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SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA Pág. 2 SISTEMA DE LA TARIFA LEGAL Pág. 3 SISTEMA DE LA LIBRE CONVICCIÓN Pág. 4 SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA O PERSUASIÓN RACIONAL Pág. 5

PRUEBA ANTICIPADA Pág. 6 PRUEBA SOBREVENIDA Y TRASLADADA Pág. 7 CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA Pág. 8

REVISTA JURIDICA DIGITAL

José Andueza C.I. 14798594


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SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA El concepto de la palabra prueba, es quizás uno de los más discutidos en la doctrina, por los diversos significados que puede asignársele a este vocablo dentro del ámbito procesal. Ciertamente, el estudio de la prueba en derecho, se emplea en el sentido de medio de prueba, es decir, para designar los distintos elementos de juicio producidos por las partes o diligenciados por el Juez, a fin de establecer la existencia de ciertos hechos en el proceso, es así como se habla de la prueba de testigos, instrumental, de experticia, entre otras. En segundo lugar, se asume como prueba la acción de probar, es decir, la de demostrar la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Finalmente, se entiende por prueba el fenómeno psicológico producido en la mente y espíritu del Juez, vale decir, la convicción o certeza acerca de la existencia de los hechos alegados En esencia, la valoración de los medios probatorios producidos en juicio es quizás la función más importante en el proceso, puesto que sobre esa base se toma la decisión judicial. Por ello, acoger un sistema de valoración de las pruebas en un ordenamiento jurídico, es en principio una responsabilidad del legislador, ya que es quien elabora las normas que pretenden asegurar la verdad y eliminar el error, en procura de lograr la ecuación certezaverdad. Obviamente, escogido un determinado sistema por el legislador, la responsabilidad se traslada al juez en el análisis del caso concreto, pues, es él quien tiene que aplicar el sistema probatorio y ajustar su decisión a la verdad-justicia

Es de entender que en el Derecho Probatorio no solo se reglamenta a través de normas procedimentales sino que también en algunas normas sustanciales y que en ambas reglamentaciones encontraremos las pruebas que están ahí para resolver con certeza la controversia y 2 sistemas por los cuales se les da una valoración que como veremos podrá ser objetiva o subjetiva, es decir, “si el juez debe y puede libremente valorar la prueba, estamos frente al sistema de la libre valoración (o libre convicción); cuando el legislador señala el valor de la prueba estamos frente al sistema de la tarifa legal” . Por otra parte, es más preciso decir que el único sistema de valoración de la prueba que pueda entregar a cada caso una resolución basada en la certeza es el de la libre convicción o libre valoración puesto que a través de este “exigirá del juez más estudio; mientras que se puede decir que dentro del sistema de la tarifa legal, hasta que el juez sea abogado”


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SISTEMA DE LA TARIFA LEGAL Este sistema, consiste en el señalamiento anticipado que la ley le hace al juez del grado de eficacia que tienen los medios de prueba, diciéndole de qué manera debe tenerse por probado un hecho, partiendo de hipótesis que imponen al juez determinadas normas que fijan el valor preciso de las pruebas, dejándole sólo la posibilidad de comprobar si las pruebas evacuadas cumplen los requisitos de valoración que la ley le ha tasado. De ello se desprende, que este sistema convierte al juez en un mero instrumento de aplicación de la ley, eliminando su facultad creadora de derecho, y cortando cualquier posibilidad de razonamiento lógico, que en definitiva puede gravemente traducirse en un desfase de la justicia, toda vez que, estando el derecho en constante evolución conforme a dinamismo social, la valoración predeterminada por el legislador en un cuerpo normativo en un momento histórico determinado, podría no corresponderse con la realidad imperante.

En la tarifa legal no se permite que el juez por cuestiones personas favorezca a alguna de las partes pues el valor probatorio esta preestablecido por el legislador y las partes lo conocen tanto en las pruebas que se aportan como las que se practicaran en el proceso. También, se debe apreciar que de tener en cuenta aspectos especiales del caso en concreto no es posible aplicar el valor probatorio dada por el legislador

A pesar de sus limitaciones, el ordenamiento jurídico venezolano, aún recoge este sistema de valoración, al establecer el Código Civil venezolano la regla de apreciación judicial de los instrumentos públicos y privados, así como de la confesión y de la prueba de juramento decisorio (artículos 1360, 1361, 1370, 1374, 1401 y 1418 del Código Civil). De lo expuesto se deduce, que el sistema venezolano de valoración de la prueba en el proceso civil, y hasta hace muy poco aplicable al proceso laboral, es un sistema mixto, o como algunos autores prefieren señalar de tarifa legal atenuado, pues el principio general es la libre apreciación de las pruebas según las reglas de la sana crítica, y la excepción, la constituye la prueba legal, cuando así lo establezca el legislador


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SISTEMA DE LA LIBRE CONVICCION Este sistema, consiste en el señalamiento anticipado que la ley le hace al juez del grado de eficacia que tienen los medios de prueba, diciéndole de qué manera debe tenerse por probado un hecho, partiendo de hipótesis que imponen al juez determinadas normas que fijan el valor preciso de las pruebas, dejándole sólo la posibilidad de comprobar si las pruebas evacuadas cumplen los requisitos de valoración que la ley le ha tasado. De ello se desprende, que este sistema convierte al juez en un mero instrumento de aplicación de la ley, eliminando su facultad creadora de derecho, y cortando cualquier posibilidad de razonamiento lógico, que en definitiva puede gravemente traducirse en un desfase de la justicia, toda vez que, estando el derecho en constante evolución conforme a dinamismo social, la valoración predeterminada por el legislador en un cuerpo normativo en un momento histórico determinado, podría no corresponderse con la realidad imperante.

En la libre convicción, el juez actuara de manera más activa por cuanto deberá hacer uso para justificar su decisión de las reglas de la experiencia, de la lógica, de la historia, de la sicología. De la imaginación para que en cada caso se administre justicia con acierto.

A pesar de sus limitaciones, el ordenamiento jurídico venezolano, aún recoge este sistema de valoración, al establecer el Código Civil venezolano la regla de apreciación judicial de los instrumentos públicos y privados, así como de la confesión y de la prueba de juramento decisorio (artículos 1360, 1361, 1370, 1374, 1401 y 1418 del Código Civil). De lo expuesto se deduce, que el sistema venezolano de valoración de la prueba en el proceso civil, y hasta hace muy poco aplicable al proceso laboral, es un sistema mixto, o como algunos autores prefieren señalar de tarifa legal atenuado, pues el principio general es la libre apreciación de las pruebas según las reglas de la sana crítica, y la excepción, la constituye la prueba legal, cuando así lo establezca el legislador


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SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA O PERSUASIÓN RACIONAL Se dice que este es un sistema intermedio que atenúa la rigurosidad del sistema tarifario y pone freno al libre arbitrio del sistema de libre convicción. Couture sostiene que las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano, pues en ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Por ello, se dice que las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. No obstante debe saberse que la simple aplicación del silogismo jurídico no es suficiente para convalidar una sentencia, por lo que debe confrontarse el análisis lógico con la correcta apreciación de las máximas de experiencia. En este sentido, la doctrina ha señalado como características de este sistema las siguientes: (i) el juez debe examinar la prueba racionalmente, con arreglo a las normas de la lógica y de la experiencia; (ii) la prueba debe haber sido practicada y aportada al proceso de acuerdo con las formalidades legales; (iii) el examen integral de cada medio de prueba, entrelazado con los distintos medios de prueba que obran en el expediente; y (iv) la apreciación del juez está sujeta a un control por parte del juez superior o de alzada

La sana crítica como sistema de valoración de las pruebas, si bien da cierto margen discrecional al operador de justicia al momento de apreciar la prueba, no implica arbitrariedad en sus decisiones pues las mismas deben estar suficientemente razonadas, partiendo de una exposición de los hechos controvertidos y aquéllos que efectivamente fueron demostrados en la apreciación del cúmulo de pruebas existentes en autos.


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PRUEBA ANTICIPADA “Es aquella que en el proceso penal se realiza, en principio, en la fase preparatoria, por razones de urgencia y necesidad de asegurar su resultado, pudiendo ser apreciada por el juez como si se hubiera practicado en el juicio, siempre que se incorpore allí mediante lectura del acta que la contiene”.

Esta institución procesal está regulada en el artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal, que forma parte de las normas que componen el Título I, de la Fase Preparatoria, Capítulo III “Del Desarrollo de la Investigación”, de la siguiente manera: “Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, inspección o experticia, que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al Juez o Jueza de Control que lo realice. Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración.

El Juez o Jueza practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, incluyendo a la víctima aunque no se hubiere querellado, quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en este Código”. La prueba anticipada, o anticipo de prueba, es la excepción al principio de inmediación contenido en el artículo 16 del COPP, al prever la posibilidad de realizar una prueba antes de la etapa natural del proceso donde

corresponde

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LA PRUEBA SOBREVENIDA Puede ocurrir que una vez vencida la fase probatoria del juicio, aparezca algún medio de prueba que era desconocido para la parte interesada o que conociendo su existencia, se encontraba fuera de su control. Esta manifestación probatoria, a primera vista encuentra dificultad de admisibilidad y valoración en el proceso jurisdiccional, y más concretamente en el procedimiento ordinario civil, diseñado rígidamente por un orden consecutivo legal, informado por el principio de preclusión, donde el agotamiento de un lapso procesal, da nacimiento a otro lapso procesal entro del cual se debe celebrar un acto procesal, en función de garantizar el principio procesal de lealtad y probidad en el proceso. Razones de elemental seguridad jurídica, indican que es obvio, que la promoción, proposición, o presentación y menos aún la evacuación y por ende la aportación de cualquier medio de prueba en el proceso, por constituir tales actividades imperativos del propio de interés de las partes, a quienes les incumbe !hacer verificar la certeza o no de las afirmaciones de echó, y de ese modo poder obtener las consecuencias jurídicas previstas en la norma abstracta de derecho, cuya aplicación pretende se le declare en su favor, su falta u omisión de ejercicio, se traduce en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, con efectos preclusivos, de tal suerte que, resulta inadmisible, por ineficacia probatoria, el medio así promovido, propuesto, incorporado o aportado contemporáneamente. Salvo los supuestos legales previstos en el Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, dentro del procedimiento civil ordinario o breve, según la cuantía, encontramos las! hipótesis excepcionales de presentar el documento fundamental de la pretensión en oportunidad distinta a la presentación de la demanda, cuando no se trate de instrumentos públicos, los cuales se podrán producir en oportunidad posterior hasta los últimos informes. Así, si ese documento fundamental de la pretensión que debe acompañarse junto con el libelo, resulte de fecha posterior

LA PRUEBA TRASLADADA Para hacer referencia a esta prueba, hay que resaltar que hace parte de una de las clasificaciones de las formas de pruebas existentes en el derecho probatorio que vendrían a ser las que son tenidas en cuenta dentro del proceso según la forma como obran en el mismo. Y como su nombre lo indica son pruebas que existen en un proceso que fue adelantado con anterioridad o simultáneamente y las llevamos al nuevo proceso para hacerlas valer dentro de este último. La forma de allegarlas al nuevo proceso estas pruebas, es mediante copia autentica, y como requisitos se necesita que dicha prueba en el proceso originario haya sido practicada a petición de parte, que haya sido válida, y que sea solicitada y trasladada oportunamente al nuevo proceso.


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CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA SEGÚN SU CONTRADICCIÓN: ( sumarias y controvertidas) La prueba sumaria, con independencia del poder demostrativo que pueda tener, es aquella que no ha sido conocida por la parte contra la cual se presenta, y que por tanto no ha tenido oportunidad de controvertir. Las pruebas no controvertidas o sumarias no pueden servir de fundamento a las providencias de fondo que dicte el funcionario judicial, puesto que por disposición constitucional, en un proceso las pruebas deben ser controvertidas. SEGÚN SU ESTRUCTURA O NATURALEZA: ( pruebas personales y reales o materiales) En las pruebas personales, vemos que la estructura del medio que suministra la prueba, son personas.; y en las reales o materiales, se tratan de cosas, como documentos (incluyendo los planos, dibujos, fotografías, etc.) huellas o rastros y objetos de toda clase. SEGÚN SU FUNCIÓN: ( pruebas históricas y criticas o lógicas) La prueba histórica representa claramente el hecho pretérito que se trata de demostrar, es como una fotografía; este medio de prueba le suministra al juez una imagen del hecho por probar, y éste aprecia la verdad del hecho a través de su representación sin esfuerzo mental alguno. Las pruebas criticas o lógicas carecen de función representativa y no despierta en la mente del juez ninguna imagen distinta de la cosa examinada, pero le suministra un término de comparación para el resultado probatorio mediante juicio o razonamiento. Tal es el caso de los indicios y las presunciones. SEGÚN SU FINALIDAD: pruebas formales y sustanciales. las pruebas formales poseen un valor simplemente ad probationem, es decir, que tienen una función exclusivamente procesal; la de llevarle al juez el convencimiento sobre los hechos del proceso (Lo son casi todas las pruebas). Las pruebas ad solemnitaten o ad substantiam actus; (sustancial), tienen un valor material, puesto que son condiciones para la existencia o la validez de un acto jurídico material SEGÚN LA OPORTUNIDAD O EL MOMENTO EN QUE SE PRODUCE: ( En proceso y extraproceso; preconstituidas y causales; judiciales y extrajudiciales) Se entiende por pruebas en procesos las que se practican, aducen y tienden a demostrar los hechos litigiosos en un proceso. Y las pruebas extraproceso las que tienen origen fuera del proceso. Por otro lado, las pruebas son preconstituidas o causales, según el destino para que sean creadas: Si para servir de medios de convicción en un proceso o para fines extraprocesales y ocasionalmente son llevadas a un proceso. Las preconstitutivas si tienen la intención de acreditar en el futuro un hecho, estas llevan la intención preconstituyente o jurídicamente dispositiva y probatoria. Las pruebas judiciales, son aquellas que se han producido ante el juez en ejercicio de sus funciones, y cumpliendo con el principio de la inmediación. En cambio, la prueba extrajudicial no ha tenido ocurrencia ante el juez, la prueba es obtenida fuera del proceso y sin la intervención de dicho funcionario, esta es precaria y debe acreditarse o mostrarse dentro de la actuación judicial. SEGÚN LOS SUJETOS PROPONENTES DE LA PRUEBA: (Pruebas de Oficio y de Parte) La prueba de oficio en el proceso, que van desde el “ podrá “ hasta el “ deberá “, con limitaciones diversas, en especial para ciertos medios probatorios; con exclusiones respecto del comportamiento de las partes, especialmente de la doctrina y de la jurisprudencia, ya que algunos les cierran el paso a la iniciativa cuando se trate de graves negligencias. La prueba de oficio, el juez “ debe “ ó “puede”, según las respectiva legislación, acordar pruebas por su propia iniciativa, dentro de los limites del proceso y en cualquier momento. Pero esto no significa que las partes queden liberadas de la carga de la prueba, pues las secuelas del hecho, incierto subsisten, y por lo que se encuentran en inmejorable posición de suministrar los medios idóneos para acreditar la respectiva situación fáctica, ya que conocen mejor las peculiaridades ocurridas.


Revista jose andueza