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ASPECTOS HISTÓRICOS, CONCEPTUALES Y SUSTANCIALES SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE EN HONDURAS

Joaquín A. Mejía R. Víctor Fernández Omar Menjívar Et al

Diciembre de 2009


Aspectos hist贸ricos, conceptuales y sustanciales sobre el proceso constituyente en Honduras

INDICE

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Aspectos históricos, conceptuales y sustanciales sobre el proceso constituyente en Honduras

I. Introducción……………………………………………………………………………………………………………….

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II. Antecedentes históricos a considerarse para una nueva Asamblea Nacional Constituyente……………………………………………………………………………………………………….........

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1. La dictadura de Julio Lozano Díaz y la Constituyente espuria de 1956………………………….

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2. La Asamblea Nacional Constituyente de 1957 y el Gobierno de Villeda Morales………….

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3. La Constituyente de 1981 y las posibilidades de la democracia…………………………………….

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4. El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente………………………………………………………………………………………………………………………

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5. Conclusiones…………………………………………………………………………………………………………….

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III. Preguntas y respuestas sobre el proceso constituyente en Honduras……………………..

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1. ¿Qué es una Constitución?...............................................................................................

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2. ¿Qué tipo de Constitución es la hondureña?......................................................................

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3. ¿Cuáles son las cláusulas pétreas establecidas en nuestra Constitución?.......................

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4. ¿La existencia de cláusulas pétreas implica que no puede cambiarse la Constitución?..

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5. ¿Qué alcance tiene el principio de soberanía popular en relación con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?...................................................

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6. ¿Qué tipo de reformas puede hacer el poder constituido?..............................................

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7. ¿Qué tipo de reformas puede hacer el poder constituyente?.........................................

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8. ¿Cuál es la diferencia entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso Nacional?..........................................................................................................................

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9. ¿Qué dice la Constitución de 1982 sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?.................................................................................................................

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10. ¿A quién está dirigida la prohibición de reformar las cláusulas pétreas?........................

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11. ¿Qué implicaciones tiene la prohibición de modificar o derogar la Constitución?..........

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12. Si la Constitución de 1982 guarda silencio sobre su reforma total, ¿qué vías de participación pueden abrirse para que el pueblo hondureño manifieste su poder constituyente?..................................................................................................................

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13. Identificados algunas de los mecanismos para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo se concretaría la consulta?............................................

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14. ¿Cómo debería estar constituida una Asamblea Nacional Constituyente?......................

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15. ¿Cuáles son los beneficios de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente?.........

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16. ¿Es suficiente la elaboración de una nueva Constitución?...............................................

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IV. Contenidos del nuevo orden constitucional hondureño………………………………………….

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1. Propuesta de contenidos……………………………………………………………………………………………..

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2. Principios………………………………………………………………………………………….........................

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3. Del Estado, su función y sus poderes……………………………………………………………………………..

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4. De la democratización del Estado y la sociedad……………………………………………………………..

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5. Catálogo de derechos fundamentales……………………………………………………………………………

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6. Régimen económico………………………………………………………………………………………………………

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7. Sobre la vigencia, modificación parcial o total del Pacto Social………………………………………

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8. Sobre la defensa nacional………………………………………………………………………………………………

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9. Sobre las relaciones internacionales………………………………………………………………………………

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V. Bibliografía mínima……………………………………………………………………………………………………

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Lo que el pueblo puede hacer constitucionalmente, puede siempre, en alg煤n sentido, deshacerlo. Jeremy Waldron.

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I. INTRODUCCIÓN

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Nuestra Constitución actual fue aprobada el 11 de enero de 1982 y entró en vigencia el 20 de enero de ese mismo año. En teoría, con la adopción de esta nueva Carta Magna se marcó el comienzo del retorno a la democracia y el fin de décadas de golpes de Estado que propiciaron la instauración de regímenes militares y de gobiernos autoritarios. Como toda nueva Constitución, la de 1982 surgió de una Asamblea Nacional Constituyente (en adelante ANC) que se instaló en abril de 1980 y que posteriormente convocó a elecciones generales en noviembre de 1981 para elegir a las máximas autoridades del país. En este punto es importante destacar que las constituciones son pactos sociales que resultan del consenso de todos los sectores de la sociedad, no obstante, la forma en que fue adoptada la Constitución de 1982 dista de las características de un verdadero contrato social en el sentido clásico del término, debido a que no fue el resultado de un auténtico consenso nacional. De esta manera, en la ANC de 1980 no estuvieron representados todos los sectores de la población hondureña, sino que sólo estuvo conformada por aquellos grupos vinculados a las altas esferas del poder económico, empresarial, religioso y militar del país, y por eso, nuestra Constitución actual, en vez de ser el producto de un genuino pacto social, es un acuerdo entre los militares y los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, cuyo objetivo no era romper con el pasado sino mantener sus privilegios a toda costa. Por tanto, dicho proceso constituyente se realizó (a) sin que los ciudadanos y ciudadanas eligieran expresamente a sus representantes para la redacción de la nueva Constitución, y sobre todo, (b) sin que la ciudadanía tuviera la oportunidad de aprobar el texto constitucional a través de una consulta directa, los cuales son requisitos esenciales que exige una auténtica teoría democrática del poder constituyente. Pese a ello, no se puede desconocer que en la Constitución se incluyeron ciertos contenidos vinculantes que caracterizan al Estado hondureño como democrático y de derecho, y que por ende obligan a todos los poderes públicos a la construcción de una sociedad en la que el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos debería ser la columna vertebral de un nuevo orden social.

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Sin embargo, después de 27 años la realidad nos muestra que Honduras no ha avanzado en la construcción de una sociedad política, económica y socialmente justa, lo que en otras palabras implica que no se ha avanzado en la consolidación del Estado de derecho. Al contrario, en casi 3 décadas de democracia formal, algunas de las reformas en materia económica y jurídica sólo han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas. Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus deberes y funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política están a la orden del día; se sigue destruyendo el medio ambiente con la aquiescencia de los distintos gobiernos; se mantiene una sistemática violación de los derechos humanos de amplios sectores de la sociedad; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y en definitiva, se ha consolidado un desfase entre la promesa constitucional de crecimiento, bienestar, desarrollo humano, seguridad, estabilidad política y respeto de los derechos humanos, y el escenario de exclusión social y violencia en que vive una mayoría considerable de la población. Toda esta situación se ha agravado con el golpe de Estado cívico-militar del 28 de junio de este año en el sentido de significar el tiro de gracia a los incipientes avances democráticos que se habían logrado en 27 años; y la continuidad constitucional de elección de 7 gobiernos civiles a través del sufragio universal ha sido interrumpida abruptamente con la toma del poder por un gobierno de facto, cuyos principales protagonistas son los militares. Este golpe de Estado cívico-militar ha venido a desnudar completamente que pese a que la Constitución prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña con su constante transgresión al marco constitucional, ha -8-


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propiciado una crisis política, social, ética, económica y cultural histórica que reduce la seguridad del sistema democrático, y pone en evidencia que durante casi 3 décadas sólo han gobernado en función de sus propios intereses, y mostrando total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías. Esta grave crisis estructural es un claro síntoma del agotamiento del sistema actual, de su crisis de legitimidad y de gobernabilidad, y por ello es imperativo iniciar un proceso de refundación del país, de sus normas, de sus instituciones, de nuevas reglas democráticas que permitan una participación real y directa del pueblo en las decisiones jurídico-políticas y en los resultados medidos tanto en términos directamente económicos y sociales, como en reconocimiento de derechos y libertades. El primer paso para caminar hacia este nuevo proceso es la convocatoria y elección de una ANC que permita la elaboración de un nuevo proyecto político y jurídicoconstitucional, a partir del cual se comience a construir un modelo de sociedad y régimen político democrático, libre e igualitario donde estén garantizadas las condiciones para la plena realización de la dignidad de todos y todas las hondureñas. Pero antes de embarcarnos en un proceso tan importante como éste, es necesario lograr cierto grado de formación y concientización política sobre algunas cuestiones constitucionales esenciales que nos permitan responder a las preguntas fundamentales relacionadas con la configuración, el desarrollo y el papel de una ANC como una herramienta más para la construcción de un nuevo proyecto de país. Para ello, el presente documento pretende aportar elementos históricos, conceptuales y sustanciales para enriquecer el debate sobre el marco teórico-constitucional relativo a la ANC, y contribuir a fortalecer la concepción de que el ejercicio del poder constituyente es inherente a la soberanía del pueblo y por tanto, no puede ser restringido ni limitado por nadie, ni siquiera por quienes son simplemente representantes. En este sentido, este trabajo está dividido en tres partes: La primera desarrolla un breve recorrido histórico para analizar los momentos, las condiciones y las formas en que fueron realizadas algunas ANC en Honduras; la segunda analiza el marco conceptual sobre el poder constituyente y responde a varias preguntas que tratan de aclarar algunas dudas y

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confusiones teóricas al respecto; y finalmente, la tercera parte propone una serie de contenidos que en nuestra opinión debería incorporar una nueva Constitución de la República. Las cuestiones aquí planteadas son simples propuestas que esperamos puedan enriquecerse con otras opiniones, críticas, recomendaciones y observaciones, y sobre todo, deseamos que este documento se constituya en una herramienta más en el proceso de formación política que como pueblo debemos emprender con vistas a lograr una ANC representativa, democrática y participativa, y en donde el bien común y los intereses de las grandes mayorías inspiren un nuevo texto constitucional que sea el primer paso en el largo y difícil camino de refundación del país.

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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS A CONSIDERAR PARA UNA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

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Honduras atraviesa en la actualidad una de las crisis políticas de mayor preocupación para las elites políticas, en particular por el cuestionamiento del modelo de dominación de la oligarquía. Esta crisis es, a su vez, expresión de la crisis estructural del sistema capitalista en nuestro país, y tiene sus manifestaciones más importantes en el resquebrajamiento de la institucionalidad, la cual ha sufrido un colapso total como consecuencia del golpe de Estadomilitar del 28 de junio. Esta situación nos sitúa ante el rompimiento del orden constitucional y, en consecuencia, ante la necesidad de recomponer o sentar las bases de nuestro sistema democrático, siendo impostergable para ello avanzar hacia un proceso que culmine con la instalación de una ANC y la promulgación de una nueva Constitución. Caminar hacia el objetivo de una ANC requiere además de las fuerzas sociales comprometidas con dicho fin, conocer las circunstancias históricas en que se han desarrollado estos procesos. Para el caso, de 1956 al presente la sociedad hondureña ha padecido 4 golpes de Estado (1956,1963, 1972, 2009) y 2 cambios o relevos de gobiernos militares durante la dictadura militar de los años setenta (1975, 1978). En este período Honduras ha vivido 10 procesos electorales: 3 veces para procesos constituyentes y 7 veces para elecciones presidenciales, legislativas y municipales. En estos 53 años (de 1956 a 2009), la Fuerzas Armadas han detentando el poder real casi de manera interrumpida desde 1956 hasta 1990, permitiendo a los partidos políticos tradicionales un reducido margen de acción, bien como aliados incondicionales en los sucesivos golpes de estado y de gobiernos militares o bien como opositores de manera tolerada. Sin embargo, a partir de los años noventa se produce una desmilitarización de la vida institucional que se vio truncada por el violento golpe de Estado militar del 28 de junio del 2009, cerrándose así un período de aproximadamente 18 años en los cuales se hicieron esfuerzos por avanzar en la salvaguarda de un Estado de derecho y en la lucha contra la corrupción y la politización partidaria de las instituciones estatales. En lo que sigue, se desarrollarán a grandes rasgos los acontecimientos más sobresalientes acerca de las circunstancias relacionadas con los procesos constituyentes que se han realizado desde el año 1957 en Honduras.

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1. La dictadura de Julio Lozano Díaz y la Constituyente espuria de 1956. Finalizada la dictadura de Tiburcio Carias Andino (1933-1948), asumió el poder Juan Manuel Gálvez quien emprendió un programa de modernización estatal. Concluido su periodo de gobierno (1949-1954), fueron convocadas las elecciones para sustituirlo el 10 de octubre de 1954, las cuales ganó el Partido Liberal pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Debido a ello, la decisión de designar al Presidente de la República quedó en manos del Congreso Nacional pero antes de que lo hiciera, el 15 de noviembre de 1954 el presidente Gálvez se retiro de la presidencia aduciendo mal estado de salud y, en estas circunstancias, la presidencia fue asumida por el vicepresidente, Julio Lozano Díaz. Posteriormente, cuando el Congreso Nacional debía reunirse para designar al nuevo presidente (diciembre del 54), los diputados del Partido Nacional, que eran los que dominaban en su totalidad el legislativo, no se presentaron a las sesiones, rompiéndose de esta forma el orden constitucional por la imposibilidad de elegir al nuevo presidente. Frente a esta situación, Julio Lozano Díaz asumió la presidencia y se proclamo “Jefe Supremo” del Estado de Honduras, y disolvió el Congreso Nacional. Durante la dictadura de Julio Lozano Díaz, las nacientes expresiones del movimiento obrero y popular fueron duramente reprimidas. Sin embargo, ello no impidió el desarrollo de numerosas luchas, entre ellas, la toma del cuartel San Francisco, en Tegucigalpa por un grupo de estudiantes universitarios y de miembros del Partido Liberal. Pese a todas las manifestaciones que se oponían a la dictadura, Julio Lozano Díaz en el afán de legitimar su régimen convocó a elecciones de una ANC para el 7 de octubre de 1956. Las elecciones se realizaron en forma fraudulenta, lo que generó las condiciones para que las Fuerzas Armadas consumaran el 21 de octubre el primer golpe de Estado militar y despojaran del poder a Julio Lozano Díaz. De esta forma se inauguraba el expediente de los golpes de Estado en Honduras y al mismo tiempo la época de las dictaduras militares. Con este golpe de Estado las Fuerzas Armadas asumen de manera inobjetable el papel de árbitros o intermediarios del régimen político, del cual difícilmente podrían desentenderse en el futuro los obedientes partidos políticos tradicionales.

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2. La Asamblea Nacional Constituyente de 1957 y el gobierno de Villeda Morales. La Junta Militar que asumió el poder tras la caída de Julio Lozano Díaz convocó para septiembre de 1957 a elecciones para una ANC, en las cuales el Partido Liberal obtuvo una contundente victoria frente a su adversario el Partido Nacional. Desafortunadamente, en lugar de aprovechar este triunfo para desmilitarizar las instituciones, los liberales con Villeda Morales a la cabeza pactaron concederle a las Fuerzas Armadas un estatuto de Autonomía en la nueva Constitución, a cambio de que estas apoyaran la elección de Ramón Villeda Morales como Presidente de la República. Este acuerdo dio como resultado que “pajarito” fuera electo por la ANC sin someterse a elecciones de primer grado. Esta condición de autonomía, le permitió a las Fuerzas Armadas discrepar de las decisiones del presidente y se tradujo en una dualidad de poder que allanó el camino para la militarización de la sociedad y para futuras experiencias golpistas. La administración de Villeda Morales recorrió una senda llena contradicciones y de ambigüedades, ya que pese a haber asumido un compromiso con la reforma agraria, la modernización estatal y de la economía, políticas en las que tuvo algunas actuaciones favorables, también asumió compromisos con la visión anticomunista y contrainsurgente que le marcaban los Estados Unidos. Al final, la intransigencia de la oligarquía, especialmente de los terratenientes y de las compañías bananeras, fue el muro de contención a los intentos de reforma agraria que pretendía afectar los grandes latifundios. Cuando apenas faltaba un mes para que concluyera el periodo de gobierno de Villeda Morales, los militares, con Oswaldo López Arellano a la cabeza, perpetraron el 3 de octubre de 1963 un cruento y sangriento golpe de Estado, con el cual se ponía fin al proceso de reformas que se había iniciado. En esta ocasión, el presidente Villeda Morales fue exiliado a Costa Rica por las Fuerzas Armadas. Este golpe de Estado se inscribió en la línea norteamericana de la Alianza para el Progreso y el discurso anticomunista, orientado a frenar las organizaciones campesinas y de la clase obrera que se extendían en la costa norte, y en la aplicación de medidas de “guerra preventiva” para no permitir el surgimiento de otra Cuba en el continente.

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A pesar de lo duro de la represión que sobrevino al golpe de Estado, en los primeros meses sucedieron múltiples reacciones en contra de los golpistas y para oponerse a la represión; entre estas expresiones se cuentan alianzas entre liberales y comunistas, organizándose el Movimiento Integrado de Liberación (MIL), el Frente de Acción Popular (FAP), el Directorio Revolucionario, y otros, no obstante la represión desarticuló estos esfuerzos culminando esta etapa con la masacre de El Jute, el 30 de abril de 1965, en donde murió Lorenzo Zelaya, máximo dirigente de la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH) Con el golpe del 63 se instaló una dictadura que se mantuvo en el poder por 8 años (1963-1971). Este régimen autoritario cumplió a cabalidad su cometido de desarticular mediante la represión las organizaciones obreras, campesinas y profesionales que se venían desarrollando desde la huelga del 54, y aseguró evitar la realización del evento electoral próximo a realizarse, en el cual se pronosticaba una segunda victoria para el Partido Liberal, con la candidatura de Modesto Rodas Alvarado. En búsqueda de la legitimación del golpe de Estado, el régimen de López Arellano convocó en 1965 a una ANC, la cual estuvo controlada desde el inicio hasta el final por las Fuerzas Armadas y el Partido Nacional, aliado indiscutible de los militares en el sostenimiento del gobierno de facto. Posteriormente, Oswaldo López Arellano buscó legalizar su régimen mediante elecciones amañadas, con el objetivo de convertirse, en apariencia, en presidente constitucional. Para el logro de su objetivo fue respaldado por sus aliados dentro del Partido Nacional quienes decidieron elegirlo como presidente en elecciones de segundo grado en la ANC. Al terminar López Arellano su período “presidencial”, en 1971 se dieron nuevas elecciones que fueron ganadas por el candidato nacionalista Ramón Ernesto Cruz, un Presidente con débil liderazgo que hizo un gobierno de “Unidad Nacional” entre liberales y nacionalistas, con resultados funestos en términos de elevados niveles de corrupción. Este gobierno duró solamente un año, pues Oswaldo López Arellano dio una nueva asonada el 4 de diciembre de 1972, retomando el poder del país mediante otro golpe de Estado, aprovechando que seguía siendo el Jefe de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión recibió el apoyo de sectores populares por su propuesta de reformas.

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Este nuevo golpe ocurre en el espacio político abierto desde 1969 después de la guerra entre Honduras y El Salvador, lo que despertó un movimiento de contenido nacionalista, de identidad y de soberanía, y permitió que se alentara la unidad ante la agresión externa; en este marco las expresiones del movimiento popular aprovecharon los espacios políticos que se abrían para reorganizarse y fortalecer sus expresiones de lucha. El 22 de abril de 1975, el General Juan Alberto Melgar ejecutó un nuevo golpe de Estado aprovechando el debilitamiento del régimen de López Arellano debido al escándalo del “Bananagate” en el que se vio involucrado su ministro Abraham Benathon Ramos. El país se sumergió por casi dos décadas en regímenes de facto, y Melgar Castro intentó legitimarse con otras elecciones “al estilo Honduras” que no pudo realizar porque sufrió un golpe de Estado o de “barracas” el 7 de agosto de 1978 por parte de una Junta militar conformada por Policarpo Paz García, Domingo Álvarez Cruz y Amílcar Zelaya Rodríguez.

3. La Constituyente de 1981 y las posibilidades de la democracia. Para el año de 1979 la economía hondureña se había desplomado y como consecuencia, los gobiernos militares estaban desgatados políticamente ya que, entre otras cosas, abandonaron el programa de reformas impulsado por ellos mismos en 1972 y se vieron envueltos en escándalos de corrupción, sobornos y tráfico de drogas. En este sentido, el deterioro económico de las grandes mayorías y el rígido control político represivo sobre los movimientos populares aconsejaba a la oligarquía, por la experiencia de sus vecinos de la región, darle un nuevo rostro al poder político y de esta forma proyectar una imagen de cambios “democráticos” para salir al paso y desarticular legalmente cualquier intento de lucha popular y revolucionaria en el país. Esta estrategia coincidía perfectamente con la maniobra de Estados Unidos de convertir a Honduras en una retaguardia para la lucha contrainsurgente en Centroamérica. La Junta Militar presidida por el general Policarpo Paz García convocó a elecciones generales de diputados para una ANC. El 20 de abril de 1980 se verificaron elecciones para integrar dicha asamblea, a la cual se le encargó la redacción y aprobación de una nueva Constitución y el aparente restablecimiento del régimen constitucional en Honduras. -16-


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El resultado de las elecciones de 1980 otorgó a los partidos tradicionales Liberal y Nacional un control absoluto de la ANC, ya que los primeros lograron 35 diputados y los segundos 33, y el PINU apenas 3 diputados. No obstante, en una actitud de sometimiento a la égida militar, la ANC decidió unánimemente nombrar al general Policarpo Paz García presidente provisional, contrariando el supuesto proceso de desmantelamiento de la dictadura militar y evidenciando el sometimiento permanente de los gobiernos civiles a las Fuerzas Armadas. En noviembre de 1981 se realizaron las elecciones generales en las que el Partido Liberal salió triunfador con la candidatura de Roberto Suazo Córdova. Un año después, éste nombraría en la jefatura de las Fuerzas Armadas al coronel Gustavo Álvarez Martínez quien recrudeció la represión de que era objeto el movimiento popular desde 1980, en particular los asesinatos políticos y las desapariciones, al tiempo que se descabezaba y dividía a las organizaciones populares. Es esta la época de la guerra sucia como parte de la estrategia contrainsurgente estadounidense orientada a reducir a su mínima expresión al movimiento popular y a destruir las nacientes organizaciones revolucionarias en el país, para así mediatizar la oposición al proyecto de hacer de Honduras su base contrarrevolucionaria en la región. Es importante resaltar que bajo la jefatura del coronel Álvarez Martínez como comandante de las Fuerzas Armadas se fortalecieron los escuadrones de la muerte, en particular, el “Batallón 3-16”, responsable de las desapariciones y asesinatos políticos en el país. Años después, Álvarez Martínez es depuesto del cargo por sus mismos compañeros de armas, pero quienes le sustituyen en la Jefatura de la institución castrense continúan hasta finales de la década de los 80 con las directrices de la Política de Seguridad Nacional y con la misión de “custodiar la democracia” y, de gendarmes de los gobiernos civiles. En otros términos, durante toda la década de los 80 se materializó una forma de democracia restringida con una cúpula militar deliberante y beligerante.

4. El Golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente. A finales de la década de los 80 y coincidiendo con los últimos destellos de la guerra fría, se abre en el país la coyuntura para retomar las políticas de modernización estatal. Es -17-


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así que a partir de la década de los 90 y en el marco de los acuerdos de paz encaminados a poner fin a los conflictos armados en Centroamérica, se dan ciertos cambios normativos e institucionales importantes que en teoría redundaría en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Honduras, tales como, la creación del Ministerio Publico y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la institucionalización de la policía como ente separado de la estructura militar; la aprobación de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; la legalización del Partido Unificación Democrática como espacio político de la izquierda hondureña; y la reforma constitucional para la organización y elección de los magistrados de la desprestigiada y cuestionada Corte Suprema de Justicia; entre otras cosas. En materia económica, los gobiernos elegidos entre 1990 y 2006 (Callejas, Reina, Flores Facussé y Maduro) acentuaron la distancia entre una débil economía de subsistencia en el interior del país para una población con el 80% de pobres, con el 30% de desempleo, y con una tasa de analfabetismo del 40%; y por otro lado una economía muy dinámica hacia el exterior, dominada por empresas extranjeras de agro exportación, banca y finanzas, minería y maquila. En estos años Honduras experimentó un notable crecimiento económico, pero sin que el mismo se reflejara significativamente en las clases medias y bajas, lo que en otras palabras implica que no se produjo nunca el anunciado “goteo” pregonado por los defensores del modelo neoliberal de la economía. En las elecciones generales del 2005, José Manuel Zelaya Rosales, candidato del Partido Liberal de centro-derecha, ganó las elecciones generales con una diferencia de aproximadamente el 5% de los votos emitidos, superando a su inmediato perseguidor, Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional. Estas elecciones se vieron empañadas por el abstencionismo y la disputa por el resultado final, ya que el Partido Nacional reclamaba haber obtenido la mayoría de los votos.

Cuando comenzó su mandato “Mel” Zelaya se vio beneficiado por los fondos de la “Cuenta del Milenio” y por la condonación de la deuda externa, pero el país continuaba siendo, después de Haití y Nicaragua, el más empobrecido del continente. Ante la dura realidad de necesitar importar petróleo para hacer funcionar la economía, más el riego de volver a la espiral del endeudamiento y el recorte de los programas sociales que le demandaban los organismos de crédito internacional, Zelaya empieza a dirimir sus primeras -18-


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discordias con la oligarquía, que aliada con las compañías transnacionales controlaba la importación y comercialización de los derivados del petróleo.

Simultáneamente, Venezuela impulsaba con bastante empeño el mecanismo de PETROCARIBE, una iniciativa de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) a través de la cual el petróleo venezolano era vendido a un precio justo y con muchas facilidades de pago a los países caribeños que no podían permitirse importarlo a precio del mercado capitalista. En estas condiciones la administración de Zelaya decidió ser parte de esta iniciativa para poder pagar el petróleo a un 40% más barato de su precio real y pagar la mitad de lo que comprase a un 1% de interés a 25 años con opción de pagarlo invirtiendo el dinero en programas sociales.

Más adelante Zelaya tomó medidas orientadas a favorecer a los sectores más pobres, tales como, la reducción de la tasa de interés en el pago de la vivienda, la disminución de la tarifa de energía eléctrica a la población de menores ingresos, el pago de bonos para los escolares y las madres solteras, el bono agrícola para pequeños productores, la merienda escolar, etc. Este compromiso social con los “mas pobres” tuvo su última expresión en el aumento del salario mínimo en un 60%, lo que desencadenó la radicalización de la oposición oligárquica, nucleada en los partidos políticos tradicionales y la empresa privada y, además, manifestada de forma sistemática a través de los grandes medios de comunicación que de manera ininterrumpida montaron un campaña mediática para erosionar y desestabilizar el gobierno de Manuel Zelaya.

Estas acciones tildadas de populistas por la oligarquía, eran para ellos la señal de que el presidente Zelaya estaba inclinándose a la izquierda; sumado a ello, veían con preocupación los puentes que esta administración tendía hacia las organizaciones populares históricamente vinculadas al movimiento de izquierda en Honduras. Pero lo que alarmó a los sectores conservadores nacionales y norteamericanos fue, en definitiva, la incorporación de nuestro país al ALBA. Por otra parte, los planes de Zelaya para construir un aeropuerto comercial en la base militar norteamericana de Comayagua fueron interpretados como una amenaza para el desmantelamiento de este enclave militar, y finalmente, lo que incitó a cerrar filas contra Zelaya de parte de la oligarquía y sus aliados en Washington, fue el -19-


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proyecto de convocar al pueblo a una consulta en una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009, como paso previo para la convocatoria de una ANC y la promulgación de una nueva Constitución para organizar la resquebrajada institucionalidad en Honduras.

En esta situación de por si compleja, y en una correlación de fuerzas que sumaba aliados al bloque del presidente Zelaya, el Pentágono y la derecha hondureña decidieron ejecutar un golpe técnico de carácter cívico-militar para interrumpir el mandato del presidente. En este esquema ideado en Washington, los poderes Legislativo y Judicial junto a las Fuerzas Armadas asumen los roles estelares en el golpe de Estado del 28 de junio. De esta forma la oligarquía frenaba el intento zelayista orientado a la recomposición del campo de fuerzas políticas en el país y contragolpeaba a las organizaciones del movimiento popular que aprovechando la coyuntura política crecían en lo organizativo y político. Por su parte, el Pentágono fortalecía sus pociones en Honduras para su contraofensiva a las democracias de América del sur.

Consumado el golpe de Estado el 28 de junio, las organizaciones populares y amplios sectores de la ciudadanía se apoderan de las calles y desarrollan un fuerte y combativo movimiento social y político por el restablecimiento del orden constitucional y por la restitución en la presidencia de Manuel Zelaya; como espacio aglutinador de todas estas luchas surge el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNRCGE), en cuyas jornadas de lucha lo que sobresale es su conformación unitaria, el carácter masivo de las mismas y su permanencia en el tiempo, a tal punto de realizar de manera ininterrumpida movilizaciones por más de 100 días.

La respuesta del gobierno de facto ha sido una creciente represión y la consiguiente violación de los derechos humanos del pueblo en resistencia, lo cual se ha traducido en más de una decena de asesinatos, miles de detenciones ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, persecución política, entre otros. Pero en medio del asedio y la permanente restricción de derechos y libertades los esfuerzos por el retorno a la democracia han continuado sin tregua a la vez que el Frente Nacional de Resistencia ha asumido como objetivo estratégico la creación de una amplia alianza popular para lograr la instalación de una nueva ANC. -20-


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5. Conclusiones. Los apuntes antes descritos, aun cuando sean en apretada síntesis, nos llevan a considerar las conclusiones siguientes acerca de este medio siglo de historia política: a) Los partidos tradicionales han demostrado no contar con un proyecto político nacional para el país y han apoyado de forma directa o complaciente los sucesivos golpes de Estado desde 1954 a la fecha. b) Los golpes de Estado y las subsecuentes dictaduras militares retratan de cuerpo entero la incapacidad de los partidos políticos Liberal y Nacional, para asumir por si mismos las riendas del aparato gubernamental, del mismo modo su sometimiento a las políticas norteamericanas. En esta lógica, es innegable el agotamiento histórico de estos partidos políticos, como también lo es la necesidad de construir un movimiento político capaz de impulsar un proyecto de país liderado por nuevas fuerzas sociales, construido desde la base y estructurado de tal forma que pueda convertirse en gobierno y de modificar las bases del actual Estado oligárquico pro norteamericano. c) Los golpes de Estado que se han ejecutado (1956, 1963, 1972, 2009) y los cambios militares de gobierno ocurridos bajo la modalidad de “golpes de barracas” (1975, 1978), ocurrieron en momentos de ascenso y de apertura de los espacios políticos para las organizaciones del movimiento popular. Con excepción del golpe de Estado del 72, estos espacios se cerraron con cada uno de estos gobiernos de facto, sobreviniendo a cada uno de ellos periodos de dura represión, encaminados a desarticular, cooptar y dividir estas estructuras. d) El “regreso a la democracia” en los años 1981-1982 bajo un gobierno civil se produce en un momento de auge de las luchas populares y como parte del reacomodo de la estrategia norteamericana en su visión contrainsurgente en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Este cambio busca enmascarar bajo un rostro aparentemente democrático la represión contra las organizaciones populares y de la izquierda, las cuales son duramente golpeadas con el fin de reducir al mínimo la oposición de convertir a Honduras en la retaguardia de los esfuerzos guerreristas de

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Washington en la región centroamericana. En este contexto se desarrolla durante la década de los 80 la política de los desaparecidos y de los asesinatos políticos. e) Ha sido una constante que la elección y conformación de las ANC (1957, 1965, 1981) se han realizado como consecuencia de golpes de Estado y organizadas y controladas de manera significativa por los militares. Del mismo modo, estos esfuerzos constituyentes han contado únicamente con la participación de los partidos políticos tradicionales quienes se han repartido los diputados constituyentes que las han conformado, con excepción de la de 1981 en donde el PINU obtuvo minoritariamente 3 diputados. f) Los procesos formales para la elección de estas ANC no se han realizado como consecuencia de dinámicas sociales y políticas que reclamen una reorganización de la institucionalidad democrática, por el contrario, con estos procesos se ha pretendido legalizar los golpes de Estado o crear condiciones para frenar o debilitar las organizaciones populares en el desarrollo de sus luchas. g) En los distintos procesos constituyentes desarrollados no han tenido participación la ciudadanía a través de sus organizaciones, además como acto recurrente, se han convertido en expresión del reparto político partidario de liberales y nacionalistas, tanto de diputados “constituyentes” como de cargos en los futuros gobiernos. h) Los textos constitucionales que se han aprobado en estas ANC no han sido conocidos previamente por los sectores populares, vedándoles la posibilidad de discutir sobre esos contenidos, así como de proponer artículos o disposiciones; a su vez, las constituciones aprobadas nunca fueron sometidas a ningún mecanismo de referéndum que permitan reflejar realmente las aspiraciones o expectativas políticas de la mayoría del pueblo hondureño. i) En este medio siglo recorrido (1956-2009) por primera vez empiezan a darse las condiciones, en términos políticos y de realidad histórica determinada, para discutir y emprender un proceso por una verdadera ANC a la cual confiarle las tareas de idear o definir una institucionalidad que refleje un proyecto de país de amplia participación y de un Estado democrático de derecho.

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III. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE EN HONDURAS

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El breve recorrido histórico realizado anteriormente nos confirma que todos los procesos constituyentes realizados en Honduras no cumplieron con dos requisitos esenciales que exige una auténtica teoría democrática del poder constituyente, es decir, (a) que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir expresamente a sus representantes para la redacción de las nuevas constituciones políticas y (b) que tengan la oportunidad de aprobar los textos constitucionales mediante consultas directas. Así las cosas, todas las constituciones surgidas de los procesos constituyentes en Honduras, incluida la vigente Constitución de 1982, distan mucho de las características de verdaderos pactos sociales productos del consenso de todos los sectores de la sociedad, ya que en la elaboración y aprobación de las mismas sólo participaron los grupos vinculados a las altas esferas del poder económico, empresarial, religioso y militar del país, mientras la mayoría de la sociedad hondureña quedó marginada de dicho proceso. Bajo estos parámetros, la vigente Constitución hondureña nació con un defecto genético pero aún así se debe reconocer que aunque no fue adoptada por sus redactores con la intención de romper con el pasado e iniciar el camino hacia un nuevo orden social, ella representa un avance en tanto declara formalmente que Honduras es un Estado de derecho y señala el camino para la (re)construcción de la sociedad basándose en el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, 3 décadas de democracia formal bajo la Constitución de 1982 arrojan un balance poco satisfactorio ya que los mismos actores que la redactaron se han encargado de ignorarla, de interpretarla y reformarla de acuerdo con sus intereses, y en consecuencia, de deslegitimarla, con lo cual no sólo han mostrado su incapacidad y desprecio por los intereses de la sociedad en su conjunto, sino también por la legalidad, los valores democráticos y los postulados del Estado de derecho. El golpe de Estado del 28 de junio ha sido el tiro de gracia para nuestra incipiente democracia y es una manifestación de la crisis de legitimidad y de gobernabilidad que hemos venido arrastrando por años, y que ha dañado seriamente el tejido social. Superar esta etapa de crisis profunda requiere de un gran consenso nacional que sólo puede realizarse en el marco de una ANC inclusiva y verdaderamente participativa.

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Sobre esta base, en este apartado se abordará el marco teórico-constitucional que nos permitirá derribar ciertos mitos sobre la supuesta imposibilidad legal de convocar a una ANC en Honduras y nos facilitará algunas herramientas conceptuales y jurídicas para fortalecer la lucha política y social por la refundación del país y de sus instituciones.

1. ¿Qué es una Constitución? La Constitución es un conjunto de normas que regulan el gobierno de un país y que establecen el diseño de cómo idealmente debe funcionar nuestra sociedad. Aunque la Constitución es la ley más importante de la nación, no contiene todo lo relacionado con el funcionamiento de la sociedad y el Estado ya que solamente establece las líneas generales a seguir. Por eso, las leyes se dividen en ley fundamental, es decir, la Constitución, y las leyes secundarias, es decir, aquellas leyes que concretan y detallan las líneas generales que da la Constitución. Así, nuestra Carta Magna habla de forma general de la familia, del trabajo, de los derechos de la niñez, de los delitos y las penas, etc., y algunas leyes secundarias como el Código de Familia, el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Penal, etc., detallan lo que dice la Constitución sobre estos temas. Es importante recordar que todas estas leyes, por ser secundarias, no pueden indicar algo que esté contra lo que dice la Constitución como ley fundamental.

2. ¿Qué tipo de Constitución es la nuestra? En términos generales podemos decir que hay dos tipos de constituciones: Las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. La diferencia entre estos dos tipos de constituciones es que una Constitución es rígida cuando: a) Es escrita. b) Está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria (leyes secundarias), en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas o modificadas si

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no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional mucho más complejo que el procedimiento de formación de leyes. c) Contiene principios constitucionales que no pueden ser modificados en modo alguno. Al analizar la Constitución hondureña podemos observar que cumple con estas 3 características, y por ello, puede considerarse una Constitución rígida. En primer lugar, es escrita y consta de 378 artículos; en segundo lugar, la mayoría de sus normas sólo puede ser modificada en sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con dos votos de la totalidad de sus miembros y ratificada por la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos (art. 373). La finalidad de este procedimiento especial es reforzar las normas constitucionales para evitar que sean reformadas a través del procedimiento ordinario de formación, sanción y promulgación de las leyes secundarias (arts. 213-221). Y en tercer lugar, nuestra Constitución contiene unos principios y cláusulas pétreas que no pueden ser modificadas ni por el procedimiento especial ni por el procedimiento ordinario.

3. ¿Cuáles son las cláusulas pétreas establecidas en nuestra Constitución? Este tipo de cláusulas se encuentran expresamente formuladas o meramente implícitas. Las cláusulas expresamente formuladas son: a) El procedimiento mismo de revisión o reforma constitucional (art. 373). b) El artículo que contiene las cláusulas pétreas (art. 374). c) Los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno (arts. 4 y 5). d) Los artículos que se refieren al territorio nacional (arts. 9-14). e) El artículo que se refiere al período presidencial (art. 237).

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f) El artículo que se refiere a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República (art. 239). g) Los artículos que se refieren a quienes no pueden ser Presidente de la República por el período subsiguiente (art. 240). Las cláusulas meramente implícitas son: a) Los artículos que se refieren a las declaraciones, derechos y garantías (arts. 59-183), en virtud de que el artículo 64 constitucional establece que no se pueden aplicar “leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.

4. ¿La existencia de cláusulas pétreas implica que no puede cambiarse la Constitución? Todas las constituciones del mundo al ser pactos sociales elaborados por los pueblos pueden modificarse a través de reformas que pueden ser parciales o totales. Una reforma parcial puede ser hecha por el Congreso Nacional; una reforma total, que implica prácticamente la elaboración de una nueva Constitución, sólo puede ser realizada por una ANC. En cuanto a las reformas parciales, nuestra Constitución de 1982 permite la modificación de cualquiera de sus normas con excepción de las cláusulas pétreas establecidas expresamente e implícitamente en los artículos 374 y 64 (arts. 59-183), respectivamente. Con respecto a las reformas totales, aunque la Constitución guarda silencio expreso sobre la habilitación para la convocatoria de una ANC, el pueblo hondureño en virtud del principio de soberanía popular puede decidir sobre la pertinencia o no de darse una nueva ley fundamental que responda a la realidad y a las necesidades actuales.

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5. ¿Qué implicaciones tiene el principio de soberanía popular en relación con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? El artículo 2 constitucional establece que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. De su lectura se desprende que la Constitución reconoce dos tipos de poderes democráticos: a) El poder constituyente, ya que la soberanía corresponde al pueblo, y por tanto, su titularidad corresponde al pueblo hondureño. El objetivo de este poder es constituir al Estado y su ordenamiento político-jurídico para lo cual instaura órganos, procesos, garantías y principios que permitan ejercer el poder que el pueblo delega. b) El poder constituido, ya que de la soberanía popular emanan todos los poderes del Estado. Estos poderes y sus funciones (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo) son constituidos por el poder constituyente con el objetivo de que hagan el ejercicio cotidiano del poder soberano que el pueblo les delega de cara a la administración de la cosa pública. A diferencia del poder constituido, el poder constituyente es: a) Extraordinario porque sólo se manifiesta en circunstancias excepcionales. b) Es directo porque proviene directamente de la voluntad popular. c) Es supremo porque está por encima de los demás poderes que va a constituir. d) Es originario porque no hay otro poder anterior a él. e) Es soberano porque a través de esta potestad el pueblo puede establecer lo que más le convenga. f) Es incondicionado porque establece su ordenamiento jurídico de la manera que el pueblo considere oportuno. g) Es relativamente ilimitado porque la única limitación que tiene es el respeto de los derechos humanos como valores anteriores y superiores al poder del Estado.

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6. ¿Qué tipo de reformas puede hacer el poder constituido? El poder constituido, mediante los poderes del Estado, especialmente el Congreso Nacional, actúa cuando la modificación que se desea introducir en la Constitución no implica un cambio sustancial del texto vigente; en otras palabras el poder constituido puede realizar reformas parciales de la Constitución, con excepción de las cláusulas pétreas expresas e implícitas que mencionamos anteriormente. Así, el poder constituido puede realizar reformas (a) innovadoras, que son las que introducen o suprimen elementos que no existían o que desparecen de la Constitución para dar lugar a un tipo de institución verdaderamente original dentro del sistema constitucional; (b) actualizadoras de una institución, cuyo objetivo es, bien reforzar o renovar el carácter de una institución ya existente, o bien eliminarle elementos que ya no tienen razón de ser; (c) actualizadoras del texto, que tienen por objeto hacer corresponder el supuesto normativo con la realidad imperante; (d) explicativas, cuyo fin es explicitar el alcance y contenido de la norma y que generalmente se contentan con decir algo, que de otro modo ya estaba expresado en la Constitución; (e) correctivas, que son aquellas que o bien pretenden enmendar las deficientes expresiones o modificar la colocación de los artículos sin alterar su contenido.

7. ¿Qué tipo de reformas puede hacer el poder constituyente? Al poder constituyente le corresponde no sólo la potestad de dictar la primera Constitución, sino también la facultad de cambiar la Constitución vigente, siempre y cuando la modificación o cambio implique la puesta en vigor de un sentido político sustancialmente distinto; en otras palabras, el poder constituyente mediante la convocatoria y elección de una ANC puede reformar totalmente la Constitución, elaborar una nueva y someterla a consulta y aprobación del pueblo a través de mecanismos directos de participación, como por ejemplo, el referéndum o el plebiscito constitucional. Bajo estos parámetros, la ANC es el espacio donde se manifiesta o se institucionaliza el poder constituyente y consiste en un organismo colegiado, temporal, representativo, democrático y participativo cuya función principal es elaborar la Constitución política de un -29-


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Estado. Como expresión máxima de la soberanía popular tiene plenos poderes para elaborar la ley fundamental del Estado y en este sentido, se constituye en un mecanismo pacífico, participativo y democrático de transformación de la realidad política, social y económica de un país.

8. ¿Cuál es la diferencia entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso Nacional? La diferencia radica en que el Congreso Nacional elabora y aprueba leyes y normas basándose en la Constitución existente o realiza reformas a la misma dentro de ese marco constitucional; mientras que la ANC crea una nueva Constitución y toma las primeras decisiones para refundar el Estado.

9. ¿Qué dice la Constitución de 1982 sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? Hay pueblos que incorporan en sus constituciones las vías jurídicas destinadas a reformarlas totalmente o a sustituirlas por otras nuevas; con ello pretenden facilitar a cada generación la posibilidad de revisar el orden constitucional e impedir que la generación actual vincule de una vez y para siempre a las futuras generaciones con una Constitución. Inversamente, hay constituciones como la de Honduras que sólo contempla las reformas parciales y no prevé expresamente los mecanismos para su reforma total. En este sentido, nuestra Constitución guarda silencio sobre la convocatoria a una ANC pero ello no implica que el texto constitucional prohíba iniciar un proceso de este tipo, ya que de ser así, estaría contrariando uno de los pilares fundamentales de toda teoría constituyente, es decir, la soberanía popular entendida como un valor que pertenece al pueblo y que nadie más que él, ni siquiera sus representantes pueden legítimamente apropiarse de ella. Por tanto, sería una contradicción en términos democráticos que la ANC de 1980 tuviera la facultad de limitar perpetuamente a las futuras manifestaciones del poder

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constituyente, convirtiendo a la Constitución actual en eterna y sólo modificable parcialmente por los poderes constituidos. Si el poder constituyente reside siempre en el pueblo del que nunca puede ser enajenado, entonces éste tiene el derecho de cambiar la Constitución en el momento que considere que sus disposiciones ya no son congruentes con la realidad. Bajo estos parámetros, todas las restricciones y prohibiciones que puedan existir en la Constitución de 1982 están dirigidas a delimitar el actuar de los poderes constituidos, definiendo lo que pueden y no pueden hacer en el ámbito de sus facultades y funciones.

10. ¿A quién está dirigida la prohibición de reformar las cláusulas pétreas? Ya hemos apuntado que los artículos 64 y 374 constitucional establecen la existencia implícita y expresa de cláusulas pétreas que no pueden reformarse de ningún modo; esta prohibición no está dirigida al poder constituyente que es soberano, sino a los poderes constituidos, quienes en el ejercicio de sus facultades de reforma parcial de la Constitución pueden modificar cualquiera de sus disposiciones menos las consagradas en tales artículos. Por tanto, las cláusulas pétreas operan contra los poderes constituidos y no contra el pueblo en el ejercicio del poder constituyente, ya que es el titular de la soberanía establecida en el artículo 2 de la Constitución de la República y el único facultado para realizar reformas totales a la misma. En un sentido estrictamente jurídico, lo que se trata de evitar es que el poder constituido se transforme en poder constituyente, ya que en ningún caso puede realizar reformas que modifiquen los principios supremos de la Constitución vigente, muchos de ellos contenidos en las cláusulas pétreas, los cuales, por su importancia fueron sustraídos de su competencia y de su facultad reformadora.

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11. ¿Qué implicaciones tiene la prohibición de modificar o derogar la Constitución? El artículo 375 establece que la Constitución de 1982 “no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella misma dispone”. Esta disposición contiene dos prohibiciones dirigidas a los poderes constituidos, la primera relativa a su falta de legitimidad y potestad para realizar reformas totales a la Constitución, ya que esta facultad sólo le corresponde al poder constituyente; y la segunda, referida a su capacidad reformadora, limitada a llevar a cabo modificaciones parciales de la ley fundamental únicamente a través de los mecanismos siguientes: a) El procedimiento especial que exige aprobar cualquier reforma en sesiones ordinarias y con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, señalando detalladamente el objeto de la misma y debiendo ratificarse por la siguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia (art. 373). b) El referéndum que ha de convocarse, entre otras cosas, sobre una norma constitucional o su reforma aprobadas para su ratificación o desaprobación por la ciudadanía (art. 5). c) El plebiscito que puede convocarse para solicitar a la ciudadanía que se pronuncie sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos acerca de los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa (art. 5). d) Otras consultas populares como la de iniciativa ciudadana consagrada en la Ley de Participación Ciudadana, destinada a solicitar a cualquier poder del Estado que convoque a la ciudadanía en general para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten (art. 5) . Es importante resaltar que el artículo 5 constitucional ratifica la rigidez de la ley fundamental hondureña en el sentido de prohibir que los poderes constituidos utilicen la figura del referéndum y del plebiscito para modificar el artículo 374. Inversamente, todas estas prohibiciones no están dirigidas a limitar al poder constituyente, ya que aunque la Constitución de 1982 no contempla expresamente los mecanismos para habilitar el llamado -32-


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a una ANC, el pueblo soberano como titular de dicho poder está facultado para manifestarlo cuando lo considere oportuno. Argumentar lo contrario sería caer en el error de pretender que nuestra Constitución es eterna y que debe permanecer vigente aunque cambien radicalmente los actores y las condiciones de nuestra realidad social, política, económica, ambiental y social, sin que el pueblo, teóricamente soberano, pueda decidir sobre la pertinencia de dotarse de un nuevo marco jurídico-constitucional e institucional. Finalmente, se debe tener presente que la primera exigencia del sistema constitucional es adecuar la realidad jurídica a la realidad política, ya que la ley fundamental regula una realidad que está en constante cambio y por ende, si la constitucionalidad de un país se mantiene estática, se produciría un distanciamiento peligroso entre la normativa constitucional y la vida política real.

12. Si la Constitución de 1982 guarda silencio sobre su reforma total, ¿qué vías de participación pueden abrirse para que el pueblo hondureño manifieste su poder constituyente? Hemos argumentado que el poder constituyente tiene la facultad de reformar totalmente la Constitución o sustituirla por otra y que las prohibiciones de modificación o derogación sólo operan contra los poderes constituidos como límites a su capacidad reformadora en términos parciales. La Constitución de 1982 no prohíbe ni puede prohibir que el poder constituyente se manifieste a través de una ANC, ya que éste es libre, soberano e ilimitado desde el punto de vista jurídico positivo; lo que la ley fundamental hondureña no prevé son los mecanismos para llevarla a cabo, al contario de las reformas parciales que sí contempla los procedimientos que debe seguir el poder constituido para realizarlas. Frente a ello, la falta expresa del procedimiento para habilitar la convocatoria se puede resolver a través del concepto de soberanía establecido en el artículo 2 constitucional en tanto que si el titular de la soberanía que es el pueblo expresa su voluntad de ser

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consultado sobre la pertinencia de convocar o no a una ANC, entonces los poderes constituidos tienen la obligación de hacerlo. Aunque se podrían pensar otras vías para materializar la consulta, es posible vislumbrar algunos caminos, dentro de la legalidad y legitimidad del ordenamiento jurídico vigente, para lograr que la voluntad soberana del pueblo hondureño se manifieste al respecto: a) Que el Congreso Nacional como poder constituido, reforme parcialmente la Constitución para introducir en ella una nueva disposición que prevea la posibilidad de convocar una ANC. Evidentemente, el parlamento debe aprobar esta reforma de conformidad con lo establecido en el artículo 373. b) Que el 6% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral soliciten al Congreso Nacional admitir, discutir y aprobar con las dos terceras partes de sus miembros, la emisión de un decreto que regule la realización de una consulta popular vía referéndum o plebiscito acerca de la convocatoria a una ANC. c) Que el 6% de los ciudadanos o cualquier grupo social organizado solicite a los poderes públicos pertinentes que llamen a la ciudadanía general para que emita su opinión sobre la necesidad de convocar a una ANC (arts. 5 y 80 constitucional en relación con el artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana). d) Que el 6% de los ciudadanos presenten ante el Foro de Participación Ciudadana una solicitud o petición sobre la necesidad de convocar a una ANC, y sea turnada por a la institución respectiva para su resolución (arts. 5 y 80 constitucional en relación con los artículos 3, 6, 8 y 10 de la Ley de Participación Ciudadana). Es importante recordar que las consultas populares han sido establecidas constitucionalmente como mecanismos para preguntarle a la ciudadanía sobre asuntos de importancia fundamental en la vida nacional, y evidentemente, la grave crisis política que vive el país generada por el golpe de Estado cívico-militar ha profundizado la deslegitimación y el colapso de las máximas instituciones públicas por su involucramiento directo en este atentado contra la legalidad, la democracia y el Estado de derecho.

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Por lo tanto, nos encontramos ante un momento histórico de profunda crisis jurídicoinstitucional que no fue prevista expresamente en la Constitución, y que no puede ser superada si no se desmonta la actual maquinaria estatal y económica, y si no se sientan las bases de una renovada institucionalidad estatal en el marco de nuevas relaciones de poder. En otras palabras, esta crisis histórica sólo puede ser superada con la refundación del Estado y sus instituciones, lo cual constituye un asunto de importancia fundamental en la vida nacional, y por tanto, requiere el pronunciamiento directo del pueblo soberano a través de su poder constituyente, frente a lo cual los poderes constituidos tienen el deber de facilitar las vías jurídicas e institucionales para ello, que no es otra cosa que la adopción de un decreto que regule la convocatoria a una ANC.

13. Identificados algunos de los mecanismos para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo se concretaría la consulta? La concreción de la consulta dependerá de la vía que tomemos. Si asumimos la referida a la reforma constitucional, habría que incidir y presionar políticamente al Congreso Nacional para que realizara la reforma destinada a habilitar la convocatoria de una ANC y además, sería necesaria la aprobación de una ley secundaria que regulara dicho proceso. Si se toma la vía de las distintas solicitudes o peticiones por parte del 6% de los ciudadanos, el Congreso Nacional tendría que conocerlas, discutirlas y aprobarlas con el voto afirmativo de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Como resultado, el Congreso Nacional debería aprobar un decreto de convocatoria a una ANC y ordenaría al Tribunal Supremo electoral la convocatoria a la ciudadanía para el referéndum o el plebiscito constitucional sobre la materia. De acuerdo con el artículo 5 constitucional, la validez y obligatoriedad de la consulta estará condicionada a que participen el 51% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral y a que se obtenga el voto afirmativo de la mayoría de los votos válidos. Si se cumplen estos dos requisitos, el Congreso Nacional estaría obligado a aprobar la ley que regule la convocatoria de elección y constitución de la ANC, en la cual se determine un cronograma para la convocatoria y celebración de elecciones de los constituyentes, la -35-


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instalación de la asamblea, el plazo que tendría para redactar la nueva Constitución, las facultades y poderes para realizar su trabajo, entre otras cosas. Una vez elaborada la nueva Constitución, el pueblo soberano como titular del poder constituyente originario tendría que aprobar o rechazar el texto constitucional elaborado por la ANC a través de un nuevo referéndum o plebiscito. De cualquier manera, no se debe olvidar que la clase política hondureña ya ha demostrado su temor ante cualquier reforma por muy pequeña que sea, y además, históricamente, ha utilizado las distintas ANC para mantener sus privilegios y negar la participación de la ciudadanía. Por tanto, la cuestión del ejercicio del poder constituyente no es meramente jurídica, sino política en tanto es una cuestión de poder. Por ello es necesario generar una alianza nacional entre todas las fuerzas sociales y políticas comprometidas con los cambios estructurales del país para lograr que la mayoría del pueblo exija en las calles (democracia directa) y en los espacios institucionales (democracia participativa) su derecho soberano a ejercer el poder constituyente originario; y sobre todo, es imperativo lograr vincular la ANC con la vida cotidiana de la gente a través de intensos procesos de formación política.

14. ¿Cómo debería estar constituida una Asamblea Nacional Constituyente? Una ANC debería tener representación de todos los sectores de la sociedad y por eso es importante que el decreto que regule su forma de elección y constitución garantice la igualdad de condiciones de quienes se postulen a ser elegidos constituyentes. Sin ánimo de ignorar la existencia de otras propuestas, para asegurar una representación de todos los sectores se podría considerar, entre otras, una de las siguientes formas de elección: Una primera forma (130 constituyentes): a) Que 128 constituyentes sean elegidos con base en la distribución departamental en relación con la población. De esta forma, en Atlántida se escogerían 8 constituyentes; en Colón 4; en Comayagua 7; en Copán 7; en Cortés 20; en Choluteca 9; en El Paraíso -36-


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6; en Francisco Morazán 23; en Gracias a Dios 1; en Intibucá 3; en Islas de la Bahía 1; en La Paz 3; en Lempira 5; en Ocotepeque 2; en Olancho 7; en Santa Bárbara 9; en Valle 4; y en Yoro 9. b) Que 2 constituyentes sean elegidos por los migrantes residentes en Estados Unidos. Una segunda forma (130 constituyentes) a) Que 114 asambleístas sean elegidos con base a la siguiente distribución departamental: Atlántida 7; Colón 3; Comayagua 6; Copán 5; Cortés 18; Choluteca 8; El Paraíso 5; Francisco Morazán 20; Gracias a Dios 1; Intibucá 3; Islas de la Bahía 1; La Paz 3; Lempira 4; Ocotepeque 2; Olancho 6; Santa Bárbara 8; Valle 4; Yoro 8. b) Que 2 constituyentes sean elegidos por los migrantes residentes en Estados Unidos. c) Que 16 constituyentes sean elegidos por los integrantes de ciertos sectores sociales, tales como, 1 representante de los pueblos negros; 1 representante de los pueblos indígenas; 1 representante de las mujeres; 1 representante de los campesinos; 1 representante de los maestros de educación primaria y secundaria; 1 representante de los maestros universitarios; 1 representante de los estudiantes universitarios; 1 representante de los estudiantes de educación media; 1 representante de los obreros y empleados del sector público; 1 representante de los obreros y empleados del sector privado; 1 representante de la pequeña y mediana empresa; 1 representante de los jubilados; 1 representante de la comunidad LGTB; 1 representante de los patronatos; 1 representante del sector informal de la economía; y 1 representante de las personas con capacidades especiales . Independientemente del mecanismo escogido para realizar la elección de los constituyentes, es importante asegurar que la ANC sea integrada equitativamente, para lo cual se plantean las siguientes cuestiones: a) Que el número de constituyentes a ser electos sea de 130. b) Que la votación sea secreta, directa, universal, unipersonal y no por lista. c) Que el Estado garantice espacios publicitarios iguales a cada uno de los candidatos y candidatas en radio, televisión y prensa escrita, ejerza un estricto control del gasto -37-


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electoral y prohíba publicidad particular de las candidaturas en los medios de comunicación. d) Que la inscripción de candidatos y candidatas a asambleístas se realice con un titular y un suplente, y con el respaldo de firmas del 1% del Censo Nacional Electoral. e) Que los constituyentes sean elegidos en forma directa y por mayoría de votos de los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años. f) Que los electores voten por tantos candidatos como número de constituyentes le corresponden al departamento donde vive. Una vez instalada, la propia ANC como legítima representante de la voluntad soberana del pueblo debe aprobar y expedir sus mandatos constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones y las demás decisiones que adopte en uso de sus atribuciones. Además, debe poner en receso al Congreso Nacional, sustituir a los actuales titulares de varias instituciones importantes, tales como, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, etc. y nombrar provisionalmente a los nuevos titulares de tales instancias. Finalmente, una vez redactada y aprobada la nueva Constitución, debe ratificarse mediante un referéndum o plebiscito constitucional por parte de la ciudadanía, y llamarse a elecciones generales para elegir a las nuevas autoridades del Estado.

15. ¿Cuáles son los beneficios de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Para que una ANC realmente sea representativa de todos los sectores sociales del país, es preciso que el movimiento social y popular se movilice para asegurar que sus legítimos y verdaderos representantes puedan ser electos como miembros de dicha asamblea, y garanticen que en la nueva Constitución se incorporen las demandas y expectativas de los sectores populares. Si se logra que los representantes del movimiento social y popular tengan una participación importante en la ANC, se podrían introducir cambios significativos para la vida -38-


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democrática del país, tales como, (a) la promoción de un nuevo modelo económico que reactive la producción y el agro, la generación de empleo, la recuperación y el fortalecimiento de las empresas públicas; y (b) la promoción de un modelo político que garantice la participación activa de todos los sectores en la vida pública y en la gestión del Estado; que asegure la designación democrática de los principales organismos del Estado como la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, etc.

16. ¿Es suficiente la elaboración de una nueva Constitución? Debemos entender el proceso constituyente no sólo como un espacio para hacer una nueva Constitución, sino como una lucha permanente para lograr un cambio profundo en la institucionalidad del país y fortalecer una postura de un nuevo ejercicio de ciudadanía enmarcado en la participación activa y diligente de los hondureños y hondureñas. Por tanto, la elaboración de una nueva Constitución debe verse como un primer paso para cambiar las estructuras que sostienen la exclusión y la desigualdad del sistema, teniendo claro que por decreto no se cambia la realidad de un país, sino que se requiere la consolidación de una ciudadanía crítica, participativa y articulada en redes locales y nacionales para lograr y mantener los cambios sociales, económicos, éticos, culturales y políticos que demanda Honduras.

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Aspectos histテウricos, conceptuales y sustanciales sobre el proceso constituyente en Honduras

IV. CONTENIDOS DEL NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL HONDUREテ前

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Aspectos históricos, conceptuales y sustanciales sobre el proceso constituyente en Honduras

Gran parte de la ciudadanía hondureña ha venido asumiendo que todos los desequilibrios de nuestra sociedad, provocadores de injustas condiciones de vida para un 80% de la población, deben ser abordados y resueltos a través de la instalación de una ANC que defina un nuevo orden jurídico constitucional. Indudablemente que la simple lectura de este anhelo ciudadano, reduce la complejidad de la herramienta propuesta para abordar la crisis estructural de la sociedad, y puede crear expectativas que al no ser satisfechas, profundizarían el caos social en nuestro país. Plantear con simpleza que, mágicamente la ANC nos heredará vía decreto un Estado hondureño socialmente fuerte, democráticamente consolidado y respetuoso de su mismo orden jurídico, es desconocer las condiciones históricas y las dinámicas sociales y económicas que finalmente han implantado un Estado tan frágil como el que hoy tenemos. Darle esa visión fantástica a la ANC, implica un alto grado de ingenuidad e irresponsabilidad, en el cual se desconoce que con sustanciales ventajas los forjadores de una sociedad injusta para la mayoría de la población y gananciosa para ellos, van a estar presentes en este proceso, oponiéndose, distorsionándolo o llevándolo a consolidar sus privilegios. El manoseo del orden constitucional por parte de este pequeño sector que ha controlado y decidido la historia del país, es tal que, según la base de datos políticos de la Universidad de Georgetown, de la actual constitución hondureña durante sus 27 años de vigencia, 12 artículos han sido interpretados, 33 reformados sin que su reforma haya sido ratificada, 115 han sido reformados y ratificada su reforma, y 10 artículos han sido derogados; la realidad del país refleja que todas estos actos de la clase política, han servido para oxigenarse en el ejercicio del poder y disfrazar la enorme miseria en la que se encuentra la población en general. Con estos datos es impensable que estos actores de la sombría realidad del país, voluntaria e ingenuamente se marginen del escenario de la ANC. La actual constitución hondureña estructurada alrededor de siete apartados generales sobre “La organización del Estado”, “De la nacionalidad y la ciudadanía”, “De las declaraciones, derechos y garantías”, “De las garantías constitucionales”, “De los poderes del Estado, “Del régimen económico”, “De la reforma e inviolabilidad de la Constitución”, distribuidos en 379 artículos, es un marco jurídico suficiente para que los poderes constituidos posibilitaran aceptables niveles de bienestar a la población.

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Sin embargo, por su deliberada inobservancia no logró la consolidación de la institucionalidad del Estado hondureño, al contrario, agudizó la crítica situación de los seres humanos y el paulatino desgaste de la institucionalidad, la cual llegó a su punto de quiebre absoluto el 28 de junio de 2009 al suplantarse arbitrariamente el poder ejecutivo, en un complot de parte de la institucionalidad de los restantes poderes estatales, los cuales con mucha claridad demostraron que son expresión de los sectores económicos y políticos dominantes y no expresiones de la voluntad popular. De tal forma que lo relevante de la ANC no necesariamente es el instrumento jurídico que ella produzca, sino más bien la profundización del debate político entre los distintos sectores de la ciudadanía, el repunte que habrán de tener en éste -que es el más alto foro de discusión político de la nación- los sectores concretamente marginados por la constitucionalidad vigente y sobre todo lograr construir un entramado institucional y ciudadano, con capacidad para dar vida en la cotidianidad de cada territorio y de cada ciudadano al consenso alcanzado en la ANC; y a partir de este desafío ir moldeando el Estado, la sociedad y la ciudadanía bajo el más alto concepto de la dignidad como criterio rector de este proceso. Partiendo de estas justificaciones, es importante situar los grandes temas que habrá de priorizarse y convertirse en parte del gran debate político que conduzca a un consenso transformado finalmente en la nueva estructura jurídica constitucional de la nación. El movimiento social y popular hondureño integrado por pueblos indígenas y negros, los gremios y obreros sindicalizados, la juventud, las mujeres, comunicadores populares, pobladores, campesinos, organismos no gubernamentales, movimientos religiosos, asociaciones y frentes políticos nacionales y regionales, han planteado la necesidad de un nuevo pacto social sobre la base de temas estratégicos como la tenencia de la tierra, la propiedad comunitaria, el dominio y explotación de los recursos estratégicos de la nación, la soberanía territorial, la soberanía alimentaria, los mecanismos de participación de la ciudadanía en la función pública, los mecanismos de control y combate a la corrupción pública, el catalogo de derechos fundamentales, la justa distribución de la riqueza, la efectiva protección de los grupos social y económicamente vulnerables, el reconocimiento al carácter pluricultural de la sociedad hondureña.

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No obstante estas dignas iniciativas del movimiento organizado del país, las experiencias recientes en otras naciones de nuestra América, demandan que el movimiento social asuma fundamental demandas de carácter nacional y afiance su estructura organizativa para librar esta batalla constructora de democracia. La base de los temas a ser abordados, deben partir de los desajustes históricos que presenta la actual Constitución, la superación del manoseo de la misma por parte de los poderes constituidos, elevar los niveles de participación de la ciudadanía en la conducción y control de la dirección de Estado, asegurar la vigencia de un sistema económico que asegure la distribución equitativa de la riqueza, superar el carácter declarativo que posee el catalogo de derechos fundamentales; y reafirmar que la soberanía le corresponde al pueblo como poder originario y permanente, y que éste ejerce su voluntad sobre la base de la dignidad de los seres humanos y de la patria. A continuación se justifican y abordan temas con el propósito esencial de alimentar el debate, para lo cual se toma de base la actual constitución hondureña y muchas otras de nuestra América.

1. Propuesta de contenidos. a) Sobre principios del Pacto Social b) Sobre el funcionamiento del poder formal c) Sobre la democratización de la sociedad y del Estado d) Sobre los derechos fundamentales e) Sobre el régimen Económico f) Sobre la vigencia, modificación parcial o total del pacto social g) Sobre la defensa nacional h) Sobre las relaciones internacionales

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2. Principios. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona humana y el ejercicio democrático de la voluntad popular. El gobierno de la República de Honduras y las instituciones políticas que lo integran, es democrático, participativo, descentralizado, pluralista, de representación limitada y mandatos revocables. Para el ejercicio de cualquier función del Estado, operan los principios de probidad y competencia técnica y profesional de los servidores, como criterios para la selección de los mismos.

3. Del Estado, su función y sus poderes. a) Sistema de Administración de Justicia. (i) Se establece el Sistema de Administración de Justicia para asegurar a los habitantes de la República, hombres y mujeres, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, confiabilidad y seguridad, garantizado por funcionarios que actuarán guiados por los principios de independencia e imparcialidad, en la aplicación de la justicia y objetividad en el ejercicio de las acciones legales, únicamente sometidos a la Constitución, a las normas internacionales de derechos humanos y a las Leyes. (ii) Para tal fin se deben definir procesos de selección democráticos, transparentes, participativos y bajo control ciudadano, tanto para quienes integren la Dirección Superior de las instituciones del sistema, como de aquellos funcionarios de mando intermedio que conformen y operativicen las mismas, respetando siempre los criterios de competencia técnica profesional y probidad. (iii) A los efectos de resolver los conflictos entre poderes del Estado y la estricta aplicación de la Constitución de la República, así como la interpretación última y generalmente obligatoria de la misma y de los tratados internacionales, especialmente los referidos a los derechos humanos, se establece la Corte Constitucional, reconociendo la

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necesidad de asegurar una institucionalidad dedicada a la tutela o aseguramiento del cumplimiento de la voluntad popular establecida en la Constitución política del país. El pleno será renovado por terceras partes cada tres años y no podrán ser reelectos sucesivamente. Se trata con esta propuesta de minimizar en lo posible la permanencia de aplanadoras plenarias que reducen el debate jurídico y privilegian por conveniencias malsanas, intereses políticos o económicos que nada tienen que ver con la Constitución y la Ley. Igual criterio para su renovación, aplicaría para la Corte Suprema de Justicia. (iv) Para asegurar la eficiencia profesionalización y calidad del servicio que prestan las instituciones del Sistema de Administración de Justicia deben crearse y fortalecerse permanentemente los sistemas de carrera, dirigidos por consejos de personal que se integren en forma representativa y democrática, que además ejercerán la función administrativa de forma separada a la función propia de cada órgano del sistema de justicia. (v) Reconocimiento de mecanismos alternos de solución de conflictos y sistemas comunitarios de aplicación de Justicia. Se trata de darle categoría constitucional a ciertos mecanismos que ya tienen aplicación en el país, en virtud de leyes especiales como la de conciliación y arbitraje ya que en la actualidad tales formas no tienen fundamento constitucional, pese a lo cual sí contribuirían de modo importante al descongestionamiento del sistema formal de justicia. Este aspecto ha de ser objeto de una ley especial. Por otra parte se le daría reconocimiento a los regímenes de solución de conflictos que aplican comunidades étnicas dentro de la circunscripción territorial que les reconozca el Estado, en los términos que plantea el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en consonancia con lo que al respecto establezca la misma Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. (vi) Control ciudadano sobre la función del Sistema de Administración de Justicia: El Poder Popular, a nivel nacional, regional y local, cumplirá la función de auditoría permanente de las instituciones del sistema de justicia, que reciba y procese denuncias contra los operadores y haga las recomendaciones pertinentes con miras al mejoramiento de la función, pero además será el transmisor de la iniciativa ciudadana dirigida a la revocación del mandato de los magistrados, fiscales y demás funcionarios directores de las

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instituciones del sistema. Para el cumplimiento de tales funciones, evacuará permanentes procesos de consulta y participación ciudadana. (vii) El Sistema de Administración de Justicia lo integran:  La Corte Constitucional  El Poder Judicial  El Ministerio Público  La defensoría pública. Todas las instituciones funcionarán bajo el principio de independencia funcional, técnica, administrativa, financiera, político partidaria; no obstante deben constituir un espacio de coordinación común para el adecuado cumplimiento del derecho a la justicia que tiene el pueblo hondureño

b) El poder Electoral. El poder electoral se crea con el objetivo central de asegurar la participación de toda la ciudadanía en la conducción del Estado, a través de procesos eleccionarios de representaciones. Así mismo, el poder electoral tiene la función primordial de dirigir los procesos de consulta a la población, a nivel nacional, regional o local, sobre revocatoria o confirmatorias de cargos de elección popular, sobre las iniciativas ciudadanas para revocatorios de funcionarios nombrado mediante elecciones de segundo grado, consultas sobre la vigencia o revocatoria de leyes, decretos o acuerdos legislativos y ejecutivos y tratados internacionales vigentes o sometidos a aprobación del Congreso Nacional. Los resultados de estas consultas tendrían carácter vinculante. El poder electoral se integra a nivel nacional, regional y local, a partir de la división política del país, en igualdad de condiciones por las distintas fuerzas políticas y sociales que decidan su participación en los distintos procesos electorales o de consulta.

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El poder electoral debe garantizar la utilización de tiempos, espacios y medios de comunicación en igualdad de condiciones para todos los frentes electorales postulados, en cuotas mínimas; además definirá y aplicará mecanismos de control, sobre los recursos económicos utilizados en las campañas electorales, identificando el origen de los mismos y estableciendo un techo máximo de inversión, con miras a reducir las posibilidades de contaminación de la actividad política. Para una representación más genuina, el territorio nacional debe dividirse en distritos electorales, que posibilite un mejor y más directo control ciudadano sobre sus representantes. Los procesos electorales se harán de forma separada para alcaldías municipales, diputados al Congreso Nacional y la Presidencia de la República y el resto de cargos sometidos a mecanismos de elección popular. Las personas electas a cargos de elección popular no pueden renunciar o vacar en sus puestos, salvo casos de fuerza mayor. En ningún caso se permitirá que una persona ejerza un cargo distinto a aquel para el cual fue electo mediante el voto popular. Esa prohibición será vigente durante el periodo para el que fue electo.

c) El Poder Legislativo. La función esencial de este poder del Estado es la emisión de leyes en representación y para beneficio del pueblo, que desde los distintos territorios les ha delegado el poder. Se declara punible la asunción de funciones propias de otro poder del Estado, sobre todo las vinculadas a la utilización de los fondos públicos vía subsidios. El Poder legislativo inexcusablemente se regirá por principios democráticos, evitando el control antojadizo de sectores específicos dentro de este poder del Estado, posibilitando el debate, la contradicción entre las distintas fuerzas en él representadas y la publicidad de sus acciones. El Poder Legislativo dirigirá y sustanciará juicios políticos contra los funcionarios electos popularmente o contra los servidores públicos de puestos estratégicos nombrados -47-


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por elección de segundo grado; ésto con el propósito de asegurar el control y vigencia de la función pública. El resto de funciones que son accesorias se puede recoger del contenido de la actual constitución política.

d) El Poder Ejecutivo. El poder ejecutivo es dirigido por un presidente (a) acompañado de un vicepresidente (a), quienes tienen la responsabilidad de dirigir y perfeccionar la administración del Estado. Con el propósito de eficientar la administración pública y evitar la manipulación sectaria de la misma, se crea la carrera de la administración pública, encargada de asegurar la profesionalización del servicio público, la estabilidad del personal que la integra y la inversión del Estado destinada a la formación y capacitación del personal. El resto de funciones de la actual Constitución política subsisten.

4. De la democratización del Estado y la sociedad. a) El poder Popular. La población en sus distintos territorios, a partir de la división política del país, crea estructuras administrativas con representación de las distintas organizaciones, las cuales a partir de su reconocimiento tienen el derecho de vigilar y controlar la adecuada y transparente utilización de los recursos del Estado y el ejercicio de las funciones públicas a nivel nacional, regional y local; desde esta función desarrolla la participación popular democrática de la ciudadanía. Los representantes locales, regionales y nacionales de ésta instancia de participación, control y vigilancia social, se elegirán en asamblea de todas las organizaciones.

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Tendrán la potestad de hacer uso de las figuras del revocatorio o confirmatorio de los cargos de elección popular y plantear solicitudes en el mismo sentido ante las instancias competentes para los funcionarios que sean nombrados en elecciones de segundo grado. De igual manera promoverán vía referéndum los revocatorios de leyes, acuerdos, decretos y tratados internacionales, modificaciones a la constitución política de acuerdo al interés general de la población; de igual manera propondrán procesos de consulta para la aprobación de decisiones o instrumentos jurídicos con el propósito de dignificar a las personas y a sus comunidades.

b) Formas de ejercer la democracia. La democracia se debe practicar de forma directa y participativa, representativa y comunitaria, las tres formas deben ser desarrolladas en una Ley. (i) Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley y a los reglamentos aprobados. (ii) Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley (Esta es la tradicional forma de participación democrática incorporada en casi todas las constituciones democráticas de todos los países.) (iii) Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de los pueblos originarios y étnicos, conforme a ley.

5. Catálogo de derechos fundamentales. Las declaraciones, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y las garantías para que la ciudadanía goce de los mismos son asuntos que teóricamente han sido definidos con bastante claridad en la actual Constitución, además el -49-


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plexo constitucional reconoce el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los seres humanos. El debate sobre esta tema debe tornarse en función de la equiparación de las responsabilidades del Estado frente a los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, además plantear una regulación y desarrollo preciso de todos estos derechos; sin negar la importancia de las anteriores pretensiones, el gran desafío que se plantea en el tema de los derechos fundamentales, es que los mismos superen el carácter declarativos y se conviertan en realidades concretas de los seres humanos que poblamos el territorio nacional. A partir de esta valoración general, es importante aspirar a que el catálogo de derechos humanos en nuestra constitución, se amplíe hacia un reconocimiento especial a los pueblos originarios y étnicos en general, a los derechos ambientales, a la igualdad de género y en general de los grupos social y económicamente vulnerables. De los textos constitucionales consultados se recogen los siguientes aportes: a) De la dignidad humana. El Estado reconoce el valor supremo de la dignidad humana para todas las personas y como tal reconoce la vigencia de todos los derechos que de ella se derivan, estén o no incorporados en la constitución. Se reconoce que todos los habitantes de la república son iguales y por tanto el Estado asume la obligación irrenunciable de crear condiciones para su libre y adecuado desarrollo físico y mental. Es punible todo acto de discriminación en la medida que atente contra la dignidad humana. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es la institución responsable de la protección y promoción de la Dignidad Humana y de todos los derechos que de ella derivan. Su titular podrá ser revocado en su mandato, por decisión soberana del pueblo, cuando sea evidente el incumplimiento de su misión fundamental.

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b) Sobre la protección de los derechos e conómicos, sociales y culturales. Los derechos humanos reconocidos por la Constitución tendrán la misma jerarquía en cuanto a su protección y garantía; en consecuencia, el Estado dispondrá de los mecanismos legislativos administrativos y judiciales, que tiendan a hacer efectivos, sin preeminencia de ninguno, tanto los derechos políticos y libertades públicas en general, como los derechos económicos y sociales de la persona humana. Este aspecto deberá ser considerado en la formulación del proyecto y aprobación del Presupuesto General de la República.

c) Derecho de los pueblos indígenas y étnicos en general . El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, su cultura, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Estado, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas, están sujetos a lo que establezca la nueva constitución y la ley que habrá de emitirse al respecto. A los pueblos indígenas se les reconoce el derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

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Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bióticos. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro particular de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo hondureño como único, soberano e indivisible. Deben asumir el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El pueblo garífuna goza, en

todo

lo que corresponda, de

los derechos

económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígenas originarios. Una ley especial regulará los derechos de los pueblos originarios y étnicos.

d) De los derechos ambientales. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y -52-


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colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. El Estado desarrollará una política de ordenamiento del territorio, atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural y en función de ellos decidirse su viabilidad. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que el Estado celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley.

e) Derecho a la tutela judicial efectiva. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no -53-


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figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

f) Preeminencia de los tratados internacionales. En lo referente a los derechos humanos, se reconoce la preeminencia de los tratados internacionales siempre que estos planteen una mejor protección o que el reconocimiento de tales derechos sea más extenso que la ofrecida por la Constitución de la República.

g) Derecho a la igualdad de género. La tendencia general sobre este tema que es asumido con mucha determinación por los movimientos feministas en Honduras, es al manejo del mismo en forma neutral en todo el contenido de la constitución, a través de la visibilización e identificación del hombre y la mujer en la construcción teórica, incluyendo en todo caso el reconocimiento de derechos específicos de la mujer, como el relacionado al tema de la salud reproductiva y otros que atañen únicamente a la mujer por su condición de tal.

h) Garantías constitucionales. Para la protección y efectiva vigencia de los derechos fundamentales la actual Constitución incorpora las acciones y/o recursos de habeas corpus, amparo, revisión y habeas data (éste último pendiente de ratificación); y para la protección en general del ordenamiento constitucional incorpora el recurso de inconstitucionalidad; además crea al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, como una instancia encargada de dar vida a la dignidad de las personas, como elemento transversal en la vida nacional. Otras legislaciones han incorporado otras formas o mecanismos procesales para la protección y vigencia de los derechos fundamentales, sin embargo en términos prácticos redundan en lo mismo. Lo fundamental en esta apartado es crear la cultura o mística de demanda y respuestas oportunas en esta área tan sensible para la vida en sociedad. Sin lugar a dudas que más que

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una disposición teórica, este también es un asunto de superación de una práctica negligente en la promoción y vigencia de los derechos humanos.

6. Régimen económico. Seguramente que el cabal cumplimiento del texto constitucional de 1982, hubiese impedido que Honduras fuera una sociedad con tantos desequilibrios económico y sociales; de hecho la mayoría de temas que el movimiento social hondureño plantea como demandas, están consagrados en la actual norma primaria hondureña; por esa razón, los asuntos que se proponen como imprescindible para el debate político con el propósito de que se vuelva derecho positivo, ya están vigentes en la actualidad, sin embargo, es importante reiterarlos y seguramente perfeccionar su regulación, pocas temáticas de la economía del país habrán que incorporarse por primera vez. Como soberano el pueblo debe aspirar a: (i) Asegurar que el sistema económico nacional, tenga como propósito fundamental la justa distribución de la riqueza y del ingreso nacional, manejándose como criterio rector la consolidación de la dignidad de todos los habitantes de la República. (ii) Que la producción nacional tenga como objetivo primario, asegurar que la población tenga acceso a los grupos alimenticios básicos

que le permitan un adecuado

desarrollo físico y mental. De igual manera se asegura la existencia de un eficiente sistema productivo, con un trato igualitario a los factores de la producción, procurando que la misma se desarrolle de forma democrática y con respeto a los derechos de la ciudadanía en general, y propiciando un verdadero crecimiento y desarrollo del país. (iii) A reconocer el carácter plural de la economía, estableciendo que la misma se organice en forma comunitaria, estatal, cooperativa, social y privada; operado para todas las formas los principios de complementariedad,

reciprocidad, solidaridad,

redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.

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(iv) Al reconocimiento de la libertad de empresa, la cual podrá constituirse de manera mixta y tendrá como límite el interés social. (v) Asegurarnos que todas las formas en que se organiza la economía, estarán sujetas a control vigilancia del pueblo mismo, a través del Estado, con el fin de asegurar el cumplimiento de los principios bajo los cuales se habilita su funcionamiento; prohibiéndose los monopolios, monopsonios, oligopolios y cualquier forma de acaparamiento. (vi) Que los recursos naturales son propiedad del pueblo, administrados por el Estado y por las comunidades; estas asegurarán su aprovechamiento en condiciones ambientalmente sostenibles. Cuando el aprovechamiento de los recursos naturales se efectúe con participación de capital privado, la participación estatal o comunitaria siempre será mayor en los beneficios que dicho aprovechamiento cause. El daño a los recursos naturales y los efectos que ellos producen sobre el ambiente, generará responsabilidad administrativa, civil y penal. La persecución por estos hechos es imprescriptible. (vii)

El Estado garantiza la soberanía económica y alimentaria de la nación, las mismas no se pondrán en riesgo por responsabilidades financieras o crediticias asumida por los gobiernos.

(viii)

Habilitar al Estado para intervenir en cualquier etapa de la cadena productiva

con fin de asegurar la defensa del interés social. (ix) Los planes económicos deben ser elaborados obligatoriamente con la convergencia de todos los sectores de la economía y la sociedad y su aprobación debe ser sometida a los mecanismos de consulta con la sociedad entera; cualquier modificación que se efectué a los planes por parte de los gobiernos, generará responsabilidad jurídica. (x) El pueblo hondureño a través del Estado se reserva el control e intervención de cualquier sector de la economía, basado en la defensa de los intereses sociales.

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(xi) Es prioridad del sistema económico, disminuir las desigualdades por tanto la generación de empleo, la libre empresa y todas las actividades económicas de los distintos sectores, deben sujetarse a este propósito. (xii) El Estado tendrá el control de los recursos estratégicos de la economía. Ningún acto de concesión de los mismos dará lugar a que se creen condiciones que generen inestabilidad o pongan en riesgo la soberanía económica de la nación, en estos casos el Estado esta facultado para intervenir sumariamente. (xiii)

El Estado debe asegurar la vigencia de un proceso de reforma agraria que

impida el latifundio y que asegure la justa distribución y utilización de la tierra, y la priorización de la producción agrícola para satisfacer necesidades alimenticias de la población hondureña. (xiv)

Los pueblos originarios y étnicos, son propietarios de las tierras y los recursos

naturales en donde históricamente se han asentado, el Estado creará condiciones que aseguren este derecho. Ninguna inversión distinta a la de las comunidades, provocará que las mismas, pierdan el dominio y el mayor provecho de sus recursos. Los territorios que hasta la fecha hayan sido ocupado por particulares con fines comerciales serán recuperados por el Estado, asegurando la indemnización justipreciada a los actuales poseedores. (xv) El Estado asegurará que todas las formas de ejercicio de la economía, estén sometidas a mecanismos de transparencia de sus operaciones, el expedito acceso de la información por parte de la ciudadanía como mecanismo de control, a excepción de aquellos rubros considerados de seguridad nacional y o que pongan en riesgos objetivos la existencia de las empresas. (xvi)

Todas las riquezas del país que hayan sido sustraídas bajo formas de fraude,

corrupción o engaño para el pueblo, serán recuperadas. Este derecho del pueblo así como la acción del Sistema Nacional de Justicia para la persecución de los autores de estos actos, es imprescriptible.

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a) Recursos Estratégicos. La soberanía de una nación es una categoría indelegable porque abarca no solo la manida integridad territorial que ha de defenderse frente a agresiones foráneas ó invasiones extranjeras, sino también al dominio absoluto de sus recursos, que cediéndose indiscriminadamente dejan sin legitimidad la autodeterminación soberana de un pueblo, que sin duda estaría atado, como lo ha estado, a las directrices de los intereses extranjeros y/o corporaciones privadas nacionales o extranjeras. Dominar y administrar los recursos estratégicos comporta una autodefensa efectiva de la estructura de funcionamiento de una sociedad. El Estado debe promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

b) Bienes y recursos del Estado y su inversión equitativa. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo hondureño, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley. Los ingresos del Estado se invertirán de conformidad con el plan general de desarrollo económico y social del país, el Presupuesto General de la República y con la ley.

c) Recursos naturales. Son recursos naturales los minerales, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Los recursos naturales son y serán de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. -58-


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Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo hondureño, y corresponderá al Estado su administración integral, en función del interés social y colectivo del pueblo. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas, ó comunitarias,

las que podrán a su vez

contratar a empresas privadas y mixtas. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, hondureñas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se vigilará el bienestar colectivo de la población sin exclusión ni discriminación. La explotación de recursos naturales en determinado territorio ha de estar sujeta a un proceso de consulta con la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Debe garantizase la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. El pueblo hondureño tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes

del

aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a las comunidades que habiten los territorios donde se encuentren estos recursos. El Estado debe desarrollar y promover la investigación relativa al manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales deben ser distribuidas de manera proporcional y reinvertidas para promover la diversificación económica en los diferentes niveles territoriales del Estado.

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Aspectos históricos, conceptuales y sustanciales sobre el proceso constituyente en Honduras

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se reconocen como rubros o sectores estratégicos de la economía: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales renovables y no renovables, incluidos el agua y la tierra; el transporte público, tanto aéreo, marítimo y terrestre; la refinación y control de precios y mecanismos de distribución de los hidrocarburos; la biodiversidad y el patrimonio genético, el subsuelo, yacimientos minerales, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro electromagnético en general.

7. Sobre la vigencia, modificación parcial o total del Pacto Social. La crisis política de nuestro país formalmente presenta como una de sus causas, la falta de claridad del ordenamiento jurídico sobre el derecho del pueblo y la forma de posibilitar un nuevo orden constitucional. Un reducido sector de la población que controla la economía, la política y el Estado hondureño han desarrollado una feroz campaña, tendiente a negar el derecho del pueblo a promover las reformas o cambio definitivo del pacto social. El movimiento social, por el contrario, ha reivindicado el derecho del pueblo, en el ejercicio de su soberanía, a refundar el país a través de una ANC que termine emitiendo una nueva Constitución política. La reforma a la Constitución, actualmente es una facultad expresamente otorgada al Congreso Nacional; esta posibilidad de reforma constitucional está condicionada a que la misma se produzca por mayoría calificada y debe ser ratificada en la legislatura siguiente; la práctica legislativa durante los 27 años de vigencia de la actual Constitución en este aspecto, deja como resultado la alteración sustancial del contenido originario de la Constitución, a través de interpretaciones, reformas y decisiones derogatorias. A la ciudadanía se le han habilitado pequeños espacios de participación a través de las figuras del plebiscito y el referéndum, en los cuales se permite abordar temas constitucionales, sin embargo, estas

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manifestaciones teóricas de la democracia participativa, son absolutamente nulas en la práctica. Con el propósito de crear condiciones jurídicas claras para la democratización de la sociedad y del Estado, es importante observar y si fuere posible incorporar, formas directas de participación del pueblo en el perfeccionamiento del orden jurídico constitucional, al respecto y para alimentar el debate sobre esta temática se mencionan los mecanismos de reforma y cambio de constitución que otras sociedades han consensuado.

a) De la Reforma Constitucional. Algunas constituciones utilizan la figura de la enmienda a la constitución, a través de la cual se adiciona o modifican los contenidos constitucionales, conservándose siempre la estructura originaria

b) Sobre la iniciativa de enmienda. El sistema democrático participativo permite a los ciudadanos y ciudadanas participar directamente de estas enmiendas, para lo cual se necesita llenar requisitos indispensables en aras de preservar la seguridad jurídica en la sociedad. Partiendo de lo que hoy establece la constitución hondureña, la iniciativa de enmienda se podría admitir cuando un seis por ciento (6%) de las personas inscritas en el Censo Nacional Electoral lo soliciten. Y tradicionalmente a solicitud del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; asimismo a solicitud de los diputados al Congreso Nacional. Las enmiendas que se aprueben, serán numeradas consecutivamente y se publicarán a continuación de esta Constitución sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó.

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c) De la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo de Honduras es el titular del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una ANC con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. La iniciativa de convocatoria a la ANC podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; el Congreso Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el sistema electoral. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la ANC. Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Honduras. La vigencia de la nueva Constitución de la República, estará condicionada a la aprobación del pueblo hondureño, mediante referéndum. El pueblo de Honduras, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

d) Los artículos pétreos. Los artículos pétreos o irreformables son explicables en una determinada coyuntura histórica, fuera de las condiciones especiales que los hicieron nacer a la vida legal, su reforma es inevitable porque el derecho es evolutivo y su naturaleza creadora deriva de los cambios sociales que son permanentes. Pero en definitiva, los artículos pétreos que contienen prohibiciones estrictas de reforma establecen como destinatario de los mismos a los poderes constituidos, pero jamás deben ser entendidos como prohibiciones establecidas -62-


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para el constituyente, porque eso entrañaría un absurdo en el sentido de que el soberano se estaría imponiendo unas reglas que él mismo no podría quebrantar, lo cual contradice la naturaleza del derecho político. Quizá los artículos no susceptibles de reforma son los referidos a la forma de gobierno republicano y esto es así, porque el cambio en la forma de gobierno vulneraría el constitucionalismo originario. Claro que el cambio en la forma de gobierno es posible por medio de un cambio radical que puede producir una revolución social, pero esto implicaría la formulación de un nuevo pacto societario que no se movería en los espacios conocidos de la democracia formal. Por eso quizá sea conveniente en una nueva Constitución, definir un mecanismo para la eventual convocatoria e instalación del poder constituyente para la emisión de una nueva Constitución Lo que sí afirmamos es que las cláusulas pétreas son como expresiones de imitaciones a la democracia y sólo pueden considerarse pétreas aquellas disposiciones que reconozcan y garanticen derechos humanos, aunque aquí la designación de pétreas probablemente no sea afortunada, ya que en todo caso la prohibición de reforma se establece para el caso que implique un retroceso o restricciones a los derechos reconocidos y no para ampliar el alcance del derecho reconocido

e) Sobre la reelección. La reelección en los distintos cargos de elección popular es un tema controversial (en Honduras, sólo la presidencia de la república tiene prohibida la reelección), precisamente porque la misma propicia condiciones de desigualdad para quienes se postulan a cargos públicos en procesos electorales; esto termina provocando abusos de poder y desviación de fondos públicos y distracción de los servidores del Estado. Sin embargo, bajo la vigencia de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y estableciéndose objetivos y confiables mecanismos de control, sin lugar a dudas que la reelección es una situación posible en el mundo actual.

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8. Sobre la defensa nacional. La defensa de la integridad territorial, de la soberanía nacional e independencia de la república, es un permanente y alto objetivo del Estado y del pueblo de Honduras. Se proscribe la conformación de Fuerzas Armadas como institución permanente, con excepción de la fuerza policial que es una institución eminentemente civil, dependiente del Poder Ejecutivo y bajo control ciudadano, cuya misión fundamental es salvaguardar el orden público así como la seguridad y los derechos de las personas. Sólo por convenios regionales o ante la inminencia de agresiones foráneas, podrán organizarse fuerzas militares, que en todo caso tendrán un carácter temporal y estarán siempre sometidas al poder civil y serán obedientes y no deliberantes. Como disposición transitoria la Constitución debe contener un mandato sobre la promulgación de una ley de transición que regule lo pertinente a la disposición de inventarios de las Fuerzas Armadas actuales y el régimen de indemnización o reasignación de funciones de su personal.

9. Sobre las relaciones internacionales. Honduras fundamenta sus relaciones internacionales en los principios de reciprocidad y respeto del derecho a la autodeterminación de los pueblos, en consecuencia se declara el derecho soberano del Estado Hondureño para establecer relaciones comerciales y diplomáticas con todas las naciones del mundo sin discriminación alguna.

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V. BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

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