocios (INSEAD, Francia). Entre las funciones que tenía a su cargo como Secretario de Coordinación, de esa misma fuente surgen las siguientes: *Trabajo con los ministerios en la implementación de políticas públicas que requieren de la participación de diferentes áreas de Gobierno; y *Colaboración en la gestión del financiamiento externo y las relaciones con los organismos multilaterales de crédito. - En el caso del Sr. Santiago Bausili, de acuerdo surge de la página web del Ministerio de Finanzas15, el nombrado es Licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés. Fue Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas entre enero y diciembre de 2016, fecha desde la cual se desempeñó como Secretario de Finanzas de la Nación. Entre los objetivos asignados a la Subsecretaría de Financiamiento y Servicios Financieros, de la página web oficial surgen los siguientes: 1. Asesorar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera. 2. Asistir al Secretario en el diseño y ejecución de políticas y medidas relativas al financiamiento externo e interno de la REPÚBLICA ARGENTINA, interviniendo

14

“Endeudar y Fugar”, un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri. 1°

edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2017. Se encuentra reservado en la causa un ejemplar de ese libro. 15

https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas


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en las negociaciones inherentes al tema con entes financieros nacionales, extranjeros, públicos y privados. 3. Asistir al Secretario en la dirección y supervisión del Sistema de Crédito Público y en la ejecución de las funciones de Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional. 4. Establecer Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento. 5. Supervisar la organización de los sistemas de información sobre mercados de capitales y el registro del endeudamiento público. 6. Asesorar en el diseño de medidas orientadas al desarrollo de los servicios financieros del mercado de capitales y del financiamiento de la actividad productiva. 7. Asesorar en el diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a la inclusión financiera y en la la elaboración de propuestas tendientes a coordinar el accionar de las entidades financieras oficiales nacionales. 8. Coordinar la participación del MINISTERIO DE HACIENDA y el accionar de los representantes

de

la

REPÚBLICA

ARGENTINA,

en

los

grupos

intergubernamentales, foros financieros internacionales, y foros de cooperación y consulta en temas relacionados con el Sistema Financiero Internacional. También registra aportes laborales del “The Chase Manhattan Bank NA” durante cuatro meses del año 1996, 1996, del “JP Morgan” –donde donde habría trabajado sólo un mesmes y por último del “Deutsche “Deut Bank SA” (2013-2016). 2016). Más allá de esto, luego surgen ingresos de esta última institución bancaria (de forma alternada con cargos públicos) hasta el mes de mayo de 2017. - En el caso del Sr. Luis Andrés Caputo, según surge de la página del BCRA, es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en el posgrado de la Universidad Católica Argentina. Entre junio y septiembre de 2018 se desempeñó como Presidente del Banco Central de la República. Antes de eso fue designado como Secretario de Finanzas de la Nación en diciembre de 2015, cargo que desempeñó hasta enero de 2017 cuando asumió como Ministro de Finanzas. Previo a ello, ello, según se pudo reconstruir en la causa, el Sr. Caputo trabajó en: * J.P. Morgan Argentina. Allí fue jefe de área de “Trading” de bonos y acciones y tuvo a su cargo el área de “Trading” de América Latina (1994 (1994-1998).

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* Deutsche Bank. Desde junio del año 1996 hasta por lo menos el mes de septiembre de 2012, donde llegó hasta el puesto de Presidente de la institución en el país (fojas 1210/14)16. * A su vez, formó parte de las sociedades “LC Advisors” y Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión” desde por lo menos el 2011 hasta el año 2015 -en el último de los casos-17. * Habría manejado fondos de las siguientes sociedades “off shore”: “Alto Global Fund”, “Argentina Fund”, “Noctua Partners LLC”, “Noctua Asset Managment” y “Affinis Partners II, LLC” (según surge del informe periodístico conocido como “Paradise Papers”). * A título personal, tal como surge de sus declaraciones juradas, el Sr. Caputo fue poseedor de un depósito de dinero en una cuenta del Deutsche Bank radicada en el exterior. - Respecto a Marcelo Eugenio Griffi, tal como se desprende de la constancia que luce a fojas 1008/9, es abogado por la Universidad de Buenos Aires. A su vez, allí surgen los siguientes antecedentes laborales: * Subsecretario legal de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Economía de la Nación (año 2001). * Síndico titular del Banco Central de la República Argentina (2001/2005). * Síndico del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (2006/2008). * Asesor del directorio de Seguro de Depósitos SA –SEDESA- (2008/2011). * Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Entonces, el desarrollo de los hechos, la biografía laboral de los funcionarios públicos que representaron los intereses del Estado, el impacto de su trabajo en el sector público y en el privado nos permite arribar a las primeras conclusiones. De ellas surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida. En efecto, algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación. Esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad, porque esa historia incidió en algunas de sus decisiones que debieron estar guiadas por el interés general, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores. En otros casos, algunos funcionarios aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales 16

Allí trabajó junto a Nelson Damián Pozzoli, Carlos M. Barbieri, Mirta Inés Nahín de Merlo y Carlos

Hernán Planas. 17

Esa firma fue creada el 8 de marzo de 2012 por los señores Luis Caputo, Carlos Hernán Planas, Alejandro

María Aberg Cobo y Fernando Iribarne. Caputo presidió la empresa hasta el 4/12/15 cuando renunció para asumir la función pública y en su lugar asumió Carlos Planas.


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en base se a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar. adoptar Ambos comportamientos están previstos y reprimidos por el Código Penal. Avancemos. IV. Análisis de los hechos frente a la prueba reunida Hasta aquí la información objetiva que surge de la documentación incorporada a la causa.. Por tanto, tras presentar los hechos y la prueba incorporada en el expediente, llegó el momento de confrontar ambas premisas. premisas Las variables a destacar, aunque surgen por ssí solas de la lectura de los datos antes señalados, son dos: A.) las relaciones previas que se revelaron entre las instituciones bancarias elegidas para intervenir en el pago de la deuda y un funcionario público que participó de algún modo de esos acuerdos; y B.) la adquisición, por parte de dos de los funcionarios públicos públicos que intervinieron en aquél proceso de negociación y pago, de ciertos títulos de deuda emitidos por el Estado Nacional, al mismo tiempo que habrían estado vinculados, al menos desde un punto de vista funcional, con esas emisiones. Si bien la matriz que que se presenta en ambos casos es la misma, es decir la simultaneidad en el desempeño de cargos públicos y en actividades o negocios llevados a cabo en el sector privado con presunta implicancia en aquellas decisiones, los datos concretos mutan en cada caso. caso. Por esa razón vamos a escindir el análisis según la situación. Lo relevante es que las biografías laborales de los imputados incidieron objetivamente en el ejercicio de la función pública. Por ello su lealtad, que debía estar solo guiada por los intereses intereses generales del Estado, se vio dividida. Y como resultado de esa división, ganaron los bancos citados y se incrementaron sus patrimonios personales. Esta es, lo adelantamos, la principal consecuencia penal que podemos extraer de los hechos. hechos Se trata de la fidelidad, imparcialidad, neutralidad y confianza que deben proyectar los espacios autoritativos del estado ¿Por qué? Porque es la manera de salvaguardar la creencia colectiva de que las decisiones funcionales están sujetas a la ley con el horizonte del interés general y que no responden a intereses o lealtades privadas. Max Weber18 fue quien mejor sintetizó los rasgos del Estado Moderno como expresión de tipo ideal de dominación que caracterizó como legal y burocrática. En una sociedad capitalista, la sociedad sociedad civil es muy robusta, las parcelas privadas que nuclean intereses se reproducen y expanden. El Estado Moderno legal y burocrático tiene una racionalidad propia ligada a la construcción de un espacio impermeable, o lo menos poroso posible a esas parcelas, parcelas, de manera que el gobierno de la ley se traduzca en fidelidad, imparcialidad, confianza y neutralidad. Y ese mismo autor agrega que los fondos y equipos públicos se hallan separados de la propiedad privada del funcionario. 18

Weber, Max “Economía y sociedad” Fondo de Cultura Económica, México, 2008

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Retomaremos más adelante con el concepto weberiano del funcionario leal y la racionalización del trabajo burocrático. Hecha esta aclaración, avancemos entonces en la dirección señalada. A.) Empecemos por los bancos. Los datos agregados a la causa muestran al “J.P. Morgan” y al “Deutsche Bank” como dos de las instituciones bancarias que intervinieron en la coordinación y pago efectuado a los “holds outs” en el marco de la ley 27.249 y, al mismo tiempo, en el denominado “Megacanje II”. Relacionado con ello, en especial con el primer tramo, de la página web del Banco Central de la República Argentina surge que el Sr. Luis Andrés Caputo: “Como secretario de Finanzas cumplió un papel prioritario en la negociación de los acuerdos con los acreedores que habían quedado afuera de las reestructuraciones de deuda soberana en 2005 y 2010, lo que le permitió al país salir definitivamente del default. En ese marco, gestionó la emisión de bonos de deuda que lanzó la Argentina en abril de 2016 para saldar dichos acuerdos, tras un road show en Boston, Los Ángeles, Nueva York, Washington y Londres con más de 340 inversores” (fojas 997). A su vez, del expediente administrativo nro.125858/16 del Ministerio de Hacienda y Economía se puede ver la propuesta efectuada por el entonces Secretario de Finanzas de la Nación, el Sr. Caputo, para que resulten seleccionados los bancos antes mencionados en el proceso de pago de la deuda pública y, justamente, dos de ellas son las instituciones antes mencionadas (fojas 181/2 del expediente administrativo). Es decir que como funcionario público participó en las negociaciones y pagos –y su coordinación- efectuados a los “holds outs” tras la sanción de la ley 27.24919, y en especial en la designación de los bancos que iban a intervenir en esa operación. Estos datos se tornan significativos al confrontarlos con sus antecedentes laborales. Se trata de su biografíalaboral, que pudo ser reconstruida en este expediente y lo vincula directamente con aquellas dos instituciones bancarias y con personas con las que compartió el trabajo allí desarrollado. Al cruzar esas dos premisas surge el interés que tuvo en efectuar esas designaciones, por lo que irrumpe en escena un conflicto con la ley penal en los términos del verbo típico que prevé el artículo 265 del Código Penal de la Nación. Vamos a

19

Esa no es la única fuente de información que señala al Sr. Caputo como uno de los principales actores en

ese proceso de negociación, ya que además se cuenta con la información remitida por el Ministerio de Finanzas de la Nación a través de la cual se hicieron saber los numerosos viajes autorizados en favor de dicho funcionario, precisamente en el marco de aquellas negociaciones (ver documentación reservada), los informes remitidos por el Jefe de Gabinete de Ministros y la nota periodística publicada en el diario “La Nación” el día 5 de febrero de 2016 titulada “Quién es Luis Caputo, el funcionario que negoció con los fondos buitres” (fojas 998).


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profundizar más adelante sobre las particularidades del comportamiento prohibido por esa norma. Hay tres elementos más que merecen ser destacados, sobre todo desde un punto de vista contextual, en tanto enmarca la situación en una constelación nstelación de relaciones íntimas entre las personas físicas y jurídicas que intervinieron en los distintos actos sometidos a inspección jurisdiccional. El primero consiste en que el Sr. Caputo compartió la conducción de la empresa “Axis Axis Sociedad Gerente Gerente de Fondos Comunes de Inversión Inversión”” junto a Carlos Hernán Planas, por lo menos hasta el 4/12/2015. En este caso, el dato revelador consiste en que el Sr. Planas y el Sr. Caputo compartieron funciones laborales en el “Deutsche Bank”, ergo se conocían por su paso laboral y compartieron un fondo de inversión hasta pocos días antes de que asumiera en un cargo como representante del Estado Argentino20. El segundo punto, versa sobre las constancias de la causa nro.13.008/2017 del Juzgado Federal nro.9, donde se investigó la presunta simultaneidad del Sr. Caputo en las firmas Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, por inversiones realizadas entre las mismas. En ese caso, una vez más intervino el “Deutsche Bank”, ésta vez como depositaria del fondo. Por último, otra de las presuntas firmas integradas por el Sr. Caputo, según el trabajo periodístico denominado “paradise papers”, es “Alto Global Fund”, una empresa dedicaba a invertir en bonos de deuda argentinos. Los primeros dos elementos señalan que los os vínculos entre el Sr. Caputo y el “Deutsche Bank” siguieron vigentes, más allá de que las formalidades laborales que en algún momento existieron, terminaron. De esta forma, los datos objetivos plasmados en la causa revelan la presencia de un conflicto de intereses o negociaciones incompatibles en las que incurrió el Sr. Caputo, en tanto como funcionario público dividió su lealtad entre los intereses públicos y privados, porque las funciones del burócrata ideal que representa los intereses de la comunidad comunid deben desarrollarse de manera fiel para que la actuación sea imparcial y que además no deje lugar a dudas sobre una posible parcialidad. Los hechos reconstruidos en este expediente señalan otra cosa. Es que la biografía del Sr. Caputo incidió en las decisiones decisiones que adoptó como funcionario público y que debieron estar guiadas por el interés de la sociedad, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores. En una posición similar se encuentra el entonces Subsecretario de Finanzas de la Nación, el Sr. Sr. Santiago Bausili, quien al momento de las negociaciones y pagos asistía 20

La reciente información aportada por la AFIP y por la firma continuadora de ese banco permite afirmar

que la conducción nducción del Sr. Planas al frente de “Axis” sigue vigente a pesar de la salida de Caputo, es decir que la relación entre los nombrados no habría cesado (fojas 1857/80 y 1884).

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directamente al Secretario de Finanzas, el Sr. Caputo. En el caso, el Sr. Bausili prestó tareas para el “Deutsche Bank” a partir del mes de marzo del año 2013 y hasta por lo menos enero del año 2016, sin perjuicio de que registra cobros efectuados con posterioridad. Sin embargo, su caso presenta un dato que lo distingue del anterior, en tanto del Expte.125858/16 remitido por el entonces Ministerio de Finanzas (reservado en Secretaría), surge una presentación a través de la cual el nombrado se excusó de intervenir en aquellas designaciones (fojas 180 del expediente administrativo). Por esa razón es que vamos a pedir al Señor juez de la causa quesolicite a la Oficina Anticorrupción que, de acuerdo a sus funciones, se delimiten los alcances de esa excusación en el marco de los hechos investigados. Sólo después de despejar ese escollo, habrá chances de evaluar la situación a la luz del código de fondo. B.)Retomemos el segundo apartado de este capítulo. Hay que aclarar que ésta división obedece a una cuestión puramente analítica, en tanto la adquisición de bonos por parte de funcionarios públicos representa el agotamiento de los intereses hallados. Precisamente, esa adquisición de títulos públicos es un momento del conflicto de intereses a partir del aprovechamiento de la información de privilegio recibida en virtud del cargo que desempeñaban. Avancemos. En ese sentido, el Sr. Quintana fue designado el 10 de diciembre del año 2015 como Secretario de Coordinación Interministerial y que ese cargo tiene, bajo su órbita de control, la Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo. Incluso, entre sus funciones se encuentra la de colaborar en la gestión de financiamiento externo y las relaciones con los organismos multilaterales de crédito. El Sr. Quintana declaró que, durante el mes de mayo del año 2016, ingresó a su patrimonio, es decir de manera simultánea al ejercicio de sus funciones públicas, el título público denominado “ARGENTINA 2046-7.625%”, a partir del cual adquirió la suma de $ 2.434.500,00. Ese bono fue emitido el 22/4/2016, y formó parte de la emisión de la ley 27.249. Es decir que es posible afirmar que el Sr. Quintana, como representante del Estado, ocupó ambos roles en el marco de esa operación financiera. En una situación similar se encuentra el caso del Sr. Bausili, en tanto desde el 1 de febrero de 2016 asumió la función pública. Primero como Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación y luego como Secretario de Finanzas. Durante ese tiempo, en particular el 9 de mayo de 2016 adquirió 340.000,00 del Bono República Argentina USD 7,5% con fecha de vencimiento 22/4/2026. Ese título también forma parte de la emisión enmarcada en la ley 27.249. Entonces, a partir de las premisas enunciadas es posible concluir que los funcionarios antes mencionados tuvieron bajo su órbita de actuación por lo menos la capacidad de colaborar en la gestión del financiamiento externo del país y, por otra


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parte, que adquirieron títulos de deuda emitidos por el Estado Nacional en ese mismo contexto. Dicho de otra manera, el Sr. Quintana y el Sr. Bausili habrían tenido contexto. participación en las decisiones gubernamentales que llevaron a emi emitir tir aquella deuda y, al mismo tiempo adquirieron, con parte de su patrimonio, una porción de ese empréstito. V.)El significado jurídico penal de los hechos Es momento de otorgar significado jurídico penal a los comportamientos revelados en la causa. En este punto, antes de ingresar en el análisis jurídico propiamente dicho, creemos necesario retomar los conceptos trazados por Max Weber con relación a la estructura ctura burocrática del Estado para comprender con mayor precisión el contexto en que se enmarcan los hechos. Los rasgos de la burocracia que hacen a la forma específica de la dominación legal, según la caracterización de Weber, se ponen en riesgo cuando llaa racionalidad de las prácticas repetidas con sustento en la ley caracterizadas por la precisión, continuidad, disciplina, rigor y confiabilidad, se ven desplazadas por intereses particularistas y la lógica de la oportunidad. La administración burocrática pura, es decir, la administración burocrática monocrática, dice Weber, está sujeta al esquema más racional de ejercicio de una dominación. Entonces, se pregunta el autor ¿¿Quien n domina el aparato burocrático? La obligatoriedad de una administración más cons constante, tante, estricta, intensiva calculable,…define el carácter fatal de la burocracia como columna vertebral de cualquier administración de masas…”21. La coexistencia del estado y la sociedad civil es compleja, la construcción de la esfera pública como distinta distinta y bien diferenciada de la esfera privada exige la progresiva autonomización burocrática sobre la base de reglas claras y confiables. Por supuesto, el riesgo es la creación de una nueva parcela privada pero con la fuerza de lo público. De allí la importancia importancia de la lealtad del funcionario público hacia sus funciones dentro de la administración, la separación nítida de lo público y lo privado. La cuestión se complejiza más aún, porque como también decía Weber es precisa otra distinción más, aquella entre la política y la administración. La administración la llevan adelante los funcionarios de carrera, guiados por la razón formal, el apego a la ley, el secreto de la información, etc. Mientras que la política se encarga de analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones administrativas. El burócrata se limita a la ley formal, el político evalúa otras razones para decidir. A menudo, en el hiato que se produce en esos espacios yacen las explicaciones que permiten comprender algunas políticas públicas porque la formalidad de la ley se torció

21

http://laotrasociologia.over blog.com/pages/Max_Weber_La_burocracia-1615661.html, en MAX WEBER http://laotrasociologia.over-blog.com/pages/Max_Weber_La_burocracia

(1972): Ensayos de sociología contemporánea, contemporánea, Martínez Roca, Barcelon Barcelona, pp. 244-274.

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hacia fines no previsto ni queridos. Veámoslo específicamente en el Código Penal de la Nación. Recordemos que la decisión adoptada por los representantes del Estado Argentino de retomar las negociaciones para arreglar el pago de la deuda externa del país impuso la necesidad de coordinar acuerdos con los acreedores y, una vez definidos estos, concretar los pagos. Reiteramos que la tarea jurisdiccional llevada adelante en esta causa no pretende inspeccionar esa decisión, sino que busca desentrañar si, en ese marco, existieron comportamientos delictivos compatibles con la ley. A partir de la denuncia que motivó la formación de la presente surgieron diversos elementos de prueba que permiten sospechar que estamos ante la presencia del comportamiento previsto en el artículo 265 del Código Penal de la Nación, es decir el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Dicha figura sufrió una serie de modificaciones que merecen ser mencionadas. La redacción actual reconoce su origen en la ley de ética pública 25.188 sancionada el 29 de septiembre de 199922. Esta reforma incorporó la finalidad de lucro para sí o un tercero que debía contener el tipo penal. Aquella modificación obedeció al compromiso asumido por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción (incorporado a nuestro derecho interno mediante la sanción de la ley 24.759 del 17 de enero de 1997), a través de la cual se impulsó la necesidad de que todos los estados miembros asuman la responsabilidad de fortalecer y promover la lucha contra la corrupción. Precisamente, el delito de negociaciones incompatibles con la función pública resulta destacado para la lucha contra la corrupción que se puede generar desde el propio ámbito de la administración. Es que, en definitiva, esta clase de prácticas termina desnaturalizando al Estado, en tanto se trata de una organización que tiene como objetivo perseguir el bienestar general de los ciudadanos y, cuando surgen vestigios corruptos por parte de quienes representan los intereses de la organización, en rigor de verdad se estaría detrás de intereses particulares en desmedro de ese interés público principal23. La actual redacción del artículo 265 del CP, castiga a “el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. Entonces, de acuerdo a la ley penal incurre en el delito de negociaciones incompatibles el funcionario que a pesar de estar comprometido con el interés público, se 22

En rigor de verdad el artículo fue modificado por la ley 27.401 del 1/12/2017, aunque no realizó

modificaciones sustanciales en lo que aquí interesa. 23

Basílico, Ricardo Ángel y Tordarello, Guillermo, “Negociaciones incompatibles con la función pública”,

Editorial Astrea, pag.72/3.


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interesa con un horizonte privado –para para sí o para un tercero tercero- en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo, sin importar su efectiva consecución. Estas fueron las precisiones al tipo penal que trajo aparejada la reforma de la ley 25.188. En particular, la modificación a la que nos venimos refiriendo reflejó en la ley una interpretación de de la doctrina que se denominó amplia, la cual surgió a partir de una propuesta realizada por el Dr. Marcelo Sancinetti en 1986. La idea fundamental giró en torno a considerar el interés ajeno que podía trasladar el funcionario sobre la operación que se realizaba lizaba desde el Estado, poniendo en duda, de ese modo, la imparcialidad con la que debía actuar y, en consecuencia el buen y debido desempeño de las funciones de la administración24. Ello en contraposición a la tesis restrictiva que solo reprimía al funcionario ario que contrataba para sí con la administración, la cual no arrojó resultados prácticos en los hechos. A su vez, esa corriente respaldó su postura en la llamada doctrina de “desviación del poder”, a partir de la cual se entendía que cualquier tipo de iintervención ntervención del funcionario público en el negocio que se realice desde la administración tenía incidencia en el tipo penal. Se refiere a los actos previos a materializar el contrato u operación. Dicho con otras palabras, cualquier intervención del funciona funcionario rio en el negocio alcanza para considerar que había existido una negociación incompatible incompatible. En definitiva, para dicha corriente no es necesario que la voluntad del funcionario infiel sea demostrada directamente en el acto concreto, sino que se puede trata tratarr de cualquier tipo de intervención previa y que conduzca a torcer la voluntad del Estado en beneficio privado. La designación de los bancos y el aprovechamiento personal de información pública es paradigmática sobre el punto. El verbo típico previsto en el artículo 265 del Código Penal de la Nación es El transparente. En ese sentido, la Real Academia Española entiende por “interesarse” varias acepciones, aunque en lo que aquí interesa, habremos de citar la siguiente: “Hacer Hacer tomar parte arte o empeño a alguien en los negocios o intereses ajenos, como si fuesen propios” propios 25. Ese interés es el que se convierte en el beneficio particular que puede buscar el funcionario. Se trata, entonces, de interesarse cuando existe un conflicto de lealtades a raíz de una lealtad que excede a la pública. Es que como señalamos, parafraseando a Weber, la actividad pública debe estar sometida a reglas estrictas y metódicas. Además, no es necesario ecesario que el negocio, acto u operación sea perjudicial para el Estado (supuesto en el cual se cometería además una defraudación), alcanza con que el funcionario actúe en forma interesada como persona privada.

24

Sancinetti, Marcelo, “Delito de negociación incompatible con la función pública, Editorial Hammurabi,

Buenos Aires, 2007, pag.27. 25

http://dle.rae.es/?id=LtrPccN

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Entonces, existe un desdoblamiento personal que se traduce en un potencial conflicto de interés. Decimos potencial porque puede suceder que coincida, es decir que sea beneficioso para el estado y para el interés privado. No está en cuestión la oportunidad, mérito o conveniencia sino la capacidad del funcionario de actuar con plena fidelidad, imparcialidad y objetividad en aras del bien común. Esa fue la interpretación tomada por la Sala II de la Cámara Federal al definir el bien jurídico protegido por esta figura. Se entendió que protege “el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no sólo sea plenamente imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad”26. La distinción se explica por el bien jurídico en juego, es decir el sustento material de la prohibición penal, la “norma” expresada en la ley que se debería imponer en el esquema motivacional del sujeto; se trata del fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, ¿por qué? Porque exige no solo imparcialidad sino protección contra cualquier sospecha de parcialidad.Es decir que el desdoblamiento de intereses genera opacidad en el espacio autoritativo en cuestión y ello repercute en la vulnerabilidad de la confianza otorgada. Poner en riesgo la confianza acarrea concreta la lesión al bien jurídico y por ende el delito. Entonces, resulta claro que el mapa de relaciones laborales antes narrado revela las conexiones previas que existían entre el Sr. Luis Andrés Caputo –funcionario público al momento de los hechos- y los bancos “J.P. Morgan” y el “Deutsche Bank”, los cuales fueronelegidos de forma directa para intervenir en los pagos acordados con los “holds outs” y en el denominado “Megacanje II”. Por esa razón, la fiscalía considera que se encuentran reunidos los requisitos necesarios para convocar a prestar declaración indagatoria al Sr. Luis Andrés Caputo en los términos del artículo 294 del CPPN. Recordemos que el caso de Santiago Bausili está sujeto a que la Oficina Anticorrupción defina con precisión los límites de su excusación. En una situación similar se encuentran los señores Mario Quintana y Santiago Bausili, aunque en su caso se trata de la tenencia de ciertos títulos de deuda pública emitidos por el Estado Nacional en el marco de los pagos efectuados a los “holdsouts”, al mismo tiempo que cumplieron funciones públicas vinculadas a decisiones financieras adoptadas desde el Estado. Por ello es que el Ministerio Público Fiscal considera que, en su caso, también están reunido el estado de sospecha al que alude el artículo 294 del CPPN. En ambos casos, tal como ya fue adelantado, los elementos de prueba incorporados a la causa resultan suficientes para sospechar sobre la presencia del comportamiento previsto en el artículo 265 del Código Penal. 26

Sala II: causa nro.6298 “Di Fonzo”, reg.6849; causa nro.12.307 “Tedesco Balut y otros” reg.13.497.


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VI.) Extracción de testimonios Durante el transcurso de la investigación se realizaron una serie de medidas de prueba encaminadas en desentrañar la hipótesis delictiva planteada. Algunas de ellas nos permitieron respaldar las declaraciones indagatorias antes solicitadas. Otras, que también tamb surgieron de esa labor, señalan la necesidad de emprender una investigación independiente en tanto exceden los hechos denunciados en esta causa. Veamos. Se trata de una tramo de la información aportada por la “Caja de Valores SA” y las propias declaraciones juradas presentadas por algunos funcionarios públicos, en tanto revelaron la adquisición de diversos valores públicos de deuda emitidos por el Estado Nacional acional al mismo tiempo que aquellas personas representaron a la administración con posibles alcances sobre esas decisiones. En particular, la información incorporada al expediente posiciona en esa situación a los señores Quintana, Bausili, Caputo y Griffi. Griffi Dicho con otras palabras, cabe la posibilidad de que las personas antes mencionadas hayan tenido información privilegiada o bien que hayan ejercido algún tipo de influencia sobre la decisión de emitir aquella deuda que luego ellos mismos adquirieron ccon on parte de su patrimonio. Veamos los casos en particular: * Mario Quintana fue designado el 10 de diciembre de 2015 como Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y se reveló que adquirió, al mismo tiempo tiempo que cumplió funciones públicas, los siguientes títulos de deuda: BONAR 2014 8,75% Vto.7/5/2024 por un monto de $5.367.600 y $ 3.865.960; Bono Nación Argentina U$S 8% (BONAR 2020) por 384.000; y BONOS República Argentina c/desc USD 8,28% 2033 por 140.000 140.000. * Santiago Bausili fue ue Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas entre enero y diciembre de 2016, fecha desde la cual se desempeña como Secretario de Finanzas de la Nación. En su caso, se conoció que adquirió los os siguientes títulos de deuda: en diciembre del año 2016 LETE 105 D USD 03-04-2017” 03 2017” por la suma de US$ 264.135,12; en marzo del año 2016 el título público emitido por el Estado Argentino denominado “BONAR 24-545824 CM ARS” por un monto de $ 9.979.902,00; en julio de 2016 “LEBAC interna $ Vto.29/3/2017”

por

$187.340,00;

y

“LEBACS”:

Vto.16/5/2018

por

$345.000;

Vto.15/8/2018 por $5.900.000; Vto.19/92018 por $1.625.000; Vto.15/8/2018 por $1.300.000 y Vto.19/9/2018 por $550.000; Bonos del Tesoro $ TPM Vto.21/6/2020 Vto.21/6/20 por 290.000; Bonos c/descuento USD Step Up v.2033 por 566.775; Bono Nación Arg. $Badlar+200 03/4/2022 por 329.100 * Luis Andrés Caputo,, se desempeñó como Presidente del Banco Central de la República (junio y septiembre de 2018). Antes como Secretario ddee Finanzas de la Nación (diciembre de 2015 hasta enero de 2017) y luego Ministro de Finanzas. Del informe

21


acompañado por la “Caja de Valores SA” surgió que durante ese tiempo obtuvo “LEBACS” por 8.5 millones de pesos. En este caso, además, se conoció un trabajo periodístico elaborado por Alejandro Bercovich y expuesto en el programa “Brotes Verdes” emitido por “C5N”. Allí se informó que en el mes de noviembre de 2017 aquellas “LEBACS” no fueron renovadas, precisamente cuando el dólar cotizaba a un precio aproximado de 19 pesos. Luego, según reza el informe, la cotización de esa moneda subió hasta los 28 pesos. * Marcelo Eugenio Griffi, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, fue titular de Letras del Tesoro U$S Vto.15/6/18 por 50.000; * LEBAC interna $ Vto.16/5/18 por 1.049.000; y * Bono República Argentina USD 6.875% 26/1/27 por 5.000. Entonces, en definitiva, durante la sustanciación de la presente investigación nos topamos con cierta información que si bien amerita emprender una investigación, no es en esta causa donde se debe materializar esa labor, porque ciertamente excede el marco fáctico aquí denunciado. Sobre todo, porque esos datos se relacionan con funcionarios públicos que tuvieron en su patrimonio deuda emitida por el Estado Nacional en el mismo momento que estuvieron funcionalmente relacionadas a la toma de decisiones sobre las finanzas del país. Por ello, la fiscalía considera que esa circunstancia no se encuentra comprendida dentro del objeto de investigación enmarcado en esta causa, en tanto dichos títulos no corresponden a la renegociación de deuda con los “holdouts” sino a la contracción de nueva deuda por parte del Estado Argentino u otra clase de valores. Por ese motivo, solicitamos al Señor juez de la causa que tenga a bien extraer testimonios de las partes de interés y los remita a la Sala de Sorteos de la Cámara Federal para que sortee el juzgado que deberá intervenir en su investigación. A los fines antes consignados, remítanse las presentes actuaciones al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro.7, Secretaría nro.14, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. Fiscalía, 3de diciembre de 2018.

Declaración de Delgado  
Declaración de Delgado  
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