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JOVENGUARDIA JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA)

NÚMERO 11

MARZO-ABRIL

2013

Regeneración Tumbar el régimen de los bancos, las grandes empresas y sus políticos En la página 10 hablamos de la palabra de moda

ya están aquí los Minijobs pág. 2

www.jovenguardia.es

¿no es una crisis, es una estafa? pág. 4

repaso a la LOMCE pág. 7

contacto@jovenguardia.es


2

E

l gobierno de Mariano Rajoy anunció hace unas semanas en el Congreso su nueva fórmula mágica, que fue aprobada en apenas dos días, para acabar con el paro juvenil: los mini-jobs (mini-curros), es decir, contratos de pocas horas de duración con un sueldo máximo de 400 €. La implantación de los mini-jobs no resulta para nada sorprendente. Ya en agosto de 2011 el Banco Central Europeo exigió al gobierno español una rebaja de los salarios y la creación de un nuevo modelo de empleo con sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. A esto lo llaman competitividad, para nosotros los trabajadores es solo más miseria.

Tufillo alemán El nuevo modelo está basado en el sistema de los mini-jobs alemanes creados en 2003. Estos contratos de escasa duración están remunerados con un máximo de 400 euros, el trabajador no paga impuestos y su cotización a la seguridad social es voluntaria y mínima. Pero ¿estos contratos están funcionando bien en Alemania? Un Instituto de Investigación alemán sobre asuntos laborales1, asegura que los miniempleos debilitan la seguridad 1 Instituto de Investigaciones sobre el Mercado Laboral (IAB), adscrito a la Agencia Federal de Empleo de Alemania.

social por la falta del pago de cotizaciones y denuncia que los que viven exclusivamente de un trabajo de este tipo están condenados a la pobreza. Además, Por tamaño de empresas, bajo estos empleos reducidos están enmarcados el 20% de los trabajadores de empresas de menos de 9 personas, un tamaño de empresa que en España es más habitual que en Alemania. Así que podemos ver que su implantación en nuestro país va a suponer una mayor degradación para las condiciones laborales de la juventud, que somos, ya de por sí, uno de los sectores más explotados y afectados por la crisis. Mariano Rajoy defiende que el objetivo de esta nueva ley es impulsar la creación de un millón de empleos y que será retirada una vez las cifras del paro bajen del 15% (esta música ya ha sonado con otras salvajadas similares anteriormente). Sin embargo, lo que debemos plantearnos es qué clase de futuro laboral nos plantea el gobierno. Los contratos temporales son ya la constante en la vida laboral de una persona joven. Pocos de nosotros encuentran a día de hoy un trabajo que vaya a durar más de unos escasos meses, y aquella época en la que nuestros padres pasaban casi toda tu vida en la misma empresa parece hoy más lejana que nunca. Esto no es más que la progresiva


3 degradación de las condiciones laborales que ha ido sucediendo en las últimas décadas y que hemos vivido con especial dureza en estos últimos años de crisis.

Total, que vamos a cobrar menos todavía Y es que se dice desde hace mucho: cuanto más desempleo hay, más bajan los sueldos de los que trabajan. Para el sistema, para el capitalismo, tener un gran número de parados sirve como repuesto que amenaza constantemente a los que trabajan para conseguir que acepten una reducción del sueldo (o cobras menos o vas a la calle y hay cien más como tú deseando trabajar por ese dinero), como llevan haciendo desde que empezó la crisis e incluso antes. Los mini-jobs son un paso más. Son resultado de una necesidad económica de ganar todo lo posible a costa de lo que sea y en consecuencia, son resultado de una concepción en la que los trabajadores no somos vistos como creadores de riqueza, sino como una fuerza deshumanizada que es utilizada por horas y desechada en el momento que ha cumplido su función. Los empresarios y sus políticos se aprovechan de nuestra necesidad y pretenden hacernos creer que esta medida es algo bueno. Pero es solo un poco de aire contaminado para que respiremos por algo más de tiempo. Aceptar el modelo de mini-jobs nos lleva a aceptar el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de todos los que trabajamos. Si ya hemos visto cómo en Alemania este sistema se ha extendido, llevando a la pobreza a muchas personas, las consecuencias en España podrían ser desastrosas, teniendo en cuenta cómo están ya las cosas.

Nos habéis dejado sin nada, ahora lo queremos todo La crisis económica no solo está generando un dramático número de parados, también y por la necesidad permanente de generar mayores beneficios y productividad, se están dinamitando las conquistas laborales y sociales que fuimos capaces de arrancarle a los empresarios. Se hace urgente y necesario que los trabajadores, y muy especialmente la juventud trabajadora, nos organicemos y combatamos estas medidas, ya no solo para frenar los ataques sino para conseguir nuevas conquistas: nos habéis dejado sin nada, ahora lo queremos todo. Por eso peleamos sabiendo que únicamente lograremos trabajo para todo el mundo y unas condiciones laborales dignas, humanas y sin explotación en una sociedad en la que el objetivo de la economía no sea enriquecer a una minoría. Queremos la economía en las manos de los que trabajamos, no en las de los que nos exprimen y nos despiden.


4 C

on el desarrollo de la crisis capitalista, vemos y escuchamos en televisión, prensa, webs, manifestaciones, caceroladas, etc. diversas consignas que se han expandido y consolidado en el mare mágnum reivindicativo. Estos eslóganes se han convertido casi en frases hechas sobre los que no nos planteamos muchas veces su fondo y alcance: somos el 99%, lo llaman democracia y no lo es, no es una crisis es una estafa... ¿¡No es una crisis es una estafa!? ¿Se ajusta esta consigna a la realidad? Diversos movimientos sociales y políticos suelen utilizar el lema que hemos referenciado. Así, desde algunos partidos políticos hasta la PAH utilizan en su discurso habitual la sentencia de “no es una crisis, es una estafa”. Sin duda, esta afirmación se ha creado en parte al contemplar cómo, efectivamente, se suceden hechos que son evidencia de estafas que se han producido. En este sentido, recordamos la declaración en el Congreso de Ada Colau, la representante de la PAH (plataforma que tiene el fin de ayudar al hipotecado mediante trámites legales, evitando desahucios por medio del activismo y realizando acciones reivindicativas y protestas), que calificaba de “estafa generalizada” la situación de las ejecuciones hipotecarias1 . No le faltan razones a la portavoz de la PAH para hablar de “estafa generalizada”. Durante los “ años dorados” miles de familias firmaron créditos hipotecarios que las dejaba indefensas ante los bancos: hasta un quince por ciento anual aumentaba el endeudamiento familiar. Los agentes comerciales colocaban préstamos a intereses disparatados aprovechándose de las necesidades de liquidez inmediata de muchas familias. ¿Cómo era posible que tantas familias aceptaran? La aplicación estricta de la congelación salarial, la manipulación del IPC( la vivienda nunca entró en los cálculos del índice en nuestro país) y otros procedimientos similares rebajaban el nivel adquisitivo de millones de familias. Al tiempo, la propaganda sobre las bondades de ser “propietario”, las escasas políticas para favorecer el alquiler o las VPO´s y los bajos tipos de interés para obtener crédito crearon el caldo de cultivo para desencadenar el endeudamiento masivo de las familias atrapadas en créditos de distinta clase. 1 Para ver el vídeo con dichas declaraciones: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/06/videos/1360141021_027865.html

Cuando la economía paro, cuando los capitalistas empezaron a desconfiar unos de otros, cuando la banca de inversión dijo ¡basta! y comenzó el ciclo de crisis, millones de familias estaban encerradas en el modelo: sin casa, con deuda de por vida e indefensos ante la máquina criminal del capitalismo.

Capitalismo, mon amour ¿Cómo es posible que sucediera esto? ¿Cómo de súbito la economía paró y todo fue a mal? ¿Cómo fue posible la estafa hipotecaria? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a comprender el carácter de las crisis económicas en el actual sistema económico y por tanto a entender al capitalismo, no como un desastre natural ni como una estafa generalizada, sino como un sistema de producción en donde cada vez esta producción es más social (es decir para realizar o vender cualquier producto entran en juego más y más personas, la interconexión entre las distintos sectores económicos es muy grande) y la apropiación de ese producto social, es privado, está en manos de cada vez menos personas (lo cual, además, se refuerza con la tendencia al monopolio que fácilmente constatamos actualmente al ver a nuestro alrededor cerrar a los pequeños comercios que no pueden sostenerse por la presión de las grandes multinacionales). Estos son los capitalistas, el uno por ciento que se apropia la riqueza de todos. Desde la crisis del 1929, dos mecanismos operan para intentar evitar las crisis económicas. El primero, la protección social a través del llamado Estado de Bienestar (de medioestar en España). El segundo, la ampliación de la cantidad de empleo público generalmente con mejores condiciones de trabajo y sueldo. Estos mecanismos aliviaban la aparición de crisis pues mantenían alto el poder adquisitivo (el poder de compra y, por tanto, limitaban el parón del consumo) y aseguraban unas garantías para evitar grandes bolsas de pobreza y exclusión social


5 Estos mecanismos están siendo atacados desde hace veinte años tanto por la derecha como por la “izquierda” (destrucción de empresas públicas y tejido industrial, destrucción de la banca pública, etc.). Actualmente, son botines preciados de una guerra en nombre de la “ competitividad”: se reduce personal, se rebajan salarios de los empleados públicos, se privatizan servicios públicos, se reduce el subsidio de desempleo, se eliminan ayudas sociales, etc. Este ataque forma parte de las conocidas “políticas de ajuste y austeridad” desarrolladas en tándem por las instituciones europeas y nuestros gobiernos y que se expresan en los recortes en educación, sanidad, dependencia, transporte, etc. y al tiempo en la reforma laboral, la reestructuración bancaria (que elimina las cajas de ahorros), la reforma de la administración pública, etc.

¿Qué buscan los empresarios con esto? ¿Son pirómanos apagando un incendio? En cierta manera, sí. Los ciclos de austeridad se retroalimentan pues a menor gasto público, a mayores recortes, a menores salarios y más impuestos como el IVA (y estas son las recetas que se aplican en toda Europa) da como resultado menor poder de compra, por tanto menor producción, por tanto menor empleo, y al final una nueva justificación para implanta mayores recortes. Un ciclo infernal. Las razones últimas de esta acometida empresarial contra los trabajadores y sus sistemas de protección social buscan dos objetivos: 1. El empresariado necesita mayores márgenes de beneficios. Para conseguirlo aumenta las horas de trabajo, reduce el salario, facilita el despido, aumenta el número de trabajadores desempleados, rebaja el subsidio de desempleo y otros. El objetivo es aumentar el beneficio que se embolsa por nuestro trabajo 2. Estrategias de privatización de diversos sectores públicos. El esquema es conocido: primero desde las administraciones públicas, en acuerdo con las grandes empresas, se deja morir a estos servicios, cuando se convierten en cadáveres se les regala a las grandes empresas. De esta forma, los capitalistas obtienen nuevos nichos de mercado para ampliar la tasa de beneficio. Estas estrategias tienen un objetivo fundamental: mantener alta la tasa de beneficio. Todos los sistemas económicos tienen unas reglas del juego, en el actual

la primera regla es: ¡todo por los beneficios! Pero no sirve cualquier beneficio, la competencia desenfrenada entre capitales exige el máximo beneficio, la obtención de la mayor ganancia. Desde los años setenta las grandes empresas observan que cada vez era más difícil obtener las ganancias de años anteriores, y es por ello que lanzan una auténtica guerra de clases contra el sistema público, la protección social y, fundamentalmente, el precio de la mano de obra. Tenemos que apretarnos el cinturón( trabajar con menos), ser competitivos( aumentar nuestra productividad), ser flexibles( eliminar la posibilidad del trabajo estable)..etc. ¡Todo por el beneficio!

Estafadores... ¡A la pasarela! Pero, ¿y si a pesar de la configuración de todo este entramado y su evolución fuera suficiente con juzgar a los causantes de la crisis? Tenemos que tener en cuenta que si la crisis y los elementos que la componen fueran simplemente una estafa, con ajusticiar a las cabezas visibles de la misma y a los responsables bancarios todo se solucionaría. Hay que recordar que esta fue la solución a la islandesa: juzgar a los culpables. En este país, en el año 2008 estalló la crisis económica por todos conocida y, al tiempo, este Estado saltó a la fama como aquel en el que las protestas ciudadanas consiguieron realizar tanto un viraje hacía formas más democráticos en su administración, como el señalar a los responsables de la debacle financiera y sentarlos en el banquillo de los acusados. Además, nos llegaron noticias de que los islandeses se negaban a pagar la deuda injusta y a seguir los dictados del FMI, al mismo tiempo que se comprometían a mantener su Estado del Bienestar. Pero... ¿qué hay de cierto en esto años después? A pesar de ser ciertas en parte las afirmaciones anteriores sobre Islandia, no todo es oro lo que reluce, y el tiempo nos hace ver ahora que el cambio made in Iceland no fue tan demoledor como pensábamos. De esta forma, los bancos que en su día fueron intervenidos por el Estado ahora se encuentran reprivatizados, la deuda que la población rechazó pagar actualmente, se está pagando progresivamente (y habiéndose


6 engrosado la misma), la capacidad adquisitiva de los trabajadores islandeses ha menguado y las políticas del lugar siguen estando monitorizadas por el FMI1. Los islandeses tuvieron la voluntad de hacerse con las riendas de su vida y de no permitir que se produjeran más atropellos, tuvieron pequeñas victorias y se dieron cuenta de que una de las claves era el demandar una democracia participativa y luchar para no consentir la situación que estaban atravesando, pero creyeron que era suficiente con las promesas que se les hacía y las soluciones judiciales en marcha y no continuaron desde donde comenzaron en una vorágine de rebeldía hasta la transformación del sistema desde la raíz. Por todo lo dicho, entonces, ¿esta situación es simplemente una estafa o la tesitura que hay delante de nosotros es parte inherente a un sistema socioeconómico? ¿Basta con condenar a los timadores entonces? 1 Para más información: • http://www.atlanticaxxii.com/387/la-rebelion-islandesa-de-la-euforia-a-la-decepcion • http://y-el-exhibicionismo.blogspot.com.es/2012/12/ que-esta-pasando-realmente-en-islandia.html#. USI4eR0yJED.

Debido a lo que hemos dicho, vemos cómo la consigna cuya certeza al completo poníamos en duda al principio no es la más adecuada. No es que nos neguemos a sentar en el banquillo de los acusados a los culpables de la crisis. Al contrario, esta tarea es de salud democrática. Pero los “culpables de la crisis” son piezas de un engranaje que sigue sin un rasguño, destrozando miles de vidas y llenando de pobreza y hastío a toda una generación. Si la crisis no existe, si al final todo es una engañifa de los poderosos para apretarnos las tuercas, nunca confrontaremos con el conjunto del bloque dominante (y no sólo con algunas de sus partes). No es una estafa ¡es el sistema! Romper el capitalismo en crisis y construir una sociedad en el que las personas y sus necesidades estén en el centro, esa es nuestra apuesta ¿Y la tuya?


7 ¿Qué es la LOMCE? LOMCE responde a las siglas de Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad De la Educación. Es el anteproyecto de ley propuesto por Wert y su cuadrilla y que ha suscitado la animadversión de padres, madres, profesores y alumnos en igual grado. Pero, ¿qué tiene esta ley que ha provocado que la marea verde se convirtiera en un tsunami? ¿por qué ha unido a toda la comunidad educativa con tanta fuerza y efervescencia en su rechazo, obligando al gobierno a dar marcha atrás en sus planes?

¿C de calidad o de competitividad? Uno de los propósitos de esta ley es infiltrar la ideología neoliberal y promover la competitividad entre la población dentro del sistema educativo desde las más tempranas edades. Así se refleja en el currículo. Mientras que asignaturas como filosofía dejan de ser obligatorias en 2ºBAT, otras como Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial será una optativa disponible desde el primer curso de la ESO. La economía será una optativa posible en la modalidad del bachillerato de humanidades mientras que el latín no aparece en la modalidad del bachillerato de ciencias sociales. Por otra parte se incluye el emprendimiento (término acuñado para referirse al espíritu del emprendedor empresarial) como un contenido transversal (es decir, inherente a todas las asignaturas). Además, desde sexto de primaria los alumnos se enfrentarán a pruebas que clasifiquen su nivel entre alto, medio y bajo y el Sistema de Información Educativa elaborará rankings de los institutos con más calidad dependiendo de la calidad de los resultados, bonificando las administraciones a los centros con mejores resultados (reconociendo su honorabilidad como se dice en la ley) y exigiendo la rendición de cuentas de los centros, pudiendo interferir directamente en aquellos con peores resultados. De esta manera el objetivo principal de un centro educativo ya no será enseñar y desarrollar los conocimientos del alumno, sino ceñirse a los criterios de eficiencia, calidad y resultados en la carrera por ascender en las clasificaciones y recibir subvenciones. Estas medidas no harán más que agravar la situación de los centros que se encuentren en peores condiciones, pues, ¿cómo van a obtener los mismos resultados centros completamente distintos entre sí, con distintas realidades socio-económicas y distintos alumnos? Podríamos pensar que adaptando el currículo y los planes educativos a las circunstancias concretas. Sin embargo, como veremos a continuación, la autonomía pedagógica de los centros se anula en pos de la autonomía de la gestión económica.

¿Autonomía para qué? ¿Autonomía para quién? Esta ley resta autonomía pedagógica a los centros, tanto en los criterios de evaluación como en los contenidos de las asignaturas. Sin embargo, este anteproyecto reitera en un total de diecisiete veces el fomento de la autonomía de los centros. Y sí, los centros gozarán de total libertad a la hora de administrar sus recursos materiales y humanos. Eso sí, a final de año rendirán cuentas a la administración, y el gasto económico deberá ser proporcional a los resultados académicos. Para mejorar su competitividad y eficiencia, los centros podrán especializar su oferta educativa en base a las necesidades de la sociedad (palabra utilizada aquí como eufemismo de mercado). Y para que la eficiencia sea la marca de cada centro, se reinventa la figura del director, elaborada a imagen y semejanza de la de los tecnócratas europeos.


8 Así, el director actuará como el jefe del instituto. Tendrá potestad para elegir no sólo la oferta curricular del centro, sino también el perfil de docentes que trabajan en él, escogiendo características o méritos preferentes de los profesores que vayan a trabajar en el centro y pudiendo rechazar a los interinos que vayan incorporarse. El director será escogido por la administración. En el proceso de su elección participará el consejo escolar, pero siempre en una proporción menor al 50%. Buena parte de las funciones del consejo escolar pasa a estar en manos del director. El consejo escolar se convierte en un órgano esencialmente consultivo, el cual tiene derecho a conocer y opinar pero en pocas ocasiones a decidir. La participación de la comunidad educativa en los centros y el funcionamiento democrático de los mismos quedan, pues, prácticamente anulados.

¿Institutos o empresas? Ya hemos visto que tanto el funcionamiento como parte de los contenidos de las materias de los centros educativos van a estar más relacionados con el mundo empresarial que con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo la mercantilización de la educación no se acaba aquí. La empresa privada entra directamente en las aulas mediante la implementación de la Formación Profesional Dual. De esta manera, las empresas podrán decidir sobre los contenidos a impartir en los centros de Formación Profesional, los cuales, además, tendrán la potestad de admitir a los alumnos tras haber superado una prueba de acceso cuyos criterios establecerá el gobierno, como si en vez de estudiantes fuesen candidatos a puestos de trabajo. Por otra parte esta ley sienta las bases legales para la privatización y el concierto del bachillerato, pues recoge el concierto para las enseñanzas secundarias postobligatorias.

Exámenes, exámenes y exámenes... La LOMCE siembra de reválidas y pruebas todo el recorrido de la educación secundaria. Antes de iniciarla, el alumno deberá realizar una prueba que clasifique su nivel en bajo, medio o alto, con el fin de orientar a los padres y a los centros (o dicho de manera franca, para escolarizarlo en un centro que ocupe una posición en el ranking acorde al nivel del alumno y generar una educación diferencial provocando la segregación del alumno según sus calificaciones). Para obtener el título de la ESO será necesario hacer un examen de las asignaturas cursadas .De no superar ese examen, el alumno sólo obtendrá un certificado de escolarización. La selectividad se suprime y en lugar de ella encontraremos una prueba final de bachillerato que no sólo supondrá el 40% de la nota final de nuestro expediente de bachillerato, sino también que nos den el título o no. Los criterios de evaluación de estas pruebas y el formato de éstas serán establecidos a través de las administraciones centrales. Pero estos no son los únicos exámenes a los que un estudiante se enfrentaría antes de entrar a la universidad. Y es que cada universidad puede establecer sus propios requisitos (como certificados por haber realizado cursos) y pruebas de acceso. Si a estas reválidas les sumamos el alto coste de las tasas universitarias, acceder a los estudios superiores se convierte para las personas con menos recursos cada vez más en una misión imposible.


9 Una ley europea A la vista de todos está que la aplicación de esta ley supondría la disminución de la comunidad educativa en los centros, la ausencia de democracia en el funcionamiento de los mismos, la elitización de la educación, la segregación del alumnado, la mercantilización de la educación secundaria y la implantación de un nuevo modelo educativo donde lo importante no son los alumnos, sino ahorrar costes. Estas medidas no son, sin embargo, producto sólo del gobierno del PP. No podemos entender la LOMCE sin tener en cuenta el marco europeo. En el preámbulo de esta ley se habla sobre cómo ésta converge con el proyecto de Estrategia Europa 2020. También se da la posibilidad de aplicar las medidas y modelos que hayan funcionado en Europa. En definitiva, esta ley trata de adecuar la educación española a los estándares y necesidades que dicta el marco europeo. Varias veces dicen que esta ley pretende hacer de España un país más competitivo. Y esto significa reducir los gastos en servicios sociales como la educación y conseguir el rendimiento económico de ésta. Este modelo que aumenta la segregación entre la población y crea una educación a dos velocidades tiene su referente en Alemania o Inglaterra, un país donde no existe el salario mínimo interprofesional. El objetivo de hacer cada vez más difícil el acceso y la permanencia en la educación secundaria obligatoria y postobligatoria es consolidar una gran cantidad de mano de obra poco cualificada; la incursión de las empresas en la FP y la adecuación de los currículos a las necesidades de la sociedad hacen de la escuela secundaria un taller de aprendices para las grandes empresas y multinacionales europeas; el consejo escolar pierde sus competencias en pos de un director con capacidad para contratar y despedir profesores para que éste pueda administrar el centro y reducir gastos sin interferencias; la clasificación de los centros según sus resultados servirá para dar más o menos subvenciones a centros concretos. Y gracias a que el manejo de las nuevas tecnologías y de al menos una lengua extranjera se convierten en dos ejes clave para la educación se facilita que los españoles emigren por Europa. En definitiva, esta ley no sólo tiene perjudicados (profesores, alumnos y la comunidad educativa en general) sino también beneficiarios; los banqueros y empresarios españoles y del resto de Europa que se dotan de una educación puesta al servicio de sus intereses particulares (eso sí, subvencionada con los impuestos y el esfuerzo de todos).

Sayonara LOMCE No es de extrañar que esta ley nos haya unido en la lucha. La contundencia de nuestras respuestas obligó al gobierno en primer lugar a reformar el primer proyecto. Aunque las modificaciones no acabaron con el carácter neoliberal de esta ley, sí supuso la rectificación de algunos aspectos (por ejemplo, las materias de humanidades en bachillerato no pierden tanto peso como en el primer anteproyecto que se presentó). Finalmente esta ley no se aplicará el próximo año. Oficialmente no hay dinero para implementarla. Extraoficialmente y en la realidad, porque lo que tienen miedo. Miedo porque este gobierno se tambalea y no es capaz de tener más frentes abiertos. Padres, madres, alumnos, profesores... hemos demostrado ser constantes y no dejar que el “derecho a la educación” o “enseñanza pública” queden como anhelos lejanos. Ahora nos toca demostrar que no nos conformamos con que la aplicación de la LOMCE se retrase temporalmente. Queremos una educación pública, gratuita y de calidad para todos, puesta al servicio de los estudiantes y de la población en general y no de los intereses empresariales y financieros de unos pocos. Es el momento de crear nuestro modelo de educación, de construir el movimiento estudiantil y nuestros propios instrumentos no sólo para resistir los ataques contra nuestros derechos, sino para conquistarlos.


10 ¿qué regeneración? A

ño 2008, estalla la crisis y la burguesía pisa el acelerador en su programa de reformas o, mejor dicho, de contrarreformas. Ya desde los ochenta los gestores de sus negocios (diputados de uno u otro partido, en el caso español los del puño y la rosa) habían estado haciendo los deberes, privatizando aquí y allá, flexibilizando el mercado laboral, pauperizando lo público… Parecían tomárselo con calma, hasta que llegó la debacle económica. Ya existían decenas de hospitales como el de Alzira (construidos y mantenidos con dinero público, pero gestionados por y como empresas privadas), ya estaba en marcha el “plan Bolonia”, pero es ahora cuando la “externalización” o la “liberalización” (en jerga neoliberal) se extienden y desarrollan a pasos agigantados. Ocurre lo mismo en otros ámbitos, como el laboral, y en todos los aspectos se nos encamina hacia condiciones de vida propias del siglo XIX. Paralelamente se destapan más y más casos de corrupción, la guinda del pastel. La respuesta popular no se hace esperar. Crece el descontento, la indignación se traduce en movilización, y en cada barrio la rabia se convierte en organización y en una lucha que empieza a señalar con más o menos precisión a los culpables del malestar social. Desde entonces la imagen del parlamento blindado por la policía se ha vuelto habitual. Ésta es probablemente la manifestación más palpable del descrédito en que han caído los políticos del régimen. Precisamente por eso ahora todos hablan de “regeneración democrática”, ya sea en un editorial de El País o del ABC, ya sean unos del PP o del PSOE, de IU o de UPyD. Cada uno pone sus matices, unos van más allá que otros, pero ninguno se sale de los límites del sistema, y si les seguimos el juego nos la colarán otra vez, como en el 78, y lo “cambiarán todo” para que no cambie nada.

De momento no hay un proyecto de regeneración consensuado por las diferentes sensibilidades del régimen, sin embargo, por lo que se va oyendo, queda claro que no será más que una cortina de humo, pues la mayoría no van más allá de “querer” poner freno a la corrupción. En este sentido, el PP ya ha abierto negociaciones en el parlamento para “alcanzar un pacto ético contra la corrupción” y encargar a una “comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social” la elaboración de un “informe sobre regeneración democrática que después será remitido al parlamento”, según informó Europa Press el 25 de febrero, indicando que con bastante probabilidad el gobierno llegará a un acuerdo con CiU y PSOE. Parece que los receptores de desinteresadas donaciones privadas (entiéndase la ironía), campeones del enchufismo y el tráfico de influencias, quieren dar ahora lecciones de honradez. Que sepamos, ni unos ni otros se han acercado a asociaciones de vecinos o movimientos sociales a valorar qué tipo de políticas hacer.


11 No es al ciudadano de a pie, el currelas que madruga cada día para ganarse el pan, a quienes representan, sino a los cuatro magnates con los que sí se reúnen, jefazos del Santander, de Telefónica, Iberdrola, Repsol, Mediaset, BBVA… y así hasta treintaicinco, los del IBEX35. ¿Cómo no va a haber tratos de favor? El sistema en sí está diseñado para ese puñado de familias que controlan el 80% de la economía española, si no más. La corrupción está institucionalizada, es sistémica, otra cosa es que demasiado a menudo se les vaya de las manos el tema y empiecen a recibir sobres secretos o a reunirse con la mafia rusa (caso del exalcalde de Lloret de Mar, actual diputado en el Parlament de Catalunya por CiU). Estos desmadres son los que quieren frenar, más que nada por una cuestión de imagen. Grupos como UPyD están sacando bastante partido del asunto: ellos aún no han catado poder y pueden permitírselo. Precisamente los de Rosa Díez hicieron público el pasado 5 de febrero un manifiesto “por la regeneración de la democracia”, en el que atacan “a los viejos partidos” y no proponen mucho más que la inelegibilidad de los imputados en casos de corrupción, la “regulación de la actividad de los grupos de influencia o lobbies”, el cambio de la ley electoral, y unas cuantas reivindicaciones

biensonantes que por su ambigüedad es como no decir nada, como exigir una “justicia independiente” y “la refundación del Estado con el protagonismo ciudadano”. Lo peor de todo es que IU no va mucho más allá que UPyD. Cayo Lara y compañía se han limitado a revestir de “izquierdas” el discurso del partido rosa, exigiendo la laicidad del Estado y el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica (esa que considera el franquismo simplemente ilegítimo, no ilegal, y por tanto no susceptible de ser llevado a juicio, sino simplemente de ser condenado como poco ético). Eso sí, IU son los campeones en el tema de reformar la ley electoral, han pensado en todo: en el tratamiento de las campañas en los medios de comunicación, en la distribución de los espacios publicitarios, en la regulación de los sondeos de opinión, etc, etc. A todos sus diputados, y especialmente a Centella (secretario general del PCE), les recomendaría que leyesen un poquito a Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo o, en definitiva, a cualquier marxista: el parlamentarismo es burgués, está hecho para la burguesía y siempre reflejará los intereses de la burguesía ¡no le pidas peras al olmo! Podemos y debemos aprovechar las herramientas del sistema para desarrollar la conciencia de clase, pero no engañemos a la gente, no les demos falsas esperanzas: el poder obrero y popular no llegará con una reforma electoral, sino construyéndolo desde la base, en cada empresa, en cada barrio. No se trata, por tanto, de “regenerar” lo existente, porque de aquí no hay nada bueno que sacar, sino de romper con las actuales reglas del juego y empezar algo nuevo levantándolo desde la base, como ya hemos señalado. Algo en el que los lobbies no se regulen, sino que se expropien primero y se prohíban después, creando mecanismos para que los sectores estratégicos de la economía, como son la banca, la energía, o las comunicaciones, queden bajo control social. Esa es la verdadera democracia: parlamentos que sean espacios de trabajo al servicio de la mayoría social; el sistema en el que los trabajadores, que somos la mayoría, podamos revocar a nuestros representantes en cualquier momento, representantes que tienen que salir de cada centro de trabajo o estudio.



Joven Guardia núm. 11