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MARCHA PATRIÓTICA

CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA

1-1-2012 Solución política | federación de estudiantes universitarios


Conflicto social y armado que vive colombia Colombia es un país que atraviesa por un conflicto social, político y armado. Este conflicto tiene sus causas en la monopolización de la tierra por hacendados oligarcas, el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos, el gamonalismo o concentración del poder por parte de una elite que representa la minoría, las desigualdades sociales y la extrema pobreza, el abandono estatal, la falta de educación, la transición de derechos fundamentales a “servicios” como es el caso de la salud, las deficiencias socio-económicas en los núcleos familiares y la violación sistemática a los derechos humanos, entre otros aspectos.

Políticas públicas y marco legal actual alrededor del conflicto en el gobierno Santos En este marco, el gobierno nacional siguiendo las tesis doctrinarias propias del “nuevo orden internacional” impuestas por las políticas intervencionistas de las grandes potencias extranjeras, ha optado por un escenario de guerra para fortalecer el modelo económico, que con ayuda de una estrategia de terror y despojo, garantiza la fácil acumulación de capital de las clases dominantes del país y del extranjero, dejando de lado la política social, y favoreciendo de esta manera el aumento de los índices de pobreza y de miseria. El gobierno y el ministerio de defensa hablan de cuatro lineamientos generales, que deben seguir como objetivos de la política de seguridad y defensa. En primer lugar la Consolidación, que niega la existencia de actores armados por causas sociales y traslada las medidas usadas en la guerra contra-insurgente a las ciudades. En segundo lugar el fortalecimiento institucional, que habla cínicamente del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cuando claramente, dichos principios rectores son desconocidos por el estado colombiano, especialmente por sus agentes armados. Posteriormente como tercer lineamiento se menciona la internacionalización, que es un reflejo de las políticas de intervención extranjera, que van en contravía de lo que plantea el último lineamiento sobre defensa, que habla acerca de soberanía nacional. El gobierno nacional plantea la seguridad como eje transversal de las cinco locomotoras, incluidas en el Plan Nacional de desarrollo 2011-2014 impuestas por la oligarquía colombiana para lograr su cometido de “prosperidad democrática”; esto se refleja en un aumento sustancial del pie de fuerza total de la policía nacional, en un 3.5% pasando de 152.961 efectivos a 158.365, un aumento de 5404 efectivos en el periodo agosto de 2009 a agosto de 2010 .Caso contrario al de las fuerzas militares como tal, que aunque posee más miembros reduce en un 6.2% su pie de fuerza pasando de 285.175 a 267.629, disminuyendo un número total de 17546 efectivos, esto enmarcado en una política de trasladar la guerra al interior de las ciudades, que ayudado con la nueva legislación en materia de seguridad, procede a un proceso de militarización de los cascos urbanos poniendo en riesgo también los sectores del movimiento social colombiano. Otra muestra de esto sería el aumento de 153 batallones para la guerra contra la insurgencia durante el periodo


comprendido desde el 2002 hasta la actualidad, siendo Santos el inaugurador de 11 de estos durante su primer año de gobierno. El gasto del PIB en materia de seguridad, aunque baja un pequeño porcentaje durante el 2010, sigue en la tendencia que se desarrolla durante el periodo Uribe de mantener una alta inversión en esta materia, haciendo inclusive mas alto el gasto en seguridad (4.5%) que el gasto en Educación (4.3%), considerando que la suma de inversión en Seguridad y Defensa es de 16.361.339 millones de pesos, siendo este un régimen que desarrolla la ofensiva militar como única alternativa a la solución del conflicto armado. Además de estas políticas públicas, el gobierno tiene tres leyes bandera que muestran el aparente posconflicto que vivimos, pero dentro del recrudecimiento de la guerra. Estas son: Ley de inteligencia y contrainteligencia, ley de víctimas y restitución de tierras y ley de seguridad ciudadana. La ley aprobada por el Congreso de inteligencia y contrainteligencia legaliza, lo que se podría denominar como un Estado de Sitio, a pesar de unos principios que aparentemente respetan las diferencias ideológicas, culturales, religiosas, etc. expresados en el artículo 4 de dicha ley. Sin embargo, en el desarrollo de la ley se ve que agrede directamente a las personas que estén en oposición política, argumentando que altera “la vigencia del régimen democrático, y la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación”, incluyendo a cualquier ciudadano de forma arbitraria. Posterior a la aprobación de esta ley, se debe hacer un Plan Nacional de Inteligencia (PNI), el cual estará elaborado dentro de un año por la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) que está constituida únicamente por personas del Gobierno Nacional y de la cúpula Militar de las diferentes Fuerzas Armadas. Ulterior a la elaboración del PNI, la única persona facultada para hacer requerimientos adicionales, es el Presidente de la república o un funcionario que éste designe, haciendo que el poder Ejecutivo tenga la total potestad para desarrollar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El “control y la Supervisión” de las actividades de inteligencia y contrainteligencia están a cargo de “el superior jerárquico” es decir, se vuelve a la JIC. En teoría los funcionarios de los organismos de inteligencia que infrinjan sus deberes u obligaciones tienen “responsabilidad civil, fiscal, penal o profesional” sólo si es un delito de lesa Humanidad o contra el DIH, sin embargo, es necesario tener en cuenta que las acciones de los organismos de inteligencia, están cobijadas bajo la orden del superior jerárquico y que si cometen algún delito, es porque éste lo ordenó y frente al superior jerárquico no existe legislación alguna. Adicionalmente, en el artículo 34 se ve que la impunidad sigue siendo factor regular para estos organismos: “los servidores públicos de organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, están obligados a guardar la reserva en todo aquello que por razón de ejercicio de sus actividades hayan visto, oído o comprendido. En este sentido, los servidores públicos a los que se refiere este artículo están exonerados del deber de denuncia y no podrán ser obligados a declarar.” Se evidencia el claro atentado al derecho a la información consagrado en la Constitución política de Colombia, cuando en ésta ley se impone una obligación a la reserva de la información de


inteligencia por un término máximo de 40 años extensible por el presidente por 15 años más. Es un delito “la divulgación y empleo de documentos reservados y empleo abusivo a un sistema informático” con penas que van de 5 a 10 años, con multas que van desde 20 hasta 240 salarios mínimos legales vigentes. Esta ley también legaliza las interceptaciones ilegales hechas por el DAS de años pasados y permite la identificación por medios de telecomunicación y muestra de manera contundente la persecución y señalamiento al disenso, al pensamiento crítico y a la organización social. La ley de víctimas y restitución de tierras pretende “restituir y reparar” a las víctimas del conflicto, es una de las más importantes del gobierno Santos, pues aparentemente acepta la existencia de un conflicto armado interno, se da en el marco de una justicia transicional y por ende se entiende que está en el marco del “posconflicto” desconociendo las razones estructurales, aún vigentes de un conflicto político, social y armado, que viene desde años atrás, acompañado del recrudecimiento de la guerra por parte del estado, haciendo que la reparación, el alcance de los derechos, la verdad, justicia y reparación con garantía de no repetición no estén asegurados. En esta ley el concepto de víctima puede ser muy ambiguo: “toda persona que sufra un daño como consecuencia de violaciones a las normas de derechos humanos o infracciones al DIH…sea quien haya sido el victimario”, y reconoce principalmente a la insurgencia y a los paramilitares como victimarios, es decir al “crimen organizado” mostrando el desconocimiento de los actores políticos y armados dentro del conflicto como lo es la insurgencia; de igual forma no reconoce al Estado como victimario representado en este marco por las fuerzas armadas –y para estatalespues se consideran casos aislados. En ese sentido la reparación consiste en medidas de asistencia, que son estimados como derechos fundamentales, tales como educación y salud, que deben ser brindados por el estado para cualquier ciudadano y son las garantías mínimas que debe tener una víctima para poder regresar a su lugar de origen y no debería ser considerado como un elemento de reparación. Otro aspecto importante es la ayuda humanitaria, que no tiene especificidad en el tiempo en que será otorgada, pues apunta a solventar necesidades inmediatas. Dentro de los componentes de reparación está la restitución de tierras después de un proceso judicial, que tiene en cuenta la legalización de títulos, sin garantizar siempre la devolución de tierras a las víctimas reales del desplazamiento forzado y del despojo, pues existe el “principio de buena fe” frente a terceros que por diversas razones sean propietarios de tierras, en su mayoría latifundistas y multinacionales, defendiendo la propiedad privada de estos y el modelo agro exportador y minero, dejando de lado la actividad campesina y un modelo de desarrollo distinto y verdaderamente incluyente. También se ve que dentro de los componentes de reparación, el sector privado juega un papel fundamental en generación de sectores productivos, mostrando la conexión evidente con el Plan Nacional de Desarrollo. Además existe una indemnización si las víctimas hacen contrato de transacción para no demandar al estado y al no estar resuelto el pleito por la tierra, el estado continuaría sancionando la ocupación de dichos terrenos.


Se pretende recuperar la memoria histórica a través del día nacional de víctimas y exención de servicio militar para estas, a pesar de ya haber vivido el conflicto y de ser una institución que lo profundiza, desconociendo la importancia del reconocimiento de unas causas estructurales del conflicto y del papel de todos los actores en el recrudecimiento de este, como elemento básico para garantizar una verdadera justicia y reconciliación, que constituiría una satisfacción real para las víctimas. Por último, para analizar las serias reformas frente al sistema penal y de seguridad colombiano es necesario analizar la ley de Seguridad Ciudadana, en este sentido debe ser tenido en cuenta un primer elemento y es que se desconocen sistemáticamente las acciones políticas y el delito político, penalizándolos como actos terroristas, confundiendo actos a todas luces políticos y transformadores como la protesta y las manifestaciones ciudadanas con actos de delincuencia común. Inicialmente, en términos de la utilización ilícita de redes de comunicaciones, establece que: “...el que con fines ilícitos posea o haga uso de equipos terminales de redes de comunicaciones o de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.” Como vemos, este artículo es en extremo impreciso, en la medida en que no establece a que se refiere con “fines ilícitos”, adicionalmente, deja ver cuál es la verdadera intención de criminalización al señalar que la pena se duplicará cuando se realice con fines terroristas. Se va a sancionar con penas hasta de 180 meses de prisión y multas de 750 salarios mínimos legales vigentes a personas que en medio de protestas empleen o lancen sustancias u objetos peligrosos, especialmente si es en contra de la policía. Tal como está redactada esta ley, no se tiene en cuenta si la acción penalizada se da en defensa de cualquier tipo de agresión policial tal como sucede en la mayoría de los casos y lo peor es que en ningún modo se va a castigar a los miembros del ESMAD que agreden a la población civil y a movimientos sociales que protesten pacíficamente contra los excesos del gobierno, abusando de la fuerza y de su autoridad. A esto se suma lo dispuesto en el artículo 44 que prohíbe y penaliza la obstaculización de las vías o la infraestructura de transporte, en otras palabras criminaliza las marchas y manifestaciones que obviamente buscan interrumpir la vida normal de la ciudad o de los campos para evidenciar las contradicciones e injusticias del sistema. En la misma vía, se penaliza la perturbación en servicio de transporte público, colectivo y oficial, lo cual es consecuencia directa de cualquier manifestación. Pocas veces había sido tan descarado un gobierno al prohibir abiertamente las movilizaciones ciudadanas y a restringir la protesta a permisos pedidos a las mismas autoridades que los reprimen. En materia de registro y allanamientos, son numerosos los elementos y las inconsistencias que permitirían un exceso de atribuciones por parte de las autoridades encargadas de la acción. Con los artículos relacionados con la interceptación de comunicaciones y la recuperación de producto de la transmisión a través de las redes de comunicaciones, se pretende dar un marco


legal a prácticas que hasta ahora eran ilegales pero se realizaban con cotidianidad tales como la interceptación a miembros de la oposición e incluso la utilización de la información obtenida para intimidar o agredir a las víctimas de esta. Solo es necesario que un fiscal tenga motivos “razonablemente fundados” para proceder con las interceptaciones. Igual sucede con la vigilancia y seguimiento de personas. Cualquier ciudadano puede ser seguido por la policía judicial por un año y pueden ser grabadas o fotografiadas su acciones en detrimento de su privacidad e intimidad. Como se puede percibir, estas leyes permiten la profundización del modelo neoliberal y de capitalismo salvaje que sigue manteniendo al país dependiente de las élites, el capital financiero, de las multinacionales, etc., siendo fuente de recursos y respondiendo a los intereses de todos ellos, pues a través de la ley de víctimas y restitución de tierras se garantiza la legalización de títulos y la promoción de un modelo productivo que realmente no suple las necesidades del pueblo colombiano, aumentando la desigualdad e inequidad social y no contribuye a una verdadera solución del conflicto que vive nuestro país ni responde a los clamores históricos del movimiento social, popular y en especial del sector campesino, de adelantar un real proceso de redistribución de la tierra, consigna además de los grupos insurgentes participantes en el conflicto en el país. Esta ley y todas las reformas que ha querido y quiere imponer el gobierno Santos materializadas en el Plan Nacional de desarrollo, la reforma a las regalías, la nueva ley de educación superior, entre otras, traen consigo un aumento de la movilización social, para lo cual este gobierno autoritario responde con medidas, de carácter dictatorial y que no respetan las mínimas libertades de asociación, libre expresión, opinión, de la información, protesta, etc., como la ley de seguridad ciudadana y la ley de inteligencia y contrainteligencia. Esto sin duda alguna, también es reflejo del recrudecimiento del conflicto en el que se ha hecho manifiesta la participación impune de fuerzas paramilitares y para estatales (actualmente denominadas BACRIM) en la llamada guerra contra el terrorismo, que no ha significado más que una persecución a los movimientos sociales, sindicales y a defensores y defensoras de derechos humanos, en función de la protección de claros intereses económicos de la clase dirigente del país, como ha sucedido históricamente. Es de esta manera como se ahonda el modelo neoliberal en nuestro país, agudizando las contradicciones de clase y las causas estructurales del conflicto manteniendo lejana una conclusión de este, pues sus origenes siguen vigentes y se profundizan, y apesar de la coopatción del moviemiento social y porpular, con estrategaias hábiles por parte de Santos y las políicas sistemáticas de persecusión, estigmatización, señalamiento y exterminio en contra de este, se continúa alejando a los actores del conflicto, como los son los grupos insurgentes, y agudizando políticas de carácter represivo, manteniéndose en la lógica de acabar el conflicto por la vía militar, sin reconocer la necesidad de una salida política que realmente logre recoger los elementos que han mantenido a Colombia sumergida en la guerra. Derechos Humanos y Conflicto


El gobierno nacional busca a partir del discurso de la unidad nacional no solo aplacar la oposición sino cerrar cada día más la limitada democracia que existe en este país. Es un mero sofisma el decir que realmente en Colombia el gobierno actual en cabeza de Santos encarna una lógica distinta en materia de derechos humanos a la adelantada en el gobierno Uribe Vélez. Vemos claramente la profundización del modelo que otrora desarrollara la muerte y el guerrerismo bajo el manto de la seguridad democrática, del cual el actual presidente era uno de los artífices y principales actores pues como ministro de defensa estuvo en cabeza de la política sistemática de estado de las ejecuciones extrajudiciales. La estrategia de cooptación de distintos sectores de la sociedad, para de esta manera reflejar ante la comunidad internacional un panorama distinto y dar la intención de una ruptura frente a la mala imagen que el gobierno anterior sembró, a partir de relaciones diplomáticas y de una nueva estrategia de posicionamiento de cara a ciertos escenarios internacionales, no es más que la estrategia de este gobierno que se caracteriza por ser de tercera vía, para usurpar las banderas del movimiento social y popular frente aspectos álgidos y que han estado caracterizados por ser escenarios de confrontación, para de esta forma deslegitimar a actores del conflicto armado, como la insurgencia. Todo esto sucede mientras que al interior del país se evidencia la impunidad en casos como las ejecuciones extrajudiciales, la limitada aplicación de la ley de justicia y paz, que aunque es una estrategia de las élites para favorecer al paramilitarismo y ocultar la verdad de los crímenes en el país, su no aplicación ha permitido la continuación y agudización de la arbitrariedad, eliminando de tajo la posibilidad de conocer la verdad, desarrollar realmente una reparación integral que vaya más allá de lo económico, la no aceptación y reconocimiento de la responsabilidad estatal frente a los crímenes cometidos en el territorio nacional y la falta total de mecanismos que garanticen el principio de no repetición. Teniendo esto en cuenta podemos leer en el gobierno Santos un carácter demagógico, que ha manejado discursivamente el respeto hacia los derechos humanos que no se refleja en la realidad pues desde el 7 de agosto 2010 han sido asesinados impunemente treinta y cuatro defensores y defensoras de los derechos humanos, quince dirigentes agrarios que exigían la restitución de las tierras usurpadas con violencia a los campesinos, al mismo tiempo que veintisiete sindicalistas la mayoría de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y miles más han sido amenazados de muerte, demostrando que la persecución hacia el movimiento social colombiano no ha cesado y si se disfraza bajo discursos y propuestas legislativas que desfiguran la historia real del conflicto Colombiano. Estas cifras nos demuestran que el conflicto en el país está lejos de acabarse como muchas veces se ha planteado desde el gobierno anterior, además de mostrar que los crímenes de estado no cesan y podemos asegurar que siguen enmarcados en profundos intereses geopolíticos, económicos y sociales. Igualmente, podemos ver que el discurso del posconflicto, planteado desde el gobierno Uribe, ha marcado una diferencia radical a la hora de entender la situación nacional, y aunque el actual gobierno aparentemente ha entrado en contradicción con este supuesto, no podemos dejarnos engañar, pues sigue manejando, si bien ya no en lo discursivo, si en lo práctico,


en lo político y en lo legislativo, la percepción de que las raíces sociales que han generado violencia a través de la historia nacional son inexistentes. Lo anterior nos debe llevar a hacer una profunda reflexión sobre la importancia de concebir un análisis histórico para estudiar a profundidad las causas del conflicto en el que estamos inmersos y así buscar alternativas para la paz y la solución política al mismo. De esta manera la memoria histórica, debe constituirse como uno de los elementos que nos permita recordar los vejámenes a los que hemos sido expuestos por parte de las clases dirigentes, y el fundamento de la lucha diaria por cambiar las condiciones de vida de millones de colombianos y colombianas. Hay que recordar, que los enfrentamientos violentos entre las diferentes clases, se basan en el reclamo de las necesidades del pueblo colombiano hacia quienes históricamente han direccionado el país y han generado fuertes contradicciones en las formas de concebir la organización y manejo de la sociedad. Se debe afianzar la memoria histórica para comprender que dicha violencia es de origen político al ser excluidos distintos miembros y sectores de la sociedad, de los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales, entre otros, en beneficio de unos pocos. El discurso gubernamental ha intentado durante toda la historia nacional imponer una versión que intenta deslegitimar y desconocer las causas de este conflicto y las exigencias del movimiento social y popular, cometiendo los graves crímenes por parte de agentes del estado o su permanente complicidad en contra de las acciones de agentes paramilitares, quienes desde su origen han utilizado esa estrategia para acabar y eliminar la oposición política en el país. El claro ejemplo y quizá el que no podemos dejar de lado al hablar del conflicto en Colombia, es lo que significó el proceso de exterminio de la Unión patriótica, que evidenció la crudeza de la política de estado de eliminación a quienes se contraponen a las políticas y lógicas gubernamentales. Esto sigue siendo hoy un elemento fundamental no solo en las apuestas nacionales de los distintos sectores de articulación sino claramente en contra de los procesos de movilización que se vienen profundizando en las distintas universidades a nivel nacional. Los señalamientos de las directivas y miembros del gobierno nacional con el espíritu de estigmatizar los proceso estudiantiles, el ingreso de la fuerza pública a las universidades, la militarización de los campus, la represión como única forma de responder ante la protesta juvenil, y muchos elementos más se han vuelto pan de cada día frente al escenario universitario como parte de la estrategia de persecución y criminalización de la actividad política del pueblo colombiano. Prisioneros políticos Generalmente se tiene la idea que son Prisioneros y Prisioneras Políticas solo quienes se han alzado en armas, lo que limita que se reivindiquen como tal quienes están sometidos y sometidas a reclusión en razón a su oposición política no armada o por el desarrollo propio del conflicto interno. Es por esto que queremos llamar la atención en tener claridades frente a las diferentes gamas de prisioneros y prisioneras políticas existentes, con la finalidad de aportar al fortalecimiento de la conciencia y el reconocimiento de los prisioneros políticos en Colombia. Hasta el momento, podemos identificar tres categorías de prisioneras y prisioneros políticos, ellos son de ‘Conciencia’, de ‘Guerra’ y ‘Victimas de Montaje Judicial’.


Son Prisioneros Políticos de Conciencia, las personas que han expresado su oposición política al régimen o al gobierno vigente, de manera individual o en su calidad de miembro de organizaciones populares ; Prisioneros Políticos de Guerra, las personas que se han alzado en armas con la finalidad de tomarse el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente; Prisioneros Políticos ‘Víctimas de Montaje Judicial’, las personas que habitan en zonas de alta influencia del conflicto armado interno, que han sido estigmatizadas como auxiliadores de la insurgencia las cuales han sido perseguidas, detenidas y sometidas a procesos penales con pruebas falsas, manipuladas o insuficientes. En síntesis, la existencia de las y los prisioneros políticos en Colombia es una consecuencia del conflicto social, político y armado que atraviesa el país. La situación que viven y han vivido las y los prisioneros políticos en las cárceles colombianas se resume en una situación de conflicto, caracterizada por protestas, huelgas, motines, desobediencias civiles e incidentes violentos, cuyo origen es múltiple: condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad humana, violación de los derechos humanos y las normas mínimas para el tratamiento de las personas sometidas a detención, y más recientemente, el traslado del conflicto Estado - Insurgencia a las prisiones, a través del paramilitarismo, adicionándole la injerencia del buró federal de prisiones estadounidense en la administración de justicia carcelaria y penitenciaria colombiana. El hacinamiento y las condiciones indignas en los establecimientos carcelarios también obedecen al aumento del número de internos como política criminal del Estado de privilegiar la detención preventiva como medida de aseguramiento, aumentar el número de conductas punibles y las penas para delitos que atentan contra la seguridad del Estado, restringiendo los beneficios de la libertad condicional y provisional, así como la detención domiciliaria a los prisioneros políticos. Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T-153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano viola de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un estado de cosas inconstitucional. Hoy, a pesar de haber transcurrido más de 13 años, el estado colombiano no ha tomado los correctivos que ordenó la Corte Constitucional colombiana. La actual política carcelaria y penitenciaria obedece a un modelo represivo ante todo mercantil y no resocializador. El actual modelo carcelario, tiene como consecuencia la generación de una aguda crisis humanitaria al interior de las cárceles. Rechazamos el proyecto que cursa en el Congreso de la República conocido como “Código Penitenciario y Carcelario” y la puesta en práctica de los nuevos Establecimientos de Reclusión Nacional conocidos como “ERON”, los cuales ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. La actitud del presidente Juan Manuel Santos no debe limitarse a reconocer la existencia de un conflicto armado, sin reconocer el carácter político y social que ha dado origen a éste; un verdadero reconocimiento debe estar acompañado por el cese inmediato de los bombardeos a bienes civiles, estigmatización a la población civil, ametrallamientos, empadronamientos, bloqueos alimentarios y que posibilite avanzar en propuestas que como el acuerdo humanitario


buscan la liberación de los prisioneros políticos y constituyen gestos de paz que aproximan los pasos a una la solución política y negociada al conflicto. No existen gestos reales de paz desde el establecimiento. El papel de los estudiantes frente al conflicto colombiano Por eso entendiendo las principales problemáticas que atraviesan la estructura social, política y económica del país, la propuesta desde la Federación de Estudiantes Universitarios y del movimiento estudiantil en general, no puede ser otra que la búsqueda de una solución a las desigualdades sociales y exclusiones políticas que han sido la raíz del conflicto armado. Solo cuando la totalidad de los colombianos contemos con las herramientas necesarias para desarrollar nuestras capacidades en torno a una vida digna podremos hablar realmente de un país en paz, entendiendo esta palabra tan compleja en su más sencilla expresión como un estado social de tranquilidad, felicidad y realización plena e integral del ser humano. Pero no tranquilidad y felicidad para unos cuantos que en medio de su arrogancia buscan garantizar privilegios en el marco del aseguramiento de la propiedad privada y de la posibilidad de seguir acumulando tierras y capital aunque esto implique pasar por encima de otras personas. ¡No! Esa es la paz de las tumbas, la paz de los vencedores que han querido imponer las elites colombianas desde la fundación de la patria. Una paz a la que se llega simplemente con la rendición de la insurgencia. ¡No!, lo que cómo estudiantes debemos exigir es tranquilidad para miles de padres y madres que duermen angustiados pues no tienen con qué pagar las altas matriculas de sus hijos e hijas, no solo porque la educación en este país sea en exceso costosa, sino además porque las condiciones sociales de acumulación de capital aumentan cada día más el ejercito industrial de reserva, teniendo como consecuencia a cientos de familias sin empleo, sin posibilidad de vivienda, alimentación, salud y estudio. No habrá paz en Colombia hasta que no haya un dialogo profundo entre los actores en conflicto y la sociedad organizada en la que el tema principal no sea la dejación de las armas sino la construcción de justicia social. No habrá paz en Colombia hasta que los miles de jóvenes que habitamos este país tengamos la posibilidad de acceder a una educación realmente pública, que este pensada para generar soluciones a las problemáticas más sentidas de la sociedad: para mejorar las condiciones de construcción de casas, carreteras y obras públicas; para construir un mejor sistema de salud y para aumentar la esperanza de vida de los colombianos; para crear leyes justas y no para seguir alimentando la maraña judicial que alimenta la corrupción y la ilegalidad que permite el enriquecimiento de unos pocos; para analizar las posibilidades y riquezas culturales y sociales con que cuenta nuestro país gracias al mestizaje y nuestra historia latinoamericana y no seguir alimentando la idea de una pureza venida desde fuera, para llenar de arte las calles, los barrios y los pueblos y no restringirlo a las salas de conciertos a las que solo tiene acceso la burguesía; para rescatar los saberes indígenas que utilizan la naturaleza para curar sus enfermedades y no dejarnos robar ese conocimiento con patentes y otras formas de delincuencia internacional; para esto, y mucho más, debe estar la universidad pública, pero de ninguna forma debe estar pensada para aumentar las utilidades del sector privado.


Somos estudiantes que se piensan en toda esta infinidad de posibilidades, y por eso, sabemos que ellas no van a llegar solas, que solo van a ser realidad si las construimos y si impulsamos su posicionamiento dentro del pensar de la sociedad y del gobierno. Por eso, desde ya trabajamos en diversos grupos estudiantiles que abordan problemáticas diversas en torno a las correspondientes ramas del saber, trabajando análisis de situación nacional, análisis de coyuntura, grupos que tienen su trabajo en la defensa de los derechos humanos, el delito político, y cada uno de los grupos de trabajo y colectivos que hacen parte de la federación, articulándonos también con otros movimientos y sectores sociales en distintos espacios; todos y cada uno de estos espacios de trabajo hacen parte de nuestra propuestas de solución al conflicto y son el reflejo del país con el que soñamos y que construimos diariamente. El elemento político central en este proceso de impulso y exigencia de la solución al conflicto social y armado desde el ámbito universitario es el llamado constante que hacemos a la UNIDAD del movimiento estudiantil colombiano en defensa de la Universidad Pública al servicio del pueblo colombiano. Para nosotros son esenciales las propuestas de educación para la paz, que se fundamentan en la exigencia de una educación pública y de calidad, que permita a los y las jóvenes en mayores riesgos de vulnerabilidad social y económica acceder a una educación formal y de los más altos niveles académicos, para que desde esta se atienda a las necesidades del pueblo colombiano y permita la movilidad social en esta población. Es decir, una educación estatal que permita el libre e integro desarrollo de la juventud, para que esta no se vea obligada a enfrentarse a situaciones de conflicto por su propia situación social. Abogamos entonces por la solución política al conflicto de manera dialogada y comprendemos que uno de los primeros pasos para alcanzar dicho objetivo ha de ser la libertad inmediata de los prisioneros políticos en el marco de un acuerdo humanitario o canje de guerra, que reconozca el carácter político de los actores en contienda y siente las bases para un dialogo franco con toda la sociedad colombiana. Reafirmamos la justeza del derecho históricamente construido por los pueblos del mundo de rebelarse a la tiranía, resistir a la injusticia, a la miseria y a la opresión. Rechazamos en consecuencia, la forma como el estado colombiano ha ido hacia la supresión y perversa interpretación del delito político y sus conexos, identificándolo con “el terrorismo”. Por esta vía se criminaliza la oposición política legal, y al alzamiento armado se le desnaturaliza, convirtiéndolo en simple expresión criminal. Con esto se desconoce la tradición jurídica del estado colombiano que durante muchos años admitió la rebelión como expresión política de fines altruistas que era benévolamente penada. Es válido precisar la necesidad de tener en este proceso la presencia de un gobierno nacional con voluntad política real para la solución de las problemáticas sociales y necesidades del pueblo colombiano y una sociedad comprometida con la construcción de alternativas y cambios de carácter estructural al sistema actual. Debemos dejar presente nuestro rechazo a la criminalización y estigmatización de los procesos organizativos, con la excusa de una búsqueda de estabilidad social y económica, pues estas acciones desencadenan fuertes violaciones a los derechos humanos de quienes participan en dichos procesos y a los cercanos a estas personas.


En la universidad pensante nos negamos a creer que nuestro único futuro es ser la mano de obra barata de un sistema alimentado con sangre, nos negamos a aceptar que nuestro futuro éste en las celdas y mazmorras atiborradas de valerosos luchadores sociales, a creer en los sofismas baratos que sólo alejan la posibilidad real de la paz, a vender nuestra conciencia por unas cuantas monedas que jamás alcanzaran a pagar la sangre derramada en la búsqueda de la felicidad; en la universidad pensante exigimos menos cárceles y más claustros educativos al servicio del pueblo; en la universidad pensante aún creemos en la posibilidad de un nuevo país. En este sentido proponemos la Coalición nacional e internacional por el trato digno y la libertad de los prisioneros políticos “Larga Vida a las Mariposas” como el referente organizativo resultado del encuentro nacional por la libertad de los prisioneros políticos celebrado los días 4 y 5 de junio del presente año que se propone como un escenario de coordinación de organizaciones sociales, políticas, agrarias, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos que suman esfuerzos en torno a la problemática que viven alrededor de 7500 prisioneros políticos como resultado del enraizado conflicto que padece Colombia, permitiéndonos trazar agendas comunes de movilización local, nacional e internacional, en búsqueda de la paz con justicia social. Para nosotros en el proceso de construcción de un nuevo modelo de educación es necesario posicionar los siguientes elementos: 

Disminución del presupuesto destinado para la guerra y su respectiva asignación para la educación, lo cual incluye una fuerte inversión estatal que asegure un real financiamiento y gratuidad de la educación en todos los niveles para todo el pueblo colombiano, potenciando una academia, investigación y producción de conocimiento con el fin de que la educación en el país responda necesariamente a la solución del los problemas que históricamente han aquejado al país y que permita el desarrollo de la economía no sobre la histórica dependencia, intervención extranjera y la opresión, sino desde la justicia, equidad e independencia.

Exigimos el diseño y materialización y aprobación de una nueva legislación que permita avanzar en una reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el país, que parta del reconocimiento de la existencia de este y sus causas estructurales y que tenga dos principios fundamentales: la verdad como elemento necesario para poder entender claramente lo que ha implicado la política del terror en nuestro país y poder avanzar desde la identificación de los autores intelectuales y materiales de los vejámenes cometidos en el país. Como segundo elemento el principio de la garantía de no repetición a partir de un reconocimiento de la responsabilidad estatal en la estrategia de eliminación de la protesta social y la afectación a la población civil en el marco del conflicto.

Rechazamos la obligatoriedad en la prestación del servicio militar por parte de los jóvenes colombianos que lo que representa es la militarización de la vida juvenil y que ha sembrado en el ideario de las nuevas generaciones la guerra y el militarismo como única opción de vida y de la sociedad. Nos negamos a seguir perdiendo los mejores elementos


de la sociedad en los campos de combate, derramando su sangre en la guerra de la elite colombiana en contra del pueblo. 

Exigimos un respeto absoluto de los campus universitarios, sus comunidades y sus acciones. La universidad es un espacio de crítica, transformación, conocimiento y cultura; fuera la bota militar de los campus universitarios, fuera el seguimiento, control y vigilancia militar – estatal o paraestatal – de los centros universitarios del País

Nos unimos a la lucha nacional a favor del desmonte del ESMAD, escuadrón de muerte que es la máxima expresión de la violencia de la clase dirigente en contra del pueblo y su estrategia de terror y muerte como forma de acallar las exigencias de soluciones a los problemas e injusticias del país. Sumado a esto exigimos justicia frente a los múltiples abusos, desmanes y muertes que este escuadrón ha ejecutado.

Exigimos el cese de la estigmatización, criminalización y persecución a los procesos organizativos a nivel nacional dentro del movimiento universitario, secundarista y en general el movimiento popular y sus distintas iniciativas de movilización y articulación.

Nuestra propuesta como estudiantes universitarios es avanzar en un gran proceso nacional partiendo de los siguientes elementos: 

Fortalecer el trabajo de la red nacional de derechos humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia, como estrategia de fortalecimiento organizativo de la federación y como la estrategia por medio de la cual desarrollaremos el trabajo de posicionamiento al interior de nuestros espacios de trabajo de la existencia del conflicto, sus causas y la consolidación de una corriente de opinión y movilización que exija la solución política al conflicto.

Fortalecer los espacios de articulación y coordinación a nivel nacional con las demás expresiones del movimiento estudiantil y del movimiento social y popular como la coalición nacional larga vida a las mariposas, colombianos y colombianas por la paz, la ruta nacional por la paz que surge del escenario de Barrancabermeja y la campaña “educación propuesta y camino para la paz”.

Impulsar el desarrollo de unas campañas temáticas a nivel nacional en los espacios de Marcha Patriótica y CONAP que permitan avanzar en el fortalecimiento del las organizaciones estudiantiles en estos escenarios y que nos permita avanzar en la coordinación y acción de las distintas organizaciones que hacemos presencia en estos espacios y evidentemente en la solución política al conflicto. Se propone trabajar en 6 aspectos fundamentales: o

Academia y paz

o

Presos políticos


o

Verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición

o

Desmilitarización de las universidades, garantías de derechos y libertades democráticas y desmonte del ESMAD.

o

Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

o

Memoria histórica.

Finalmente, es de suma importancia tener en cuenta, que la organización de la sociedad para la exigencia de sus derechos, al igual que un dialogo concertado entre los diferentes actores, no se puede llevar a cabo en un marco de falta de garantías e impunidad, donde se hacen presentes quienes han estado al servicio del establecimiento, atentando contra la vida y la integridad de la población colombiana, y contra las propuestas de un nuevo país. Es así como a través de diversas iniciativas en todas las regiones que permitan desde la perspectiva de los estudiantes y desde las aulas construir, analizar y trabajar en defensa no solo de una educación para todos a servicio del pueblo y para el pueblo y la articulación con los otros sectores sociales a través de la vinculación con la Marcha patriótica y la CONAP, conseguiremos construir una educación para la segunda y definitiva independencia.

conflicto social y armado en colombia  

por una solucion politica al conflicto social, cultural y armado que vive colombia