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Economía La décima Cumbre del G20 en Antalya EDUARDO CUENCA GARCÍA La desaceleración de los países emergentes CÁNDIDO MUÑOZ CIDAD La hipótesis del estancamiento secular MANUEL ALEJANDRO HIDALGO La política de infraestructuras en España: Una reforma pendiente GINÉS DE RUS Deflación, ¿buena o mala? MANUEL ALEJANDRO HIDALGO El escándalo Volkswagen ROGELIO VELASCO Abengoa, el final de un sueño y un nuevo comienzo RAFAEL SALGUEIRO Casi dos millones de parados sin prestación TOMÁS MONAGO DE LA PAZ ‘Retribuciones tóxicas’ e instrumentos de control DAVID MORENO UTRILLA El poder transformador de la economía colaborativa DAVID UCLÉS AGUILERA La estructura productiva de Andalucía ELENA MANZANERA DÍAZ Liderando las exportaciones agroalimentarias españolas ROBERTO GARCÍA TORRENTE 2016, la estabilización del sector de la vivienda en Andalucía ESTERA BADITA El accidente del 400M siega cuatro vidas y asesta un duro golpe a la industria andaluza ELI GARCÍA VILLALÓN Turismo Andaluz: tras los récords, la estacionalidad ISMAEL TOUAT PADILLA Casi 20 millones de pasajeros en los aeropuertos andaluces ÁNGEL RECIO El comercio exterior de España y Andalucía con Marruecos JOSÉ ÁNGEL AZNAR SÁNCHEZ El comercio exterior andaluz CRISTINA CAMPAYO El modelo de financiación autonómica: balance desde la perspectiva de Andalucía JOSÉ M. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ Instituciones exentas de IBI DAVID UCLÉS Las relaciones entre los contribuyentes y la administración JOSÉ LUIS BALLESTER La reestructuración de la banca no ha terminado FERNANDO FACES El peor año para la bolsa desde 2011 ALEJANDRO MARTÍN RODRÍGUEZ

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La décima Cumbre del G20 en Antalya Eduardo Cuenca García Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada n el mundo actual, la capacidad de respuesta de los Organismos Internacionales frente a los problemas económicos, políticos, sociales o bélicos es, en ocasiones, muy limitada, lenta y poco eficaz. Por ello, las Conferencias Internacionales, con una influencia cada vez mayor, se han convertido en una alternativa más “informal” y “flexible” para abordar conflictos. El G-20, como coordinador de respuestas globales ante los retos planteados en nuestros días, ha tenido el acierto de incorporar a los nuevos actores surgidos tras el fin de la guerra fría, no bien representados en las instituciones internacionales, y ha agregado en su agenda asuntos relacionados con la geopolítica, teniendo muy presente que hoy es difícil imaginar una prosperidad estable, de la que se beneficien solo unos pocos. En su décima convocatoria en Antalya (Turquía, 2015), los países que asistieron representaban aproximadamente el 85% de la riqueza global, el 80% del comercio mundial y 2/3 partes de la población del planeta. Asimismo, se contó con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, entre otras. En la cumbre se siguió insistiendo en la necesidad de continuar coordinando las políticas económicas y financieras de los países para fortalecer el crecimiento global, la estabilidad de los mercados, y la reforma de las instituciones financieras internacionales, medidas muy presentes en estas reuniones desde el inicio de la crisis económica en 2008. Aunque en Brisbane (Australia, 2014) se propusieron ya reformas para promover el crecimiento, éstas se han ralentizado como consecuencia de la desaceleración en China, el efecto de la caída de los precios de las materias primas en los países emergentes, o las dificultades que afectan a Europa. Sin embargo, se subrayó que la política monetaria por sí sola no conduce a un crecimiento equilibrado, sino que serán las reformas estructurales las que lo impulse. En segundo lugar, en Antalya hubo avances en las reformas financieras que se propusieron en Londres (2009) en demanda de más transparencia, mejoras en la regu-

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Obama conversa con Putin, al comienzo de la segunda reunión de la décima cumbre del G20. / EFE

lación del sistema bancario y más control sobre las agencias de calificación (con la idea de una agencia calificadora global). Además, se ha exigido a las 30 principales entidades financieras del mundo que antes de 2022 dispongan de recursos suficientes para asumir pérdidas. Este objetivo, que se superpone a los requisitos de capital de máxima calidad, trata minimizar la posibilidad de que un gran banco entre en crisis y, sobre todo, que se asegure que su rescate lo financien sus accionistas y acreedores y no el dinero público, como ocurrió en los últimos años. Asimismo, las conversaciones continua-

Se acentúa la necesidad de legislar contra los paraísos fiscales y el “blanqueo” de capitales, vinculados en gran medida con actividades ilegales ron para evitar que las multinacionales eludan el pago de impuestos manejando vacíos legales, técnicas contables, incentivos fiscales, o países que les permiten pagar muy poco. Se trata de compensar las elevadas pérdidas de recaudación en presupuestos de países muy necesitados de

ingresos por la crisis. Paralelamente, se acentúa la necesidad de legislar contra los paraísos fiscales y el “blanqueo” de capitales, que en gran medida están vinculados con actividades ilegales relacionadas con el crimen, las drogas o el terrorismo. En otro capítulo, los países emergentes solicitaron que se comunicaran claramente las grandes decisiones de política monetaria que se adoptaran en las grandes economías y que se midieran sus efectos en el sistema global, con el fin de reducir las incertidumbres y los efectos negativos sobre el resto. Concretamente, tras las convulsiones en los mercados mundiales con la devaluación del yuan y las devaluaciones en numerosos países emergentes, se pretende establecer un sistema de tipo de cambio más conectado con las fuerzas del mercado, que evite las devaluaciones competitivas y cualquier forma de proteccionismo. Otra de las preocupaciones expresada por los países emergentes fue la posible subida del tipo de interés en Estados Unidos, ya que el simple rumor provocó las depreciaciones de las monedas en Turquía, Brasil o Sudáfrica, que desde el inicio de la crisis habían atraído grandes flujos de capital. Los temas políticos, que adquirieron un gran relieve en San Petersburgo (2013), como la guerra en Siria y el conflicto de


Ucrania, tuvieron su protagonismo en 2015 por los atentados terroristas de París en noviembre. La reunión del G-20 fue también una magnífica oportunidad para que el grupo liderara la promoción y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para 2030, al constituirse como un colectivo de países con distintos niveles de desarrollo y con capacidad para movilizar colaboraciones entre múltiples actores que contribuirían a alcanzar las metas propuestas. De la misma manera, se planteó un intenso debate sobre los retos para combatir el cambio climático, que se trataría en la reunión de diciembre en París y en la Conferencia sobre Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III), a celebrar en octubre de 2016. Para concluir, y a pesar de la intensidad y

En este foro se establecen ejes sobre los que los Estados tienen que desarrollar políticas, sin haber alcanzado competencias para imponer sanciones amplitud de las cuestiones, no hay que olvidar que en este foro solo se establecen ejes sobre los que los Estados tienen que desarrollar políticas posteriores, sin haber alcanzado las competencias para imponer sanciones a los países por incumplimientos. Por otro lado, la diversificación de las áreas tratadas, las críticas respecto a su eficacia y sobre la representatividad, pesan sobre la eficacia de estas cumbres.

Saludo entre Rajoy y Obama. / EFE

La desaceleración de los países emergentes Cándido Muñoz Cidad Catedrático Emérito de la Universidad Complutense a avidez de materias primas por parte de China ha sido el gran motor de un ciclo de crecimiento en un grupo de países que –como a la propia China–se han denominado países emergentes y que suponían un nuevo episodio de un fenómeno al que se asiste desde el final de la II Guerra Mundial. El fenómeno de que, cada vez, el desarrollo económico se extiende a un mayor número de países. Primero fueron los tigres asiáticos (Singapur, Corea del Sur, Taiwan) y, en el cambio de siglo, los llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a los que se añadió posteriormente la letra S por la incorporación de Suráfrica. El peso demográfico y económico de los BRICS les hacer tener, cada vez, un papel más trascendente en la economía mundial. Los BRICS ya representan el 25% del producto mundial, cuando hace dos décadas solo tenían el 8% de dicha producción.

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Casas en el río Ganges en La India. / ARCHIVO

Junto a estos países Turquía, Indonesia, Malasia, Arabia Saudita y Argentina se añadían, entre otros, a la lista de países que, con el nombre de emergentes, reflejaban la idea de dinamismo económico y progreso frente a denominaciones más tradicionales. El espectacular crecimiento de algunos de estos países durante las dos últimas décadas se ha visto ralentizado, produciéndose una desaceleración en los dos últimos años. Tal ralentización manifiesta algunas debilidades que, tanto en el ámbito de la economía real como en el de la financiera, arrastran algunos de estos países, que parecen haber llegado al final de un ciclo. Entre algunos fenómenos que pueden estar en el origen de esta ralentización hay que citar los siguientes. ■ La herencia de la Gran Contracción en los países más desarrollados. Si en los primeros momentos de la crisis el dinamismo de algunos países –en Asia particularmente- supuso una válvula de escape al deterioro en Estados Unidos y Europa, el menor crecimiento de estos bloques ha ralentizado el crecimiento en todo el mundo. ■ Otro factor relevante es el cambio de modelo de crecimiento en China. La producción de materias primas en el mundo fue estimulada por la gran demanda de China, cuando su orientación a la inver-

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to –o la moderación, al menos- del efecto catch-up (o efecto convergencia). Se ha comprobado empíricamente que los países seguidores pueden crecer más deprisa que los líderes, si se dotan de instituciones adecuadas, ya que mientras que el líder es más innovador y las innovaciones se llevan a cabo mediante la prueba y el error, los seguidores pueden tomar las tecnologías últimas sin pasar por las fases intermedias, por las que debieron pasar los líderes y sin tener que experimentar sobre la validez de tecnologías ya experimentadas en otros lugares. El fenómeno del catch-up ha posibilitado esas fuertes tasas de crecimiento experimentadas en algunos países, como China en particular, con incrementos anuales del PIB por encima del 10%. ■ No puede dejar de señalarse, por último, la debilidad de algunas instituciones en países emergentes, como el peculiar modelo político de China o la falta de transparencia en la política y la economía de Rusia (¿capitalismo de mafias?), así como las deficiencias de la gestión pública en países como Brasil, Argentina, México y otros. La colusión entre empresas públicas y gobiernos es muy frecuente llevando a situaciones de clientelismo y corrupción, como es el caso de Brasil con el gigante petrolero Petrobras, cuya deuda neta se estima en 104.000 millones de dólares, deuda cuya garantía pública ha llevado a que ya dos empresas de calificación hayan dado a la deuda pública de Brasil la calificación de bono-basura.

Río de Janeiro desde el aire. / GRUPO JOLY

sión y la exportación tiró fuertemente de la demanda de materias primas en el mundo. El cambio de orientación de China hacia un modelo más inclinado hacia la demanda interna de bienes y servicios implica una menor demanda de materias primas. Por otro lado, China se ha encontrado con un exceso de capacidad en muchos ámbitos productivos, desde cemento a fletes, por el exceso de los estímulos anteriores y por la facilidad de endeudamiento para algunas empresas grandes escogidas. Ahora, China se encuentra con algunas empresas muy endeudadas y con tasas de crecimiento por debajo del 7%, muy lejos de aquellos espectaculares crecimientos por encima del 10%

La nueva política monetaria de Estados Unidos crea dificultades para muchos países emergentes al sobrevalorar la deuda contraída en dólares ■ Derivada del punto anterior ha sido la caída de los precios de las materias primas. El precio más bajo de los últimos 16 años. Tal caída en el caso del petróleo ha sido más pronunciada: una caída del 68%

en 18 meses. Ello supone menores ingresos por exportación para algunos países. Con el barril de petróleo por debajo de 50 dólares ya no es rentable su extracción en Venezuela, Rusia, Argentina, entre otros. Por la misma causa, inversiones que se estaban llevando a cabo, en Estados Unidos en particular, en el ámbito del fracking (fracturación hidráulica), también dejan de ser rentables ■ Un fenómeno financiero reciente, la nueva política monetaria de Estados Unidos, ya en su previsión, viene creando dificultades para muchos países emergentes, con sistemas empresariales muy endeudados y muy expuestos a las condiciones económicas y financieras del mundo global. El Bank of International Settlements ha estimado que los créditos en dólares a instituciones no bancarias fuera de Estados Unidos equivalen a 9,8 billones de dólares, de los que la tercera parte se han destinado a países emergentes. Ello puede originar, además, cierta vulnerabilidad bancaria y, de rebote, empresarial, en algunos países, por las dificultades de repago de la deuda en dólares sobrevalorados, junto con salidas de capitales –que ya se están produciendo-, así como deterioro de la capacidad crediticia de las empresas y los países. ? Hay un quinto fenómeno que podríamos calificar de estructural: el agotamien-

La colusión entre empresas públicas y gobiernos es muy frecuente en estos países llevando a situaciones de clientelismo y corrupción Hemos señalado que los países pueden llevar a cabo una transición económica eficaz, y aprovechar el efecto convergencia, cuando se dotan de instituciones adecuadas para incorporar procesos de producción, comercio y tecnología creados por los países líderes. Cuando el marco institucional es precario, deficiente o corrupto puede ser una traba importante para el proceso de crecimiento. Y, aunque por especiales circunstancias pueden tener momentos de crecimiento importante, este puede acabar en burbujas cuyo final es el impago. No es una buena noticia para el mundo la desaceleración en los países emergentes. El Banco Mundial ha estimado que un punto de menor crecimiento en los BRICS implica una caída de 0,8 puntos en otros países emergentes y de 0,4 en la economía global. O lo que es lo mismo: cuando los emergentes estornudan, el mundo se constipa.


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La hipótesis del estancamiento secular Manuel Alejandro Hidalgo Pérez Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide finales de los años 30 del siglo pasado, el economista Alvin Hansen influenciado por la entonces débil expansión de la economía norteamericana, expuso su hipótesis del estancamiento secular, es decir, crecimiento económico moderado para las décadas siguientes. Aunque se plantearon diversas explicaciones sobre las dificultades que Estados Unidos parecía mostrar incluso años después de 1929, Hansen resaltó como principales el escaso avance tecnológico de la época así como el moderado crecimiento de la población. Es evidente que se equivocó. Como suele ser habitual en el ser humano, las previsiones suelen construirse sobre experiencias actuales y pasadas. Eso es lo que hizo Hansen. Sin embargo, es de justicia mencionar que no tuvo la posibilidad de prever el efecto que la Segunda Guerra Mundial tendría en las economías occidentales, especialmente a través del avance tecnológico posterior. Tampoco pudo adelantar el auge del comercio internacional gracias a los acuerdos de liberalización, ni la estabilidad financiera con la que Bretton Woods dotó al sistema monetario internacional hasta los años setenta. En consecuencia, el fulgurante capitalismo “amable” de los años cincuenta y sesenta relegaron las predicciones de Hansen al olvido. Sin embargo, desde hace dos años, impulsado por Lawrence Summers, economista académico de primera fila además de ex-Secretario de Estado del Tesoro norteamericano, la hipótesis del estancamiento secular ha encontrado un nuevo hueco en el debate académico. Al igual que ocurriera en los años posteriores a la Gran Depresión, tanto Estados Unidos como Europa y numerosos países emergentes muestran decepcionantes tasas de crecimiento de la producción comparadas con las registradas en décadas anteriores, incluso una vez superada la Gran Recesión. Al igual que Hansen señalara en sus días, Summers puntualiza que existen inquietantes señales de base estructural que podrían justificar e incluso explicar tan oscura predicción. Aunque se han argumentado numerosas razones, las más importantes se centran en la debilidad que parece mostrar la demanda, en particular consumo e inversión. Así, en primer lugar, se señala el ba-

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jo crecimiento de la inversión desde 2008, comparado con el vigor que mostraba antaño (1). Las explicaciones expuestas son variadas, pero la que más consenso suscita señala a la caída del crecimiento potencial de la economía estadounidense (y del resto de países por extensión) y en consecuencia de la rentabilidad a largo plazo de los proyectos de inversión. Esta caída, constante desde los años noventa, puede explicarse principalmente por dos razones, similares a la que apuntara Hansen en su momento. En primer lugar, por el cambio tecnológico, y que aunque detonante de la última revolución tecnológica, no parece trasladarse a aumentos significativos e importantes de la productividad (2). En segundo lugar, por la propia debilidad del consumo (3) y que a su vez vendría explicado por otras razones. Por un lado, el aumento de la desigualdad en los salarios e ingresos en general (4), en parte explicado por el mismo cambio tecnológico, la globalización y cambios institucio-

Algunos economistas defienden una clara y decidida acción de los gobiernos para que sustituyan a los mercados en su papel de inversión nales (5), eleva la propensión marginal a ahorrar de las familias, pues renta y riqueza se concentran en aquellas manos que menos gastan, los más pudientes. La desigualdad provoca así un aumento del ahorro a la vez que un menor crecimiento del consumo (6), y en consecuencia de la demanda. Por otro lado, a la desigualdad debemos sumar el envejecimiento de la población, que al igual que la primera, eleva

la preferencia por el ahorro, aunque dependiendo de la estructura demográfica de partida de cada país (7), además de reducir el crecimiento poblacional, lo que de nuevo afecta a la rentabilidad a largo plazo de las inversiones (8). Todas estas razones estarían generando dos hechos diferentes, pero con similar origen y evolución paralela. Por un lado, como se ha dicho, la debilidad de la demanda explicaría una caída del crecimiento potencial. Por otro lado, el aumento de la desigualdad y del envejecimiento de la población aumentaría las preferencias por el ahorro. El aumento de la oferta de fondos de ahorros unido a la frágil inversión claramente reduciría la rentabilidad de los proyectos de inversión hacia niveles extraordinariamente bajos. Si a esto unimos además que gran parte de los nuevos tipos de negocios poseen necesidades de capital mucho menores al de las industrias tradicionales, obtenemos una combinación que en consecuencia reduce la menor rentabilidad de la inversión y desincentiva su acometido (9). Dada esta situación, ¿es posible adoptar políticas económicas que permitan revertir la tendencia? Por supuesto que las hay, sin embargo es aquí donde el consenso entre los economistas parece diluirse. Así, por un lado, economistas liderados por el propio Summers junto con el premio nobel Paul Krugman, defienden una clara y decidida acción de los gobiernos para que sean ellos los que sustituyan a los mercados en su papel de inversión. Más aún, Narayana Kocherlakota, ex presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, defiende una política fiscal claramente expansiva con el apoyo de una política monetaria acomodaticia, lo que permitiría elevar la oferta de activos financieros seguros, por el que tanto apetito existe, elevando de es-


te modo la rentabilidad. Por otro lado, otros economistas consideran que un posible estancamiento secular no es posible resolverlo mediante estímulos fiscales y monetarios, defendiendo por ello políticas de oferta. Deben ser por lo tanto las reformas estructurales y las políticas de oferta, de educación y de eficiencia, las que permitan re-dirigir a las economías

hacia la senda de crecimiento fuerte y sostenido. En conclusión, emerge de nuevo el fantasma del estancamiento secular, siendo la debilidad de demanda la explicación preferida por la academia. La solución para muchos sería apostar por una decidida política de demanda expansiva. Para otros, que aún siendo la demanda la culpa-

ble, el débil crecimiento no puede resolverse con estímulos de demanda ad infinitum y defienden una política de oferta. Sea lo que fuere, resulta excitante e interesante no solo el debate surgido sobre esta cuestión sino además sobre si realmente estamos a las puertas de una economía tal y como los ejercicios de proyección nos quieren hacer ver.

La política de infraestructuras en España: Una reforma pendiente Ginés de Rus Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

a mayoría de los que han analizado las decisiones en materia de construcción de infraestructuras en las últimas décadas suelen coincidir en una conclusión de tipo general: Españahacarecidodeunapolíticadeinfraestructuras digna de tal nombre. Muchas voces críticashanargumentadoqueestacarenciaexplica las incongruencias y costosas ineficiencias que venimos arrastrando. Ser el primer país de Europa en longitud de carreteras de gran capacidad, por delante de Alemania y Francia, el segundo país del mundo en vías de alta velocidad ferroviaria, o tener la empresa aeroportuaria pública (hoy parcialmente privatizada) más grande del mundo son tres logros frente a los que uno no sabe muy bien cómo reaccionar. La colaboración público-privada en la construcción, mantenimiento y explotación de las autopistas de peaje ha permitido a nuestro país construir una red de calidad de vías de alta capacidad pagadas por sus usuarios. Sin embargo, la mitad de estas concesiones ya han sido renegociadas, lo que ha comportado con frecuencia extensiones de plazo, cambios de precios y ayudas del Estado. Recientemente, la situación se ha agravado con la crisis de las radiales de Madrid, en las que la sobreestimacióndelademanda,lasubestimacióndelos costesyunmodeloconcesionalqueplanteaseriosproblemasdeasignaciónderiesgosyresolución de conflictos, han enfrentado al Gobiernoconlasconstructoras,gestorasybancos,sin queporelmomentosehayaresueltoelproblema de cómo repartir la carga de estas inversiones fallidas. Si se activa la responsabilidad patrimonial de la Administración, se estima que loscontribuyentesacabaránteniendoqueasumir unos 5.000 millones de euros de deuda. La alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de la inexistencia de una política de infraestructuras en nuestro país. España ha construido una red ferroviaria de alta velocidad que

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Obras del AVEen Albolote, Granada. / PEPE VILLOSLADA

prácticamentehaduplicadolaconexiónpunto a punto ya existente para la movilidad interurbana de media distancia. El mapa de aeropuertos españoles y el trazado de la red de alta velocidad ferroviaria prácticamente se superponen. Los aproximadamente 50.000 millones de euros destinados a la construcción de infraestructuras de alta velocidad aparecen como una inversión de dudosa rentabilidad una vez se tiene en cuenta el limitado volumen de pasajeros atendidos, unos 25 millones anuales, muchos de los cuales se desplazaban hasta ahora en avión, cubriendo costes, y la indiscutible pérdida de atractivo de la red de aeropuertos para el tráfico de conexión y de la red de autobuses interurbanos que da servicio a 650 millones de viajeros al año.

La mayoría de los analistas coinciden en que España ha carecido de una política de infraestructuras digna de tal nombre Lo mismo ocurre con la construcción de aeropuertos que se solapan en sus áreas de influencia o que no tienen demanda suficiente que los justifique. Aena llegó a alcanzar en 2011 los 14.000 millones de deuda, hoy reduci-

dos a 10.000 tras su proceso de privatización parcial concluido en 2015. Si le sumamos los 18.000 millones de Adif, procedentes en gran parte de la alta velocidad, el cuadro resultante obliga a preguntarse por las razones que explican esta peculiar asignación de recursos en un país con muchas otras necesidades sociales no atendidas por problemas presupuestarios. La descripción anterior de la experiencia española con las autopistas de peaje, el ferrocarril de alta velocidad y los aeropuertos parece confirmarlahipótesisdelainexistenciadeuna política coherente de infraestructuras y transportes. Alternativamente, se podría decir que si hemos tenido una política en esta área, ésta sehadistinguidoporsumiopíayporsufaltade criterioeconómicoydecoordinaciónintermodal. Las sucesivas administraciones españolas se han centrado en la solución de problemas técnicos con independencia de su coste de oportunidad y de su contribución al bienestar social y han sufrido una cierta obsesión por la construcción, dando prioridad a la obra nueva frente al mantenimiento, y por la introducción de las últimas tecnologías sin considerar su coste. La idea parece haber sido que cuanto más grande y más rápido sea todo mucho mejor, siempre dentro de un marco de incentivos tan ingenuo e imprudente que ha provocado que lo racional fuese pedir obra pública para la ciudad o región a la que uno pertenece >> contando con que ya otros la pagarían.

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>> sido común a las políticas de infraestruc-

turas de gobiernos de diferente signo político, tantoenloquerespectaalaseleccióndeproyectos como en el diseño institucional y de los contratos de concesión. Es evidente que se ha prestadopocaatenciónalefectodelosincentivossobreelcomportamientodelosagenteseconómicos. Tampoco se ha impulsado una cultura elemental de evaluación económica basada en la comparacióndelosbeneficiosyloscostessocialesdelosproyectos,ysehaignoradotodoloque la economía nos enseña sobre el diseño óptimo de contratos para la participación privada en la construcción y operación de infraestructuras. El resultado es bien conocido: una planificación poco integrada que trata por ejemplo separadamente la inversión en aeropuertos y en ferrocarril, el desinterés o incluso la hostilidad por la evaluación económica y su sustitución por la propaganda de los estudios de impacto, un diseño manifiestamente mejorable del sistema de colaboración público-privada y, en general, unos mecanismos de regulación pobremente articulados que no han propiciado una separación clara entre las empresas privadas y el sector público en sus diversos ámbitos, con los problemas que esto genera de asignación

de riesgos, de responsabilidades y de compensaciones inadecuadas. Del análisis realizado se desprenden algunas propuestas que atañen a la reforma del sistema institucional y sus mecanismos de decisión. Nuestras principales recomendaciones en este sentido serían las siguientes: La primera función de un Ministerio de Infraestructuras y Transportes es la de planificar lasredesyorganizarlacolaboraciónprivadaen su construcción, mantenimiento y operación de acuerdo con criterios de transparencia y eficienciasiguiendolasmejoresprácticasinternacionales. Enfocar el Ministerio hacia el fomento de la economía, la creación de empleo y la cohesión territorial es perder de vista la tarea principal de este departamento y dar una coartada para su utilización política mediante la inauguración de obra pública. La actual separación en direcciones generales por modos de transporte obstaculiza la planificación y la gestión integradas. Esta división funcional debe reducirse a los aspectos meramente técnicos de ingeniería. En su lugar, deben crearse dos nuevas unidades: una de ellas debeevaluarconjuntamentetodaslasinversionesentransporteylaotradebeocuparsedeadjudicar y gestionar los contratos de concesión

DEFLACIÓN, ¿BUENA O MALA? Manuel Alejandro Hidalgo esde hace algún tiempo asistimos a un debate económico sobre la deflación y sus consecuencias. Este debate trata de discernir si la deflación es buena o, por el contrario, mala. No es un debate cualquiera, pues identificar la naturaleza de la deflación y sus causasestáenlaagendadeunaconfrontación dialécticasecularentrelasdosmayoresescuelas del pensamiento económico. Por un lado, los neoclásicos consideran que los mercados siempre están en equilibrio, por lo que la deflación representa un ajuste eficiente de los precios, primordialmente ante un shock de oferta, como por ejemplo una caída de los precios energéticos. En este caso, se concluye que la deflación es buena. Sin embargo, para los neo-keynesianos,,siladeflaciónrespondeaun shock negativo de demanda, los más habituales para ellos, ésta sería claramente perjudicial. Además, al ir acompañada de un mayor desempleo, de una caída de los salarios reales y de una subida de los tipos de interés reales (que incluso podría ocurrir en el caso de un shock de oferta), la consecuencia final sería unaespiraldedeflaciónperniciosaysostenida. Dicho esto, ¿es posible conocer qué tipo de shock ha provocado los dos últimos episodios de deflación en España? ¿Un shock positivo de oferta o negativo de demanda? Sólo así sería posible catalogar a la deflación como buena o mala. En los gráficos se identifican los episodios recientes de deflación, o baja infla-

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ción: la Gran Recesión (2008-2010) y la actual expansión (2014-2015). La recesión de 2008 posee claramente las características de un shock de demanda negativo: caen producción y empleo, medido por asalariados y horas trabajadas. Sólo no se ajusta a lo esperado el salario real. Sin embargo, la fuerte dualidad del empleo en España (fijos y temporales) así como la estructura de la negociación colectiva explican la inercia salarial durante los primeros trimestres de la crisis. Hay que esperar hasta 2010 para observar una caída en los salarios reales, concretamente un 2,5% a lo largo de dicho año. Por el contrario, la deflación experimentada desde 2014 responde claramente a un shock positivo de oferta, pues además del efecto en los precios, se observan au-

para la participación privada en todos los modos de transporte, generando los incentivos adecuados para que la tarificación, el nivel de calidad y seguridad y la inversión en capacidad sean fijados en beneficio del interés general. Estas dos unidades, la de evaluación y la de participación privada, deben funcionar con total autonomía e independencia si no se desea que se transformen en burocracias inútiles. La primera, además, no pude tener dependencia orgánica del Ministerio. La segunda no puede ocuparse de la resolución de conflictos o de posibles renegociaciones de los contratos que ella misma adjudicó. Este nuevo sistema institucional precisa de un regulador independiente que proteja a los usuarios mediante las políticas comunes de defensa de la competencia, la aplicación de la normativa sobre regulación de precios y otras actuaciones habituales en estos organismos. Si este regulador debe ser global o sectorial es una cuestión a considerar. Este trabajo es un resumen del informe: La política de infraestructuras en España: Una reforma pendiente. Fedea Policy Papers 2015/08. El documento completo está disponible en: http://www.fedea.net/evaluacion-economica-infraestructuras/ mentos de producción, empleo y salarios (no cabe duda de la influencia de la caída de los precios energéticos). Así pues, podríamos catalogar la deflación de 2008 como negativa mientras que la de 2014-2015 seguía positiva. Sin embargo, y por matizar tal distinción, incluso la deflación “buena” puede gestar una recesión cuando los tipos de interés nominales no pueden bajar, como es el caso actual. En este caso, la deflación al elevar los tipos de interés reales, pudieran desincentivar tanto consumo como inversión si el aumento en salarios reales no es lo suficientemente intenso, pudiendo provocar finalmente una caída de la demanda y por lo tanto de la producción y el empleo, más aún en un mundo tan endeudado como el actual. Es por ello que, a pesar de su naturaleza y de todo lo argumentado en la líneas anteriores, en la agenda de los bancos centrales, la deflación siempre va a ser evitada y combatida.


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El escándalo Volkswagen y el papel de los reguladores Rogelio Velasco Profesor de Emprendimiento IE Business School

n el mes de septiembre pasado, un pequeño grupo de científicos que trabajan en una desconocida universidad de West Virginia (EE.UU.), descubrieron que la cantidad de elementos contaminantes que emitían varios vehículos diésel de Volkswagen eran muy superiores a los declarados por el fabricante. Los hechos fueron comunicados inmediatamente a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU. y al Estado de California, que interpusieron una denuncia acusando al grupo Volkswagen de falsear los datos de emisiones. Según la denuncia, los vehículos fabricados entre 2009 y 2015 detectaban cuándo eran sometidos a un test para comprobar las emisiones, emitiendo cantidades muy inferiores que cuando rodaban en condiciones normales por las carreteras. En particular, las cantidades de óxidos de nitrógeno eran 40 veces superiores a las permitidas. La multimillonaria multa prevista y las demandas adicionales de particulares, provocaron que las acciones del grupo alemán perdieran un 45% de su valor en dos semanas. La empresa puede verse obligada a pagar 37.000 dólares por cada uno de los 500.000 vehículos vendidos con el sistema trucado, además de por otros conceptos. La multa ascendería a más de 45.000 millones de dólares.

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de la Comisión para reformar la propuesta oficial, por ir demasiado lejos. En particular, parece que el representante español fue el que se erigió en el mayor crítico del nuevo sistema propuesto. Pero los representantes de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido –principales fabricantes de automóviles en la UE- respaldaron plenamente la intervención española, así como un comunicado oficial que emitió el gobierno español, en el que se hacía referencia al daño que infligiría a la economía española un sector tan estratégico. Con más de 12 millones de trabajadores y representando el 7% del PIB industrial de la UE, no resulta fácil que los reguladores de los propios países productores utilicen criterios estrictos y velen por su aplicación, cuando se trata de castigar a los propios fabricantes, máxime cuando se trata de una industria

tades que tienen los gobiernos, a nivel europeo y nacional, para regular estrictamente las actividades de algunos sectores poderosos económicamente, al ejercer estos una enorme presión sobre los reguladores. La industria del automóvil es, junto al sector eléctrico y la banca, los que mayor poder de mercado tienen y los que históricamente han ejercicio una mayor influencia sobre la regulación de sus actividades, en ocasiones infligiendo un grave daño a los consumidores y a las empresas de otros sectores, que son quienes utilizan sus servicios. Hemos padecido en España casos escandalosos –especialmente en el sector eléctricoen los que los intereses de las tres grandes empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica –Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa- se han defendido, en contra de criterios racionales de regulación y con un grave perjuicio para el resto de sectores y de los hogares. El asunto Volkswagen, no pasaría de ser un error en las mediciones que se ha tardado varios años en detectar –aunque se ha denunciado en EE.UU.- si no fuera porque ya en el año 2006, el grupo de investigación Trans-

Logo de Volkswagen en la fábrica de Kassel, en Baunatal (Alemania). / EFE

La industria del automóvil, con más de 12 millones de trabajadores, ha ejercido una influencia indebida sobre la regulación de sus actividades Un hecho sintomático que destaca la cercana relación entre el regulador europeo –las Comisarías de Industria y de Medio Ambiente- y los fabricantes de automóviles, es que la Comisión no se reunió para tratar el asunto hasta un mes después de que los hechos fueran denunciados en EE.UU. Adicionalmente, algunos observadores próximos a los Comisarios y a los representantes de la industria, destacaron que altos cargos políticos de distintos países que asistieron a la reunión, criticaron la propuesta

considerada una de las grandes fabricantes y demandantes de nuevas tecnologías, tanto de hardware como de software. Ante el riesgo de que las conversaciones mantenidas en Bruselas fracasaran, la Comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, logró la aprobación de un acuerdo muy suavizado para, a la vez, lavar la cara de la Comisión y no dañar los intereses de la industria del automóvil. El acuerdo permite a los fabricantes exceder el límite de óxidos de nitrógeno hasta el año 2020 en un 110% respecto del límite actual. Y después de esa fecha, todavía se permitirá, de manera indefinida, que rebasen en un 50% dicho límite. Algunos representantes del grupo de Los Verdes y de países no productores de automóviles, protestaron, denunciando la ilegalidad del acuerdo, aunque con poca fortuna. Este asunto pone de manifiesto las dificul-

port & Environment, había publicado que las emisiones de muchos automóviles diésel, eran muy superiores a los oficialmente admitidos. Y abundando más, en el año 2011, el propio centro de investigación de la Comisión, compuesto por científicos e ingenieros, había advertido de la enorme discrepancia entre las mediciones oficiales y reales. El papel de los reguladores es el de garantizar la competencia dentro de los principales sectores económicos, que no se cometan abusos contra los consumidores y usuarios y, en este caso, que se cumpla la legislación ambiental, que con tanto ahínco han defendido los países occidentales en el reciente acuerdo de París. La independencia de criterio y de actuación, no se puede socavar para favorecer los intereses de los sectores económicos con mayor capacidad para ejercer presiones políticas.


Abengoa, el final de un sueño y un nuevo comienzo Rafael Salgueiro Profesor de la Universidad de Sevilla

an coincididoen2015elcentenario del nacimiento de D. Javier Benjumea, cofundador de la compañía en enero de 1941, y también la situación más crítica por la que Abengoa ha pasado en sus ya 75 años de historia, en los que se ha convertido en una gran empresa internacional de ingeniería e instalaciones industriales, con liderazgo en algunas tecnologías de generación y aprovechamiento de energía. Pero su muy difícil situación financiera se hizo noticiosa ya durante el pasado verano, estableciéndose negociaciones con los acreedores bancarios que dieron lugar a un duro acuerdo en el mes de septiembre que no llegó a ser realizado. En esencia, contenía la renuncia del presidente de la compañía; la entrada de un socio industrial de referencia; una reducción de gastos; un plan de desinversiones y la aportación de fondos por parte de la banca. De todo ello lo único que se hizo efectivo fue la renuncia del presidente, dado que las condiciones fijadas por Gonvarri Corporación Financiera, no fueron aceptadas. Además de su propia aportación, requería que la banca asegurase una ampliación de capital y la aportación de nueva financiación sin garantías, entre otros extremos, mediante la inauguración de obra pública.

H

Abengoa no tenía capacidad para ser promotor, constructor y explotador de costosas instalaciones de energías renovables Fallida la entrada del nuevo accionista, Abengoa comunica el día 24 de noviembre al regulador bursátil este hecho y la presentación de la solicitud de acogerse a lo establecido en el artículo 5 bis de la ley concursal, lo comúnmente conocido como “preconcurso”. La solicitud fue aceptada e incorporaba a la matriz y a una treintena de sociedades filiales, obteniéndose así un período de 3 meses más uno adicional, durante el cual la empresa está protegida del inicio de acciones por parte de los acreedores y dispone de tiempo para negociar un acuerdo y redactar un plan de viabilidad que, si es aprobado por el juez, evita el concurso de acreedores.

gía eléctrica generada en sus instalaciones en España respecto a la que se había previsto cuando se decidieron los proyectos; al impacto negativo de la caída de la cotización de su participada Abengoa Yield (ahora Atlantica Yield); y unos ingresos totales algo menores a los del mismo periodo en 2014. Sin embargo, Para ello, Abengoa habrá tenido que produ- las pérdidas acumuladas en los tres primeros cir un plan de viabilidad creíble, y haber logra- trimestres de 2005 (194 millones de euros) y la do una reducción y una restructuración de su difícil situación financiera, presentadas el día endeudamiento y de su deuda comercial, lo 13 de noviembre, y la fallida entrada de Gonvaque habrá de ser realizado mediante una qui- rri no son el causante, sino sólo el detonante ta bastante sustantiva o una capitalización de de la grave situación que atraviesa la empresa. Desde hace años, sus operaciones no lograla deuda, o bien una combinación de ambas medidas, sin que se deba descartar la entrada ban producir el flujo de efectivo necesario para soportar simultáneamente las inversiones, de algún fondo de inversión. De forma inevitable habrá de profundizar y bien en el desarrollo de tecnología o bien en la ampliar el plan de desinversiones iniciado en construcción de instalaciones de promoción propia, y atender los gastos financieros derivados de un volumen de endeudamiento muy elevado, tanto en relación con sus recursos propios como en relación con su cifra de negocio.Estoestabaperfectamentereflejadoenlos estados financieros publicados regularmente, junto con un análisis de los riesgos del negocio perfectamente detallado en el informe anual de resultados que se entrega al regulador bursátil norteamericano. Casi valdría decir que los dos únicos riesgos no realizados entre los contempladosenelinformede2015fueronlos relativos a la salida de Grecia y a la descomposición del euro. En los restantes, evolucionó mal casi todo lo que podía ir mal. Las preguntas se pueden sintetizar en una: ¿Cómohapodidollegaraestasituaciónunaempresa que está en primera fila mundial en sus actividades de ingeniería, con una cifra de ingresos que había venido creciendo, con una amplia cartera de proyectos en curso y concapacidadtécnica para participar en nuevos concursos en todo el mundo? La principal explicación es que el core business no tenía capacidad suficiente para soportar las nuevas líneas de negocio que sehanabiertoenelúlPlanta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ timo decenio, ni tam2015, y ejecutar una reducción de costes muy poco para ser simultáneamente promotor, intensa, cuyos efectos sobre el empleo proba- constructoryexplotadordemuycostosasinstablemente no se podrán limitar a las contrata- lacionesdegeneraciónrenovable.Elcrecimienciones temporales o a los empleos vinculados to del endeudamiento bancario y financiero y el con las operaciones, activos y proyectos que delasdeudascomercialeslomuestrancontoda sean vendidos. Al cierre de la edición de este claridad, como muestran también que la venta Anuario ya han sido muy numerosas las no re- de algunas unidades de negocio, Telvent hace novaciones de contratos temporales en Espa- pocos años y Befesa recientemente, no han loña, aunque el número más elevado de despi- grado proporcionar recursos para compensar dos ha tenido lugar en Brasil. significativamente dicho endeudamiento. CoA las pérdidas acumuladas hasta septiembre mo tampoco lo ha podido hacer la acertada contribuyeronlacaídadelosresultadosopera- creación de Atlantica Yield, cotizada en Nueva tivos en el negocio de biocombustibles, cuyo York y a la que se transfirió un buen porcentaje precio evoluciona con el del petróleo; los me- delosactivosconcesionalesqueproducen >> nores ingresos derivados de la venta de ener- ingresos recurrentes.

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ECONOMÍA Quizá haya que mirar algo más profun-

>> damente y analizar la orientación estratégica tomada a partir de 2005 y claramente expresada en su lema corporativo: “Solucionesinnovadorasparaeldesarrollosostenible”. Esta orientación se puede resumir en el desarrollo de capacidades en la desalación de agua, generacióneléctricasolaryproduccióndebiocombustibles, manteniendo las capacidades eningenieríaenergética.Estaúltimaactividad comenzó hace ya tiempo, aplicando a ella los recursos obtenidos con la desinversión en el negocio eólico y ha conducido a Abengoa a unaposicióndeliderazgotecnológicomundial en la producción de biocombustibles, de la misma forma que tiene liderazgo en la desalación de agua y en la generación termosolar. Pero el negocio de biocombustibles, ya sea biodieselobioetanol,tieneunproblemafundamental: la intensidad de su utilización depende muchomásdedecisionesregulatoriasquedela capacidad de los motores para utilizarlos, y su precioestáinevitablementevinculadoaldelpetróleo. Se esperaba que el porcentaje mínimo obligatorio fuera establecido en Europa y EEUU a niveles más altos que los actuales, pero esto no ha sucedido ni hay perspectivas de que suceda. Y ni siquiera con una bonificación fiscal elevada es posible compensar su diferencia de coste, sobre todo en el caso del bioetanol, en relación con el de los combustibles fósiles a los que sustituyen. Y tampoco con la graciosa concesión de balance neto cero en las emisiones de CO2 va a ser fácil ampliar su utilización. No debe olvidarse que la intensa utilización del bioetanol en Brasil se debe a la baratura de su materiaprima(procededelaindustriadelacaña de azúcar) y a una política destinada de contención del uso del petróleo propio o importado. Y que en Estados Unidos comenzó a aprovecharse bajo el nombre de “gasohol” en tiemposdelembargodepetróleoduranteelmandato del presidente Carter y bajo la creencia de la proximidad del agotamiento del petróleo. Recordará el lector que la transformación de la biomasa de primera generación se vio sometida hace unos años a fuertes e injustas críticas por su supuesta influencia en los precios de algunos productos agrícolas, particularmente el maíz, llegándose a afirmar que se estaban “quemando los alimentos”. Esto era completamente infundado, como tampoco son muy acertadas las críticas al cultivo de materias primas para la producción de biodiesel, pero animó la investigación ya iniciada en suministros alternativos, como los procedentes de paja de cereal y residuos de la industria alimentaria. A esta segunda generación, plasmada en el proyecto de biorrefinería de Hugoton (Kansas), Abengoa ha sumado la tercera, el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos urbanos, lo cual está experimentando en su planta de Bábilafuente (Salamanca). Pero persiste un problema de fondo: la tasa de retorno energético de los biocombustibles es muy baja comparadaconladelosderivadosdelpetróleo, y esto, inevitablemente, se traduce en su diferencial de precios. En todo caso, Abengoa parece dispuesta a vender el negocio de biocom-

bustibles de primera generación manteniendo las dos iniciativas restantes ya mencionadas. Laempresasevillanahasidotambiénelgran animador y desarrollador del aprovechamiento de la energía solar comúnmente conocido comotermosolar.ElPlandeEnergíasRenovables 2006-2010 estableció un generoso apoyo a esta tecnología, si bien limitando a 50 MW la potencia máxima de cada planta, una decisión que nunca ha sido explicada. Y no creo que se debiese a razones técnicas exclusivamente, ya que la propia Abengoa ha construido dos plantas de 280 MW en Estados Unidos (Mojave y Solana, ambas con tecnología cilindro parabólica) y el proyecto de Atacama (Chile) con-

ceros, lo que habría evitado el riesgo de desvío de los costes de construcción y el propio riesgo regulatorio. En todo caso, buena parte de esa potencia se transfirió a Atlantica Yield y ha comenzado la desinversión en las plantas y proyectos que todavía titula Abengoa. Una consideración similar podría hacerse en el caso de las líneas de transmisión eléctrica de las que Abengoa ha sido el promotor y no sólo el constructor, e incluso en el negocio de desalación de agua, fuertemente animado por el anterior gobierno socialista, que se enfrenta al problema de un precio final del recurso que los agricultores, por ejemplo, consideran inasumible.

Abengoa tiene su futuro en el repliegue y enfoque en sus capacidades originales, en las que cuenta con una cartera de importante volumen

templa 110 MW con tecnología de torre. En total ha construido y opera 2.600 MW solares, de los cuales el 90% está ahora titulado por Atlantica Yield. Esta tecnología no ha avanzado por su curva de aprendizaje con la gran rapidez con que lo ha hecho la fotovoltaica, por razones que son comprensibles, pero ello la mantiene alejada de la paridad en red, especialmente en países que utilizan intensamente los hidrocarburos para generar electricidad, ya sean carbón o gas natural y cuyos precios están descendiendo. Es cierto que la reducción de la retribución extra que en España se daba a la generación renovable ha causado un impacto en sus resultados, pero esto no es justificativo de la situación que atraviesa. Creo que es causa más importante la decisión de promover las plantas, y no sólo limitarse a construirlas y operarlas para ter-

En definitiva, manteniendo sus competencias en ingeniería energética y fabricación de equipos eléctricos, Abengoa ha querido ser una avanzada de la sostenibilidad y de la descarbonización de la economía. Pero esto sólo podía tener éxito si se cumplían dos condiciones. La primera era que el ritmo de desarrollo -es decir, de inversión- estuviese acompasado con la capacidad de generación de fondos para evitar un apalancamiento excesivo y poder atender el servicio de la deuda. Y la segunda era que en la agenda política mundial figurase en primer lugar la descarbonización, favoreciendo en consecuencia la generación de energía con fuentes no fósiles. Ninguna de las dos condiciones se ha cumplido, ni siquiera en los compromisos adoptados en la cumbre de París, si se sabe leer bien lo allí acordado. En definitiva, Abengoa, una empresa admirable por muchas razones, tiene su futuro en el repliegue y enfoque en sus capacidades originales, en las que cuenta con una cartera de importante volumen, aunque está afectada por su situación preconcursal, y un mercado potencial de enorme tamaño. El problema es lograr una desinversión razonable en algunas áreas de negocio y lograr un acuerdo con los bancos y con los bonistas. Éste parece más cercano en el momento de escribir estas líneas, ya que hay nuevos titulares que los han adquirido con un gran descuento. La banca parece más renuente a una quita, que se estimaba habría de ser del orden del 60-80%, aunque ha venido financiando la continuidad de la compañía durante el proceso. Es probable que se produzca una capitalización al menos parcial de la deuda, y es incluso posible la aparición de algún fondo de inversión interesado en participar en la compañía. En todo caso, es debido reconocer la serenidad y el talento con el que está actuando la nueva dirección de la empresa en circunstancias dificilísimas, cuyo desenlace ya habrá sido conocido por el lector cuando estas líneas lleguen a sus manos.


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CASI DOS MILLONES DE PARADOS SIN PRESTACIÓN Tomás Monago de Paz a brutal subida del paro durante la crisis no sólo trajo consigo un drama humano terrible para millones de personas sino que ahogó financieramente al Estado. En 2007 la factura de las prestaciones por desempleo ascendía a 15.297 millones de euros. En 2012 ya se había doblado, hasta alcanzar los 31.678 millones, una cantidad que competía con los entonces altísimos intereses de la deuda por ser la primera partida de los Presupuestos del Estado. La situación fue tal que el Gobierno redujo la prestación a partir del sexto mes y restringió las ayudas a colectivos vulnerables. La reducción del desempleo a partir de 2014 y sobre todo en 2015 ha invertido las tornas, especialmente en el ejercicio pasado, cuando ya el coste se rebajó a 20.609 millones de euros, una reducción de un tercio en sólo tres años. El punto negro de este alivio para las arcas públicas es la cobertura por desempleo, el indicador que mide cuántos parados, registrados y con experiencia laboral previa, está recibiendo una prestación. En 2007 el 73,6% de los 2,1 millones de parados tenía ayuda. En 2015, esa cifra se reduce al 55,19% (de 4,1 millones de parados). Baja dos puntos porcentuales respecto a 2014 y nueve respecto al 64% de 2012. En términos absolutos, a diciembre de 2015 hay 1,8 millones de parados con experien-

L

Oficina de empleo llena de gente. / SONIA RAMOS

cia previa que no tiene ningún tipo de ingreso. Al cierre de 2012 la cifra era 1,7 millones y en 2014 ascendió a casi dos millones. En 2007 eran sólo 560.000. Las razones por las que baja la cobertura, pese a la histórica caída del desempleo del último año, son varias y no se reducen sólo al recorte a la prestación. En España hay una altísimo número de desempleados de larga duración, que en muchos casos han agotado ya todas sus prestaciones. Según la última EPA, los que llevan más de un año buscando empleo son 3,1 millones de personas, el 65% del total. Es cierto que su número se ha reducido en 2015, pero su peso porcentual en el total de desempleados aumenta año a año, lo que indica que su incorporación al mercado laboral es más complicada. Junto a ello, la propia debilidad del mercado laboral condiciona una reducción de las prestaciones. La sangría de indefinidos de los últimos años y la generalización de los contratos de usar y tirar llevan a Según la EPA, que la prestación 3,1 millones de no sólo sea de mepersonas nor cuantía -por los salarios más bajosllevan más de sino que dure meun año nos tiempo. En buscando 2007 la cuantía empleo, el media por beneficiario fue de 965 65% del total

euros al mes y el año pasado de 791. O lo que es lo mismo: en ocho años el sueldo del parado se ha reducido en 174 euros al mes de media al mes. Ello tiene que ver con el hecho de que la prestación contributiva (aquella que se obtiene con un año mínimo trabajado y cuya cuantía tiene que ver con la base reguladora del sueldo) no sea la mayoritaria. Si excluimos la ayuda a los eventuales agrarios, seis de cada diez parados con prestación cobra 426 euros al mes de subsidio en sus diferentes variantes, 1,2 millones de personas, mientras que los contributivos se reducen a 819.093. Al final de 2007, con mucho menos paro, cobraban más personas la prestación contributiva (883.028 personas) y los subsidiados eran casi medio millón, ‘sólo’ el 34%. La dificultad de obtener hoy una prestación contributiva es mayor para muchos empleados, con lo que la puerta de salida de las prestaciones llega más pronto y la cobertura, por lo tanto, es menor. En Andalucía, la cobertura a final de 2015 era del 59%, cuatro puntos más que en España, por una sencilla razón: hay una bolsa amplia de subsidiados agrarios (104.132 a diciembre de 2015, de los 120.204 que hay en España) cuyo número es más o menos estable y ello eleva automáticamente la cobertura. En cualquier caso, la evolución es similar a la española: en 2012 la cobertura era del 67%. Los parados más pobres, los que no cobran la prestación contributiva, también son más en la región en proporción con España: siete de cada diez (excluido el subsidio agrario). 461.990 personas cobra 426 euros al mes en Andalucía, donde la prestación media ha caído de los 876 euros de diciembre de 2007 a 779 a final de 2015.


‘Retribuciones tóxicas’ e instrumentos de control David Moreno Utrilla Abogado y Doctor en Derecho

ada vez son más frecuentes las noticias que denuncian retribuciones excesivas a los consejeros ejecutivos de empresas en crisis, cuya mala gestión se ha visto generosamente compensada a pesar de haber causado importantes daños a: accionistas, ahorradores, prestamistas, trabajadores, proveedores, etc. Esto lleva a preguntarse: ¿quién las fija y cómo?, ¿qué es lo que no ha funcionado?, ¿cómo actuar para corregir los efectos? y, sobre todo, ¿cómo evitar que se vuelva a repetir? Para dar una respuesta a estas cuestiones es preciso distinguir entre la retribución de un consejero por su mera pertenencia al consejo y la remuneración de un consejero ejecutivo –consejero delegado y presidente ejecutivo–. La primera retribuye la responsabilidad de todo consejero por la dirección y la supervisión de la actividad de la empresa. La segunda, asociada con un desempeño específico, corresponde a su condición de máximo responsable de la gestión. Esta distinción no solo afectará a su importe, sino al órgano que la fija y al procedimiento. En ambos supuestos, su importe tendrá como límites su razonabilidad y, al estar relacionada con decisiones empresariales, su vinculación a determinados objetivos. En este sentido, una retribución se considerará tóxica cuando sea abusiva; es decir, no guarde relación con la importancia, la situación económica de la sociedad y los estándares del mercado; no esté orientada a promover la rentabilidad y continuidad a largo plazo; y no incorpore cautelas que eviten la asunción de riesgos excesivos y la recompensa por resultados desfavorables. La retribución como mero consejero está sujeta a su reconocimiento estatutario y a una participación activa de los socios –la junta general establecerá su importe máximo-. Sin embargo, la remuneración de los ejecutivos no necesita estar prevista en los estatutos y su fijación corresponderá al consejo de administración. En consecuencia, los accionistas de las sociedades anónimas cerradas –las no cotizadas– han quedado apartados de toda intervención en la fijación de la retribución de los consejeros ejecutivos.

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Esto no es así en las sociedades limitadas, en las que cualquier contrato entre la sociedad y un consejero debe ser aprobado por la junta general. Tampoco sucede en las sociedades cotizadas, pues el consejo ha de someterse a la política de retribuciones aprobada por la junta general, que respecto de los ejecutivos incluirá la retribución fija anual y su variación, los parámetros de la parte variable y las principales condiciones de sus contratos. Otro aspecto a valorar será la existencia de un socio mayoritario, pues en este caso la retribución se establecerá de acuerdo

to que la delimitación de las competencias que corresponden a los estatutos, a la junta general y al consejo no ha tenido la claridad que hubiera sido deseable. Tampoco han sido suficientes las normas sobre transparencia, que podrían haber generalizado la obligación de individualizar la información de las retribuciones en las cuentas anuales. Igualmente, la regulación de la impugnación de los acuerdos sociales no ha ayudado a los minoritarios a combatir las retribuciones tóxicas y a exigir su reintegro. Además, la actuación judicial con criterios contradictorios y con sus dilatados tiempos de resolución no ha facilitado la corrección de los abusos. Del mismo modo, también se podría cuestionar si la labor de control realizada por el Registro Mercantil, los auditores y, en su caso, el regulador –CNMV– ha sido la adecuada. Sin embargo, las verdaderas causas de la mala

Rodrigo Rato en las inmediaciones de su domicilio en Madrid. / EFE

La regulación de la impugnación de los acuerdos sociales no ha ayudado a combatir las retribuciones ‘tóxicas’ y exigir su reintegro con su criterio. Así, en la junta general podrá acordar con su voto la retribución del consejo y, al controlar el consejo, para los consejeros ejecutivos podrá fijar la retribución que considere oportuna. Esto abre la posibilidad de que los socios minoritarios, en cualquier tipo de sociedad cotizada o no, puedan ser expropiados por los mayoritarios, mediante retribuciones excesivas. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Es cier-

gestión y de la desproporción de las retribuciones han de buscarse, primero, en no contar con unos ejecutivos honestos, íntegros y responsables; y, segundo, en no disponer de sistemas de gobierno que eviten las malas prácticas seguidas. ¿Cómo actuar para evitar los efectos? La aprobación por la junta y la información en la memoria de las cuentas anuales solo constituyen instrumentos de transparencia, pues garantizan su difusión y conocimiento, pero no su equidad. Al accionista minoritario no le quedará otra que ir al juez para que anule el acuerdo, exija al consejero ejecutivo la devolución de la retribución indebida y, en su caso, extender su reclamación a todo el consejo, correspondiendo a la sociedad justificar la cuan>> tía acordada.

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No es de extrañar que, vistas las dificultades, los accionistas y, sobre todo, los terceros, hayan acudido a la vía penal para combatir, no tanto las retribuciones tóxicas, como las malas prácticas en la gestión y los abusos sufridos, de los cuales las remuneraciones son solo la “punta de iceberg”. Las noticas que más eco han tenido en los medios, cuando los jueces han impuesto fianzas significativas –en algún caso equivalentes a lo cobrado por el ejecutivo y en otros superiores-, han sido por los delitos de administración desleal y de apropiación indebida. Sin ánimo de entrar en un debate técnico-jurídico, si el consejero incurre en un abuso fraudulento de sus obligaciones y da un destino a los recursos de la empresa distinto al que correspondería causando un perjuicio a la empresa, estaríamos ante una administración desleal. La apropiación indebida exige algo más, pues el abuso de su cargo ha dirigirse a hacer suyo lo que pertenece a la empresa, que es la titular del patrimonio que administra. Volviendo al tema de las retribuciones abusivas quedaría dar respuesta a cómo evitar que estas situaciones se vuelvan a producir. En una primera reflexión, habría que destacar que la actual regulación, en el

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Sería oportuno que los socios se sirviesen de la autonomía que tienen para adaptar sus estatutos a sus necesidades específicas ámbito de sociedades cotizadas, mejora notablemente la anterior incorporando las prácticas más avanzadas. No obstante, cabría exigir una mayor actuación e involucración a los inversores institucionales, pues representan a muchos pequeños inversores, tienen más recursos y más capacidad de negociación e influencia en el control de la retribución de los consejeros ejecutivos y en su gestión. En una segunda, sería deseable que la regulación de las sociedades anónimas cerradas se completase, bien aplicando la regulación prevista para las cotizadas o bien la de limitadas; también, sería deseable exigir para todas la sociedades el estándar de transparencia de las cotizadas, al menos en lo que se refiere al detalle de las retribuciones de los consejeros, ejecutivos o no, en las cuentas anuales. Desde la vertiente judicial habría que agilizar los tiempos de resolución. Y, finalmente, al estar ante una cuestión que afecta a intereses privados, pues se trata de determinar el coste razonable que deben asumir los socios por la dirección de la empresa, sería oportuno que los socios se sirviesen de la autonomía que tienen para adaptar sus estatutos a sus necesidades específicas, completando la regulación legal en esta materia.

El poder transformador de la economía colaborativa David Uclés Aguilera Economista

oco a poco se han colado en nuestro vocabulario nuevas palabras, casi siempre préstamos del inglés, que hemos asociado a Internet o al mercado de las apps (esas aplicaciones que se ejecutan en los móviles y que tienen a hacer nuestra vida más fácil). Aunque no nos demos cuenta, muchas de ellas tienen en común el pertenecer al ámbito de la economía colaborativa. En este terreno podemos incluir todas las iniciativas de consumo, producción o financiación que tienen en común su funcionamiento mediante una plataforma y una filosofía de economía distribuida. De esta forma, pertenecen a su ámbito cuestiones tan supuestamente distantes como el crowdfunding cultural (como Verkami) o compartir habitaciones o apartamentos (la base de Airbnb), espacio en los coches (Uber o Blablacar), o lo que se le pueda pasar por la cabeza al lector. Aunque lo obvio es que todos estos servicios son posibles gracias a Internet, desde el punto de vista económico, lo realmente interesante es que merced a la tecnología lo que conseguimos es minimizar los costes de transacción y, por tanto, facilitar la realización de transacciones.

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La oferta distribuida. El sistema (ya sea de consumo, producción o financiación) suele funcionar de similar for-

ma. Hay una plataforma, típicamente de libre acceso a través de Internet, que posibilita el contacto entre los que tienen la necesidad y los que están en condiciones de satisfacerla. Otra característica fundamental es que cada plataforma se especializa en un aspecto muy concreto: compraventa de proximidad, cultura, transporte por carretera, alojamiento, etc. Imaginemos que estamos buscando una habitación para visitar Lisboa en un par de semanas. En la economía tradicional, iríamos a una agencia de viajes, la cual nos ofrecería diversas opciones hoteleras y de transporte, comercializadas normalmente a través de tour operadores que agrupan en paquetes las ofertas de transportes, alojamiento y hasta ocio (con excursiones y actividades organizadas en destino). En la opción colaborativa, lo que hacemos es acudir a una plataforma como airbnb.com, donde encontraremos habitaciones o apartamentos de particulares, es decir, pasamos de un modelo en el que solo cuenta la oferta reglada tradicional, la de las empresas especializadas en el alojamiento, a otra en la que cualquiera puede ofrecer sus habitaciones sobrantes o apartamentos de alquiler. Un modelo en el que cualquiera se puede convertir en oferente ya que deja de ser necesario el conocimiento de los canales comerciales.

El don de la ubicuidad. Que Internet sea el medio en el que las diferentes plataformas ofrecen sus servicios tiene una interesante consecuencia para las empresas: no hay restricciones geográficas salvo las que vienen dadas por la capacidad de conexión de los lugares, aunque las diferencias generadas por la geografía, ya sean culturales o de niveles diferentes de acceso, crean a su vez nuevas oportunida-

El fundador y primer ejecutivo de Uber , el estadounidense Travis Kalanick / GRUPO JOLY


des de negocio en el ámbito digital. Así, aunque las economías de aglomeración favorecen la concentración de capital financiero y humano (vitales para esta industria), lo cierto es que se pueden ofrecer servicios de plataforma desde casi cualquier lugar del mundo. Sin ir más lejos, desde Almería se lanzó kirau.com una plataforma especializada en seguridad en la que los usuarios intercambian información sobre robos, estrategias de los cacos o se crean peticiones para pedir una mayor seguridad en el barrio. En el otro extremo de Andalucía, en Sevilla, nace myfixpert.com que pone en contacto a técnicos de reparación de móviles y demás dispositivos electrónicos con los usuarios de los mismos que no quieran o puedan pasar por el servicio técnico.

Las externalidades. Aparte del evidente ahorro en los costes de transacción y de la movilización de muchos más factores productivos, este modelo económico permite aprovechar de forma más eficiente los recursos. Un coche que hace un trayecto con 4 viajeros es más eficiente que uno en el que va una sola persona, pero no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el ecológico: la cantidad de energía consumida per cápita es casi un 25 % en el primer

caso que en el segundo. Incluso, una plataforma simple de compra-venta de segunda mano está seguramente potenciando la reutilización de objetos, su mayor duración en uso y una menor necesidad de extraer minerales, maderas o recursos energéticos. Evidentemente, la economía colaborativa tiene también claroscuros. Los perdedores son muy variados, usualmente todos aquellos que habían hecho de su capacidad de intermediación su razón de ser, como era el caso de las agenEste modelo cias de viajes. O económico también los que se permite encontraban en aprovechar de mercados regulados y (en cierta manera) forma más protegidos, como es eficiente los el caso de los taxis recursos ante la irrupción de disponibles Uber. No obstante, en ocasiones la regulación estaba pensada como herramienta de control de la calidad del servicio o como elemento de protección a los usuarios. Derivado en parte de la dificultad de poner barreras y controlar todo lo que sucede a través de la red, otra de las perdedoras puede ser la Hacienda Pública. Las

oportunidades de ocultar operaciones comerciales al fisco se multiplican de forma exponencial y se encarece mucho más el control por el aumento del número de sujetos pasivos a analizar. Incluso, en algunos casos, puede no quedar muy claro si la transacción debe devengar impuestos o no. Y esto sin mencionar las repercusiones sobre el cálculo del PIB.

El problema de la rentabilidad. En cualquier caso, la supervivencia de esta economía depende de la financiación de sus infraestructuras (las plataformas). Aunque el acceso es relativamente barato, el tráfico de datos está tasado y un mayor uso de una plataforma significa la necesidad de pagar por un mayor ancho de banda, por más disco duro y por más servidores. Por tanto, incluso en este mundo en ocasiones tan ideologizado, hay que hablar de rentabilidad. Encontrar la forma de convertir el tráfico de usuarios en dinero no es tarea fácil. Aparte de la publicidad, solo la posibilidad de crear servicios premium, puede permitir la generación de ingresos (herramientas de gestión de los inmuebles en las plataformas de alquiler de espacios o servicios de asesoría en las plataformas de crowdfunding).

La estructura productiva de Andalucía Elena Manzanera Díaz Economista y estadística

n el año 2015 Andalucía ha continuado con la senda de crecimiento iniciada en el primer trimestre de 2014 en el que el PIB muestra por primera vez, desde 2008, una tasa de crecimiento positiva. A falta de conocer el dato de cierre del año la tasa de crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre de 2015 se sitúa en el 3,6%. En este periodo, 2008-2015, la economía andaluza ha reducido en casi un 10% su tamaño. En 2015 el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en línea con el resto de oficinas estadísticas, ha difundido los datos de las cuentas económicas elaboradas de acuerdo con la metodología Europea SEC-2010. Este nuevo marco metodológico ha introducido cambios conceptuales como la consideración de los gastos de I+D como inversión y no como consumo intermedio, la incorporación de nuevas fuentes estadísticas y el que quizás ha tenido más eco: la incorporación en los agregados de la estimación de las actividades ilegales de mayor peso como la prostitución, el tráfico de drogas, el contrabando

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Portacontenedores en el Puerto de Algeciras. / A.CARRASCO RAGE

de tabaco y el juego ilegal, con el fin de alcanzar el objetivo de comparabilidad a nivel europeo. La información difundida ofrece, por un lado, la Contabilidad Regional Anual de Andalucía con una serie para los principales agregados con un elevado nivel de detalle para el periodo 1995-2014 y, por otro, el Marco Input-Output 2010 que es el instrumento estadístico que permite un detallado conocimiento de la articulación del tejido productivo. La economía andaluza, y en relación con

el momento álgido de la fase expansiva del ciclo, es una economía más abierta, con una tasa de apertura próxima al 100%, más de 13 puntos superior a la de 2008. El volumen de exportaciones de bienes y servicios supone el 44,4% del PIB en 2014, más de 10 puntos superior a 2008 en tanto que el peso de las importaciones ha crecido en 3 puntos. El desequilibrio exterior es del 7,6% del PIB, casi la mitad del correspondiente a 2008. La reducción de la demanda regional en el periodo 2008-2014 es >> del 15,5 % especialmente debida a la

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ECONOMÍA caída de la inversión, que reduce su

>> peso en el PIB desde el 28% al 16,9% y

sobre todo de la inversión en vivienda. Por el lado de las rentas, la reducción salarial, pero sobre todo la destrucción de puestos de trabajo durante la crisis, ha dado lugar a una caída del agregado correspondiente a las rentas salariales que han reducido su peso por debajo de las rentas empresariales. En el período 2008-2013 se han reducido en Andalucía en un 21% las horas de trabajo asalariado. Del lado de la oferta, la nota más relevante desde el punto de vista de la estructura productiva es el reajuste experimentado por el sector de la construcción que ha reducido más de la mitad su peso la economía. Aun así en 2013 las ramas que mayor aportación realizan al PIB regional coinciden en su mayoría con las que lo hacían en 2008. De un total de 56 ramas las que más peso relativo tienen en el VAB andaluz son administración pública, servicios de alojamiento y restauración, educación y construcción. Todas han aumentado su peso relativo en el VAB en el periodo 2008-2013 salvo la construcción que ha pasado de representar el 13,9% del VAB al 6,1%. En todas estas ramas Andalucía muestra un índice de especialización en relación a España superior a la unidad lo que significa que son ramas que tienen una mayor presencia relativa en la estructura productiva andaluza que en la nacional. Por el contrario las ramas en las que Andalucía muestra bajos índices de especialización son básicamente ramas industriales como fabricación de productos farmacéuticos, productos informáticos, fabricación de maquinaria y equipo e industria textil, transporte marítimo y aéreo o servicios de consultoría informática. Actividades que tienen poca presencia en el tejido producti-

De 56 ramas, las que más peso relativo tienen en el VAB son administración pública, alojamiento y restauración, educación y construcción vo andaluz y que además han reducido su peso en el periodo considerado. La mayor orientación al exterior de la economía andaluza ha venido principalmente de la mano de las ramas que tradicionalmente han tenido esta vocación. La principal exportación que realiza Andalucía proviene del consumo que realizan en la región los no residentes, el consumo turístico, y que, según el Marco Input-Output de Andalucía 2010 suponen el 19,4% de las exportaciones totales de bienes y servicios. Respecto al resto de ramas de actividad, el crecimiento experimentado por las exportaciones sobre el total de la demanda de productos andaluces no ha supuesto un cambio en la especialización productiva de las ven-

Fábrica andaluza de aceite. / JAIME MARTÍNEZ

tas al exterior. En 2010 el refino de petróleo, los productos del hierro, las frutas y hortalizas, las grasas y aceites y los productos de química básica acumulan la mitad de las exportaciones realizadas. En 2005 eran estas mismas ramas las responsables de más de la mitad de las ventas al exterior de Andalucía. En los años recientes las empresas andaluzas han continuado su esfuerzo por la internacionalización aumentando las ventas a terceros países que en el caso de las mercancías han alcanzando cifras históricas compensando la debilidad de la demanda interna y contribuyendo de manera positiva a la mejora de la economía. El Marco input-output permite abordar un análisis más pormenorizado acerca de la relaciones que se establecen en el tejido productivo andaluz y en concreto posibilita la caracterización de las ramas según su capacidad para arrastrar, vía demanda, a otros sectores; para estrangular, en su caso un proceso de crecimiento por su incapacidad de responder a incrementos generalizados de la demanda en otros sectores; y aquellas que reúnen ambas características y que, por tanto, tienen la consideración de ramas clave para la economía. Considerando los flujos interiores entre las ramas productivas en Andalucía es posible conocer el grado de articulación de la economía andaluza y las ramas entorno a las que ésta se articula. La restauración, como rama con importantes efectos arrastre de la industria agroalimentaria a través de sus relaciones como demandante de productos andaluces y que mantiene relaciones de oferente con el resto de ramas, se convierte en uno de estos sectores clave junto con la construcción. Junto a estas dos ramas, la energía eléctrica, el transporte terrestre y el comercio al por mayor son tam-

bién sectores clave por su elevado nivel de articulación con el resto de ramas especialmente por su condición de oferentes al resto del sistema. Junto a estos sectores clave se organizan ramas con una función principalmente impulsora, o que son capaces de tirar del resto de ramas ante incrementos de su demanda, como es el caso de actividades de la industria agroalimentaria, las actividades de agencias de viajes y turoperadores turísticos o fabricación de productos cerámicos para la construcción. Por el contrario, las ramas que tienen mayores índices de absorción, esto es, ramas que deben responder con importantes incrementos de pro-

La energía eléctrica, el transporte terrestre y el comercio al por mayor son clave por su condición de oferentes al resto del sistema ducción ante incrementos de demanda generalizados en el resto de ramas son la agricultura, los servicios de alojamiento, el refino de petróleo, la venta y fabricación de vehículos o los servicios inmobiliarios. Todo ello lleva a identificar como complejos industriales, en torno a los cuales se articula el tejido productivo andaluz, a los tradicionales agroalimentario, turístico, construcción y transporte terrestre. La referencia temporal del marco input-output a 2010, muy cercana al inicio de la crisis, puede suponer que aún no se vislumbre en esta estadística si el ajuste derivado de la crisis ha dado lugar a cambios en el modo de articulación del tejido productivo andaluz o éstos no se han producido.


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ECONOMÍA

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Liderando las exportaciones agroalimentarias españolas Roberto García Torrente Director Negocio Agroalimentario Grupo Coop. Cajamar

l sector agroalimentario juega un papel fundamental en la economía andaluza y presenta un alto nivel de competitividad, como queda reflejado en el volumen y la evolución reciente que ha experimentado la exportación de alimentos. En el año 2014 las ventas al exterior superaron los 8.300 millones de euros, constituyéndose Andalucía como la principal región exportadora española, por delante de Cataluña. De hecho, durante los últimos cinco años los crecimientos medios anuales han superado el 10 %. Otro claro indicador de la importancia de este sector para la economía andaluza viene marcado por el porcentaje que representan los productos agroalimentarios en el conjunto de las exportaciones de bienes y servicios de la Comunidad, y que actualmente se sitúan en torno a un tercio del total. Estas grandes cifras permiten poner en valor el trabajo realizado por un grupo de empresas y agentes económicos, que han sido capaces de consolidar un tejido productivo muy vinculado al territorio y con un elevado componente social, por la generación de empleo que procura a lo largo de toda la cadena de valor, muy especialmente en las zonas rurales. No obstante, del análisis detallado de los distintos capítulos que conforman el amplio sector agroalimentario, y de la com-

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cárnico o las bebidas. Estos grupos significan el 23,2 % en España frente al 6,5 % en Andalucía. La segunda cuestión a resaltar surge de la comparativa de los precios medios de venta de nuestros productos en los mercados internacionales. Así el aceite de oliva andaluz lo hemos vendido a 2,42 euros el kilogramo, frente a los 3,45 euros que han conseguido los italianos. En la misma línea, el tomate andaluz se ha vendido en 2014 a 1,06 euros, mientras que en Holanda han sido capaces de conseguir 1,35 euros. De estas cifras nos surge la duda de si nuestra capacidad competitiva internacional viene dada por el dinamismo de las empresas, o si está más determinada por las intrínsecas características de calidad de nuestros productos, favorecidas por las condiciones agroambientales excepcionales de la región. Sinceramente, pensamos que la respuesta está mucho más cerca del segundo argumento. En este sentido, cabe resaltar que, mientras que Andalucía representa el 24 % de la agricultura española, se queda solo en el 13% de la industria agroalimentaria. Situación totalmente inversa a lo que ocurre con Cataluña, cuyos valores son del 10 % y del 22 %, respectivamente.

timistas sobre el potencial de desarrollo y de crecimiento de las exportaciones a medio y largo plazo. El gran reto que tiene la agroalimentación andaluza es seguir avanzando por la cadena de valor y aproximarse más a lo que desea y demanda el consumidor. Es decir, dejar de vender a granel y a intermediarios para pasar a comercializar alimentos innovadores y directamente a la distribución minorista, incluyendo dentro de la misma los nuevos canales que se están generando en torno al comercio electrónico. Para ello las empresas van a tener que llevar a cabo un proceso de evolución y adaptación a un entorno globalizado. En esta evolución será prioritaria la profesionalización de los distintos puestos de responsabilidad, empezando por los consejeros de las distintas fórmulas societarias, y pasando por los equipos ejecutivos. En consecuencia, habrá que seguir invirtiendo en procesos de innovación y en la internacionalización de las empresas. Llevar a cabo todo este programa va a requerir también que las empresas apuesten por el crecimiento y la adquisición de una mayor dimensión, ya que en unos mercados en los que se enfrentan grandes grupos agroalimentarios globales no vamos a poder competir con la estructura de pequeñas y medianas empresas con las que contamos actualmente. Sirva como referencia que en Andalucía existen unas 5.200 industrias agroalimentarias, que generan 12.500 millones de eu-

Mientras que Andalucía representa el 24 % de la agricultura española, se queda solo en el 13% de la industria agroalimentaria

Instalaciones de Mapsa, dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimentarios texturizados para la industria agroalimentaria. / DANIEL PÉREZ

parativa con lo que ocurre con otras regiones productoras, se pueden extraer dos conclusiones interesantes de cara a aprovechar las oportunidades existentes. El primer elemento que llama la atención es la fuerte concentración en dos grupos de productos, como son las frutas y hortalizas y el aceite de oliva. Conjuntamente representan el 82 % de las exportaciones totales, dejando muy poco espacio para otros sectores relevantes como el

Y si lo particularizamos para el sector del porcino, uno de los más dinámicos de la alimentación española, nos encontramos que Andalucía significa el 8 % del censo, el 8 % de los sacrificios y el 8 % del valor añadido generado, pero solo el 6 % de las exportaciones. Estamos, por tanto, en una situación de partida de elevados importes globales de ventas, pero muy concentradas en unos pocos productos y con un bajo valor unitario. Lo que, en todo caso, nos hace ser op-

ros y exportan 8.300 millones de euros, frente a la situación que encontramos, por ejemplo, en Alemania, donde 5.900 industrias facturan 163.000 millones de euros y exportan por valor de 63.400 millones. Es decir, el tamaño medio de las empresas agroalimentarias alemanas es 11 veces superior a las andaluzas. Quizás una parte notable de su competitividad venga marcada precisamente por este factor.


2016, la estabilización del sector de la vivienda en Andalucía Estera Badita Analista Principal del Instituto de Análisis Inmobiliario-Euroval

esde hace aproximadamente dos años se buscan señales en el mercado sobre la recuperación del sector de la vivienda, a través de tres variables principales; una, el aumento de las operaciones de compraventa,queseñalaríanqueyahayunencuentroentreofertaydemanda;lasegundasería la estabilidad de los precios, lo que sería un indicador de la existencia de un precio de referencia que facilita las transacciones; y las tercera, las viviendas iniciadas, que es la muestra más clara de recuperación del sector, y la que genera principalmente actividad productiva. Hemos elaborado tres tablas, recogiendo en la primera las transacciones de vivienda nueva y de segunda mano; en la segunda, los precios de vivienda libre; y en la tercera, el número de hipotecas formalizadas para vivienda, y el stock de obra nueva. Las compraventas de vivienda difieren completamente cuando distinguimos entre nueva y usada. Comparamos con 2004, cuando el boom inmobiliario era manifiesto, aunque no estaba todavía en su apogeo, para tener una referencia de las cifras que caracterizaban entonces a nuestro sector de vivienda. En este sentido, la evolución actual hay que considerarla siempre en relación a los bajos niveles relativos en que se encuentran las magnitudes del sector. Las

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hace once años. Entre Málaga y Sevilla se venden la mitad de todas las viviendas de Andalucía. En cuanto a los precios, hay diferencias según se traten de viviendas nuevas o no (menos o más de 5 años de antigüedad, según la clasificación actual, al pasar el tiempo y envejecer la vivienda nueva), pero la tendencia es la misma, hacia la estabilidad de los precios.

Tomando los precios de la vivienda usada para el conjunto de Andalucía los precios se muestran muy estables en 2015 con respecto a 2014, y casi recuperan también los niveles de 2004; esto es así para las provincias, con la significativa excepción de Málaga, y por el mismo motivo que hemos apuntado para la vivienda nueva. La tabla con el número de hipotecas constituidas con finalidad de compra de vivienda, da una idea del problema que supuso, y cuyas consecuencias seguimos teniendo que gestionar, la formalización de un número de hipotecas tan elevado. En la actualidad en Andalucía se formalizan menos de la cuarta parte de las que tenían lugar en 2004, aunque la cifra aumenta entre 2014 y 2015, indicando que hay financiación para la compra de vivienda; este hecho es general para todas las provin-

En Andalucía los precios de la vivienda nueva bajan levemente todavía en 2015 respecto a 2014, y siguen por debajo de los precios de 2004, aunque esto se debe al mercado de vivienda de la provincia de Málaga, donde el precio por metro cuadrado llegó a ser muy elevado. En todas las demás provincias (exceptuando también a Huelva) los precios actuales son superiores a los de 2004, aunque siguen cayendo con respecto al año anterior.

cias andaluzas. No obstante, la mitad de las hipotecas que se firman en Andalucía se hacen en Málaga y Sevilla. Esta situación de cierta recuperación del sector contrasta con la lenta reducción del stock de vivienda. Hemos recogido los datos de los tres últimos años, donde se comprueba que en Andalucía se ha reducido el stock desde 96.700 a 85.000 viviendas, a un rit>> mo similar año a año. Esto no ocurre en

Las operaciones con vivienda nueva retroceden en 2015 en Andalucía, mientras que en la vivienda usada hay un crecimiento apreciable operaciones con vivienda nueva retroceden en 2015 en España, Andalucía y en todas las provincias excepto en Cádiz; hay que tener en cuenta que al ser tan bajas, cualquier operación de cierta envergadura puede alterar una tendencia. Muy distinta es la situación de la vivienda usada, donde hay un crecimiento apreciable, hasta las 68.440 viviendas, y es general para todas las provincias andaluzas. Destaca Málaga, con más de 24.000 viviendas vendidas; la única que supera la cifra de

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Tomando los precios de la vivienda usada para el conjunto de Andalucía los precios se muestran muy estables en 2015 con respecto a 2014 todas las provincias, pues Almería des-

>> taca por su elevadísimo stock de casi

22.000 viviendas, que baja muy lentamente; y sin embargo, ese stock sí se reduce con rapidez en Málaga, pasando de 17.000 viviendas a 12.700 en dos años, por lo que el 70% de la reducción del stock de vivienda en Andalucía en los dos últimos años se debe a la provincia de Málaga. Aunque no recogemos en una tabla las viviendas iniciadas, podemos señalar que la transición desde el momento en que se iniciaban más vivienda a los momentos actuales, muestra una situación que no va a volver a ser igual en muchos años. De hecho, en la evolución reciente no se aprecia que el número de viviendas iniciadas siga una clara recuperación, y caen de unas 4.200 viviendas iniciadas en Andalucía en 2013, a 3.700 en 2014, y una cifra inferior, de unas 2.500 viviendas en 2015. La provincia de Málaga supone actualmente casi el 70% de las viviendas que se inician en nuestra comunidad. Las conclusiones que pueden sacarse de las cifras del sector de la vivienda en Andalucía son las siguientes. En primer lugar, el mercado evoluciona de manera positiva

pero muy lentamente, de manera que hay una cierta estabilidad de los precios, que facilita las transacciones. Segundo, hay una diferencia apreciable entre la vivienda nueva y la de segunda mano, tal como se clasifican, y mientras el mercado de la primera sigue en retroceso, el de vivienda usada cobra dinamismo. Tercero, cuando descendemos a los datos por provincias, se observa una gran dispersión, destacando siempre el caso de Málaga, que tuvo su peculiaridad en el boom inmobiliario, y ahora lo tiene también en la incipiente recuperación. En cuarto lugar, los precios muestran una estabilización tanto en la vivienda nueva como usada, y de forma ge-

neralizada. Por último, el aumento de las hipotecas señala una voluntad de dar crédito para las operaciones de compra de vivienda; y el stock existente se reduce muy lentamente, también con diferencias muy apreciables entre provincias que se ponen de manifiesto en la dificultad de reducción en Almería, y la mayor facilidad en Málaga. En suma, el sector de la vivienda en Andalucía se caracteriza por la existencia de mercados de vivienda muy diferenciados, y cualquier análisis comercial o para una política, tiene que contar con sociedades expertas en la valoración de la vivienda y en el conocimiento de los mercados locales y sus circunstancias.

EL ACCIDENTE DEL A400M SIEGA CUATRO VIDAS Y ASESTA UN DURO GOLPE A LA INDUSTRIA ANDALUZA Eli García Villalón l camino del A400M no ha sido nunca una balsa de aceite. Pero 2015 marcó un antes y un después en la trayectoria del avión militar que Airbus ensambla en Sevilla. Sacudido prácticamente desde su lanzamiento en 2003 por problemas de toda índole (financieros, técnicos, industriales...), el año pasado sufrió el golpe más duro imaginable: un accidente aéreo que se cobró la vida de cuatro de los seis tripulantes que viajaban en el aparato. Era el vuelo de prueba de una aeronave que iba a ser entregada semanas después a Turquía y el fallo de tres de sus cuatro motores la precipitó contra el suelo minutos después de despegar del aeropuerto de San Pablo (Sevilla). Una avería del software de control provocó que los propulsores no reaccionaran a las órdenes de los pilotos. Las imágenes de ese fatídico 9 de mayo dieron la vuelta al globo y pusieron en tela de juicio la fiabilidad y seguridad de un avión llamado a ser pieza clave de los ejércitos del aire del mundo y eje central de la industria aeronáutica andaluza.

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Primer vuelo de prueba en Sevilla del avión de transporte militar A400M tras el accidente. / EFE


Un recién llegado Fernando Alonso a la presidencia de Airbus en España fue el encargado de tomar las riendas de una situación dramática en lo humano y adversa en lo industrial. El ingenieroaeronáuticomadrileñoapenasllevaba dos meses en el cargo (tras el inesperado y fulminante cese de Domingo Ureña por los retrasos que acumulaba el A400M) cuando ocurrió el suceso y fue el designado para tratar de reconducir la situación a lo largo de todo 2015. Tan sólo tres días después del siniestro se puso a los mandos de otro avión de ensayos para mostrar al mundo que era un modelo fiable, pero aquello, más allá de ser un gesto simbólicocomoeldeFragaenPalomares,nologródetener lo que se avecinaba: el Ministerio de Defensa retiró la licencia de vuelo a los aviones quesemontabanenSevillayqueestabanlistos para destinarse a los países clientes (hay 174 encargos de ocho Estados compradores), lo que torpedeó inevitablemente el ritmo de entregas previstas por la compañía, que se paralizaron casi dos meses, hasta finales de junio. En paralelo, Alonso tuvo que lidiar con

otros dos problemas que arrastraba el A400M desde bastante tiempo atrás: dificultades para aumentar la cadencia de producción (por escollos en la fabricación del fuselaje en Bremen, Alemania, y en el montaje final en Sevilla) y para implementar algunas capacidades militares en el avión (lanzamiento de paracaidistas o reabastecimiento en vuelo). Unas perturbaciones que no impidieron que Airbus lograra salvar los muebles en 2015 y estabilizar el programa en la recta final del año. Aunque no alcanzó las entregas previstas, sólo 11 de las 17 planificadas, corrigió errores y sentó las bases para poder crecer a buen ritmo en 2016. Estas turbulencias volvieron a impactar en la industria auxiliar andaluza para la que el proyecto del avión militar es esencial. Acostumbrada a sufrir por los problemas de los grandes programas aeronáuticos (el superjumbo A380 o el nuevo modelo de pasajeros A350), recibió un duro impacto. No en vano, el A400M aporta el 26% de las ventas del sector, lo que se traduce en

TURISMO ANDALUZ: TRAS LOS RÉCORDS, LA ESTACIONALIDAD Ismael Touat Padilla odos coinciden: 2015 fue el mejor año de la historia del turismo andaluz. El destino Andalucía pulverizó todos los récords de estancias hoteleras, viajeros e ingresos habidos hasta la fecha, inició la senda de la recuperación del empleo y empezó a recoger los frutos de la lucha contra la estacionalidad. Este último punto se presenta como el caballo de batalla para el presente ejercicio. El futuro crecimiento de Andalucía como destino pasa por incrementar la actividad turística en los meses de temporada baja. La tendencia mostrada en 2015 indica que la comunidad va por buen camino. Los hoteleros, en especial los del litoral, destacan que apenas se ha empezado a combatir con eficacia la estacionalidad, pero afirman que las cifras son dignas de celebración. No sólo porque en meses de poco movimiento como octubre o noviembre multitud de hoteles registraron ocupaciones del 80%, sino porque el cierre de los establecimientos no registró aumentos. El último informe del sindicato CCOO apunta que los establecimientos hoteleros ubicados en las cinco provincias andaluzas del litoral mantienen cerradas el 38% de sus plazas. En las provincias de Málaga, Granada, Cádiz, Huelva y Almería permanecieron cerrados este invierno 145 establecimientos hoteleros reglados, lo que equivale a 61.483 plazas. Las cifras se mantienen respecto al año pasado, que fue el que mostró un importante descenso de la estacionalidad. En in-

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vierno de 2014, según un informe elaborado por el Registro de Turismo de Andalucía, se encontraba no disponible para el público el 38% de la oferta. Un año antes se encontraban cerradas en esta época 75.193 plazas, el 47% de la oferta total de la que dispone el litoral de la comunidad. Hay una diferencia de nueve puntos entre un año y otro.

unos 600 millones de euros anuales, y el 20% del empleo, unos 2.500 puestos de trabajo. En torno a una veintena de empresas andaluzas tiene contratos directos para este proyecto. En clave política, España sufrió el año pasado un duro ataque a su prestigio. Alemania se apresuró a culpar al país del accidente del A400M, apuntando a fallos en la instalación del programa de control de los motores en Sevilla cuando, precisamente, las unidades de control electrónico provenían de Múnich. El siniestro reveló, así, tensiones internas en el seno de Airbus y fuertes pugnas por el poder. Alemania sacó las garras y arrebató a España el mando sobre la parte industrial del programa, justo donde se detectaron los problemas para fabricar en serie. El desarrollo y las entregas permanecieron bajo la dirección española. Como contraprestación, la compañía trasladó desde Toulouse (Francia) a Sevilla la oficina del A400M, lo que supuso la llegada de unos 100 ingenieros a la capital hispalense. ¿Es esta desestacionalización coyuntural o atiende a una verdadera recuperación de la actividad turística en temporada baja? Los hoteleros reconocen que ayudó el excesivo buen clima que hizo en invierno y que los conflictos en países árabes desvió un notable flujo de viajeros. Para convertir en tendencia este aumento, el sector turístico y la Junta de Andalucía han preparado para 2016 una batería de proyectos que tienen en su punto de mira los meses de menor actividad turística: se mantiene el plan de lucha contra la estacionalidad, se impulsará una red de muni>> cipios contra la misma y se pondrá en

Turistas del crucero ‘Island Escape’ en Almería . / RAFAEL GONZÁLEZ PEÑA

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ECONOMÍA


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ECONOMÍA marcha una estrategia integral de fo-

>> mento del turismo interior.

Del resultado de esta lucha dependerá en buena medida que Andalucía mantenga o supere los registros logrados en 2015. El último informe de coyuntura turística de la Consejería de Turismo y Deporte, basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que el año 2015 se cerró con casi 26 millones de turistas, lo que supone un incremento del 7,9% respecto al año anterior. De enero a diciembre, los viajeros alojados en hoteles generaron 47,9 millones de pernoctaciones, un 6,3% más que en el año 2014. El incremento de pernoctaciones se produjo con más intensidad en el mercado extranjero (+9,8%) que en el nacional (+2,9). Tanto en viajeros como estancias Andalucía marcó topes históricos, mejores aún que en los años precrisis. Los ingresos registrados por el sector turístico alcanzaron los 17.600 millones de euros. Esta cifra supuso un crecimiento del 6,2%, que descontando el efecto precio se

sitúa en un 5% real. El impacto turístico Los ingresos repercutió en el emregistrados pleo: el sector regispor el sector tró 216.000 afiliados a la Seguridad turístico alcanzaron los Social, lo que significa un incremento 17.600 del 7,5%. Desde Tumillones de rismo se destaca que uno de cada euros cinco puestos de trabajos creados en Andalucía en 2015 está ligado a la actividad turística, al tiempo que indica que el empleo en esta industria creció en todas las provincias y a niveles superiores a los de la media española. En el empleo turístico destaca especialmente el que atañe a los hoteles. Se estima que los establecimientos hoteleros de Andalucía emplearon a una media de 30.900 personas durante el año 2015, lo que supone un aumento del 4,6% respecto al año anterior, siendo este crecimiento generalizado en todas la provincias

andaluzas. Además, todos los meses del año 2015 contribuyeron a la generación de empleo, superándose en todos ellos los niveles de empleo registrados en 2014. Los aeropuertos, por supuesto, también exhiben incrementos. En 2015, los aeropuertos andaluces recibieron un total de 10,4 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 6 respecto al año anterior. Las llegadas a través de compañías de bajo coste crecieron un 4,4%, mientras que las tradicionales registraron 11,7% más de pasajeros. Las perspectivas enseñan un panorama todavía más positivo para un 2016. La Junta se sigue poniendo retos aun viniendo de un año “de récord”. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) anunció que el objetivo del Gobierno regional es volver a batir su registro histórico de turistas. Tras rozar los 26 millones de visitantes en 2015, la meta es alcanzar los 27 millones en 2016. “Va a volver un buen año para el turismo de Andalucía”, sentenció.

CASI 20 MILLONES DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS ANDALUCES Angel Recio os aeropuertos andaluces tuvieron, en líneas generales, un buen comportamiento en el año 2015. La mayoría de ellos consiguieron aumentar su volumen de pasajeros respecto al anterior ejercicio y el principal motor, el aeropuerto internacional de Málaga, batió su récord histórico, elevando así los números totales y dejando una buena sensación de boca en la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). En su conjunto, los aeropuertos andaluces sumaron 20,9 millones de pasajeros, un 5,7% más. Málaga es la puerta de entrada internacional de Andalucía gracias a su aeropuerto, por el que el año pasado pasaron 14,4 millones de viajeros, un 4,8% más. Es su máxima cota histórica y no se descarta que en este 2016 se puedan volver a batir los registros pues el turismo en la Costa del Sol y en el resto de Andalucía está en volúmenes muy altos gracias, entre otras cosas, a la inseguridad generada en otros destinos del Mediterráneo. Ryanair es la aerolínea líder en Málaga, con tres millones de pasajeros, seguida a bastante distancia por Easyjet, Vueling y Norwegian. La aerolínea irlandesa presidida por Michael O´Leary ya ha anunciado incluso que sumarán un nuevo avión a su base en Málaga y que aumentarán rutas, por lo que se espera que mejoren aún más sus números en Málaga, un aeropuerto que está plenamente consolidado como el

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Colas para embarcar en el Aeropuerto de Málaga. / GRUPO JOLY

cuarto de España, tras los dos grandes hubs de Madrid y Barcelona y el insular Palma de Mallorca. El siguiente aeropuerto más importante en Andalucía en volumen de pasajeros es Sevilla, ubicado en el duodécimo puesto nacional. El año pasado atrajo a 4,3 millones de pasajeros, disparando sus números un 10,9%, uno de los mayores crecimientos a escala nacional. El resto de instalaciones son de menor calado. El aeropuerto Jerez de la Frontera registró 823.177 pasajeros en 2015, un 8,6% más; el que comparten entre Granada y Jaén alcanzó los 707.268 viajeros, un 8,7% más; el de Al-

mería redujo, sin embargo, su peso un 7,2% hasta los 691.488 usuarios; mientras que Córdoba, que no tiene un uso turístico, movió a 7.356 personas, un 11,5% más. El 2015 no ha sido un año de grandes inversiones en la red de Aena en Andalucía, pues muchas de ellas ya se hicieron con anterioridad, como la T3 o la segunda pista en Málaga. Todos tienen capacidad sobrada para los próximos años y no es necesario obras de calado para ampliar. Sí se están aplicando medidas para la certificación de los aeropuertos a la nueva normativa europea y se están realizando acciones para mejorar la calidad del servicio.


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ECONOMÍA

El comercio exterior de España y Andalucía con Marruecos José Ángel Aznar Sánchez Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Almería n el año 2012 tuvo lugar un hito en las relaciones comerciales hispano marroquíes puesto que España se convirtió en el proveedor más importante de Marruecos desbancando a Francia, su principal socio comercial hasta entonces. Las buenas relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Marruecos, las ventajas logísticas derivadas de su proximidad geográfica, el esfuerzo de España por potenciar las acciones comerciales a nivel institucional, la complementariedad de sus economías, el esfuerzo marroquí por potenciar sectores económicos en los que España ha basado su desarrollo durante las últimas décadas, y los acuerdos bilaterales Marruecos-UE son algunos de los factores que contribuyeron a este liderazgo. A la hora de abordar la dinámica del comercio exterior resulta más ilustrativo considerar períodos de tiempo relativamente amplios. Así, la evolución que han seguido las exportaciones de España a Marruecos durante la última década muestra una tendencia creciente sostenida con la única excepción de 2009. A par-

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ramente el ritmo de crecimiento de las exportaciones. En el caso de Andalucía, la dinámica que han seguido las exportaciones ha sido bastante diferente puesto que a partir de 2012 se ha producido un notable descenso. En concreto, en los últimos tres años las ventas andaluzas al país magrebí han descendido en casi un 40%. Por su parte, las compras a Marruecos efectuadas desde Andalucía se han mantenido prácticamente estables a lo largo del período considerado, si bien en 2015 han ascendiendo ligeramente hasta alcanzar su máximo valor. La tasa de cobertura a lo largo de la última década ha sido positiva tanto para España como para Andalucía, si bien en los últimos años ha disminuido. Este indicador siempre ha tenido un mejor comportamiento en el caso andaluz que en el español, pero la drástica reducción de la tasa

aparatos mecánicos, aparatos y material eléctricos, y vehículos automóviles. En Andalucía las partidas más importantes coinciden con las de España salvo en el caso del cobre y sus derivados que tiene una mayor relevancia. El índice de concentración de los diez capítulos más importantes es mayor en el caso de Andalucía que en el de España, situándose en el 75,8% y 65,9%, respectivamente. Las principales importaciones que España ha realizado desde Marruecos en 2015 desglosadas por capítulos han sido aparatos y material eléctricos, prendas de vestir y pescado. En el caso de Andalucía las partidas más relevantes difieren en su prelación y contenido puesto que son pescado, legumbres y hortalizas, y frutas, grasas y aceite. El índice de concentración de los diez capítulos más importantes es un poco más elevado en el caso de Andalucía que en el de España, situándose en el 88,8% y 81,3%, respectivamente. En los últimos años las exportaciones andaluzas a Marruecos han tenido un comportamiento preocupante frente a la continua expansión de las españolas. Ante esta dinámica negativa, la presencia española en Marruecos, el alto grado de conocimiento de nuestros productos en su mercado y la buena valoración de la marca “España” en los distintos sectores eco-

Aunque han aumentado más del doble en el conjunto de España, en los últimos tres años las ventas andaluzas al país magrebí han descendido un 40%

Inauguración del Encuentro Empresarial Andalucía-Marruecos. / GRUPO JOLY

tir de ese año se produjo un incremento progresivo hasta alcanzar su máximo en 2015. El valor de las exportaciones a lo largo de este período se ha más que duplicado (136,18%). Igualmente en el caso de las importaciones la tendencia ha sido ascendente. Entre los años 2007 y 2009 se produjo un estancamiento e incluso un leve descenso. Sin embargo, a partir de ese momento el crecimiento se reactivó de manera notable alcanzando en 2015 el máximo del período. A lo largo de la última década las importaciones se han más que duplicado (142,18%), superando lige-

andaluza en los últimos años ha hecho que en 2015 presenten unas cifras muy próximas (157 y 123, respectivamente). Las principales exportaciones de España a Marruecos en 2015 desglosadas por capítulos han sido combustibles, máquinas y

nómicos marroquíes son una fortaleza a explotar por las empresas andaluzas que pretendan hacerse un hueco en este mercado o incrementar su volumen de exportaciones. Los agentes andaluces deberían acometer una labor de investigación y co-


de colaboración e inversión a medio y largo plazo que es la mejor manera no sólo de tener éxito en la actividad comercial que se emprenda sino de generar confianza con sus interlocutores marroquíes y sentar las bases de un proceso sostenible de colaboración en el que ambas partes salgan ganando.

nocimiento de la realidad concreta de este país como un paso previo a actuaciones de introducción o profundización. A partir del conocimiento la probabilidad de éxito de las posibles actuaciones se incrementa exponencialmente. Adicionalmente, los agentes económicos, sociales e institucionales de la Comunidad deberían plantearse proyectos

El comercio exterior andaluz Cristina Campayo Profesora de la Universidad de Sevilla

l relevante papel que ha tenido el comercio exterior en el crecimiento de la economía andaluza a lo largo de su historia se ha intensificado desde principios de siglo y, muy especialmente, en los ejercicios de mayor intensidad de la reciente crisis económica. Así, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios crecieron a mayores ritmos que el Producto Interior Bruto, acentuando la tendencia incremental del grado de apertura de la economía andaluza, situado en la actualidad en un significativo 96,4% de su PIB. Con alguna que otra excepción, este proceso ha sido compatible a su vez con una progresiva mejora de la tasa de cobertura, al crecer las exportaciones de bienes y servicios más intensamente que las importaciones de aquellos, alcanzando en 2014, y por primera vez, un nivel del 85,4%.

E

Puerto de Algeciras. / GRUPO JOLY

El potencial exportador al resto del mundo de Andalucía durante la crisis aumentó un 66,1%, más del doble que la media española Esta notable mejora en los intercambios comerciales de la economía andaluza con el exterior ha ido en consonancia con la intensificación de la crisis económica. El debilitamiento de la demanda interna en la comunidad autónoma en este período ha obligado a las empresas andaluzas, al igual que a las del resto de España, a una reorientación exterior de sus producciones. Esta necesidad de buscar nuevos mercados, ha determinado un notable avance de sus ventas exteriores de bienes y servicios, cifrado en un 17,7%, en volumen, entre 2008 y 2014, último año para el que se dispone de información. Por otra parte, la

mencionada contracción de demanda interna y de la producción ha propiciado un significativo descenso de las importaciones, un 9,1% en volumen. Todo ello no sólo ha permitido que desde el año 2012 los ingresos por exportaciones de bienes y servicios de la economía andaluza cubran por primera vez más del 95% de los pagos derivados de sus necesidades importadoras, sino que ha erigido al sector exterior en un importante amortiguador de la caída del PIB andaluz en los años de crisis. Como es sabido el sector exterior de una comunidad autónoma queda determinado tanto por el ámbito geográfico internacional, como por el resto del ámbito nacional, siendo este segundo mucho más importante en términos cuantitativos que el primero, circunstancia que se corrobora en el caso de Andalucía. No obstante, en los últimos años, el crecimiento de los flujos comerciales de la región se ha susten-

tado principalmente en los que mantiene con el resto del mundo, poniendo de manifiesto la intensificación del proceso de apertura internacional de la economía andaluza, muy especialmente con las áreas que han mostrado un mayor dinamismo económico. De hecho, en este buen comportamiento del comercio exterior andaluz destaca sobremanera el experimentado por las ventas de mercancías al resto del mundo. Según datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, en 2014, Andalucía registró por quinto año consecutivo, un máximo histórico de exportaciones internacionales de bienes, cifrado en 26.512 millones de euros, esto es, el 18,4% de su PIB. Con ello Andalucía se sitúa actualmente como la tercera comunidad autónoma más exportadora, tras Cataluña y Madrid. Esto significa que durante la crisis el potencial exportador de Andalucía al resto del mundo au- >>

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ECONOMÍA mentó un 66,1%, más del doble que la

>> media de España (29,7%), pasando de representar el 8,6% del total de las exportaciones españolas al extranjero en 2007, a una cuota del 11,0% en la actualidad. No obstante, aunque este dinamismo exportador, junto a la contención de las necesidades importadoras y caída del precio de las importaciones, ha mejorado significativamente el déficit comercial de Andalucía con el resto del mundo todavía los ingresos por exportaciones de bienes cubren solo el 86% de los pagos por las necesidades importadoras de carácter internacional, alejado del nivel del 93% alcanzado en los primeros años del presente ciclo. Aunque buena parte de este crecimiento de las exportaciones internacionales de mercancías ha sido impulsado por actividades productivas que cuentan con una gran tradición o con una especial localización en el territorio de la comunidad (producción de refino y minerales como el cobre o el hierro). Otras actividades, sin embargo, se han visto beneficiadas de los mismo factores que explican el aumento de la cuota española en el comercio mundial, esto es, la rebaja en los costes laborales y la mejora en la competitividad internacional de la economía andaluza, caso de la actividad agroalimentaria, material eléctrico, o material de transporte, entre otras. Aunque al igual que ocurre en España,

Andalucía se sitúa actualmente como la tercera comunidad autónoma más exportadora, tras Cataluña y Madrid Andalucía sigue presentando, una estructura de sus exportaciones escasamente diversificada desde el punto de vista geográfico (cinco países son destino de más del 38% del total de sus ventas exteriores), en los últimos siete años, sin embargo, nuevos mercados como Estados Unidos, Corea del Sur, Venezuela, Ecuador, Argelia, Marruecos, Egipto y, en Europa, Bélgica, Bulgaria, Turquía y Noruega han aumentado su protagonismo, contribuyendo favorablemente a la diversificación geográfica de las ventas de productos andaluces en los mercados internacionales. En el proceso de globalización e integración que ha caracterizado la evolución de la economía mundial en las últimas décadas, el dinamismo mostrado por el comercio de servicios ha sido esencial y, aunque las actividades terciarias andaluzas no hayan sido ajenas a este proceso, Andalucía todavía presenta una escasa orientación exterior de estas producciones, tanto desde el punto de vista de sus exportaciones

como de las inversiones en el exterior. De hecho, mientras las actividades terciarias suponen en la actualidad el 89% de los consumos realizados por los no residentes en el territorio andaluz, sólo alcanzan a representar el 32% de las exportaciones andaluzas. De ahí, que sean las ramas de servicios de comida y bebidas y los servicios de alojamiento las dos principales actividades del comercio exterior andaluz de servicios, poniendo además de manifiesto la relevancia del turismo en la economía regional. Las otras dos actividades que le siguen en importancia son el comercio al por mayor y las actividades de almacenamiento y anexos al transporte, significación que en ambos casos reside en su vinculación al comercio exterior de bienes, tanto en el ámbito nacional, como internacional. Por su parte, los servicios con más contenido de conocimiento, los denominados servicios a empresas, buscan mayoritariamente en el mercado nacional el complemento a su actividad regional, siendo prácticamente inexistente el comercio internacional. No obstante, se constata una cierta internacionalización de los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos…, acorde con la caída de su demanda regional y nacional, y con la reorientación internacional de las grandes empresas constructoras demandantes de sus servicios.

El modelo de financiación autonómica: balance desde la perspectiva de Andalucía José M. Domínguez Martínez Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga i Schumpeter llegó a proclamar que la expresión“Estadofiscal”podía considerarse como un pleonasmo, pretender erigir un Estado autonómico sin una adecuada cimentación financiera sería equivalente a construir un castillo de naipes, cuando no a una verdadera entelequia. Pasar de ser uno de los Estados más centralizados del mundo a otro con niveles dedescentralizaciónsimilaresalosdepaísesfederales, como ha ocurrido en España en poco más de dos décadas, no es una misión menor. A las dificultades técnicas de un tránsito de ese tenor se unían las restricciones derivadas de la esfera política. Urgido por la perentoriedad de los acontecimientos, el sistema de financiación autonómica se ha visto inmerso en una dinámica de virajes y adaptaciones que apenas ha conocido tregua.

S

Después de un período inicial, de 1978 a 1986, calificado como transitorio, dentro del definitivo se han venido aplicando diferentes modelos con una duración quinquenal o algo superior. La pauta seguida ha consistido en garantizar que ninguna Comunidad saliera perdiendo respecto a la situación precedente, lo que conllevaba que se fueran añadiendo re-

cursos a disposición delasAdministraciones regionales en su conjunto. Otra característica era revestir de un ropaje técnico los criterios de distribución, si bien daba la impresión de que las formulacionescuantitativas estaban concebidas para reproducir unos resultados fijados de antemano en la negociación política. En la actualidad, para las Comunidades Autónomas de régimen común, continúa vigente el sistema aprobado en el año 2009. Su articulación se basó en el cálculo de las necesidades financieras globales de cada Comunidad, diferenciando cuáles correspondían a los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales esenciales) y cuáles al resto de servicios. Para atender di-


chas necesidades, cada Comunidad cuenta con su capacidad tributaria y, en su caso, con las transferencias procedentes de dos fondos, el de garantía de servicios públicos fundamentales y el de suficiencia global. Otros fondos, el de competitividad y el de cooperación, tienenencomendadaunafunciónconvergente en términos de financiación y de renta y riqueza por habitante. Como el resto de Comunidades, Andalucía se vio beneficiada, en el momento de su implantación, por la recepción de mayores recursosencuantía absoluta, lo que no implicaba necesariamente que la situación de partida fuese la adecuada. Superado el plazo para la revisión del sistema, ¿qué balance puede hacerse de su aplicación? Evaluar la plasmación de un esquema de financiación en la práctica no es una tarea sencilla, toda vez que los cambios acaecidos en la situación financiera y patrimonial del sector público autonómico son el resultado de una variada gama de factores, entre los que cabe mencionar la capacidad fiscal disponible y su ejercicio efectivo, la reacción de las bases imponibles, en un marco de competencia fiscal internacional e interregional, la incidencia de las medidas presupuestarias adoptadas por el Gobierno central, dentro del programa de estabilidad presupuestaria, o la influencia de la coyuntura económica. De los numerosos estudios realizados acerca del sistema de financiación autonómica se desprenden algunas conclusiones básicas: De entrada, su funcionamiento se ve lastrado por una falta de delimitación nítida de las responsabilidades de la Administración Central respecto a las de las Comunidades Autónomas. Algunas investigaciones recientes apuntan la posible existencia de una insuficiencia global de recursos para atender las necesidades de gasto ligadas a los servicios públicos fundamentales, sin perjuicio de detectar ciertos indicios de ineficiencia. Si bien en los últimos años se ha ampliado notoriamente el ámbito de los tributos en los que los gobiernos regionales tienen competencias normativas, estas son inexis-

tentes en los impuestos indirectos. Es llamativo el escaso grado de percepción social, según los sondeos de opinión pública, respecto al alcance de la participación autonómica en la esfera tributaria. La situación de privilegio de las dos Comunidades de régimen foral (País Vasco y Navarra), las cuales disfrutan de unos ingresos por habitante que llegan a duplicar la media de las de régimen común, se ha convertido en un problema estructural y perturbador. Por otro lado, se constata la existencia de un abanico en la financiación por habitante ajustada en función del coste de prestación de los servicios, difícilmente justificable por razones objetivas. La diferencia entre los extremos es del orden de un 28%. Por lo que concierne a Andalucía, mientras que, en el modelo aplicado desde 2002 a 2008, el índice de financiación (a competencias homogéneas por habitante ajustado) era ligeramen-

Paradójicamente, la posición relativa de Andalucía empeora después del cómputo de los fondos de convergencia autonómica te superior a la media, con el vigente queda por debajo en más de un 3%. Asimismo, paradójicamente, la posición relativa de Andalucía empeora después del cómputo de los fondos de convergencia autonómica. La prolongada fase de crecimiento económico vivida en España hasta 2007 llegó a desvirtuar, con carácter general, la verdadera situación de las finanzas públicas. Al margen de las deficiencias inherentes al modelo de financiación autonómica, sus resultados se han visto afectados por el impacto de la crisis económica y financiera, no manifestado inmediatamente en todos los indicadores relevantes. El análisis de la evolución del ahorro primario (ingresos menos gastos corrientes, con exclusión de los intereses de la deuda y de los rendimientos de-

INSTITUCIONES EXENTAS DE IBI David Uclés ada año, los ayuntamientos españoles establecen los coeficientes del Impuesto de Bienes Inmuebles, que grava la tenencia, usufructo o concesión de cualquiera de este tipo de bienes. Del producto de esas cifras por los valores catastrales de dichos inmuebles, se obtiene la cifra a pagar por parte de los sujetos pasivos. Este tributo es una de las principales fuentes de ingresos de los municipios y la más estable. Ofrece, además, un sistema de liquidación muy sencillo (siempre que estén

C

correctos los datos del Catastro). En 2014 la cuota líquida de este impuesto en el conjunto del Estado fue de 12.823 millones de euros, de los cuales 2.279 millones se liquidaban en Andalucía. Por supuesto, la mayor parte de esta cuota es devengada por bienes de naturaleza urbana (94 %). En los últimos años, el IBI ha estado muy presente en el debate público, básicamente por dos razones. La primera, por el efecto de las subidas de las valoraciones catastrales durante los años del boom inmobiliario y el posterior desajuste entre estos y la realidad al llegar la crisis, provocando

rivados de los activos financieros) resulta particularmente ilustrativo. En relación con la Junta de Andalucía, de una cuantía claramente superior a los 5.000 millones de euros en 2006 y 2007, se llegó, en 2011, a una cifra negativa de 443 millones de euros, que se multiplicó por cinco al año siguiente; posteriormente se redujo hasta 414 millones en 2014, con un retorno al signo positivo previsto en 2015. A su vez, el saldo presupuestario, que se había mantenido con superávit desde 2001 a 2007, se adentró en situación de déficit, con un máximo cercano a los 5.500 millones de euros en 2012 (2.035 en 2014). La deuda autonómica, de 7.177 millones de euros a finales de 2007, ha ampliado su cuantía hasta los 30.138 millones a septiembre de 2015 (21% del PIB, frente a una media autonómica del 23,6%). Más de la mitad de dicho saldo corresponde a los recursos canalizados a través de los fondos instaurados por el Gobierno central para proveer de liquidez a las Administraciones regionales, con un efecto atenuante sobre la carga de intereses. La recuperación del crecimiento económico, unida a los ajustes realizados para la contención del gasto, ha coadyuvado a una mejora de las cuentas públicas. La solidez de estas se ve afectada negativamente por factores como el menor nivel de renta per cápita, el diferencial de paro y el mayor peso de la economía sumergida, en comparación con los promedios nacionales. La revisión del sistema de financiación autonómica se presenta como una oportunidad para que Andalucía se haga acreedora de los recursos realmente requeridos para la prestación de los servicios públicos en condiciones estándares a escala nacional. Con independencia de lo anterior, los desfases estructurales mencionados demandan la utilización de instrumentos específicos que contribuyan de manera efectiva a su minoración. Contar con recursos financieros adecuados es una condición necesaria para que el sector público alcance los fines que tiene encomendados, aunque en modo alguno se trata de una condición suficiente. una sobrecarga fiscal en un momento en el que muchos contribuyentes pasaban por grandes dificultades económicas. La segunda, por la existencia de entidades exentas del mismo, entre ellas la iglesia católica, cuyo conocimiento por parte del público dio lugar a infinidad de columnas, comentarios y minutos de audio y video. A priori, que un estado aconfesional mantenga una exención de un impuesto vital para las haciendas locales a una determinada confesión religiosa parece fuera de lugar. Sin embargo, y como siempre, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. La iglesia católica no es la única institución que está exenta del impuesto; también lo están por la misma ley >> el resto de confesiones religiosas con

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>> las que exista acuerdo por parte de

la Administración (evangélica, comunidad israelita y religión islámica). Hay exención, además, para el propio Estado, las comunidades autónomas y entidades locales en relación a los inmuebles dedicados a la defensa, la seguridad ciudadana, los servicios penitenciarios y los educativos. Al margen de estos, quedan exentos del pago los bienes comunales, los de Cruz Roja Española, las representaciones diplomáticas de otros países, los montes poblados por especies de crecimiento lento (para aprovechamiento maderero y con densidades de plantación “normales”), los monumentos (que formen parte del patrimonio histórico), y los centros educativos sometidos a concierto que lo soliciten (en este caso la Administración competente debe compensar el ingreso). Finalmente, la Ley de Mecenazgo, amplía la lista de exentos con aquellos inmuebles propiedad de entidades sin ánimo de lucro (exceptuando los dedicados a actividades económicas sujetas al impuesto de sociedades). Esta definición incluye a las ONG, fundaciones, federaciones de deportes, el COE y el Comité Paralímpico Español. Obviamente, las entidades locales tienen capacidad para dictar otras exenciones totales o parciales. Como se ve, la nómina de exentos del impuesto es amplísima, y va bastante más lejos de la iglesia, la cual tendría derecho a estas exenciones en muchos casos por más de una vía: fundaciones, ONG, monumentos… La cuestión, por tanto, no es si la iglesia católica debe o no mantener su exención, sino qué tipo de entidades deberían mantenerla, si es que alguna debería de hacerlo.

comunales o los monumentos. Unos y otros generan externalidades positivas sobre el conjunto de la población y en el caso de los segundos pueden ser un motor de actividad y crecimiento para las comunidades en las que están insertos. Lo mismo se puede decir de los edificios y terrenos de titularidad pública dedicados a la defensa, la seguridad ciudadana y la educación. Estos inmuebles prestan importantes servicios públicos a sus comunidades y dado que, en última instancia, pertenecen al sector público el efecto sobre el total de ingresos y gastos de las Administraciones sería neutro. Respecto a ONG y fundaciones, las hay

Además de la Iglesia católica, también están exentas de este impuesto la iglesia evangélica, la comunidad israelita y la islámica

Turistas en la Catedral de Sevilla. / MANUEL GÓMEZ

Obviamente, si todas estas entidades abonaran el impuesto de sus propiedades, el importe recaudado podría ser muy superior; o también se podría redistribuir la misma carga entre todos los contribuyentes tocando a menos cada uno. Seguramente también, de suceder esto, algunos de los propietarios se verían obligados a poner a la venta parte de su patrimonio inmobiliario para hacer frente al pago del impuesto. Por otro lado, para los que pudieran sufragarlo, este sería un coste más y, por tanto, se vería menguada su capacidad de actuación –piénsese en el caso de ONG y fundaciones–. Posiblemente, algunos casos están más que justificados. Por ejemplo, los montes

de muy variada naturaleza y con ocupaciones muy dispares, desde las dedicadas a la atención de emergencias humanitarias, hasta las que se encargan de favorecer el debate público en una determinada dimensión. En medio hay infinidad de matices que incluyen desde las claramente asistenciales a las que pretenden modificar estados de opinión o influir sobre los mismos. Podríamos estar de acuerdo que no todas estas labores tienen la misma utilidad pública. Por ejemplo, hay entidades que contribuyen a paliar problemas sociales a los que no llegan los servicios públicos ni el estado del bienestar, y que podrían quedar exentas en función del ahorro que suponen para el Estado. Sin em-

bargo, las hay que tienen actividades no tan evidentemente positivas para la sociedad, como son las ligadas a los partidos políticos. Para ser justos habría que realizar una auditoría de utilidad pública y establecer unos baremos mínimos para acceder a la exención, cuestión esta que no se antoja precisamente sencilla. Una cuestión más peliaguda es la que trata de los espacios dedicados al culto religioso (los que no estuvieran bajo el capítulo de monumentos) de las diversas confesiones. Desde el punto de vista aconfesional, lo normal es que fueran los propios creyentes y usuarios de esos inmuebles los que corrieran con los gastos de los mis-

mos, no solo con los gastos de los suministros sino también de los fiscales. De igual forma, los inmuebles dedicados a vivienda de clérigos y personal religioso también deberían tributar el impuesto, puesto tienen un uso privado. Sin embargo, alguien podría argumentar que todos estos espacios contribuyen al bienestar de la sociedad, aunque desde una perspectiva más espiritual que material. Dado que este impuesto es una de las bases de las finanzas de los Ayuntamientos, tal vez merecería la pena repasar estos temas y ampliar, en la medida, de lo posible la base imponible del mismo a través del aumento de la nómina de espacios sujetos a tributación.


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Las relaciones entre los contribuyentes y la Administración José Luis Ballester Consejero Editorial de Grupo Joly

l Derecho Administrativo en general, y específicamente el Derecho Tributario, han tratado de regular las relaciones entre Administración y administrados de tal forma que se reforzaran las garantías de los contribuyentes frente al poder y los posibles privilegios de la Administración. Para conseguir ese objetivo es esencial el cumplimiento de determinados parámetros que examinaremos para verificar el estado de estas relaciones.

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1. La seguridad jurídica. En 2015 se ha aprobado la reforma de la Ley General Tributaria mediante la Ley 14/2015, que fija entre sus objetivos “el reforzamiento de la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración Tributaria”. Pero, lo cierto es que se ha garantizado la seguridad de la Administración pero se ha debilitado la de los contribuyentes. Así lo acreditan, entre otros: la modificación de la prescripción ampliando la facultad de la Administración para comprobar las obligaciones tributarias en el supuesto de ejercicios prescritos; la imposición de sanciones en caso de conflicto en la aplicación de la norma, la declaración del carácter no privilegiado de las facturas como medios de prueba, la ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras, que antes, con carácter general era de un año y que pasa a un año y medio. Esta reforma es un paso más en la vulneración del espíritu y la letra de la derogada Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Se refuerzan las potestades administrativas, desequilibrándose ampliamente la balanza a favor de la Hacienda publica. Lejos de garantizarse la seguridad jurídica de los contribuyentes las últimas reformas persiguen reforzar las potestades de la administración y su seguridad para recaudar y sancionar. 2. La buena fe. Este principio implica que en todas sus actuaciones tanto la Administración como los contribuyentes actúan de buena fe. Respecto a éstos así se les reconoció en la citada Ley 1/1998, pero

hoy no aparece explicitada, aunque debe respetarse sobre la base constitucional de la presunción de inocencia. Sin embargo, esta presunción no se respeta adecuadamente como lo manifiesta que se persigue cualquier economía de opción, se sospecha de todas las sociedades como algo prohibido tratando de imputar los rendimientos a sus socios como personas físicas, se vulnera la confianza legitima en la actuación administrativa, no se respeta el principio de no ir contra actos propios cuando la administración

Web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla. / A. PIZARRO

actúa de forma desigual ante los mismos hechos o, a efectos sancionadores, se presume la culpa en todas las discrepancias. La presunción de buena fe del administrado está siendo enterrada con grave daño para la justicia y la seguridad jurídica.

3. Los procedimientos. La reforma tributaria de 2015 pretende ”una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario”. Este propósito se ha concretado en facilitar la actividad administrativa a costa del ciudadano, a quien se obliga a autoliquidar prácticamente todos los tributos, debiendo utilizar programas informáticos que constriñen sus opciones, y se requieren innumerables declaraciones derivadas de la apetencia de información de las administraciones que es casi ilimitada abusando de los avances tecnológicos.

Citemos entre estas declaraciones la información sobre bienes en el extranjero, el modelo 720, que está siendo puesto en entredicho por la Unión Europea y que no se justifica cuando en Europa rige la libertad de movimiento de capitales y un sólido sistema de información entre estados. Respecto a la Junta de Andalucía, debemos citar los procedimientos de comprobación de valores en los Impuestos de Transmisiones y Sucesiones, específicamente los que se refieren a inmuebles en los que se aplican automáticamente unos coeficientes sobre unos valores catastrales, a sabiendas que exceden del valor real, poniendo a los contribuyentes en una situación de difícil defensa, debiendo acudir a un complejo y costoso procedimiento de tasación pericial contradictoria. Y cuando ya no se puede pagar no se facilita elfraccionamientosinaval,queenlaadministración del Estado y en algunos ayuntamientos como Sevilla es posible hasta 30.000 euros y en la Junta solo hasta 18.000.

4. La igualdad. Los contribuyentes, con independencia de su domicilio, aspiran a un tratamiento de igualdad en su tributación, que de hecho no existe como es continuamente denunciado. En Andalucía se aplica una de las mayores presiones fiscales de España. En el IRPF en 2015 ha regido un tipo máximo de 49%, frente al 44,50 de otras regiones, y en 2016, en la Ley de Presupuestos para 2016 se ha aprobado una tímida reducción que no se aplica a partir de una base de 60.000 euros por lo que se satisfará el mismo tipo autonómico máximo del 25,50 lo que implica un tipo total del 48%, frente al 43,50 de otras regiones. En ITP se llega al 10% frente a otras comunidades que mantiene el 6% y en el Impuesto de Sucesiones se llega al 36,5%, que aplicando los coeficientes multiplicadores de patrimonio preexistente y según el grado de parentesco puede suponer hasta el 76,65%.explica que, según los datos de la Agencia Tributaria, que han tenido reflejo en los diarios de este Grupo, en el ultimo año del que existen estadísticas, 2014, Andalucía ha perdido 5.305 contribuyentes, la que más. Y respecto a las empresas el saldo neto se ha reducido en 426 según datos de los registros mercantiles desde 2012 a junio de 2015. En conclusión, urge un cambio de esta situación de los contribuyentes, que han incrementado sus quejas en el ultimo año en un 31,5%, debiéndoseles garantizar la seguridad jurídica, con una administración más respetuosa con la buena fe, que apoye a los particulares en el cumplimiento de sus deberes fiscales, que simplifique obligaciones y procedimientos y respete el principio de igualdad, de tal modo que se mejore la competitividad y eficiencia, a fin de incentivar la inversión y el empleo.


La reestructuración de la banca no ha terminado Fernando Faces Instituto Internacional San Telmo

a reestructuración del Sistema Bancario Español ha sido extraordinaria, tanto en la reducción del número de entidades, como en su saneamiento y capitalización. A pesar de todo, el proceso parece no haber terminado. Tanto el BCE como el Banco de España señalan que la viabilidad del sistema requerirá cambios en el modelo de negocio bancario y un nuevo proceso de concentración. El problema que subsiste es la baja rentabilidad del negocio bancario, soporte de su solvencia. Este diagnóstico es extensible a gran parte de la Banca Europea. Los bajísimos tipos de interés del BCE, la escasa demanda de crédito por el alto endeudamiento y el necesario proceso de desapalancamiento y la alta competencia, reducen la rentabilidad de los bancos a niveles inferiores al costo del capital. En esta situación la banca destruye valor en vez de crearlo. Esta es la razón del reciente desplome bursátil de la banca.

L

bancario, la débil demanda solvente de crédito, las bajas expectativas de crecimiento, la morosidad y la calidad de los activos, la eficiencia y productividad, la regulación más exigente, la alta competencia, los nuevos competidores no financieros (fintech) y la crisis en los mercados emergentes.

Reducción del negocio bancario: tamaño, composición, calidad de los activos y rentabilidad. Durante la crisis el volumen del negocio bancario se ha reducido drásticamente. Desde el inicio de la crisis hasta julio de 2015 el total del activo de la banca

principio, la caída del tipo de interés de los créditos se compensó con la disminución del de los depósitos. Este efecto no va a continuar ya que la remuneración del ahorro se aproxima a cero. Por el contrario la rentabilidad de los créditos seguirá reduciéndose, en parte por la amortización de los antiguos, que son más rentables, y también por la gran competencia bancaria para captar la escasa demanda de crédito solvente. Por otra parte la banca no ha podido compensar la caída del margen de intereses con un aumento de las comisiones, que se reducen el 12% en el mismo periodo. Los casi 240.000 millones de euros de activos improductivos acumulados durante la crisis y la alta tasa de mora, que llegó al 12%, han restado a la rentabilidad sobre recursos propios de la banca (ROE) casi un 6%, por el nulo rendimiento a de los activos dañados y por las provisiones realizadas. A todo lo di-

El número de oficinas se ha reducido un 31,4%, el de empleados un 25,2, y el de entidades ha pasado de 45 a 14 Reestructuración, saneamiento y capitalización de la banca: una tarea inacabada. El proceso de reestructuración

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ante los medios de comunicación en Granada. / Á. CÁMARA

saneamiento y capitalización de la Banca Española ha sido, el más importante de Europa. La cifra de capitalización con recursos públicos ha superado los 61.000 millones. Si además tenemos en cuenta los saneamientos y ampliaciones de capital que la banca ha realizado durante la crisis, el esfuerzo supera los 300.000 millones de euros. A junio de 2015 el número de oficinas se ha reducido un 31,4%, el de empleados un 25,2, y el de entidades ha pasado de 45 a 14. Aun así, el negocio financiero no es suficiente para todos. La caída del volumen y los márgenes del negocio bancario ha sido superior a la reducción de su tamaño. La amenaza que se cierne es la insuficiente rentabilidad del negocio bancario y, a la postre, su solvencia. Son muchos los factores que condicionan su rentabilidad, entre ellos: el tamaño y composición del negocio

se ha reducido el 13,2 %. Pero el impacto más importante para la rentabilidad es debido a la alteración en su composición. Los activos más rentables son los que más han caído: el crédito al sector privado se ha desplomado el 28,4%. Por el contrario los activos menos rentables han aumentado: el neto de interbancario el 18% y la deuda pública el 80%. La deuda pública que durante la crisis fue la tabla de salvación de la rentabilidad de la banca, por sus altos intereses y su nulo consumo de recursos propios, ahora, con rentabilidades del 1,20% a diez años, ya no lo es. A los efectos de tamaño y composición hay que añadir el efecto margen: en el periodo 2008- 2015 el margen de intereses entre la rentabilidad de las inversiones y el coste de los depósitos se ha reducido en un 23,3%. Al

cho hay que añadir la amenaza del impacto sobre la rentabilidad de la eliminación de las cláusulas suelo de las hipotecas. Las mayores exigencias regulatorias de capital de Basilea III y IV agravan el problema. A mayores exigencias de capital menor rentabilidad sobre recursos propios. Como consecuencia de todo lo dicho la rentabilidad sobre los recursos propios (ROE) apenas alcanza el 5%. Muy lejos del 13% de 2007 y por debajo del costo de capital del 10%. A futuro el mayor riesgo para la rentabilidad y solvencia de la banca es que la economía española crezca por debajo del 2% en los próximos años. La comparación de la banca española con la banca europea arroja luces y sombras. En el lado positivo la banca española es >> más eficiente, tiene más capital en ba-

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ECONOMÍA lance y menos apalancamiento que la

>> media europea. En el lado negativo es menos rentable (ROE del 4,4% frente al 7,8%), tiene más créditos morosos (10,67% frente al 6,2 %) y es menos líquida (el ratio de crédito sobre depósitos es del 116,6% frente al 108,6% de la media europea).

Estrategias para aumentar la rentabilidad. La banca española debe de acometer las siguientes acciones para mejorar el margen financiero: aumentar el crédito al sector privado, mejorar la calidad de los sistemas de elección y control de los riesgos, aumentar la calidad de sus activos , reducir los improductivos y morosos, diversificar el negocio mediante la segmentación sectorial y la internacionalización, incrementar los servicios de valor añadido y los ingresos por comisiones, centrar el foco en el cliente y su fidelización, practicar una estrategia multicanal y por último invertir en la digitalización de las relaciones con los clientes y en la optimización de sus bases de datos. Para aumentar su eficiencia debe de simplificar y reducir sus procesos mediante la innovación tecnológica, reducir el número de oficinas, aumentar su tamaño y optimizar las plantillas. Para hacer frente a la competencia de las nuevas plataformas tecnológicas no financieras (fintech) debe de apostar por la digitalización, la multicanalidad y los modelos cooperativos.

El mayor riesgo para la solvencia de la banca es que la economía española crezca por debajo del 2% en los próximos años No obstante tanto el Banco de España como el BCE opinan que estas políticas no serán suficientes y que el sistema bancario español y europeo están abocados a un nuevo proceso de fusiones, nacional y europeo, para aprovechar las economías de escala, reducir costes y aumentar su rentabilidad y solvencia. No obstante, esta estrategia tiene sus límites por las siguientes razones: se está llegando a un excesivo nivel de concentración próxima al oligopolio, está aumentando el riesgo sistémico que se quería evitar creando bancos lo suficientemente grandes como para no poder dejarlos caer, no está demostrado empíricamente que los bancos más grandes sean los más rentables, como estamos comprobando por los mejores resultados de la banca mediana en España (Bankinter y Sabadell), todavía no se ha digerido el último proceso de fusiones y los bancos no están sobrados de capital para realizar nuevos esfuerzos y, por último, el ambiente de inestabilidad, fragmentación política y deriva hacia la izquierda no favorecen en estos momentos los procesos de concentración y privatización.

EL PEOR AÑO PARA LA BOLSA DESDE 2011 Alejandro Martín Rodríguez l desplome de los precios de las materias primas y la incertidumbre sobre la situación económica global lastraron el comportamiento de la Bolsa de Madrid a lo largo de 2015. A ellos se suman factores endógenos de la economía española, como es la incertidumbre política derivada del resultado de las elecciones y el desafío soberanista catalán, o la necesidad de implementar nuevas reformas que afiancen el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para superar de una vez por todas la gran recesión. Los mercados no se han contagiado de la recuperación de la actividad que se ha detectado en el ámbito microeconómico, pese a que España creció a lo largo del año en tasas superiores al 3%. Con estos condicionantes, el Ibex 35, el principal selectivo del parqué madrileño, acabó el ejercicio en 9.544 puntos, lo que supone una bajada anual del 7,1%. El indicador firmó su peor balance desde 2011, cuando acumuló una caída del 13,1%, y se erigió en el farolillo rojo de las bolsas europeas. El sector bancario español fue uno de los más penalizados a lo largo del pasado ejercicio. En un contexto de desapalancamiento de hogares y empresas, la laxa política monetaria emprendida por el Banco Central Europeo ha erosionado aún más los márgenes de las entidades financieras. Además de sufrir unos tipos de interés en mínimos históricos, los mercados descuentan la exigencia de nuevos requisitos de capital. La renta variable española también sufrió el impacto de la crisis de las materias en los mercados emergentes. El desplome del petróleo y de los minerales está detrás del deterioro de las perspectivas para las economías latinoame-

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Evolución del IBEX en el año 2015. / EFE

ricanas, que aportan casi el 25% de la facturación total de las empresas del Íbex. De los 35 valores que componen el selectivo, veinte acabaron el año en números rojos, encabezados por ArcelorMittal (-56,9%), OHL (-52,4%) y FCC (-40,4%). En el otro extremo se sitúan Gamesa (que finalizó el ejercicio con un alza del 109,2%) y Merlin Properties, la primera Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (Socimi) que figura en el índice de las principales empresas cotizadas españolas, con un rebote del 44,25%. Precisamente, Merlin sustituyó a Abengoa, cuyas acciones de clase B fueron excluidas del Ibex 35 tras la presentación de la solicitud del preconcurso de acreedores y después de sufrir durante meses la voracidad de los especuladores, que se tradujo en una enorme volatilidad. Pese a este entorno negativo, la renta variable también ofreció noticias positivas para los inversores. Las compañías españolas repartieron el año pasado 24.500 millones de euros entre sus accionistas en forma de dividendos. Además, el parqué español recibió a lo largo del año a un total de 24 nuevas empresa cotizadas, que captaron cerca de 9.000 millones de euros, una cifra récord sólo superada por los 10.500 millones registrados en 2007. Entre las debutantes se encuentran Aena, Saeta (la sociedad de activos renovables de ACS), Talgo, Naturhouse, Cellnes Telecom, Trajano (socimi presidida por el presidente de Persán, José Moya), o la granadina Neuron Bio. Con datos hasta septiembre, la bolsa española se convirtió en el primer mercado europeo y el cuarto del mundo por valor de sus salidas a Bolsa, según el informe Global IPO Trends elaborado por Ernst&Young. Y en 2016 podrían estrenarse Unicaja, BMN, Criteria, Mediapro, Orange o Santillana si los mercados logran sobreponerse a un convulso arranque del ejercicio y los precios de las materias primas se estabilizan.


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ECONOMÍA MERCADO DE TRABAJO


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ECONOMÍA SECTOR EXTERIOR


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