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domingo

el nacional

caracas 26 de octubre de 2008

Humor P.12

historia P.9

Entrevista Enrique Krauze P.4

Todos quieren pecar con el demonio de la carne

El desembarco de la imprenta en Venezuela Su llegada hace dos siglos revolucionó el conocimiento

“Un país no puede poner su destino en manos de una persona” El historiador mexicano advierte que en toda sociedad democrática el poder tiene límites

no tendrán acceso a los parlamentos regionales y cabildos metropolitanos

Las “morochas”

JAVIER PEREIRA

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asfixian a las minorías Por primera vez en ocho años, el PSUV y los cuatro principales partidos de la oposición elaboraron simultáneamente sus tarjetas comodín en casi todo el país. La polarización amenaza con borrar del nuevo mapa político a los grupos minoritarios

opinión

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Lunes 31 de julio de 2000. Un grupo de dirigentes del Movimiento Quinta República acude a la Junta Regional Electoral del estado Yaracuy, en San Felipe, para pedir explicaciones sobre un extraño fenómeno en los resultados de las elecciones del día anterior. El MVR, que sumó en su tarjeta 40.046 votos, sólo logró un diputado regional y un parlamentario nacional; mientras que Convergencia, que obtuvo 39.854 votos en su tarjeta y ganó la gobernación con Eduardo Lapi, conquistó 6 de los 7 diputados en el Consejo Legislativo, y 4 de los 5 representantes a la Asamblea Nacional. Las autoridades electorales explicaron a los dirigentes del chavismo que Convergencia inscribió a sus candidatos a los órganos deliberantes en dos tarjetas distintas: los postulados por los circuitos nominales aparecieron con un grupo electoral llamado LAPY (Lo Alcanzado por Yaracuy), en tanto que los candidatos por lista se mantuvieron en la tarjeta del partido tricolor. Ordenaron a su militancia votar cruzado y la estrategia permitió “engañar” al sistema de totalización electoral: con 40,5% de los votos, Convergencia controló 83% de los cargos disputados el 30 de julio de 2000. Los pupilos de Rafael Caldera no pudieron repetir la jugada, pero el chavismo tomó buena nota, aprendió la lección y aquel día nacieron las “morochas”: estrategia electoral que en los últimos ocho años le ha permitido al MVR en todo el país (y de manera más limitada a Un Nuevo Tiempo, en Zulia) arrebatar espacio político a las minorías y violar el principio de representación proporcional establecido en el artículo 63 de la Constitución; y los comicios del 23 de noviembre próximo no serán la excepción. Por quinta ocasión consecutiva, los rectores del Consejo Nacional Electoral no pondrán obstáculo alguno para reeditar la estrategia, ahora

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con un ingrediente adicional: por primera vez el núcleo del chavismo (ahora concentrado en el Partido Socialista Unido de Venezuela) y las cuatro principales organizaciones políticas de la oposición (UNT, Primero Justicia, Acción Democrática y Copei) elaboraron simultáneamente sus tarjetas comodín en casi todos los estados. Este escenario anticipa una guerra nacional de “morochas”, cuyas principales víctimas serán los candidatos de una lista muy diversa de partidos minoritarios, que suma a grupos como Patria para Todos, el Partido Comunista de Venezuela, Tupamaro y Nuevo Camino Revolucionario (de Luis Tascón) con Visión Emergente, Electores Libres, Movimiento Republicano, el grupo Conde (de Benjamín Rausseo) la Plataforma de Encuentro Social (de Augusto Uribe) y hasta Proyecto Venezuela y el Movimiento al Socialismo en algunos estados. Son más de 700 organizaciones políticas, nacionales y regionales, que en agosto pasado postularon candidatos propios en los consejos legislativos regionales y cabildos metropolitanos, sin mencionar los más de 60 candidatos por iniciativa propia que lograron recoger las firmas necesarias para la inscripción; todos invitados a las elecciones como convidados de piedra, sin esperanzas de figurar en el nuevo mapa político después del 23 de noviembre. “En Venezuela se ha consolidado una estrategia deliberada, promovida desde el Estado, para evitar la expresión de la pluralidad política en los espacios de poder”, explica el profesor Oscar Lucién, directivo de la organización Ciudadanía Activa. “La legalización de las ‘morochas’ y su aplicación el 23 de noviembre desde los dos principales polos políticos no le deja espacio a expresiones alternativas en los cuerpos deliberantes. Eso afecta gravemente la salud de la democracia venezolana y desestimula la participación política de las minorías”.

Crónica del despojo. El chavismo perfeccionó la fórmula en los comicios regionales de 2004. En esas elecciones, el oficialismo hizo llave de “morochas” con Podemos y logró 178 escaños en los 23 parlamentos regionales, con lo cual le quitó a los partidos de oposición aproximadamente 25 diputados (casi un tercio de los que le correspondían), especialmente en los estados Miranda, Anzoátegui, Táchira, Monagas y Mérida. En 2005, el MVR desistió de seguir en fórmula con su viejo socio y asumió el p.2

mario vargas Llosa Simón Alberto Consalvi Alberto Barrera Tyszka Tulio Hernández … Páginas 10 y 11


.sietedías Las “morochas”... control total de la estrategia: en mayo de 2005, el diputado Willian Lara (para entonces coordinador de asuntos electorales del MVR) promovió la creación de un partido de maletín llamado Unidad de Vencedores Electorales, UVE, que copiaba la fonética de las exitosas Unidades de Batalla Electoral desplegadas por el chavismo durante el revocatorio presidencial. Aunque la organización no cumplió a tiempo con los requisitos para la inscripción, un permiso especial concedido por la directiva del CNE (encabezada entonces por Jorge Rodríguez) le permitió postular a los candidatos nominales del chavismo para los comicios de concejales y juntas parroquiales en julio de 2005. El resultado fue más que exitoso: el MVR le quitó a los partidos de oposición y a los grupos chavistas minoritarios 363 concejales en todo el país, y con 41% de los votos se quedó con casi 60% de los cargos en disputa. Después de esa experiencia, Acción Democrática y la organización Ciudadanía Activa decidieron dar la pelea en el campo judicial y ventilaron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra las “morochas”, para intentar evitar que las aplicaran en las elecciones parlamentarias de diciembre de ese año. Sin embargo, la jugada salió al revés y desde ese momento una ponencia del entonces magistrado Luis Velázquez Alvaray le dio barniz legal a las “morochas” oficialistas. “En el pasado existieron muchas prácticas destinadas a favorecer a los partidos mayoritarios. Por ejemplo, en las elecciones locales de 1992 y 1995 se diseñaron circunscripciones uninominales pequeñas como una maniobra de los dos grandes partidos, AD y Copei, para controlar los límites electorales que se necesitaban para asignar a los votantes en los lugares de votación”, explica la profesora Natalia Brandler, experta en sistemas electorales y coordinadora de la maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. “Con el uso de las ‘morochas’ hemos regresado a una situación en la que el vínculo entre el elector y el elegido es muy débil, y está fuertemente mediatizado por el poder de los partidos. El sistema propicia la concentración de las fuerzas políticas y favorece el voto útil en detrimento de la elección consciente, y esto es un retroceso en la calidad de nuestra democracia”

el nacional DOMINGO 26 DE octubre de 2008 williams marrero

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Cargos olvidados … Relegadas a un segundo

plano del debate electoral, las listas de candidatos para los 23 consejos legislativos regionales y los 2 cabildos metropolitanos están llenas de nombres conocidos. Precandidatos derrotados, líderes estudiantiles, autoridades salientes, enemigos políticos; una gama de dirigentes que, al examinarse con detenimiento, revela fórmulas que pueden resultar determinantes en el nuevo mapa político que surgirá el 23 de noviembre.

Nelson Moreno

Primero de la lista al CLR Anzoátegui alexandra blanco

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william dumont

Alcalde de Puerto La Cruz, derrotado por Tarek William Saab en las primarias del PSUV. Si gana la fórmula del chavismo, presidirá el parlamento regional y le hará la vida imposible a su compañero de partido, en la preparación del camino para su postulación a la gobernación en 2012.

Freddy Guevara Los vacíos de las leyes electorales han provocado que el CNE controle, a través de reglamentos, casi todas las fases del proceso electoral, como la selección de los miembros de mesa (1), las atribuciones del Plan República (2) y los excesos en la propaganda electoral (3)

Riesgos en la boleta

El clon de la tarjeta opositora … El 17 de septiembre,

los técnicos electorales de los principales partidos de oposición llegaron a la sala de sesiones del CNE con el expediente listo de su tarjeta “morocha”, Unidos, para escoger estratégicamente la posición en la boleta. Ubicaron a los partidos principales en la parte superior del tarjetón y para su tarjeta comodín seleccionaron la casilla D-16, abajo y a la derecha. Pero después de la selección, los opositores fueron sorprendidos con la aparición de una tarjeta verde y amarilla, con la misma inscrip-

ción “Unidos” en grandes letras blancas, justo a la izquierda de su tarjeta “morocha”, en la casilla C-15. Era la tarjeta del partido Unión Nacional Independiente de Organizaciones Sociales (Unidos), grupo político nacional inscrito hace más de cuatro años y que postuló candidatos independientes a muchas gobernaciones y alcaldías para los comicios del 23 de noviembre. Wilmer Rosas, secretario general de Unidos y candidato a la Alcaldía de Libertador, solicitó en esa oportunidad la nulidad de los símbolos de la “morocha”

opositora. Alegó usurpación, pues el registro de su partido es anterior. Luego de semanas de discusión, los técnicos opositores lograron colocar en la tarjeta el nombre de Unidos por Venezuela para evitar confusiones en la boleta. Sin embargo, analistas alertan sobre el riesgo de pérdida de votos de la “morocha” opositora por la coincidencia entre los dos nombres, además de la presencia en la boleta de la tarjeta azul de MIN-Unidad, posicionada hace tres años como la primera “morocha” unitaria de la oposición.s

La nueva guerra. Dos años después de la última cita, las “morochas” resucitan con más fuerza. Los técnicos electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela decidieron repetir la fórmula de los últimos dos comicios y reactivaron la tarjeta de UVE (en manos todavía de un grupo cercano a Willian Lara, encabezado por los empresarios Miguel González y Eduardo Hernández) para postular a sus candidatos nominales a los consejos legislativos regionales y cabildos metropolitanos. Sin embargo, esta vez hay un elemento de riesgo: antes, las tarjetas del MVR y UVE estaban juntas en el centro de la boleta, lo que facilitaba el voto cruzado; ahora la tarjeta del PSUV quedó arriba, a la izquierda, y la UVE lejos, a mitad del tarjetón, después de que Proyecto Venezuela y AD rodearan el espacio del partido rojo. “Trataremos de corregir eso, pero no nos

Con las ‘morochas’, hemos regresado a una situación en la que el vínculo entre el elector y el elegido es muy débil. El sistema propicia la concentración de las fuerzas políticas y favorece el voto útil en detrimento de la elección consciente” Natalia Brandler Coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas de la USB

quita el sueño. Confiamos en el entrenamiento de nuestra militancia. Llevamos ya varias elecciones cruzando con UVE y la gente encontrará la tarjeta sin problemas”, asegura un técnico electoral del PSUV. Los cuatro principales partidos de oposición (UNT, Primero Justicia, AD y Copei) sellaron una alianza perfecta para postular candidatos a los cuerpos deliberantes en cerca de 18 estados, y elaboraron una nueva tarjeta comodín: Unidos para Venezuela, grupo electoral con un arcoiris como emblema, promovido por el equipo de técnicos electorales de UNT y legalizado el 31 de julio pasado. La idea es sencilla: los partidos opositores postularán a sus candidatos por lista y la tarjeta comodín presentará a los candidatos nominales; sin embargo, los técnicos electorales invirtieron la fórmula en Miranda, Zulia

y Distrito Metropolitano de Caracas, donde Unidos llevará a los candidatos lista y los partidos a los nominales. “La idea es asegurar con las tarjetas de los partidos el triunfo en los circuitos de las regiones más pobladas, y evitar la pérdida de votos en el cruce con una tarjeta nueva. Es un riesgo que no podíamos correr en esas regiones clave”, explicó un técnico electoral vinculado con la oposición. El riesgo de perder votos con las “morochas” quedó claro en el estado Carabobo en 2004, cuando muchos de los votantes que marcaron la tarjeta del MVR no lo hicieron en la de UVE: el chavismo perdió casi todos los diputados nominales y el Consejo Legislativo quedó bajo control de Proyecto Venezuela. “Para asegurar la efectividad es imprescindible ejecutar una buena estrategia comunicacional y consolidar una ma-

sa votante disciplinada, que sufrague por las dos tarjetas, especialmente en los circuitos nominales. De lo contrario, el riesgo de perder votos es enorme”, sostiene el consultor John Magdaleno, experto en marketing político. Aunque ya nada evitará la ejecución de las “morochas” en los comicios del 23 de noviembre, analistas alertan sobre la necesidad de desmontar, en el corto plazo, el entramado legal que ha permitido su utilización. “Es imprescindible que el próximo año se promueva una nueva ley de procesos electorales que ponga fin a las ‘morochas’ y garantice que de las elecciones parlamentarias del año 2010 salga una Asamblea Nacional que exprese la pluralidad política nacional. De lo contrario, se abrirán las puertas de una severa crisis de legitimidad política en Venezuela”, explica Lucién.s

Circuito 4 (Chacao, Baruta y El Hatillo) Cabildo Metropolitano

El líder estudiantil de la UCAB arrancará su carrera política con buen pie, al lanzarse para el Cabildo Metropolitano en el circuito nominal más antichavista del país. Desplazó de ese cargo, el más codiciado de Caracas, a dirigentes veteranos de UNT y Primero Justicia.

Luis Jonás Reyes

Primero de la lista al CLR Lara

Hijo del mandatario regional saliente, Luis Reyes Reyes, y uno de los mayores enemigos internos del aspirante a la gobernación por el PSUV, Henri Falcón. Si gana la fórmula oficialista, presidirá el Consejo Legislativo y alimentará su rivalidad interna con el actual alcalde de Barquisimeto.

Armando Briquet

Primero de la lista al CLR Miranda

Mano derecha de Henrique Capriles Radonski desde hace 10 años y secretario de organización de Primero Justicia. Después de fracasar en su intento de alcanzar la nominación a la Alcaldía de Baruta, se pone al frente de la lista de la oposición .


sietedías.

domingo 26 de octubre de 2008 el nacional

Los legisladores no han desarrollado los nuevos principios de la carta magna

Elecciones organizadas por reglamentos La Constitución de 1999 modificó la naturaleza de los procesos electorales y el Parlamento tiene ya 6 años de retraso en la aprobación de las reformas. Mientras tanto, el CNE legisla antes de cada proceso y aprueba normas ineficientes para la protección de los derechos y garantías electorales

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l miércoles 23 de julio, el Consejo Nacional Electoral culminó el sorteo para escoger a los miembros de mesa que dirigirán el próximo proceso regional. Los funcionarios comiciales decidieron ejecutar un protocolo que estableció la selección de sólo cuatro miembros principales por mesa, entre ellos dos de una categoría llamada “electores”, y excluyó del sorteo a la mayoría de los votantes del grupo “profesionales y técnicos”. ¿Cuál es la disposición legal que permite esta metodología? Ninguna. El CNE decidió diseñar un nuevo mecanismo de escogencia y desatender los artículos correspondientes al Capítulo II de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. El martes 16 de septiembre, los rectores electorales decidieron que Julio Castillo, alcalde de Naguanagua y dirigente de Proyecto Venezuela, no podía postularse como candidato a la Alcaldía de Valencia porque el ayuntamiento que dirige no forma parte de la zona metropolitana de la capital carabobeña. ¿Cuál es la disposición legal que utilizó el CNE para definir la jurisdicción de la zona metropolitana de Valencia? Ninguna. Aunque la Ley Orgánica del Poder Público Municipal hace mención de esa categoría, no la define; tampoco la Ley de Ordenación del Territorio ni ningún reglamento nacional o regional. El miércoles 22 de octubre, el directorio del CNE aprobó abrir un procedimiento administrativo contra el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Gobernación de Zulia, Gian Carlo Di Martino, por actividades indebidas de campaña electoral. ¿Qué disposición legal utilizó el organismo comicial para definir las presuntas irregularidades que cometió el dirigente oficialista? Ninguna. Un reglamento aprobado hace menos de dos meses por los propios rectores electorales es el que establece las conductas que se configuran como abusos de campaña, y las sanciones para sus autores. El cronograma electoral de los comicios del próximo 23 de noviembre está minado de eventos y decisiones que no tienen ningún soporte en el marco legal electoral vigente. La Constitución aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1999 cambió la naturaleza de la administración electoral, planteó la creación de nuevas figuras de participación directa (como los referendos revocatorios y abrogatorios de leyes) y modificó los procesos de selección de casi todas las autoridades nacionales; y la mayoría de estos cambios requerían de una reforma sustancial de todas las normas, que según las disposiciones transitorias de la carta magna debía ser aprobada por la Asamblea Nacional antes del 15 de diciembre de 2002. A casi 6 años de esa fecha límite, el vacío legal no se ha llenado y las consecuencias se ven antes de cada nuevo proceso electoral, cuando el CNE debe aprobar al menos una docena de reglamentos (que en su mayoría entran en vigencia a pocos meses de los comicios, lo que violenta lo dispuesto en el artículo 298 de la propia Constitución) para definir todas las normas del juego electoral, desde los mecanismos

Leyes vencidas El marco legal electoral en Venezuela reclama una urgente renovación para desarrollar la protección de los derechos políticos y las garantías electorales. Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política Gaceta Oficial Extraordinaria 5223 28 de mayo de 1998 Extensión: 291 artículos Es la norma madre de los procesos electorales en Venezuela, promulgada en 1995 y cuya última reforma fue aprobada hace más de una década. Su objetivo es administrar todas las fases de las elecciones y referendos que se celebren en Venezuela mediante el sufragio universal, directo y secreto. Sin embargo, la aprobación de la Constitución de 1999 dejó sin efecto la mayoría de sus disposiciones, y estos vacíos no han sido subsanados por una nueva ley. Entre las disposiciones de esta norma que ya no tienen vigencia están el sistema electoral para la escogencia de los representantes a los organismos deliberantes; el cálculo de cocientes para senadores, diputados y concejales adicionales; los mecanismos de selección de los miembros de los organismos electorales subalternos; la organización interna y las atribuciones del Consejo Nacional Electoral, y las sanciones establecidas para los delitos y faltas electorales, entre otras. Estatuto Electoral del Poder Público Gaceta Oficial 36861 30 de enero de 2000 Extensión: 34 artículos

de control del financiamiento de campaña y el régimen de observación electoral, hasta las atribuciones de los funcionarios del Plan República y los procesos de totalización y adjudicación de candidatos al final de cada proceso.

Cuatro problemas clave. En julio del año 2006, cuatro expertos electorales convocados por el Centro Carter analizaron el marco legal electoral venezolano y entregaron un extenso informe en el que realizaban una larga lista de recomendaciones para que se ejecutara una reforma sustancial y efectiva de esas leyes y las sintonizaran con los nuevos paradigmas de la Constitución de 1999. En el proyecto (ejecutado a petición expresa del para entonces presidente del CNE, Jorge Rodríguez, y el ex presidente de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro) se subrayan cuatro temas clave sobre los cuales urge realizar reformas: primero, la protección del principio constitucional de la representación proporcional, vulnerado por la estrategia de las “morochas” ante la falta de control normativo; segundo, el sistema automatizado de votación y la necesidad de plasmar en la ley sus mecanismos de auditoría y control perma-

nente; tercero, los dispositivos de control del financiamiento de campañas, y cuarto, el marco normativo del Registro Electoral y la conveniencia de la entrega controlada a los actores políticos de los datos completos de los votantes (incluido los de su residencia), aunque con medidas suficientes de seguridad que impidan vulnerar la privacidad de los ciudadanos. En Venezuela, los analistas coinciden en señalar que la tarea legislativa de urgencia se concentra en cuatro nuevos instrumentos: una ley de procesos electorales, que actualice la del Sufragio y Participación Política de 1997 y derogue finalmente el Estatuto Electoral del Poder Público; una, de participación política y ciudadana, que desarrolle los procesos de convocatoria y ejecución de todos los referendos establecidos en la Constitución de 1999; otra, de organizaciones con fines políticos, que derogue la vieja Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones de 1965, y una ley de control del financiamiento, publicidad y propaganda electoral, que sustituya todos los reglamentos que los rectores del CNE deben aprobar cada vez que hay un evento electoral. Además, las nuevas atribu-

ciones del organismo comicial exigen la redacción de una ley de administración y control del Registro Civil y una que regule los procesos electorales de las organizaciones sindicales. La Consultoría Jurídica del CNE dio un tímido paso este año, y elaboró un anteproyecto de ley de procesos electorales que todavía no ha llegado al Parlamento y que, a la luz de las recomendaciones del Centro Carter, se queda corto en la protección de las garantías constitucionales. “Hay que promover disposiciones que garanticen la igualdad real y efectiva de todos los votantes ante la ley, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución. Asimismo, la reforma del sistema electoral debe garantizar la representación proporcional, la participación de las minorías. Es una tarea larga que tienen los legisladores”, explica Natalia Brandler, coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Los autores del estudio del Centro Carter (Luis Alberto Cordero, de Costa Rica; Héctor Díaz Santana, de México; José Montero, de Uruguay, y Carlos Safadi Márquez, de Argentina) señalan en el documento que sería un error despachar el asunto sin el consenso su-

ficiente: “Un proceso de reforma electoral como el que necesita Venezuela requiere de acuerdos institucionales y pactos políticos entre la mayoría de los actores. La reforma electoral debe establecer nuevas leyes, claras y precisas, que impidan interpretaciones tendenciosas y faciliten el ejercicio de su contenido. La mejor manera de garantizar el cumplimiento de la ley, y preservar la legalidad, radica en realizar una reforma de alto nivel con principios claros, que asegure meridianamente la voluntad del legislador y que sea clara en cuanto al objetivo: facilitar y preservar la expresión de la voluntad política de los ciudadanos. Sólo así se dificultará o reducirá la posibilidad de fraudes a la ley”. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el historiador argentino Domingo Faustino Sarmiento señaló que “las turbulencias que han agitado a los países de América Latina desde su emancipación, provienen de la imperfección de las leyes de elecciones. Aún las naciones más avanzadas corrigen de cuando en cuando sus leyes y prácticas electorales”. En Venezuela, la hora de las reformas llegó hace 8 años, y los legisladores aún no se han ocupado del tema.s

Es una norma aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, con una vigencia expresamente limitada a los comicios nacionales, regionales y municipales celebrados en el año 2000. Sin embargo, ante la ausencia de una nueva ley de procesos electorales el CNE ha decidido extender su vigencia para subsanar parcialmente algunos vacíos legales. Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones Gaceta Oficial 27725 30 de abril de 1965 Extensión: 53 artículos La ley cumplió hace unos meses 43 años, establece sanciones de 500 bolívares y entra en contradicción con la carta magna hasta en la definición de partidos políticos. La ausencia de una nueva ley ha impedido el desarrollo de, por ejemplo, los mecanismos para cumplir el mandato de democracia interna en las organizaciones políticas. Ley Orgánica del Poder Electoral Gaceta Oficial 37573 19 de noviembre de 2002 Extensión: 69 artículos Es la única norma electoral que ha sido aprobada debidamente por la Asamblea Nacional después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. Regula todo el funcionamiento interno del CNE y actualiza el organigrama según las nuevas disposiciones de la carta magna.


La morochas regionales