A nadie le queda duda de que el costo monetario que la sociedad ha tenido que afrontar durante los últimos años con motivo de la inseguridad ha aumentado de forma relevante. Las autoridades han destinado más recursos que en cualquier otra época a las instituciones responsables de la prevención de los delitos, a las áreas de investigación y persecución, a los juzgados y a los responsables de la reinserción social; la existencia de casi medio millón de servidores públicos vinculados a las instituciones de seguridad pública, hace evidente que tan sólo el gasto en la nómina representa un impacto importante en las finanzas públicas.