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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011

TEMPUS OCTOBRIS Boletín de Apoyo al Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial (Edición de mayo del año 2011)

Diocleciano y Maximiano, emperadores romanos de la Tetrarquía. Basílica de San Marcos, Venecia.

FIAT IUSTITIA ET PEREAT MUNDUS EQUIPO DE REDACCIÓN Y DIRECCIÓN Esther Fernández Arjonilla y Jesús Manuel Villegas Fernández. IDEARIO EDITORIAL Tempus octobris es una revista electrónica gratuita, de periodicidad mínima bimensual, en defensa de la independencia judicial. Aunque no hace suya ninguna posición ideológica -salvo los principios de la Constitución Española de 1978- está abierta a colaboraciones de todas las tendencias, de las que responden sus autores a título personal, sin más limitación que el respeto a la Ley.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 SUMARIO

Página 3. Editorial: El imaginario mundo de la Justicia oficial. Páginas 4-6.Edgar, Siniestro. Páginas 7-11. Sobreendeudameinto familiar, crisis y posiciones judiciales. Crónica de una reacción en cadena, Gemma Vives Fernánez. Páginas 12-16. ¡Quejíos de Justicia!, Antonio Jesús Rodríguez Castilla. Página 17-23. El Encerrado (capítulo III de la saga), El Incompatible. Páginas 24-28. Ojo, con la NOJ aviso para navegantes, Fernando Germán Portillo Rodrigo. Páginas 29-30. El Lenguaje de los juristas-políticos, Obiter Dicta. Páginas 30-31. El salario de los jueces y la crisis económica, Jesús Manuel Villegas Fernández. Páginas 32-35: Carpe diem, Reflexiones de un letrado, Obiter Dicta. Páginas 36-43: La independencia de los órganos supervisores de los sectores económicos de interés general. Contexto y realidad, Jesús Bobo Ruiz. Páginas 44-46: La agilización de la Justicia en el siglo XXI, la jibarización de los derechos del justiciable, Alfonso Alvárez-Buylla Naharro. Páginas 47-48: Los siete puntos del Manifiesto, Obiter Dicta.

Estimados compañeros: He aquí el número ordinario de mayo. En esta nueva edición contamos con algunos nuevos colaboradores: un abogado anónimo que, en un estilo cercano al del “el Incompatible”, narra sarcásticamente las penurias de la vida curial (pp 32-35), así como la de un profesor universitario que, con un altísimo nivel intelectual, explora la progresiva politización de otros ámbitos más allá del mundo judicial (pp 44-46); por otro lado, Francisco Benito nos envía curiosidades del mundo de la Ciencia y la Filosofía. Además, nuestros habituales colaboradores: Siniestro con la conmovedora historia de Edgar (pp 4-6), Gemma Vives con un artículo sobre el polémico problema de las ejecuciones hipotecarias sobre las viviendas (pp 7-11); también, un repaso por el cancionero flamenco y la justicia, a cargo de Antonio Jesús Rodríguez (pp 12-16) junto con el implacable examen del fracaso de la nueva oficina que describe Fernando Geman Portillo (pp 24-28). Por último, un vistazo al anteproyecto de agilización de la justicia de la mano de Alfonso Álvárez-Buylla Naharro, que alerta contra la merma de derechos de los justiciables (pp 44-46). Esperemos que os guste. Los interesados en colaborar deben mandar sus contribuciones a esta dirección: jm.villegas@poderjudicial.es

OBITER DICTA

2.949.214:

ese es el número de la patente. Somos legales, por fin Tempus octobris ya es una marca registrada.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 EDITORIAL El imaginario mundo de la justicia oficial. España recuperó sus libertades en 1978 en un proceso que los historiadores califican de “segunda restauración borbónica”. La primera se remonta a 1876, cuando el Rey Alfonso XII instauró una monarquía constitucional que, con el tiempo, se convertiría sobre el papel en plenamente democrática. Sólo sobre el papel, empero. El caciquismo desvirtuaba la voluntad popular en un sistema corrupto donde los políticos pactaban entre sí los escaños, amañando impúdicamente el resultado electoral. La brecha entre el país real y el oficial se fue dilatando hasta que, a la postre, se quebró en dos mitades irreconciliables. Nota debería tomar el GGPJ. Los señores vocales no parecen enterarse de que, en pocas semanas, se ha celebrado una veintena de Juntas de Jueces para expresarse sobre los Tribunales de Instancia (TTI). Y no han optado por la postura oficialista, sino por la de los vocales disidentes. Cada vez más se separan la judicatura real y la oficial. Frenéticos telefonazos y visitaciones apagafuegos contrastan con una estrategia de silencio público tendente a deslegitimar los cauces genuinamente democráticos de la carrera judicial. ¿Por qué esa distancia entre el Consejo y los jueces? Sería hipócrita olvidar la dureza del informe oficial para con algunos aspectos del anteproyecto. Pese a todo, han sido los votos disidentes (de los Excelentísimos señores don Claro Fernández-Carnicero y doña Concepción Espejel) quienes han sabido ganarse el reconocimiento de la carrera. Y es que los vocales deben su cargo al Poder Político. Nos gobiernan, pero no los hemos elegido. Por eso, por mucho que pretendan acercarse a sus jueces-súbditos, son incapaces de desligarse de su origen. Viven en el compromiso y la componenda. De ahí la lógica del reparto de cargos según afinidades ideológicas. Aun así, no se sienten herederos del pucherazo y encasillamiento de la Primera Restauración. Simplemente, bien interiorizado su “compromiso social”, se zambullen gozosos en la corriente política. Eso sí, les gustaría, desnudos como están, guardar la ropa. A la postre, aunque ellos ni lo perciban, han formado una casta de políticos togados, muy lejos de la opinión pública y de sus compañeros de carrera. Con excepciones, claro está. Bien lo ha demostrado la valentía de los vocales disidentes. La monarquía parlamentaria de 1978 trajo una verdadera democracia y reconcilió a las dos Españas. Pero su asignatura pendiente sigue siendo la Justicia. Los jueces que, aplastados por el papel, trabajamos día a día en nuestros despachos no tenemos nada que ver con esos políticos togados. Faltaría más. No permitamos que el pueblo español nos meta en el mismo saco que a ellos. El sistema terminará reventando, como casi ocurrió con la rebelión de ocho de octubre. Lo de los TTI es secundario. Lo importante es que los jueces se están acostumbrando a manifestar su opinión sin intermediarios, directamente a través de sus órganos democráticos. Más aun: serán los propios ciudadanos los que derroquen a estos corifeos del poder. Abogados, notarios, universitarios, justiciables…, el pueblo, en definitiva, los pondrá en su sitio. Tiempo al tiempo.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 EDGAR Siniestro El autor traza la condensada trayectoria vital de un juez, su preparación durante las oposiciones, el destino profesional y el triste final. Junto a esta alegoría abstracta y casi intemporal de nuestra carrera, se denuncian los problemas más actuales que a todos nos aquejan. ¿Qué fue de tanto galán,

qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿qué fueron sino verduras de las eras? (Jorque Manrique, Coplas a la muerte de su padre). OBITER DICTA La actual legislatura se extingue con rumores de elecciones anticipadas. Las reformas del equipo ministerial corren el riesgo que quedar en la nada. ¿Qué fue de los Consejos Territoriales?; ¿de la Justicia de Proximidad?; ¿de la Instrucción para los Fiscales? Muchos frentes abrieron para cercar al Poder Judicial y, ahora, parecen todos ellos encenagados. Nuestros políticos, con todo, esconden todavía otro conejo (con perdón) en la chistera: los Tribunales de Instancia. Saben que es absolutamente inviable en tan poco tiempo ponerlos en marcha; pero, al menos, aspiran a una cosa: a que los apruebe el Parlamento. ¿Por qué? Sucederá como con la Oficina Judicial: se convertirá en Ley. A partir de ese momento la discusión no será si se implantan o no, sino cómo se implantan. Una mera cuestión de ejecución (¿paredón, guillotina, garrote?)

Edgar quería ser juez. Era su obsesión, el primer y último argumento de su ideario. Se sometió a la dictadura de su conciencia y su bandera se tiñó de un solo color: el negro de su sacrificio, del dolor de la incomprensión, del dolor de su frustación, del dolor de los demás. Pero lo asumía con buen ánimo porque se sentía realizado. Se acostumbró a su " vocación sacerdotal " de tal manera que llegó a parecerle una necesidad fisiológica más de su organismo. El cuarto oscuro en que trabajaba,- donde hasta las bombillas eran negras- le ayudó a olvidarse de otros mundos. Experimentó el placer de la consagración personal y le parecía que su vida estaba en perfecto orden.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Casi sin reparar en ello, su espíritu se fue convirtiendo en una amalgama de deberes inaplazables que lo mantenían asiduo a un sillón raído, negruzco, desgastado por unas posaderas sin carácter. No sabía que los cuervos le comenzaban a picotear el alma. Algún que otro aplauso le alimentó el ego. Se distanció de si mismo, de su entorno más querido. Se sentía enseña del trabajo, su primera e inatacable obligación. Algún día me reconocerán lo que hago- se decía para sí- . Edgar fue perdiendo los pocos amigos que le quedaban. Su mujer- a la que ya no hacía compañía- lo dejó por otro, sus padres murieron de manera repentina y sus hijos tenían que escuchar en el colegio que su progenitor había abandonado a su familia. Su perro cogió la rabia, como queriéndole indicar que ése era un camino para cambiar su comportamiento. Se sintió solo por primera vez en su vida y, por primera vez también, se preguntó si lo que había hecho valía todo eso. Se asomó a un correo profesional- único conducto que le quedaba para comunicarse con alguien- y constató perplejo la realidad de su profesión. Nóminas cercanas a los 2000 euros y bajando. Socavones en edificios judiciales con riesgo para las personas y clausurados por la Inspección de Trabajo. Intimaciones por parte de su órgano de gobierno para que se apliquen normas inconstitucionales, no expulsadas del universo jurídico. Arengas de órganos de gobierno más cercanos para que abrace- una vez mássu sentido de la responsabilidad y salvar así los desvaríos del legislador. N.O.J no operativa. Desarreglos múltiples. Confeccionada de forma arcana. Programas y agendas impuestos. Compañeros que se autodenuncian con el grito de ser los más colapsados de España. Peticiones de apoyo a los juzgados en extrema- unción denegadas u olvidadas. Reglamentos que asfixian, andando el tiempo, el estatuto del juez cada vez más contradictorio con la L:O:P:J Desguace de los juzgados por el hacha de los Tribunales de instancia que destruyen el hábitat de una especie amenazada: el juez. Reparó en que estaba cincelando su destino a golpe de silencio y con letras de estiércol. Menguando su salud con el machamartillo de su consentimiento. Probó el sabor de la impotencia, que no le supo a nada porque se traga y se vomita de manera incesante hasta que ya sólo queda la bilis de la indiferencia. Sintió que su cólera superaba al miedo y que nada importaba nada. Serenidad. Miró a unas asociaciones que no lo miraban. Demasiado gorgoteo en sus tuberías para no darse cuenta de que algo no funcionaba en ellas. Hasta las ratas (acostumbrándose a su inmóvil presencia) tomarán posesión de ellas- se dijo- Demasiadas reverencias que barren el suelo, tan limpio que ven reflejado su yugo. Demasiados conciliábulos ministeriales que violan la sensatez. Blanco de miradas y negro de trabajo, pensó en algo a qué agarrarse. Si los hombres no me escuchan, será Dios quien lo haga y, si no, el viento recogerá mis palabras. Cuántas ideas sin asta. Cuánto Poder sin izar por no tener un mástil, un punto de apoyo, aunque fuera el de un horizonte vacío. Se inclinó sobre el alféizar de la ventana y vio la mar- que es más fuerte que una mujer- sin una sola arruga, por no saber aprovechar la brisa que madruga. Se imaginó navegando (junto a otros compañeros, escupiendo sangre para comprobar que no avanzaban)como meros tripulantes en el navío del rey :

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Silbato, palo y látigo para quienes no comprenden, la cuerda para quienes se rebelan. Cuántos prefieren una " honrosa " esquiva a una azarosa batalla y, sin embargo, maldicen a hurtadillas la suerte que les pone de rodillas. Pero no existe, sólo es un espectro que se burla de los que la temen. Tan rígida como un tronco cuando se la espera. Tan ansiosa como una doncella a la que se provoca. La suerte que perdió su virginidad y se convirtió en realidad es la que desea esta carrera, compañera de la noche que no se acaba. Pasa entre cantos y festines en los aposentos de Palacio para los huéspedes de la Realeza. En la playa, fuera de las murallas, para los simples marineros. De mañana, contrito y con cara de can apaleado, se alejó. Despacio, para no acelerar más sus preocupaciones. Su corazón también se alejaba. Pensó en cómo cauterizar sus heridas. Más demacrado que de costumbre, algo le quemaba por dentro. Fingió no ser él, acicalándose la garganta con un pizco de aguardiente. Era inútil, un sol rocoso sobrepasó sus espesos pensamientos e hizo una hoguera con sus sueños. Se notó turbado, malherido, apuntalado. Soltó un gruñido y clavó su esperanza en la arena. Yació en ella. Se hizo de noche. La luna- más llena que los pechos de una parturienta.- lo cubrió de misterio. La autopsia no reveló causa orgánica alguna de su muerte. El forense no pudo diseccionar su alma.

OBITER DICTA: La importancia de un buen desayuno. Según nos informa nuestro colaborador Francisco Benito, en la revista Proceedings of the Nacional Academy of Science, recientes estudios científicos muestran que cuando los jueces están mal alimentados o fatigados suelen resolver contra reo. La mejor hora, pues, para conseguir un pronunciamiento favorable es a primera mañana, después del desayuno, o bien tras el café de medio día. Los investigadores examinaron las decisiones de Jueces de Vigilancia Penitenciaria israelíes que, en el referido horario, concedían el 65 por ciento de las peticiones de libertad de los presos. A medida que avanzaba el día, sin embargo, las probabilidades de sacar algo de Su Señoría eran casi nulas. Pero hay más, de la misma publicación se deduce que: “El agotamiento mental del magistrado aumenta la tendencia a simplificar las decisiones y a aceptar el status quo”. Buenas noticias para el Consejo, a quien interesan muchos jueces como Edgar, aplastados por el trabajo para que ni se les ocurra pensar en huelgas ni en nada por el estilo. Ni siquiera protestar por los TTI. Como decíamos al principio de este artículo, algunos están aterrados por el fracaso ministerial. Lo triste es que el propio CGPJ, como denunciaron los vocales disidentes, haya aceptado el liderazgo de los proyectos políticos. ¡Incluso llegaron los Excelentísimos consejeros a pedir audiencia al Presidente del Gobierno para meter prisa! ¿En manos de quién estamos?

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“SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIAR, CRISIS Y POSICIONES JUDICIALES” Crónica de una reacción en cadena. Gemma Vives, magistrada.

El juzgado de primera instancia e instrucción de Estella/Lizarra dictó el 13 de noviembre del año 2009 un auto que dio mucho que hablar. A partir de ese momento se han sucedido algunas resoluciones judiciales que no son sino la traslación al ámbito jurídico de una discusión que está desde hace tiempo en la calle: cuándo el banco ejecutante se hace con la casa hipotecada, ¿debe considerarse totalmente extinguido el crédito? El detalladísimo estudio que os presentamos, fruto de la experiencia de la autora, ofrece una respuesta donde se conjugan el rigor técnico con el razonado sentido de justicia. Por eso, además de proporcionar una solución jurídica a un problema práctico, nos brinda una oportunidad de reflexión filosófica.

OBITER DICTA Para algunos la Justicia es un bello edificio clásico, de proporciones perfectas e impecables lógica arquitectónica. No obstante, esa imponente construcción se nos presenta a menudo como una ruina, dispersa entre un escorial normativo e incongruente jurisprudencia. El auténtico juez crea el orden del desorden, el cosmos del caos. Un oficio sagrado. Templo de Zeus en Atenas.

La equidad es la aplicación de la justicia en el caso concreto. El juez juzga y hace ejecutar lo juzgado.

SUPUESTO DE HECHO: El ejecutante [banco] a través del mecanismo del artículo 671 de la LEC se adjudica el bien por una cantidad IGUAL al 50% del valor de tasación, por lo que el valor de dicha adjudicación resulta insuficiente para el pago total de la cantidad reclamada por principal, intereses y costas.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 PRECEDENTES: Auto de Navarra de 13.11.09 y las dos resoluciones contradictorias de la Audiencia Provincial. ESPECIALIDAD DEL CASO: La confrontación entre el valor de adjudicación (156.250 €) [precio de subasta] y el valor real o tasado por la parte ejecutante del bien hipotecado a efecto de subasta (312.500 €) [precio de tasación] es lo que genera un punto de inflexión en el proceso lógico del juez, siendo la reclamación por principal la de 254.343,73 €, cantidad inferior a la de tasación, pues no debe olvidarse que la adjudicación no se produce a favor de un tercero, en cuyo caso el ejecutante recibiría solo el valor de la adjudicación o aprobación de remate, sino a favor del propio ejecutante que, si bien, nominalmente paga por el bien una cantidad igual al 50% del valor de tasación, en su patrimonio no entra con tal valor sino el real del mercado [tasación] que, atendiendo a la valoración de la subasta acordada en la escritura de crédito hipotecario es de 312.500€. Quien estas líneas suscribe dio un paso más allá argumentando que es el propio banco el que toma como referencia el valor de tasación a la hora de asumir dicho bien en su balance. Y asimismo hice referencia a cómo entra en el "patrimonio" del banco esa vivienda, es decir, cómo es valorada por la entidad en su balance. Es decir, la cuestión clave es la siguiente: ¿a qué precio valora realmente la entidad la vivienda embargada?, ¿al valor de tasación o al valor de la subasta (50% menos)? LOS BANCOS SOSTIENEN: La tesis de los bancos es que el "valor de mercado" no es el de la tasación sino el de la adjudicación en la subasta. Asimismo las críticas dirigidas a las resoluciones que deniegan el despacho de ejecución se sostienen, esencialmente, en la idea de que los jueces nos hemos extralimitado en nuestras funciones, que hemos jugado a ser una suerte de legislador de facto, asumiendo un rol justiciero que choca con el artículo 117 de la Constitución.

RAZONAMIENTOS DE EQUIDAD: No puede el juez apoyar sus dudas legítimas acerca del caso expuesto en meras consideraciones morales o éticas que pasarían por la compasión o el afán de dar a cada uno lo suyo a costa de rasgar el texto legal en dos mitades. Sin embargo la idea diáfana de la equidad sobrevuela el razonamiento como un dardo que impide pasar por alto una grave realidad de sobreendeudamiento familiar y personal. Nadie en su sano juicio (nunca mejor dicho) puede negar sin ruborizarse que los créditos concedidos desde hace unos años no responden en absoluto a un criterio ordenado económicamente hablando. Y sostengo que ni el deudor es un ciudadano estúpido que crea que se le debe perdonar la deuda por razones caritativas ni mucho menos que un contrato pueda quedar al arbitrio de una sola parte.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Y la rigurosa aplicación del art. 579 LEC choca con el principio de que el ejercicio de los derechos no puede ampararse en Derecho cuando el mismo es antisocial, y se considera tal cuando “por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales” de su ejercicio, con daño para tercero (art. 7.2 Código Civil). Este control sobre el modo en que se ejercitan los derechos y, por lo que aquí respecta, sobre el ejercicio de la acción ejecutiva ordinaria es lo que justifica que se residencie en los Jueces el despacho de la ejecución (aun cuando no sea pacífica la cuestión relativa al control de oficio de dicho despacho y dónde están los límites del mismo). No cabe obviar que dado que la parte demandante ha logrado la satisfacción de su crédito mediante la adjudicación del bien, la pretensión se muestra abusiva. Es decir, el valor de mercado del bien hipotecado y subastado supera la cantidad reclamada por principal y este es el punto de partida para el razonamiento del auto cuestionado y por ello es evidente que la petición de la continuación de la ejecución solicitada por la parte ejecutante no es procedente, dado que dicha parte ejecutante ha logrado la satisfacción de su crédito mediante la adjudicación del bien, por lo que la pretensión se muestra antisocial y no equitativa en el caso concreto. A una entidad prestamista, profesionalmente dedicada a la financiación, se le impone un régimen de responsabilidad pues se considera falta muy grave la falta de prudencia valorativa (art. 3 y 3 bis de la Ley del Mercado Hipotecario, tras la reforma operada por Ley 41/2007 de 7 de diciembre). Asimismo, debe tenerse en cuenta que el prestatario no pretende obtener dinero sin finalidad concreta, sino adquirir una vivienda, siendo el préstamo el medio vinculado a este fin, vinculación que la propia entidad también conoce y acepta. Y en tal sentido se pronuncian, cual reacción en cadena, autos análogos dictados en Barcelona (auto del JPI n. 52 Barcelona de 18 de abril de 2011).Si la subasta queda desierta, algo que según fuentes del mercado ocurre frecuentemente en esta crisis, el banco acreedor tiene derecho a adjudicarse la casa “desde el 50% del valor” de su tasación original. El “desde” resulta simbólico, explican los expertos, pues nadie paga más del mínimo exigido, lógicamente. Y será esta cifra, y no el valor actual de inmueble, la que se descuente de la deuda del cliente antes de seguir reclamándole nuevos pagos. En el Colegio de Registradores recuerdan, además, que el banco puede vender los inmuebles más tarde a un precio superior, incluso superando el total del crédito pendiente, y aun así, seguir exigiendo la deuda al ejecutado. Supervisar estas operaciones, o elevar el precio mínimo de adjudicación del 50% al 75% del precio escriturado, son otras de las alternativas a estudiar.Una posibilidad más sería facilitar la entrada de nuevos pujantes a las subastas de inmuebles embargados. “Para acudir a ellas hay que consignar un 30% del valor de tasación original”. Concluyo que, “En esta situación, el problema no es que el acreedor se adjudique el inmueble por el 50% de su valor, el problema es que se lo adjudica por el 50% del valor de tasación, lo venda en ocasiones por encima del precio de adjudicación y de la deuda contraída y persiga al deudor primitivo, reclamándole la cantidad pendiente”.

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SOLUCIONES PROPUESTAS:

1.- La posibilidad de adoptar el modelo por el que se rigen los préstamos hipotecarios en Estados Unidos ha sido la opción más reclamada desde muchos sectores sociales. Responder a los préstamos hipotecarios con la garantía real, (esto es, el bien hipotecado), en lugar de con garantías personales (bienes y propiedades) es el cambio que demandan los que abogan por una reforma de la Ley Hipotecaria. 2.- el artículo 140 de la ley hipotecaria, permite limitar los efectos de la reclamación judicial de la hipoteca al valor de la finca hipotecada: “Basta con que se negocie con el banco la inclusión de esta cláusula. El banco a su vez, se protegerá, valorando adecuadamente el inmueble, estableciendo márgenes adecuados de endeudamiento, favoreciendo un flujo de crédito de calidad”. 3.- La vivienda es una de las necesidades básicas de los ciudadanos, por tanto, debe ser un bien accesible a todo el mundo y además, un negocio rentable y equitativo que beneficie a ambas partes. La negociación del inquilino y propietario y la adecuación de unas normas legislativas justas con las dos partes es la clave para dinamizar el sector inmobiliario, así como la economía española. 4.- Aplicación analógica del Art. 5 de la Ley de Mercado Hipotecario:

Artículo 5. Los préstamos y créditos a que se refiere esta Ley habrán de estar garantizados, en todo caso, por hipoteca inmobiliaria constituida con rango de primera sobre el pleno dominio de la totalidad de la finca. Si sobre el mismo inmueble gravasen otras hipotecas o estuviere afecto a prohibiciones de disponer, condición resolutoria o cualquier otra limitación del dominio, habrá de procederse a la cancelación de unas y otras o a su posposición a la hipoteca que se constituye previamente a la emisión de los títulos. El préstamo o crédito garantizado con esta hipoteca no podrá exceder del 60 % del valor de tasación del bien hipotecado. Cuando se financie la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas, el préstamo o crédito podrá alcanzar el 80 % del valor de tasación, sin perjuicio de las excepciones que prevé esta Ley. Dentro de los préstamos y créditos a que se refiere este artículo podrán incluirse aquellos otros que estén garantizados por inmuebles situados dentro de la Unión Europea mediante garantías de naturaleza equivalente a las que se definen en esta Ley.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 PROPUESTAS QUE DEBERÍAN REFLEXIONARSE EN EL PARLAMENTO: 1.- El artículo 579 LEC regula la conversión de la ejecución hipotecaria en ejecución definitiva por la cantidad que falte para cubrir el crédito. La única reforma que se realiza en el texto del articulado es incluir en el precepto que se podrá pedir el despacho de la ejecución contra quienes proceda. Los artículos 651 y 671 LEC regulan la subasta sin ningún postor de bienes muebles e inmuebles respectivamente. La reforma propuesta consiste en incluir la previsión en el primer apartado de que la adjudicación de los bienes si no hay ningún postor podrá realizarse por la cantidad que se le deba por todos los conceptos si es mayor al 30 o 50% del valor de tasación (en el caso de bienes muebles e inmuebles respectivamente) y la inclusión del segundo apartado que regula la imposibilidad de ceder el remate por parte del acreedor ejecutante si se adjudica los bienes por una cantidad inferior al 30 o al 50%. 2.- Para evitar estos abusos sería conveniente incrementar este porcentaje al 80% del valor de tasación, aplicando de forma analógica la previsión del artículo 5 de la Ley del Mercado Hipotecario 3.- La segunda de las cuestiones que debería resolverse es la posible inconstitucionalidad del proceso de ejecución hipotecaria por no poder alegar como motivos de oposición la nulidad de la concesión del préstamo hipotecario o de la garantía. Es cierto que el artículo 698 LEC permite acudir al proceso declarativo posterior para plantear incluso la nulidad del título o las cuestiones que versen sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda. Pero éste no producirá "nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo" (ejecución hipotecaria).

CONCLUYENDO…. Puede ser cierto, como señaló el Tribunal navarro, que efectivamente, no supone un abuso de derecho del ejecutante el solicitar lo que ahora le es denegado, pero aplicado el art. 3 CC resulta rechazable el hecho de alegar la continuidad de la ejecución por la pérdida de valor de la finca que fue entregada como garantía, ya que no se hubiera concedido la financiación si el inmueble no hubiera tenido una tasación superior a la cuantía del préstamo concedido, y supone un contrasentido señalar que lo que servía antes para valorar el bien de una forma superior resulta ahora que el mismo bien va a resultar peor valorado cuando el deudor deja de pagar la hipoteca para reclamarle tanto el bien que fue la garantía como parte de su patrimonio en la cuantía que la entidad bancaria considere para cubrir la diferencia entre el valor de la subasta y la deuda que queda por pagar. La equidad es la aplicación de la justicia en el caso concreto…….

In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est (Julio Paulo)

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¡QUEJÍOS DE JUSTICIA! Antonio Jesús Rodríguez Castilla, magistrado. En este artículo se espigan algunas coplillas flamencas que zahieren sin piedad a la Administración de Justicia. El sabor tradicional de estos cantos populares no debe movernos a suponer que son cosa del pasado, folklore periclitado. Representan agravios de los justiciables que, lamentablemente, siguen siendo actuales. El barómetro del CIS, en su informe 2.861 de febrero del año 2011 atestigua que el 77´4 por ciento de los españoles no cree que la Justicia trate por igual a pobres y a ricos.

OBITER DICTA ¿Belleza o dolor? Estas letrillas populares irradian belleza, pero también tristeza. Son la sabiduría de los humildes que convierte la desgracia en obra de arte. Como la dulce floración de un cactus que cautiva con colorido pero aleja con sus espinas. Otra metáfora de la Justicia, que deslumbra con su rito pero de la que los ciudadanos quieren mantenerse a prudente distancia Nuestro colaborador Francisco Benito nos envía una interesante entrevista (aparecida el 13-IV-2011, en el diario ABC) al austriaco Herving Hauser, catedrático en ciencias exactas, el cual confiesa que los matemáticos, más que la verdad, buscan la belleza. He aquí una de las fórmulas favoritas de este sabio: x^2=y^2 z^2+z^3. ¿Qué simboliza la ecuación? Un colibrí. ¿Cómo representaríamos a la Justicia? No con una expresión matemática, desde luego (aunque acaso la situación actual se sintetice en el esquema COP + TTI = x, cuya incógnita despejaremos en el artículo de la crisis). Sea como fuere, preferimos identificarnos la hermosura de la poesía sonora, como en estos versos. O tal vez como en la figura con la que rematamos el final de este artículo.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 A finales de 2010 la UNESCO incluyó al flamenco en su listado de manifestaciones “Patrimonio inmaterial de la Humanidad”. Vaya por delante que no soy ningún aficionado ni conocedor del “cante jondo”, pero con el reconocimiento otorgado decidí acercarme un poco a este mundo. Así cayó en mis manos el libro “FLAMENCO DE LEY”, texto editado por la Universidad de Granada en 2007 y prologado por la entonces Consejera de Justicia de la Junta de Andalucía en conmemoración al décimo aniversario del traspaso de competencias en Justicia a esa Comunidad Autónoma ¿…?Con independencia de los motivos de su publicación, el libro está dividido en capítulos que distinguen los distintos momentos de un hipotético proceso judicial, incluyendo en cada uno de ellos cantes-denuncia de injusticias y de angustias, de miedos y de condenas. Resulta muy interesante, un espejo en el que mirarnos, una crítica cargada de dolor y de ironía al sistema judicial, en esa forma tan “flamenca” de contar y cantar las penas. Al principio de su lectura cierta desazón me rondaba. Lo había empezado con el temor de la crítica mal recibida; no quería sentirme de nuevo avergonzado ante la insatisfactoria respuesta judicial. Me negaba a pensar que tanto esfuerzo no tuviera otra imagen que la de un espejo deforme de respuestas injustas de la Justicia. Sin embargo mi conclusión fue totalmente opuesta. Tras leer el libro este juez no se sintió verdugo. Los jueces, los profesionales del derecho, hace tiempo que dejamos de ser cómplices de las condenas para convertirnos en víctimas de un sistema judicial que nos castiga con la ignorancia presupuestaria, la insuficiencia de medios, la ausencia de recursos y a la correspondiente falta de eficacia.Así lo quise ver. Hace tiempo que no me siento responsable de la dejadez de otros. Yo solo no puedo ser administración de justicia. Desde esta perspectiva, buscando en unas coplas flamencas el origen de todos los males, busqué de sus letras los significados de muchos de los problemas que padece esta vieja señora de ojos vendados. Os trascribo algunos con dedicatoria propia incluida. Seguro que mi reinterpretación dista mucho de los motivos que vieron nacer estas rimas. Tan seguro como que si supiera cantar haría míos estos cantes para desahogo propio y vergüenza de otros. Algo habremos hecho mal cuando en este fandango se canta con “tó la guasa der mundo”: Cuando er Juez me preguntó que de qué me mantenía yo le contesté: “robando, como se mantiene usía”. Tampoco el Ministerio Público escapa a la crítica en estos tangos: No me puedo confiar porque tengo por compañera al Ministerio Fiscal Los Letrados también son retratados con ironía mordaz: El reloj y el escribano son de un mismo movimiento; que en faltándole la cuerda, los dos se paran a un tiempo.

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No sólo el poder judicial es responsable de tantos desaguisados, mirad sino lo que dice esta soleá de otros poderes: Hacen la ley y la trampa. Con la primera te obligan, con la segunda te engañan. Esta toná se la dedicaba yo a más de un Ministro de Justicia: Ahora que soy el yunque me precisa el aguantá. Si algún día soy martillo ya te puedes prepará. … Y esta otra tampoco estaría mal: Me estás jasiendo pasá tormentos de inquisición; yo estoy dando tregua al tiempo hasta lográ mi ocasión No sé por qué, cuando leí esta petenera, me acordé de nuestro querido CGPJ… Qué motivo te he daito, que siempre me estás pegando. ¡La culpa la tengo yo, de haberte dao tanto mando! … Y de sus Vocales cuando leí: Estas rejas son de bronce, y estas paredes, de piedra, mis amigos son de vidrio, que por quebrarse no llegan. Este cante equivoca el tiro; yo se lo dedicaría a más de un Consejer@ de Justicia (aunque perdería su rima): Mare dígale usté al juez que mi causa finalice, que en las manos de los jueces, las causas echan raíces. Cambiemos de tercio; esta soleá, para las asociaciones judiciales: Si quieres vivir a gusto con tus derechos colmaos, cásate con un obrero de los buenos asociaos. Y esta toná para los jueces “pasotas”.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Al que mendiga lo encierran y meten preso al ladrón el que no pide ni roba muere de hambre en un rincón. A los “Judas” de la Justicia les dedicaría estos tientos: La mentida y la verdad tuvieron pleito una vez y lo ganó la mentira porque le ayudó el parné. Esta soleá da que pensar; que cada uno se le dedique al que quiera: A ratos la verdad miente la verdad, como cualquiera, se cansa de perder siempre. También los módulos tienen su cante en esta fiesta flamenca: Es que me siento humillado, no es que yo esté en rebeldía, esta tierra me ha quitado la salud que yo tenía por trabajo mal pagado. La Juerga está acabando. Los efluvios etílicos hacen elevar el contenido de los cantes. Ahora toca: Presa está la libertad en la cárcel del dinero, entre reja encadená, y tiene por carcelero al engaño y la maldad. Y si donde dice salud ponemos independencia, tenemos esta magnífica toná a la independencia judicial: La libertad y la independencia son prendas de gran valía y nadie lo reconoce hasta que las ve perdías. Al final, sería indispensable una llamada a toda la carrera judicial: Rompe las cadenas, y pide libertad, pa´que en esta tierra haya más justicia, que esa es la verdad.

Y para que nadie se sienta ofendido, acabo con esta alegría:

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Perdón me pidió el verdugo no se lo quise negar; la Justicia no perdona y perdona el criminal. NOTA FINAL: Los palos de los distintos cantes se han extraído del libro ya mencionado “FLAMENCO DE LEY”. Perdón por los errores que haya cometido. OBITER DICTA ¿Quién es esta hermosa muchacha? Europa. Es una buena representación de nuestra Administración de Justicia. Una descuidada mocita durmiente a la que, pese a su innegable beldad, no le vendría mal un poquito de ejercicio físico. O, al menos, despabilarse un poco para que no la sorprenda ese cornudo que ya sabemos lo que hizo con ella. Fallas de Valencia: 2011

Los jueces españoles dormitan en la confianza de que el Consejo, un órgano que los gobierna, pero al que no lo han elegido, los defenderá. Craso error. Si no hablamos por nosotros mismos, nadie lo hará. En pocos días un reguero de Juntas de partido se ha extendido por toda España para expresar su opinión sobre el anteproyecto de ley de los TTI. Si los hacen los políticos togados, ¿por qué no nosotros? A continuación la lista de Juntas que a la fecha de la salida de este número se han pronunciado al respecto. 1) Guadalajara. 2) Baracaldo. 3) Zamora. 4) Cartagena. 5) Melilla. 6) Torrelavega. 7) Cáceres. 8) Zaragoza. 9) Murcia. 10) Badajoz.

11) Logroño. 12) Soria. 13) Mérida. 14) Villareal. 15) Lugo. 16) Cuenca. 17) Terrasa. 18) Huesca. 19) Córdoba. 20) Valladolid.

21) Pamplona 22) La Coruña.

En la citada entrevista el matemático Hauser afirma literalmente que “pensar significa sufrir”. Pensemos y hablemos. Llegará un día en que todos y cada uno de los jueces españoles, según el principio un hombre/un voto, hagamos llegar nuestra voz a través de las Juntas. No hemos sido incapacitados para que nos veamos obligados a acudir al Consejo como si fuera nuestro tutor. Despertemos de una vez por todas.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 EL ENCERRADO (Capítulo III de la saga “El incompatible”) El Incompatible (Miguel Castillo del Olmo), Magistrado. En este episodio se narran las desventuras de nuestro héroe, ese juez incompatible, amén de especialista y ahora encerrado dentro de los muros de juzgado. Entre bromas y veras, narra la rutina de la burocracia judicial y se insinúan ciertas tensiones, siempre sin resolver, entre los magistrados y sus funcionarios (bueno, que ya no son suyos, queremos decir el personal de la UPAD que, a su debido tiempo, será transferido al servicio común del Tribunal de Instancia).

EJERCICIO DE AGUDEZA VISUAL

¿Encontráis algo extraño en este angelito?

La respuesta en este mismo número, en el artículo CARPE DIEM.

OBITER DICTA: El Centro de Investigaciones Sociológicas, en su estudio 2.861 publicado en febrero de este año, se centra en nuestra Justicia. De las respuestas de los ciudadanos no se deduce que los españoles piensen que sus jueces sean inocentes angelitos, pero tampoco parece que les atribuyan la causa de los males nacionales. Es significativo que, para el 17´8 de los encuestados la clase política sea el principal problema, mientras que sólo el 2´5 piense lo mismo de la Administración de Justicia. Tomen nota aquellos que porfían en la politización de la Justicia, por ejemplo, en el sistema de designación de los vocales de CGPJ.

Cuando, tras la lectura de derechos, escuchaba a John hablar con el detenido en otro idioma, el Incompatible se imaginaba que las palabras de la Justicia, al convertirse, era como si se mudaran de ropa, y que, acaso víctima del frío de la otras lenguas, la semántica judicial, es decir, la nuestra, tan distinta a la semántica coloquial, se congelaba, desnaturalizándose.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Todo se congela, pensaba, a la par que en su mujer… En el acaso improductivo curso de una reflexión tan absurda como la que antecede, el intérprete, que traducía al inglés sus inquisitivas preguntas al imputado una mañana caína de jueves, le llamó al orden: -Señoría, ¿algo más? A lo que él contestó: -¿Anything more? El traductor miró nervioso al impaciente y bostezante letrado del turno de oficio a su izquierda situado, esperando que un alguien jurídico cualquiera le sacara del desquicie transitorio del extraño juez al que aquella mañana le había tocado “anglosajonar” (nada que ver con la cocina). Mas no fue necesario aguardar lapso duradero, por cuanto, tras una sonora mueca de morro que hacía aún más desagradable su rostro, el Incompatible, de nombre Carlos, prosiguió: -Quería estar seguro de que sabías inglés. É e. John, que obtuvo el título de intérprete en la Junta de Andalucía por razones que no vienen al caso (máxime cuando ahora trabajaba en la capital de España), contaría lo acaecido a su novio aquella noche, pero, de momento, lacraría su boca y gesto, ansiando no ser requerido para más formulaciones británicas, y experimentando cual clavo de sorpresa en su mente, las últimas letras pronunciadas por SS: “É e” no era traducible. Maldita sea. No sabía qué quería decir el magistrado con eso. “Estos jueces están todos colgaos”, pensó (creo que es la segunda vez que lo escribo en esta saga). “No todo es traducible“, creyó a cambio el titular del juzgado. Carlos, tras un “gracias” que nadie merecía - y menos cobrando todos más que él - se marchó raudo a su contiguo y fétido despacho (ser vivo sentado más de cinco horas consecutivas provoca peste), y una vez allí se acordó de que había olvidado firmar la declaración. Ah, y mirar a la funcionaria para dar última instrucción, ah, y del auto de libertad, ah, y a lo mejor de algo más… Eran las 15:13 horas, claro. Jueves Santo. La pasión de Cristo jibariza memoria y agranda prisas…

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 OBITER DICTA ¿Quién es Jacinta? Una joven bella, dinámica, que avanza rauda hacia el futuro. Bueno, no es esa precisamente la opinión de nuestro Incompatible. Mejor leer el artículo entero para enterarse. Tal vez esa Jacinta sea una metáfora de nuestra Administración de Justicia, que no es precisamente el ejemplo de modernidad, sino una señora obesa que apenas sabe escribir sin faltas de ortografía. Pero, ojo, la culpa no es de la plantilla funcionarial de nuestros juzgados (nuestros sufridos ex oficiales, auxiliares o agentes), ni de los abogados (tan castigados como nosotros), ni siquiera de los jueces (perdón por este alegato autoexculpatorio corporativo), sino de los políticos que no dotan de medios al tercer poder del Estado. Lo preocupante es que nadie aclare la distinción a los ciudadanos. Así, en el mencionado estudio 2.861 del CIS, los encuestados, dentro de una horquilla, de uno a 10, puntúan casi igual al CGPJ (4´54) que a los jueces (4´64), al que apenas le sacamos un morro de ventaja en la recta final. Una lástima que confundan a unos políticos togados que han llegado a su puesto por afinidades ideológicas, con la masa de trabajadores que sirve abnegadamente los atiborrados despachos de nuestros juzgados (bueno, de los TTI, dentro de poco, es difícil acostumbrarse).

Tras dos minutos de enrojecedora eclosión mucosa - la alergia al despacho acaba localizándose junto al tabique nasal -, se autoconsideró pituitariamente apto para corregir por vía de reaparición los olvidos que su repentina marcha de la oficina habían provocado. Es por ello que se levantó de su sufrida “asílla”, abrió la puerta que daba a la mesa de Jacinta la Nueva, y descubrió que… ¡Cáspita! - ¡No hay nadie! - gritó para no ser oído… Efectivamente, descubrió que no había “naide” (que hubiera dicho el imputado). Descubrir la nada, que no es poco. El eco de la soledad volvía a sus “jodíos oídos”, y, en el poético marco de aquella, retornaron a su conciencia aquellas dilataadas tardes de invierno en

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 que la vida, su vida, se reducía a hablar solo (“lorear“) junto a la ventana que a su madre reflejaba; aquellas noches en veela en que pronunciaba temas sin cesar para personajes invisibles; aquellas mañanas de preparador en que pasaba horas y hooras mirándose al eternamente enemigo espejo para estar seguro de que, al cantar, él seguía siendo él, y no aquel, que diría Raphael. La mesa de Jacinta la Nueva - interina tampoco recomendable - albergaba, sin firmar ni por el gato, el último trabajo de Carlos durante la guardia, materializado en tinta de impresora barata, como barata, prácticamente gratuita, sentía su existencia desde el despertar nuestro personaje. Al releer la declaración constató enajenantes faltas de ortografía, de esas que tanto detestaba, y que le engendraban un desasosiego sólo comparable a las derrotas del Atleti. Y es que Jacinta ponía “haber” en lugar de “a ver”, escribía “hay” con y sin hache indistintamente (¡por Dios, que alguien lo enseñe en el colegio!), y no usaba el punto y aparte… (como yo) Jacinta, en realidad, no había sido buena estudiante. Pertenecía a la mediocre clase media de una sociedad cuyo nivel de cultura, formación, esfuerzo y ganas, apenas sobrepasa el milímetro… …Y cayendo… Precisamente a un milímetro precisamente del folio en que yacía la “huérfana” declaración había un “pilot” (en justicia, bolígrafo con clase en vías de extinción que algunas limpiadoras regalan a sus hijos), el cual Carlos empuñó con pulsión desmedida para aniquilar los errores transcriptores de la Nueva. Así, rodeando con círculos concéntricos a círculos cada una de las palabras “decapitadas”, teñía de azul redondeado el inocente papel víctima de “aerudición”… ¿Cómo narices puede escribirse “calunmia”? ¡Analicen esa cabeza! Entonces oyó cómo se cerraba con brusquedad la puerta del Juzgado, que estaba en la planta de abajo, ya digo, con estruendo timpanalmente horadante. “Bestias”, pensó. -Coño – dijo, justo después. Se preguntarán por qué. Pues porque en ese sonoro instante recordó que aquella sañuda mañana del cuarto día de la semana en que todos descansaban en su familia menos él, Jacinta, al llegar, llamó al timbre de la sede judicial (al ser nueva no tenía copia de la llave). Y el Incompatible, que había llegado antes que ella - y que por cierto odiaba bajar escaleras - le tuvo que abrir. Evocaba Carlos cómo, tras callar su enojo y mirarla con abominación contenida a las 9:00, le hubo de prestar sus llaves, en prevención de nuevas “aperturas”, y decir/ordenar:

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 -Cuando vengan los Guardias Civiles, el detenido y el abogado, bajas y les abres tú, por favor. Es la gorda (se refería a la llave, sin mala intención). “Gorda tu madre” (pensó la funcionaria, que obviamente no entendió el adjetivo y su asociación al sustantivo llave, como por otra parte era previsible, siendo densa, necia y acomplejada, Jacinta la Nueva). Lo que no imaginaba Carlos era que la “datio clavis” o entrega de llave matutina se iba a traducir en algo mucho más grave, bastante más imprevisible, que la anglointervención de John el “espinillas”. Así es, la muy justita de Jacinta se la había llevado consigo, en el interior de algún orondo enclave de su mórbida geografía, obviando su devolución conforme a lo establecido en 1740 y concordantes del Cocivil., y, no conforme con semejante omisión intelectual, la empleó para cerrar, con doble giro, la tintada puerta del juzgado, a la par que la libertad ambulatoria de Carlos.

OBITER DICTA Esta vez nuestro pobre Incompatible ha salido un poco vapuleado. Suponemos que va en el sueldo algo de ejercicio físico de vez en cuando. Lo que nos debería preocupar, en cambio, es que los golpes vinieran de una ciudadanía que juzgue de mala calidad el esfuerzo de sus juzgadores.

En el referido Estudio del CIS, un 48 % de los encuestados juzga malo el funcionamiento de la Administración de Justicia, ante un magro 22 % que los califica de bueno. Deberíamos reflexionar ante tan severa condena.

-Pero ¿será idiota? - se preguntaba el Incompatible a la vez que observaba junto a la declaración de imputado y al aristocrático “pilot” un móvil apagado que la memoria de Jacinta recién había sustituido por llave ajena. Hijo de la angustia y la sinrazón, lanzó sus zambas y velludas piernas al aire a la ansiosa búsqueda de la ladrona y lerda Jacinta, y bajó presurosamente las también torcidas escaleras, hasta tal punto descoordinado que en la antepenúltima según se baja, fue a impactar su gastada suela derecha, en su parte delantera, con un chicle de melón (nunca mejor dicho) dos minutos antes expulsado por el hocico del detenido traducido. El esquivo azar, una vez más, se cebaba con él, obsequiándole con un resbalón antológico, digno de ver una y otra vez repetido en youtube hasta expulsar el hígado, traspié casual y causalmente ligado al radical cambio de trayectoria que supuso para sí el contacto de la goma de mascar con el asiento de sus castellanos.

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-“Me cago en…” fue todo lo que pudo pronunciar Carlos el juez antes de que su labio superior, casi adherido a su cuello acorbatado, pseudomordiera por dos veces consecutivas y sin dientes la “barandandandilla” (la lectura de esta palabra nos acerca aún más al singular modo de caer). Preludio lo anterior fue de un nuevo giro en el aire, versión “cisne negro”- al que sólo faltó Tchaikovski - que sembró un halo de imprevisibilidad a la última fase de la caída. Todos los diminutos seres vivos unicelulares allí presentes - muchos de ellos desprendidos también del detenido adicto al chicle - fueron testigos del “cráneoimpacto” más inverosímil que la morfología de un ser humano sea capaz de provocar. Sin llegar a perder la conciencia, y desde el horizonte más bajo del juzgado de un pueblo del extrarradio de Madrid, Carlos el Caído pudo observar -y escuchar- alejarse al Opel Corsa de Jacinta, de cuyo tubo de escape manaba una suerte de nube negra – nada que ver con el cisne -que opacó al Hiunday Lantra aparcado junto a la puerta. Los alaridos de dolor no serían de escuchar por nadie, no, por más que interpretados a golpe de tenor de ópera germánica. El esguince doble de tobillo - que ya es mala suerte cuando descendió con la testa - era seguro, al igual que la escayola y el collarín… Fue por eso que, un mes antes de la revisión anual judicial gratuita, y a pesar de disponer de salud privada, la impotencia se cebó con el Incompatible, el cual, a más de verse imposibilitado de salir del Juzgado, se hallaba privado de pedir ayuda, salvo (piensen en una bombilla sonriente) que llamara desde el teléfono fijo del juzgado, o desde su móvil. Pero para llamar tenía que subir a la planta de arriba. Los teléfonos fijos de abajo no servían para llamar, sino sólo para recibir llamadas (¿?). Es por tal razón que hubo de reaccionar, a pesar de alifafes y padecimientos miles. Orgullo de Juez. No era cuestión de permanecer tendido en el juzgado sábado y domingo, y que el Primer Funcionario le descubriera el lunes a las 7 de la mañana entre el buzón de quejas del Conejo y la también fundida máquina de coca colas. Efectivamente, y comprobado que sus hombros no habían mutado, ni sufrido achaque alguno, se apoyó en ellos y codo para ascender, casi arrodillado, arrastrándose como quien pide un aumento de sueldo, en dirección a la planta alta, donde estaría su válvula de escape del calabozo en que la sede judicial se había transformado para él aquella aciaga sesión de guardia. Veintiocho peldaños más arriba, de lágrimas rehén, de tobillos preso, Carlos el Dolido posó la palma de su mano derecha en una desubicada chincheta descolgada de un cartel de UGT que reivindicaba más derechos. (pausa en literatura para la carcajada del lector)

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 De lo expuesto dieron fe sangre y alaridos adicionales e igualmente “inoídos”.Al fin pudo, con ayuda de sus descalcificadas rodillas, acercarse al teléfono del auxiliar judicial, que era el más cercano al mostrador del juzgado desde fuera de la oficina. Al no poder ponerse en pie tiró del aparato comunicador hacia sí, con tamaño infortunio – ay señoría - que el débil cable que lo une a la pared y conecta a la red quebró, separándose sin remedio terminal y luz. -Mamá - clamó. El más cercano teléfono fijo estaba a diez metros, en la mesa de Jacinta, o bien en su despacho, que distaba quince del mismo lugar donde, sentado semiapoyado en el mostrador de atención al público, y con un terminal deslabazado e inútil, el Juez de un pueblo del extrarradio de Madrid desramaba el árbol genealógico de la nueva funcionaria ausente. El Magistrado, Encerrado, optó por dirigirse a su despacho, que le inspiraba más confianza, y así, casi reptando, alcanzó su mesa coja. Fue en ese instante cuando volvió a escuchar, en este caso abrirse, la puerta de abajo. Jacinta, de nuevo. Unos tacones de aguja, sostén de paquidermo con llaves en la trompa , fue lo que unos veinte segundos después pudo contemplar un yacente y ya espasmódico Carlos, quien, reprimiendo su animus necandi, y como Jesús en el Monte del Calvario, optó por mirar hacia su Majestad (Obra de Macarrón), y decir: -”Perdónales, porque no saben lo que hacen”. OBITER DICTA Dejamos a nuestro Incompatible bastante maltrecho pero, ánimo, la esperanza es lo último que se pierde. Renacerá, cuál ave Fénix, de sus cenizas. Las encuestas, pese a su dureza, abren un resquicio de luz: en el citado estudio, los jueces obtienen la mejor puntuación (5´49), sólo superados por la Policía Judicial (5´88). Aun así, es justo reconocer que abogados, fiscales y funcionarios puntúan casi igual que aquellos, pues todos están bastante parejos. Lo que decíamos, la culpa está en otro sitio. El 61´6 de los encuestados cree que los medios de los tribunales son insuficientes. Y, la mayoría de estos que debe aumentarse la plantilla judicial. Pese a ellos, hay quienes se empeñan en el “coste cero”.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 OJO CON LA NOJ: AVISO PARA NAVEGANTES Fernando Germán Portillo Rodrigo, Magistrado. El autor analiza exhaustivamente las dificultades prácticas derivadas de la aplicación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Frente a las huecas proclamas oficialistas, describe el caos traído por la reforma a aquellos partidos judiciales que han tenido el infortunio de hacer de conejillo de indias. Aunque el problema lo hayan creado los políticos, las consecuencias las padecemos los jueces…y los justiciables.

Fallas de Valencia: 2011 OBITER DICTA: “Es por tú bien, es por tú bien”. Ese es el mensaje con el que nos bombardean a los incautos que hemos asistido en alguna ocasión a un curso de formación del CGPJ sobre la NOJ. Da casi pena el patético denuedo con el que insisten en que “esto no tiene marcha atrás”. A algunos tal vez les guste el penetrante contacto de la perforante aguja carnicera con la que quieren anestesiarnos. Se tragaron el cuento de que había que superar las decimonónicas secretarías judiciales. Pues bien, que disfruten.

Se equivoca el/la juez que piense que esto de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) es algo que no le afecta. Puede que no inmediatamente, pero no albergue duda alguna de que acabará impactando contra su vida profesional como un tren de mercancías descontrolado. La voluntad política, emanada del Pacto por la Justicia entre PSOE y PP y que dio a luz a las reformas de 2003 y 2009 que ahora se están materializando, es clara y unívoca: no hay marcha atrás.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Es indiferente que, tras unos meses de su implantación, TODOS los profesionales afectados (jueces, asociaciones judiciales, abogados, secretarios, funcionarios y sindicatos), y los propios usuarios, estén denunciado la enormidad de sus disfunciones, estructurales y de puesta en funcionamiento, que están afectando al trabajo de todos ellos y al derecho del justiciable a una administración de justicia ágil, rápida y eficaz; o a una que siquiera funcione. La NOJ, coinciden todos los que tienen alguna responsabilidad en esta cuestión, seguirá adelante, aunque sea, como se apunta desde el Ministerio de Justicia (sin decirlo abiertamente), parcheando lo que falla o, incluso, modificando de forma importante su diseño, pero sin que se haya planteado invertir mucho, muchísimo más de lo que se está invirtiendo, o no fundamentalmente en marketing y publicidad en forma de stands, ponencias, conferencias, cursos, mesas redondas, folletos y hasta revistas de tirada regular. Lo que viene a continuación pretende ser una recopilación de todas las deficiencias que, durante los últimos meses, se han ido denunciado, fundamentalmente por los jueces y principalmente por los afectados de Burgos, Murcia y Cáceres, utilizando el foro del correo corporativo del CGPJ o diferentes medios de comunicación. Así mismo, estas líneas son deudoras de la Jornada organizada en Sevilla el 1 de abril de 2011 por la Sección Territorial de Andalucía de Foro Judicial Independiente con el título de “Disfunciones de la Nueva Oficina Judicial. Las dramáticas experiencias de Burgos, Murcia y Cáceres”, con participación de todas las partes implicadas. Antes de entrar a ver cuáles son esas disfunciones denunciadas por los jueces que están viviendo la NOJ, se ha de señalar que la principal de todas ellas, y la madre de muchas, es el propio diseño de la misma y que, muy resumidamente, se puede decir que gira en torno a una idea, de éxito en otras ramas de la Administración: la de fragmentar el proceso en diferentes partes separadas que, sobre la base de la siempre discutible distinción entre lo puramente jurisdiccional y lo estrictamente procesal, se asignan a diferentes funcionarios, agrupados en distintas unidades de trabajo y bajo la dirección y control de unos u otros encargados/responsables, al modo de una cadena de producción donde el que sabe poner tornillos no sabe cómo se colocan las tuercas y desconoce qué aspecto va a tener el producto final. De estas unidades estancas dos destacan sobremanera. Las Unidades Procesales de Apoyo Directo (al Juez), que vendrían a ser los “antiguos” juzgados de toda la vida al frente de las cuales habría dos cabezas visibles, el Juez y el Secretario; y, dentro del más amplio Servicios Comunes Procesales, el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP), con una única cabeza visible, el Secretario (aquí el Juez desaparece). En la complicada coordinación entre ambas unidades se encuentran muchas de las disfunciones denunciadas por los/las jueces de las referidas ciudades, siendo todas ellas las siguientes: 1) El insuficiente personal que integra las UPAD, lo que dificulta el trabajo del Juez y carga sobremanera a los funcionarios que conforman esta unidad. Esto se debe a que el número mínimo de funcionarios que habían de integrar las UPAD y que se fijó por Orden en el año 2005 (es decir, hace ya seis años), ni se ha modificado con el transcurrir de los años y el progresivo aumento de la carga de trabajo de los juzgados, ni ha sido realmente “mínimo”, ya que las cifras entonces acordadas han

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 funcionado de hecho como “máximos”. Esto es especialmente gravoso, por ejemplo, en los juzgados de instrucción, donde el Secretario no ha hurtado al Juez casi ninguna atribución y, sin embargo, so pretexto de la indicada diferenciación del trabajo, se le ha privado de personal hasta el punto de ver reducida la plantilla que le asiste a la mitad de lo que tenía, o incluso menos, con casi la misma carga de trabajo. 2) Las funciones de la UPAD no están definidas con el detalle necesario, asumiendo los escasos funcionarios que las integran, de hecho y en muchas ocasiones, funciones que en principio habrían de corresponder al SCOP (pero que este servicio no puede llevar a cabo porque resulta que, también, anda escaso de personal). 3) Como consecuencia de lo anterior se están produciendo importantes conflictos entre las UPAD y los SCOP, sin que exista instrumento previsto o autoridad señalada para resolver estos conflictos, con todo lo que ello supone. Tras una última Instrucción del CGPJ de 31 de marzo de 2011 (hubo otra de 28 de octubre de 2010), parece que éste es el mecanismo escogido para tratar de atajar dichos conflictos; y si nos atenemos a dicha Instrucción, parece que se va a hacer procurando que las que se aprueben vayan de la mano de otras del Ministerio de Justicia de cuasi idéntico contenido, por eso de la bicefalia JuezSecretario; dejamos para otros valorar la oportunidad, acierto y, sobre todo, la legalidad de (tratar de) imponer soluciones por esta concreta vía normativa. 4) Igualmente se están dando conflictos entre Jueces y Secretarios sobre quién da qué instrucciones a los funcionarios, sin que, al igual que en el caso anterior, se haya previsto ni se vea posible quién ha de solucionar dichos conflictos. Sobre las Instrucciones del CGPJ que están aprobándose con este supuesto fin, nos remitimos al punto anterior. 5) Debido al diseño NOJ, se produce un constante trasiego de los expedientes, que pululan entre la UPAD y el SCOP (fundamentalmente), en trayectos que son de ida y vuelta y otra vez ida para, luego, regresar de vuelta, dada la tajante separación entre ambas unidades y siendo imposible al Juez, funcionarios, abogados o procuradores saber en cada momento dónde está físicamente el expediente, retardándose enormemente la tramitación de los mismos, perdiéndose muchos de ellos y/o no uniéndose a tiempo documentos esenciales (pruebas o peticiones de parte). En muchas ocasiones, ni siquiera el Juez tiene el proceso sobre su mesa unas horas antes de que el juicio comience para así poder estudiarlo.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 6) Como consecuencia de todo lo anterior, se están produciendo habituales suspensiones de las vistas y juicios, así como anulaciones, a la vez que se está observando un aumento exponencial de la burocratización en la tramitación de los procesos que da lugar a muchísimos retrasos (lo que antes se hacía en uno o dos días, tarda ahora semanas), aísla procesalmente al Juez y genera un crispante ambiente de confusión, justo lo contrario de lo que se pretendía. Tanto es así que el Ministerio de Justicia se está planteando seriamente que, en la implantación de la NOJ que en breve se va a realizar en Cuenca, Mérida y León, el SCOP pase a formar parte de la UPAD o simplemente hacerlo desaparecer (¿?). 7) El expediente digital, base sobre el cual se construye todo el diseño de la NOJ, ni está ni se le espera, al menos y según representantes del Ministerio de Justicia, hasta dentro de cuatro o cinco años, uno de los motivos por los que hay que trasladar físicamente los expedientes de un lado a otro en todo momento. 8) La agenda programada de señalamientos, otro pilar del diseño NOJ, no funciona, y los mismos se hacen a mano; es más, en una segunda versión de la agenda que creó el Ministerio de Justicia se eliminó del sistema la validación legalmente preceptiva del Juez, de forma que éste no tenía forma de controlar que los señalamientos se hacían conforme a sus criterios. En Cáceres, el Ministerio ha optado directamente por no ponerla en marcha, con promesas de que en septiembre ya estará funcionando. 9) El sistema de grabación de las vistas y juicios no funciona correctamente; en Burgos, en concreto, ya han visto funcionar en sus salas hasta tres sistemas distintos en tan solo unos meses, el último de ellos el “e-fidelius”, cuya rigidez (demostrativa de un gran desconocimiento de lo que es un acto de juicio) y fallos constantes en digitalización de intervinientes y grabaciones son motivos de retrasos, suspensiones y futuras anulaciones. 10) El programa Minerva NOJ tiene numerosas deficiencias: es demasiado rígido, impidiendo al Juez introducir modificaciones en los modelos de resoluciones que forman parte de su base de datos; muchos de los modelos no son acordes a la legislación procesal pero, al no poderse modificar, el programa se convierte en verdadera fuente de derecho imponiendo cómo hay que resolver o cuáles son los trámites a seguir; faltan numerosos modelos, lo que es especialmente gravoso en jurisdicción voluntaria; el sistema se “cuelga” constantemente, con interrupciones de funcionamiento que van desde los veinte minutos hasta las dos horas, obligando al personal aplicado a trabajar por las tardes, que es cuando funciona mejor; el programa atribuye informáticamente a las UPAD funciones que legalmente corresponden al

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 SCOP; no existen herramientas informáticas para localizar en qué unidad o dónde se encuentran los expedientes. En fin, por todo lo dicho queda claro que no sólo se están dando las normales disfunciones propias que todo cambio lleva consigo, sino que: a) muchos fallos son de puesta en funcionamiento al no haberse querido, ni tener propósito en el futuro de, invertir a la altura de lo pretendido; b) otros muchos fallos son estructurales, del propio diseño, muestra de una gran improvisación y un gran desconocimiento de cómo funciona (o funcionaba, allí donde la NOJ ya es una realidad) un Juzgado. En definitiva, esto es lo que está ocurriendo en los territorios NOJ que dependen del Ministerio de Justicia a día de escribir este artículo (11 de abril de 2011). No lo dice éste que suscribe, sino que, como queda dicho líneas arriba, son las denuncias que, fundamentalmente jueces, pero también abogados y procuradores, han venido realizando desde la progresiva implantación de la NOJ. Jueces que han comentado ya en muy distintos foros que, gracias a la NOJ y las referidas suspensiones y retrasos, trabajan mucho menos que antes, pero que no por ello dejan de decir en voz alta, y a todo el que quiera oírles, lo que de verdad está pasando según su experiencia. Lo que más inquietud causa no es que estén dándose todos estas deficiencias, sino que, a pesar de ellas y su constante denuncia por todos los implicados, el discurso oficial desde el Ministerio de Justicia, avalado por el CGPJ, sea cantar las alabanzas del sistema NOJ, señalando que es un diseño óptimo de la organización de los juzgados que, además, está funcionando razonablemente bien allí donde se ha implantado, y que los fallos y errores que se están produciendo son los esperados y se irán corrigiendo poco a poco con el esfuerzo conjunto de todos; un mensaje que, indefinitiva, se pude resumir con la siguiente frase: la NOJ está aquí para quedarse. Y es que no hay mejor ciego que el que no quiere ver. Porque nadie discute que era necesario un cambio en la organización judicial para dejar de funcionar con estructuras decimonónicas. Pero es evidente que éste no es el camino, aunque se quiera imponer que sí. Gracias a los compañeros jueces que nos mantenéis al día con lo que está sucediendo. A vosotros van dedicadas estas líneas. PD. Otro día hablaremos de la reforma de la reforma que ahora mismo está en ciernes en forma de anteproyecto, los Tribunales de Instancia, que va a cambiar esta organización aún en pañales a costa de aumentar la carga de trabajo de los jueces (maquillando la estadística, de paso) y a costa de constreñir la independencia de mismos, arrinconándolos aún más si cabe que el actual diseño NOJ; y vulnerando, de paso, derechos fundamentales tales como el derecho al juez natural predeterminado. Pero eso ya es otra historia que, por cierto, se está vendiendo como la siguiente fase de la implantación de la NOJ… cuando nunca antes se dijo nada de esto.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 EL LENGUAJE DE LOS JURISTAS-POLÍTICOS Obiter Dicta ¿Qué es mejor, que a uno le den una paliza o un millón de pesetas?

Esa pregunta se hacía el finado humorista José Luis Coll para, acto seguido, divagar interminablemente sobre los pros y contras de ambas opciones, argumentando absurdamente lo obvio. La reforma de los Tribunales de Instancia implica un gigantesco retroceso de nuestros derechos laborales, algo que casi ni siquiera cabe imaginar. Pero eso no es lo que más duele, sino el alambicado lenguaje que nuestros juristas-políticos han inventado para convencernos exactamente de todo lo contrario. Espiguemos algunas de sus perlas lingüísticas.

“Hay que superar la estructura decimonónica de nuestra planta judicial” Es la falacia contra antiquetatem, es decir, criticar algo porque sea antiguo. Olvidan, sin embargo, que los partidos judiciales fueron creados en 1833 como una garantía de la independencia judicial ante el Poder Ejecutivo. Por cierto, la separación de poderes también viene también de lejos; tanto que Montesquieu ya está muerto (vaya, ahora me entero, mi más sentido pésame).

“Es un absurdo que los juzgados funcionen como compartimentos estancos o células aisladas”

Suena mal eso de “estanco” en conjunción con lo del tejido celular. Parece que uno fuera a morir de cáncer por fumar en exceso. Ahora bien, los juzgados son “estancos” porque, al frente de cada juez, existe un equipo funcionarial y una asignación de trabajo propios (como en un Ministerio, negocio o cualquier otra estructura humana dotada de una mínima capacidad de acción propia). En caso contrario, se diluye todo en un magma donde se pierden la más mínima capacidad autoorganizativa, como si fuéramos fiscales. “Es una irrenunciable aspiración la supresión de la justicia interina”

Sí, sí claro. Pero lo que no cuentan es que, sin interinos, tendremos que ser los titulares los que nos cubramos entre nosotros cuando alguno caiga enfermo, vaya a un curso...o lo que sea. Como los secretarios y fiscales. Al fin y al cabo, para ahorrarle dinero al Gobierno. Muy bonito, de verdad. “La adscripción funcional flexibilizará la rigidez de nuestras unidades judiciales”

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Menudo palabro el de “adscripción funcional”. Traducido: el GGPJ tiene potestad para endosarnos la tarea que antes correspondía a otros juzgados que no fuesen el nuestro; ello sin contar con que el Presidente del TI, pactados los señalamientos con unos secretarios politizados, nos dirá cuándo y dónde tenemos que entrar en sala o que asuntos llevar. ¡Viva la independencia ¡ (Pancho Villa dixit). Y ahora, la joya de la corona: “Más juez no ha de suponer siempre más juzgados” Atención, que no tiene desperdicio: se crearán nuevas plazas de jueces sin dotarlos de sus correlativos funcionarios. O viceversa. En la práctica supone la desaparición del juzgado como marco del volumen de entrada y asignación de asuntos. O sea, qué trabajaremos cuánto, cuándo y como nos digan los jefes. Parece mentira que no hace tanto se luchara con denuedo por los señalamientos y contra los módulos, mientras que ahora comulguemos con ruedas de molino. Indiscutiblemente, nos estamos haciendo viejos. Como todo está tan claro, mejor decirlo en latín: Cur ad Cortes Instantiae genuflexio? Quia Cuniculus tributum domino suo debet. EL SALARIO DE LOS JUECES Y LA CRISIS ECONÓMICA (SCOP + TTI = ¿¿??)

Jesús Manuel Villegas Fernández, magistrado. La bajada de sueldo, las Nueva Oficina Judicial y los Tribunales de Instancia, en el fondo, obedecen a una misma lógica: el ahorro de recursos económicos a costa del trabajo de los jueces. Y, de paso, recortando su independencia. OBTITER DICTA: ¿De qué se ríen esos? De un chiste muy gracioso: los jueces son un poder del Estado, luego no tienen derecho a hacer huelga. ¿Imaginamos a un Ministro o a un Senador en huelga? Pues es lo mismo; un juez es exactamente como un miembro del Gobierno o del Parlamente. Igualito.

España se ha acostumbrado a vivir como un país rico. En pocas décadas hemos ascendido al escalafón de las primeras potencias, lo que nos ha reportado un considerable bienestar material. Por eso, nadie termina de creerse eso de la crisis económica. Pensábamos que sería un bache pasajero que no afectaría a nuestra vida cotidiana: pasaríamos las vacaciones, no en Nueva York, sino en Albacete. Un poco de paciencia, las cosas mejorarán pronto.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Pues no. Esa imagen rosácea se está ennegreciendo: paro, inflación, alza de las hipotecas, bancarrota empresarial...en nuestras calles pululan los mendigos. Inimaginable en este país donde los albañiles presumían de una billetera bien repleta. La situación es mucho peor de lo que ha interiorizado la opinión pública. De ahí el espartano programa de austeridad que compromete tantas conquistas sociales. Y a los jueces nos ha llegado el turno de apretarnos el cinturón. Muchos ciudadanos nos contemplan como a una casta de privilegiados: funcionarios apalancados en su plaza en propiedad, ganando una fortuna y que, encima, se quejan. No está de más que les bajen el suelo. El recorte salarial, de entrada, no es costoso electoralmente para el Gobierno. Mas no nos quedemos en lo obvio, ya desde la época de la bonanza económica se viene labrando una revolución asordinada. Veamos. La Nueva Oficina Judicial (NOJ) ha apostado por el sistema del “Servicio Común” (SCOP). Donde antes había una “secretaría”, ahora se coloca una macroficina en la que los funcionarios se alinean como en una cadena de montaje, sin ninguna vinculación orgánica con los juzgados. La lógica es sencilla, dado un determinado volumen de trabajo “v” y un número de empleados “n”, la tarea se distribuye entre todos ellos (v/n) superando los “compartimentos estancos de los juzgados”. Así se homogeneiza la carga laboral evitando desigualdades (por ejemplo, antes el juzgado “x” iba muy bien mientras que “y” renqueaba, por lo que uno producía más que el otro - x > y -; ahora todos pasarán por el mismo rasero) .Era sólo cuestión de tiempo que el sistema se exportara a la magistratura: los Tribunales de Instancia (TTI) son el Servicio común de los jueces. Pese a tan prometedores augurios, en la práctica está siendo un caos. No funciona. Y es que el modelo se basa en el principio económico de las “economías de escala”, que favorecen las megaempresas (tomar partido a favor de las grandes superficies contra el comercio familiar). Como nuestros técnicos deberían saber, las economías de escala degeneran en “deseconomías de escala” cuando están mal gestionadas. Ya nadie se acuerda del Koljoz soviético. Y es que todo tiene truco. Las oficinas judiciales están controladas por secretarios politizados, digitalmente promovidos por el poder político. A simple vista los TTI parecen distintos, ya que sus presidentes son democráticamente elegidos. Ahora bien, la clave radica en la “adscripción funcional” o facultad de distribuir los asuntos, de la que es titular el Consejo, órgano que, como sabemos, chapotea empantanado hasta las trancas en una bochornosa politización. Eso sin contar con que los jueces pierden su UPAD (o sea, se quedan sin funcionarios) así como la facultad de controlar los señalamientos. Ahora entraremos en sala según un cuadrante pactado con esos secretarios dedocráticos. SCOP + TTI = Justicia burocratizada. A la postre lo único que queda es que los jueces perderemos el control sobre nuestros asuntos, trabajando cuándo, cuánto, cómo y dónde nos mande el estamento político. El problema es que, en realidad, nadie se cree que seamos un Poder del Estado. Nosotros no producimos automóviles o colocamos ladrillos (con todo el respecto para las demás profesiones), sino que administramos Justicia. La sociedad admira a sus cirujanos, ingenieros aeronáuticos, científicos o policías. Pero los jueces son otra cosa, ya que parece que no sirvamos para nada. No obstante, nuestra misión es velar por los derechos fundamentales, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos. La misma economía nacional depende de la seguridad jurídica. Pero no se nota. ¿O sí? Bueno, mientras no hagamos huelga.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 CARPE DIEM (Reflexiones de un letrado) Publicamos un curiosísimo trabajo que nos he hecho llegar a la redacción un anónimo letrado. Como no sabemos quién sea, lo llamamos OBITER DICTA, según es ya costumbre. Parece hermano gemelo de nuestro clásico “El Incompatible”. Y es que jueces y abogados somos víctimas por igual de la politización de la Justicia. ¡Es tanto lo que tienen que perder los letrados ante los designios de la casta política y de sus secuaces togados digitalmente untados! No sólo en España, sino en todo el mundo civilizado. Como muestra un botón: los colegiados franceses pusieron el grito en el cielo cuando supieron de los designios presidenciales de encomendar la instrucción a la Fiscalía.

¿Juez o abogado? Son casi indistinguibles, no olvidemos que ambos visten toga, aunque a algunos el contacto con la política se la haya ensuciado.

Son las 8 de la mañana y el despertador ha vuelto a sonar. Si ya es difícil que el “bip” sonoro no perturbe mi homosexual abrazo a Morpheo, más complicado aún resulta acallar la conciencia de quien se siente i-responsable (curioso término que define, en el peculiar vocabulario del ingenuo protagonista, la incongruente situación en la que perennemente sobrevive). La última copa sobró… y la penúltima. El cliente no siempre tiene la razón. No señor. Mañana (por hoy) pienso dejar de reunirme fuera del despacho. Faltaría más. Soy dueño de mi vida y de mis actos (por cierto, ¿dónde está el “espidifen”?). Si alguien, por mucha relevancia que pueda tener en la cuenta de resultados del despacho, quiere comentar el estado de sus procedimientos, que pida cita a la Secretaria y gustosamente se buscará un horario (por supuesto laboral) para atenderlo. Son muchos años de bagaje jurídico. Faltaría más…

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 El café está algo frío. Mi querida esposa hace ya tiempo que, duplicando su rol familiar y cubriendo las carencias de su compañero vital, antes de despertar a los niños y aderezarlos para su jornada escolar, preparó la cafetera italiana a mi gusto (cargado y espeso) –por cierto, se me antoja una alegoría de mi propia vida… “cargada y espesa”-. Intento dejar de pensar pero al hombrecillo que habita en mi cerebro hoy le ha dado por golpear incesantemente los occipitales como si el alcohol que ayer consumí le hubiera alterado su minúscula existencia y pretendiera salir por la fuerza de su habitáculo. No volverá a ocurrir. Palabra de honor. La paternidad es algo más que cargar mensualmente los gastos de tus vástagos en una cuenta. A partir de mañana (por hoy), seré un padre ejemplar. Acompañaré a diario a mis hijos al centro escolar. Conoceré a sus docentes. Escucharé sus inquietudes y sus quejas. ¿Quejas?... ¿Cuántos años tienen?. La inadmisión de ese Recurso, claramente extemporáneo, no creo que pueda tener mejor nombre… Me introduzco desnudo en la ducha. El nuevo mármol con el que, tras la reforma del piso, se han recubierto las paredes, ayuda a la relajación. “Verde que te quiero verde”. No he tenido tiempo para pensar, sólo para pagar, pero el decorador ha acertado. Lástima que no haya omitido los espejos pues me hacen ver, amén de mis carencias (más bien excesos) físicos, mis enormes ojeras, que como otoñal hojarasca, ensucian el verdor de la noble piedra. Mañana (por hoy) pienso cuidarme, reponerme… ¿o es mejor recurrir en revisión?…. ¿Cuántos años diciendo lo mismo?... Da igual. De nuevo estoy fuera de plazo. ¿3, 5, 20 días,?.... No se trata de una reforma. Se trata de apelar a la esencia de uno mismo: La voluntad. Ni el afeitado con la cuchilla y espuma más moderna y compleja, respectivamente (de nuevo otra alegoría de mi vida, “moderna y compleja”), impiden que retumbe en mi cabeza el zumbido de la realidad (Pan, Pan, Panpanamericano¡). Efectivamente no se trata de un recuerdo jurídicamente relevante pero por mucho que intente desviarlo de mi consciente, a nada que me relajo (mentalmente hablando claro está), compruebo que irremediablemente se ha descargado en el disco duro (y tanto) de mis recuerdos (espero que la Ministra “Sinde” no me detenga por ello). Al menos conseguí el ansiado cheque (grita en silencio mi psique). Mañana (por hoy) hace 9 años y un día (pena superior en grado máximo según la última clasificación de mi entidad bancaria) desde que mi ilusión se vistió de gala; hermoseó mi ego hasta insospechado extremo, cuando me convertí en paladín de un denostado individuo, gran señor de ilustres ambientes, que prostituido en millares de batallas de las que siempre supo salir airoso (ahora sé, por mucho que me pese, que dejando palidecer por el camino los honorarios de compañeros que, mejor o peor, habían vendido, como yo, su alma al diablo), contrató mis servicios, más que por merecimiento profesional, por eliminación de posibles jurisconsultos. Jamás volveré a caer en esta trampa, terminé diciendo en voz alta tratando de ensordecer las carcajadas del hombrecillo que, gracias al ibuprofeno, ahora con menos ímpetu, seguía aferrado a mi sien derecha como si hubiera encontrado un orificio de salida… Si difícil fue el aseo, peor elegir vestimenta. Nunca mejor que hoy he comprobado que cuando el ánimo flaquea, el armario encoge hasta límites insospechados. No había forma de conjuntarse.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Ninguna reforma legal, por muy compleja que hubiera sido para los Padres de la Patria, era comparable con mi dificultad para conjuntar algo tan simple como una camisa y una corbata. Mañana (por hoy) voy a prescindir de la estética textil, gasto superfluo donde los haya para alguien que se supone “vende” intelecto. Es evidente que ni las formas ni la estética deben influenciar a los clientes… Con un beso encogido por la ausencia se despiden mis hijos al marcharse. El atronador silencio en el que he quedado sumido me recuerda las horas de cariño que les he hurtado (o quizás robado ya que nuestra pasión –la de todos- por el trabajo, psíquicamente roza la violencia, -y además en casa habitada-). Mañana (por hoy) dejaré de trabajar una hora antes para estar con la familia… y sucesiones. Todo sea por la productividad profesional (retrocedo en mis pensamientos). No hay que ver nada más que la cuantía del procedimiento para saber que era un asunto i-renunciable (término con el que nuestro protagonista definía cualquier caso que le era planteado). Al fin y al cabo es algo evidente que, antes o después, todos los clientes pagan… A duras penas, resaca en mano, llego a la entidad bancaria que financia mi exiguamente exitosa existencia (con tanta “x” resulta difícil despejar la incógnita). Con una sonrisa interesadamente forzada ingreso en cuenta el anhelado talón (cheque, pagaré, letra de cambio… es igual o da lo mismo) al objeto oscurecer el color carmesí de mis recursos (obviamente previo pago de la tasa, faltaría más). Por fin este mes podré respirar… Por muchas eximentes que nuestro ordenamiento jurídico contemple, el “ahogo” económico solo es aplicable en la vigilia del sueño. Mañana (por hoy), para garantizar mis emolumentos, he decidido preparar una oposición … y no precisamente a la ejecución del título judicial que mi entidad bancaria, tras declararme en mora, hacía meses que había decidido plantear. Saludando a diestro y siniestro (nunca mejor dicho), llego al despacho. Hogar dulce hogar. Tras saludar al portero (no automático pero casi), me introduzco en el ascensor con una pareja de emigrantes… no hablan mi idioma pero seguro que pagan… debí dedicarme a extranjería, pensé... Empujo una puerta entreabierta por la que se extraviaba el aire caliente del calefactor (como se nota que no pagan la luz) y nadie me dice buenos días. Es más, nadie me saluda ni me habla (definitivamente algo ha tenido que pesar los tres meses sin pagar)… Pero el personal continúa trabajando. Agacho la cabeza buscando en cualquier momento la palabra-puntilla que me descabelle. Nadie habla. Ruidoso silencio. Sepulcral. Pero internamente sonrío… tras aguantar a los clientes anoche (eso no lo valora nadie) he logrado cobrar… si señor, hoy será un buen día. ¡Margarita!... Por favor a mi despacho. Diligentemente acude mi secretaria sin más armas que un pequeño cuaderno y un bolígrafo sin capuchón. ¿Decía? No nada, preguntarle por las llamadas, contesté presto antes de entablar un diálogo. Sólo una de su Banco (¿mi banco?... como odio los determinantes demostrativos posesivos falsos).

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-Simplemente para decirle que el talón depositado es falso. OBITER DICTA Triste desenlace el de nuestro letrado al que ni siquiera le pagan su trabajo. Si nosotros, los jueces, estamos agobiados, pensemos en los abogados, asfixiados por inexorables plazos perentorios y por unos clientes a los que les cuesta trabajo entender que la Ley no siempre esté de su parte. No lo olvidemos, jueces y abogados estamos en el mismo barco. Nuestros intereses no son ideológicos. No sería de extrañar que algún día fuese la Abogacía la que, ante nuestra pasividad, plantara cara al poder político en defensa de la Justicia. Además, y en eso se insiste poco, abogados y jueces somos un ejemplo de honradez, (en comparación con otros colectivos que ni mentamos). Meditemos sobre ello con un pequeño juego, sin rigor estadístico, pero que mueve a la reflexión. La macrobase de datos NGRAM VIEWER de Google permite, rastreando entre millones de libros, detectar la evolución de la frecuencia de uso de las expresiones lingüísticas. Si introducimos las locuciones “juez corrupto”, “abogado corrupto” y “político corrupto”, adivinemos quién se lleva la medalla de oro.

El gráfico no tiene desperdicio. Muestra el crecimiento de la expresión “político corrupto” (rojo) desde 1978 a 2008, muy por encima de la “juez corrupto” (verde). Y, fijémonos, en la línea azul (“abogado corrupto”), tan poco usada que apenas despega del suelo.

NOTA: la fotografía que encabeza este artículo ha sido tomada en la estación de Atocha (Madrid) de la estatua en homenaje a los agentes comerciales. Esperemos que no se ofendan porque hayamos utilizado su egregia figura para representar a los servidores de una Justicia que no termina de despegar porque los políticos le han cortado un ala, con sus designios de manipulación. Era lo que decíamos antes, una cosa es el Consejo, órgano político y politizado, y otra los jueces que luchamos en la trinchera judicial, en el mismo bando que los señores letrados.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 LA INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS SUPERVISORES DE SECTORES ECONÓMICOS DE INTERÉS GENERAL. CONTEXTO Y REALIDAD. ¿OTRA LÁGRIMA EN EL VALLE? Jesús Bobo Ruiz, profesor de Derecho Administrativo. SUMARIO 1. 2. 3. 4.

MAGNITUD DE LOS MERCADOS Y CONFUSIÓN DE LOS OPERADORES. EL ARTÍCULO 106 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE. ¿INDEPENDENCIA PARA QUÉ Y RESPECTO DE QUÉ O QUIÉN? CONCLUSIÓN.

La “independencia” no se predica sólo de los órganos judiciales, sino de cualquier ente que dotado de capacidad de decisión. El autor, en un estudio de rigor técnico incontestable, analiza como los organismos supervisores de los mercados económicos van perdiendo independencia frente a la invasión de la política. Muy probablemente los propósitos gubernamentales de atribuir a la Fiscalía la investigación criminal sigan un designio cortado por un patrón similar. OBITER DICTA: la política acumula trofeos, dentro y fuera de la judicatura. 1. MAGNITUD DE LOS MERCADOS Y CONFUSIÓN DE LOS OPERADORES. Todo análisis económico suele ir precedido de una previa ponderación del “peso del sector” que se estudia. Por ello y aunque la pretensión de esta reflexión es meramente jurídica conviene hacer una necesaria y precisa advertencia para un mejor calibrado de lo que aquí se refleja y una correcta contextualización. Los bienes y servicios en los mercados, cualesquiera que sean los mercados en los que se intercambian nunca están aislados. No me refiero a que sean interdependientes los precios de unos y otros, que lo son, sino a que no existe ningún mercado cuya mercadería sea un único bien, ya que siempre se intercambian al menos dos: el dinero y el bien que da nombre al mercado. De este modo el precio puede darse en sentido inverso, el primer bien actuaría como unidad de referencia y el segundo como precio (1€ vale 1 kg. de arroz). La interdependencia entre estos dos bienes es pues plena aunque en la mayor de las veces se olvida por su complejidad uno de los dos; así el precio de la vivienda disminuye con el exceso de su número, pero el exceso de masa monetaria incrementa el precio de la vivienda, siendo difícil interpretar ambos mercados uno actu pues operan con distintos ritmos. En efecto, según los datos empíricos los excesos de masa monetaria se reflejan en precios de los otros bienes y servicios entre los dos y tres años posteriores a su emisión (pero este es ya otro cantar, cuya tonadilla empieza a sernos ahora tristemente conocida. Un ejemplo magnífico puede leerse en: Zhong Nan en China Daily European Weekly de 23 de abril de 2011).

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Con la anterior manifestación pretendo afirmar que al hablar de mercados regulados debería emplear exactamente la mitad de estas líneas a hablar del mercado de dinero, y por ende de los bancos centrales y ciertos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, no voy a guardar la proporción económica, y con ello aún separándome de la realidad, creo que me acerco a la lógica de mi discurso. Por otra parte para precisar y contextualizar mi objeto he de recordar también que la regulación de un sector económico es doble: regulación económica y regulación industrial, sin que deba confundirse una con otra, ni tampoco la distinta naturaleza de las potestades administrativas que sobre uno y otro ámbito se puedan proyectar. Tampoco están aisladas estas regulaciones, aunque debieran. Sirva de ejemplo que la exigencia de catalizadores en los tubos de escape de los vehículos se defendió por Alemania por razones económicas y no por motivos industriales, al ser los vehículos de gran cilindrada alemanes más aptos para cumplir esa exigencia supuestamente ambiental que no era sino una medida de efecto equivalente.. Pronto se advierte pues, que los organismos reguladores pueden padecer una “confusión interna” si no están bien separadas sus funciones (regulación y supervisión económica frente a la industrial) salvo que estén encomendadas a dos organismos distintos. En todo caso, unos y otros adolecen de un mismo mal de raíz como seguidamente se apreciará, fijémonos ahora muy brevemente en la regulación y supervisión industrial. Piénsese por ejemplo en dos reguladores nipones, NISA (la Agencia para la Seguridad Industrial y Nuclear del Japón) y NSC (Comisión de Seguridad Nuclear del Japón). Recordaba el Financial Times (FT, 20 de abril de 2011) de estos reguladores que hace una década ante denuncias sobre la inseguridad de las centrales nucleares propiedad de la Tokio Electric Power Company (TEPCO), encargaron su investigación a quien mejor conocía sus actividades e íntimas realidades: obviamente, la propia compañía eléctrica. Fue tal el escándalo en su día que – alma japonesa – dimitieron los responsables y 17 reactores fueron cerrados temporalmente para su inspección. Pues bien, NISA está hoy controlada por funcionarios del Ministerio de Industria nipón que practican el amakudari nombre de bonito sonido vasco que significa - según traduce el rotativo - “descender del cielo” a la empresa privada. Es más, al parecer, los mejores físicos de la Universidad de Tokio son contratados por TEPCO y los segundones se acomodan en NISA hasta su posterior descenso a los puestos directivos de la compañía privada, según informa el FT. La dependencia pues, está garantizada: no hay solución de continuidad entre Universidad-Ministerio-Órgano Supervisor-Empresa privada. La cadena sólo se interrumpe al llegar al pacífico japonés que sostiene todo el andamiaje vía impuestos y precios, siendo él el único que no participa en el juego, y mucho menos en la ganancia. El amable lector que haya llegado hasta aquí pensará bien seguro que quizás fuésemos nosotros quienes inventamos el amakudari exportando su práctica bajo nombre regional, por discreción. He ahí pues un magnífico entramado de organismos supervisores industriales que excusa analizarlos en nuestra vieja piel de toro –donde las últimas dimisiones que se recuerdan lo eran a resultas de la llegada de los motoristas del Pardo con la misiva que despejaba de sus últimas dudas al dimitente-cesado.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Acotado, y sobre todo contextualizado el objeto: queda excluido el mercado monetario (la mitad del problema) y la supervisión y regulación industrial; es necesaria una última restricción jurídica y política en el dominio de mi campo de estudio: distingo ahora entre actividades competitivas y no competitivas. 2. EL ARTÍCULO 106 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (TFUE). Dice el artículo 106.2 del TFUE que “las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión”. El artículo 14 del mismo Tratado no es ajeno al valor que los europeos otorgamos a ciertas actividades, como esencialmente, los servicios públicos. Por ello afirma que: “Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 93, 106 y 107 del presente Tratado, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán porque dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos principios y condiciones mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de la competencia que incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los Tratados, para prestar, encargar y financiar dichos servicios.” Sabido es que el proceso de aplicación y desarrollo de las normas sobre la libre competencia en el contexto europeo ha sido y está siendo lento, particularmente porque es difícil para una organización supranacional superar la incertidumbre que a los estados miembros genera un mercado no intervenido que debe satisfacer necesidades consideradas esenciales. El Tribunal de Justicia ha interpretado los dos precedentes preceptos (los viejos artículos 10 y 86 del TCE) mediante dos principales premisas flexibilizadoras: en primer lugar negando el ámbito subjetivo de aplicación a los sistemas de pensiones públicos – aunque no siempre-, reconociendo a los proveedores su carácter no empresarial y una segunda funcional: negando la aplicación de las normas competenciales de los Tratados a ciertos servicios públicos (servicios de interés general, incluso económicos, art. 106 TFUE). Sorprenderá al paciente lector que interesen a nuestro excurso los pareceres europeos, tan cansinos ellos. Pero no debe ser así, pues son justo la esencia de la cuestión debatida, y lo que es más importante, en su conjunto constituyen el parámetro que ha de servir de referencia para enjuiciar el grado de independencia de nuestros organismos supervisores.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Prescindiendo ahora de un análisis jurisprudencial de la aplicación del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea (TUE) que nos llevaría a valorar la dificultad aplicativa del deber positivo y negativo de los estados miembros en sus actuaciones y omisiones frente a los otros estados y la propia Unión en la consecución de los objetivos de la misma bajo el principio de cooperación leal en el ámbito del derecho de la competencia (principalmente Asuntos Van Vlaamse 311/85; Van Eycke 267/86 como primera doctrina; y más tarde Reiff, C-185/91, Meng C-2/91; Comisión v Italia C-35/96) , y el effet utile, conviene recordar a nuestros efectos, que dentro del ámbito de exención del derecho de la competencia del artículo 106 TFUE hay condiciones que deben ser respetadas. Las empresas tienen que responder a una “misión específica” de un servicio de interés económico general; esta función se vería obstruida por la aplicación del Derecho de la competencia; y por último la restricción a la competencia que ello supone no es contraria a los intereses de la Unión. En este contexto y dada la confusión que genera la diversidad de derechos nacionales, el Tribunal de Justicia (Asunto BUPA, T-289/03) sentencia una aclaración muy significativa: “la existencia de una misión de servicio económico de interés general se establece si el proveedor del servicio está obligado a contratar, cumplidas las condiciones, sin que pueda rechazar a la otra parte contratante”. De este modo hablamos ahora de organismos que no son necesariamente reguladores de servicios públicos estrictos, definidos por su publicatio, específicos pues en su titularidad, ni tampoco necesariamente de servicios universales (como explica el Tribunal de Justicia en BUPA), sino de los que regulan a esos especiales servicios que hemos perfilado que con mayor o menor exactitud y que vienen a englobar a los anteriores. En concreto los servicios universales son definidos por la Comisión en el Libro Verde sobre los Servicios de Interés General, como aquéllos que deben ser accesibles a todos los ciudadanos independientemente de su localización con un nivel de calidad determinado a un precio accesible, lo que es, como se aprecia un concepto más reducido que actividad económica de interés general. Ha de advertirse que en España la mayor parte de los servicios públicos, así como los sectores que se han privatizado, o medio privatizado, pueden entenderse dentro de los servicios económicos de interés general, y buena parte son servicios universales en la forma que seguidamente se detalla. Fijándonos más en las actividades que en sus sujetos agentes, se aprecia que se ha producido una división vertical y transversal de las mismas, de suerte que buena parte de ellas, así fragmentadas se privatizan quedando sujetas a las reglas del mercado sólo ciertos ámbitos de la actividad, mientras que las imprescindibles quedan bajo los parámetros de la no competencia. (Véase por todos ARIÑO, Principios de Derecho Público Económico, Granada 1998). En este contexto lo relevante a nuestros efectos, es fijar aquél referente que nos permita ponderar el criterio de independencia y su legalidad europea. Lo relevante es pues que los organismos supervisores se mueven en el ámbito de la excepción, generando o manteniendo un mercado intervenido, lo cual es sólo admisible para los fines o misiones que recogen los “Los Tratados”, como impone Lisboa que sean referidos el TUE y el TFUE.

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Y ello obliga a respetar dos criterios que han de servir de Norte: competencia y eficiencia. Pero muy particularmente, como ordena el art.14 del TFUE, tanto los estados miembros como la Unión deben velar para que esos servicios económicos de interés general se desarrollen bajo condiciones económicas y financieras que les permitan desarrollar sus funciones. Toda organización interna administrativa o de mercado que lo impida conlleva, a mi juicio, que el Estado incumple el artículo 106 en relación con el artículo 14. 3. ¿INDEPENDENCIA PARA QUÉ Y RESPECTO DE QUÉ O QUIÉN? Espero pues, haber ya contestado en las líneas anteriores a la primera cuestión que simplemente completo ahora con dos brevísimas notas sobre la independencia respecto de un objeto o fin. La excepción del artículo 106 TFUE parece que está tasada (aunque se complica con el Protocolo nº 26 y los nuevos poderes legislativos que a la Unión se le conceden en este punto). En todo caso la existencia del órgano supervisor será necesaria en la medida en que lo precisen las misiones encomendadas a las empresas que operan en el sector, y desde luego debería ser rechazada si lo impiden; debiéndose argumentar exactamente igual en sentido inverso. Una segunda puntualización consiste en advertir con SCHWINTOWSKI (“The Common Good, Public Subsistence and the Functions of Public Undertakings in the European Internal Market”. European Business Organization Law Review, vol.4, 2003), que hay lugar para las empresas públicas y common goods en la medida en que los mercados muestren señales de ineficiencia. No es oportuno un paseo por la doctrina económica para dilucidar estas y otras cuestiones, aunque quizás sí señalar el papel relevante que ha tenido el Ordo-liberalismo de raíz kantiana y cristiana, lo que conlleva una restricción a las fuerzas del mercado al valorar la libertad individual como un fin en sí mismo, ajena a veces a la eficiencia del mercado, contraria pues al utilitarismo. Distan mucho estos requerimientos del suceso contrario: que sea el órgano supervisor el ineficiente o el que introduzca elementos que impidan o dificulten el cumplimiento de la misión asignada a estos mercados y empresas, al ser esta misión en único parapeto defensivo frente al artículo 106 del TFUE. ¿Es esto así en España? Dos cuestiones simplemente empleo para el análisis: primera, la composición de los órganos supervisores, y segunda, el régimen de recursos frente a sus decisiones. La reciente Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible (LES) recoge en el Capítulo II “Organismos reguladores” del Título I, peculiarmente rubricado como “Mejora del entorno económico”, una suerte de regulación que ella misma califica de “transversal” (Dicho sea de paso, es sorprendente el desprecio que los legisladores recientes han ido mostrando a los cuerpos legislativos como el Código civil o el Código de comercio, quizás porque nunca hicieron el esfuerzo de memorizarlos y no llegaron a apreciar que – incluso sus fechas lo acreditan – constituyen una revolución jurídica cuyo desprecio es en sí un “empeoramiento del entorno económico”.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Ahora poco a poco, van descubriendo las leyes “transversales”). La regulación que a nuestro objeto interesa se contiene en los artículos 8 a 26 del mencionado texto legal. La LES con una técnica a la que lamentablemente ya nos hemos acostumbrado enumera quién es Organismo Regulador “a los efectos de esta Ley” (o lo que es lo mismo, “siendo incapaces de tejer un ordenamiento jurídico sistemático en su conjunto, y abandonando la idea de sistema jurídico entendemos para este caso por Organismo Regulador…”). Lo hace enumerando las actuales Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y Comisión Nacional del Sector Postal, y en ciertos preceptos se aplicará a la Comisión Nacional de la Competencia. Por brevedad, pues no ignoro que muy presumiblemente el lector tiene a la espera cientos de sentencias que dictar, emplearé para mi razonamiento tan sólo el régimen de la Comisión Nacional de Energía y sus antecesoras, que no fueron sino la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, que posteriormente pasó a llamarse Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y hoy ya Comisión Nacional de la Energía (abarcando a otras fuentes, para lo que dispone de un Consejo Consultivo de Electricidad y otro de Hidrocarburos, con 36 y 37 miembros como máximo respectivamente). Como adelanté, interesa principalmente su composición, en la que pueden advertirse entre la primera y la actual Comisión unas notables diferencias: La Ley 40/1994, de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), encomendaba su Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, a un Consejo de Administración compuesto por el Presidente y seis Vocales, que eran nombrados mediante Real Decreto por el Gobierno a propuesta del Ministro del ramo, previa comparecencia del mismo y debate en la Comisión competente del Congreso de los Diputados, “para contrastar el cumplimiento por parte de los candidatos de las condiciones indicadas en el apartado anterior” que eran lógicamente ser: “personas de reconocida competencia técnica y profesional.” Pues bien, hoy la competencia no ha de ser necesariamente técnica, basta la profesional, así lo recoge el artículo 13 de la Ley de Economía Sostenible que ha dejado caer, sin mayor miramiento el requisito técnico, abandonando a su vez el término “contrastar” por un suave “versar” sobre la capacidad. En efecto, en una suerte de audiencia ante la Comisión competente del Congreso de los Diputados, se “versa” sobre la capacidad profesional de los candidatos, y desde luego no se indaga sobre su independencia (ni frente a los poderes políticos, ni frente a los empresariales ni en relación a ningún otro interés, pese a la pretendida rotundidad del artículo 9.2 de la LES: “ni el personal ni los miembros de los órganos rectores de los Organismos Reguladores o de la Comisión Nacional de la Competencia podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada). Tras el cese, los Consejeros y el Presidente no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con el sector regulado, tanto en empresas del sector como para empresas del sector.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Esto desde luego, no les hace imparciales respecto a los poderes públicos (controlados en cada tiempo y en cada lugar por distintos partidos) que pueden así si fuera necesario retribuirles en especie por sus decisiones. La Ley de 1998 más estricta al configurar la CNE, no distinguía entre actividad profesional pública o privada, quizás sea por considerar que la pública no es profesional, pero no parece que sea este el razonamiento. Por otra parte el breve tiempo de dos años poco acompaña a la pretendida independencia de los Consejeros. No hay regla especial para el personal directivo. No obstante ha de señalarse con cierta alegría que se han producido a lo largo del tiempo unos ciertos adelantos en la independencia de estos órganos, así, los años de mandato han aumentaron en su día desde los cinco de la LOSEN, a seis en la Ley de 1998, que en la actualidad se mantienen, siendo reelegibles por otros tantos. El control de eficacia por el Ministerio que recogía la LOSEM figuraba aún en la Ley de 1998, al igual que el modelo de suspensión de sus acuerdos por el Gobierno motivadamente y publicándolo en el BOE circunstancias que parecen haber desaparecido.Otro adelanto notable, o aparente si se quiere, es que desaparece la referencia a que en las reuniones del Consejo pueden asistir el Ministro competente o el Secretario de Estado o cargo en quien deleguen cuando lo juzguen preciso a la vista del orden del día. Muy importante y trascendental es el avance que se ha producido en otro campo como es el de los recursos frente a los actos de la Comisión. El artículo 22 determina expresamente que: “Los actos y resoluciones del Organismo Regulador dictadas en el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos establecidos en su Ley reguladora”, lo que es un auténtico salto pues no resuelve el Ministro, lo que es tanto como que la Comisión pierda la independencia. De todas formas no cabe sufrir de horror vacui con este salto pues tranquiliza conocer que la composición de los tribunales se va politizando según se va ascendiendo por la pirámide judicial. Por otra parte el Personal directivo está al frente de “áreas de responsabilidad” (art.17.1 LES), actuando conforme a las instrucciones del Consejo y de su Presidente, siendo seleccionados mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, conforme a lo dispuesto por el Estatuto Básico del Empleado Público. Ahora bien, no ejercen sus funciones objetivamente y con criterios exclusivamente profesionales, o al menos a ello no se hace referencia como sí para el personal no directivo (art.18 de la Ley de Economía Sostenible, LES). Respecto a estos últimos se dice que su selección se realizará mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, conforme a lo dispuesto por el Estatuto Básico del Empleado Público. Para garantizar la independencia del organismo regulador, se afirma que “En aplicación de los principios de independencia y objetividad, los Organismos Reguladores y la Comisión Nacional de la Competencia garantizarán que sus empleados cuenten en sus actuaciones y en los procedimientos en que intervengan con reglas objetivas, predeterminadas y de que delimiten adecuadamente las responsabilidades que les incumben (art. 19.2 LES), lo que unido al posible régimen laboral de sus empleados hace el modelo totalmente jerarquizado, y no independiente en sí, sino de uno sólo: el Consejo nombrado por Real Decreto.

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3. CONCLUSIÓN. Puede concluirse, que aparentemente se ha diseñado una Comisión independiente, pero que se puede tildar de “plenamente politizada” configurándose mediante Real Decreto sin respeto a las exigencias técnicas de complicados mercados una pieza esencial estos, con unos rasgos que garantizan que las decisiones técnicas son postergadas frente a las políticas, como se adivina ya en la elección de sus miembros, lo que no parece ser acorde con las previsiones sobre competencia de los Tratados. A aquélla vieja discusión entre la Escuela de Harvard, la de Chicago y los nuevos liberales, en relación a la allocative efficiency, la productive efficiency, y la innovation efficiency, la configuración no técnica sino política de nuestros órganos reguladores poco va a aportar. Más parece que mediante el control de las tarifas y la regulación de la actividad – fuera de favorecer una correcta asignación de los bienes y servicios, de una precisa asignación de los recursos productivos, y un favorecimiento de la innovación – lo que se van a satisfacer son los intereses de grupos políticos, o de algunos de ellos, ni siquiera ya intereses políticos. Aquélla idea de limitar al mercado cuando éste sea ineficiente, o incluso cuando siéndolo perjudique la libertad individual (ordo-liberales), no aparece en modo alguno en el modelo organizativo que hemos analizado, pese a que comenzaba a asomar en los Tratados. Las ideas de interés público, de necesidades esenciales, de bienes comunes que permiten evadir el artículo 106 del TFUE brillan por su ausencia. Pero sobre todo, al dañar la credibilidad del mercado, y su fiabilidad, la estructura de pasivo de las empresas que en él operan, así como sus cuentas de resultados están sometidas a extrañas componendas, que afectan a su estabilidad de financiación tanto propia como ajena, de suerte que queda en entredicho el cumplimiento del artículo 14 del TFUE que impone a los estados miembros y a la Unión velar para que los servicios económicos de interés general se desarrollen bajo condiciones económicas y financieras que les permitan desarrollar sus funciones Se puede pues concluir lo que cualquier lector medianamente avisado en su ámbito profesional conoce: existe una tendencia generalizada a la politización de los órganos rectores de la vida pública española, una politización “de partidos”, cuando no de partido único. Mientras se escriben estas líneas, los nuevos candidatos a Consejeros de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ya propuestos por el Gobierno –hechas las correspondientes consultas a los grupos políticos oportunos- esperan sus hearings donde, lex dixit, no hablarán de su imparcialidad, ni siquiera de su pericia técnica, sino de su profesionalidad. No parece desde luego que esto último deba negárseles.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL SIGLO XXI: LA JIBARIZACIÓN DE LOS DERECHOS DEL JUSTICIABLE Alfonso Álvarez-Buylla Naharro, magistrado. Nuestro habitual colaborador pone el acento en un asunto que ha pasado algo desapercibido ante el protagonismo que ha cobrado el anteproyecto sobre los TTI. Se trata de la reforma para agilizar la administración de justicia. Con su habitual capacidad para hacer fácil lo difícil, el autor ilumina un rincón que nuestros gobernantes han mantenido en una vergonzante obscuridad, a saber: el precio de la reforma es la merma de los derechos de los ciudadanos.

OBITER DICTA: No nos engañen las buenas maneras ni los regalos facilones. Todos sabemos lo que al final hizo el monstruo con la niña. Los que hayáis leído la novela os daréis cuenta de que, en el fondo, el engendro de Frankenstein era tan desdichado como sus víctimas, condenado a la soledad por culpa de un orto contra natura. Ese es el problema de nuestro Consejo, que es incapaz de liberarse de su génesis política y se mueve siempre en un “quiero y no puedo”. Por eso no deja de maravillarnos la increíble valentía de los Excelentísimos señores doña Concepción Espejel Jonquera y don Claro Fernández-Carnicero González, dos gallardos vocales que han sido capaces de nadar contra corriente. Son un ejemplo para todos nosotros. Quién sabe si, con el tiempo, lo serán también para sus propios compañeros consiliares.

El pasado 21 de enero, la comisión de estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial acordó remitir al Pleno para aprobación y posterior devolución al Ministerio de Justicia, el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal. No es éste el momento ni el lugar para hacer un análisis minucioso del anteproyecto ni del informe, con sus dos votos particulares (de los vocales Sres. Espejel y Fernández Carnicero, lo que ya viene siendo, afortunadamente, una sana costumbre que alivia un tanto la sensación de oprimente politización en nuestro órgano de gobierno), pero no me resisto a intentar unas breves pinceladas sobre ambos, a fin de que no pase desapercibida la enésima restricción de derechos procesales en aras a una supuesta agilización de la justicia, como siempre, a “coste cero”.

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El Ministerio de Justicia ha demostrado con creces que su fórmula para una justicia de calidad en España no pasa por mayor inversión en medios, funcionarios y, sobre todo, jueces, sino que resulta mucho más económico (y conveniente para el poder político, por cierto) seguir dos vías, menos directas y eficaces, pero infinitamente más edificantes para quienes rigen con las leyes nuestros destinos: ahogar a los titulares del Poder Judicial en trabajo y recortes de independencia, y paralelamente recortar derechos de los justiciables, en la creencia de que menos recursos o la extensión sin límite de procesos como el monitorio acortan los plazos procesales sin ninguna consecuencia desfavorable. El Anteproyecto de Ley de los Tribunales de Instancia es el paradigma de la primera vía; el que aquí se comenta, de la segunda. La pretendida reforma afecta a aspectos fundamentales del régimen de recursos y consagra en el ámbito civil la instancia única en los juicios de menos de 6.000 euros (un porcentaje muy elevado) así como una casación que bien podría denominarse “de lujo”, dada la elevadísima cuantía que se exige para que el Tribunal Supremo conozca de un asunto: ada menos que 800.000 euros, es decir, más de 130 millones de pesetas. Eso sin contar con el acceso aún más restringido en el ámbito de lo contencioso administrativo para acceder a la casación, con nuevas restricciones en el concepto de interés casacional. A todo ello se une la extensión del proceso monitorio también a los juicios de desahucio, que prácticamente se administrativizan por completo, al quedar al margen del conocimiento del juez si el inquilino no se opone en plazo Todas estas reformas merecen un estudio y crítica más extensa y sosegada, pero en este momento lo que hay que resaltar es la pérdida de derechos para los ciudadanos que se está gestando, lo por otra parte se vende como beneficioso para su interés. Y no sólo en el sentido inmediato de verse privados del derecho a recurrir en numerosos asuntos –y no hay que olvidar que a quienes redactan las leyes 6.000 euros les puede parecer una minucia, pero en los tiempos que corren, para muchos ciudadanos es una cantidad más que respetable-, sino también porque el legislador deja de lado el fin nomofiláctico que tienen los recursos. El reguero de criterios discrepantes entre los Juzgados de 1ª Instancia de toda España, con la consiguiente inseguridad jurídica, será inmediato e ingente. Pero es que esta disparidad de criterios se extenderá a la llamada “jurisprudencia menor” al quedar vetado el acceso a casación en asuntos de cuantía inferior a la antes apuntada. No cabe duda de que los constructores y bancos tendrán garantizado su acceso al más alto tribunal, pero el 95% restante de la población, no. El apartado II de la Exposición de Motivos del Anteproyecto – que dicho sea de paso, no es tal, sino un mero sumario de lo que nos encontraremos en el articulado, como viene siendo habitual en los últimos tiempos- basa estas medidas en el “aumento exponencial de la litigiosidad”, pero lejos de arbitrar medios para disminuir ésta (mediación, mejora del arbitraje), se busca restringir el alcance del art. 24 de la CE. Resultado: mismo nivel de trabajo para los juzgados de base (si no es que aumenta ante la perspectiva de que el proceso en conjunto será más corto) y pérdida de jurisprudencia que unifique criterios en la primera instancia y entre las propias Audiencias Provinciales.

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TEMPUS OCTOBRIS, MAYO 2011 Curiosamente, y en contradicción con la idea de “agilización”, se suprime el trámite de preparación del recurso, que permitía declarar la firmeza de la resolución si en cinco días no se había presentado el correspondiente escrito, mientras que ahora al sentencia quedará en una suerte de limbo jurídico en cuanto a su firmeza durante todo un mes, plazo que se introduce para la interposición del recurso. Se me escapa la utilidad de esta medida, que por lo demás la exposición de motivos tampoco explica. La otra gran novedad del proyecto es la desjudicialización completa de las reclamaciones de cantidad vía juicio monitorio, del que se suprime la cuantía –por lo que ahora un entidad de crédito puede reclamar a un ciudadano cuatro millones de euros con tan solo una certificación del apoderado del banco en que se exprese que tal cantidad le es debida, documento que será admitido si el secretario judicial tiene órdenes de su superior jerárquico en tal sentido-, y de los juicios de desahucio. Pues bien, ante estas medidas, la posición oficial del CGPJ es decir “amén” a todo; en realidad lo que hace en su informe es un resumen del articulado, sin ningún ánimo crítico, convirtiendo así el informe en la auténtica exposición de motivos del anteproyecto. Por supuesto, de esta postura oficial discrepan los vocales Sres. Espejel y Fernández-Carnicero, que por vía voto particular hacen un verdadero informe, crítico pero constructivo. La postura de estos vocales se puede resumir en una frase del propio voto particular: Con toda claridad y así lo expresan la Exposición de Motivos y la Memoria del Anteproyecto, la finalidad perseguida es reducir el volumen de asuntos en cierta clase tribunales, no mejorar la tutela judicial efectiva que se presta. Postura que, como no puede ser de otro modo, comparto plenamente. En definitiva, esta es la justicia del siglo XXI en España que pretenden nuestros legisladores: la justicia para los ricos y servida por el poder ejecutivo. Eso sí, todo a coste cero, faltaría más. EL RINCÓN DE CARLOS III (OBITER DICTA). Según informaba el Diario La Ley en su número 7.612, correspondiente a abril del año 2011, el Consejo General del Poder Judicial pedirá el cese de la implantación de la Oficina Judicial. No todo lo van a hacer mal. Es una decisión sensata en beneficio, no tanto de la Carrera, cuanto del justiciable, al que el nuevo sistema está privando de la tutela judicial efectiva. Esperemos que, siguiendo el ejemplo de los vocales disidentes, haga lo propio con los Tribunales de Instancia. La NOJ tiene ya poco remedio, pues es Ley. Los TTI, afortunadamente, no pasan todavía del mero desvarío de burócratas ignorantes de nuestra realidad forense. Ojalá no nos defrauden.

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OBITER DICTA El seis de marzo del año 2010 un grupo de jueces de toda España presentó ante los medios de comunicación un Manifiesto que hasta la fecha ha recibido la adhesión de más de 1.400 compañeros. Fue una reacción espontánea, fruto de la comunicación electrónica. Surgió al margen de cualquier tendencia política, articulado horizontalmente, sin transitar los cauces institucionalizados de la jerarquía judicial. Trae causa de la rebelión informática de ocho de octubre de 2008, cuando los magistrados españoles se movilizaron ante unas declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno que consideraron atentatorias contra su independencia y que, a la postre, desembocaron en dos históricas huelgas de jueces.

LOS SIETE PUNTOS DEL MANIFIESTO

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1) Elección democrática de los órganos de gobierno interno de la magistratura, lo que comprende todos los jueces decanos, presidentes de órganos colegiados y de las salas de gobierno de los TSJ así como los doce vocales de extracción judicial pertenecientes al Consejo General del Poder Judicial. 2) Mantenimiento del juez en sus funciones estrictamente jurisdiccionales delimitando sus competencias con las de los secretarios judiciales. Además, conservación de la instrucción judicial mientras el Ministerio Público siga dependiendo del Poder Ejecutivo. 3) Elaboración de una planta judicial de 20 jueces por cada 10.000 habitantes, conforme a la media europea. La proporción actual en España es la mitad: 10/100.000. 4) Inversión en justicia hasta alcanzar, según la media europea, el 3´5 por ciento de los presupuestos generales, mientras que ahora se halla en el uno por ciento. 5) Adecuación de la carga de trabajo judicial a niveles humanamente soportables que permitan conciliar la vida familiar y laboral, desempeñando la profesión con el mínimo de atención que requieren los ciudadanos. Por tanto, concertación de un acuerdo solidario entre los compañeros para la autorregulación, hasta que se consiga un marco normativo que fije un volumen razonable de trabajo ajeno a la imposición de módulos productivistas. 6) Aprobación de un Estatuto personal del juez que regule los beneficios sociales a que tiene derecho como cualquier otro ciudadano, entre los que se hallan los riesgos laborales y condiciones de jubilación. Asimismo, la clarificación de su situación disciplinaria que, ante la nueva oficina judicial, genera el riesgo de responsabilidad objetiva. 7) Independencia económica que desligue sus retribuciones del voluntarismo del Gobierno de turno, por constituir ésta una garantía de respeto a la independencia jurisdiccional constitucionalmente establecida. NOTA: aquí sólo se ha incluido un resumen del Manifiesto. El texto completo es fácilmente accesible en Internet. La Dirección lo remitirá por correo electrónico a quienes lo soliciten.

DUDAS SOBRE EL MANIFIESTO ¿Qué hacer para adherirse? Basta enviar un correo electrónico al Foro de la Extranet del CGPJ o a la dirección de esta revista. ¿A qué compromete el Manifiesto? Únicamente implica la expresión del apoyo público a las ideas que contiene, sin que ello suponga pertenencia a Plataforma o cualquier otro grupo.

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T.O.mayo011  

Spanish Judiciary Bulletin, revista en defensa justicia independiente Espña

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