Los derechos de la persona con discapacidad en Argentina

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LOS

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS PERSONAS...

d. Hospital C. Tobar García: autos “Asociación Profesional del Arte de Curar c/G.C.B.A. s/amparo”, Exp. 27.592/0. En tales causas, básicamente se requiere: -

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Planes de obras destinados a la reparación y mejora de la infraestructura edilicia: a) las obras a realizarse, b) el proyecto técnico previsto, c) la forma de contratación, d) el cronograma expreso de los trabajos según el tiempo necesario que se estime para su ejecución, y e) el plazo de finalización de la ejecución de las obras. Planes de obras actualizados de emergencia, que aseguren las condiciones de seguridad contra eventuales siniestros. Planes progresivos de asignación de médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, personal administrativo, personal de mantenimiento y personal de seguridad, con adecuación a las necesidades de cada hospital, teniendo en cuenta la situación actual como la definitiva refuncionalización. Relevamientos para auditar las historias clínicas y revisar médicamente a los pacientes, con el objeto de poder determinar el diagnóstico actualizado, la medicación suministrada, las causas y el tiempo de internación, y certificar la necesidad o no de continuar con la internación. Ejecución de las medidas necesarias para que no se produzcan situaciones de hacinamiento ni existan pacientes supernumerarios en los hospitales. En caso de ser imposible la reubicación de los pacientes dentro del hospital, reubicación de los pacientes en clínicas privadas, a expensas del G.C.B.A. Relevamientos de las necesidades de entrega de ropa de cama (frazada, cubrecamas, sábanas, etc.), y provisión de las mismas.

Sin dudas, la incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al plexo normativo nacional y local permitirá reconocer derechos, pero la eficacia y la garantía de los mismos aún depende de “la lucha por los derechos sociales” a través de la exigibilidad administrativa y judicial, y no de un nuevo texto legal. 99

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