Issuu on Google+

PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO, ANTE EL COMITE DE DESCOLONIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 9 de junio de 2008 Señor Presidente y demás Miembros, Mi nombre es Celina Romany-Siaca y comparezco como Presidenta de la institución profesional más antigua de Puerto Rico, tenaz defensora de los derechos fundamentales de su ciudadanía; representante de una matrícula togada diversa, que se ha destacado y posee un sitial de honor en la isla en materia del derecho a la libre determinación de los pueblos por consistentemente haber ofrecido brújulas íntegras y educativas. Desde 1972, el Colegio de Abogados, de forma ininterrumpida ha dicho presente ante este Comité para denunciar la arrogancia colonizadora, que bien conocen muchos de los países integrantes de este comité, y que afortunadamente se va marchitando ante el derrumbe de hegemonías que dan paso a una pluralidad de poderes en el mundo internacional. Los miembros de este comité han sido testigo de cómo los reclamos de derechos humanos fundamentales han querido ser silenciados por aquellos que rechazan la intervención de este foro, sobre bases que ilegítimamente invoca control interno absoluto sobre sus asuntos. De ahí que no debe causar sorpresa que todavía se escuche – de espalda a los avances del derecho internacional- que este foro no debe intervenir en materia de la descolonización de Puerto Rico, por ser un “asunto interno” entre el poder colonizador y el pueblo colonizado. El siglo 20 y el desarrollo de un nuevo derecho internacional fraguado e interpretado por ustedes, los representantes de la


multiplicidad necesaria para quebrar los monopolios de antaño sobre la verdad, parecen ser para unos pocos iluminados letra muerta… El camino recorrido de la mano de los pronunciamientos de este Comité no ha sido en vano; y como ustedes bien conocen, los procesos toman su tiempo en madurar, especialmente a la hora de celebrar el triunfo de la justicia y el derecho. Han pasado 55 años desde que este foro, poblado por países muy distintos, aceptó la petición de remover a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos. (Resolución 748 (VII) Afortunadamente hoy día existe consenso sobre la existencia de una relación colonial que requiere disolución a la altura de este siglo. Debe también resaltarse que hoy 9 de junio del 2008 constituye para Puerto Rico un día histórico; toda vez que el mismo gobierno que aquí estuvo acompañando a Estados Unidos hace 55 años a informar que Puerto Rico adquiría gobierno propio, acude a este foro a dar testimonio de sueños malogrados, de esperanzas estrelladas contra un muro de rechazo y de pronunciamientos que revelan claramente que nunca se trascendió realmente el ejercicio de un poder plenario sobre una isla-territorio. El Gobernador del Partido de gobierno arquitecto del Estado Libre Asociado, que apoyó en 1953 a Estados Unidos en su planteamiento de que P.R debía removerse de la lista de territorios sin gobierno propio, hoy – a raíz de las lecciones aprendidas- reclama que la descolonización debe estar cimentada sobre las bases de la soberanía. Este foro debe conocer que el pueblo puertorriqueño no debe seguir sufriendo la larga condena del paso de los años ni tolerando más que la consideración de este asunto por la Asamblea General siga estacionada en el rincón de las quimeras. El desarrollo económico y social de la isla, su capacidad para tomar los rumbos necesarios junto a


nuevos aliados, exclama urgencia. Basta solo señalar algunos de los problemas coloniales que nos acosan: la imposición de la pena de muerte para delitos federales, a pesar de su prohibición por la Constitución de Puerto Rico: la post-desocupación militar de Vieques —ante un requerido proceso de descontaminación ambiental; la existencia de presos políticos puertorriqueños en cárceles de Estados Unidos, que en violación a derechos humanos fundamentales, cumplen sentencias altamente desproporcionadas y la creciente federalización de múltiples escenarios de la vida puertorriqueña. Lejos de ser meramente un pedido abstracto de justicia conforme al derecho internacional; está en juego el futuro de un pueblo que se esfuerza por salir adelante y que respeta los valores democráticos. La capacidad de auto-determinarse para emprender el viaje que nos aguarda equivale al reconocimiento de nuestra adultez como pueblo; equivale a rechazar todo intento de tutelas perpetuas que nos infantilizan y que destellan la inequidad fundamental de voces silenciadas. El Colegio de Abogados, a través de su Comisión de Desarrollo Constitucional compuesta por miembros de todas las ideologías políticas, ha asumido el liderato de ofrecer el mecanismo procesal que mejor se ajusta al derecho internacional y que proporciona al pueblo puertorriqueño -nación latinoamericana y caribeña con su propia e inconfundible identidad nacional- las condiciones idóneas para emitir una decisión en torno a las fórmulas descolonizadoras. Mediante una Asamblea Constitucional de Status se permite la articulación de alternativas no coloniales – no sujetas a la cláusula territorial de la Constitución norteamericana y a sus poderes plenarios; y se coloca en manos del pueblo de Puerto Rico, el proceso de deliberación y de negociación continua con el Congreso de E.U. Como debió ser hace años, la celebración de la Asamblea


Constitucional de Status conllevará la derogación de la actual Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, estará fundamentada en la soberanía del pueblo de Puerto Rico y garantizará que, en sus relaciones políticas futuras, la isla quede excluida de los poderes que la interpretación judicial vigente de la Cláusula Territorial de la Constitución norteamericana le confiere a su Congreso. Dicha Asamblea facilitará un canal abierto de negociación que garantice un desenlace libre de ataduras coloniales, que trascienda líneas político-partidistas, que reconozca el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y que facilite una deliberación democrática de todos los sectores políticos, de la sociedad civil y del ciudadano directamente. Se propicia así el camino del diálogo avalado por las Naciones Unidas en recientes consultas de este tipo y que justifica tanto el apoyo de este Comité como el de la Asamblea General. La intervención de la Asamblea General de este foro ilustrará al

pueblo

puertorriqueño, ofreciendo certeras claves de discernimiento en torno a la legitimidad de otros proyectos que adelantan plebiscitos alegadamente descolonizadores. Pondría fin a lo que todavía en la isla algunos –hijos de una gran confusión conceptual- consideran apropiado y aceptable, a saber, que el Congreso norteamericano sea el foro que deba autorizar el ejercicio del derecho a la libre determinación y que dicho ejercicio esté enmarcado dentro de los parámetros de la Constitución norteamericana. Dicho popularmente, que debe pedirse permiso, para ejercitar un derecho inalienable—algo así como pedirle la llave del candado al carcelero. La elevación ante la Asamblea también rescatará al pueblo puertorriqueño, por primera vez en su historia, de los muchos años de soledad – más de cien- en que ha estado sumido y le permitirá que se sienta muy bien acompañado por una comunidad internacional a la hora de reclamar su derecho y su


respeto como pueblo soberano. Sabrá que no estará solo al momento de señalarle al mundo las inconsistencias de un discurso norteamericano que se vanagloria del respeto a unos derechos humanos fundamentales mientras los desdeña en casa. Además, dicha intervención permitiría la revitalización de los Principios de Bandung, en esta ocasión, en la región Caribeña-Latino Americana. Nuestro Colegio de Abogados está comprometido con la defensa de su proyecto de Asamblea Constitucional y con la denuncia firme contra todo intento del Congreso de ignorarlo o someterlo a su estrategia clásica de convertirlo en nota al calce del texto de sus prioridades. Es importante destacar el creciente reconocimiento de países que saben apreciar a la altura de este siglo, las inconsistencias del discurso democrático norteamericano, tal como se refleja en la Proclama de Panamá adoptada por el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de 2006, y por la Cumbre de Países no Alineados celebrada en septiembre del 2006. Estos gestos solidarios deben servir de estímulo para que se agoten todas las vías posibles al alcance de este Comité para la elevación ante la Asamblea General de nuestro caso y para que se haga de este proceso uno continuo y vigoroso. Como ha señalado el Secretario General Ban Ki-moon, “por las últimas seis décadas, la descolonización ha transformado el rostro de las Naciones Unidas; cientos de millones de personas han ejercitado su derecho a la libre determinación”. Unos casi 4 millones de puertorriqueños que residen en la isla, junto a otros tantos de padres puertorriqueños, reclaman unirse a esos hermanos del planeta. Con el Secretario General


también afirmamos que facilitar el proceso de descolonización de un pueblo sin duda constituye el capítulo más honroso en la historia de este cuerpo. A los aliados de este Comité le expresamos nuestro agradecimiento por la solidaridad desplegada a través de los años, y a los nuevos – gratitud y bienvenida. A todos los miembros les exhortamos a que diseminen el mensaje de reivindicación y reparación que aguarda el pueblo puertorriqueño con la vehemencia que amerita el momento.


Ponencia del Colegio de Abogados de Puerto Rico