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ecos.econ.

Medellín-Colombia

Año 16

No. 34

pp. 1-176

enero-junio 2012

ISSN 1657-4206

Ecos de Economía es una revista arbitrada de periodicidad semestral, editada por la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, Medellín -Colombia, su principal objetivo es la publicación de artículos que recojan resultados de investigaciones nacionales e internacionales en los temas económicos y financieros, en los ámbitos de la doctrina, la teoría económica, y en otros temas afines y de actualidad. Ecos de Economía está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y personas interesadas en la Economía y las Finanzas. Es misión de la Revista alcanzar los estándares más altos de calidad académica y participar del diálogo y la creación de conocimiento de frontera en temáticas económicas. A través de la selección de artículos de la mayor relevancia, busca posicionarse como una importante fuente de consulta en los ámbitos nacional e internacional, y como una opción interesante de espacio de publicación para autores e investigadores de todas las procedencias. Incluida en: Publindex / Latindex / EconLit / Ebsco / Proquest / RePEc / DoTec / Dialnet / Index Copernicus International / Ulrich’s / PKP / e-Revist@s Visítenos en: www.eafit.edu.co/ecos Correspondencia, canje y suscripciones: Revista Ecos de Economía Universidad EAFIT. Carrera 49, 7 sur 50, oficinas 26206 y 26-209 Medellín- Colombia Teléfonos: + 57(4) 261 9549 y + 57(4) 261 9500 ext. 9465 Fax: + 57(4) 261 9294. Apartado: 3300 Para el envío de artículos a Ecos de Economía o para la solicitud de cualquier información, comuníquese al correo: ecoseco@eafit.edu.co – maramire@eafit. edu.co – ocaiced1@eafit.edu.co • Los conceptos expresados en los artículos de esta publicación son responsabilidad exclusiva de los autores y en nada comprometen a la Universidad EAFIT ni al departamento de Economía. • Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido citando siempre la fuente.


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Director / Editor

Corrección de estilo

Andrés Mauricio Ramírez, Ph.D (c)

Julio E. Mateus Mejía

Editor Ejecutivo / Managing Editor

Traducciones

Lic. Óscar William Caicedo

Lady Gaviria Ochoa

Secretaria / Secretary

Diagramación e Impresión

Diana Carolina Sánchez

Editoral Kimpres Ltda.

Comité Editorial / Editorial Committee

Comité Científico / Scientific Committee

Claudio Bravo-Ortega, Ph.D Universidad de Chile, Chile

Jerry Haar, Ph.D. Florida International University, Estados Unidos

Luis Hernando Gutierrez, Ph.D. Universidad del Rosario, Colombia

Jorge Martinez-Vazquez, Ph.D. Georgia State University, Estados Unidos

Alexander Tobon, Ph.D. Universidad de Antioquia, Colombia

Jorge Valero Gil, Ph.D. Universidad Autónoma Nuevo León, México

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Félix Rioja, Ph.D. Georgia State University, Estados Unidos

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Hugo Ñopo, Ph.D. Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia

Javier Orlando Pantoja Robayo, Ph.D. Universidad Eafit, Colombia

Jorge Guillén, Ph.D. Universidad ESAN, Perú

Alejandro Micco Aguayo, PhD. Universidad de Chile, Chile

Theodore Richard Breton, Ph.D. Universidad Eafit, Colombia Juan Felipe Mejía, Ph.D. Universidad Eafit, Colombia


Misión La Universidad EAFIT tiene la Misión de contribuir al progreso social, económico, científico y cultural del país, mediante el desarrollo de programas de pregrado y de posgrado -en un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académica- para la formación de personas competentes internacionalmente; y con la realización de procesos de investigación científica y aplicada, en interacción permanente con los sectores empresarial, gubernamental y académico.

Valores Institucionales Responsabilidad Capacidad para identificar, prever y afrontar las consecuencias derivadas de cualquier acción realizada. Tolerancia Actitud y capacidad para escuchar al otro, para analizar, compartir y aún para discrepar de sus opiniones, dentro del reconocimiento y respeto del ­pluralismo. Integridad Preocupación constante por el cumplimiento a cabalidad de las tareas asumidas, bajo el respeto de valores éticos universales. Audacia Capacidad para generar y proponer nuevas ideas en los ámbitos académico, empresarial, cultural y social; al igual que para liderar procesos necesarios para llevarlas a cabo. Excelencia Compromiso para buscar siempre el logro de las acciones emprendidas bajo condiciones de alta calidad.


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DIRECTIVOS - UNIVERSIDAD EAFIT Rector Juan Luis Mejía Arango Vicerrector Académico Julio Acosta Arango Secretario General - Decano de la Escuela de Derecho Hugo Alberto Castaño Zapata Decano de la Escuela de Ingenierías Alberto Rodríguez García Decano de la Escuela de Administración Francisco López Gallego Decano de la Escuela de Economía y Finanzas Juan Felipe Mejía Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades Jorge A. Giraldo Ramírez Directora Administrativa y Financiera Paola Andrea Arango Gutiérrez Directora de Desarrollo Humano Ángela Echeverri Restrepo Director de Extensión Luis Fernando Rendón Cortés Director de Planeación Alberto Jaramillo Jaramillo Director de Investigación y Docencia Félix Londoño González

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CONTENIDO

7 - 27

La negociabilidad de los derechos laborales: un análisis económico The negotiability of labor rights: an economic analysis Camilo Piedrahita Vargas

29 - 48

Evaluación de la dinámica urbana para la ciudad de Envigado Urban dynamics evaluation of Envigado city Alejandro Betancourt Luis Antonio Quintero

49 - 74

Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010 Empirical validation of CAPM for Colombia 2003-2010 Andrés Ramírez Hassan Maribel Serna Rodríguez

75 - 109

111 - 126

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Una nueva forma de concentración de la tierra en Colombia: la Ley 1448 de 2011 A new form of land concentration in Colombia: law 1448 of 2011 Jhon Jair González Pulgarín Juan Pablo Henao Guzmán Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Empirical evidence of S-curves in the Colombian bilateral trade balances Jose Julián Cao-Alvira Lorena Andrea Palacios-Chacón

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127 - 149

151 - 162

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La vinculación de la universidad con el sector productivo Transferencia tecnológica The connection between the university and the productive sector: technological transference Cecilia Rikap Obesidad, sobrepeso y condiciones socioeconómicas. El caso argentino Obesity, overweight and socioeconomic conditions. The Argentinian case Karina Temporelli Valentina Viego

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La negociabilidad de los derechos laborales: un análisis económico1 The negotiability of labor rights: an economic analysis

Camilo Piedrahita Vargas2

Fecha de recepción: 15/06/2011 Fecha de aprobación: 08/11/2011

1 Este artículo es producto de la investigación institucional denominada “La negociabilidad de los derechos laborales: un análisis económico”, realizada por Camilo Piedrahita Vargas en calidad de investigador principal y financiada por la Universidad EAFIT durante el año 2008. 2 Abogado por la Universidad de Medellín. Magíster en Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia. Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad EAFIT, Medellín-Colombia. Correo electrónico: cpiedra8@eafit.edu.co

ISSN 1657-4206 I Año 16 I No. 34 I enero-junio 2012 I pp. 7-27 I Medellín-Colombia


8 La negociabilidad de los derechos laborales: un análisis económico Camilo Piedrahita Vargas

Resumen Este trabajo presenta los resultados de la investigación aplicada: “La negociabilidad de los derechos laborales: un análisis económico”, la cual tuvo como objetivo principal analizar la regulación jurídica relativa a la negociación individual de los derechos laborales en Colombia a la luz de los postulados de la economía (Análisis Económico del Derecho - AED), con el fin de identificar la ineficiencia generada por la prohibición de la negociación de los mismos. Tras familiarizar al lector con la disciplina del AED, este artículo analiza las principales normas jurídicas que regulan (y prohíben) la libertad de negociación individual en materia laboral lo cual sumado a las características económicas de los agentes (trabajadores) desata un alto nivel de ineficiencia en el mercado de trabajo.

Palabras clave: Análisis económico del derecho, derechos laborales, negociación laboral.

Abstract This paper shows the results of the applied research titled "Negotiating labor rights: an economic analysis", which analyzes the legal regulation on individual labor rights negotiation in Colombia from the viewpoint of basic economic principles (Economic Analysis of Law), in order to identify the inefficiencies caused by the prohibition of this type of negotiations. After introducing the discipline of the Economic Analysis of Law, this article specifically analyzes the main legal principles that support the prohibition of individual negotiations which summed to the economic characteristics of the agents (workers), produce inefficiency in the labor markets.

Key words: Law Economic Analysis, Labor Rights, Labor Negotiation. Clasificación JEL: J01, J08, J80


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1. Introducción Este trabajo investiga, desde el análisis económico del derecho (AED), el marco jurídico regulatorio de la negociación individual de los derechos laborales, con la pretensión de sentar algunas bases teóricas y empíricas para su mejor entendimiento, con base en el supuesto de que las normas jurídicas, como instituciones económicas que son, tienen efectos en la conducta de los agentes que, aunados a las características de estos y de los mercados, pueden o no fomentar la eficiencia económica, la cual se considera un objetivo socialmente deseable del derecho, aunque no el único. En ese orden de ideas, el trabajo comienza por introducir al lector en la disciplina del AED y sus bases teóricas para continuar con el análisis del marco jurídico de la negociabilidad de los derechos laborales en el ámbito individual en Colombia. Por último, dicho marco es estudiado desde una perspectiva económica, la de los efectos que las normas pueden producir en el mercado de transacciones laborales y en sus agentes de acuerdo con sus características (las cuales son evaluadas empíricamente), y por ende, en la eficiencia económica.

1.1 Introducción al análisis económico del derecho3 El sistema jurídico presenta repercusiones sobre el sistema económico y viceversa (Arjona, 2002, p. 118). Hoy, las diversas relaciones entre el sistema jurídico y el económico son notables en hechos tales como el de ser el sistema jurídico el que establece el modelo económico vigente en una sociedad determinada, o que el derecho opera como un marco institucional que permite dirigir las diferentes variables macroeconómicas como la inflación, el empleo o la inversión, así como otros asuntos relacionados con la distribución de los recursos y la Hacienda Pública. El derecho, independientemente de la perspectiva de las instituciones o de la regulación económica que se adopte, tiene un importante efecto como estructura de regulación de los mercados y provee una institucionalidad determinante para la realización adecuada de las transacciones. A pesar de que dicha relación ha existido desde tiempo atrás, no siempre fue tan clara como lo es en la actualidad.

3 Los apartados 1.1 a 1.6 tienen como referencia la monografía de grado: “Una visión ius económica de la culpa en la responsabilidad civil extracontractual por el hecho propio”. Taborda Jaramillo, A.J. (2007). Eafit, Medellín, Colombia.


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1.2 Definición Hasta mediados del siglo XX la expresión “análisis económico del derecho” se refería principalmente al estudio de los casos antimonopolio y a la conducta de los agentes en el mercado. Hoy puede decirse que el concepto alude primordialmente al movimiento doctrinal e intelectual desarrollado en algunas de las escuelas de leyes estadounidenses (Chicago, Yale) que se caracteriza por la aplicación de herramientas microeconómicas al análisis de las normas e instituciones jurídicas. Por AED se entiende, además, la metodología utilizada por los partidarios de dicho movimiento intelectual en sus investigaciones y análisis sobre el derecho. En este contexto el AED implica la utilización de herramientas económicas (principalmente de la microeconomía4 y la econometría) para analizar los procesos de formación, la estructura y los efectos de las normas jurídicas, las decisiones judiciales o las políticas públicas, a partir de la premisa de que las normas actúan como incentivos y que la ciencia económica, entendida como la ciencia de las elecciones racionales en un mundo de recursos escasos respecto de las necesidades humanas, cuyo propósito es el de explorar las implicaciones de asumir la racionalidad maximizadora de sus intereses (Posner, 1998, p. 3), ofrece una teoría sólida del comportamiento para pronosticar la forma como los individuos responden ante las normas jurídicas y sus cambios, y para la realización de juicios de eficiencia acerca de las normas, las decisiones judiciales o las políticas públicas en particular. El AED moderno ha implicado la aplicación de las herramientas económicas al análisis de diversas dogmáticas jurídicas, incluso a aquellas no relacionadas con la regulación de situaciones de mercado, como el derecho de familia o el aborto; y lo que caracteriza el enfoque actual del AED “es la aplicación de la economía al sistema legal por todas partes: a campos del derecho común tales como los daños, los contratos, la restitución y la propiedad […] al procedimiento civil, penal y administrativo […] al derecho constitucional (Posner, 1998, p. 27). El AED, como movimiento intelectual y como metodología, se gesta con una concepción antiformalista (realismo) del derecho, la cual lo considera como una práctica social de origen convencional y con una naturaleza instrumental que le permite ser un instrumen4 La microeconomía “[…] se ocupa de la toma de decisiones por parte de grupos pequeños, tales como los individuos, las familias, los clubes, las empresas y las oficinas gubernamentales” (Cooter & Ulen, 1998, p. 22).


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to para la realización de los intereses de las personas y de la sociedad. Como objeto de conocimiento, el derecho es incompleto, temporal e indeterminado (Chiassoni, 2007).

1.3 Presupuestos del AED El AED concibe al individuo como un ser económico, un agente racional, maximizador de su bienestar en un contexto caracterizado por la escasez de recursos (González, 1994) y permite entonces considerar el derecho como un incentivo para el comportamiento de los individuos y como un instrumento de consecución de objetivos con sentido económico (eficiencia) (Bejarano, 1999). El AED ortodoxo o tradicional (escuela de Chicago), tiene en cuenta los siguientes postulados básicos (Núñez, 2000): - Ley de demanda: hay una relación inversa entre el precio que se cobra y la cantidad demandada. - Al establecerse el precio de un bien debe tenerse en cuenta el costo de oportunidad: el precio que hubiera podido obtenerse destinando los recursos al siguiente uso existente. - El mercado es el instrumento óptimo de asignación de recursos en el sentido de que por medio de él siempre tenderán a encontrarse en manos de quienes más los ­valoran. - Los individuos son racionales puesto que maximizan su utilidad en situaciones de mercado y de no mercado. - Los individuos responden a incentivos de precios en los mercados y a los incentivos legales. - El sistema jurídico y su impacto deben analizarse con base en la eficiencia y aquel debe ante todo promoverla (Arjona, 2002). 1.4 Enfoques del AED A partir de la perspectiva económica, se han identificado dos enfoques del AED. Un enfoque positivo, que implica “el intento de explicar las reglas y los resultados legales tal como son, en lugar de cambiarlos para mejorarlos” (Posner, 1998, p. 28). Por otro lado,


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un enfoque normativo que pretende sugerir el contenido de las instituciones jurídicas para lograr su objetivo (Núñez, 2000), apelando tradicionalmente a la eficiencia económica como criterio de valoración (Arjona, 2002). Lo anterior implica, necesariamente, la emisión de juicios de valor sobre el sistema jurídico operante.

1.5 La eficiencia económica Como se anotó, uno de los objetivos esenciales del AED es la utilización de las herramientas económicas en el estudio de las instituciones jurídicas con la finalidad de evaluar su eficiencia a partir del hecho de que actúan como incentivos modificadores de la conducta de individuos que a su vez son maximizadores. En consecuencia, el énfasis del análisis está puesto sobre el criterio de eficiencia de las normas jurídicas. En el lenguaje ordinario la eficiencia es la virtud o facultad predicada de algo para obtener un efecto determinado; algo eficiente es aquello que produce un resultado satisfactorio sin desperdiciar tiempo ni recursos (Gutiérrez, 2001). Por su parte, la economía ha planteado las siguientes definiciones de eficiencia: • Eficiencia u optimalidad de Pareto: según este criterio, un estado de cosas es óptimo si por lo menos una persona empeora su situación en caso de abandonarse. En conclusión, no es posible mejorar la situación de una persona sin desmejorar la de otra (Pindyck, 2001). • La superioridad de Pareto: un estado de cosas es superior a otro, en términos de Pareto, si el pasar del primer estado al segundo se mejora al menos la situación de una persona y no desmejora la de los demás. En otras palabras, “se mejora la posición de al menos una persona sin empeorar la de nadie” (Posner, 1998, p. 21; Pindyck, 2001, pp. 509 -510). • La eficiencia de Kaldor-Hicks o superioridad potencial de Pareto: pasar de un estado de cosas a otro es eficiente siempre y cuando los beneficios generados por el movimiento superen los costos de él, que exista la posibilidad siempre de que quienes sufran los costos puedan ser compensados (Varian, 1998). Por último, en la doctrina del AED aparece el criterio de la maximización de la riqueza, propuesto por Richard A. Posner. Con esta noción dicho autor quiere indicar:


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La política de intentar maximizar el valor agregado de todos los bienes y servicios, ya sea que se comercien en mercados formales (los bienes y servicios “económicos” usuales) o que no se comercien en tales mercados (en el caso de bienes y servicios no económicos, como la vida, la recreación, la familia y la libertad de dolor y sufrimiento). El “valor” es determinado por lo que el dueño de los bienes o el servicio exigirían para separarse de él o por lo que un no dueño estaría dispuesto a pagar para obtenerlo —cualquiera de los dos sea el mayor—. La “riqueza” es el valor total de todos los bienes y servicios “económicos” y “no económicos” y esta es maximizada cuando todos los bienes y servicios, en la medida en que esto sea posible, sean asignados a sus usos más rentables (Posner, 1998, p. 682).

1.6 Desarrollo histórico y escuelas del AED El origen del AED no es producto de una metodología coherente, sino que toma forma con el paso del tiempo (Núñez, 2000). Como antecedentes próximos aparecen la obra principal de Adam Smith, La riqueza de las naciones, en 1776, y la teoría del equilibrio general, de León Walras, fundador de la economía matemática, que explica y demuestra el equilibrio del mercado de competencia perfecta y cómo los precios de los bienes y servicios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados. Otros antecedentes remotos aparecen en la teoría de los incentivos, expuesta por Cesare Beccaria, y el utilitarismo de Bentham (1789), el cual asocia los niveles de justicia en una sociedad a los de felicidad. A partir de la segunda mitad del siglo XX el análisis de casos judiciales de antitrust o antimonopolio en Estados Unidos sirvió como fuente de información para el estudio del comportamiento de algunos actores económicos en los mercados, pero el AED moderno se inicia con estudios como los de Ronald Coase y Guido Calabresi sobre los derechos de propiedad y las reglas de la responsabilidad. En los años setenta el AED como metodología se extendió incluso por fuera del análisis de dogmáticas jurídicas particulares, incluyendo situaciones de no mercado con trabajos y obras como las de Gary Becker y Richard A. Posner.


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2. Escuelas del AED 2.1 La escuela de Chicago Una de las principales preocupaciones de esta escuela es la generalización (modelos a priori) de sus postulados y el rigorismo científico en su desarrollo, lo que permite entender el comportamiento de los agentes como grupo y no de manera individual. Su finalidad es la de estructurar una teoría abstracta del comportamiento basada en las normas jurídicas como incentivos y restricciones a las acciones de los individuos (Kitch, 2000). Conceptualmente la escuela se fundamenta en los postulados de la microeconomía neoclásica: la maximización racional de los individuos (preferencias estructuradas de manera completa, transitiva, reflexiva y continua), racionalidad que implicaría acceso a información completa y perfecta; la teoría del precio o de la demanda (a mayor precio menor cantidad demandada); y la eficiencia económica en términos de Kaldor y Hicks.

2.2 La nueva economía institucional Como su nombre lo indica, esta escuela se sustenta en los postulados de la vieja economía institucional (Knight, Commons, Veblen, Pound, Galbraith, Schmid, Samuels, entre otros), cuyos estudios sobre la acción colectiva (las instituciones se definen aquí como acciones colectivas en control de las individuales), resaltaron la importancia de las normas jurídicas como parte del conjunto de instituciones —marco institucional— necesario para alcanzar el nivel de cooperación suficiente que permita llegar a la eficiencia económica y su interacción evolutiva, lo cual justificaba la intervención estatal en un escenario coercitivo (Núñez, 2000) al estructurar instituciones para establecer un sistema de control social sobre la actividad económica. En esta escuela el problema de la eficiencia se centra en la premisa de que cada solución legal apunta a un objetivo eficiente pero diferente, de tal modo que no puede establecerse un único test de eficiencia, como lo plantea la escuela de Chicago al acoger la microeconomía neoclásica; el problema de la determinación de derechos es un problema de distribución y no de eficiencia (Márquez, 2005). La intervención estatal se hace entonces necesaria gracias a las fallas que se presentan en el mercado. Existe escepticismo frente a la idea de la racionalidad ilimitada de los agentes y a la posibilidad de que las personas lleguen a niveles de cooperación convenientes sin la existencia de un marco institucional adecuado (Núñez, 2002).


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La nueva economía institucional (Williamsom, North, Demsetz, entre otros) estudia el origen y propósito principal de las instituciones económicas referido a asuntos como la reducción de los costos de transacción y la reducción de la incertidumbre y su posible ineficiencia debido a que quienes las establecen generalmente persiguen su interés particular y no la maximización de la riqueza de la comunidad. Autores como Douglas North plantean la necesidad de diferenciar los agentes (los jugadores) de las instituciones (reglas). Las reglas de juego que dependen de los intereses y del poder relativo de los jugadores exitosos —no del interés público— trae como consecuencia que las reglas de juego no siempre tengan como finalidad la eficiencia económica (Arjona, 2002). Para esta escuela el estudio del AED tiene como objetivo identificar las variables instrumentales y los procesos que determinan la forma como operan las instituciones jurídicas de significación económica, extendiendo el alcance tradicional y abstracto del AED y resaltando la forma como los derechos de propiedad y los costos de transacción afectan el comportamiento de los agentes económicos (Roemer, 1994). El análisis realizado por esta escuela se da en términos de individualismo metodológico, lo que implica una mayor importancia de la función de los individuos que de las generalizaciones abstractas, la maximización racional de la utilidad dentro de las restricciones implementadas por el marco institucional, la racionalidad limitada de los agentes (no pueden prever todo lo que puede ocurrir) y el comportamiento oportunista de estos (Roemer, 1994; Márquez, 2005). Para el neoinstitucionalismo, el análisis de la eficiencia de un modelo institucional ha de partir de que en el mismo se incluyan todas las restricciones que deban enfrentar los agentes que participan en él con el fin de maximizar sus beneficios; si con las restricciones impuestas se maximiza el beneficio, la solución es eficiente.

2.3 Escuela de la elección pública Esta escuela (Black, Arrow, Buchanan, Tullock, entre otros) estudia las interrelaciones entre la economía y las decisiones políticas con el fin de comprender y predecir el compor­ tamiento de los mercados políticos, tratando a los agentes económicos decisores como participantes de un complejo sistema de interacciones que genera un resultado político (Márquez, 2005). Es un análisis económico sobre la toma de decisiones de no mercado, ya que tiene por objeto el estudio de las decisiones públicas, la estructura del Estado, las normas electorales y la influencia de los grupos de interés en esas decisiones.


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Los objetivos de esta escuela de pensamiento son: - Definir la justificación económica para la acción pública. - Analizar las instituciones políticas y burocráticas de manera realista. - Definir las funciones útiles para el sistema judicial en el ámbito de este sistema de política pública (Arjona, 2002).

3. Marco jurídico de la negociabilidad de los derechos laborales en Colombia 3.1 Naturaleza dual de los derechos relativos al trabajo Antes de analizar el marco jurídico de la negociabilidad de los derechos laborales deben distinguirse al menos dos tipos de derechos asociados a la relación de trabajo. En primer lugar aparecen los denominados derechos (principios, valores) de carácter fundamental, tales como el derecho al trabajo; la libertad de escoger arte, profesión u oficio o a no ser discriminado laboralmente por razones de raza, sexo o condición política o religiosa, por citar solo algunos. Por otro lado, adscritos a la relación laboral aparecen ciertos derechos económicos o prestacionales, no fundamentales, tales como el derecho a gozar de vacaciones remuneradas, al auxilio de cesantía o a la dotación de calzado y vestido de labor a favor del trabajador. La legislación colombiana establece profundas restricciones a la negociación individual de los derechos laborales económico-prestacionales y privilegia la negociación colectiva de estos con el argumento de que es el trabajador la parte débil de la relación de trabajo y que el estatuto jurídico laboral tiene en sí como finalidad la introducción de la justicia (equilibrio) en tan desproporcionada relación. (art. 1°, Código Sustantivo del Trabajo [CST]).

3.2 Normas internacionales Como es sabido, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo objetivo es la lucha por el establecimiento del trabajo decente en todos los pueblos del mundo a través del enlace de los intereses estatales, de los trabajadores y de los empleadores, que hayan sido ratificados por el ente legislativo colombiano, hacen parte del ordenamiento jurídico nacional y prevalecen en el ordenamiento jurídico interno (art. 93,


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Constitución Política [C. P.]), debiendo anotarse que las recomendaciones de dicho ente no son exigibles a los Estados miembros de la organización, salvo las proferidas por el Comité de Expertos de ella. No existe actualmente ningún convenio de la OIT relativo a los límites en materia de negociación individual de derechos laborales; sin embargo, la recomendación 92 de 1951 se refiere a los asuntos relacionados con la conciliación y el arbitraje voluntarios en materia laboral, si bien nada establece acerca de la posibilidad o no de negociar individualmente los derechos inherentes a la relación de trabajo.

3.3 Normas constitucionales y legales La Constitución Política de Colombia, en su título II, capítulo I, De los derechos fundamentales, establece en el art. 25 el derecho fundamental al trabajo: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”; y a continuación, en el art. 26, la libertad de escogencia y ejercicio de él, bajo el acatamiento a la ley: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Asimismo, en los arts. 48 y 49 de dicho título, capítulo II, establece los derechos irrenunciables a la seguridad social y, en particular, a la salud. Finalmente, el art. 53 constitucional establece quizás el marco constitucional más importante en materia laboral, al fijar los principios mínimos fundamentales de todo estatuto laboral proferido en Colombia, entre los cuales se incluye la prohibición de negociar individualmente los derechos laborales, mediante el establecimiento de la irrenunciabilidad de los derechos y garantías mínimas laborales establecidas en la Constitución, y la ley sobre la facultad exclusiva de transigir y conciliar (negociar) únicamente cuando se trate de derechos inciertos y discutibles.


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Debe anotarse que la C. P. determina en su art. 55 el derecho constitucional a la negociación colectiva para la regulación de las relaciones laborales. El CST establece, en su art. 13, la regla imperativa de no atentar, por medio de pacto alguno, en contra de los derechos y garantías mínimas de los trabajadores, que son aquellos derechos definidos en su articulado y las leyes y disposiciones modificatorias y complementarias. También, el art. 14 consagra, producto de las características de orden público atribuidas a las normas laborales, la irrenunciabilidad de los derechos y garantías mínimas otorgadas a los trabajadores, salvo por excepción legal. Dicha excepción puede encontrarse en el art. 15 de dicho estatuto o en el mencionado art. 53 constitucional: la transacción y la conciliación de derechos laborales individuales puede realizarse válidamente cuando se trata de derechos inciertos y discutibles. Debe tenerse en cuenta que las mencionadas figuras jurídicas —transacción y conciliación— son formas de negociación individual de derechos. La transacción, reglada por el art. 2469 del Código Civil (C. C.) colombiano, es un contrato mediante el cual las partes de una relación jurídica ceden o renuncian a parte o a la totalidad de sus intereses o pretensiones con el fin de terminar un proceso iniciado o por iniciar. La conciliación, por su parte, es un mecanismo de solución de conflictos, extra o intrajudicialmente, que pretende lo mismo que la transacción, solo que el acuerdo se realiza ante un tercero investido con la facultad de conciliar mas no de decidir por las partes y que en materia laboral no constituye requisito de procedibilidad pero solo puede llevarse a cabo ante el inspector del trabajo o el juez laboral.

4. Derechos inciertos y discutibles Según lo mencionado hasta este punto, la libertad negocial individual en materia laboral se encuentra profundamente restringida cuando se refiere a derechos ciertos e indiscutibles, permitiéndosele al trabajador solo disponer sobre lo cierto (Campos Rivera, 1997). De ahí que únicamente se admita la transacción y la conciliación de los derechos inciertos y discutibles. “Sobre los derechos ciertos, por ser el derecho laboral una disciplina protectora del trabajador, no proceden estas figuras” (Cadavid, 2008, p. 394). Solo excepcionalmente puede procederse con validez, por medio de la transacción, la renuncia o la conciliación, cuando se trate de derechos inciertos y discutibles. De ahí la importancia de determinar la esencia de los derechos.


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Desafortunadamente la legislación laboral no se ocupó de definir qué tipo de derechos laborales cumplen con dichas características, lo cual los haría susceptibles de ser negociados individualmente. Por lo anterior, deberá acudirse a una perspectiva jurisprudencial o doctrinal para intentar una caracterización de ellos. La diferencia entre derechos inciertos y discutibles y los ciertos e indiscutibles no radica en la relativa a los derechos adquiridos y las meras expectativas, es decir, los derechos son, o no, ciertos o discutibles, pero son derechos, no meras expectativas (Vallejo, 2008). Lo trascendental para la ubicación de un derecho como cierto o incierto, discutible o no, radica en su situación probatoria, esto es, independientemente de la fuente de consagración del derecho (legal, convencional o contractual, por ejemplo), si su titular está en condiciones de probarlo aquel será cierto e indiscutible, como es el caso de la confesión de la contraparte de su acreencia o la sentencia ejecutoriada proferida por un juez laboral. En caso contrario, esto es, la inexistencia de medios de prueba, deriva en incierto y, por lo tanto, en discutible y negociable.

4.1 La no negociabilidad, una perspectiva económica 4.1.1 La eficiencia del mercado y sus requisitos El mercado, como mecanismo de asignación de recursos, es eficiente, ya que permite, por medio del intercambio vía precios, que los bienes (derechos) se transfieran a aquellas personas que más los valoran o a sus usos más valiosos. Esto es lo que se denomina eficiencia del intercambio. No obstante, para la existencia misma del mercado se requieren ciertas instituciones (algunas de ellas de naturaleza jurídica), tales como los derechos de propiedad y las normas contractuales. Los primeros establecen derechos de uso, goce y disposición sobre bienes o recursos, los cuales son los que en últimas se transfieren en el proceso de intercambio dado por el mercado. Las reglas contractuales se convierten en la manera institucional como tales derechos son transferidos a quienes más los valoran o a los usos más valiosos. No obstante, debe tenerse en cuenta que no siempre los mercados por sí solos pueden generar eficiencia económica; en algunos casos estos pueden contar con las denominadas fallas de mercado, tales como el poder de mercado, las asimetrías de información, la publicidad de los bienes o las externalidades negativas. Debido a estas fallas los mercados ni siquiera llegan a crearse, o se crean pero con profundas deficiencias en cuanto


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a la asignación eficiente de los recursos (sub y sobreexplotación, sobreinversión, riesgo moral, selección adversa, pérdida irrecuperable de eficiencia, etcétera). Además debe tenerse en cuenta que utilizar el mercado como mecanismo de asignación o distribución de recursos cuesta para aquellos agentes que están dispuestos a usarlo. Estos costos son conocidos como de transacción, los cuales aparecen antes (búsqueda, negociación), durante (contratación) y después de la transacción (cumplimiento). Tradicionalmente la teoría económica de la regulación ha formulado, ante las fallas de mercado, la solución vía regulación como mecanismo de corrección; es lo que se conoce como las teorías de la regulación en interés público, donde el Estado (usualmente el poder ejecutivo o una agencia regulatoria) interviene normativamente en el mercado con el fin de solucionar o corregir las fallas que le impidan a este lograr la eficiencia económica. Desde la economía, la regulación se entiende como el control sostenido y focalizado ejercido generalmente por una agencia pública sobre actividades valoradas por una comunidad (Baldwin, 1999), lo que implica una serie específica de órdenes o mandatos, la influencia deliberada del Estado o formas de control o influencia social. Comprende, asimismo, acciones gubernamentales para supervisar y controlar las actividades económicas de los agentes de mercado al objeto de prevenir algunas decisiones y actividades que no tengan en cuenta el interés público, entendido este como la eficiencia económica, la equidad, la salud y la seguridad (Delorme, 2001). La regulación es, además, un importante instrumento de política pública en las economías de mercado, ya que ella no existe en sistemas económicos de planeación central absoluta; regular implica el ejercicio de algún tipo de influencia o control diferente al control total sobre una actividad, comprendida dicha influencia como el conjunto de reglas dentro de las cuales las personas deben realizar sus negocios con el objetivo de hacer más eficientes los mercados (Ricketts, 2006). Frente a estas teorías del interés público surgieron las teorías del interés privado, que parten de la idea de que cuanto existe realmente es un mercado de regulación en el cual el Estado o las agencias reguladoras ofrecen la regulación más pertinente para el agente o grupo de interés que, de acuerdo con su capacidad de presión o cabildeo sea capaz de adquirir, de ahí que el Estado o las agencias no actúen como salvadores del interés público, sino como unos agentes más que buscan maximizar su bienestar al actuar en interés privado.


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Independientemente de la escuela regulatoria que se adopte, es claro que el sistema jurídico sienta las bases para la existencia del mercado: establece derechos de propiedad y regulaciones contractuales que permiten transar dichos derechos. Por lo tanto, si se parte de la idea de que el mercado es un mecanismo que puede ser eficiente en la asignación o distribución de los recursos, que los derechos de propiedad y de contratos son las bases para el funcionamiento de él y que utilizar el mercado cuesta para las partes, puede concluirse que dichos derechos de propiedad y de contratos deben gozar de ciertas características con el propósito de hacer menos costoso para los agentes el mecanismo de mercado. Esta tesis fue planteada por Ronald H. Coase en su obra El problema del costo social, como respuesta a la solución regulatoria tradicional (interés público) planteada por A. C. Pigou en sus estudios sobre la contaminación ambiental y las externalidades negativas. Según Coase, lo que debe tenerse en cuenta al formular instituciones jurídicas asociadas a los derechos de propiedad o a los contratos es la reducción de los citados costos de transacción. Coase concluye que los costos de transacción se reducen —facilitando las transacciones, como ya se anotó, se permite la eficiencia en el intercambio— y por ende el valor de los recursos —derechos— se maximiza, si todos los recursos están apropiados (hay derechos de propiedad sobre todos los bienes, universalidad), gozan de exclusividad —permiten excluir a otros— y dichos derechos son claros, concisos y transferibles a bajo costo. Las características asociadas a los derechos de propiedad y de contratos pueden reducir los costos de transacción y permitir las transacciones, así como la apropiación social de la eficiencia del intercambio; sin embargo, debe aclararse que solo el ala más radical del AED considera que dicha finalidad (la eficiencia) es la finalidad última del derecho. Siempre quedará la posibilidad de diferir de dicha idea y sacrificar eficiencia por razones de justicia, equidad, etcétera. 4.1.2 Opciones del legislador Al seguir las ideas planteadas, el legislador laboral tiene las siguientes opciones: 1. Otorgar derechos a los empleadores (negociables o no). 2. Otorgar derechos negociables a los trabajadores. 3. Otorgar derechos no negociables a los trabajadores.


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Es necesario, entonces, analizar la pertinencia, en términos de eficiencia económica, del establecimiento por parte del legislador de derechos laborales no negociables, los cuales, según lo citado, no cumplirían con las características de negociabilidad a bajo costo y por lo tanto podrían implicar un sacrificio o reducción de aquella. 4.1.3 Características de los agentes (trabajadores) Pero, no solo la limitación a la negociabilidad individual de los derechos laborales y su contraposición a la libertad negocial como requisito para disminuir los costos de transacción y maximizar la utilidad social producto de las transacciones y la eficiencia del intercambio, son fundamentos teóricos para dicho análisis. Según la corriente neoinstitucionalista de la economía y por ende del AED conocida como behavioral economics (economía del comportamiento), los trabajadores tienen ciertas características como agentes económicos que deben tenerse en cuenta al momento de analizar el impacto en términos de eficiencia del otorgamiento de derechos negociables o no en materia laboral (Sunstein, 2000). Veamos: 1. Los trabajadores son mucho más aversos al riesgo y a las pérdidas y no se preocupan tanto por la obtención de ganancias como otros agentes. En este sentido, para los trabajadores podría resultar eficiente en términos de maximización de su bienestar, negociar derechos de tipo prestacional de acuerdo con sus necesidades presentes, evadiendo el riesgo empresarial futuro. 2. Los trabajadores normalmente no tienen suficientes conocimientos legales, específicamente en materia de derechos laborales ni de que se les niegan derechos o se les imponen restricciones (como la de negociar). Esta característica permitiría inducir que en un sistema de derechos negociables se produciría en dicho mercado un nivel superior de información, más completa y veraz, lo cual permitiría reducir el impacto actual de la asimetría de información entre trabajadores y empleadores. 3. Los trabajadores son excesivamente optimistas. 4. Los trabajadores se preocupan demasiado por la justicia y están dispuestos a castigar a aquellos empleadores que los han tratado injustamente, incluso asumiendo ellos mismos el costo de dicho castigo. 5. Los trabajadores se preocupan por su posición económica relativa, no absoluta, y usualmente descuentan el futuro.


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Estas características acerca de la racionalidad económica de los trabajadores complementan la tesis planteada: los trabajadores preferirían (porque maximiza su bienestar) negociar sus derechos económicos o prestacionales de manera individual, lo que les permitiría satisfacer sus necesidades hoy, sin importar el futuro, y estarían dispuestos a negociar si el arreglo fuera eficiente, evitándose así las ineficiencias propias de las preocupaciones morales y de justicia por propia mano producto de retaliaciones y venganza en contra de sus empleadores. Dichas características sugieren que, en algunos casos, contrario a la tesis formulada en el teorema de Coase (de que la asignación inicial de derechos es intrascendente si los costos de transacción son bajos), podría ser deseable la asignación de derechos laborales negociables que permitan a los trabajadores maximizar su utilidad por medio de transacciones con sus empleadores de manera informada, en vez de crear rigideces ineficientes estableciendo derechos no negociables en cabeza de aquellos (costos de transacción prohibitivos), no solo por el hecho de que la libertad negocial, según la propuesta de Coase, puede maximizar la eficiencia económica, sino porque esas características de este tipo de agentes económicos (trabajadores) harían aún más justificable dicho tipo de fórmulas jurídicas a favor de la eficiencia económica. 4.1.4 Análisis empírico La eficiencia del intercambio permite inferir la mayor eficiencia de las reglas de asignación de derechos de propiedad universales y ampliamente negociables respecto de los derechos de los trabajadores, no obstante este argumento se potencializa en la medida en que pueda demostrarse empíricamente que aquellos se comportan, económicamente, según las características enunciadas. Con ese objetivo, se realizó una indagación empírica utilizando el mecanismo de recolección de información por encuesta directa, con el cual se pretendía identificar en qué medida efectivamente los trabajadores, como agentes económicos, se comportan de la manera señalada. La encuesta se aplicó a cien personas mayores de edad (69 hombres y 31 mujeres), trabajadores dependientes. A continuación se presentan los resultados obtenidos: En primer lugar, se trató de determinar la racionalidad económica propia de los agentes (trabajadores) en un mercado de transacciones laborales. La mayoría de los encuestados se consideran muy optimistas (79%) y con alto grado de aversión al riesgo (67%). Independientemente de su optimismo, usualmente los trabajadores dependientes son personas con menos disposición a asumir riesgos y mayor disposición por la estabilidad,


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al contrario de los empresarios, quienes a menudo están dispuestos a asumir riesgos más altos. Lo anterior se ratifica aún más al quedar expuesta la condición de los trabajadores de preferir una ganancia relativa actual a una superior pero no segura en el futuro (71%). Para finalizar, el 81% de los trabajadores admite abiertamente que tomaría retaliaciones en contra de su empleador a pesar de tener que asumir el costo de ellas, por consideraciones morales (no económicas). También se intentó determinar los niveles de información con los que cuenta el mercado de transacciones laborales desde la perspectiva de la parte menos informada en este caso (el trabajador). En materia de conocimiento jurídico (información), la encuesta parece verificar la hipótesis prevista en este trabajo: en general los trabajadores revelan alto nivel de desconocimiento de la regulación laboral (82%) y en particular frente a la posibilidad de negociar individualmente sus derechos emanados de un vínculo laboral (89%).

5. Conclusiones - El mercado, como mecanismo de asignación o distribución de recursos, puede generar eficiencia económica por medio del intercambio. - La universalidad como característica de los derechos de propiedad es una institución jurídica necesaria para la existencia del mercado y por ende de la eficiencia económica. - La eficiencia económica, a pesar de ser un objetivo socialmente deseable del derecho, puede sacrificarse en razón de lograr otros objetivos (igualdad, equidad, e ­ tcétera). - La legislación laboral en Colombia establece profundas restricciones a la libertad negocial individual de derechos laborales, lo cual no permite cumplir con las características requeridas para maximizar la eficiencia del intercambio y por tanto de la eficiencia económica. - Los agentes que actúan en la transacción de derechos laborales, en particular los trabajadores, poseen características que justificarían, al menos en materia de derechos prestacionales, la liberalización del régimen de negociación individual. - Las posibilidad de apropiarse de la eficiencia del intercambio, sumada a las características propias de los agentes económicos del mercado bajo estudio (trabajadores),


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hacen imperativa la revisión de las reglas generales e inflexibles de restricción en materia de negociación individual de derechos laborales.

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Evaluación de la dinámica urbana para la ciudad de Envigado Urban dynamics evaluation of Envigado city

Alejandro Betancourt* Luis Antonio Quintero**

Fecha de recepción: 07/10/2011 Fecha de aprobación: 17/11/2011

Ingeniero Matemático, Research in Spatial Ecomics (RiSE group), Universidad ­E AFIT, Colombia. Correo electrónico: abetan16@eafir.edu.co ** PhD. Físico y Economista, Docente del Departamento de Ciencias Básicas, Universidad EAFIT, Colombia. Correo electrónico: lquinte3@eafit.edu.co *

ISSN 1657-4206 I Año 16 I No. 34 I enero-junio 2012 I pp. 29-48 I Medellín-Colombia


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Resumen En este artículo se presenta la conceptualización metodológica y los principales resultados de un modelo de dinámica de sistemas, cuyo objetivo principal es soportar la toma de decisiones para la ciudad de Envigado en políticas de vivienda. Para esto se elaboró un modelo basado en escenarios, el cual mediante una combinación de la perspectiva del Producto Interno Bruto (PIB) y una estrategia de permisos de construcción modela la evolución aproximada de la demanda y la oferta de vivienda en la ciudad. Usando este modelo se obtienen algunos resultados importantes en función del escenario utilizado, por ejemplo se encuentra que la oferta de vivienda alcanzará el punto de saturación entre el 2040 y el 2046, situación ocasionada por la disponibilidad de suelos. Por último es importante resaltar que este artículo es una muestra de cómo herramientas académicas como la dinámica de sistemas pueden ayudar a los gobernantes en su labor de toma de decisiones.

Palabras clave: Construcción, demografía, dinámica urbana, inmigración, migración, Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Abstract This article presents the methodological conceptualization and the main results of a System Dynamics model, which main objective is to support the housing policies in the city of Envigado. The used methodology developed a scenario-based model to emulate the approximate evolution of the housing demand and supply for the city, using a scenario of the Gross Domestic Product (GDP) and a housing authorization strategy as input. Diverse results were obtained, for instance it was found that due to the soil availability, the housing supply reaches the saturation point between 2040 and 2046. Finally this article could be considered as an example of how academic tools such as System Dynamics can be used by decisions makers in the government.

Key words: Construction, Demography, Urban Dynamics, Inmigration, Migration, Territorial Ordering Plan. Clasificación JEL: R00, R52, R58


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1. Introducción Durante los últimos años el crecimiento de la población y de la oferta de vivienda se ha convertido en un problema de gran cuidado, especialmente en los países en desarrollo, debido a que es en la población donde se encuentra el alma de las ciudades. Por esta razón se han venido aplicando nuevas herramientas para ayudar a tomar decisiones correctas frente a las problemáticas que se desprenden de la dinámica poblacional. En este caso se desarrolló un modelo, mediante la metodología de dinámica de sistemas, que representa la evolución de la población en el municipio de Envigado, con el fin de hacerle un seguimiento y proyectar su crecimiento de acuerdo con los patrones que se han dado en los últimos años.

2. Descripción del problema El problema desarrollado por este modelo analiza la dinámica urbana en Envigado —Antioquia— y estudia la demanda y oferta de vivienda que se ha presentado en el municipio. Cabe anotar que Envigado, en los últimos veinte años, ha invertido gran cantidad de recursos en el desarrollo de nuevas viviendas, para albergar la afluencia de personas que migran hacia allí desde diversos sitios del valle del Aburrá en búsqueda de mejor calidad de vida y seguridad, lo cual ha convertido al municipio en uno de los de mayor crecimiento del país (Otra Parte). El nivel de demanda de vivienda que se ha presentado en los últimos años es consecuencia directa de los buenos indicadores de seguridad y de calidad de vida de Envigado. Cifras oficiales muestran que aproximadamente el 98% de las personas que habitan las zonas urbanas cuentan con los servicios públicos básicos (Anuario estadístico del municipio de Envigado), lo que lo convierte en un municipio con alto nivel migratorio y atraer gran cantidad de población de Medellín, ciudad esta última que, de acuerdo con el Censo general de población, en el año 2005 contaba con 2.219.861 habitantes (DANE). La demanda de vivienda también se ve afectada en una gran medida por el crecimiento autónomo del municipio de Envigado, es decir, por el aumento de población ocasionado por su tasa de nacimientos.


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La atención de la demanda del suelo urbano es una tarea predominante para los alcaldes, lo cual torna este trabajo más complejo al considerar que gran cantidad de las tierras del municipio no son aptas para construcción, por sus inclinadas pendientes. Por esta razón, en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal se limita de manera considerable el área apta para la construcción de nuevas viviendas. Además, si se piensa que a largo plazo el problema se complica aún más, ya que a pesar de que actualmente el municipio cuenta con una gran disponibilidad para construcción (v. figura 1), se prevé que dentro de cuarenta o cincuenta años esta disponibilidad será mucho menor, o posiblemente nula. Por dicha razón es de suma importancia planear el horizonte de desarrollo de las áreas disponibles y hacer previsiones para el momento en el que las tierras estén utilizadas en su totalidad. Figura 1. Densidad urbana definida en el Plan de Ordenamiento Territorial.1

1 Mapa tomado de los planos del Plan de Ordenamiento Territorial; elaborado por la Oficina Asesora de Planeación.


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3. Antecedentes metodológicos Desde finales de la década de los sesenta uno de los problemas a los que se destinó la dinámica de sistemas, después de las aplicaciones corporativas, fue a la dinámica urbana, con el trabajo pionero de Forrester (1969), el cual generó discusión en torno a esta propuesta, para entonces novedosa pero que fue acogida por parte de la comunidad académica, haciéndole una integración crítica (Harveya & Roberth, 1970; Gray, Ressel & Vararja, 1972; Ingram & Kain, 1972; Saxton, 1979). Debido a la complejidad y a la gran cantidad de variables que se pueden encontrar para el modelamiento adecuado de una ciudad, la metodología de dinámica de sistemas ofrece grandes ventajas, ya que permite representar y analizar el sistema desde sus elementos esenciales y estructurales. Por esta razón, en los últimos tiempos se han venido construyendo modelos que desarrollan y estudian problemas relacionados con la dinámica urbana de las ciudades, de modo que brinda un invaluable apoyo a los entes gubernamentales en los procesos de planeación. Se tienen ejemplos de aplicación en los casos de la ciudad de Seúl (Corea), donde se analiza su crecimiento autosuficiente, considerando los problemas que se le oponen como la saturación del transporte, el crecimiento de la infraestructura y los problemas ambientales (Moonseo et al., 2011, pp. 1-12); el modelo desarrollado para la ciudad de Beijin (China), que plantea la expansión de la ciudad hasta el 2020, en función de los factores limitantes que determinarían este crecimiento (Chunyang, Norio, Qiaofeng, Peijun & Jingshui, 2006, pp. 323-345); el estudio de la disposición de desechos en la ciudad de New Jersey (Kollikkathara, 2009); el estudio de la ciudad de Puerto Aura en la región del lago Valsequillo, en Puebla (México), referido al sistema urbano, integrando diferentes dimensiones para dar cuenta de la dinámica del desarrollo sostenible (Durán-Encalada & Paucar-Cáceres, 2009, pp. 77-99). La dinámica de sistemas también ha sido aplicada para planear el futuro de la ciudad costera española de Mataró, donde el modelo construido permitió brindar información a entidades gubernamentales españolas en torno a la evolución demográfica y geográfica de esta región (Reverté, 2003). Asimismo, en diversos estudios aplicados se ha integrado la dinámica de sistemas con otras metodologías, como los sistemas de información geográficos (SIG), como en el caso del citado estudio para la ciudad de New Jersey (Kollikkathara, 2009), o el desarro­llado en la ciudad de Chongqing (China) (Guan, Gao, Su, Li & Hokao, 2011, pp. 1333-1344).


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Por otra parte, se da la integración con otras metodologías como los modelos de autómatas celulares, en el caso de la ciudad de Beijin (Chunyang, Norio, Qiaofeng, Peijun & Jingshui, 2006, pp. 323-345). En varios trabajos de modelación urbana se ha integrado la dinámica de sistemas con modelos de redes neuronales para extracción de la dinámica de variables del sistema, como las económicas, energéticas y ambientales, y la optimización de las trayectorias resultantes en los escenarios analizados, mediante la aplicación de técnicas de algoritmos genéticos, lo cual es el caso del modelo implementado en la ciudad de Jaipur (India) (Satsangi, Mishra, Gaur & Singh, 2003, pp. 808-817). Un elemento común en la aplicación de la dinámica de sistemas a problemas urbanos es el enfoque en el análisis de los problemas ambientales de las ciudades, valiéndose del potencial de integración sistémica que propicia la metodología (Wee-Kean, Hiroshi & Yu-Fat, 2009, pp. 1528-1537; Dyson & Chang, 2005, pp. 669-679; Pfaffenbichler, Emberger & Shepherd, 2008, pp. 183-200). Otro ejemplo de la inclusión de esta metodología para analizar las problemas urbanos se da en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde se dicta el curso Modelos de Simulación Urbana, dedicado a comprender la dinámica urbana de la ciudad, concebida como un conjunto de sistemas complejos; la investigación que se desarrolla en el curso se fundamenta en la teoría de sistemas y en la dinámica de sistemas. Por la importancia de este problema la corporación Electronics Arts ha creado un popular videojuego llamado simCity, el cual simula la dinámica de una ciudad utilizando una mezcla de sistemas de información geográficos y modelos de simulación. Lo sorprendente no es que se haya creado un juego acerca de la dinámica urbana, lo importante es que se ha venido convirtiendo en una herramienta de aprendizaje alrededor del mundo, utilizándose en las aulas de importantes universidades, tal y como se hizo en el curso mencionado. En ciudades colombianas también se han aplicado modelos de dinámica de sistemas para representar la dinámica urbana, como el modelo creado en la Universidad Tecnológica de Pereira, con el cual se quería estudiar la evolución de la calidad de vida en Pamplona. Para esto se modelaron variables como población, disponibilidad de vivienda y costo de servicios públicos, entre otras (Rueda, 2007).


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4. Construcción del modelo Para la construcción del modelo lo más importante fue entender el comportamiento de la dinámica urbana en el municipio de Envigado. Para esto se hizo un listado de variables que, se creía en un comienzo, causaban algún efecto en el sistema. Con este listado se comenzó la construcción de un diagrama causal que facilitó el entendimiento del sistema (v. figura 2), para hacer así más sencilla la tarea de construcción del modelo. Vale la pena aclarar que algunas de las variables que aparecen en el diagrama causal no fueron incluidas dentro del modelo debido a que en el proceso de construcción de este no explicaban nada del sistema o no se contaba con información suficiente para hacer una correcta abstracción de la variable, tal y como sucedió con la variable demolición. Con el objetivo de simplificar la construcción del diagrama causal, se asumió como migración el balance entre la población que deja de vivir en Envigado (emigración) y la población que llega de otras ciudades (inmigración), la cual es muy alta debido a su cercanía con el resto de municipios pertenecientes al área metropolitana de Medellín. También se definió como déficit de vivienda al resultado de la resta entre la oferta de vivienda, ocasionada por la construcción, y la demanda de vivienda ocasionada por la población. En el diagrama causal se pueden observar ciclos de retroalimentación, tanto positivos como negativos, algunos de los cuales se explicarán a continuación, con la finalidad de lograr una comprensión adecuada del sistema. Uno de los ciclos positivos más importantes para el modelo es el que relaciona área construida, área sin construir (área sin ningún tipo de infraestructura) y tasa de construcción (ciclo 6). Este ciclo es de gran importancia, ya que es el área que, al transcurrir un tiempo determinado, comenzará a escasear y terminará limitando tanto la construcción de nueva vivienda como el crecimiento de la población. Otro ciclo principal para el modelo es el ciclo 1, que comienza en la variable población y que tras pasar por déficit de vivienda y migración se convierte en un ciclo negativo, lo cual indica que a largo plazo, cuando escasee el área disponible para construcción y por la oferta de nuevas viviendas, no se puedan amortiguar los crecimientos de población y será la migración la encargada de estabilizar el sistema.


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Figura 2. Diagrama que representa la dinámica urbana en el municipio de Envigado

Luego del adecuado entendimiento del sistema, se comenzó a crear el modelo. Para esto fue necesario analizar mucho más en profundidad, algunas de las variables que se encuentran en el diagrama causal. Como resultado de dicho análisis se encontró que la variable más importante del modelo es déficit de vivienda, ya que es esta la que se encarga de resumir el comportamiento que se presenta entre la oferta y la demanda de vivienda, las cuales interactúan entre sí. Para modelar dicha variable se dividió el modelo en dos partes: una se encarga de generar la oferta de vivienda y la otra el crecimiento de la población envigadeña en el transcurso del tiempo. Ambas partes contienen gran cantidad de variables que están sistémicamente interrelacionadas. Algunas de las variables del modelo son socioeconómicas, como el PIB, la inversión y la dinámica poblacional. Trabajar con este tipo de variables agrega un grado de complejidad mayor al modelo, debido a que son variables de gran fluctuación y por lo tanto es imposible determinar el comportamiento futuro que tendrán. Para solucionar este inconveniente se crearon escenarios que tuvieran en cuenta estas variables y así poder fijar una situación socioeconómica antes de correr el modelo y observar, en ese caso,


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cómo sería la evolución de la ciudad en un periodo determinado, bajo un comportamiento proyectado a partir de estas variables. No se puede olvidar que el objetivo principal del modelo es apoyar a los gobernantes en la toma adecuada de decisiones, por lo tanto fueron incluidas en el modelo variables que puedan ser modificadas por el usuario para buscar un objetivo específico. Estas variables permiten encontrar puntos óptimos de acuerdo con lo deseado por los gobernantes de Envigado. Ejemplificando un poco, se tiene que si la Oficina de Planeación Municipal se planteara maximizar la cobertura de vivienda para la población, podría correrse el módulo de optimización, estableciendo las variables de monto de inversión en construcción de viviendas y restricciones del POT, para buscar el máximo en cobertura de vivienda.

5. El modelo El modelo fue construido en Powersim y consta de tres partes básicas, dos de las cuales son las encargadas de manejar la oferta y la demanda de vivienda, y la tercera, de tomar esta información y generar los resultados principales, como el déficit de vivienda y los gráficos que resumen la dinámica urbana. Aparte, y como valor agregado al modelo, se construyó una interface gráfica que permite al usuario interactuar más fácilmente y observar los resultados, sin tener que manipular ni entender el funcionamiento de él, esto con el fin de que un usuario sin conocimiento alguno de la dinámica de sistemas pueda operarlo y obtener información útil. El modelo intercambia información importante con Microsoft Excel, es decir, recibe información de Excel para poder modelar las migraciones y los posibles escenarios del PIB, y además envía los resultados obtenidos para así facilitar el proceso de validación y de análisis de resultados.

6. Validación El hecho de crear un modelo de dinámica de sistemas para cualquier tipo de problema no garantiza la adecuada representación del sistema real, por esto es necesario hacer un proceso de validación con el cual pueda comprobarse la aproximación en el comportamiento del modelo a la realidad.


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Para realizar la validación de nuestro modelo se hizo una comparación entre los datos obtenidos por él y los que fueron entregados por la oficina de planeación, estos últimos se encuentran disponibles desde 1998 hasta el 2007. Con el fin de una adecuada validación del modelo, se estudiaron las tres variables más significativas, que se explican a continuación. 6.1 Oferta de vivienda En el caso de la oferta de vivienda, los datos logrados por el modelo son bastante similares, tanto así que el error promedio es del 0,2%. En la Figura 3 puede observarse claramente cómo fue el comportamiento de la oferta de vivienda en los años anteriores y cómo el modelo representa ese comportamiento. Figura 3. Oferta de vivienda real vs. Oferta de vivienda obtenida por el modelo

La población total del municipio es un dato de suma importancia para sus gobernantes; sin embargo, se encuentra mucha más información oculta en la población dividida por grupos etarios, ya que es esta la que mostrará qué tan joven será la población del municipio a mediano y largo plazo, por esta razón es relevante que el modelo represente de manera adecuada el comportamiento de la población dividida por edades, para verificar que lo anterior efectivamente sucede. Nótese en las Figura 4 la gran similitud que existe entre la distribución por grupos etarios reales y la generada por el modelo.


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Figura 4. Distribución por edades de la población de Envigado, según el modelo.

Figura 5. Distribución real por grupos etarios.

6.2 Demanda de vivienda La demanda de vivienda es ocasionada por el crecimiento de la población; debido a ello es esa evolución la que debe ser estudiada y validada, lo cual puede desarrollarse mediante la población clasificada por grupos de edad o por población total, puesto que esta última es la suma de cada una de las poblaciones por grupos etarios.


40 Evaluación de la dinámica urbana para la ciudad de Envigado Alejandro Betancourt Luis Antonio Quintero

El porcentaje de error promedio de este dato es del 1%, valor que demuestra que la evolución de la población de Envigado en el transcurso del tiempo está bien representada en el modelo. En la Figura 6 puede verse cómo es la evolución de la población, tanto la sugerida por la oficina de planeación, como la representada por el modelo. Figura 6. Evolución de la población en el tiempo.

6.3 Déficit de vivienda Luego de haber encontrado que tanto la oferta como la demanda de vivienda son bien representadas por el modelo, es de esperarse que el déficit de ella también lo sea. En la Figura 7 se muestra la evolución del déficit de vivienda en el transcurso del tiempo; para este dato se obtuvo un error promedio del 2,2%, valor que a pesar de ser un poco más elevado que el encontrado, tanto para la oferta como para la demanda, es bajo y muestra que los valores que toma la variable que resume el modelo son muy acercados a los observados en la realidad.


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Figura 7. Déficit de vivienda teórico y experimental

7. Escenarios y análisis de resultados Como ya se dijo, para correr el modelo se necesitan fijar algunas variables que dependen de la situación sociopolítica del país, es decir, seleccionar un escenario en el cual se correrá el modelo y hacer un análisis de los resultados obtenidos. En este trabajo se analizarán algunos de los escenarios que surgen de combinar los diferentes valores posibles que pueden tomar las variables PIB y área promedio de vivienda, indicados en la Tabla 1. Vale la pena aclarar que cada combinación de valores genera un escenario distinto, pero para no perder objetividad en este documento solo se analizarán tres, dos de los cuales se consideran escenarios factibles, y uno de carácter más teórico. Para comenzar a estudiar los escenarios mencionados se determinó que el PIB seguirá un comportamiento sinusoidal, el cual corresponde a la ocurrencia de ciclos económicos que influyen bastante en la dinámica de la construcción. Dichos ciclos, en este caso, tienen una frecuencia de quince años y una amplitud de aproximadamente cien millones de pesos. Este escenario no es muy factible en la realidad, sin embargo es una forma de mostrar cómo se comporta la dinámica urbana de acuerdo con un concepto teórico. Al correr el modelo según las condiciones especificadas, se obtuvieron los resultados que se resumen en la Figura 8, en la que se observa el comportamiento de la oferta


42 Evaluación de la dinámica urbana para la ciudad de Envigado Alejandro Betancourt Luis Antonio Quintero

Tabla 1. Posibles valores de las variables PIB y área promedio de vivienda (APV) para generar los escenarios

y la demanda de vivienda en el transcurso del tiempo y con la cual se puede obtener información de gran importancia acerca de la dinámica urbana que se presentaría en el municipio de Envigado, como lo es, por ejemplo, el déficit promedio de vivienda (las simulaciones indican 6.021 viviendas sin habitar, y el punto de saturación de la población del municipio, que comienza a ser alcanzado en el año 2040 y que muestra cuándo la población empieza estabilizarse y a alcanzar el valor máximo (316.000 habitantes), y cuándo comenzarán a escasear las tierras disponibles para vivienda en el municipio (89.478 viviendas). Esta información se despliega en la figura 8. En la Figura 9 se muestra cómo será la distribución por edades de la población de Envigado. Se nota claramente que es una población joven y en edad de trabajar, ya que en su mayoría la componen personas entre 15 y 45 años, y en su minoría, entre 65 y 100 años. Por otra parte, dejando un poco atrás este escenario teórico, se procede a estudiar un escenario en el cual se supone un PIB muy creciente y una política de planeación que no permita la construcción de viviendas mayores de 105 m2, valores que se encuentran por debajo del tamaño de vivienda promedio del municipio, el cual, con datos hasta el 2007, es de 116 m2.


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Figura 8. Demanda de vivienda contra oferta de vivienda con un PIB sinusoidal.

Figura 9. Población dividida por grupos etarios bajo un PIB.

En este caso el punto de saturación se alcanza aproximadamente en el año 2040 (v. Figura 10), llegando a un máximo de 350.000 habitantes, con aproximadamente 92.373 viviendas disponibles y un déficit promedio de 2.450 viviendas.


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Figura 10. Demanda de vivienda contra oferta de vivienda bajo un PIB creciente y una política de planeación de casas pequeñas.

En este escenario la población con edades altas es mucho más grande que en el caso anterior, ya que el número de personas entre 45 y 100 años pasó de ser un grupo de poco peso, a otro con peso significativo (v. Figura 11). Figura 11. Población dividida por grupos etarios bajo un PIB muy creciente y una política de planeación de casas pequeñas


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Por último, se estudiará la situación de Envigado en el caso de un PIB muy creciente y una política de planeación que permita viviendas entre 120 m2 y 150 m2. En la Figura 12 se resume la dinámica urbana para este escenario, en el cual, el punto de saturación es alcanzado cerca del año 2046, llegando a un máximo de 81.030 viviendas disponibles, 80.083 viviendas demandadas y un déficit promedio de 2.884 viviendas sin ser habitadas. Figura 12. Demanda vs. oferta para un PIB creciente y una política de planeación de casas grandes.

Nótese en la Figura 13 que en este escenario la población adulta de Envigado es mucho más significativa que en los escenarios anteriores, a pesar de que la población máxima obtenida en este caso, de 327.431 personas, es menor que en el caso anterior: 375.000 personas. Luego de haber corrido dos escenarios en las mismas condiciones del PIB, y de cambiar las políticas de planeación, se podría tomar una decisión más segura para la búsqueda de un fin determinado. Por ejemplo, si los gobernantes creen que lo mejor para Envigado en un futuro es una población pequeña y de edades altas, y si fuese el caso de un PIB muy creciente, como el de los últimos años, lo que deberían hacer es otorgar permisos de construcción solo para viviendas mayores de 120 m2.


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Figura 13. Grupos etarios en un escenario con un PIB muy creciente y una política de planeación de casas grandes.

8. Conclusiones y recomendaciones Este trabajo resultará de gran importancia como herramienta para la toma de decisiones en las diversas oficinas del municipio, ya que les permitirá ver las repercusiones de las decisiones que se tomen en un momento determinado; además, gracias a que trata un problema que es de gran preocupación en las ciudades, podría ser aplicado en otros municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo cual permitiría a las administraciones correspondientes gestionar recursos que ofrecen el gobierno y los municipios para el desarrollo de vivienda urbana. La implementación de este tipo de modelos por parte de instituciones del orden municipal ayudaría al buen logro de los objetivos, mediante un apoyo para la planeación y la gestión de los problemas que trae consigo el crecimiento de las ciudades.

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Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010 Empirical validation of CAPM for Colombia 2003-2010

Andrés Ramírez Hassan* Maribel Serna Rodríguez**

Fecha de recepción: 19/01/2012 Fecha de aprobación: 11/05/2012

Economista y magíster en Economía por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias de las Finanzas por la Universidad Eafit y doctor en Ciencias y Estadística, Universidad Nacional de Colombia. Docente en el Departamento de Economía, Universidad Eafit, Colombia. Correo electrónico: aramir21@eafit.edu.co ** Administradora de Negocios, especialista en Finanzas, magíster en Ciencias de la Administración. Docente en el Departamento de Finanzas, Universidad Eafit, Colombia. Correo electrónico: mserna@eafit.edu.co *

ISSN 1657-4206 I Año 16 I No. 34 I enero-junio 2012 I pp. 49-74 I Medellín-Colombia


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Resumen En este trabajo se pretende mostrar una evidencia empírica para Colombia, desde el año 2003 hasta el 2010, del modelo CAPM de Sharpe –Lintner (1964), validación que se lleva a cabo utilizando el procedimiento de Black, Jensen y Scholes (1972) pero introduciendo ciertos cambios metodológicos de índole econométrico asociados a las necesidades que impone la muestra utilizada. Específicamente, se encontró que no hay evidencia empírica para rechazar el modelo CAPM para la economía colombiana en el período objeto de análisis.

Palabras clave: CAPM Colombia, contraste de serie temporal, contraste de corte transversal.

Abstract This paper pretends to show empirical evidence of the CAPM model of Sharpe-Lintner (1964) for Colombia from 2003 to 2010, whose validation is carried out using the method of Black, Jensen and Scholes (1972) but introducing certain methodological econometric type changes associated to the requirements imposed by the used sample. Specifically, we found no empirical evidence to reject the CAPM for the Colombian economy in the period under analysis.

Key words: CAPM Colombia, Time - Series Contrast, Transversal Contrast.

Clasificación JEL: G0, G1, G12.


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1. Introducción El modelo CAPM es de suma importancia en el área financiera. Así, se tiene que este juega un papel relevante en la evaluación financiera de un proyecto de inversión debido a que por medio de él se calcula el costo de las utilidades retenidas, el cual se encuentra implícito en el costo promedio ponderado de capital que corresponde a la tasa de descuento que se toma como punto de partida para dicha actividad. También, el CAPM adquiere mucha importancia en la valoración de empresas porque entre los métodos que se tienen establecidos para dicho proceso este modelo hace parte de la tasa de descuento. Dichos métodos de valoración son: el Equity Cash Flow (ECF), el Capital Cash Flow (CCF), el Free Cash Flow (FCF) y el Economic Value Added (EVA). A lo anterior se suma lo expresado por James y Koller (2000), quienes argumentan que, debido a que las economías del mundo se están globalizando y el capital tiene más movilidad, la valoración está adquiriendo importancia en los mercados emergentes por las privatizaciones, los joint ventures, las fusiones y adquisiciones, las reestructuraciones y, recientemente, para la tarea básica de crear valor los negocios en marcha. En el caso de los mercados financieros, este modelo puede ser utilizado en áreas como la gestión de inversiones, ya que si se percibe que una acción es buena compra tendrá una prima de rentabilidad justa estipulada por la línea del mercado de valores. Uno de los usos prácticos más importantes de este modelo ha sido en el área de la evaluación de resultados, teniendo como el ejemplo más claro la evaluación del desempeño de los fondos mutualistas, donde la pregunta a responder es: ¿qué tan bien se desempeña un fondo en lograr un nivel de rendimientos, teniendo en cuenta su nivel de riesgo? (Kolb, 1993). La tasa que surge de aplicar el modelo CAPM también se utiliza para descontar los flujos de caja futuros de un activo con el fin de así determinar el precio adecuado del título en cuestión, para lo cual se considera que si el precio supera la valuación obtenida mediante el modelo CAPM, el activo estará sobrevaluado, y viceversa. El objetivo de este artículo es el de realizar un ejercicio de validación empírica del modelo CAPM para la economía colombiana en el período 2003-2010 mediante el procedimiento de Balck, Jensen y Scholes (1972) pero introduciendo cambios metodológicos importantes en la metodología econométrica asociados a los problemas en la disponibilidad de la información.


52 Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010 Andrés Ramírez Hassan Maribel Serna Rodríguez

2. Estado del arte A continuación se hace un breve recuento de las metodologías de contraste del modelo CAPM que marcaron un hito en la historia de los contrastes y que han sobrevivido hasta nuestros días (Gómez, Madariaga & Santibáñez, 1995) y se mencionan una serie de estudios realizados en torno al modelo en cuestión que consideran lo atinente al caso colombiano. Black, Jensen y Scholes (1972) utilizan la metodología de serie temporal y de corte transversal para realizar el contraste del modelo CAPM, el cual plantean en excesos de rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo. En este análisis obtienen una constante significativamente positiva y un coeficiente del beta bastante inferior a la prima de riesgo de la rentabilidad media del mercado. Blume y Friend (1973) verifican la relación lineal expuesta por el CAPM, pero no la igualdad de la constante al valor de la tasa libre de riesgo. Para lo anterior utilizan regresiones de corte transversal y estudian los errores de medida en los betas por medio de la agrupación de carteras. Aunque verifican la existencia de una relación significativa lineal y positiva entre el rendimiento medio y el riesgo medido por el beta, encuentran problemas en la verificación de la igualdad a los valores teóricos de la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. Fama y MacBeth (1973) utilizan la metodología de corte transversal sin medias que consta de dos etapas: un período de estimación y otro de contraste. En este ejercicio establecen, en promedio, una relación lineal y positiva entre la rentabilidad y el riesgo sistemático. Fama y French (1992) analizan para el mercado estadounidense la validez del modelo desde 1941 hasta 1990 y la influencia que tienen sobre las variaciones de la rentabilidad de las carteras de acciones variables como tamaño, ratio book-to-market, ratio PER (Price Earnings Ratio) y endeudamiento. El estudio muestra, durante todo el intervalo temporal, una débil relación positiva entre el beta y la rentabilidad media, la cual prácticamente desaparece en el periodo 1963-1990. Para este último periodo se verifica la significancia de las variables tamaño y ratio book-to-market como explicativas de las variaciones de los rendimientos medios. Burbano (1997) realizó un estudio acerca de la aplicabilidad en Colombia del modelo CAPM en 26 empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Bogotá y la Bolsa de Valores


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de Medellín, para lo cual construyó un CAPM extendido que incluía otras variables explicativas tales como: dividendos, liquidez bursátil, apalancamiento financiero, relación precio-utilidad e inflación no programada. El resultado reveló que en la mayoría de los casos solamente la rentabilidad promedio del mercado era significativa en el modelo. Estrada (2003) presentó evidencia empírica para 50 países, tanto del modelo CAPM como del modelo D-CAPM, durante el período 1988-2001. En estos países se tienen en cuenta tanto mercados desarrollados como emergentes (dentro de los cuales se tiene en consideración a Colombia). El modelo D-CAPM propuesto por Estrada sugiere una variante del CAPM global en que se modifica la estimación del beta del título por la estimación de un P-beta utilizando los conceptos de semidesviación estándar y cosemivariancia y se concluye que, para una muestra conformada por mercados desarrollados y emergentes, el downside beta explica alrededor del 45% de la variabilidad de los retornos en la regresión de sección cruzada, y para una muestra de solo mercados emergentes este porcentaje es del 55%. Adicional a lo anterior, se tiene que el modelo D-CAPM genera un retorno promedio anual sobre el patrimonio más alto que el modelo CAPM, valor que asciende a 250 puntos básicos. Mongrut (2006) calculó el costo del capital propio de seis países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú) en el período 1995-2005, utilizando siete métodos, cuyo resultado indica que, de forma consistente con el grado de diversificación del inversionista, y para la mayoría de los países considerados, el rendimiento requerido es mayor en el caso de los inversionistas no diversificados, seguidos estos por los imperfectamente diversificados y los bien diversificados. En el estudio de Fuenzalida, Mongrut y Martin (2007), hecho con similar desarrollo que el de Mongrut (2006), se determinó que ninguno de los modelos es mejor que otro debido a las diferencias que se presentan en las tasas de descuento obtenidas; y que los mercados latinoamericanos están en proceso de integrarse con el mercado mundial porque las tasas de descuento han estado decreciendo desde los primeros años del siglo XXI. Vélez (2007) presentó evidencia empírica de los modelos CAPM tradicional y CAPM continuo para el mercado colombiano desde el año 2001 hasta el 2006. Mediante un análisis de series de tiempo, este autor encontró que no es posible establecer una relación entre la prima por riesgo y los retornos esperados, a causa de la ineficiencia del mercado con respecto a la información. Así, no solo concluye que el mercado accionario


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colombiano carece de relaciones a largo plazo, sino que el modelo CAPM revela que el mercado no es eficiente. Sarmiento y Vélez (2008) muestran, a través de un ejercicio de corroboración empírica del modelo CAPM para el caso colombiano, dos características interesantes de este mercado: la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) no es un mercado eficiente y el riesgo no es proporcional al retorno, ya que la prima de riesgo de mercado no es suficiente para explicar la varianza de los retornos. Se adiciona a lo anterior que los autores demostraron que no existen relaciones de inversión entre el corto y el largo plazo.

3. Marco teórico En el modelo de valoración de activos de capital (CAPM), en su versión más clásica, Sharpe-Lintner (1964) postula que la rentabilidad esperada de un activo debe ser una función lineal positiva del beta o de su riesgo sistemático. Se fundamenta en la teoría de carteras y toma como base los fundamentos señalados por Markowitz (1952), lo cual indica que una de las hipótesis de partida corresponde al equilibrio del mercado, al estar fundado en mercados de competencia perfecta. Es lo anterior lo que precisamente se considera una de sus principales críticas al ser poco realista. La ecuación que muestra la relación lineal entre el riesgo y rendimiento es la siguiente:

Donde:

E(Ri ) = Rf + bi * (E(Rm ) – Rf )

(1)

E(Ri ) : Rf : bi :

Rentabilidad esperada del título i. Rentabilidad del título libre de riesgo. Beta del título i. Este factor es una medida del riesgo sistemático que representa la contribución de un activo al riesgo de una cartera bien diversificada. Este mide el grado de relación de la rentabilidad de un título con la rentabilidad del mercado.

bi = Var (R ) , cociente entre la covarianza de la rentabilidad del título m con el mercado y la varianza de rentabilidad de este último.

E(Rm ):

Rentabilidad esperada de la cartera de mercado (teóricamente conformada por todos los activos que aportan valor a la economía).

Cov (Ri , Rm )

E(Rm ) – Rf ): Prima del retorno esperado del mercado sobre la tasa libre de riesgo, o premio por unidad de riesgo. Si esta diferencia se multiplica por el beta,


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es decir, ella estaría indicando la rentabilidad adicional sobre la tasa libre de riesgo. El modelo anterior opera de acuerdo con los siguientes supuestos, todos ellos enunciados tanto por Bodie, Kane y Marcus (2004) como por Elton y Gruber (1995): - Los inversores no pueden afectar los precios de los activos con sus negociaciones individuales. - Todos los inversores piensan mantener sus inversiones durante un horizonte temporal idéntico. - Los inversores forman carteras de una serie de activos y tienen acceso a oportunidades ilimitadas para obtener y ofrecer créditos a la tasa libre de riesgo. - Los inversores no pagan impuestos sobre la rentabilidad ni gastos de transacciones cuando negocian los títulos. - Todos los inversores intentan construir carteras de fronteras eficientes, lo cual indica que son optimizadores racionales de media-varianza. - Todos los inversores analizan los activos de la misma forma y comparten la visión de la economía mundial, lo que se denomina expectativas homogéneas. - Los activos son infinitamente divisibles y todos son negociables. - Se permiten las ventas en corto sin límite. Según Scaliti (s. f.), a pesar de que el CAPM es el modelo más utilizado en todo el mundo para estimar el costo del capital propio, o la rentabilidad que deben obtener los accionistas de una empresa por invertir su dinero en ella, este ha sido puesto en tela de juicio muchas veces y, especialmente la evidencia empírica, muestra que no funciona adecuadamente para estimar el costo del capital en los mercados emergentes. A lo anterior se adiciona que sigue siendo el modelo de valoración más ampliamente utilizado debido a su sencillez y la lógica en que se basa, aunque su utilidad no corresponda normalmente con la exactitud de sus predicciones (Mascareñas, 2001). A pesar de su simplicidad, el CAPM continúa siendo objeto de estudios y críticas debido a la no observación de los supuestos en los cuales se fundamenta (Zavatti y Homero, 2007).


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Benserud y Austgulen (2006) exponen las razones por la cuales dicho modelo se sigue aplicando para calcular el costo de los recursos propios: hay razones de beneficio-costo significativas para aplicarlo, es el punto de referencia para compañías competitivas y cooperativas, y algunos de los problemas de los que adolece pueden ser parcialmente solucionados a través de los ajustes ad-hoc (pero sin fundamentación teórica). A pesar de lo anterior, en Martínez (2001) se presentan las limitaciones del CAPM que dan lugar a la búsqueda de nuevos enfoques: excesiva simplicidad porque explica la rentabilidad por medio de un único índice de mercado, el beta obtenido depende del horizonte temporal elegido y del método de estimación, parte de hipótesis demasiado restrictivas y su validación empírica no es totalmente satisfactoria. En Scaliti (s. f.) se dice que los problemas relativos a la estimación del costo del capital en mercados desarrollados y emergentes son diferentes. En los mercados desarrollados los practicantes usan ampliamente el CAPM para el cálculo del costo del capital propio, lo cual no está libre de controversias. Así, durante treinta años los académicos han debatido si el beta es la medida más apropiada de riesgo. En cuanto a lo anterior, la evidencia empírica muestra que, si bien hay factores adicionales que pueden ser necesarios para una mejor explicación del rendimiento de las acciones, el beta no debería ser descartado como una medida de riesgo. En conclusión, en los mercados desarrollados el debate no se centra en si el beta es una medida adecuada del riesgo, sino en cuáles son las variables adicionales —si las hay— que afectan los rendimientos de las acciones. Por su parte, en los mercados emergentes el uso del CAPM tiene varios problemas, entre los cuales se cuentan: el pequeño tamaño de las bolsas de valores, la baja importancia de los mercados bursátiles en la economía, la alta concentración de los mercados bursátiles; la escasa, imprecisa y volátil información sobre el mercado y el costo de capital, y la baja magnitud de las series de tiempo. Desde un punto de vista empírico, esos problemas surgen por el hecho de que el beta y los rendimientos de las acciones se hallan ampliamente incorrelacionados.

4. Metodología y resultados econométricos A los efectos de validar empíricamente el modelo CAPM en la economía colombiana, se procedió a recolectar los precios de todas las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia desde el 3 de julio de 2001 hasta el 8 de marzo de 2010.1 Asimismo, se recopiló información del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC), la 1 El 3 de julio de 2001 se unificaron las bolsas de valores colombianas.


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tasa de Interés interbancaria (TIB) como un proxy de la tasa libre de riesgo en Colombia, el SP&500 y la tasa de los treasury a diez años. A partir de esta información se procedió a calcular las rentabilidades de cada una de las acciones y de los índices en cuestión, para lo cual se consideró el precio de la acción y el valor del índice al final de cada mes. La elección de la periodicidad mensual considera lo mencionado por Bravo (2008). En un principio se contó con información de 79 acciones, pero debido a varias razones, por ejemplo la no existencia de la acción para determinado período, el no movimiento de esta, o la salida de ella del mercado, el período de estudio se reduce de nueve años y nueve meses, a seis años y cinco meses, y el número de acciones a trabajar pasa de 79 a 29. A partir de la información disponible se procede a verificar empíricamente el modelo CAPM siguiendo el procedimiento de Black, Jensen y Scholes (1972). Sin embargo, en este ejercicio se presentan dos cambios metodológicos con respecto al artículo seminal en lo referente a los ejercicios de series de tiempo: el primero consiste en que dichos autores utilizan portafolios de acciones para realizar su contraste, lo cual tomaría en consideración la correlación de sección cruzada de los rendimientos, mas dada la poca disponibilidad de información (29 acciones), nuestro estudio utiliza técnicas de estimación fundamentadas en ecuaciones simultáneas, lo que permite incorporar el fenómeno en consideración. La segunda diferencia radica en que los autores nombrados utilizan el beta estimado del período pasado (cinco años) como variable instrumental del ejercicio de regresión, lo cual tiene como objetivo eliminar el sesgo en la estimación, pero dado el acotado período de tiempo del cual se tiene información histórica, el presente estudio utiliza como variable instrumental la prima de mercado de Estados Unidos. Con respecto a la elección del SP&500 como variable instrumental del IGBC, se presentan los siguientes argumentos: en primera instancia, el gráfico 1 indica la evolución y los comportamientos similares que tienen los índices IGBC y SP&500 en el transcurso del tiempo.


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Gráfico 1. Comportamiento del IGBC y del SP&500.

Fuente: Elaboración de los autores.

Y en segunda instancia, se estimó el siguiente modelo:

f (Rmt – Rft )est = 0.021 + 0.833 (Rmt – Rftf )

(0.008)

(2)

(0.199)

Donde: Rmt : Rft : (Rmt – Rft )est: f Rmt : f Rft :

Rentabilidad del mercado colombiano (IGBC), en el momento t Tasa libre de riesgo en Colombia (TIB) como un proxy, en el momento t Prima colombiana por riesgo estimada Rentabilidad del mercado estadounidense (SP&500), en el momento t Tasa libre de riesgo en Estados Unidos, treasury a diez años, en el momento t

Así, se tiene que la prima en dólares tiene un coeficiente de 0,834 y la constante es igual a 0,021, donde cada uno de ellos, respectivamente, tiene una desviación típica del estimador de 0,199 y 0,008. Tanto el intercepto como la pendiente son significativos a un nivel de significancia del 5%. Es por lo anterior que se puede decir que el comportamiento de la prima en pesos puede estar asociado al comportamiento de la prima en dólares, lo cual se convierte en la justificación para utilizar la prima en dólares como variable instrumental.


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Respecto del modelo anterior, en el anexo 1 se encuentran las pruebas sobre los respectivos residuales, los cuales cumplen las hipótesis subyacentes. Adicional a esto, la prueba de raíces unitarias que se muestra en el anexo 2 indica que los residuales del modelo son estacionarios. Con referencia al ejercicio de series de tiempo, se debe considerar que cada una de las variables a analizar en este modelo toma como punto partida los excesos de rentabilidad y por ello la importancia de realizar un análisis exhaustivo de cada uno de estos. En primera instancia se hizo la prueba de raíces unitarias a cada uno de los excesos estudiados. Y como se puede apreciar en el anexo 3, las series en consideración son estacionarias. El modelo se estimó por el método de mínimos cuadrados en tres etapas, puesto que dicho método permite modelar simultáneamente todas las acciones en cuestión, lo que introduce la correlación entre estas, y a la vez instrumentar la prima del mercado colombiano a través de la prima del mercado estadounidense. La serie de datos utilizada va desde octubre de 2003 hasta febrero de 2009, dejando el período marzo de 2009 hasta febrero de 2010 para realizar los ejercicios de sección cruzada. Acudiendo a lo dicho por Agudelo y Uribe (2009), se estimó la siguiente especificación en la que se incluye una variable dummy para establecer el cambio estructural en el mercado accionario colombiano asociado al mercado alcista continuo más importante del mercado que comprende desde julio de 2001 hasta marzo de 2005. (Rit – Rft ) = a1 + bi1 (Rmt – Rft ) + bi2 dt (Rmt – Rft ) + µit

(3)

Donde: Rit: Rentabilidad de la acción i en el momento t Rft: Tasa libre de riesgo en Colombia (TIB) como un proxy, en el momento t a1, bi1 y bi2 : Parámetros a estimar. d t: Variable dummy que toma el valor de 0 entre el período octubre de 2003 hasta marzo de 2005, y de 1 para el período abril de 2005 hasta febrero de 2010. f Rmt : Rentabilidad del mercado estadounidense (SP&500), en el momento t f Rft: Tasa libre de riesgo en Estados Unidos, treasury a diez años, en el mo­ mento t µit : Término de perturbación estocástica


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Por medio de una prueba de Wald conjunta, no se puede rechazar la hipótesis de la no presencia de cambio estructural en los betas a un nivel de significancia del 5% (v. anexo 4). A lo anterior se suma el hecho de que la estimación indicó que solo se presenta cambio en el beta para el 7% de las acciones en consideración (v. anexo 5). Así, se puede concluir que los betas permanecen estables durante el período que comprende desde octubre de 2003 hasta febrero de 2009, y por ende, no se hace necesario diferenciar entre ambos períodos, luego la especificación finalmente estimada será: (Rit – Rft ) = a1 + bi1 (Rmt – Rft ) + µit

(4)

Los resultados se aprecian en la tabla 1, en la cual se observa que, en general, los betas estimados son estadísticamente significativos, y en el anexo 6 se revela que los residuales obtenidos son estacionarios. Lo anterior valida el modelo de índice único pero no el modelo CAPM. Esto se debe a que el primero de ellos corresponde a una regresión ex post cuyo único propósito es estimar el beta del título, mientras que el segundo corresponde a un modelo ex ante donde todos sus parámetros (tasa libre de riesgo, beta y prima por riesgo de mercado) deben ser prospectivos. Para el cálculo del beta el modelo CAPM utiliza retornos esperados y el modelo de índice emplea retornos actuales (Bodie, Kane & Marcus, 2003). Así, es posible que el modelo de índice único arroje un beta estable, estacionario, pero que a pesar de ello el CAPM no se cumpla en promedio, ya que solo la prima por riesgo de mercado no explica las diferencias de corte transversal en los rendimientos de portafolios de inversión. Para el contraste de sección cruzada se procede a realizar una regresión mensual de los excesos de rentabilidad del último año en función de los betas estimados en el ejercicio de series de tiempo. La regresión en cuestión responde al siguiente modelo: Rit – Rft = at + gt bt + µit, donde i = 1, 2,…, 29 y t = 1, 2,…,12

(5)


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Tabla 1. Coeficientes, modelo CAPM tradicional, octubre 2003-febrero 2009.

Nota: * estadísticamente significativos al 5% Fuente: Cálculo de los autores.

En este caso, para validar el modelo CAPM el intercepto ha de ser cero y el exceso de retorno del mercado observado debe estar incluido en los intervalos construidos considerando un factor de corrección debido al sesgo por error de medida. En este segundo ejercicio, tomar los betas estimados como proxy del beta poblacional implica un sesgo por error de medida en las nuevas estimaciones. A diferencia de la


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metodología de Black, Jensen y Scholes (1972), en la que para evitar el sesgo en las estimaciones se realizó el ejercicio a partir de la construcción de portafolios, en este trabajo, dado el reducido tamaño muestral, se adoptó otra metodología, la cual está basada en el supuesto de que el error de medida del 2beta estimado es aleatorio. Así, en s la regresión de la ecuación (5) se tiene p lim γˆt = s2 +bs2 γt, que corresponde al factor a b ε partir del cual se corrigen los parámetros estimados en los modelos de sección cruzada. Para este factor se tiene que sb2 es la varianza de los betas poblacionales asociados a las diferentes acciones y sb2 es la varianza del modelo (Cameron & Trivedi, 2005). Con respecto a este factor de ajuste, se tiene que si el error de medida del beta estimado es aleatorio, es decir bi = bi + ei donde ei ∼ i.i.d. (0, se), dados dos períodos para los que se poseen los betas estimados y en el supuesto de que los errores de estimación ˆ =b +e yb ˆ = b + e tal que cov (e , e ) = 0, entonces son independientes, es decir, b i1 i1 i1 i2 i2 i2 i1 i2 2 2 2 ˆ Var (bi ) =, sb + se ya que cov (bi , ei) = 0 y cov (bi1 , bi2 ) = sb2 = Var (bi ), lo cual implica que se tiene el término para corregir el parámetro por el error de medida. Dado el objetivo de encontrar el factor de ajuste para corregir por el error de medida asociado a la utilización del beta estimado en las regresiones de sección cruzada, el período de estudio se fraccionó en dos: el primero de ellos comprende desde octubre de 2003 hasta mayo de 2006 y el segundo se toma desde junio de 2006 hasta febrero de 2009. En los anexos 7 y 8 se muestra la estimación, sin considerar variables dummy, para los períodos octubre de 2003-mayo de 2006 y junio de 2006-febrero de 2009. El factor de corrección encontrado fue 0,71, lo cual implica que teóricamente el parámetro estimado subestima el valor poblacional en un 40%. Así, los parámetros estimados en los modelos de sección cruzada para los meses de marzo de 2009 a febrero de 2010 son corregidos por este factor. En la tabla 2 se despliegan los resultados de los ejercicios de sección cruzada sin tomar en consideración los efectos asociados al error de medida. Específicamente, se realizaron las estimaciones desde el mes de marzo de 2009 hasta el mes de febrero de 2010.


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Tabla 2. Coeficientes de regresiones cruzadas

La desviación estandar aparece sombreada. Fuente: Cálculo de los autores. Con relación a cada uno de los modelos anteriores, en el anexo 9 se encuentran las pruebas sobre los respectivos residuales de los modelos para cada mes; en general, los modelos cumplen las hipótesis subyacentes. Es de anotar que cada uno de los coeficientes que acompañan al beta estimado serán el punto de partida para la construcción de los intervalos en los que se espera encontrar los excesos de rentabilidad si el modelo CAPM es válido. Dados los sesgos por error de medida, se procedió a aplicar el factor de ajuste enunciado y a partir de este se construyeron los intervalos de confianza al 95% de significancia. Los intervalos para los excesos de rentabilidad, una vez tomada en cuenta la corrección, se aprecian en la tabla 3. A modo de ejemplo, los datos correspondientes al mes tres


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se calcularon de la siguiente forma, y donde se tiene que 0,71 corresponde al factor de corrección por el error de medida: Media = 5.2%/0,71 = 7,31% Exceso estimado corregido límite inferior = (5,2%-2*2,7%)/0,71 = -0,39% Exceso estimado corregido límite superior = (5,2%+2*2,7%)/0,71 = 15,02% Tabla 3. Intervalos para los excesos de rentabilidad mensual después de la corrección por error de medida.

Fuente: Cálculo de los autores.

Los anteriores resultados implican que no hay evidencia estadística para rechazar el modelo CAMP, pero como se puede observar, los intervalos de confianza también pasan por cero, lo cual significa que tampoco hay evidencia estadística para rechazar que el coeficiente estimado sea igual a cero. Pese a que estas dos hipótesis son excluyentes, la evidencia encontrada no puede rechazar ninguna de las dos afirmaciones. Esto obedece a que los errores de medida causan un alto grado de incertidumbre en las estimaciones, lo que se traduce en intervalos de confianza más amplios. Ahora, cabe destacar que en inferencia estadística no rechazar una hipótesis no equivale a aceptarla, es decir que, con los resultados de la tabla 3, no se está aceptando el modelo CAPM pero no hay evidencia para rechazarlo.

5. Conclusiones Respecto de la validación empírica del modelo CAPM para Colombia, la exposición desarrollada presenta tres diferencias metodológicas con relación al artículo seminal de


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Black, Jensen y Scholes (1972), lo cual obedece básicamente a la poca disponibilidad de información que se tiene en la Bolsa de Valores de Colombia. Así, en este estudio se debieron utilizar técnicas de estimación fundamentadas en ecuaciones simultáneas, la variable instrumental en el ejercicio de regresión es la prima de mercado de Estados Unidos y en los ejercicios de sección cruzada el error de medida se corrige mediante un factor de ajuste. El modelo CAPM en el ejercicio de series de tiempo indica que en general los betas estimados son estadísticamente significativos, lo que valida el modelo de índice único pero no el modelo CAPM. Esto se debe a que el primero de ellos corresponde a una regresión ex post cuyo único propósito es estimar el beta del título, mientras que el segundo corresponde a un modelo ex ante donde todos sus parámetros (tasa libre de riesgo, beta y prima por riesgo de mercado) deben ser prospectivos. Para la construcción de los intervalos de confianza al 95% de significancia en el ejercicio de sección cruzada, el factor de corrección encontrado fue 0,71, lo cual implica que teóricamente el parámetro estimado subestima el valor poblacional en un 40%. El modelo CAPM con ejercicios de sección cruzada indica que no hay evidencia estadística para rechazarlo. De igual forma, se tiene que los intervalos de confianza pasan por cero, indicativo de que tampoco hay evidencia estadística para rechazar que el coeficiente estimado sea igual a cero. Así, es importante recordar que en inferencia estadística no rechazar una hipótesis no implica aceptarla, lo que en esta investigación se traduce en que no se está aceptando el modelo CAPM pero no hay evidencia para rechazarlo.

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Anexo 1. Pruebas sobre los residuales modelo variable instrumenal, Colombia 2003/10-2010/02*

* P-value entre paréntesis. Fuente: Cálculo de los autores.

Anexo 2. Prueba de raíces unitarias sobre los residuales modelo variable instrumenal, Colombia 203/10-2010/02

Fuente: Cálculo de los autores.


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Anexo 3. Pruebas de raíces unitarias. Excesos de retornos. Colombia 2003/10-2010/02

Fuente: Cálculo de los autores.

Anexo 4. Prueba de Wald conjunta para el periodo octubre 2003 hasta febrero 2009

Fuente: Cálculo de los autores.


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Anexo 5. Coeficientes modelo capm tradicioal octubre 2003-mayo 2006 con variable dummy

Nota: * estadísticamente significativos al 5%. Fuente: Cálculo de los autores.


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Anexo 6. Pruebas de raíces unitarias modelo CAPM tradicional octubre 2003-febrero 2008

Fuente: Cálculo de los autores.


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Anexo 7. Coeficientes modelo CAPM tradcionales ocrubre 203-mayo 206

Nota: * estadísticamente significativos al 5%. Fuente: Cálculo de los autores.


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Anexo 8. Coeficientes modelo CAPM tradicional junio 2006-febrero 2009

Nota: * estadísticamente significativos al 5%. Fuente: Cálculo de los autores.


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Anexo 9. Pruebas sobre los residuales regresiones sección cruzada

P-valor se muestra sombreado Fuente: Cálculo de los autores.


Una nueva forma de concentración de la tierra en Colombia: la Ley 1448 de 2011

Jhon Jair González Pulgarín* Juan Pablo Henao Guzmán**

Fecha de recepción: 15/12/2011 Fecha de aprobación: 18/05/2012

Estudiante de Economía, Universidad de Antioquia, Colombia Correo electrónico: jhonjairgo311@hotmail.com ** Estudiante de Ciencia Política, Universidad de Antioquia, Colombia Correo electrónico: pablosg-@hotmail.com *

ISSN 1657-4206 I Año 16 I No. 34 I enero-junio 2012 I pp. 75-109 I Medellín-Colombia


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Resumen En este artículo se pretende mostrar, mediante un análisis económico, cómo la Ley 1448 de 2011 (o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), junto al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014, generan concentración de la tierra en Colombia. Esto se debe a que los objetivos del PND terminan disgregando los que busca la Ley 1448, lo cual se explica con el uso de un modelo de agencia y el subsecuente problema de riesgo moral para el Estado y las víctimas del conflicto. A partir de los resultados anteriores se construye un modelo de teoría de juegos, del que se concluye que, efectivamente, la Ley 1448 y el PND generan concentración de la tierra en Colombia.

Palabras clave: Concentración de la tierra, riesgo moral, teoría de juegos, estructura de la tenencia de la tierra, utilidad pública.

Abstract This article aims to show how the Law 1448 of 2011, which explains reparation and restitution of victims, and the National Development Plan (NDP) 2011-2014 generate land concentration in Colombia. This is due to how the NDP objectives disintegrate the Law 1448 objectives; this phenomenon could be explained using an agency model and the subsequent moral risk issue formed between the State and the victims. Regarding these results, a game-theory model was built, and this effectively concludes that the Law 1448 and the NDP generate land concentration in Colombia.

Key words: Land Concentration, Moral Risk, Game Theory, Land Tenancy Scheme, Public Benefit.

Clasificación JEL: D73, D82, K00


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1. Introducción La aprobación de la Ley 1448 sobre reparación a las víctimas y la restitución de tierras es uno de los hechos jurídicos más importantes en la historia de Colombia, ya que abre el camino hacia un proceso de reconciliación nacional en el que las víctimas del conflicto armado interno pueden contar con el apoyo del Estado para emprender y reinsertarse a la vida social. Con este objetivo, la Ley 1448 dictamina medidas, políticas, criterios y vías para una efectiva reparación, además involucra a todas las esferas sociales como actores fundamentales en el proceso, convirtiéndolo en una prioridad nacional para lograr la paz. Por su parte, la actual administración gubernamental ha trazado los ejes fundamentales sobre los cuales girarían las políticas que se promuevan en este periodo de gobierno. Dichos ejes se instauran en el PND 2011-2014, en el cual puede percibirse que uno de los renglones más importantes dentro de los objetivos de la actual administración es la consecución de una economía sólida y próspera; con ese propósito, el PND se constituye fundamentalmente en torno a ejes y sectores que propenden por una fuerte economía, tales como la innovación, el sector agropecuario, el desarrollo rural, la infraestructura, el transporte, entre otros. El presente trabajo es un análisis económico que aborda diversos elementos teóricos e intenta evidenciar la conexión entre la Ley 1448 y el PND, y con ello, mostrar que esta relación genera concentración de la tierra. Para alcanzar ese objetivo se construyeron dos modelos económicos que pretendían probar dicha hipótesis: en el primero de ellos, se modela un problema de agencia entre el principal y el agente, en este caso, las víctimas del conflicto interno y el Estado, respectivamente; en el segundo modelo, y a partir de los resultados que arroja el primero, se utiliza la teoría de juegos para mostrar que, dados ciertos incentivos, la víctima venderá sus predios restituidos a un agente externo. Este análisis económico permite mostrar, como se desarrollará a lo largo del trabajo, que la conexión entre la Ley 1448 y el PND genera concentración de la tierra en Colombia. A partir de este resultado, se analizan los efectos económicos y sociales que puede generar dicho problema. Esta última parte se apoya además de la Economía, en áreas como las Ciencias Políticas. Uno de los efectos más importantes que puede generarse a partir de la conclusión de este trabajo, es que el sector agrícola carece de un modelo de


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desarrollo unificado, pues en unos se muestra una prioridad por aprovechar economías de escala, mientras que en otros se busca una microfundización, lo que implica mayores rezagos en la economía agrícola del país. Esta investigación aporta al mejoramiento de las políticas que propenden por el crecimiento económico colombiano, el cual es uno de los pilares fundamentales del actual PND, y un efectivo cumplimiento de las recomendaciones que se derivan de ella podría dar lugar a una articulación de las políticas públicas y con ello propiciar un desarrollo económico que vincule a los diversos agentes de la sociedad. La investigación se inicia con un análisis histórico del problema de la tenencia de tierras en Colombia; después, estudia los aspectos más relevantes del PND y de la Ley 1448 de 2011; luego se establece la conexión entre estas dos leyes para construir el modelo de agencia y el de teoría de juegos; finalmente, se analizan los efectos de este problema y se dan algunas conclusiones y recomendaciones.

2. Marco teórico El presente trabajo utiliza diferentes conceptos y enfoques teóricos para desarrollar la hipótesis de estudio. El marco conceptual involucra elementos de la economía y de las ciencias políticas. Así pues, se utilizaron dos tipos de análisis: hermeneutica jurdica y el económico; con el primero se interpretaron las leyes y decretos que son objeto de estudio; con el segundo, se desplegó la tesis expuesta. En el análisis económico se supone que los agentes son racionales, es decir, con preferencias: completas, reflexivas y transitivas. a partir de esto, se construyeron el modelo de agencia y el modelo de teoría de juegos, los cuales, como se mencionó, se utilizaron para probar la hipótesis de la investigación. Una relación de agencia se da en el marco de una relación en la que el bienestar de una persona depende de lo que haga la otra. En esta investigación el modelo de agencia se analiza como el problema del principal y del agente desde el sector público, en el que se presentan multiplicidad de relaciones, ya que constantemente hay un cambio de papeles; por ejemplo, si se supone que en un modelo simple de agencia del sector público, el principal es la sociedad y el Estado es el agente, cuando este último delega las responsabilidades con el fin de maximizar la utilidad pública el Estado se convierte, ahora, en el


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principal. En todo problema de agencia existe riesgo moral, que se origina en una asimetría de información, en la cual el principal no es capaz de vigilar el esfuerzo del agente, y con ello, saber si los objetivos del agente se encuentran alineados con los del principal. Por su parte, en el análisis de la teoría de juegos se considera el equilibrio de Nash en estrategias puras como el resultado principal del juego, donde los agentes maximizan sus pagos de acuerdo con determinadas estrategias. Este equilibrio es tal que no existe una desviación mutuamente beneficiosa, es decir, es eficiente en el sentido de Pareto. Para el análisis de los efectos que se derivan del modelo se utiliza la teoría de los grupos de interés, que según Tobón (2011): “formaliza que el objetivo de la regulación es la redistribución de la riqueza entre estos grupos, quienes usan el poder coercitivo del Estado o las agencias reguladoras. I. Antecedentes La concentración de tierras es uno de los principales problemas en la historia de Colombia, pues ha afectado a las esferas sociales que la componen. Esta problemática ha sido originada por diversas razones, en las que el conflicto interno ocupa un papel protagónico, ya que ha utilizado la falta de garantías estatales y la ausencia de derechos de propiedad como medio para despojar de los predios a dueños que, si bien podrían demostrar su título, no tienen el documento judicial que permita corroborarlo, lo cual a su vez representa otro problema, principalmente al momento de efectuar una legislación que pretenda reparar a estas víctimas: que en sentido contrapuesto y como efecto derivado, se origine mayor concentración o violencia. El problema de la concentración de las tierras tiene sus orígenes en la Colonia (Rausch, 2003). En este periodo se les concedieron grandes extensiones de tierra a las misiones católicas, hecho que fue motivado desde el Gobierno central y perpetuado hasta los primeros treinta años del siglo XX. Luego, el problema tomó otra dimensión con los distintos conflictos que tuvo el país y que dieron lugar a que grandes extensiones de tierra fueran a parar a manos de latifundistas; y pequeños lotes, a la mayoría de la población (Informe de Desarrollo Humano, 2010). Otra de las causas de la concentración de la tierra en Colombia ha sido el narcotráfico, el cual se ha confundido con el fenómeno del conflicto armado, pues inicialmente fueron


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dos fuentes diferentes de despojo y concentración (Ibáñez & Querubín, 2004). Entonces, para tratar el tema de la concentración de las tierras rurales y, por tanto, la conformación de estas, es preciso tratar el problema del desplazamiento forzado dentro del país y, de la mano de este, la cuestión de las víctimas de los diversos conflictos. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde el año 1980 hasta el 2010 se han despojado 6,25 millones de hectáreas de tierra en el país, el cual solo posee cinco millones de hectáreas cultivables, lo que permite dimensionar el grave problema de la tenencia de tierras en Colombia. Con el objetivo de hacer frente a esta problemática, Colombia ha promulgado varias leyes; la primera fue la Ley 200 de 1936, una iniciativa perteneciente al plan de gobierno denominado “Revolución en Marcha”, instaurado por Alfonso López Pumarejo en 1934. Esta ley pretendía democratizar la tierra mediante la transferencia de los derechos de propiedad sobre estas, de algunos particulares a un grupo mayor, conformado principalmente por campesinos trabajadores del bien (Giraldo, 2001). Otro de los objetivos principales, de acuerdo con el art. 6º de esta ley, fue el de sancionar la tierra improductiva, lo que favorecía al cultivador directo de la tierra sobre el propietario si este último no la había explotado adecuadamente conforme lo estipulaba el art. 1o. La Ley 200 de 1936 fue un mero intento por construir una reforma agraria, ya que nunca se pudo traducir en hechos lo suficientemente numerosos y concretos para ser concebida como tal; incluso se convirtió en un factor que influyó en el incremento de la violencia y en el conflicto nacional, pues al estimar la posibilidad de perder sus predios los terratenientes expulsaron a los arrendatarios de sus tierras, lo que desató períodos de fricciones que recrudecieron la violencia (Giraldo, 2001). Así, pues, se puede observar una vez más que el problema de la tierra en Colombia ha estado mediado por el conflicto. Luego de dos administraciones, entre ellas una segunda de Alfonso López, el conflicto arreció y comenzó la época conocida como la Violencia1 (1948-1960), agravando fenómenos sociales como el desplazamiento y la concentración de la tierra, inherentes al conflicto en Colombia. Cuando finalizó este periodo, y una vez constituido el Frente Nacio­nal2 (1958-1974), se formó una serie de grupos insurgentes que transformaron 1 Periodo de la historia colombiana en el que la lucha política entre los partidos tradicionales, el conservador y el liberal, incorporaron la lucha armada a la contienda política. 2 Época en la cual los partidos tradicionales colombianos se alternaban en cada periodo el poder ejecu­ tivo.


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el conflicto y abonaron el terreno para una nueva forma de violencia que, en la misma medida, agravó los fenómenos sociales anteriores, y otros, como el secuestro. Este tipo de conflicto produjo, de igual modo, nuevas legislaciones para evitar el problema de la concentración de tierras. Por ejemplo, la Ley 160 de 1994, que podría considerarse como un segundo intento de reforma agraria en Colombia, tuvo por objetivo, además de desconcentrar la tenencia de tierra y por ende optimizar el uso de este recurso, otorgar propiedad sobre ella a los campesinos y ciudadanos cuya actividad fuera la de cultivarla3. En general, esta ley buscó de una manera sucinta reparar a las víctimas de la violencia por medio de la entrega de tierras a quien demostrara ser efectivamente víctima del conflicto; sin embargo, en dicha ley el problema del desplazamiento no fue reconocido en la forma como se trata en la Ley 1448 de 2011, la cual es objeto de estudio en este trabajo. Por otra parte, la Ley 387 de 1997 reconoció el problema del desplazamiento como independiente, lo individualizó e instauró políticas concretas que pretendían mitigar su impacto, tanto en la sociedad como en las víctimas mismas del desplazamiento forzado; pero la intención de esta ley, principalmente, fue la de normar y establecer tanto guías como parámetros en la atención humanitaria a las víctimas del desplazamiento forzado, pues en lo que respecta a la restitución de tierras solo se trata en los arts. 16 y 17, según las cuales el Estado proveería todas las garantías para el retorno voluntario al lugar de donde se hubiese sido desplazado. La Ley 975 de 2005, de justicia y reparación, instauró varias medidas en cuanto a la reparación a las víctimas por el conflicto armado se refiere, tales como la conformación de la Comisión Nacional de Restitución y Reconciliación, la creación de un fondo de reparación para las víctimas y el otorgamiento de una categoría judicial, lo que permitiría diferenciarlas de otras víctimas por otros tipos de violencia para poder repararlas y, con ello, restituirles los bienes. Podría entenderse que la Ley 975 de 2005 se articuló a la Ley 1448 por cuanto formaron parte de un proceso al que se supone de justicia transicional4, y que, por lo tanto, ambas leyes procurarían la verdad, o justicia, o reparación. 3

Principio de la Ley 160.

4

El centro de la norma no es la reparación de las víctimas como tal, sino la incorporación de los protagonistas del conflicto armado a la vida civil.


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3. Análisis y resultados En esta sección se estudia analíticamente, mediante los elementos teóricos abordados, el problema objeto de análisis de la investigación, para lo cual se examinarán, en primera instancia, los objetivos y otras descripciones de la Ley 1448 de 2011; luego se abordan los objetivos económicos del actual gobierno, se construye el problema de riesgo moral y, finalmente, se muestra el modelo de la teoría de juegos. 3.1 La Ley 1448 y el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 La Ley 1448 de 2011 ha sido una las piedras angulares de la actual administración gubernamental; esta ley tiene por objetivo la creación de una serie de medidas políticas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas del conflicto armado colombiano. Según el art. 3º de la Ley 1448, son víctimas aquellos individuos que hayan sufrido daños a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario o de infracciones graves contra los derechos humanos, las cuales hayan sido causadas por el conflicto armado interno. Esta legislación se instaura en un ámbito de justicia transicional, en el que el Estado pretende que los autores de las violaciones mencionadas rindan cuentas de sus actos criminales, con el fin de iniciar procesos de reconciliación y, con ello, lograr la paz duradera y sostenible. Con tal propósito, se emprenderán medidas de carácter transicional, que pueden ser de atención, de reparación o de asistencia; estas medidas serán adoptadas por el Estado y tendrán dos objetivos primordiales: en primer lugar, sopesar la pena de la víctima, y en segundo lugar, restablecerle los derechos que le hayan sido vulnerados. Para dar cumplimiento a estos objetivos el Estado garantiza un escenario libre de violencia, en el que no se repetirían las violaciones e infracciones por los actores al margen de la ley. Adicionalmente, esta ley involucra a las diversas esferas sociales, es decir, al Estado, a la sociedad civil y a la empresa privada, como actores influyentes en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado. El título IV de la Ley 1448 enuncia las condiciones generales y específicas de las medidas de reparación, las cuales pueden ser: indemnizaciones, rehabilitación o restitución de bienes. En el capítulo III del título IV de dicha ley se exponen las disposiciones generales para la restitución de las tierras. Según el art. 72, a los despojados de las tierras


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y a los desplazados se les brindarán las medidas necesarias para la restitución de sus predios. Esta restitución sería jurídica y material del inmueble despojado; la primera se refiere al restablecimiento de los derechos de propiedad o de posesión sobre el bien en cuestión, y la segunda es la restitución física del predio; de no ser posible esta reparación, se efectuará una compensación en dinero. Para estas reparaciones se crea la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que servirá al órgano administrativo del Gobierno nacional para la restitución de tierras de los despojados. El art. 111 de la ley mencionada sanciona la creación de un fondo especial para esta entidad, el cual tiene como objetivo servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados y el pago de compensaciones. Los recursos de este fondo provienen de diferentes fuentes, y pueden ser: ayudas financieras, donaciones, bienes objeto de extinción de dominio5, entre otros. La reparación se realizará por dos vías, una administrativa y otra jurídica. El primer mecanismo de reparación se regula de acuerdo con el art. 132 de la Ley 1448, y consiste en indemnizar a las víctimas mediante el pago de cierto número de salarios mínimos. Este mecanismo se celebra mediante un acuerdo bilateral en el que la víctima podrá aceptar de forma expresa y voluntaria que el pago incluye todas las sumas que se le deben reconocer por concepto de su victimización. En cuanto a la población desplazada, la reparación por vía administrativa sugiere, de igual modo, la indemnización en dinero de acuerdo con unos montos que definiría el Gobierno nacional, que se diseñarían conforme a los siguientes mecanismos: subsidio integral de tierras, permuta de predios, adquisición y adjudicación de tierras, adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada, el subsidio de vivienda de interés social rural. La reparación por vía administrativa representa un mecanismo inmediato de reparación, pues no se requiere la participación en un proceso judicial y, por tanto, la intervención de un juez. La reparación por vía judicial es un mecanismo judicial que implica ciertos procesos con la presencia directa de un juez. Con el cumplimiento de la reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano se le estarían brindando a estas un panorama económico y social más adecuado, con

5 Bienes incautados a grupos al margen de la ley o a políticos corruptos.


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buenas perspectivas futuras y, con ello, una reintegración paulatina a la sociedad; este nuevo escenario hace parte de los objetivos de la Ley 1448. En cuanto a las personas que les fueran restituidos sus bienes, específicamente tierras, se espera que puedan continuar con sus labores agrícolas para contribuir al desarrollo económico del país. Estos últimos propósitos estarían alineados con los objetivos que buscó la Ley 160 de 1994, la cual propendía por el desarrollo rural y por cambios definitivos en la d­istribución de la tierra en Colombia. Dentro de los logros fundamentales, tras la proclamación de esta ley, se pueden mencionar la implementación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que, según su art. 38, se define como la unidad de empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal que permite remunerar el trabajo a la familia, una vez sea adaptada a condiciones de producción para su explotación o cultivo. Con ello se regula la extensión de las tierras adjudicadas a campesinos agrícolas, sujeta al decreto 41 de 1996. La Ley 160 de 1994, además, dictó otras consideraciones generales sobre la distribución, adjudicación y uso de terrenos baldíos o de las unidades agrícolas familiares. Por su parte, el PND, que constituye la base o el eje fundamental en torno al cual giran las políticas gubernamentales, busca otro tipo de objetivos. En este caso, el PND “Prosperidad para Todos”, se decretó por la Ley 1450 de 2011 y se estructuró con base en las denominadas “locomotoras del desarrollo”, que buscan, entre otras cosas, el crecimiento y el desarrollo económico del país. El desarrollo económico que se pretende ocupa uno de los papeles centrales del PND, pues las políticas que se crean en torno a este se dirigen al fortalecimiento económico de Colombia, lo cual puede percibirse en los objetivos de la Ley 1450 consagrados en sus arts. 1º y 3º. Por lo tanto, los propósitos del conjunto de políticas y artículos que se derivan de esta ley son imprescindibles de la consecución de una fuerte y sostenida economía, tanto en el panorama nacional como en el concierto económico mundial. Estas políticas en búsqueda de objetivos económicos pueden representar riesgos de transgresión en las premisas de otras con carácter social y que podrían haber sido diseñadas, inicialmente, en la búsqueda de premisas públicas.


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3.2 El problema de riesgo moral en la Ley 1448 y el vínculo con el PND La agricultura es uno de los campos fundamentales para el desarrollo económico del país, pues según el PND (2011) ha representado un porcentaje importante de participación en el PIB. Sin embargo, de acuerdo con dicha misma entidad, el sector ha estado rezagado en las últimas décadas. En los últimos diez años creció en promedio un 2% frente al 4% total de la economía6. Por lo tanto, una correcta reforma y una adecuada estructuración deberían estar en la agenda de cualquier administración gubernamental. En este caso, parte de la política de tierras y de agricultura está contemplada, precisamen­te, en el PND para el período 2011-2014. Con esto se pretende que la agricultura sea, entonces, una de las actividades que incentive el desarrollo económico y social del país. En la Ley 1450 existen dos artículos de especial interés: el 60 y el 61. El primero de ellos se adiciona al art. 72 de la Ley 160 de 1994. Según este último, a las personas que posean títulos de predios en el territorio nacional no se les podrá adjudicar terrenos baldíos. De igual modo, serían nulas las adjudicaciones que excedan los límites máximos para la titulación permitidos por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas; frente a lo cual, el art. 60 del PND deroga estas limitaciones, dando lugar a que personas con otras titulaciones puedan realizar contratos o actos en los que se busque el uso o la adquisición de terrenos que fueron inicialmente adjudicados como baldíos o adquiridos mediante el subsidio integral de tierras; asimismo, se puede prescindir de las limitaciones que se imponen para las unidades agrícolas familiares por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), lo que da lugar a propiedades de gran superficie si el interesado muestra que en estos predios se desarrollarían proyectos agropecuarios o forestales7. El art. 60 del PND (2011-2014) plantea, además, una conexión con la Ley 1448, específicamente con sus arts. 33 y 99. El art. 33 reconoce que en la reparación a las víctimas del conflicto armado se deben involucrar actores como el Estado, la sociedad civil y la empresa privada, con los cuales, según el artículo, se crearían programas, proyectos y políticas para que efectivamente se vinculen al proceso de reconciliación nacional; den-

6 El informe del PND destaca que unos de los elementos que originó este letargo, fue el uso improductivo de los factores de producción. 7 Proyectos que cumplirían ciertas especificaciones en cuanto a magnitud e impacto.


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tro de estos proyectos podrían considerarse el agropecuario y forestal, promovidos por el art. 60 del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, el art. 99 de la Ley 1448 ratifica e incentiva la realización de contratos o actos entre el individuo que posea un predio objeto de restitución y otro que demuestre un proyecto agroindustrial productivo que se pretenda desarrollar en los predios restituidos. Según este artículo, el magistrado será quien autorice la celebración de este tipo de contratos y vele por la protección de los derechos de la víctima que ha sido reparada por la ley en cuestión. Los predios a los que alude el art. 60 de la Ley 1450 podrían ser aquellos que fueron objeto de restitución, pues entre las medidas de reparación establecidas en la Ley 1448 se contempla el subsidio integral de tierras y la restitución del predio que fue despojado u otro con similares características8, tierras que podrían ser provistas por el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), creado a partir del art. 111 de esta ley. Por lo tanto, es de esperar que algunos de los predios dados como reparación sean baldíos o propiedades de extinción de dominio. Así pues, puede observarse una estructura relacional entre la Ley 1448 y los objetivos de la Ley 1450. Por su parte, el art. 61 de la Ley 1450 sanciona la creación de una entidad que regularía los proyectos especiales agropecuarios o forestales a los que se refiere el artículo inmediatamente anterior, entidad que con base en ciertos criterios, aún no definidos, aprobaría los proyectos agroindustriales y los subsecuentes contratos o convenios para el uso de los predios de interés. 3.2.1 El principal y el agente Desde la teoría microeconómica se conoce que existe una relación de agencia siempre que haya una relación en la que el bienestar de una persona dependa de lo que haga la otra. El agente es el que actúa y el principal es la persona a la que afecta la acción (Salanié, 2000).

8 El art. 71 de la Ley 1448 estipula que si el despojado corre algún riesgo en su vida e integridad personal por regresar al inmueble objeto de despojo, se le ofrecerán terrenos de similares características.


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Si se supone en este caso que el principal está constituido por las víctimas del conflicto armado, y el agente es el Estado, se puede modelar una relación de agencia, en la cual se considere a este último como todo un órgano administrativo en el que existe una amalgama de entidades e instituciones que se articulan y trabajan en forma conjunta para garantizar los derechos de la reparación y restitución a las víctimas. En este caso son de vital interés las siguientes instituciones y entes gubernamentales: la Presidencia, el Congreso, las Altas Cortes, la entidad encargada de aprobar los proyectos agroindustriales y la Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas. Dado que entre cada uno de estos organismos existen relaciones de control, pueden dilucidarse múltiples relaciones de agencia, con la particularidad de que todas las acciones de ellos afectan directamente el bienestar de las víctimas y, en general, de la sociedad. A continuación se detallan estas relaciones. 3.2.2 Las víctimas, el presidente y los congresistas Si se concibe a las víctimas del conflicto armado como el principal, y al presidente y los congresistas como los agentes, existe una relación de agencia entre estos actores, en la que las acciones de los últimos afectan el bienestar de las víctimas, quienes, cual se mencionó, constituyen el principal. 3.3 El programa del agente Como se dijo, el agente está constituido por el presidente y los congresistas electos, y estos se eligen por el voto popular en una consulta electoral, de ahí que ellos intentan maximizar el número de votos mediante la oferta de un vector de propuestas que demanda la sociedad (Nicholson, 2005), en la que se incluyen las víctimas del conflicto armado. Por lo tanto, gana quien ofrece el vector que recibe más votos, quien logre acaparar una mayor demanda y maximizar, mediante sus propuestas, la suma de todas las utilidades de los votantes. 3.4 El programa del principal Una vez llegan estos candidatos al poder se convierten en los representantes de la sociedad: el agente, en esta relación de agencia. Ahora bien, dado que el vector de


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oferta ganador cubre el mayor número de votos, los cuales representan la disposición marginal de los electores, este puede considerarse como una estimación de la función de bienestar social, de manera que la sociedad (el principal) espera que el presidente y los congresistas elegidos actúen de tal forma que maximicen esa estimación mediante el cumplimiento de cada una de las propuestas. En este caso, se puede suponer que el presidente y los congresistas ofrecen una ley de reparación y restitución como respuesta por parte del principal a la demanda, con respecto a una reparación a las víctimas del conflicto armado y, en términos más generales, una sociedad pacífica. El problema de riesgo moral o de agencia se presenta cuando el agente9 no maximiza el bienestar social, lo que puede deberse a dos razones: primero, podría no ser capaz de gestionar los elementos necesarios para garantizar una adecuada ley de reparación a las víctimas, es decir, no hace el suficiente esfuerzo10; así, podría existir una mejora en el sentido de Pareto. En segundo lugar, una vez en el poder, podría maximizar otros objetivos diferentes de los sociales, y en este el último caso se dice que los objetivos de las partes divergen. 3.5 Una representación simple Vector de propuestas = [x1 , x2 ,..., xn a], representa el conjunto de propuestas () que ofrece el candidato. Además: x1 = f(yi ), donde yi es la demanda óptima que hacen el elector o el grupo de electores de un bien o algún otro elemento, la cual maximiza la utilidad individual o grupal. Adicionalmente, si yi representa las demandas óptimas de los electores, estas pueden considerarse como una estimación de la función de bienestar social. Finalmente, la forma de garantizar la maximización del bienestar social es mediante el cumplimiento de cada una de las propuestas (xi ). 9 Considerando al agente como el presidente y los congresistas elegidos. 10 En este caso el término esfuerzo hace referencia al conjunto de medidas necesarias tomadas para elaborar una ley que maximice el interés de las víctimas del conflicto armado.


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En este caso, y v* se puede considerar la demanda de una ley sobre reparación y restitución de tierras que hace el grupo de víctimas. Una propuesta para esta demanda puede ser x*v la cual implica su diseño, regulación y cumplimiento. Sin embargo, dado que la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras ya fue diseñada por la rama ejecutiva y aprobada por el Congreso mediante la Ley 1448 de 2011, y de que se aprobó asimismo el PND por medio de la Ley 1450 de 2011, puede decirse, hasta el momento, que el agente ha cumplido con su vector de propuestas y, por ende, ha intentado maximizar la estimación del bienestar social de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, aún falta la otra parte de la propuesta (xv* ), que consiste en el control y cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 (y v* ). Finalizada esta primera fase, el agente debe garantizar el efectivo control y cumplimiento para concretar la oferta que hizo a los votantes en la propuesta. Ahora bien, es como si él delegara las funciones de control y regulación en las entidades gubernamentales y los representantes jurídicos: la entidad encargada de aprobar los proyectos agroindustriales, la Unidad Administrativa Especial de Tierras y los magistrados, de modo que el agente se convierte ahora en el principal y estas entidades en los agentes; cada una aparece en ciertos instantes y procesos, y actúan de forma diferente, de ahí que pueden tener diversos incentivos para el riesgo moral. A continuación se estudiarán cada uno de esos casos: el presidente, los congresistas, los magistrados, la entidad encargada de aprobar los proyectos agroindustriales y la Unidad Administrativa Especial de Tierras. 3.6 Programa del nuevo principal El principal, entonces, está compuesto por el presidente y los congresistas, quienes pretenden cumplir con la segunda fase de su propuesta para maximizar el bienestar social. 3.7 Programa del nuevo agente Ahora conformado por los magistrados, es la entidad encargada de aprobar los proyectos agroindustriales y la Unidad Administrativa Especial de Tierras. Si bien estas entidades actúan en forma distinta, son creadas o desempeñan el papel de regular y controlar el cumplimiento de los objetivos contenidos en la Ley 1448 y la Ley 1450, es decir, la otra parte de la propuesta que maximiza la utilidad social, así que las acciones de estas


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entidades afectan directamente el bienestar de las víctimas de la violencia, en especial a las que esperan que les sea restituidas sus tierras. En este caso el problema de riesgo moral se presenta cuando la capacidad de regular por parte de esas entidades se ve estropeada por la existencia de barreras que limitan la eficacia de sus acciones. Estas barreras podrían originarse por dos causas; según Eslava (1999), la primera expresa que estos funcionarios que ejercen las actividades de control son ineficaces y no logran maximizar la función de bienestar social, pues existen problemas de información asimétrica que hacen que las decisiones tomadas puedan no ser las mejores en términos de utilidad pública. Este problema de información asimétrica se presenta cuando el magistrado omite comprobar la buena fe de los tenedores de tierra con proyectos agroindustriales11 desarrollados en un terreno que ha sido objeto de despojo. Ahora bien, el problema de agencia se da cuando el magistrado12 permite la celebración del acto o la asociación subsecuente con el campesino y sus tierras restituidas, pues se terminarían maximizando los intereses privados y no los de utilidad pública, es decir, los del interesado y dueño del proyecto agroindustrial, frente a los que busca la Ley 1448 a favor de las víctimas, ya que, como se mostrará más adelante (el modelo JP), esta asociación terminará en la venta de esos predios restituidos, al empresario. El problema de información asimétrica también se presenta cuando la entidad encargada13 de controlar los proyectos agropecuarios o forestales los aprueba, con sus implicaciones en el número de unidades agrícolas familiares, sin conocer cuáles son realmente los objetivos del interesado en desarrollar el proyecto agroindustrial, por lo tanto el problema de riesgo moral se origina porque la entidad ignora que estos terrenos pueden ser objeto de despojo o no se esfuerza en analizar cuáles son los posibles efectos del proyecto agroindustrial, por ejemplo, imponer un objetivo netamente económico, como los que persigue el PND, frente al social que busca la Ley 1448.

11 Según lo estipula el art. 99 de la Ley 1448 de 2011. El magistrado podría no esforzarse. 12 Esta intervención se menciona en el art. 99 de la Ley 1448 de 2011. 13 Entidad creada 61 de la Ley 1450 de 2011.


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La segunda razón para hablar de riesgo moral en estas relaciones de agencia se halla en la existencia de una posible desviación de objetivos, lo que lleva al regulador a maximizar su función de utilidad y no la de bienestar social; esta última causa se conoce con el nombre de enfoque del interés privado. Esta divergencia de objetivos entre las partes, el principal y los agentes, se da cuando estos últimos son cooptados por los empresarios dueños de proyectos agroindustriales con el objetivo de presionarlos o de ofrecerles dádivas para que: - La Unidad Administrativa Especial de Tierras no realice la restitución de los predios en los que se desarrolla el proyecto, o simplemente, para que ciertos predios no sean restituidos. - La entidad encargada de regular los proyectos agroindustriales apruebe cualquier proyecto sin tener en cuenta las especificidades técnicas, a modo de fachada para apropiarse de unidades agrícolas familiares que pueden provenir de tierras que han sido objeto de despojo. - Presionar a magistrados con la finalidad de que permitan la celebración de actos contractuales entre el tenedor de las tierras y el campesino. - Presionar ante algún órgano administrativo para que las tierras que fueron objeto de despojo sean tituladas a nombre de una persona, o grupo de ellas, con objetivos desconocidos. El problema de riesgo moral en estas relaciones de agencia radica en la conexión entre la Ley 1448 y el PND (2011-2014), pues este último persigue otro tipo de objetivos, en este caso económicos, frente a los que intenta conseguir la Ley 1448, los cuales podrían denominarse sociales, pues es de interés colectivo un proceso de reconciliación y reparación que propenda por la paz nacional. Ahora bien, el PND es la guía de las políticas del gobierno, de ahí que todas están en este ámbito, de manera que el objetivo económico se impone sobre el social porque la entidad encargada de regular los proyectos podría preponderar el interés privado y económico y subyugar el objetivo social, en este caso, el que promueve la Ley 1448. Este es el factor más importante que origina los problemas de riesgo moral en las relaciones de agencia, pues sin ningún control adecuado, las acciones ocultas permiten escudarse en los problemas y las ambigüedades legislativas.


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Un escenario en el que se maximice el objetivo privado y económico frente al social, en este caso el de reparación, traerá como consecuencia el gran latifundio o concentración de la tierra. Existen varias razones para justificar esto, dados los problemas de agencia que se acaban de mostrar. El art. 60 de la Ley 1450 expresa que si existen proyectos agropecuarios, el interesado podrá celebrar contratos o actos para el uso o adquisición de tierras baldías o que provengan del subsidio integral de tierras, sin importar que estas excedan los límites acordados para las unidades agrícolas familiares. Y como se mostró, estos terrenos pue­ den provenir de restituciones a víctimas de la violencia que podrían verse incentivadas14 a la venta15 de la tierra (restituida) a estos empresarios con proyectos agroindustriales, quienes ciertamente constituirían un grupo bastante reducido y con poder económico, ya que dichos proyectos deben cumplir ciertos requisitos de magnitud e impacto16. Una vez se efectúe la compra, paulatinamente se irá concentrando la tierra y los objetivos de reparación y reconciliación se irán transgrediendo poco a poco por los económicos. Por otro lado, también se puede justificar la concentración de la tierra que se genera por la ambigüedad legislativa, cuando se presiona a las entidades y los entes reguladores para que, como se dijo, se titulen predios con la finalidad de que estos no sean restituidos o en su defecto se permita la celebración de contratos entre el tenedor de la tierra y el campesino con tierras objeto de restitución. Por lo tanto, la conexión que establece la Ley 1448 con la Ley 1450 provocaría efectos colaterales y corrosivos social y económicamente, como lo es, entonces, la concentración de la tierra y las consecuencias que se derivan de ese problema; más adelante se profundizará en este aspecto.

14 Más adelante se desarrolla un modelo de teoría de juegos que intenta mostrar que, dados ciertos incentivos, el campesino venderá su tierra restituida. 15 El art. 101 de la Ley 1448 reglamentó el mínimo de duración para que una víctima transfiera los derechos de propiedad, el cual es de dos años, un periodo corto. 16 La entidad creada por medio del art. 61 se encargaría de diseñar estos criterios de acuerdo con la generación de inversión y empleo, el aporte a la innovación, la transferencia tecnológica y el porcentaje de predios aportados al proyecto.


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3.7.1 Un modelo simple de teoría de juegos: el modelo JP Luego de que la entidad apruebe el proyecto agroindustrial y el magistrado permita la celebración del contrato o acto subsecuente, el agente dueño del proyecto entrará a negociar directamente con la víctima que posee los predios que han sido objeto de restitución. Con el siguiente modelo de teoría de juegos se pretende mostrar que, dadas las condiciones que garantizan la recién aprobada Ley 1448, si existen incentivos la negociación anterior termina en la venta de los predios restituidos a la víctima. Para ello, se modela un juego de compra y venta entre un campesino con tierras restituidas y otro posible agente, interesado en comprar esas tierras. Supuestos del modelo: 1. Agentes con preferencias racionales, pero en el ámbito de la interdependencia estratégica. 2. Existe información perfecta: no hay incertidumbre. 3. El juego es consecutivo. La decisión del agente dependerá de lo que haga el campesino. 4. El juego se lleva a cabo entre el agente dueño del proyecto agroindustrial y el campesino que fue reparado con la restitución de los predios que le fueron despojados por problemas sociales como la violencia. 5. La Ley 1448 garantiza las condiciones de seguridad y propiedad al campesino restituido. Y este, tiene plena libertad sobre las acciones que puede emprender sobre su propiedad (tierra). 6. Para definir los pagos de los juegos se han utilizado unas funciones que expresan la forma en la que los agentes razonan para tomar sus decisiones.

Para el campesino restituido se ha supuesto la siguiente función: Ic(A) – Ic(t)

Donde Ic(A) representa los ingresos que ofrece el agente (A) al campesino restituido (C) como compensación por los ingresos que dejará de percibir, una vez se efectúe


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el traspaso de derechos de propiedad sobre la tierra. Así pues, Ic(t) son los ingresos que le genera al campesino la tierra que le ha sido restituida (t) . No interesa la forma específica de estas funciones, pueden depender de diferentes parámetros, por lo cual los ingresos que le pueden generar las tierras al campesino pueden provenir, no solo del cultivo de ellas17.

Para el agente se ha supuesto la siguiente función: UA(t) – UA(Ic(A))

Esta expresión, al igual que para el campesino, muestra la forma en la que el agente razona para tomar sus decisiones. Donde UA(t) representa la utilidad que le genera al agente la adquisición de esas tierras18 y UA(Ic(A)) la utilidad que se le genera al agente (A) por la cantidad de dinero que ofrece al campesino restituido (C) como compensación por los ingresos que dejará de percibir una vez se efectúe el traspaso de derechos de propiedad sobre la tierra. En este caso, Ic(A) es un factor que resta la utilidad del agente, por lo cual se espera que haya una relación inversamente proporcional entre este y la utilidad del agente (A). De igual modo, no interesa la forma específica de cada uno de estos componentes, pues pueden depender de diversos parámetros.

Aunque no sea relevante la forma de cada componente, algo podría decirse: dependen del tiempo; es decir, Ic(t) podría considerarse como una estimación que hace el campesino de los ingresos en valor presente de lo que le puede generar su predio restituido en un período de tiempo. De igual modo, el agente también compara el valor presente de su utilidad. Por lo anterior, se puede expresar lo siguiente:

dI dU dUA d2UA ≥ 0 A < 0 > 0 <0 dt dIc(A) dt dt2

Dado esto, se supone que un incentivo para que el campesino venda su predio restituido es: Ic(A) > Ic(t). De igual modo, un incentivo para que el agente compre las tierras es: UA(t) > UA(Ic(A))

17 Podrían darse en alquiler. 18 UA(t) podría entenderse, en el marco de la Ley 1450, como la utilidad que le genera al agente la adquisición de la tierra para, posiblemente, desarrollar un proyecto agroindustrial.


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7. El juego solo se realiza una vez. Definido dichos supuestos, se pasa a analizar el equilibrio de Nash que resulta de tres situaciones: Caso 1° En este primer caso se supone un campesino que no tiene dinero para cultivar sus tierras restituidas; en este panorama, ellas no le producirán ningún ingreso. En general, se supone para este caso que las tierras restituidas no generan ningún tipo de ingreso, por lo tanto, Ic(t) = 0 . Y el campesino estará dispuesto a vender si se produce el incentivo: Ic(A) > Ic(t). Con respecto al agente, también suponemos, como se dijo, que está dispuesto a comprar si se produce el incentivo: Con la anterior información se puede formar la siguiente tabla de pagos: Tabla 1. Tabla de pagos caso 1º Agente (A) Vender (V) Campesino (C) No vender (NV)

Comprar (Cp)

No comprar (NCp)

Ic(A) (> Ic(t)) = 0). UA(t) (> UA(Ic(A))

0,0

0,UA(Ic(A) ) (<UA(t))

0,0

Cuando el campesino elige la estrategia vender y el agente elige su estrategia comprar, se efectúa el traspaso de derechos de propiedad sobre la tierra que ha sido objeto de restitución, en este caso, el campesino tiene como pago Ic(A) el cual es mayor que Ic(t), como se supuso en este caso Ic(A) = 0. Por lo tanto, el campesino vende una vez se ­efectúe el incentivo. Por su parte, el agente obtiene el pago UA(t), el cual es mayor que UA(Ic(A), es decir, el agente compra una vez se genera el incentivo. Cuando el campesino elige su estrategia vender y el agente no compra, tanto el agente como el campesino obtienen un pago igual a cero. En este caso, el agente no está incentivado a comprar las tierras, por lo cual Ic(A) = 0 y por tanto t = 0, luego UA(t) = 0.


96 Una nueva forma de concentración de la tierra en Colombia: la Ley 1448 de 2011 Jhon Jair González Pulgarín Juan Pablo Henao Guzmán

Como al campesino no se le ofrece compensación por la venta de las tierras (Ic(A) = 0) y los ingresos derivados de estas son cero (Ic(t) = 0), por lo que el campesino obtiene un pago igual a cero. Cuando el campesino elige su estrategia no vender y el agente elige su estrategia comprar, el campesino no está dispuesto a vender, y efectivamente no lo hace, por lo que su pago es cero, este sería mayor que cero, si se hubiese efectuado la transacción, pues en ese caso Ic(A) > (Ic(t) = 0). Como el agente está dispuesto a comprar, pero no se efectúa la compra, él obtiene UA(Ic(A) ) que es menor al pago que obtendría si se efectuara la transacción (UA(t) ). Finalmente, cuando el campesino elige la estrategia no vender y el agente elige su estrategia no comprar, ambos tienen pagos iguales a cero; esto se debe a que el campesino no está incentivado en vender las tierras, Ic(A) = 0 y además, Ic(t) = 0. Por su parte, como el agente no desea comprar, no le ofrece nada al campesino (Ic(A) = 0), por lo que t = 0, luego UA(t) = 0. A continuación se analiza el concepto de solución del juego; como este es consecutivo, se puede representar en forma extensiva. Para encontrar el equilibrio de Nash se usó la inducción hacia atrás. Representación en forma extensiva N = {campesino(C), agente (A)}, representa el conjunto de jugadores. K = {x1 , x2, x3 , z4 , z5 , z6 , z7}, representa el conjunto de nodos. P(x) = {x’ ∈K: x’ P x}, representa las relaciones de precedencia entre los nodos. H = {hc, hA1, hA2}, donde: hc = {x1} hA1 = {x1} hA2 = {x2, x3} representan los conjuntos de información. Acampesino = {Vender, No Vender} A Agente = {Comprar, No comprar} A = {Acampesino x A Agente} representa el conjunto de acciones de los jugadores. p(z) = (pi(z)Ni representa los pagos de los jugadores para i = C,A. z, representa un nodo final. Como se dijo anteriormente, el campesino es el primero en jugar, por lo que él solo tiene un conjunto de información hc, pues no sabe qué decisión tomará el agente. Por su parte, el agente posee dos conjuntos de información, pues conoce su estrategia óptima y


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la que el campesino eligió. Además, como el juego se desarrolla en forma consecutiva, los jugadores si pueden distinguir entre los nodos que hacen parte de sus conjuntos de información a la hora de efectuar la acción que le corresponde. En el gráfico 1 se muestra la representación del juego en forma de árbol. Para encontrar el equilibrio de Nash en estrategias puras se utiliza la inducción hacia atrás. En este caso, se comienza con el análisis del jugador Agente; inicialmente, este analiza el conjunto de información HA1, y observa que elegir la estrategia comprar (Cp) le reporta mayor beneficio que la de no comprar (NCp), pues UA(t) > 0. Luego analiza su conjunto de información HA2 y encuentra que la estrategia que le reporta mayor beneficio también es comprar. Dado esto, el juego se reduce al representado en el gráfico 2. A partir de este, se analiza al Campesino. Este piensa que, dado lo que hará el Agente, lo mejor será elegir la estrategia vender (V), pues ella le reporta un pago mayor que la de no vender (NV). Gráfico 1. Representación en forma extensiva, caso 1°


98 Una nueva forma de concentración de la tierra en Colombia: la Ley 1448 de 2011 Jhon Jair González Pulgarín Juan Pablo Henao Guzmán

Gráfico 2. Reducción del juego

Por lo tanto, el equilibrio de Nash en estrategias puras, si el campesino mueve primero, se produce cuando este último elige su acción19 vender (V) y el Agente elige su acción comprar (Cp): pc,A (V*, Cp*) ≥ πcA (ACampesino, A Agente). Este perfil estratégico es tal que ningún jugador cuenta con una desviación unilateral beneficiosa. Esa propiedad está garantiza por la existencia del equilibrio de Nash. Para los demás casos, el análisis de los pagos y del equilibrio de Nash se realiza en forma similar. Caso 2° Ahora, el campesino tiene dinero para cultivar sus tierras restituidas; en general se supone que estas tierras le generan un ingreso, por lo tanto, Ic(t) > 0 Si el agente está dispuesto a comprar, ofrecerá al campesino Ic(A) > 0, y a su vez Ic(A) > Ic(t). De igual modo, el agente estará dispuesto a comprar si se efectúa el estímulo UA(t) > UA(Ic(A)). La tabla de pagos es la siguiente:

19 En la representación en forma estratégica las estrategias combinan las acciones y los conjuntos de información.


99 Ecos de Economía Universidad EAFIT Nº 34 - Año 16 / enero-junio 2012

Tabla 2. Tabla de pagos, caso 2°

Vender (V) Campesino (C) No Vender (NV)

Agente (A) Comprar (Cp)

No comprar (NCp)

Ic(A) (> Ic(t) > 0), UA(t) (> UA(Ic(A)))

Ic(t) (< Ic(A)), 0

Ic(t) (< Ic(A)), UA(Ic(A) (< UA(t))

Ic(t) (< Ic(A)), 0

Lo que se ha resaltado son los pagos que obtendrían el campesino y el agente si eligieran vender y comprar, respectivamente. Es decir, se hace una comparación entre el pago que efectivamente obtendrían los jugadores al usar alguna estrategia distinta de vender y comprar, dependiendo del caso, y el pago que obtendrían si se eligieran las estrategias vender y comprar, respectivamente. Para obtener estos pagos se realizó un análisis similar al del caso 1°. De igual modo que en el caso 1°, este juego es consecutivo y puede ser representado en forma extensiva (v. gráfico 3). Para encontrar el equilibrio de Nash, en forma similar al caso anterior, se hace uso de la inducción hacia atrás; también se supone que el campesino es el que primero mueve. Repetimos: para encontrar el equilibrio de Nash en estrategias puras se utiliza la inducción hacia atrás. En este caso, se comienza con el análisis del jugador Agente; inicialmente, este analiza el conjunto de información HA1, y observa que elegir la estrategia comprar (Cp) le reporta un mayor beneficio que la de no comprar (NCp), pues UA(t) > 0. Luego analiza su conjunto de información HA2 y encuentra que la estrategia que le reporta mayor beneficio también es la de comprar, pues UA(Ic(A)) > 0. Dado esto, el juego se reduce al representado en el gráfico 4. A partir de este, se analiza al Campesino. Este piensa que, dado lo que hará el Agente, lo mejor será elegir vender (V), pues esta estrategia le reporta un beneficio mayor que la de no vender (NV), pues Ic(A) > Ic(t).


100 Una nueva forma de concentración de la tierra en Colombia: la Ley 1448 de 2011 Jhon Jair González Pulgarín Juan Pablo Henao Guzmán

Gráfico 3. Representación en forma extensiva, caso 2º

Gráfico 4. Reducción del juego

Al igual que en el caso 1°, el equilibrio de Nash en estrategias puras, si el campesino mueve primero, se produce cuando este últmo elige la estrategia vender (V) y el Agente elige su estrategia comprar (Cp): πC,A (V*, Cp*) ≥ πC,A (ACampesino, AAgente). Este perfil estratégico es tal que ningún jugador cuenta con una desviación unilateral beneficiosa.


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Caso 3° En este caso se supone que el Campesino posee unos retornos de la tierra restituida Ic(t) mayores que cualquier compensación (Ic(t)) que pudiera ofrecerle el Agente, es decir: Ic(A) < Ic(t) , debido a que el Campesino no tiene incentivos para vender sus predios restituidos, en este caso se esperaría que su estrategia fuera la de no vender (NV). Con respecto al Agente, se continúa suponiendo que UA(t) > UA(Ic(A)), por lo cual se genera el incentivo para que este compre los predios restituidos al campesino. Con esta información, la tabla de pagos es la siguiente: Tabla 3. Pagos, caso 3º

Vender (V) Campesino (C) No vender (NV)

Agente (A) Comprar (Cp)

No comprar (NCp)

Ic(A) (< Ic(t)), UA(t) (> UA(Ic(A)))

Ic(t) (> Ic(A)), 0

Ic(t) (> Ic(A), UA(Ic(A)) (< UA(t))

Ic(t) (> Ic(A), 0

Al igual que en el caso 2°, lo que se ha resaltado son los pagos que obtendrían el campesino y el agente si eligieran las estrategias de vender y comprar, respectivamente. Para obtener estos pagos se realizó un análisis similar al del caso 1°. De igual modo que en los casos anteriores, este juego es consecutivo y puede ser representado en forma extensiva (gráfico 5). Para encontrar el equilibrio de Nash, en forma similar a los otros casos, se hace uso de la inducción hacia atrás; también, se supone que el campesino es el que primero “mueve”. Como se ha venido desarrollado, se inicia con el análisis del jugador Agente: este analiza el conjunto de información HA1 y observa que elegir la estrategia comprar (Cp) le reporta mayor beneficio que la de no comprar (NCp), pues UA(t) > 0. Luego analiza su conjunto de información HA2 y encuentra que la estrategia que le reporta mayor beneficio también es comprar, pues UA(Ic(A)) > 0. Dado esto, el juego se reduce al representado en el gráfico 6. A partir de este, se analiza al Campesino. Este piensa que, dado lo que hará el


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Agente, lo mejor será elegir la estrategia de no vender (NV), pues ella le reporta mayor beneficio que la de vender (V): Ic(A) < Ic(t). Gráfico 5. Representación en forma extensiva, caso 3º

A diferencia de los casos 1° y 2°, si el Campesino “mueve” primero, en este caso el equilibrio de Nash en estrategias puras se produce cuando él elige la estrategia de no vender (NV) y el Agente la de comprar (Cp): pC,A (NV*, Cp*) ≥ pC,A (ACampesino, AAgente) Gráfico 6. Reducción del juego


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Este perfil estratégico es tal que ningún jugador cuenta con una desviación unilateral beneficiosa. De igual modo, el resultado obtenido permite corroborar la consistencia del modelo, pues en este caso se ha supuesto que si no se generan incentivos para que el campesino venda sus predios restituidos se esperaría que elija la estrategia de no vender (NV), tal y como lo muestra el equilibrio de Nash para esta situación. Conclusión del modelo Dado los tres casos analizados, en los que se mostraron los respectivos equilibrios de Nash, se concluye que, siempre que se generen los incentivos adecuados, el campesino venderá su predio restituido y el agente20 lo comprará; esto es lo que se había intentado demostrar en el planteamiento del anterior modelo. 3.7.2 Un análisis de los modelos de riesgo moral y de la teoría de juegos Con el desarrollo anterior de los modelos del principal y el agente, y el modelo de la teoría de juegos, se muestra que la Ley 1448 y su conexión con la Ley 1450 generan concentración de la tierra. El modelo del principal y el agente evidencia que se genera dispersión con respecto a los objetivos que persigue la Ley 1448, una vez se apruebe el posible proyecto agroindustrial o forestal y el magistrado permita el pacto o acto subsecuente que se firme con la víctima respecto de sus predios restituidos. Adicionalmente, dado el problema de riesgo moral, al Estado le es muy difícil vigilar las acciones de estas entidades y del ­magistrado, las cuales podrían poner en riesgo los objetivos de la Ley 1448, en afán de lucro o de objetivos económicos, por lo que no se maximizaría la utilidad pública.

20 Este agente es el dueño del proyecto agroindustrial, aprobado por la entidad a la que hace referencia el art. 61 del Plan Nacional de Desarrollo.


104 Una nueva forma de concentración de la tierra en Colombia: la Ley 1448 de 2011 Jhon Jair González Pulgarín Juan Pablo Henao Guzmán

Además, como se indicó, dado que puede considerarse que los agentes dueños de los proyectos agroindustriales son pocos,21 las ventas22 por parte de los campesinos quedarán en manos de ese grupo reducido; en otros términos, se genera concentración de la tierra. No se cumplen los objetivos de la Ley 1448, puesto que una de las acciones inmediatas que podrían darse, luego de efectuada la aprobación por la entidad23 y el magistrado, es la venta24 del predio restituido si se generan los incentivos adecuados, de manera que además de generar concentración de la tierra se elimina el posible sustento financiero que podría tener la víctima de dichas tierras, lo cual hace parte de los objetivos de la Ley 1448 de 2011. 3.7.2.1 Efectos de la concentración de la tierra La concentración de la tierra que se genera a partir de la Ley 1448 trae diversas consecuencias sociales y económicas, dentro de las cuales se podrían mencionar la creación de grupos de interés, la perpetuación del conflicto armado, la concentración de la actividad económica, desequilibrios en los demás sectores de la economía, rezagos en el desarrollo del sector agrícola. La concentración de la tierra que podría generarse a partir de la divergencia de objetivos entre la Ley 1448 y el Plan Nacional de Desarrollo evidencia además la inexistencia de un modelo de desarrollo unificado para el sector agrícola en el país, pues mientras el PND busca la desregulación de las UAF, la Ley 1448 pretende la restitución de tierras al gran número de víctimas del conflicto armado en el país. Además, de ser muchas las víctimas que pueden ser objeto de restitución de tierras, estas últimas serían en su mayoría pequeños lotes; dado este escenario, el PND busca aprovechar las economías de escala, mientras que la Ley 1448 persigue el objetivo social de reparar a las víctimas 21 Pues pocos podrían cumplir con los requisitos que se establezcan. 22 Como se mostró en el modelo de la teoría de juegos, se produce la venta si se generan los incentivos adecuados. 23 Aquella que se encarga de aprobar los proyectos agroindustriales o forestales a los que se refieren los arts. 60 y 61 del Plan Nacional de Desarrollo. 24 La Ley 1448 busca, además de la reparación efectiva, que las víctimas, en este caso despojados de la tierra, puedan retornar a sus actividades económicas de tal forma que el predio restituido represente una fuente de sostenibilidad financiera.


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del conflicto armado, lo cual, origina un panorama difuso para el desarrollo del sector agrícola, sin objetivos claros y con la continuidad de un inminente rezago tecnológico. Asimismo, este desequilibrio no puede abordarse solo parcialmente; si se analizan las múltiples conexiones entre los sectores: agrícola, minero-energético, industrial, etc., el problema se masifica, lo que genera desequilibrios en el conjunto de la economía del país. Por otro lado, la concentración de la tierra en grupos empresariales, si bien pueden aprovechar las economías de escala, sin una adecuada regulación que permita un desarrollo sostenido podría generarse la conformación de monopolios de la tierra, con poder de mercado que, a su vez, conduciría a generar ineficiencias económicas como el incremento de los precios por encima del óptimo y el control monopólico de la producción agrícola o de otra clase. Además, la teoría de los grupos de interés predice que ellos, en este caso conformados por los empresarios25 concentradores de la tierra, utilizarían su dominio para usar el poder del Estado y evitar la regulación sobre el uso de los predios a expensas de consecuencias sobre otros grupos más dispersos y con menores recursos económicos. Es decir, estos grupos en teoría pequeños y bien estructurados podrían sobreponer el interés privado y presionar al Gobierno para evitar la efectiva regulación al uso de las tierras que han sido baldías o adquiridas mediante el subsidio integral de tierras, regulación que puede, por ejemplo, generar menoscabo a los derechos de las víctimas objeto de restitución de tierras al evitar procesos y promover la aprobación de cualquier proyecto agroindustrial como fachada para la adquisición de este tipo de predios. Por su parte, dada la historia del país, la concentración de tierras siempre ha sido un factor promotor de violencia, por lo que podría esperarse que en este caso se perpetúen las condiciones del conflicto armado interno.

4. Conclusiones A partir de los resultados obtenidos con los modelos de agencia y de la teoría de juegos, se derivan conclusiones de relevancia económica y social que confirman un grave 25 Se suponen que estos empresarios son los creadores de los proyectos agroindustriales y forestales, y de los subsecuentes vínculos con las víctimas poseedoras de predios objeto de restitución.


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problema en el diseño estatal, generador de consecuencias que podrían afectar el crecimiento y el desarrollo económico nacional. Como se pudo observar, en general, el PND plantea las bases y los objetivos económicos y sociales, en torno a los cuales gira la administración de un determinado gobierno, convirtiéndose así en las pautas que guían las políticas públicas. Cuando existen una ley o una política que no persiguen los mismos objetivos que los pretendidos por el PND, pueden correr el riesgo de quedar supeditadas a los objetivos de este, lo que da lugar a un desvío tanto de premisas como de efectos, por otros de finalidad diferente. Eso se nota, por ejemplo, en los efectos que se generan a partir de la búsqueda de objetivos netamente económicos instaurados en el PND, sobre la Ley 1448. Dichas digresiones llevan a que la ley supeditada genere efectos colaterales que, en teoría, no buscaba. En el caso estudiado en esta investigación se percibe cómo la Ley 1448 de 2011 genera concentración de la tierra, un efecto que no estaba dentro de sus objetivos. Estos efectos externos pueden, a su vez, generar otros en campos en los que la ley en cuestión no incide directamente, por ejemplo, en la economía nacional, dando lugar, como se mencionó, a un problema de equilibrio general. En el trabajo se señala que entre los principales problemas que genera la concentración de la tierra, un efecto colateral de la Ley 1448, están la creación de los grupos de interés y el poder de mercado en la agricultura, y este último podría generar un problema de equilibrio general, pues la agricultura es un sector que tiene múltiples relaciones con las demás esferas de la economía del país.

5. Recomendaciones El problema de la concentración de la tierra y por ende el conflicto en Colombia, como se demostró, muta con la sanción de la nueva Ley 1448 y su articulación con la Ley 1450 (PND), al cambiar el formato de la concentración de la tierra, como en repetidas ocasiones se ha dado en la historia del país; en pocas palabras, la política para las tierras de la actual administración redistribuye la tenencia de esta, sin embargo el problema histórico de asignación de derechos de propiedad no desaparece aunque los


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actores que intervienen en el fenómeno cambien de papeles y a la vez ingresen nuevos agentes. Por lo tanto, con el fin de evitar efectos como los descritos en el diagnóstico, se deberían instaurar tanto incentivos como mecanismos para evitar, o al menos disminuir, el riesgo moral en la relación principal-agente que enmarca el problema, en este caso derivado de los arts. 33 y 99 de la Ley 1448. Uno de estos podría consistir en involucrar más a los directos beneficiados de la ley en la elaboración de la norma y en su implementación, de modo que se logre mitigar el problema de la disonancia de intereses entre Estado, legisladores que elaboran la norma y como jueces que la hacen valer, y las víctimas. Otro mecanismo podría ser la instauración de formas de control eficaces y simples por parte de la sociedad civil para vigilar la actividad de los legisladores y jueces y, por ende, disminuir el problema de riesgo moral, al paso que se cree el incentivo para no maximizar intereses particulares por parte de los agentes que conforman el Estado, y por el contrario, se vieran llamados a cumplir su función como empleados públicos, dada una inminente sanción. Asimismo, se sugiere que una legislación, dentro de una administración, sea un cuerpo normativo coherente para evitar la antinomia jurídica,26 las lagunas legales27 y el conflicto de principios entre las diversas leyes, tal y como ocurre entre la Ley 1448 y la Ley 1450, de manera que se logre evitar estos grandes espacios en el cuerpo normativo que permitan una amplia interpretación jurídica y se constituyan en el espacio perfecto para acciones ocultas.

6. Referencias Colombia, Congreso Nacional de la República (1936, 30 de diciembre). Ley sobre Régimen de Tierras. Diario Oficial, núm. 23.388, Bogotá. (1994, 5 de junio). Ley 160 del 3 de agosto de 1994. Diario Oficial, núm. 41.479, Bogotá.

26 Dos o más normas, que pertenecen al mismo ordenamiento imputan al mismo caso soluciones incompatibles entre sí. 27 Significa que no existe una ley que pueda resolver el supuesto planteado.


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(1997, 24 de julio). Ley 387 del 5 de agosto de 1994. Diario Oficial, núm. 43.091, Bogotá.

(2005, 25 de julio). Ley 975. Diario Oficial, núm. 45.980, Bogotá.

(2011, 10 de junio). Ley 1448, de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras. Diario Oficial, núm. 48.096, Bogotá. Colombia, Plan Nacional de Desarrollo 1450 (2011,16 de junio). Diario Oficial, núm. 48.102. Eslava, M. (1999). Una revisión de la literatura teórica y la experiencia internacional en regulación. Archivos de Macroeconomía. Bogotá, Colombia: Departamento ­Nacional de Planeación. Funderberg, D. (1991). Game Theory. Cambridge, Reino Unido: MIT Press. Hall, V. (2003). Análisis microeconómico. Barcelona, España: Antoni Bosh. Ibáñez, A. & Querubín, P. (2004). Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia: CEDE, Universidad de los Andes. Mas-Colell, A. (1995). Microeconomic Theory. Nueva York, NY, EE.UU.: Oxford University Press. Mercado, F. (1971). Régimen de baldíos en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad La Gran Colombia. Montaña, I. (s. f.). Asociación Campesina de Antioquia. Indepaz. Recuperado de http:// acantioquia.org/documentos/prob_agraria/problema_de_tierra_colombia.pdf Nicholson, W. (2005). Teoría microeconómica: principios básicos y aplicaciones. México D. F., México: Thompson. Osorio, J. (2006). Actualidad y perspectivas de la fruticultura colombiana. ­Recuperado el 30 de junio de 2011, del sitio web Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica): http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Foro/vermensaje. asp?id_mensaje=226


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Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Empirical evidence of S-curves in the Colombian bilateral trade balances

Jose Julián Cao-Alvira* Lorena Andrea Palacios-Chacón**

Fecha de recepción: 24/02/2011 Fecha de aprobación: 16/05/2011

Ph.D. en Economía de Cornell University, New York. Catedrático Asociado del Departamento de Finanzas y la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras; Investigador Asociado de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Correo electrónico: josejulian.cao@upr.edu ** Economista y Profesional en Finanzas y Comercio Exterior, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá y Candidata a Ph.D. en Negocios Internacionales de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Profesora de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Correo electrónico: lorena.palacios@usa.edu.co y lorena.palacios@upr.edu *

ISSN 1657-4206 I Año 16 I No. 34 I enero-junio 2012 I pp. 111-126 I Medellín-Colombia


112 Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Jose Julián Cao-Alvira Lorena Andrea Palacios-Chacón

Resumen La condición Marshall-Lerner la curva J y la curva S han surgido como elementos teóricos y empíricos desarrollados para el estudio de la interacción entre las tasas de cambio y los patrones internacionales de comercio bilateral. Estas poseen una relevancia significativa en el desarrollo de política pública nacional y han sido objeto de estudio por la comunidad académica y profesional. La más reciente de estas teorías, la curva S, se conoce como la conducta que se teoriza hallar en la función de correlación cruzada entre la tasa de cambio real y la balanza comercial a corto plazo. Basado en dicho contexto teórico, este artículo busca evidencia empírica sobre la existencia de la curva S en el intercambio comercial bilateral de bienes commodities y non-commodities entre Colombia y Estados Unidos y Venezuela, sus principales socios comerciales, en los trimestres entre 1994:1 y 2009:4.

Palabras clave: Curva S, balanza comercial, tasa de cambio real, Colombia.

Abstract The Marshall-Lerner condition, the J-curve and S-curve have emerged as theoretical and empirical foundations developed for the study of the interaction between exchange rates and international patterns of bilateral trade. They have a significant bearing on the development of public policy, and are of equal interest to the academic and professional communities. The most recently developed of these theories, the S-Curve, is named after the theorized short-run behavior to be found in the cross-correlation function of the real exchange rate and the trade balance. Considering this theoretical context, the paper seeks empirical evidence of the existence of the S-Curve in the bilateral trade in commodity and non-commodity goods between Colombia and the United States and Venezuela, its main trading partners, for the yearly quarters between 1994:1 and 2009:4.

Key words: Curva S, balanza comercial, tasa de cambio real, Colombia. Clasificación JEL: F10, F13, F40


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1. Introducción La relación entre el tipo de cambio y los términos de comercio es un tema desarrollado desde hace varias décadas y su análisis se enfoca tanto en el corto como en el largo plazo. Este último periodo se ve representado fundamentalmente por la condición Marshall-Lerner y el primero se estudia a través de dos conceptos ligados, la curva J y la curva S. La curva S es ante todo una relación dinámica entre los términos de comercio y la balanza comercial; la curva J recorre la trayectoria en el tiempo de la balanza comercial posterior a la devaluación. Existe tendencia a que ambos fenómenos ocurran de forma simultánea (Ratha, 2002). Estudios recientes en este aspecto, que analizan el caso colombiano específicamente y dividen la serie en productos commodities y non-commodities, han probado que históricamente la condición ML se ha cumplido para los casos del comercio exterior colombiano de non-commodities con Estados Unidos y Venezuela; mientras que el comercio de commodities de este país no se ha mostrado afectado por cambios en los términos de intercambio internacional (Cao-Alvira & Ronderos-Torres, 2011). Siguiendo esta misma línea, pero ahora enfocados en el corto plazo, y respondiendo a la necesidad de extender la literatura existente en el caso de la curva S, el presente documento busca evidencia empírica de la existencia de este patrón en el intercambio comercial bilateral de bienes commodities y non-commodities entre Colombia y Estados Unidos y Venezuela, sus principales socios comerciales, para los trimestres entre 1994:1 y 2009:4. Los estudios que han trabajado países en desarrollo han desagregado las cifras solo hasta el comercio bilateral. Al observar la tendencia del índice de tipo de cambio real (ITCR)1 del comercio total colombiano y de Colombia con Estados Unidos (diagrama 1), de 1997 a 2003, se aprecia un fuerte periodo de devaluación del peso frente al dólar. Después de este periodo y hasta la fecha se ha presentado un fenómeno reevaluativo que ha tenido consecuencias en la balanza de pagos, por medio de la balanza comercial. En el caso del ITCR con Venezuela, se evidencia una devaluación real en la mayoría de los años de estudio. 1 El ITCR se entiende como un precio relativo que compara el valor de una canasta de bienes en dos países, expresados en la misma moneda. Este dato se obtiene cuando se divide el precio de un grupo de bienes por el de ese mismo grupo en otro país. Esa medida refleja cuál es el valor de la canasta en el extranjero (numerador) con respecto al valor de la misma canasta en Colombia (denominador). (Recuperado de http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam_itcr.htm#itcr).


114 Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Jose Julián Cao-Alvira Lorena Andrea Palacios-Chacón

En Colombia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2009 el 39,20% de las exportaciones colombianas se dirigieron hacia Estados Unidos, constituidas por petróleo (commodity) principalmente. En el mismo año las exportaciones dirigidas hacia Venezuela representaron el 12,33%, de las cuales el 91% correspondió a productos industriales (non-commodities), siendo Colombia el segundo proveedor de importancia del vecino país, después de Estados Unidos, nación que concentra el 28% de las compras (Esguerra, Montes, Garavito & Pulido, 2010). Diagrama 1. Índice de tipo de cambio real (ITCR Colombia)

Fuente: Banco de la República (base 1994).

Ni los trabajos teóricos, ni los empíricos, han probado que una devaluación siempre mejora la balanza comercial. A pesar de ello, este es un tema importante en los países en desarrollo porque la balanza comercial define la de pagos, dado que existe un bajo desarrollo de los mercados de capitales (Rincón, 1998). Los efectos que tenga el tipo de cambio sobre la balanza comercial solo serán efectivos en combinación con otras variables macroeconómicas. El resto del documento está organizado de la siguiente manera: la sección dos hace un compilación de la literatura existente, la sección tres provee una descripción de los datos utilizados en el análisis, la sección cuatro explica la metodología, la sección cinco contiene los resultados y la sección seis las conclusiones.


115 Ecos de Economía Universidad EAFIT Nº 34 - Año 16 / enero-junio 2012

2. Revisión de literatura La relación entre el tipo de cambio y los flujos de comercio comenzó a ser un tema de interés a partir de los años setenta, con la caída del sistema Bretton-Woods y el establecimiento de tipos de cambio flexibles a nivel mundial. La condición Marshall-Lerner, la curva J y la curva S han surgido como elementos teóricos y empíricos desarrollados para el estudio de esta interacción a corto y largo plazo (Bahmani-Oskooee, Kutan & Ratha, 2008c). Las investigaciones que analizan esta interacción han tenido resultados ambiguos, contando dentro de los factores de influencia en los resultados la agregación de las cifras, la longitud del tiempo estudiado y la velocidad de reacción de la balanza comercial frente a movimientos en el tipo de cambio, entre otros. La condición Marshall–Lerner sostiene que cuando la suma del valor absoluto de la elasticidad-precio de las exportaciones y las importaciones es mayor a 1, una devaluación de la moneda tiene impacto positivo en la balanza comercial; si la suma de las elasticidades es menor o igual a 1, una reducción en el valor de la moneda no necesariamente mejorará la balanza de comercial (Bahmani-Oskooee et al., 2008c). Houthakker y Magee (1969), Rose (1990), Bahmani-Oskooee y Niroomand (1998), Bahmani-Oskooee y Kara (2005) y Cao-Alvira y Ronderos-Torres (2011), con el uso de diferentes metodologías para la medición de la elasticidad encontraron soporte a esta condición en la mayoría de los países analizados, mientras que Magee (1973), Junz y Rhomberg (1973), Meade (1988), Bahmani-Oskooee (1985), Rose y Yellen (1989), Krugman (1991) y Gylfason y Radetzky (1991) son ejemplos de estudios en los cuales la balanza comercial ha continuado deteriorándose a pesar del cumplimiento de la condición Marshall-Lerner (Bahmani-Oskooee et al., 2008c). Las razones, según Magee (1973), por las cuales una devaluación no mejora la balanza comercial a corto plazo, son: 1) contratos de divisas firmados antes de la devaluación; 2) nuevos contratos de divisas firmados después de la devaluación; y 3) ajuste lento en cantidades. Cuando los efectos mencionados por la condición M-L presentan un rezago que hace que a corto plazo la balanza comercial se deteriore después de una devaluación y luego mejore a largo plazo, se presenta el efecto conocido como la curva J (Bahamani-Oskooee & Hegerty, 2010b). La primera evidencia empírica y denominación se remonta a Magee (1973). Dentro de las metodologías utilizadas para evaluar este fenómeno se destacan:


116 Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Jose Julián Cao-Alvira Lorena Andrea Palacios-Chacón

los vectores de autorregresión (Sims, 1980), el análisis de cointegración (Johansen & Joselious, 1990) y el rezago distribuido autorregresivo (Pesaran & Shiny Smith, 2001). Siguiendo el análisis del corto plazo presente en el estudio de la curva J, recientemente se ha investigado un nuevo efecto denominado curva S. Este es un patrón encontrado en la función de correlación cruzada entre la tasa de cambio real y la balanza comercial, analizada antes y después de presentarse una devaluación; muestra que la balanza comercial está positivamente correlacionada con los movimientos pasados de los términos de comercio (formando una curva J), pero correlacionada negativamente con los movimientos futuros y actuales (Bahmani-Oskooee et al., 2008c). Este concepto fue introducido por Backus, Kehoe y Kydland (1994), estudio en el cual se desarrolló un modelo de equilibrio general para analizar la relación a corto plazo entre la depreciación y el precio de las importaciones y las exportaciones de once países miembros de la OECD. Este estudio encontró evidencia de la existencia de la curva S en seis de los países estudiados. Senhadji (1998) extendió el trabajo realizado por Backus et al. (1994) a una muestra de treinta países menos desarrollados y encontró que la curva S también puede ser replicada mediante un modelo de economía pequeña abierta, el cual captura características importantes de este tipo de países. Al utilizar datos en frecuencia de ciclos de negocios, y un filtro Hodrick-Prescott, el estudio encontró que cuando existe mayor volatilidad de los disturbios exógenos a la demanda del sistema económico que de aquellos a la productividad, es posible encontrar una curva S en forma de tienda (o tent-shape) en el periodo de la devaluación. Backus et al. (1994) y Senhadji (1998) muestran en sus modelos que los impactos en la productividad son críticos al momento de producir la curva S. Por su parte Rincón (1998), al emplear una muestra de diecisiete países en desarrollo, datos agregados de comercio exterior y la formulación de tres modelos de regresión, halló evidencia de la existencia de la Curva S en solo uno de los países estudiados (Marruecos), aunque demostró que en la mayoría de los países examinados el tipo de cambio desempeña un papel en la determinación del comportamiento en el equilibrio a largo plazo de la balanza comercial y en la mayoría de los casos en los que se encontró la cointegración se soportó la condición M-L. Es el único de los estudios dentro de la literatura de este fenómeno que estudia el caso de Colombia y destaca que los resultados resultan contradictorios para países desarrollados y países en vía de desarrollo. Con un enfoque puramente empírico, Parikh y Shibatha (2004) encontraron evidencia sobre la


117 Ecos de Economía Universidad EAFIT Nº 34 - Año 16 / enero-junio 2012

existencia de la curva S en la mayoría de los 59 países en desarrollo analizados usando datos de comercio total. Ratha (2002) incluye entre las preguntas de su investigación, si el peso que determinado país tiene en el comercio exterior de otro desempeña alguna función en la generación de la curva S. Para contestar dicho interrogante, en el documento se elaboró un ranking de los países en estudio y se verificó si existía o no la curva S y los resultados indicaron que sí existe dicha relación; se resalta, de igual manera, que esta es una aproximación inicial, y se propone para futuras investigaciones plantear una forma más rigurosa de análisis. Basados en estos hallazgos y en el hecho de que Estados Unidos y Venezuela son el destino de un poco más del 50% de las exportaciones colombianas, se eligieron estos países para llevar a cabo este estudio. Dicho tema se reitera en Bahmani-Oskooee y Ratha (2007a). Ratha (2002) y Bahmani-Oskooee et al. (2007a), asimismo, resaltan que trabajos anteriores han fallado en presentar apoyo fuerte a la existencia de la curva S en algunos países desarrollados por la utilización de datos agregados en el análisis, argumentando que mientras los términos de comercio pueden deteriorarse con uno de los socios comerciales, los mismos pueden estar mejorando con otro; así, la agregación suaviza las fluctuaciones observadas en las variables de comercio bilateral. Bahmani-Oskooee y Ratha (2007a) hacen un primer acercamiento a la búsqueda de evidencia empírica de la curva S en el comercio bilateral de Estados Unidos con veinticuatro socios comerciales. De acuerdo con esta misma línea de comercio bilateral, usando datos trimestrales de 1980 a 2005 para las cifras de comercio de Japón con doce socios comerciales, Bahmani-Oskooee y Ratha (2007b) revelaron soporte importante a la existencia de la curva S. Por otro lado, con reconocimiento de las características particulares de las economías europeas emergentes, que hicieron su transición del comunismo a la economía de mercado a comienzos de los noventa, Bahmani-Oskooee et al. (2008c), estudiaron diez de estos países y encontraron fuerte evidencia en el caso de cuatro (Bulgaria, Croacia, Polonia y Eslovaquia), apoyo débil en tres de ellos (República Checa, Hungría y Turquía) y no evidencia en los tres restantes (Chipre, Rumania y Rusia). Bahmani-Oskooee y Ratha (2008a) trataron de encontrar soporte a la curva S en el comercio bilateral de Estados Unidos con el Reino Unido, sin resultados, y al sospechar


118 Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Jose Julián Cao-Alvira Lorena Andrea Palacios-Chacón

que esto era consecuencia de la presentación de datos agregados decidieron completar el estudio usando datos por grupos industriales, con lo cual obtuvieron evidencia para la existencia de esta tendencia en la mayoría de las industrias (36 de las 52 industrias tomadas en consideración). Adicionalmente, evaluaron la sensibilidad de los resultados a la diferenciación entre bienes duraderos y no duraderos o al tamaño de la industria y el estudio halló que esta era inexistente. Al retomar el enfoque de comercio total, Bahmani-Oskooee, Gelan y Ratha (2008b) encontraron soporte al fenómeno en ocho de los veinte países africanos analizados. Mediante un análisis por producto, Bahmani-Oskooee y Ratha (2009a) determinaron que 41 de las 60 industrias analizadas en el comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá siguen el patrón de la curva S. Resultados positivos también fueron apreciados en 52 de las 104 industrias del comercio bilateral de Estados Unidos y China y analizados por Bahmani-Oskooee y Ratha (2009b). Consistentemente, Bahmani-Oskooee y Ratha (2010a) demuestran que una vez los datos de comercio entre India y Estados Unidos son desagregados por producto, es posible encontrar evidencia de la curva S en quince industrias que constituyen cerca del 70% del comercio de estos países. En Bahmani-Oskooee et al. (2010b) es posible ver una detallada revisión de literatura sobre lo escrito sobre este fenómeno hasta el 2009. Después de varios años de estudio, aunque no se tengan resultados únicos sobre la relación entre el tipo de cambio y los términos de comercio, las investigaciones han concluido que la relación existe, hecho de relevancia en política pública porque una vez se definan las características de dicha interacción será posible adoptar medidas que sean acordes a las necesidades específicas del país, encaminadas a resultados concretos. En Colombia se han llevado a cabo estudios enfocados en las relaciones que el tipo de cambio tiene con diferentes variables macroeconómicas, pero es la primera vez que se hace un estudio de la curva S a este nivel de desagregación, tema que se considera de gran utilidad para académicos y creadores de política.

3. Análisis de los datos Se utilizaron datos trimestrales desde 1994:1 hasta 2009:12, no se incluyeron cifras para 2010, dado que gran parte del comercio entre Colombia y Venezuela fue suspendido por diferencias políticas entre los mandatarios de ambas naciones. La fuente de las


119 Ecos de Economía Universidad EAFIT Nº 34 - Año 16 / enero-junio 2012

cifras de comercio bilateral colombiano fue el Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), expresadas en valor FOB en dólares estadounidenses. La fuente del índice de tipo de cambio real, el índice de precios al consumidor (IPC) y el producto interno bruto (PIB) fue el Banco de la República de Colombia. Al igual que en Cao-Alvira y Ronderos-Torres (2011), se define a los bienes commodities como aquellos productos cuyo precio se determina en los mercados internacionales de este tipo de productos o presentan un precio que depende de la oferta o demanda de los mismos. Estos bienes son: flores, café, maíz, azúcar, carbón, petróleo crudo, oro sin procesar y ferroníquel. La tabla 1 muestra los datos del promedio trimestral, en niveles y porcentual, de las exportaciones e importaciones que Colombia realiza hacia y desde Estados Unidos y Venezuela de productos commodities.2 Las exportaciones de commodities colombianos hacia Estados Unidos están definidas en un 74,7% por petróleo, seguidas por las de flores, café y oro, con 10,2, 9,6 y 4,1% respectivamente. Tabla 1. Commodities X Comm USA.t

(×$1.000)

X Comm m USA.t

Comm USA.t

(%)

(×$1.000)

m

Comm USA.t

(%)

(×$1.000)

X Comm VEN.t (%)

(×$1.000)

(%)

m

Comm VEN.t

Comm VEN.t

X Comm VEN.t

m

Flores

122.088

10,2

15,3

0,0

803,44

8,86

5,09

0,02

Café

114.738

9,6

1,91

0,0

112,53

1,24

0,00

0,00

Maíz

0,49

0,0

133,3

0,3

153,49

1,69

24,65

0,08

Azúcar

6.155,3

0,5

45,06

0,1

5.243,1

57,8

601,9

2,07

Carbón

2.623,1

0,2

3,75

0,0

1.161,4

12,8

0,18

0,00

Petróleo

893.404

74,7

50.596

99,6

1.599,0

17,6

28.389

97,8

Oro

49.083,5

4,1

0,01

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Ferroníquel

8.270,7

0,7

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1.196.360

100,0

50.796

100,0

9.073

100,00

29.020

100,00

Fuente: Elaboración propia. Datos: SIEX

2 El anexo de Cao-Alvira y Ronderos-Torres (2011) describe detalladamente este tipo de productos ordenados según la clasificación del sistema armonizado.


120 Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Jose Julián Cao-Alvira Lorena Andrea Palacios-Chacón

Tabla 2. Non-Commodities X NonComm X NonComm m NonComm mNonComm X NonComm X NonComm m NonComm mNonComm USA.t USA.t USA.t USA.t VEN.t VEN.t VEN.t VEN.t (×$1,000)

(%)

(×$1,000)

(%)

(×$1,000)

(%)

(×$1,000)

(%)

Confitería

10.561,19

2,36

1.163,42

0,1

19.658,89

6,7

789,95

0,9

Productos farm.

1.472,84

0,33

21.343,17

1,83

14.918,24

5,1

4.342,88

5,1

Cosméticos

295,92

0,07

9.285,21

0,80

13.293,82

4,6

1.527,43

1,8

Industrias quím.

1.751,95

0,39

31.772,98

2,72

8.380,56

2,9

9.942,92

11,6

Plásticos

15.639,69

3,50

66.340,91

5,69

29.636,36

10,2

1.858,52

21,6

Papel y cartón

3.067,56

0,69

26.653,17

2,28

21.518,96

7,4

3.642,17

4,2

Prendas de vestir

76.104,67

17,02

6.183,12

0,53

46.928,51

16,1

85,37

0,1

Hierro y acero

13.579,42

3,04

25.140,17

2,16

7.369,44

2,5

5.663,98

6,6

Partes de máq.

8.127,74

1,82

269.954,41

23,14

23.701,96

8,1

2.746,47

3,2

Máquinas y electr.

8.295,22

1,86

118.096,42

10,12

18.606,01

6,4

4.068,73

4,7

Vehículos

1.139,31

0,25

52.452,08

4,50

60.104,96

20,6

33.808,37

39,3

Otros

307.114,25

68,68

538.057,01

46,13

27.539,18

9,4

728,30

0,8

Total

447.149,76

100,00

1,166,442,07

100,00

291.656,89

100,0

85.932,07

100,0

Fuente: Elaboración propia. Datos: SIEX.

En el caso de las enviadas a Venezuela se destacan el azúcar, el petróleo, el carbón y las flores, productos que representan en conjunto el 97,07 del total. Las importaciones a Colombia se encuentran concentradas en petróleo, con 99,6% y 97,83%. La tabla 2 muestra los datos del promedio trimestral, en niveles y porcentual, de las exportaciones e importaciones que Colombia realiza hacia y desde Estados Unidos y Venezuela de productos definidos como non-commodities.3 Se destacan aquellos coincidentes para ambos países y los demás se colocan en el rubro denominado otros. En el 3 Ibíd.


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caso de Estados Unidos, se resalta esta última categoría, con un 68,68% para exportaciones y un 46,13% para importaciones, seguido en el caso de las compras de prendas de vestir, plásticos y la fundición de hierro y acero, y en el caso de las ventas por las partes de maquinaria, máquinas y electrodomésticos y los plásticos. Tabla 3. Coeficientes de comercio bilateral a largo plazo Coeficientes

bc Comm EE.UU.

bc NonCom EE.UU.

bc NonCom VEN

bc NonCom VEN

aEE.UU.,j

33,85*** (19,09)

0,13 (0,11)

-6,65*** (-2,02)

-31,85*** (-10,94)

biter EE.UU.,j

0,72*** (4,64)

0,19*** (2,47)

0,56 (0,78)

1,69*** (7,71)

bpib COL,j

-3,09*** (-16,30)

-0,21 (-1,92)

0,24 (0,54)

2,20*** (8,22)

0,64

0,17

0,03

0,88

R2 2

Radj DW (Pval)

0,63

0,14

-0,01

0,87

1,76 (0,2)

0,69 (0,0)

1,32 (0,0)

0,52 (0,0)

***: 1% significancia, t-estad> |2,65|; **: 5% significancia, t-estad> |1,99|; respectivamente.

4. Objetivo de investigación y metodología Las ecuaciones (1) y (2) representan, respectivamente, las condiciones a largo y corto plazo entre la balanza comercial y la tasa de cambio real de Colombia y Estados Unidos y Venezuela. Se utiliza data desagregada por para evitar los sesgos que los datos agregados pueden generar. Los coeficientes en la ecuación (1) son estimados mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios y en aquellas ocasiones en que exista evidencia de correlación serial, según el coeficiente Durbin-Watson, los errores estándar son calculados por medio del ajuste propuesto por Newey-West (1987). LN(bci,tj ) = aij + bijictr + LN(itcri,t) + bpib LN(pibCOL,t) + ui,tj COLj

(1)

El valor del coeficiente indica el estimado de la elasticidad entre la balanza comercial y la tasa de cambio real. Un valor mayor a 1 de este coeficiente se asocia al cumplimiento


122 Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Jose Julián Cao-Alvira Lorena Andrea Palacios-Chacón

de la condición Marshall-Lerner. La ecuación (2) es el coeficiente de correlación cruzada según la definición de Bahmani-Oskooee et al. (2010), donde sus variables independientes son evaluadas a la frecuencia de ciclos negocios, utilizando el filtro de HodrickPrescott (1997). CORRK =

Σ(itcri,t+k – itcri) (bci,t+k – bc √∑(itcri,t+k – itcri)2 (bci,t+k – bci,t+k – bc)2

(2)

5. Análisis de datos y resultados La tabla 3 presenta el valor estimado de los coeficientes que componen la ecuación (1). Según lo esperado, la respuesta de la balanza de pagos colombiana a una devaluación real de la tasa de cambio es siempre positiva y, excepto en el caso del intercambio de commodities con Venezuela, este coeficiente siempre posee significancia estadística. El valor estimado de la elasticidad de la balanza comercial de non-commodities colombianos con Venezuela es de mayor de 1, implicando que, a largo plazo, la condición M-L se cumple para estos socios comerciales en el comercio bilateral de dicho tipo de bienes.

Coeficiente de Correlación Cruzada

Diagrama 2. Coeficiente de correlación cruzada: balanza comercial, Colombia y EE. UU.


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Coeficiente de Correlación Cruzada

Diagrama 3. Coeficiente de correlación cruzada: balanza comercial, Colombia y Venezuela

Fuente: Elaboración propia.

Los diagramas 2 y 3 contienen la ilustración gráfica del coeficiente de correlación cruzada en la ecuación (2), junto con su intervalo de confianza, para Estados Unidos y Venezuela; las balanzas comerciales de Colombia con Estados Unidos y Venezuela de bienes commodities no muestran mejoría a corto plazo luego de una devaluación. Lo mismo ocurre con la balanza comercial de non-commodities con Estados Unidos. La balanza comercial colombiana de bienes non-commodities con Venezuela muestra una mejoría instantánea al ocurrir una devaluación real del peso colombiano. Esta mejoría instantánea de la balanza comercial de non-commodities con Venezuela se muestra en la función de correlación cruzada al asumir una “forma de tienda” (o tent-shape). Senhadji (1998) y Ratha (2002) asocia esta forma estilizada de curva S con una mayor volatilidad de los disturbios exógenos a la demanda del sistema económico que de los disturbios exógenos a la productividad.

6. Conclusiones El análisis hecho en este estudio encontró que el comercio de non-commodities de Colombia con Venezuela presenta una curva S en “forma de tienda”, hecho relacionado con una mayor volatilidad de los disturbios exógenos a la demanda del sistema económico que de los disturbios exógenos a la productividad. Después de más de cuarenta años de estudio se concluye que el tipo de cambio tiene efectos reales en la balanza de pagos a través de la balanza comercial, por lo que en un momento dado la devaluación


124 Evidencia empírica de la curva S en las balanzas comerciales bilaterales de Colombia Jose Julián Cao-Alvira Lorena Andrea Palacios-Chacón

puede ser usada como un mecanismo de estabilización del mercado de bienes y divisas (Rincón, 1998). Para ello sería necesario crear una política de balanza de pagos en la que se asegure que esta medida se lleva a cabo junto con una buena política comercial que asegure la competitividad del país y conduzca a los resultados esperados.

7. Referencias Backus, D.K.; Kehoe, P.J. & Kydland, F.E. (1994). Dynamics of the trade balance and the terms of trade: the J-curve? American Economic Review, 84, (1), 84-103. Bahmani-Oskooee, M. (1985). Devaluation and the J-curve: Some evidence from LDCs. The Review of Economics and Statistics, (67), 500-504. Bahmani-Oskooee, M.; Gelan, A. & Ratha, A. (2008b). S-curve dynamics of trade in Africa. African Development Review, 20, (2), 335-342. Bahmani-Oskooee, M. & Hegerty S.W. (2010b). The J- and S-curves: a survey of the recent literature. Journal of Economic Studies, 37, (6), 580. Bahmani-Oskooee, M. & Kara, O. (2005). Income and price elasticities of trade: Some new estimates. The International Trade Journal, (19), 165-178. Bahmani-Oskooee, M.; Kutan, A. & Ratha, A. (2008c). The S-curve in emerging markets. Comparative Economic Studies, 50, (2), 341-351. Bahmani-Oskooee, M. & Niroomand, F. (1998). Long-run price elasticities and the Marshall-Lerner condition revisited. Economics Letters, (61), 101-109. Bahmani-Oskooee, M. & Ratha, A. (2007a). The S-curve dynamics of US bilateral trade. Review of International Economics, (15), 430-439.

(2007b). Bilateral S-curve between Japan and her trading partners. Japan and the World Economy, 19, (4), 483-489.

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La vinculación de la universidad con el sector productivo. Transferencia tecnológica The connection between the university and the productive sector: technological transference

Cecilia Rikap*

Fecha de recepción: 08/03/2012 Fecha de aprobación: 22/05/2012 *

Investigadora doctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) del Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo, perteneciente al Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA) y docente de Microeconomía para Economistas en dicha casa de estudios y de Economía en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y profesora adjunta de Economía Marxista en la FCE. Licenciada en Economía (FCE-UBA), realizó un curso de posgrado en Docencia Universitaria (FCE-UBA) y adelanta el doctorado en Economía (FCE-UBA) con beca del Conicet. Es docente de la FCE-UBA desde 2004 en varias asignaturas. Ha publicado varios artículos, entre ellos “La innovación: del azar a la transferencia tecnológica”, publicado en la revista Relacso, y “Mercosur: ¿un caso de desvío de comercio, o de desarrollo de ventajas comparativas dinámicas?”, publicado en la revista Cepal, núm. 100, este último en conjunto con Marta Bekerman. Ha presentado trabajos en congresos, seminarios y jornadas; dirigido y codirigido tesis de grado de la Licenciatura en Economía de la FCE-UBA, y participado en diversos proyectos de investigación en el Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo (Ceplad) y en el Centro de Estudios de la Estructura Económica desde 2007, financiados por la UBA. Asimismo, fue consultora en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía argentino (Préstamo BID 1575 OC-AR). Antes de dedicarse de tiempo completo a la investigación y la docencia, se desempeñó durante un par de años como analista de información de negocios en la multinacional Procter & Gamble. Correo electrónico: ceciliarikap@gmail.com

ISSN 1657-4206 I Año 16 I No. 34 I enero-junio 2012 I pp. 127-149 I Medellín-Colombia


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Resumen El trabajo analiza el proceso de transferencia tecnológica de las universidades al sector productivo. Para ello, en primer lugar, se reseña brevemente el papel que desempeña la innovación en general, y la universidad en particular, según distintas teorías económicas (la teoría neoclásica, Schumpeter y sus seguidores y la teoría marxista). Luego se estudia un caso concreto de transferencia tecnológica: la experiencia de Europa a partir del Proceso de Bolonia. Finalmente, se analiza en forma breve cómo la tendencia general de vinculación explícita de la universidad con el sector productivo se manifiesta en Argentina, con la perspectiva de que esa experiencia sirva de guía para entender el proceso que transitan actualmente la mayoría de los países de América Latina.

Palabras clave: Transferencia tecnológica, innovación, universidad, Proceso de Bolonia, Argentina.

Abstract This paper analyzes the process of technological transfer from the university to the industry, firstly through a brief overview of the innovation role, and particularly of universities, according to various economic theories (Neoclassical Theory, Schumpeter and his followers, and Marxism). Next, the Bologna Process, a specific European case of technology transfer, is considered from empirical sources, official speeches, regulations and official documents. Finally, the general trend of explicit relation in Argentina between the university and the productive sector is briefly analyzed from certain empirical evidence, official speeches and policies, in order to guide the understanding of this process in Latin America. The main conclusion of the study aims to consider technological transfer as intrinsic and necessary for the contemporary capitalism.

Key words: Transferencia tecnológica, innovación, universidad, Proceso de Bolonia, Argentina. Clasificación JEL: O30, O32, I23


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1. Introducción El hombre transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades como comunidad a partir de la organización colectiva del trabajo. Es así como la humanidad lleva a cabo, por medio de su trabajo (entendido como un desgaste de energía), transformaciones técnico- materiales. El producto de esta transformación es un producto social, por cuanto satisface una parte de las necesidades de esa sociedad. Esta ha sido siempre la forma bajo la cual la humanidad se ha reproducido: la producción, o la reproducción. Ahora bien, a lo largo de su desarrollo histórico la producción toma formas específicas (Levín, 2003). En cada modo de producción el proceso de transformación técnico-material está sujeto a modificaciones a partir del descubrimiento de nuevas formas de llevar a cabo la misma tarea, la aparición de nuevos valores de uso,1 etc. Es decir, que la innovación ha acompañado a la producción a lo largo de su desarrollo histórico. Sin embargo, con la llegada del capitalismo tomará una forma particular, propia, que será esencial para el devenir de este sistema. La innovación antes del capitalismo era fortuita, aleatoria. No había una búsqueda consciente de inventos para su posterior utilización en el proceso productivo. Asimismo, con la llegada de esta forma social, el conocimiento científico logró secularizarse y encontró su lugar en la universidad, concebida como la institución donde se construía y enseñaba ciencia. Desde entonces, el proceso de invención y la intención de producir innovaciones fue abandonando su carácter azaroso y hasta inconsciente, para pasar a ser, cada vez más, un proceso consciente de búsqueda permanente. Con el devenir del capitalismo, cuando el capital tecnológicamente diferenciado cobra predominancia, surgieron en las fábricas departamentos de investigación y desarrollo (I&D), cuyo objetivo último es la innovación. En ese mismo sentido, se crearon empresas dedicadas exclusivamente a brindar servicios de I&D. Sin embargo, dada la especificidad de la universidad, también allí aparece la búsqueda explícita de conocimiento, el cual con el tiempo se completa con la intención de utilizar los resultados o descu-

1 Se entiende por valor de uso cualquier objeto –físico o no- que permita satisfacer necesidades humanas, sin importar qué tipo de necesidad se trate (Marx, 1973a).


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brimientos de la investigación para el proceso productivo. Es decir, que la universidad igualmente evidencia el cambio en la forma que toma la innovación. En este marco, la experiencia europea es, quizás, la más emblemática. Desde el Plan Bolonia a la actualidad se ha propuesto transformar a esta institución en una universidad explícitamente al servicio del sector productivo. En la actualidad el proceso se ha profundizado, lo que se evidencia a todas luces cuando desde el proyecto español EU2015 se buscó incorporar con carácter fundamental el objetivo de transferencia de conocimiento y tecnología y la responsabilidad social universitaria. Al mismo tiempo, se sostuvo que dicha transformación de conocimiento en innovación era central para el futuro del modelo productivo del mencionado país. A tal punto se pretendió desarrollar este objetivo, que se buscó que el sistema universitario español creara empresas de base tecnológica (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009). Se manifestó entonces la necesidad de estudiar este proceso como punta de lanza para entender los cambios recientes en la universidad argentina, caso testigo de un proceso que se inserta, a partir de la tendencia mundial, en toda Latinoamérica. Para ello el trabajo propone, en primer lugar, retomar el concepto de innovación y de universidad en el ámbito de la teoría económica. Luego se estudia el proceso de transferencia tecnológica en Europa. Finalmente, se esboza una explicación de la forma concreta que toma esta tendencia en Argentina y se extraen algunas conclusiones.

2. La universidad y la innovación en la teoría económica A la hora de estudiar el concepto de innovación y su vinculación a la universidad debemos remitirnos a diversas teorías del pensamiento económico. En cuanto a los primeros marginalistas, estos autores consideran la tecnología disponible instantáneamente. Para ello suponen que es igual y accesible para todas las empresas y se la considera exógena. Walras lo explica de manera clara: “[...] aquí haremos abstracción del progreso técnico [...] suponiendo dada la función de producción, [...]” (Walras, 1987, p. 627). Esta posición es retomada por Marshall (1948) —y también se expresa en los manuales de microeconomía— a través del supuesto de información perfecta. Por su parte, el modelo de crecimiento económico planteado por Solow considera a la tecnología como exógena y por ello la representa con coeficientes fijos: “La tecnología de la economía modelo queda descrita completamente por dos coeficientes constantes [...]” (Solow, 1976, p. 17).


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El supuesto de información perfecta se complementa con el de inexistencia de barreras a la entrada al mercado. Según esta perspectiva, cualquier avance científico aplicado exitosamente para la producción de una nueva técnica será inmediatamente copiado por todos los productores. En ese sentido, López afirma acerca de la teoría neoclásica que “el conocimiento tecnológico se concibe como explícito, articulado, imitable, codificable y perfectamente transmisible” (López, 1996, p. 27). En tanto no se presenten trabas a la apropiación de la tecnología, la firma innovadora no obtiene beneficios diferenciales (extraordinarios) por su innovación. Al respecto, la llamada nueva macroeconomía moderna critica la falta de incentivos para invertir en desarrollo tecnológico de ese modelo. Si no existen incentivos en el presente para invertir en conocimiento, ello tampoco se hará en el futuro y las economías caerán siempre en trampas viciosas (Easterly, 2001). Por otra parte, la teoría neoclásica no deja espacio para instituciones como la universidad en el proceso económico: “[…] la tecnología se percibe como enteramente realizada con anterioridad a su incorporación a la esfera productiva (no hay retroalimentación proveniente de esta última) y, en general, se ignoran las innovaciones provenientes de actividades no formales. La ciencia, además, se concibe como situada afuera del proceso económico” (López, 1996, p. 27). Desde otra línea teórica, Schumpeter (1967 y 1996) critica a la teoría neoclásica y desarrolla una explicación del capitalismo centrada en la necesidad de cambio tecnológico. Para Schumpeter (1967), a partir de la innovación, surgen para el empresario innovador ganancias extraordinarias que se prolongan en el tiempo debido a la existencia de patentes. Sin embargo, más adelante en su obra Schumpeter (1996) da un giro en su argumentación y sostiene que el desarrollo de innovaciones es tan sofisticado que puede generar por sí solo barreras naturales. Estas barreras van reduciendo el número de empresarios innovadores. Quienes logren permanecer como innovadores pasan a perpetuarse en el tiempo y a ocupar una posición monopólica por sobre el resto de los competidores. Entonces, es la innovación la que pone y mantiene en movimiento al capitalismo por medio de lo que podríamos resumir como revoluciones o mutaciones industriales. En estos procesos se da la destrucción creadora, que implica el derrumbe, de al menos


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parte, de la estructura productiva existente al tiempo que se crean elementos nuevos (Schumpeter, 1967). A partir de las ideas de Schumpeter (1967, 1996) se abren distintos caminos en torno al concepto de tecnología o innovación. Por un lado, aparece la corriente neoschumpeteriana, la cual agrega la noción de “rutinas dominantes”. Esta se refiere a las tecnologías que logran sortear —de la mejor manera posible— diversos mecanismos de selección tanto en la esfera del mercado como en la esfera institucional. Por otra parte, surgen los evolucionistas. Para esta escuela, la obra de Schumpeter (1967, 1996) significa un punto de partida en tanto toma al cambio tecnológico como un proceso evolutivo. Las firmas que quedan rezagadas en el proceso de incorporación de nuevas tecnologías —bien porque no las desarrollan por sí solas o bien porque no las logran copiar o aplicar— perecen en el camino. Es fácil establecer, en este escenario, un paralelismo con la evolución darwiniana (Nelson & Winter, 1982). Los neoschumpeterianos y los evolucionistas comparten el concepto de sistema nacional de innovación (SNI). Un SNI se determina al interior de un Estado-nación e incluye todos los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y uso de conocimiento económicamente útil (Lundvall, 1992). El SNI está integrado por los institutos de I&D, las universidades, el sistema educativo, la organización laboral, y también por agentes, instituciones y actividades no directamente relacionadas con la ciencia y tecnología, incluidos los mercados de capitales y financiero. En esta línea de pensamiento, Robledo y Ceballos (2008) remarcan la importancia de los procesos de aprendizaje en el desarrollo de los sistemas de innovación, entre los cuales se encuentran el learning-by-searching y el learning-by-R&D. Es decir, el aprendizaje que es producto de las actividades de I&D. Por otra parte, dichos autores —siguiendo la línea teórica de Bell (1984)— diferencian a las empresas en función de sus capacidades para introducir nuevas tecnologías a partir de los diversos procesos de aprendizaje tecnológico que lleven o hayan llevado a cabo. Esto las coloca en distintos niveles evolutivos. Es decir, reconocen un proceso de diferenciación en el sector productivo que se plasma a partir de las distintas capacidades tecnológicas, “aquellas que permiten dominar y dirigir el cambio técnico” (Robledo et al., 2008, p. 134).


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Para estas corrientes, la universidad desempeña un papel central, tanto en la investigación de base (física, biología molecular, etc.) como en la investigación aplicada. A su vez, reconocen que esta institución desarrolla en muchos casos nuevas tecnologías (Nelson, 1990). Otra corriente de pensamiento que coloca al cambio tecnológico y al proceso de innovación en primera plana es la marxista. En la obra de Marx (1973a), el avance de las fuerzas productivas es el determinante principal del cambio social en todos los modos de producción. A su vez, es motor del sistema capitalista, en el cual el proceso productivo se transforma “en una verdadera aplicación tecnológica de la ciencia” (Marx, 1973a, p. 528). La innovación desempeña una función central como fuente de plusvalía relativa, pues “permite al capitalista que aplica métodos de producción perfeccionados, apropiarse en forma de trabajo excedente una parte mayor de la jornada en comparación con los demás capitalistas de la misma rama industrial” (Marx, 1973a, p. 256). O sea que el autor reconoce la existencia de tasas de ganancia diferenciadas en las ramas, producto de las diferencias tecnológicas. Sin embargo, la fuerza de la concurrencia obliga a sus competidores a utilizar los nuevos métodos de producción. Así, se elimina el diferencial de tasas de ganancias. El impacto de la innovación dependerá de un juego de tendencias y contratendencias que operan por medio de la composición orgánica del capital y de cambios en el valor de la fuerza de trabajo. Levín (1997) avanza sobre la obra de Marx (1973a, 1973b, 1973c) y señala que en el capitalismo existe una fuente de ganancia extraordinaria generada a partir de un tipo de trabajo específico no reproducible, cuyo producto es la innovación. Aquí, la principal amenaza del innovador no es la copia, sino la aparición de innovadores rivales. De esta forma, para el autor, las empresas que se apropian de las innovaciones se han apoderado de la capacidad humana de “recrear y modificar las técnicas productivas” (Levín, 1997, p. 378). En tanto, las empresas del capital tecnológicamente potenciado reducen el capital de las demás empresas, por lo cual quedan estas subsumidas a la categoría de empresas de capital reducido o simple. La empresa de capital potenciado logra una tasa de ganancia superior a la media de forma permanente a partir de dichas innovaciones, al tiempo que la capacidad de innovar le da una ventaja para seguir innovando. Esta empresa posee un doble monopolio: de innovación y de reconfiguración de subsistemas acumulativos.


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En esta tipología existe otro tipo de empresa cuya función es producir nuevas técnicas para la empresa de capital potenciado (Levín, 1997). Santos (2009), siguiendo la tesis de Levín (1997), sostiene que en la etapa actual de diferenciación tecnológica del capital la universidad se constituye como una empresa de este tipo. En este ámbito se entiende por qué, aun cuando la universidad ha investigado desde sus orígenes, recién en el siglo XX se empiezan a patentizar las innovaciones desarrolladas en su seno, lo cual significa que la teoría económica misma reconoce la centralidad de la universidad en el proceso de innovación, y que esta institución, no solo será relevante para la economía en tanto formadora de mano de obra calificada, sino que además tiene una función particular que se pone de manifiesto con el capital tecnológicamente diferenciado. En esta línea de pensamiento Astarita (1999) refuerza la idea de que la universidad se estaría transformando, paulatinamente, en una empresa capitalista mediante la venta de la producción de conocimiento al capital. El argumento central que interesa resaltar es la analogía de la universidad con una empresa. Asimismo, esta caracterización es también desarrollada por Rodríguez López (2003). De modo que la universidad ha sido embebida de la relación fundamental que organiza este modo de producción, el intercambio mercantil. En definitiva, en este apartado se ha podido vislumbrar la relevancia teórica de la innovación y, en particular, de la universidad como institución creadora tanto de conceptos como de innovaciones. Con la finalidad de profundizar en este último proceso, es necesario prestar especial atención al caso europeo. En Europa, no solo se ubica el surgimiento de la universidad (casualmente la Universidad de Bolonia en 1088), sino que desde hace trece años está en marcha un proceso explícito de transformación de esta institución en función de las necesidades del capital, el llamado Proceso de Bolonia.

3. La universidad del capital tecnológico en Europa: el Plan Bolonia Hace más de veinte años que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se abrió un proceso en el cual el sector privado comenzó a desempeñar un papel central en la financiación de las investigaciones, tanto fundamentales como aplicadas, de las universidades. Nelson da cuenta del aumento explosivo de acuerdos entre firmas y universidades: a partir de la financiación de las


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investigaciones, dichas firmas acceden a los descubrimientos de forma preferencial (Nelson, 1990). En un informe de la OCDE se destaca justamente que “los laboratorios universitarios deben y deberían recibir contratos de I&D del sector privado […] tanto para investigación fundamental como para ciencias de transferencia que establezcan puentes entre las primeras y el tipo de conocimiento necesario para las ramas productivas” (OCDE, 1992, p. 153). A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sostiene que el aumento de la investigación universitaria requiere contar con “el apoyo material y financiero necesario de fuentes públicas y privadas” (Unesco, 1998, p. 7). En la actualidad, esta tendencia se ha extendido ampliamente en toda Europa. Con referencia a esto último, Burachik sostiene que “en los países desarrollados las universidades, laboratorios públicos de investigación y entidades similares complementan la búsqueda de nuevos conocimientos que hacen las empresas industriales” (Burachik, 2000, p. 100). Este proceso toma forma en la Comisión Europea de Ciencia, Tecnología y Competitividad. Esta comisión, en conjunto con los Gobiernos de Europa, es la encargada de establecer metas para el European Research Area (ERA). Entre estas metas se destaca la unificación del mercado de conocimiento, así como del de innovaciones. Es decir, los Gobiernos europeos entienden al conocimiento y la innovación como productos transables (susceptibles); por consiguiente, de intercambiarse en el mercado. Esto mismo es reconocido por las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, del año 2000,2 donde se hizo hincapié en la necesidad de recompensar la innovación. Se destaca como un método especialmente diseñado para el el uso de patentes que protejan la idea innovadora. A su vez, en palabras del ex Comisario Europeo para la Ciencia y la Investigación, Janez Potočnik: An opening up of our research systems and a free circulation of researchers and technologies, the so-called ‘fifth freedom’, is necessary to increase competition and promote excellence in research. This opening up will accelerate high quality cooperation within academia and industry, and lead to the solutions and innovations that our society and economy need. This is what the European Research Area is about. 2 Disponible en www.eees.umh.es


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In order to increase the knowledge intensity of the EU economy, the European research system must pursue the commercial application of the results of scientific research. This requires better cooperation of academia and industry in a system of open innovation and the capacity to exploit research within high-tech innovative SMEs (European Comission, 2008, p. 5).

En esa misma línea se enmarcan las palabras de Lord Sainsbury, por entonces ministro de Ciencia e Innovación del Reino Unido: Finally, we should be a country to which talented entrepreneurs and world-class companies come from around the world to do research and set up high-tech companies, attracted by the quality of our research, by the strong links between universities, research institutes and industry, by geographic clusters of high-tech companies, by their ability to raise finance, particularly venture capital, and by our quality of life (Department of Trade and Industry, 2003, p. 13).

La nueva orientación de la universidad se plasma también en el informe “A more research-intensive and integrated European Research Area (ERA) – Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009”: Universities should act as fully autonomous and accountable bodies able to develop research strategies based on excellence, concentration and specialization, to diversify their sources of funding and to reinforce their links with the business sector and society at large, i.e., through public/private partnerships (European Comission, 2008, p. 92).

La necesidad de este cambio de orientación de la universidad es señalada por el Acuerdo de Lisboa del año 2000. Entre sus conclusiones figura que el sistema educativo y de formación europeo debería adaptarse para satisfacer las demandas de la sociedad del conocimiento y mejorar su empleabilidad. El Proceso de Bolonia se inició oficialmente con la declaración conjunta de los ministros europeos de enseñanza en Bolonia —de ahí el nombre de este proceso— el 19 de junio de 1999. A partir de aquí, el objetivo principal de los acuerdos de Bolonia se refiere a que las instituciones y políticas universitarias estén más orientadas a dar respuesta a las demandas del sector productivo frente a las necesidades de investigación e innovación de la sociedad del conocimiento. El Plan Bolonia busca adaptar la enseñanza


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superior a las necesidades del mercado. A primera vista, este objetivo pareciera no ser nuevo. En definitiva, la universidad, en tanto institución propia del capitalismo, siempre se ha visto influenciada por los cambios de dicho sistema. En este sentido la Comisión Europea del ERA (2009) sostiene que cuando el conocimiento se transfiere del sector público al sector productivo integra a la ciencia y la economía y genera beneficios para toda la sociedad. Es decir, que si se beneficia al sector productivo, esta concepción presupone que se beneficiaría toda la sociedad. Esa explicación se relaciona con la visión armónica del modo de producción que comienza por esbozar Smith (1958) y desemboca en la teoría del “derrame”, por medio de la cual el beneficio de unos se “derramaría” casi automáticamente al total de la sociedad. Este tipo de tesis han sido ampliamente criticadas, entre otras cuestiones, por su poca correspondencia con los hechos. Al retomar la explicación del Proceso de Bolonia dentro de los cambios introducidos, se subraya el recorte de las carreras de grado a tres o cuatro años. El último año, o al menos parte de él, se ocupa en la obtención de créditos por medio de la realización de prácticas no remuneradas —salvo excepciones— en empresas. Más allá de que ello implique que los estudiantes trabajen sin un salario a cambio, el tiempo efectivamente destinado a la carrera se reduce aún más. El graduado alcanza, de esta forma, un conocimiento técnico básico que puede ser complementado con “másteres oficiales” de orientación profesional o académica. En esta oportunidad, no se trata únicamente de un reordenamiento de los contenidos entre grado y posgrado, es decir, de un traspaso de contenidos de las carreras de grado a las de posgrados, también significa, en algunos casos, la eliminación de aquellas orientaciones, materias y temas que no demanda el mercado. El Plan Bolonia no constituye meramente los acuerdos alcanzados en Bolonia, sino que se trata de un proceso que continúa en desarrollo. La Comisión Europea del ERA, en abril de 2008, instó a los países miembros a que “las políticas de transferencia de conocimientos se convirtieran en una misión estratégica de las universidades” (Buelens, 2009) (http://ec.europa.eu/research/research-eu/era/article_era34_es.html.).


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En lo que compete a la universidad como espacio de construcción de conocimiento científico, el proceso de integración europeo de enseñanza superior propone el desarrollo de clústeres de innovación impulsados por el European Cluster Observatory. De esta forma se pone en práctica la decisión de transformar a las universidades en empresas que producen innovación para las empresas de capital potenciado en Europa. Para que este proceso de cambio en la universidad y en su relación con el sector productivo pudiera ponerse en marcha fue necesario adaptar la legislación acerca de la propiedad intelectual. ¿Quién es dueño de la innovación? ¿El científico que realiza el descubrimiento, o la empresa que paga la investigación? En este sentido, la legislación europea de propiedad intelectual (que incluye patentes, copyright o derechos de autor, derechos de diseño y marcas registradas, entre otros) otorga todos los derechos sobre la innovación a quien sea propietario de esta, o sea, a quien financia el proyecto. Esta legislación afirma que los acuerdos de transferencia tecnológica suelen mejorar la eficiencia y favorecen la competencia dado que reducen la duplicación de la I&D. Además, sostiene que dichos acuerdos aumentan el incentivo inicial a la I&D (dado que en caso de éxito estaría asegurado el intercambio del resultado de la investigación en el mercado), al tiempo que contribuyen a la difusión de los resultados obtenidos. 3.1 Lo que viene: estrategia Universidad 2015 (EU2015) La experiencia de Bolonia solo es el principio formal del proceso de acercamiento del sector productivo a la universidad en Europa. El siguiente capítulo, EU2015, ya comienza a escribirse. Aunque se trate de una iniciativa particular de España, muchos de los cambios propuestos se están llevando a cabo en otros países de la región. Este proyecto afirma que, a lo largo de los años que restan hasta el 2015, la matrícula (cuota mensual que pagan los estudiantes universitarios en España) debería aumentar para aquellos que repitan año.3 El aumento, se supone, responde al costo medio que acarrea la educación universitaria por estudiante, alrededor de 6.000 libras esterlinas anuales. Quien repita una vez pagará un 50% más; quien vuelva a repetir, abonará el 100% del costo de su educación. Cabe señalar que la subida de las tasas no es algo 3 Ello, amén de los aumentos de cada matrícula producto de los ajustes impulsados por los Gobiernos europeos a partir de la crisis actual que atraviesan.


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nuevo en Europa. Por ejemplo, el Reino Unido subió las tasas en enero de 2011 para todos los estudiantes (en algunas universidades se ha llegado a pagar hasta 9.000 libras esterlinas anuales). Para quienes no puedan pagar sus estudios aparecen, además de las becas-préstamo del Plan Bolonia, las becas-salario: se contrata al estudiante, pagándole 6.250 libras esterlinas anuales (cifra muy inferior al salario mínimo interprofesional). Su particularidad es que solo podrían acceder a ella estudiantes cuyos ingresos familiares no superen los nueve libras esterlinas diarias por persona (suponiendo una familia tipo de cuatro integrantes), ingreso que en general corresponde a familias en las cuales los hijos no suelen acceder a la universidad. La otra fuente de financiamiento que sería incentivada son los recursos provenientes del sector privado. Las formas propuestas van desde donaciones hasta acuerdos cooperativos con empresas, así como la creación de empresas (que se conoce con el nombre de spin offs). Por otra parte, se reemplaza a los órganos representativos de la comunidad universitaria por una junta de gobierno dominada por agentes económicos ajenos a la universidad y pertenecientes a instituciones o empresas. Esto ya sucede en países como Dinamarca o el Reino Unido, donde la mayoría de los representantes de ella son miembros externos, al tiempo que en Holanda representan la totalidad de la Junta. En el caso español, estos representantes serían designados por los órganos colegiados universitarios (senado o claustro académico), o bien, por el ministerio regional/nacional correspondiente. Una de las principales funciones de dicha junta es la de designar y destituir al rector, ya sea directamente o por selección entre aquellos nominados que resulten de los órganos colegiados de la universidad. Otra de sus funciones centrales consiste en determinar la misión y visión estratégica de esta institución. Se sostiene, a su vez, que la función de la junta debería ser tomada por el consejo social4 de cada universidad, órgano de participación de la sociedad en ella, según la Ley Orgánica de Universidades.

4 Como ejemplo se observa que en la Universidad Complutense de Madrid está integrado, entre otros, por el consejero director general de El Corte Inglés, el consejero delegado de Telefónica y el presidente de Farmabrosa.


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A su vez, se apunta a concentrar el poder y la toma de decisiones en la figura del rector, quien agrega a sus funciones actuales la posibilidad de nombrar a los decanos. Un cambio fundamental se refiere a que […] hay una cierta tendencia a que el rector, más que un primus inter pares elegido por la comunidad universitaria, sea un CEO (chief executive officer) designado por una junta de gobierno con participación de miembros externos a la universidad, ante la que ha de responder (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009, p. 11).

En esta misma línea se enmarca la búsqueda de aumentar la profesionalización de las tareas de gestión en la universidad. Para ello, se buscaría que […] formen parte del equipo ejecutivo profesionales de la organización y la gestión de empresas/instituciones, aunque no sean académicos, que sirvan de apoyo a los rectores, decanos, etc., y lleven, en la práctica, la gestión del día a día de la institución (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009, p. 12).

Lógicamente, el aumento de las potestades de la junta de gobierno (la cual se asemeja a los boards de las universidades estadounidenses), lleva a la paulatina disminución del poder de los órganos colegiados representativos de la comunidad académica europea: el senado o claustro académico. De hecho, en Dinamarca estos órganos han desaparecido.

4. A modo de cierre: Argentina en la senda europea En América Latina las universidades públicas —sean estas gratuitas o aranceladas— han retomado la experiencia europea de orientar la universidad al servicio del sector productivo. Este hecho significa un marcado cambio de tendencia por cuanto en casi todo el continente, hasta principios de este siglo, la mayor parte de la inversión en ciencia se destinaba a investigación básica y aplicada, lo cual marginaba a un lejano tercer plano a la investigación experimental —que solo en México superaba el 25% de los recursos utilizados— (Albornoz, 2002). Sin ánimos de agotar aquí el estudio de este proceso, se menciona brevemente el caso argentino como plataforma para estudiar esta cuestión en todo el continente. En la Argentina, desde fines de la década de los ochenta —y con fortaleza a partir de los noventa— se vislumbró el objetivo de orientar a las instituciones y políticas universita-


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rias hacia las demandas del sector productivo, frente a las necesidades de investigación e innovación de lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. A diferencia de lo que sucede en los países centrales, donde el sector productivo desempeña un papel protagónico en el proceso de innovación, [...] en países como Argentina es claro que la interacción debería darse con entidades públicas de investigación (y, en particular, con la universidad), ya que son el principal ámbito científico existente en la sociedad” (Langer, 2008, p. 6). En particular, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la relación económica con el sector productivo comienza formalmente en 1987 —tal y como argumenta García de Fanelli (1993)— con la creación de la Dirección de Convenios y Transferencias. A partir de allí, el Consejo Superior de la UBA dictaminó una serie de resoluciones orientadas a flexibilizar la regulación vigente a los fines de que permitieran entablar esta nueva forma de relación económica. En esta línea, la acreditación de carreras a la Coneau5 apunta, entre otras cuestiones, a vincular la universidad con el sector productivo. Por ejemplo, dentro de la resolución ministerial correspondiente a la declaración de interés público de las carreras de ingeniería se estipula que “la institución debe buscar la vinculación con empresas, asociaciones profesionales y otras entidades relacionadas con la profesión, estableciendo convenios para la investigación, transferencia tecnológica, pasantías y prácticas como forma de integración al medio socioproductivo” (RM Nº 1232/01, 2001). Al respecto, Krotsch (1990) postula que el desembarco de las políticas de los países centrales en países dependientes orientó la producción científica de las universidades a las demandas del mercado. Agrega que este vínculo en dichos países dependientes, como Argentina, tiene la finalidad de “sustituir la tradicional dependencia financiera del Estado”. Por el contrario, García de Fanelli (1993) invierte esta causalidad: es la disminución del presupuesto público para la universidad —entre otros factores— la que impulsa políticas desde el interior de las universidades que las vinculan al sector productivo. Asimismo, otro de los factores centrales para la autora es la ausencia de una tradición 5 La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, tal y como su nombre lo indica, tiene como finalidad la evaluación de la educación superior universitaria y la acreditación de carreras de grado y posgrado. Para ello determina ciertos lineamientos que las instituciones y carreras deben seguir, los cuales se orientan al doble objetivo de transferencia tecnológica, desarrollado en este trabajo, y empleabilidad.


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innovadora en el sector productivo argentino. En este marco, la universidad tomaría una importancia crucial para suplir la falta de desarrollos de ciencia y tecnología de las empresas. Aquí se abre otro frente de discusión: ¿en qué medida las universidades pueden reemplazar la I&D realizada en las firmas? 6 En términos estadísticos, en Argentina el 22,1% del gasto en actividades científicas y tecnológicas y de investigación y desarrollo de 2008, corresponde a las universidades públicas. En cuanto al financiamiento de I&D la cifra asciende al 24% para el mismo año, porcentaje nada despreciable si se tiene en cuenta que la industria financia en dicha economía solo el 26,5% del gasto en I&D. Adicional a ello, si bien tradicionalmente se ha asociado a la universidad con la investigación de base, en Argentina la mayor parte del gasto en I&D realizado por las universidades se corresponde con investigación aplicada y experimental (60,5% del gasto en I&D en 2008). Es así como se evidencia significativamente la injerencia de la universidad en el proceso de innovación y cambio tecnológico. Por otra parte, si bien la composición del gasto en I&D en Argentina arroja un buen resultado en cantidad de publicaciones, es pobre en el ámbito de innovaciones tecnológicas concretas. Anlló (2007) vincula esto último con una desarticulación entre la universidad y los institutos de investigación con el sector productivo, lo que limitaría la capacidad de transformación del conocimiento en aplicaciones económicas. Al mismo tiempo, la cantidad de patentes registradas, pese a presentar un número elevado a nivel local (5.582 en 2008), asciende a cifras casi nulas en el registro de Estados Unidos. Estos datos indicarían que el proceso está aún lejos de consolidarse, al menos en los términos internacionales. En lo que respecta a la intención política actual, la decisión del Gobierno nacional7 de fomentar la transferencia tecnológica se pone de manifiesto en diversos hechos, así como en los discursos oficiales. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es, tal vez, el hecho más contundente. El nombre mismo del ministerio da

6 De todas formas, el menor desarrollo de la transferencia tecnológica en Argentina en relación, por ejemplo, a la Unión Europea, cuando menos relativiza este último argumento al tiempo que da fuerza a la explicación que coloca en primer lugar a la introducción de la tendencia mundial en Argentina. 7 El mismo partido gobierna en Argentina desde 2003, aunque los gobiernos anteriores a esa fecha comparten esta tendencia.


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cuenta de la política nacional en torno a la ciencia y la investigación. No es casual que se incluya en una misma dependencia pública nacional de máximo rango a la ciencia con la tecnología y la innovación productiva. En cuanto al discurso oficial, basta citar un párrafo del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo de la celebración de los veinticinco años de la creación del Consejo Interuniversitario Nacional, el 3 de agosto de 2011: Además de ser excelentes productores de materias primas tenemos que ponerle a toda esa materia prima mucha ciencia, mucha innovación, mucha tecnología, mucha articulación entre el sector privado y nuestras universidades, porque eso es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo para agregar valor (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2011, p. 7).

Otra muestra de la orientación de la política estatal para la universidad y la ciencia se plasma en las palabras del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao: “[…] me parece que si el arte está movilizando la economía, con más razón la ciencia y la tecnología deben tener ese componente de aplicación”. Y agrega: La universidad, el sistema científico, toman fondos públicos y generan conocimiento. Y esa es su función, generar información aplicable. Y es el sector productivo el que toma conocimiento y lo convierte en producto o servicios que llegan a la comunidad.8

En un plano de trabajo más concreto, la transformación de la universidad en una empresa que vende innovación, aunque parezca estar ligada principalmente a las ciencias exactas o biomédicas, también tiene su correlato del lado de las ciencias sociales. En este caso, la forma que toman los contratos de transferencia es, generalmente, la de consultorías. El caso paradigmático en esta área del conocimiento es el de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En dicha institución, la cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo —ya sen públicos o privados— alcanzó los 612, aprobados por el Consejo Superior UBA hasta el 2008. Esta cifra la coloca como la segunda facultad de la UBA, solo superada por la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, la cifra real acumulada para 2008 es mucho mayor, dado que el consejo superior demora 8 “Página 12” del 10 de diciembre de 2011, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/ futuro/13-2637-2011-12-10.html


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años en aprobar los convenios y por ello en los hechos se terminan ejecutando sin la autorización de él. Un dato significativo es que esa facultad es la principal receptora de recursos propios de la UBA, los cuales superan el ingreso proveniente del presupuesto nacional (Auditoría General de la Nación, 2009).9 Finalmente, existen políticas de ciencia y tecnología encaradas desde el Gobierno nacional, orientadas a profundizar los lazos entre la universidad y el sector productivo. Todas ellas han sido incorporadas al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2012-2015 (aún en versión preliminar). La principal herramienta de promoción y fortalecimiento de la I&D desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt), el cual gestiona una amplia gama de líneas de apoyo. A modo de ejemplo, en 2011, en el Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientado (Picto) se presentó, entre otros, el Picto Glaxo, convocado en conjunto con el laboratorio GlaxoSmithKline Argentina. Este proyecto otorga financiamiento a investigaciones en las áreas de ciencias biológicas, médicas, clínicas, químicas, farmacéuticas y tecnológicas. Por su parte, los llamados proyectos de investigación y desarrollo apuntan a promover la articulación entre grupos de investigación y sectores productivos y sociales, los cuales deben contar con cofinanciamiento de empresas o instituciones pertinentes, las cuales tendrán prioridad para adoptar los resultados obtenidos. Otra forma de apoyo al desarrollo de mayores lazos entre la universidad y el sector productivo son los proyectos de fortalecimiento a la innovación tecnológica en aglomerados productivos. Estos buscan integrar diversos instrumentos de promoción tanto del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) como del Foncyt. Por medio de ellos se financian actividades de investigación, desarrollo e innovación en las que participan grupos de empresas, centros de investigación, gobiernos locales, asociaciones empresariales, instituciones educativas de formación superior, etc., en el ámbito de un aglomerado productivo. En este grupo de proyectos se destaca el Programa de Áreas Estratégicas, destinado a desarrollar un clúster de conocimientos que dé respuestas a problemas productivos y sociales en áreas estratégicas con alto impacto económico y social. Por su parte, los proyectos federales de innovación productiva-eslabonamientos produc9 Dentro de este grupo, no solo se encuentran los convenios de asistencia técnica y transferencia tecnológica, sino también el ingreso por los aranceles de los posgrados y el cobro de un porcentaje del sueldo de los pasantes contratados por medio de la facultad, en concepto de asesoramiento y tutoría, entre otros.


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tivos se proponen fomentar el “[…] acercamiento de la ciencia y la tecnología a las necesidades concretas de la producción nacional, a través del desarrollo competitivo de las cadenas [valor] de todo el país” (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2011, p. 106). En cuanto al apoyo a la innovación, un conjunto de instrumentos de financiamiento y acciones se concentra en “Impulsar EBT” (empresas de base tecnológica). Este programa estimula la creación y el mejoramiento de empresas de base tecnológica mediante la vinculación entre el sector científico y el empresario, y forma parte de la estrategia oficial de profundización del desarrollo a partir de la generación de valor basado en el conocimiento. Un ejemplo de incubadora de empresas de base tecnológica es el que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí, en el llamado a la presentación de proyectos del año 2012, se conformaron 23 equipos con más de 60 emprendedores (28% más que en 2011).10 En lo que atañe a la formación de recursos humanos, el “Programa de formación de gerentes y vinculadores tecnológicos” se dedica a integrar a los sectores académicos y productivos en lo que concierne a la formación de profesionales que se ajusten a la demanda. En el mismo sentido, el Programa de Recursos Humanos fomenta la incorporación y consolidación de profesionales en universidades u otras instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica a fin de que se especialicen en áreas tecnológicas prioritarias. En cuanto a la creación de organismos que contribuyan a profundizar la relación entre el sector privado y académico, se han formado las organizaciones de vinculación y transferencia de tecnología, así como constituido los consejos tecnológicos sectoriales, formados por los sectores público, privado y científico y tecnológico, que buscan detectar prioridades y asignarles recursos. Por último, fue necesario adaptar el ámbito regulatorio en lo que se refiere a propiedad intelectual y transferencia tecnológica con el propósito de resolver los problemas de titularidad y reparto de beneficios. Parte del financiamiento necesario para el desarrollo de estas actividades proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y 10 La Incubacen (nombre de esta incubadora de empresas) no es la única existente en la UBA. También están en funcionamiento: IncUBAgro, en la Facultad de Agronomía, y UBA Emprende.


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Fomento (BIRF). Asimismo, en el PNCTI 2012-2015 se propone la creación de un fondo nacional para ciencia, tecnología e innovación cuyos recursos provengan tanto de fuentes públicas como privadas, en particular, de los sectores económicos beneficiados. En definitiva, aunque los elementos aquí señalados no conforman un análisis acabado del tema en cuestión, sí clarifican la tendencia imperante en Argentina en torno al proceso de transferencia tecnológica desde las universidades hacia el sector productivo. La experiencia reciente de países como Colombia, a partir de la Ley 30 y de su intención de reforma, o de Chile, donde la comunidad académica rechazó el avance de esta tendencia, ponen sobre la mesa la necesidad de desentrañar este fenómeno. Un primer paso es dar cuenta de la necesidad de una explicación que vaya más allá de meras voluntades políticas individuales dado que, como puede observarse en este trabajo, la realidad latinoamericana se ve condicionada por la tendencia imperante en los países centrales. A su vez, esta tendencia responde a necesidades específicas del sector productivo, lo cual exige un estudio profundo de la relación de él con la universidad como institución propia del capitalismo.

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Obesidad, sobrepeso y condiciones socioeconómicas. El caso argentino Obesity, overweight and socioeconomic conditions. The Argentinian case

Karina Temporelli* Valentina Viego**

Fecha de recepción: 28/02/2012 Fecha de aprobación: 22/05/2012

Doctora en Economía. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS).Docente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina. ** Doctora en Economía. Docente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Bahía Blanca, Argentina. *

ISSN 1657-4206 I Año 16 I No. 34 I enero-junio 2012 I pp. 151-162 I Medellín-Colombia


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Resumen La obesidad ha sido clasificada por la OMS como epidemia mundial. Su estudio ocupa un lugar destacado en la Economía de la Salud debido a su impacto sobre los costos sanitarios y deterioro de la calidad de vida. El objetivo de este trabajo es analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo estableciendo la incidencia de las condiciones socioeconómicas sobre indicadores de obesidad y sobrepeso en las provincias argentinas. Se estimó un modelo con datos de panel donde el indicador testigo de la proporción de población con problemas de peso depende de variables socioeconómicas y de variables de conducta. Los resultados indican que el nivel de ingreso y el sedentarismo tienen una influencia positiva sobre la obesidad y el sobrepeso mientras que la educación y la cobertura médica no resultan relevantes en la explicación de las diferencias entre provincias en la proporción de población con sobrepeso, pero sí se vuelven significativas para explicar las variaciones en la tasa de obesidad.

Palabras clave: Obesidad, sobrepeso, condiciones socioeconómicas.

Abstract Obesity has been classified by the World Health Organization as a worldwide epidemic. This issue is a growing field in economics due to pathologies associated with overweight, the significant impact on healthcare costs and consequent deterioration of welfare. This paper shows the analysis of the results from the National Survey of Risk Factors in order to identify the role of socioeconomic conditions of obesity and overweight based on panel data models. The results indicate that the income level and sedentary lifestyle have positively influenced obesity and overweight, whereas the education and medical coverage are not relevant when explaining the differences between provinces in overweight prevalence, but become significant in the obesity rates variations.

Key words: Obesity, overweight, socioeconomic conditions Clasificación JEL: I00, I18, I38


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1. Introducción La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes vinculados al aumento de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, hipertensión, artritis y algunos tipos de cáncer. Además, es considerada la enfermedad no transmisible con mayor prevalencia en el mundo. Según estimaciones para el año 2008, existen en el mundo 1500 millones de adultos mayores de 15 años con sobrepeso y 500 millones de adultos obesos. En la población infantil menor de 5 años el sobrepeso llegó a la cifra de 43 millones en 2010. Se calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad (Flegar et al., 2006). El cambio dramático en el perfil de enfermedades ha tenido especial repercusión sobre la organización de los servicios de salud y otros servicios sociales a nivel mundial. Un aspecto relevante de la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) está dado por el alto costo que implica su tratamiento y prevención (Peña & Bacallao, 2001). Si bien en un principio el problema del incremento de individuos con problemas de obesidad y sobrepeso se presentaba más frecuentemente en los de ingresos altos, en la actualidad existe un marcado incremento en la prevalencia tanto en países ricos como pobres. El análisis de las condiciones socioeconómicas y su relación con el sobrepeso y la obesidad constituyen un área de creciente interés y de vital importancia para el conocimiento de estas enfermedades en regiones específicas. No obstante, los resultados no son fácilmente extrapolables debido a la gran variabilidad de las características sociales, económicas y culturales. Algunos estudios han demostrado que la relación entre las condiciones socioeconómicas y la obesidad pueden variar según los ingresos, el sexo y la edad (Isunza, 2004), Peña & Bacallao (2001, 2005). En general, la literatura sugiere que en los países industrializados la prevalencia de obesidad es más significativa en los grupos de bajos ingresos, mientras que en los países en desarrollo los grupos de mayores ingresos tienen mayores probabilidades de ser obesos (Amador, 1996; Rodríguez Caro y González López-Valcárcel, 2009; Serrano, 2005).


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Al igual que el resto de los países de ingresos medios, en Argentina se evidencia una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, lo que causa una disminución de la calidad de vida de quienes la padecen y un incremento en la demanda de bienes y servicios sanitarios. Según datos de la última ENFR, correspondientes a 2009, el porcentaje de personas con algún grado de sobrepeso asciende al 53% y un 18% evidencia problemas de obesidad. Estos porcentajes, además de resultar elevados, muestran una tendencia creciente en comparación con la ENFR 2005. Esta preocupante situación plantea la necesidad de profundizar el estudio del fenómeno a fin de que la implementación de políticas acordes a las características particulares de la población. El objetivo del trabajo es realizar, a partir de información de la primera y segunda ENFR, una descripción de la problemática del sobrepeso y la obesidad en Argentina para luego centrar el análisis en la relación entre las variables socioeconómicas seleccionadas y la prevalencia de obesidad y sobrepeso, con la utilización de técnicas econométricas de datos de panel.

2. Resultados Al igual que en el resto de los países de ingresos medios, en Argentina se evidencia una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con una tendencia creciente entre 2005 y 2009 (v. cuadro 1). Aunque este fenómeno se observa en todo el país, a nivel provincial presenta ciertas variaciones, alcanzando en 2005 su punto más alto en Santa Cruz (58,6%) y el más bajo en la Capital Federal (44,2%). En el caso de la obesidad, esta situación de variabilidad entre provincias se mantiene, siendo nuevamente la Capital Federal la del índice más bajo (11,5%) y Tierra del Fuego la del más alto (21,8%). Cuadro 1 Exceso de peso; sobrepeso y obesidad en Argentina 2005 (%)

2009 (%)

Sobrepeso

34,5

35,4

Obesidad

14,6

18,0

Exceso de peso

49,1

53,4

Fuente: realización propia con base en los resultados de la primera y segunda ENFR.


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Por su parte, a medida que aumenta el ingreso disminuye la obesidad (v. cuadro 2). Esta situación, que se evidencia en la encuesta de 2005, se repite y acentúa en los resultados obtenidos en la de 2009. Cuadro 2. Sobrepeso y obesidad según nivel de ingreso familiar Ingresos bajos (%)

Ingresos medios (%)

Ingresos altos (%)

Sobrepeso

33,0

36,0

33,2

Obesidad 2005

16,3

14,5

13,1

Obesidad 2009

20,1

18,0

14,6

Fuente: realización propia con base en datos de la ENFR 2005 y 2009.

Además, el exceso de peso es mayor en la población masculina (42% vs. 27%). Esta diferencia no se mantiene en la obesidad, en la cual la prevalencia en varones es escasamente superior a la femenina (15,4% vs. 13,9%). Tampoco se presentan diferencias apreciables entre provincias. La mayor prevalencia en sobrepeso y obesidad en hombres se contradice con lo que sucede en el resto de Latinoamérica, donde la incidencia es significativamente mayor en las mujeres. A nivel nacional existe una relación positiva entre edad y obesidad, aunque la encuesta no refleja la situación en el caso de los niños, estrato etáreo en el que varios estudios señalan un aumento notable de desórdenes alimentarios, entre ellos el exceso de peso. Esta relación no presenta diferencias significativas entre regiones. Por su parte, el nivel educativo se relaciona inversamente con la prevalencia de exceso de peso, en todas las jurisdicciones, en ambos períodos (v. cuadro 3). Cuadro 3. Obesidad y sobrepeso según nivel educativo Hasta primario incompleto

Hasta secundario incompleto

Secundario completo y más

Sobrepeso

39,8

36,5

31,2

Obesidad 2005

21,4

17,1

10,8

Obesidad 2009

26,6

21,1

13,9

Nivel de instrucción

Fuente: realización propia con base en ENFR 2005 y 2009.


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Dado el papel que desempeñan la alimentación saludable y la realización de actividad física regular en la determinación de la obesidad y el sobrepeso, se analizan brevemente algunos indicadores relacionados con esta temática. En el caso de hábitos alimentarios, la ENFR requirió a los encuestados información sobre agregado de sal en las comidas y sobre ingesta de frutas y verduras. A nivel nacional, más del 45% de la población agrega sal a las comidas luego de su cocción (además, 23% lo hace siempre). Por su parte, la Capital Federal y Chubut son las jurisdicciones donde la población reportó mayor proporción de agregado de sal. Los varones registran más tasas de agregado de sal que las mujeres en el ámbito nacional. A este respecto, la provincia de Buenos Aires puso en vigencia a principio de 2012 la normativa de que los bares y restaurantes deben incluir en sus cartas la leyenda “El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud” y colocar sal dietética a disposición de los clientes; asimismo, no deben exhibirse los saleros en las mesas. Estas medidas intentan disminuir el excesivo consumo de sal, lo que muestra preocupación por el incremento manifiesto de ciertas enfermedades que el consumo excesivo de sal ocasiona. Los resultados de dichas medidas podrán ser evaluados a partir de la próxima ENFR. Con relación al consumo de frutas y verduras, el 64% de la población declaró consumir regularmente este tipo de alimentos (al menos cinco veces a la semana). Esta tendencia mantiene una relación positiva con la edad, el ingreso y el nivel educativo en la mayor parte de las provincias. En cuanto a la actividad física, alrededor del 46% de la población manifestó haber realizado escasa actividad física en la semana anterior a la de ser encuestada en el año 2005. Al repetir la pregunta en el año 2009, el 54,9% respondió que realizó un nivel de actividad física bajo. No existen diferencias significativas en el año 2005 en los niveles de actividad física entre mujeres y varones, aunque estos últimos informan más actividad física intensa, especialmente en los estratos jóvenes. También se evidencia mayor nivel de actividad física a mayor ingreso y nivel educativo. No existen diferencias significativas entre provincias (v. cuadro 4).


157 Ecos de Economía Universidad EAFIT Nº 34 - Año 16 / enero-junio 2012

Cuadro 4. Actividad física según sexo, edad, ingreso y nivel educativo Actividad física baja

Actividad física moderada

Actividad física alta

Sexo Varón Mujer Total

45,3 47,0 46,2

39,8 46,7 43,4

15,0 6,3 10,4

Edad 18 a 24 25 a 34 35 a 49 40 a 64 65 y más

39,8 41,5 44,5 48,6 59,9

41,4 46,1 44,7 44,6 37,9

18,8 12,4 10,8 6,7 2,3

Ingreso Bajo Medio Alto

44,7 46,9 47,7

46,5 42,0 38,8

8,8 11,2 13,5

Nivel educativo Hasta primario incompleto Hasta secundario incompleto Secundario completo

48,6 44,6 47,1

46,0 45,8 40,3

5,4 9,6 12,6

Fuente: realización propia con base en datos de la ENFR 2005.

Cuando se analizan los datos de 2009 se encuentra que la actividad física baja se incrementa en ambos sexos, pero proporcionalmente más entre las mujeres, cuya inactividad alcanza al 58,5%, mientras que en los varones es del 50,8%. Utilizando datos de la ENFR se estimó un modelo con datos de panel donde el indicador testigo de la proporción de población con problemas de peso depende de variables socioeconómicas y de conducta. La ecuación tiene la siguiente especificación: y = Xb + u Donde: y representa la variable dependiente, X es la matriz de regresores,


158 Obesidad, sobrepeso y condiciones socioeconómicas. El caso argentino Karina Temporelli Valentina Viego

b es el vector de parámetros que acompaña a los regresores observados, u es un término de error formado por dos componentes, u = ui + εit, donde ui representa un efecto no observable invariante en el tiempo y εit es el término de error idiosincrásico. Dado que ui capta cuestiones no observables que, en este caso, probablemente estén correlacionadas con los regresores, el tratamiento de ui como aleatorio no resulta adecuado y podría generar inconsistencia en los estimadores. Por este motivo se aplica un modelo de efectos fijos, que admite correlación entre X y ui. Además, la matriz de varianzas y covarianzas de los términos de perturbación fue estimada en forma robusta, admitiendo la posibilidad de heterocedasticidad entre jurisdicciones. El conjunto de regresores está conformado por cuatro variables explicativas, indicadoras de las condiciones socioeconómicas, y una variable de conducta. Los factores de contexto son: el producto bruto per cápita de cada jurisdicción, su cuadrado (con la finalidad de captar el efecto decreciente —y eventualmente negativo— del nivel de ingreso sobre los problemas de peso), la proporción de adultos con secundaria completa y la tasa de población que posee cobertura médica. Como indicador de conducta se consideró una variable de sedentarismo, medida por la proporción de individuos que realizan actividad física con escasa o nula regularidad. La definición de las variables se presenta en el cuadro 5. Cuadro 5. Definición y fuente de variables Definición

Fuente

PBIpc

Producto bruto per cápita, en miles Abeceb de pesos a precios constantes

SEC

2005 ENFR 2009 Población adulta con secundario Ministerio de Economía. Secretaría de Hacienda. Dirección Nacional de Relaciones Económicompleto (%) cas con las Provincias

COB

2005 ENFR 2009 Población con cobertura de salud Ministerio de Economía. Secretaría de Hacienda. Dirección Nacional de Relaciones Económi(%) cas con las Provincias

AFIS

Población que realiza actividad físiENFR, 2005, 2009 ca con baja frecuencia* (%)

* La ENFR considera baja frecuencia a un nivel inferior a 60 minutos semanales de actividad intensa o 150 minutos de actividad moderada o caminata.


159 Ecos de Economía Universidad EAFIT Nº 34 - Año 16 / enero-junio 2012

Se consideran dos variantes de la variable dependiente, y. Por un lado, se toma la tasa de población con sobrepeso, y por otro, el porcentaje de individuos obesos por juris­ dicción. Los resultados indican que el nivel de ingreso incide positivamente pero de modo decreciente en el exceso de peso. Este factor resulta significativo en las dos variables dependientes consideradas. El sedentarismo tiene influencia positiva en esta problemática, aunque adquiere mayor significación en la obesidad. La educación y la cobertura médica no resultan relevantes en la explicación de las diferencias entre provincias en la proporción de población con sobrepeso, pero sí se vuelven significativas para explicar las variaciones en la tasa de obesidad (v. cuadro 6). Cuadro 6. Determinantes socioeconómicos del sobrepeso y la obesidad en Argentina, 2005-2009 Sobrepeso

Obesidad

Constante

21,94 (.0009)

13,48 (.0004)

PBIpc

.9098 (.0129)

.9007 (.0001)

PBIpc^2

-.0231 (.0108)

-.0191 (.0029)

SEC

.1145 (.2972)

-.1293 (.0002)

COB

.0408 (.4107)

.0397 (.0524)

AFIS

.0424 (.0430)

.0441 (.0037)

Test de Breusch-Pagan (ui = u)

3.2057 (.0062)

27.431 (.0000)

P-valor del estadístico t entre paréntesis


160 Obesidad, sobrepeso y condiciones socioeconómicas. El caso argentino Karina Temporelli Valentina Viego

Por otra parte, el test de homogeneidad (que chequea si el efecto individual ui es igual entre jurisdicciones) indica que los factores no observables no son homogéneos en las provincias. En particular, las provincias del noroeste (NOA) y del noreste argentino (NEA) presentan los mayores efectos individuales, mientras que las provincias patagónicas y pampeanas exhiben los valores más bajos de ui. Este resultado resulta interesante porque las tasas de exceso de peso más elevadas se registran en las provincias del NOA y patagónicas. Sin embargo, la estimación econométrica permite identificar que, en el caso de la Patagonia, prácticamente el sobrepeso y la obesidad por encima del promedio nacional se deben a las variables explicativas consideradas, mientras que en el caso de las del NOA habría elementos no observables (factores genéticos, hábitos no captados en los regresores, etc.) que brindan elementos autónomos y diferenciales por provincia en los indicadores de exceso de peso.

3. Conclusiones Los cambios demográficos, epidemiológicos y nutricionales producidos en las últimas décadas han provocado un aumento del sobrepeso y la obesidad a nivel mundial. Los indicadores muestran además que, lejos de revertirse, el problema se agrava. La evidencia permite afirmar que también en Argentina el sobrepeso y la obesidad se han convertido en problemas de salud pública, junto con otros problemas nutricionales. Los datos de la ENFR son alarmantes, tanto por los valores alcanzados por la obesidad y el sobrepeso, como por la tendencia ascendente que presentan los indicadores. Estas patologías, en principio consideradas casi exclusivamente de las sociedades de ingresos altos, se manifiestan asimismo en las poblaciones de bajos ingresos, lo que genera en estas una doble carga de enfermedad, ya que en algunos casos conviven en un mismo barrio, hogar e incluso individuo, problemas de sobrepeso y desnutrición. Esto coloca a ese grupo socioeconómico en una situación complicada que puede hacer que sus condiciones de pobreza perduren en el transcurso del tiempo. La superposición de problemas nutricionales complejiza las medidas de política necesarias para contrarrestar ambos fenómenos y vuelve necesario un amplio conocimiento de los mecanismos por medio de los cuales se producen (Temporelli & Viego, 2010).


161 Ecos de Economía Universidad EAFIT Nº 34 - Año 16 / enero-junio 2012

Los resultados de este trabajo muestran un impacto positivo, aunque decreciente, del nivel de ingreso sobre la obesidad, la función positiva de la educación y la realización de actividad física regular. La cobertura médica, sin embargo, tendría consecuencias inesperadas sobre la problemática al registrarse que mayores tasas de protección aumentan la prevalencia de obesidad. La estimación de un modelo de efectos fijos permite analizar además el patrón espacial de obesidad, registrando mayores guarismos correspondientes a factores no observables en las provincias argentinas del noreste y el noroeste. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, generar incentivos para disminuir el consumo de determinados alimentos obesogénicos no es efectivo si la obesidad viene acompañada de pobreza y privación. De allí la necesidad de analizar el vínculo entre obesidad y factores socioeconómicos con la finalidad de identificar los mecanismos de cambios en la alimentación y los patrones de actividad física en cada grupo. La ENFR es un instrumento útil para comprender la realidad de esta problemática en diversas regiones, aunque deja de lado uno de los segmentos más afectados por el problema: la niñez. Una primera aproximación parece mostrar que los senderos a través de los cuales el sobrepeso y la obesidad se desarrollan en distintos niveles socioeconómicos serían diferentes, por lo que se requiere de intervenciones asimismo distintas. Esto revela la necesidad de un análisis multidisciplinario profundo de los mecanismos por medio de los cuales la obesidad y el sobrepeso se instalan en cada grupo. Una vez más se evidencia la necesidad de priorizar las actividades de prevención de la enfermedad, donde la educación alimentaria debería desempeñar un papel fundamental. Aun así, es difícil discutir medidas para mejorar la calidad de la ingesta que permitan disminuir la prevalencia de desórdenes alimentarios cuando los problemas de acceso no están solucionados. Es por eso que gran parte de los esfuerzos en este sentido se dirigen a paliar las consecuencias y no a atacar las causas, lo cual permite el agravamiento de la problemática.

4. Referencias Amador, M. (1996). Seminario-taller sobre obesidad y pobreza en América Latina. Revista Cubana de Alimentación y Nutrición, 10, (1). Recuperado en <http://bvs.sld.cu/ revistas/ali/vol10_1_96/ali13196.htm.


162 Obesidad, sobrepeso y condiciones socioeconómicas. El caso argentino Karina Temporelli Valentina Viego

Flegal, K.M.; Graubard, B.I.; Williamson, D.F. & Gail, M.H. (2005). Excess deaths associated with underweight, overweight and obesity. Journal of the American Medical Association, 293, (15), 1861-1867. Isunza Vera, A. (2004). La obesidad en la pobreza. Violación al derecho a la alimentación. Recuperado en marzo de 2004, del sitio web de Nutrinfo, Portal de publicaciones y monografías sobre nutrición y salud: http://www.nutrinfo.com/pagina/info/ ob04-02.pdf Peña, M. & Bacallao, J. (2001). La obesidad y sus tendencias en la región. Revista Panamericana de Salud Pública, 10, (2). (2005). La obesidad en la pobreza: un problema emergente en las Américas. Revista Futuros, 3, (10). Rodríguez Caro, A. & González López-Valcárcel, B. (2009, enero-febrero). El trasfondo económico de las intervenciones sanitarias en la prevención de la obesidad. Esp Salud Pública, 83, (1), 25-41. Serrano R.M. (2005). Metabolic syndrome: a modern variant of stress-related disease? Rev Española de Cardiología, (58), 768-771. Temporelli, K. & Viego, V. (2011). Sobrepeso y obesidad en Argentina. Un análisis basado en técnicas de econometría espacial. Estudios de Economía Aplicada, 29, (3), 1-26.


163 Ecos de Economía Universidad EAFIT Nº 34 - Año 16 / enero-junio 2012

Revista Ecos de Economía 2010-2011 Vol 14, No 30 (2010) Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional Luis Ceferino Franco Arbeláez, Ermilson Velasquez Ceballos Modelos de reproducción en desequilibrio: Nuevos desarrollos Edith Klimovsky La escuela austriaca de economía. Una nota introductoria Alberto Jaramillo Early Neoclassical views on Monopoly: the Cournotian heritage Andrés Álvarez

Vol 14, No 31 (2010)

Generalidades de los ADRS: Un estudio de caso sectorial para empresas de Colombia, México, Brasil y Chile Nicolás Acevedo, Daniela Fleisman, Angélica Montoya, Andrés Mauricio Mora

Vol 15, No 32 (2011) La relación cíclica entre el PIB y los indicadores financieros de los establecimientos de crédito en Colombia 1996-2009 Álvaro Hurtado Rendón, Paola Andrea Pastás, Paola Andrea Suárez Un sistema casi ideal de demanda para el gasto en Colombia: Una estimación utilizando el método generalizado de los momentos en el período 1968-2007 Daniel Londoño Cano, Edwar Londoño Zapata, Andrés Ramírez Hassan

Sincronización de ciclos económicos en el Mercosur: 1960-2008 Álvaro Hurtado Rendón, Francisco Builes Vásquez

Diferenciales Salariales en el Área Metropolitana de Medellín, a través de Regresiones por Cuantiles en el período 2002-2006 Carlos Andrés Cano Gamboa, Marcela Orozco Chávez

La curva de rendimientos como un indicador adelantado de la actividad económica, el caso colombiano: Período 2001-2009 María Rosa Álvarez Castrillón, Andrés Ramírez Hassan, Alejandro Rendón Barrera

Does Investment in Schooling Raise ­National Income? Evidence from Cross-Country Studies Theodore Richard Breton

América Latina y Asia del Este: una mirada al papel de los choques externos Mariana Gutiérrez Bernal, Susana Yepes Bernal

Research networks and scientific ­production in Economics: The recent Spanish Experience Juan Carlos Duque, Raúl Ramos, Vicente Royuela


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Internacionalización del proceso productivo: una reseña sobre la literatura especializada Romina Lucanera, Germán González Teoría económica y formación del Estado nación: mercantilistas y liberalistas Germán Darío Valencia Agudelo Colombia y su inserción a la economía mundial Carlos Alberto Montoya Corrales

Vol 15, No 33 (2011) Arbitraje con ADRs: un estudio de caso sectorial para empresas de Colombia, México, Brasil y Chile Daniela Fleisman, Andrés Mauricio Mora CAMEL vs. discriminante, un análisis de riesgo al sistema financiero venezolano Jesús Yoel Crespo Impuestos al capital y al trabajo en Colombia: un análisis mediante equilibrio general computable Jesús Botero García

La eficiencia de los Hospitales Colombianos en el contexto Latinoamericano. Una aplicación de Análisis Envolvente de Datos (DEA) en un grupo de hospitales de alta complejidad, 2009 Jorge Navarro España, Francisco Maza Ávila, Rafael Viana Barceló Infraestructura pública y precios de ­vivienda: una aplicación de regresión geográficamente ponderada en el contexto de precios hedónicos Juan Carlos Duque, Hermilson Velásquez, Jorge Agudelo Modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos para Colombia 1995 – 2011 Ramiro Rodríguez Revilla Optimización de portafolios de pensiones en Colombia: el esquema de multifondos, 2003-2010 Claudía María García Mazo, Jilmer Arley Moreno Martínez ¿Qué la economía no es un juego? Evidencia del uso de Economía Experimental en cursos de Introducción a la Economía Juan Carlos Muñoz Mora, Sebastián Aparicio Rincón, Manuel Mesa Aristizábal


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Revista Ecos de Economía N°34