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TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Antes de poder hablar del amparo, sus generalidades y de forma especifica debemos aclarar el fundamento jurídico del mismo, es por ello que debemos referirnos en primer orden a la tutela judicial efectiva. Nuestra Constitución nacional establece en su Art. 26 lo siguiente “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente (…)” Nuestro constituyente estableció en este articulo el derecho humano a la justicia, que tiene toda persona que se encuentre en el territorio de la República, ha acceder a los órganos de administración de justicia, con el fin de que estos hagan respetar sus derechos y garantías, reconocidos ya sea por la Constitución, la Ley o cualquier tratado internacional ratificado por la República, frente a cualquier arbitrariedad o atropello, ya sea de los mismos órganos del Poder Público o de particulares. Pero nuestro constituyente no se limito a solo a estipular la obligación de los órganos del Estado a garantizar la Tutela Judicial de los derechos y garantías de los administrados; sino también, estableció una serie de mecanismos que garantizan este derecho, de esa forma lo interpreto la Sala Constitucional del TSJ al Señalar que: “El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura”. De esto se desprende que el Derecho a al tutela Judicial, va estrechamente vinculado con el Derecho al Debido Proceso establecido en el Art. 49 de la CRBV y el 8 del Pacto de San José. Desde 1948 fecha en que nacieron los primeros instrumentos internacionalmente reconocidos en materia de derechos humanos, siendo el primeros la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y posteriormente en el mismo año, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como simples expresiones de buena voluntad, se comenzó a dar forma a los que hoy conocemos como Derecho a la Justicia, y al Amparo judicial de los derechos. La Americana establece el derecho de toda persona a disponer de un recurso, sencillo y breve, que lo ampare contra las violaciones de sus derechos constitucional y legalmente reconocidos, mientras que la Universal añade que este debe ser efectivo. Posteriormente, se suscribe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICP), el cual establece de igual forma el Derecho al Amparo Judicial de los Derechos, con la diferencia que este si es de cumplimiento obligatoria por los países partes.


Sin embargo, es la Convención Americana de Derechos Humanos, la que viene a describir con mayor exactitud este derecho, imponiéndole además a los Estados, medios para el cumplimiento de éste, los cuales no poseía el PICP. La Convención Americana o Pacto de San José establece en su Art. 25 denominado Protección Judicial que: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.

Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”

Es importante destacar que en este artículo, cuando se habla de “recurso sencillo y rápido” se hace referencia al Amparo, en la misma forma que lo hacen las Declaraciones Universales y Americanas, así como el PICP, mientras que cuando se señala “cualquier otro recurso efectivo”, no se habla del derecho al amparo, ya que nos estamos refriendo al proceso legal o constitucionalmente creado, con el fin de dar solución a una determinada situación o problemática jurídica; es decir por ejemplo, en un caso de despido injustificado, el recurso efectivo es el procedimiento de reenganche; en un caso de homicidio, el recurso efectivo, es el procedimiento ordinario establecido en el COPP; es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos máximo interprete de este Pacto ha establecido que un recurso efectivo, es aquel capaz de lograr el fin para el cual fue creado. LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Concepto. Base Constitucional y Legal. El Amparo Constitucional, es un recurso especialísimo y extraordinario, mediante el cual una persona ya sea natural o jurídica, que considera que se le ha violado o que esta en riesgo inminente un derecho que le reconoce la Constitución o los Instrumentos Internacionales de Derecho Humanos, solicita al órgano judicial competente que le proteja en contra de esta violación o riesgo, con el fin de hacer cesar la amenaza o restablecer la situación violada o dar una equivalente. El Poder Constituyente Originario, estableció en el Art. 27 de la CRBV que: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.


El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales” Por su parte la, Ley Orgánica de Amparo Sobre Derecho y Garantías Constitucionales (Ley de Amparo), señala en su Articulo 1 que este derecho le corresponde tanto a personas naturales como jurídicas. Lesión Objeto de Amparo Constitucional. Es el Acto u omisión de un acto debido, que sea actual, inminente, posible y/o realizable por el agraviante, que amenace o restrinja, afecte o desmejore una garantía o derecho establecido en la Constitución o en los Instrumento Internacionales de Derechos Humanos o un derecho inherente a la persona humana, que pueda reparase o restablecerse; que sea posible volver al estado anterior, antes de que se hubiese producido la amenaza o se hubiese producido la afectación; o que se pueda restituir a un estado similar o equivalente. Características de Amparo Constitucional. a) Busca la protección de derechos constitucionales o reconocidos por instrumentos internacionales de derechos humanos. b) Es de orden público. c) Es contencioso. d) No requiere de abogado. e) Puede ser principal como incidental. f) Todo tiempo es hábil para su interposición y tramitación. g) Es preferente sobre cualquier otro asunto. h) No admite demora ni diferimientos. i) La Solicitud puede ser verbal (el juez debe recogerla en acta) o escrita, o ser interpuesta vía telegrama, pero debe ser ratificada personalmente o por medio de apoderado dentro de los tres días siguientes. j) El juez actúa en sede constitucional. k) El juez competente tiene la potestad de restablecer la situación jurídica infringida prescindiendo de averiguaciones sumarias, si esta sustentado en un medio de prueba que haga presumir la violación o amenaza grave del derecho reclamado. l) El juez si lo considera conveniente y no signifique perjuicio irreparable para el actor, podrá ordenar la evacuación de pruebas que juzgue conveniente.


m) Se admite la inhibición del juez, pero no su recusación. n) Es gratuito y no requiere de estampillas o papel sellado o) El procedimiento debe ser oral, público, breve y no sujeto a formalismos p) Debe mantenerse la absoluta igualdad de las partes, sin que opere privilegios procesales. q) No se permite ninguna forma de arreglo entre las partes. r) El sentenciador lo hace de forma sencilla. s) La ejecución de la sentencia es amplia y forzada. Las Partes. Sujeto Activo. Es aquel capaz de promoverlo, la ley lo denomina que “Quejoso” o el “Agraviado”. El quejoso, puede ser toda persona natural o jurídica que habite en la República, sin importar que sea extranjero o visitante, una interpretación contraria a esta, violaría el Art. 19 y 22 de la CRBV y el 1.1 del la Convención Americana. También pueden interponerlos los Fiscales del Ministerio Público; Entes estadales, estatales o municipales; Órganos del Sistema de Protección de la LOPNNA; la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública. Sujeto Pasivo Es aquel contra quien se interpone el amparo, la ley lo denomina el “Agraviante”. El amparo puede ser interpuesto contra los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal; contra ciudadanos o personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas. La ley establece una prohibición de interponer amparos constitucionales en contra de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia; contra estas sentencias solo cabe una acción de amparo internacional, establecido en el Art. 31 de la CRBV Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo. Requisitos de la Solicitud. La solicitud debe llenar las formalidades del Art. 18 de la Ley o deberá subsanarse, este Art. señala que debe contener: a) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; b) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante; c) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización; d) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación;


e) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo; f) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. Causas de Inadmisibilidad. El Art. 6 de la Ley de Amparo señala que no se admitirá la acción de amparo: a) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla; b) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado; c) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación; d) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido. El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación. e) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado; f) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia; g) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos; h) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta. Competencia. a) Corresponde a la Sala Constitucional conocer en primera y última instancia las acciones de amparo constitucional interpuestas contra altos funcionario públicos nacionales (Nº 18 del Art. 5 de la Ley del TSJ). b) Corresponde de igual forma a la Sala Constitucional conocer las acciones autónomas de amparo constitucional contra las sentencias en última instancia dictadas por los Tribunales Contencioso Administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal (Nº 20 del Art. 5 de la Ley del TSJ).


c) Cuando se trata de acción de amparo contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente. d) Son competentes los tribunales de primera instancia, atendiendo a la naturaleza del derecho que se reclama. e) Si aparecen varias personas afectadas, es competente el Juez que previno o notifico primero al agraviado. f) En materia de habeas corpus o amparo de libertad y seguridad personal, son competente los Tribunales Penales de Primera Instancia en funciones de Control. g) Si el acto objeto de amparo es la decisión de uno de estos tribunales, con excepción de el literal a) y b), es competente el superior jerárquico. h) Si el juez se declara incompetente, esta obligado a pasar la causa de inmediato al juez competente, de igual forma se procede en caso de inhibición del juez. i) En caso de conflicto positivo de competencia, este será decidido por el tribunal superior, si no hay un superior en común, se debe entender que debe conocer la Sala Constitucional por tratarse de derechos constitucionales. j) En caso de apelación en materia de amparo constitucional es competente la Sala Constitucional (Nº 5 del Art. 5 de la Ley del TSJ) k) Por mandato constitucional le corresponde a la Sala Constitucional, revisarlas sentencia firmes de Amparo Constitucional dictadas por los Tribunales de la República. El Desistimiento. La Sala Poñitico-Administrativa interpretando la Ley de Amparo y el Código de Procedimiento Civil, establecido sobre el desistimiento en amparos constitucionales que del “análisis concatenado de lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, vista la remisión que de dicho último texto efectúa la primera en su artículo 48, se observa que, en forma enunciativa : 1. En los procedimientos de amparo, en principio, no son susceptibles de admitirse medios de autocomposición procesal, tales como transacciones y convenimientos. 2. Sólo por la expresa habilitación legislativa - la contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- , es susceptible de admitirse el desistimiento por parte del quejoso. 3. El desistimiento sólo podrá efectuarse por quien tenga capacidad suficiente para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia. Tal capacidad debe constar en forma expresa e indubitada en el instrumento respectivo. 4. El desistimiento sólo será procedente cuando no se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres. 5. En cuanto a la oportunidad para efectuar el desistimiento, éste puede interponerse en cualquier estado y grado de la causa. 6. En caso de que el juez constitucional estime el desistimiento como malicioso, el quejoso deberá sancionarse pecuniariamente con una multa de dos mil bolívares (Bs.2.000,oo) a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo)”. Obrar con Temeridad. El Art. 28 de la Ley de Amparo Señala que “Cuando fuese negado el amparo, el Tribunal se pronunciará sobre la temeridad de la acción interpuesta y podrá imponer sanción hasta de diez (10) días de arresto al quejoso cuando aquella fuese manifiesta”.


Contenido de la Sentencia y sus efectos. La sentencia que acuerde el amparo constitucional deberá cumplir las siguientes exigencias formales: a) Mención concreta de la autoridad, del ente privado o de la persona contra cuya resolución o acto u omisión se conceda el amparo; b) Determinación precisa de la orden a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su ejecución; c) Plazo para cumplir lo resuelto. Cuando se trate de quejas contra particulares, se impondrán las costas al vencido, quedando a salvo las acciones a que pudiere haber lugar. El Juez que acuerde el restablecimiento de la situación jurídica infringida ordenará, en el dispositivo de la sentencia, que el mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. Cuando la acción de amparo se ejerciere con fundamento en violación de un derecho constitucional, por acto o conducta omisiva, o por falta de cumplimiento de la autoridad respectiva, la sentencia ordenará la ejecución inmediata e incondicional del acto incumplido. Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses. HABEAS CORPUS O AMPARO DE LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL. El una modalidad del amparo constitucional, mediante la cual, una persona que fuere objeto de privación o restricción de su libertad, o se viere amenazada en su seguridad física, con violaciones a sus garantías constitucionales, solicita por si misma o por medio de cualquier otra, a un juez competente por la materia y territorio, del lugar donde se hubiere ejecutado el acto objeto de la petición, o donde se encuentre la persona agraviada, examine la situación jurídica y disponga si es pertinente el restablecimiento de esta. El habeas corpus se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, y data de la época del Imperio Romano. Actualmente podemos encontrar esta espacie de amparo en el Art. 9, Nº 4 del PIDC de la siguiente manera: “(…) Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. (…)” La Convención Americana también recoge esta institución en su Art. 7.6, señalando que: “(…) Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales (…)”


La Corte Interamericana de DH ha determinado que “El habeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad. (…) Si se examinan conjuntamente los dos procedimientos [amparo y habeas corpus], puede afirmarse que el amparo es el género y el hábeas corpus uno de sus aspectos específicos. En efecto, de acuerdo con los principios básicos de ambas garantías recogidos por la Convención así como con los diversos matices establecidos en los ordenamientos de los Estados Partes [Convención], se observa que en algunos supuestos el hábeas corpus se regula de manera autónoma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o de aquéllos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero en otras ocasiones el habeas corpus es denominado "amparo de la libertad" o forma parte integrante del amparo. El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (…)” El Habeas Corpus se rige por las mismas generalidades establecidas por la Ley de Amparos en lo que sea aplicable. Procedimiento. Presentada la solicitud, el juez habré una averiguación sumarísima, ordenando inmediatamente al funcionario bajo cuya custodia se encuentre la persona agraviada que informe dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad. El Juez decidirá en un término no mayor de noventa y seis (96) horas después de recibida la solicitud, la inmediata libertad del agraviado o el cese de las restricciones que se le hubiesen impuesto, si encontrare que para la privación o restricción de la libertad no se hubieren cumplido las formalidades legales. El Juez, caso de considerarlo necesario, sujetará esta decisión a caución personal o a prohibición de salida del país de la persona agraviada, por un término no mayor de treinta (30) días. El mandamiento de habeas corpus o, en su defecto, la decisión que lo niegue, se consultará con el Superior, al que deberán enviarse los recaudos en el mismo día o en el siguiente. La consulta no impedirá la ejecución inmediata de la decisión y el Tribunal Superior decidirá dentro de las setenta y dos (72) horas después de haber recibido los autos. Las solicitudes referidas a la seguridad personal se tramitarán, en cuanto les resulten aplicables, conforme a las previsiones de este artículo. NOTA: ESTE PROCEDIMIENTO NO SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, ES ATRASADO, NUCA SE PONE AL DETENIDO EN PRESENCIA DEL JUEZ


El Recurso de Amparo en Venezuela