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“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” DOCENTE : DR. JESUS PIZHIULE RAEZ. TEMA

CURSO

: ELEMENTOS BASICOS DERECHO ADMINISTRATIVO.

DEL

: TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN II.

FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. ALUMNO

: JIMMY CANAHUALPA IRIARTE.

AULA

: SEGUNDO CICLO “SECCION A1” CODIGO: H05100J “2018”


ELEMENTOS BASICOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO I PARTE EL DERECHO ADMINISTRATIVO: El derecho administrativo (del latín ad "junto a", y ministrare, "manejar las cosas comunes") es aquella rama del derecho público que regula la administración pública, la función administrativa y la relación entre los particulares; asimismo, comprende el conjunto de casos reales que regulan la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la Administración pública en sus relaciones con otros sujetos. En otras palabras, el derecho administrativo es aquel que comprende la organización y el funcionamiento de toda forma de administración pública. Por extensión, suele ser también aplicable a la actuación materialmente administrativa de los demás poderes del Estado y de todo ese ente del sector público. Y todo ello, desde la doble perspectiva de procurar la eficacia de las Administraciones, pero también garantizar los derechos de los particulares en sus relaciones con ellas. Tradicionalmente, se ha entendido que la administración es una sub función del desarrollo


humano, encargada del buen funcionamiento del servicio público cuya función elemental es la de mantener el bienestar, la seguridad y de entregar a la población diversas labores de diversa índole (económicas, educativas, sociales, entre otros). En cuanto a normas de organización, el Derecho administrativo establece los órganos e instituciones a través de los que actúan la Administración Pública, desde los servicios centrales, los órganos desconcentrados, descentralizados y organismos autónomos dependientes de otras instituciones y, en su caso, los consejos de Ministros, los Ministerios, Secretarias Generales, Direcciones generales, Subsecretarías, órganos representativos de las entidades que componen la Administración local, de empresas públicas, entre otros que no sean los mismos La mayoría de estos órganos tienen como característica común, la competencia para actuar con prerrogativas o poderes superiores a los que poseen los particulares (imperium). En lo que respecta a las normas de funcionamiento, es preciso señalar que el Derecho Administrativo sólo regula aquellas actuaciones de la Administración Pública en las que los órganos administrativos actúan investidos de potestades públicas, es decir, están revestidos de imperium.


El derecho Administrativo es una rama del derecho público muy importante pues sirve para que exista relación de las personas con las instituciones y entidades públicas. Dentro del derecho administrativo la principal función que se realiza es el Acto administrativo. El acto administrativo no es más que la declaración de las entidades públicas como los municipios, los gobiernos regionales y locales, que van a generar efectos jurídicos dentro del marco legal. para que se lleve a cabo este acto se necesita indispensablemente de requisitos fundamentales las cuales están establecidos en determinadas leyes. El principal ámbito de aplicación del derecho administrativo se dará entre la entidad y usuario mediante documentos, los cuales serán de suma importancia tanto para la persona como para la entidad pues mediante ellos se prevalecerá los derechos y deberes, los cuales tiene que ser cumplidos ininterrumpida y respetando todos los parámetros legales impuestos por la norma. El Derecho Administrativo regula la acción de los distintos poderes y organismos que forman parte del Estado para el cumplimiento de sus cometidos constitucionales e institucionales, y que actúa a través de la estructura organizada que forma la denominada administración pública, y sus relaciones con los ciudadanos.


Atendemos todo lo que compete y corresponde al Derecho Administrativo, en términos generales, que no esté reservado a otras especialidades, y que constituye el cauce para todas las actuaciones de las entidades de la administración pública y el marco jurídico para las relaciones de los ciudadanos y de las empresas con la administración pública. También se trabaja tanto para el asesoramiento de entidades de la Administración que desean tener una orientación y asesoría legal para el cumplimiento de sus funciones, en un marco de estricto respeto al derecho; cuanto para el asesoramiento de los administrados, en sus relaciones con aquellas. En el asesoramiento a la Administración, consideramos muy importante el aspecto que trata de la revisión, preparación y redacción de proyectos de normas legales; bases para licitaciones y concursos; y otros documentos de este tipo. Otro ámbito relevante lo constituye la interpretación jurídica de la normativa; y el análisis de la legalidad y el derecho en las peticiones, reclamaciones y recursos de los administrados. En el asesoramiento de estos últimos, nos esmeramos en la defensa y protección de los derechos individuales y sociales de los administrados, frente al posible abuso o desconocimiento por parte de algunos funcionarios y autoridades administrativas.


La atención de nuestros clientes ante la Administración se facilita por el prestigio del Estudio que permite un fluido acceso a los diversos niveles de autoridad para exponer los legítimos puntos de vista de sus patrocinados. Siempre dentro de la filosofía del Estudio, que propicia reglas de absoluta corrección y ética.

PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO: Principio de legalidad.Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.


Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.


Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Principio de imparcialidad. - Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus


derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.

Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Principio de conducta procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del


procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

Principio de celeridad. - Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuaciรณn de tal modo que se dote al trรกmite de la mรกxima dinรกmica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisiรณn en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.


LA ADMINISTRACION PUBLICA: DEFINICION: Administración Pública es un sistema de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político (servidores públicos), «satisfaciendo» los intereses colectivos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. Se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el mismo.1 Por excepción, algunas dependencias del poder legislativo integran la noción de «Administración pública» (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de «Administración General» en los otros cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de alguno. La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, la policía, las fuerzas armadas, el servicio de parques


nacionales y el servicio postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado. Administración Publica Es la acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos y a resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado. Es el conjunto de organismos encargados de cumplir esta función. La administración pública, en tanto estructura orgánica, es una creación del Estado, regulada por el derecho positivo y como actividad constituye una función pública establecida por el ordenamiento jurídico nacional. Pero tanto la organización como la función o actividad reúnen, además, caracteres técnico políticos, correspondientes a otros campos de estudio no jurídicos, como los de la teoría de la organización administrativa y la ciencia política. Por lo tanto, la noción de la administración pública dependerá de la disciplina o enfoques principales de estudio (el jurídico, el técnico o el político), en virtud de no existir, como ya lo hemos señalado, una ciencia general de la administración pública capaz de armonizar y fundir


todos los elementos y enfoques de este complejo objeto del conocimiento. La administración pública es la organización que tiene a su cargo la dirección y la gestión de los negocios estatales ordinarios dentro del marco de derecho, las exigencias de la técnica y una orientación política.

FUNCIONES: La función estatal cuya finalidad es la de procurar la satisfacción de los intereses (o necesidades) de la colectividad (denominados entonces, intereses o necesidades públicas, colectivas, generales o de


interés común). El concepto de Administración pública es equivalente al de función administrativo. Por el acentuado papel intervensionista que la Ley Fundamental cubana le asigna a la Administración Pública, la propia Constitución le señala al ente administrativo las reglas de conducta que deben existir en las relaciones administración–administrado, cuando en su artículo No. 10 regula que “Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad”. No se puede obviar que la Administración, como sujeto productor, se erige como persona jurídica, creada por el Estado, que es a quien representa y que traza las directrices y objetivos inmediatos y mediatos que se propone la actividad gubernamental, y que por ella actúan las personas físicas antes citadas que son sus representativos y por tanto en su actuación puede estar presente la cuestión subjetiva y olvidarse ser representante de un cargo u oficio público estatuido, reconocido como órgano administrativo, que es lo que le ofrece la capacidad jurídica para desarrollar la actividad que ejecuta, la que siempre estará circunscripta a su competencia.


Su principal fin es asegurar la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Salvaguardar el orden interno. Proteger y desarrollar la propiedad socialista. Garantiza los Derechos y los legítimos intereses de los ciudadanos. Estimula el cumplimiento de sus deberes mediante la educación política- ideológica del pueblo. Educa a las masas populares en un espíritu de disciplina consiente, de actitud comunista ante el trabajo.


Fomenta la solidaridad con los movimientos de liberación nacional de todos los pueblos oprimidos. Permite la colaboración fraternal con los demás pueblos socialistas. La Administración Pública en sentido subjetivo contiene el conjunto de órganos y organismos que tienen como misión fundamental el ejercicio de la función administrativo.


ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA SEGÚN LEY 27444: La administración publica en el Perú es llevada a cabo por las entidades que conforman el poder ejecutivo tales como: los ministerios, los gobiernos regionales y locales , como también los Organismos Públicos Descentralizados, el Poder Legislativo , el Poder Judicial, los Organismos que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.


EL ACTO ADMINISTRATIVO: Un acto administrativo es toda manifestación o declaración de un poder público en el ejercicio de potestades administrativas, mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados y que queda bajo el del comienzo. se trata de una declaración de voluntad, intelectual, no son actividades materiales (ej.: ejecuciones coactivas). Sin embargo, por declaración no ha de entenderse


únicamente la que formalmente se presenta por escrito como tal (aunque esto sea lo frecuente y lo deseable). La declaración puede y será normalmente de voluntad, pero puede serlo también de otros estados intelectuales: de juicio, de deseo, de conocimiento. La declaración en la que el acto administrativo consiste debe proceder de una Administración, por lo que se excluyen los actos jurídicos del administrado que, aunque sometidos al Derecho Administrativo se rigen por disposiciones diferentes. El acto administrativo es esencialmente material, lo cual no excluye que la voluntad del administrado pueda jugar como presupuesto de su existencia (ej.: resolución de conclusión de un procedimiento por desistimiento o renuncia del administrado o interesado) o de eficacia (ej.: toma de posesión de un funcionario). Lo normal es que el acto emane del órgano que directamente tiene competencia para dictarlo, pero puede surgir de una forma indirecta, es decir ser dictado por una persona que no tenga la condición subjetiva de Administración, pero que actúa poderes delegados por una Administración (ej.: concesionarios).


La declaración administrativa en que el acto consiste se presenta como el ejercicio de una potestad administrativa, es lo que conecta el acto a la legalidad. La declaración (de voluntad, juicio, deseo o conocimiento) en que consiste el acto administrativo es unilateral, es decir ha de ser producida unilateralmente por una Administración pública, sin la intervención ni el concurso ni el consenso o acuerdo de ninguna otra entidad. El acto administrativo ha de ser producido por una Administración pública entendiéndose ésta en sentido amplio. El acto administrativo ha de dictarse en ejercicio de una potestad administrativa, es decir de una potestad pública. Cuando una Administración pública dicta un acto administrativo actúa ejercitando una potestad pública, de imperium, revestida de prerrogativas, estando en una posición de superioridad respecto a los


particulares. Las Administraciones públicas no pueden emitir actos administrativos cuando actúan como cualquier otro particular, sin ejercitar una potestad pública, porque en tal caso están actuando como cualquier sujeto particular, privado. La potestad administrativa ejercitada para dictar un acto administrativo es distinta de la potestad reglamentaria. Ambas potestades son públicas pero la potestad reglamentaria es una potestad normativa que permite producir normas jurídicas innovando el ordenamiento jurídico administrativo. Sin embargo, la potestad administrativa productora de actos administrativos no es una potestad normativa, su producto – el acto administrativo – no innova el ordenamiento jurídico. Como ejemplo del producto de una potestad reglamentaria podemos citar un real decreto del Consejo de Ministros, una orden ministerial que regulen el ejercicio de una actividad comercial, innovando normativamente la regulación jurídica existente hasta entonces sobre esa materia. Como ejemplo de un acto administrativo se puede citar una resolución administrativa dictada por un Consejero de una Comunidad Autónoma concediendo una ayuda económica o subvención por la creación de empleo o por la contratación de trabajadores. También la potestad administrativa expropiatoria es una potestad pública pero no es de carácter normativo. Lo mismo ocurre con la potestad administrativa sancionadora. La


resolución administrativa que resuelve un procedimiento administrativo de expropiación forzosa y la que resuelve un procedimiento sancionador son actos administrativos, no son normas jurídicas. Por ello es posible precisar aún más el concepto de acto administrativo tomando el que da el profesor Eduardo García de Enterría, sobre la base de la definición que de aquél dio Zanobini. Así se puede decirse que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por una Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria.

REQUISITOS DE VALIDES: Si quisiéramos comparar el acto administrativo con un ser humano; podríamos concluir en que ambos entes tienen una serie de componentes imprescindibles para su existencia. Así, el ser humano no podría vivir en forma independiente sin un corazón, sin un cerebro o sin sangre; de la misma manera, el acto administrativo no tendría existencia si no fuese emitido por autoridad competente, si no se precisase su objeto, si su finalidad no fuese pública, si no estuviera fundamentado y si no se hubiera expedido conforme al procedimiento regular; estos componentes, conocidos


también con el nombre de requisitos esenciales o elementos constitutivos, se recogen bajo el nombre de requisitos de validez en el artículo 3º dela LPAG. Basta con una interpretación literal para comprender que estos elementos son los que le dan vida jurídica al acto administrativo; si faltase tan solo uno de ellos, a la luz de una interpretación a contrario sensu, podemos inferir que el acto administrativo es inválido; es decir, sin capacidad permanente para generar efectos jurídicos; consecuentemente ─ al no haberse dictado conforme al ordenamiento jurídico ─ será pasible de nulidad declarada por acto administrativo posterior, configurándose con ello la causal número 2, contenida en el artículo 10º de nuestra ley de procedimiento administrativo. Por esta razón, uno de los exponentes más destacados del derecho administrativo peruano afirma, y con toda razón, que estos requisitos esenciales pueden entenderse como “aquellos que si faltan o están viciados provocan la invalidez del acto, retrotrayéndose todo a la situación anterior, como si no se hubiera emitido acto administrativo alguno”. Aquí podemos advertir que la relación entre requisitos de validez y nulidad resulta bastante estrecha, a tal punto que el profesor Ramón Parada, citando a Waline, señala que “estudiar las condiciones de validez de un acto equivale prácticamente a estudiar los casos de nulidad (…)”[2]; por ello, coincidimos plenamente con Gamero y Fernández cuando afirman


que “los elementos de los actos administrativos son aquellos componentes que deben reunir para alcanzar validez, y por consiguiente, cuya carencia determina la imperfección o invalidez del acto”[3]. Sin embargo, debemos señalar que la intención del presente estudio no es analizar los supuestos de nulidad del acto administrativo; por ello, tan sólo buscaremos desarrollar cada componente de los actos administrativos. De esta manera, pasemos a identificar cada uno de sus requisitos de validez.

Competencia. - El numeral 1 del artículo 3º dela LPAG, señala respecto de este requisito que debe “ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo


los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión”. Si bien es cierto, la LPAGno brinda un concepto de competencia; este numeral busca acercarnos al mismo; ya que asimila el concepto «competencia» con la idea de «órgano facultado»; por lo tanto, podemos coincidir con la doctrina al señalar que “la competencia es la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, “el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente” [4]. Este requisito busca responder las siguientes preguntas: ¿quién emite el acto administrativo? y ¿en mérito a qué lo hace? Las respuestas son: lo emite un funcionario que representa a la entidad administrativa y lo realiza en mérito a que se encuentra habilitado por Ley de manera expresa. Contrario sensu; cuando analicemos la competencia y verifiquemos que no se reúnen estas condiciones, entonces podemos afirmar que no existe tal condición sine qua non; por lo tanto, el acto administrativo es pasible de ser declarado nulo. En otras palabras, el funcionario que expide el acto administrativo tiene que tener un poder que emana de la ley para tomar una decisión encuadrada dentro del ordenamiento jurídico; esto es, lo que se conoce en doctrina como la “investidura del titular del órgano”[5]; ya que “cabe que el nombramiento de la autoridad o


funcionario no sea válido bien porque éste se haya anticipado o haya sido ya cesado, porque el órgano esté ocupado fraudulentamente por un impostor, bien porque en virtud de circunstancias excepcionales se haya hecho cargo del mismo una persona ajena a la Administración, pero que actúa en nombre de ésta”. Nosotros agregaríamos incluso que nos encontraríamos ante un caso de incompetencia cuando no se han seguido los procedimientos formales para delegar la competencia o avocarse a la misma; en estos casos el acto administrativo también será nulo. Y es que este elemento es tan importante, al grado que resulta innegable que la competencia tiene el carácter de inalienable.

Objeto o contenido. - El numeral 2 del artículo 3º dela LPAG, explica respecto de este requisito que “los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse


inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación”. En principio, debemos atender una verdad de Perogrullo; para la ley peruana, objeto y contenido resultan sinónimos; aunque lingüísticamente, el primero haga referencia a una cosa de la cual se dice algo; y el segundo, haga referencia al espacio que contiene dentro de sí una cosa. Es por ello, que con mucho tino, el recordado profesor Ruiz-Eldredge afirmaba que “el objeto es el contenido del acto, es decir la disposición concreta del administrador, lo que este manda y dispone, pudiendo ser positivo o negativo” Ahora, el numeral bajo comentario, no desarrolla el concepto de este requisito de validez; tan sólo precisa que todo acto administrativo deberá expresar su respectivo objeto y que el mismo deberá ceñirse al ordenamiento jurídico, ser lícito, preciso y posible tanto física como jurídicamente. Para acercarnos al concepto de este elemento, debemos concordarlo con el artículo 5º, numeral 5.1 dela LPAG; norma que indica que el objeto o contenido del acto administrativo “es aquello que decide, declara o certifica la autoridad”. Desde nuestro punto de vista, un concepto


bastante gaseoso e impreciso; ya que no identifica plenamente este componente esencial. Por ello que recurriendo a la doctrina, podemos identificar al objeto como “un comportamiento del gobernado, de una administración, de quién dicta el acto; dar, hacer, no hacer, padecer; un hecho (que se certifica, se documenta, que se califica); un bien (que se expropia, se transfiere, etc.); una situación jurídica; la propia organización y la mezcla de esos objetos típicos”. En ese sentido, cabe preguntarse ¿qué se pretende al determinar correctamente el objeto de un acto administrativo?; simplemente que el acto administrativo tenga una repercusión real y concreta en la esfera del administrado; es decir, que genere un efecto jurídico, una consecuencia en su situación o relación jurídica; en lo que, nosotros denominamos, su espacio vital. Por consiguiente, entendemos por contenido u objeto del acto administrativo “el efecto práctico que con dicho acto se pretende obtener: nombramiento de un funcionario, imposición de una multa, requisa de un vehículo, etc. Finalidad Pública. - El numeral 3 del artículo 3º dela LPAG, señala al respecto que los actos administrativos deben “adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna


finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad”. La afirmación planteada por la LPAGbusca responder la pregunta ¿qué propósito persigue el funcionario que representa a la entidad al dictar un acto administrativo? Tal como se puede observar, la misma norma bajo análisis nos explica que el objetivo del funcionario no es otro que salvaguardar el interés público proscribiendo cualquier interés personal ya sea en beneficio propio o de un tercero. Esto es así porque “la finalidad que se procura al dictar cualquier acto administrativo debe hallarse en el marco de la función administrativa y el ordenamiento jurídico (…) En consecuencia, el acto no puede perseguir otra finalidad directa o encubierta que el interés público que prescriba la norma en ejercicio de una actividad reglada o del que surja de la confrontación con la función administrativa que el órgano cumple, si la pertinente actividad fuere discrecional. El siguiente ejemplo nos permitirá visualizar con claridad este requisito de validez: asumamos que una reconocida franquicia de comida rápida dedicada a la venta de pollo broaster utiliza aceite reciclado para freír su insumo principal; luego, si la municipalidad del distrito- posterior a las acciones de fiscalización decide el cierre temporal de dicho local por esta


infracción; la pregunta es ¿cuál es la finalidad pública del acto administrativo que ordenó el cierre del establecimiento comercial? La respuesta es una sola: la protección de la salud de los usuarios. En este ejemplo, la finalidad pública se encuentra consagrada en las disposiciones normativas dela Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el artículo 80º, numeral 3.2 prescribe que es función exclusiva de la municipalidad distrital “regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales”. En el caso de que la entidad edil otorgue mediante un acto administrativo una licencia de construcción; la finalidad pública que se está persiguiendo será la de «organizar el espacio físico»; o cuando el INDECOPI sanciona a una tienda comercial por no devolver un producto que estuvo en mal estado, la finalidad pública que se persigue será la «defensa de los derechos del consumidor»; y así, sucesivamente, cada acto administrativo persigue una finalidad pública consagrada en la ley. En este punto, surge una pregunta relevante: ¿qué sucede cuando no existe norma que indique la finalidad pública? Como bien ha quedado establecido “la ausencia de normas no genera discrecionalidad”; es decir, “la Administración Públicano puede, en ejercicio de sus facultades discrecionales, violar la


finalidad del interés público señalada por la norma”; porque si con pretexto del ejercicio de su discrecionalidad emitiese un acto administrativo, tal manifestación podría considerarse como un accionar arbitrario y abusivo, por ende, pasible de nulidad administrativa. Hay que recordar que el accionar dela Administración Pública se sujeta al principio de legalidad; por lo tanto, sólo goza de la denominada libertad positiva (realiza sólo aquello establecido por ley) más no de la libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe). En estos casos -ausencia de norma que indique la finalidad pública- lo que el funcionario se encuentra en la obligación de hacer es “interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados. Motivación. - El numeral 4 del artículo 3º dela LPAG, enseña que “el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. La lectura del presente numeral es bastante clara: los funcionarios se encuentran en la obligación de motivar, argumentar, explicar o fundamentar los actos administrativos que expiden; los cuales, deben estar


en proporción al contenido (correspondencia debida entre las razones de la autoridad y el objeto del acto administrativo) y conforme al ordenamiento jurídico (observancia del principio de legalidad. La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de lo que usualmente se denomina considerandos. La constituyen, por tanto, los presupuestos o razones del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión (…) aclaran y facilitan la recta interpretación de su sentido y alcance. Asimismo, cabe indicar que la motivación no solo constituye un requisito de validez; sino que también se entiende como una garantía del debido procedimiento (numeral 1.2. del artículo I del Título Preliminar dela LPAG) en sede administrativa. Es innegable que los administrados tienen todo el derecho de controlar la función administrativa y lo hacen mediante los medios impugnatorios consagrados en la Ley ─ ya sea en sede administrativa o judicial ─; pero para que ello suceda, el acto administrativo tendrá que expresar en forma indubitable, clara, precisa, ordenada y objetiva, las razones por las cuales otorga o deniega un pedido del administrado; impone una sanción o resuelve un caso concreto.


Procedimiento regular. - El numeral 5 del artículo 3º dela LPAG, afirma sobre este requisito que “antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación”. En principio, nos encontramos ante un concepto compuesto; por un lado, hablamos de “procedimiento”; y por otro lado le incorporamos el adjetivo “regular”. Respecto a la idea de “procedimiento”, es la misma LPAG que en su artículo 29º nos brinda una aproximación conceptual, al señalar que el mismo es un “conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo”. Por otro lado, el adjetivo “regular”, viene asociado a la idea del cumplimiento por parte de la entidad, de las etapas, de los plazos, de los requisitos, de las formas y formalidades que se pueden encontrar en cada procedimiento. Ahora, como bien sabemos, el acto administrativo es producto del razonamiento del funcionario que busca encuadrar los hechos propuestos dentro de los alcances del principio de legalidad; por lo tanto, para la emisión del acto, el funcionario no puede inventar un procedimiento cada vez que tiene que actuar conforme a sus atribuciones; por ello, se hace innegable que el procedimiento regular nace con la ley y es anterior a la existencia del acto administrativo. En ese sentido, afirmamos que no existirá acto administrativo sin que


exista previamente un procedimiento administrativo específico para el mismo. Esto es importante anotar porque el procedimiento regular cumple una doble finalidad; por un lado, constituye una garantía para el administrado porque conocerá de antemano cómo se desarrollará el procedimiento; así como reconocer encausar sus derechos protegidos; y al mismo tiempo es un instrumento para la entidad que le permitirá satisfacer las necesidades de los administrados y al mismo tiempo poder actuar en defensa del interés público. Por lo tanto, “el procedimiento regular, como elemento del acto administrativo, implica que las peticiones del ciudadano deben ser canalizadas por el procedimiento correspondiente, caso contrario estaremos dentro de una suerte de «vía de hecho administrativa», es decir aquellas actuaciones materiales de la Administración Pública realizadas sin procedimiento alguno o con desviaciones o vicios esenciales en el procedimiento. Por ello, es importante distinguir que existen dos clases de vicios en el procedimiento regular: los esenciales y los no esenciales. Si se produce un vicio trascendente en el procedimiento; entonces el acto administrativo será pasible de nulidad; más, si el defecto producido no es esencial, estaremos ante un caso de conservación del acto administrativo. Estas dos alternativas, se recogen en el numeral 2 del artículo 10º y en el numeral 14.2.3 del artículo 14º de


la LPAG, respectivamente. En ese sentido, se pronuncia el profesor Richard Martín Tirado al señalar que “hay que distinguir entre las formalidades propias del procedimiento administrativo. Algunas tienen el carácter de formalidades esenciales, cuyo incumplimiento o cumplimiento defectuoso amerita la declaración de nulidad del acto administrativo. Por otro lado, existen formalidades no esenciales cuyo incumplimiento no motiva la nulidad del acto administrativo, a lo máximo una declaración de enmienda del vicio no trascendente. Por ello, las formalidades del procedimiento tiene un valor específico y debe distinguirse entonces entre las formalidades esenciales (por ejemplo, informes orales, audiencias públicas, plazos, notificaciones de cargos o para absolución de posiciones), de formalidades no esenciales o intrascendentes, las mismas que no vician el «procedimiento regular» al que alude la LPAG”[20]. Finalmente, hay que recordar que cuando nos encontramos frente a los vicios no esenciales o intrascendentes; la norma prevé que dicho actos administrativos pueden ser conservados conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 14º dela LPAG; estudio al cual nos avocaremos en una próxima aventura académica.


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Forma del acto: La forma es la manera en la que el acto se manifiesta. Los actos administrativos tienen que cumplir con una serie de requisitos y uno de ellos es la forma en la que se producen. No debe confundirse el acto administrativo con su forma. La forma no constituye parte del acto, o por lo menos no es una parte esencial de éste que le prive de eficacia, salvo cuando así se impongan por una Ley. Es preciso distinguir, por tanto, el ejercicio en forma verbal de las competencias y la sujeción a forma escrita de la resolución que contiene el resultado de ese ejercicio de la competencia en forma verbal ya que, sin distinguir esto, resulta imposible entender cómo es perfectamente conforme a la ley y al derecho que una competencia se ejerza en forma verbal y que


la resoluciรณn consiguiente sea y tenga que ser reflejada por escrito.

ELEMENTOS BASICOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO  
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