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Apuntes en torno a la perspectiva ética contenida en el artículo tercero de la Ley O rgá n ic a d e l P od e r J udic ia l d e l E s ta do d e C h ih ua h ua

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Iniciaremos comentando que la presente sección tratará diversas temáticas de naturaleza ética, en específico, aquellas reflexiones basadas en el desarrollo de la dinámica institucional en el Poder Judicial, lo que directamente se refiere a la labor de aquellas personas que representan a los órganos jurisdiccionales en este, así como a todas y todos los servidores públicos que auxilian y permiten tal actividad sustantiva, esto es, en conjunción con los valores y principios que la normativa rectora1 estima adecuados, en cuanto a que son los bienes morales que permitirán erigir una institución vigorosa que administre justicia de manera adecuada y que a su vez, coadyuve en la consolidación del Estado de Derecho. Mtro. Alfonso Cardona Granados Coordinador de Investigación y Edición del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua

En ese sentido, a manera de introducción, pasaremos a abordar la perspectiva axiológica que el Poder Judicial ha adoptado, esto es, analizando el contenido del artículo tercero de la Ley Orgánica, en donde se hace alusión a diversos principios que se consideraron apropiados por parte del legislador, a efecto de fomentar el buen actuar de los servidores públicos que lo integran. Una vez dilucidado lo anterior, estaremos en posibilidad de realizar, en presentaciones posteriores diversos planteamientos que tomen Por normativa rectora hacemos alusión de manera enunciativa más no limitativa, al contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

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en cuenta la interacción de tales principios con circunstancias que pudieren enfrentar los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta nociones emanadas de la doctrina o posicionamientos éticos incluidos en codificaciones destinadas a las instituciones judiciales. Sin más preámbulo, se tiene que el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, establece que la función judicial se regirá por los principios de independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, legalidad, excelencia, profesionalismo, honestidad, diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad, lealtad, probidad, rectitud, transparencia y máxima publicidad. A primera vista podemos observar que se incluyen aquellos principios que nuestra Carta Magna consagra como aquellos que guiarán el desarrollo de la carrera judicial2, a saber, aquellos que se refieren a la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia inherente al desarrollo de los servidores públicos que conforman la misma. Ahora bien, además de los señalados en el párrafo anterior, el diverso tercero de la Ley Orgánica establece a su vez diversos principios a los que tradicionalmente identificamos como aquellos que mejor rigen la función judicial, específicamente nos referimos a los de eficacia, legalidad, honestidad, diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad, lealtad, probidad, rectitud, transparencia y máxima publicidad. En ese orden de ideas, somos de la opinión que aquellos principios diversos a los que incluye nuestra Carta Magna como rectores de la carrera judicial, se refieren en un sentido amplio, a características que deberán guardar todos los servidores públicos adscritos al Poder Judicial, ya sea que su labor consista en realizar actividades de naturaleza jurisdiccional, o en su caso, labores 2 Enumerados en el párrafo séptimo del diverso 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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de índole administrativa, esto es, a pesar de que únicamente se anuncien como principios rectores de la función judicial, ya que desde la perspectiva de la ética profesional ambos aspectos se complementan a efecto de cumplir con la finalidad principal de la Institución, que no es otra que la impartición de justicia. En concordancia con lo anterior, pasaremos a analizar cada uno de los principios contenidos en la Ley Orgánica a la luz del significado que ostentan de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española3 (en adelante DLE) emitido por la Real Académica Española, para posteriormente emitir algunos apuntes en función de la conceptualización correspondiente. Luego entonces, tenemos que la excelencia se refiere a la “superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo”4, en este caso se asume que ese algo es la administración de justicia, así mismo, se advierte que tal cualidad implica, a su vez, una dedicación, que a nuestro juicio sólo será posible cuando exista una verdadera vocación por parte de quien ejerza la función jurisdiccional. La noción de dedicación a la que se hizo alusión, vinculada al concepto de excelencia, nos conduce a estar de acuerdo con la afirmación que declara: “la excelencia mira al todo, implica aceptar lo que se ha hecho bien, aprender del error y ocuparse de superarlo”5. La aseveración anterior, necesariamente involucra flexibilidad en el actuar, pero a la vez cierta disciplina representada en el constante movimiento motivado por el afán de progreso individual que cada servidor público estima como adecuado en función de la materialización de su vocación, la cual será perfectible durante toda su vida institucional.

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La objetividad en función del contenido del DLE, se refiere a la “cualidad de lo objetivo”6, esto es, lo perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o sentir. En relación con el principio de objetividad, en ocasiones, a propósito de la labor judicial, se advierte cierta polémica, o cuando menos confusión, esto es así porque algunos autores, no sin cierta razón, consideran que el juzgador no puede despojarse de aquellas creencias o convicciones que han estado presentes a lo largo de su vida institucional, no digamos ya su vida en sociedad, y en ese tenor, estiman que tales postulados pudieren llegar a tener una incidencia importante en la labor que desempeñan, ya sea en la adopción de ideologías liberales o conservadoras, o en su caso, la manera en que pudieren enfocar algún problema social que llegaré a generar consecuencias jurídicas, en fin, en algún momento se profundizará en cuanto a tales posicionamientos, en esta ocasión sólo nos toca presentar un esbozo para efecto de situar el concepto en el andamiaje ético institucional. De ahí que, la objetividad como principio, implica que el servidor público debe garantizar que las decisiones o resoluciones emitidas sean el resultado de un juicio racional, no emotivo ni ideológico7. Acto seguido, la connotación de imparcialidad implica necesariamente una “falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien, que permite juzgar o proceder con rectitud”8. En torno a la imparcialidad, debemos señalar que la acción de administrar justicia tiene que ser libre de todo tipo de influencias extrañas a la

3 Hasta este momento se han publicado veintitrés ediciones de la obra, convertida, a través del tiempo, en el diccionario de referencia y consulta del español. Se dirige, fundamentalmente, a hablantes cuya lengua materna es el español, con el propósito de que encuentre en él recursos suficie. 4 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 2019. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=HBYgzjT ntes para descifrar textos escritos y orales. 5 Betanzos Torres, Eber Omar y Navarro Aldape, Fernando de Jesús, La Prudencia, la Excelencia y el Decoro, Apuntes sobre Ética Judicial III, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, p.110. 6 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=QmrA8Gh 7 Saldaña Serrano, Javier, La objetividad como principio moral en la labor judicial, México, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Número 21, 2006, p. 224. Versión escrita de la conferencia pronunciada en el seminario “Principios Éticos de la Función Judicial”, celebrada en el Instituto de la Judicatura Federal los días 10 y 13 de marzo de 2006. Disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/21/21-11.pdf 8 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=L1vfaix

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cuestión jurídica en sí, en este caso, la parcialidad o prejuicio que el juzgador pudiere llegar a tener acerca de un asunto en particular, o de alguna de las partes que participan del proceso, esto es, de manera anticipada o durante el avance del mismo, y que a final de cuentas pudiere llegar a afectar al examen minucioso que en todo momento está obligado a practicar con motivo del ejercicio de sus atribuciones. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, considera que la imparcialidad se desarrolla cuando el funcionario judicial en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa, careciendo de manera subjetiva, de todo prejuicio, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad9.

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propios de su labor, aunado a los criterios éticos relacionados con la misma, de manera tal que puedan perfeccionar de manera permanente el rol que les fue asignado en la administración pública y convertirse en profesionistas ejemplares. La independencia es la “cualidad o condición de independiente”12, remitiéndonos tal idea a la imagen de una persona que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena.

Dicho principio destaca el hecho de que las decisiones judiciales no deben sujetarse al influjo de otras instituciones o poderes públicos, o a la presión de conglomerados privados con amplio poderío económico, o en su caso, al apremio practicado por influyentes personalidades que por el papel que desempeñan en la sociedad, en ocasiones sus expresiones implican una especie de coacción o exhorto informal que no El profesionalismo se refiere al “cultivo o debiera tener cabida en la íntima reflexión que el utilización de ciertas disciplinas como medio funcionario jurisdiccional realiza en el ejercicio de de lucro”10, en este caso, es obvio que los sus atribuciones, cavilaciones que valga la pena funcionarios jurisdiccionales deben tener acceso decirlo, únicamente estarán sujetas al imperio de a una remuneración justa que les permita vivir la ley. de manera digna sin preocuparse por cuestiones de supervivencia al desempeñar su encargo, Por lo que se refiere a la independencia en el ámbito esto equivale a la entrega de una remuneración judicial, el Ministro en retiro, Juan Díaz Romero en concordancia a la importancia de la labor destaca la firme intención que debe prevalecer que desempeñan, puesto que tal prestación en cuanto a que la decisión que en un momento de carácter económico es una condición que dado sea emitida por el funcionario jurisdiccional, coadyuva en la consolidación de los principios será realizada “en derecho y conforme a ciencia de independencia y autonomía al interior de las y conciencia, rechazando cualquier influencia o instituciones encargadas de la administración de presión de otras autoridades o poderes, sean constitucionales o de hecho”13. justicia. A propósito de la profesionalización de los servidores públicos, se debe señalar que, para desempeñar las funciones inherente a tal o cual encargo, es necesario que las personas obtengan los conocimientos básicos y actualicen constantemente los aspectos técnicos y científicos11

Para Luis Diez Picazo, la independencia judicial se refiere por un lado a la independencia funcional, noción que implica la concepción valorativa de la independencia judicial y, por el otro, a la independencia como garantía14. La primera de las acepciones se refiere a una regla básica de

9 Sentencia del caso Barreto Leiva vs Venezuela (Fondo, Reparaciones y Costas), f. 98, 17 de noviembre de 2009, Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf 10 Disponible en: ttps://dle.rae.es/?id=UHxw1oG 11 Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, Deontología Jurídica, México, Porrúa, 2008. p.130. 12 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=LMuGi4L 13 Díaz Romero Juan, Apuntes sobre Ética Judicial I, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, p.91. 14 Diez Picazo, Luis María, “Notas de Derecho Comparado sobre la Independencia Judicial”, España, Revista Española de Derecho Constitucional. Año 12. Número 34. Enero-Abril 1992, p. 20.

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cualquier ordenamiento, en virtud de la cual, el funcionario únicamente se encuentra sometido a la legalidad, es decir, al sistema de fuentes del derecho vigentes, como principio y medida de su actuación, ahora bien, la independencia judicial, entendida como garantía, es un conjunto de mecanismos tendientes a salvaguardar y realizar ese valor15, incluso, a través de la interdependencia que subyace en la interacción de diversos principios identificados con la función judicial. Pasando a los conceptos de eficacia y eficiencia, el DLE concibe al primero de estos como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”16, y al segundo como la “capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”17. Podemos aseverar que tales expresiones encuentran cabida en la idea inherente al logro que se alcanza o las metas que se cumplen por medio de las herramientas disponibles, lo que conlleva la cristalización de la misión institucional la cual, por lo que se refiere a la función judicial, entraña la resolución de una problemática de manera oportuna y adecuada, colaborando de esta forma en la consolidación de la gobernabilidad

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en el Estado al resolver las complicaciones que se presentan con motivo de la interacción ciudadana18. En ese orden de ideas, la eficacia y eficiencia son valores que suponen que la organización y la función judicial debe ser edificada a partir de una visión que busque asegurar el cumplimiento de los objetivos y fines c o r re s p o n d i e n t e s a la administración de justicia, esto es, a través del uso efectivo y mesurado de los recursos materiales y humanos con que se cuente. Cuando hablamos de legalidad, forzosamente nos referimos a aquello prescrito en la ley y conforme a ella, es decir, tal concepto hace alusión al orden jurídico vigente, el cual contiene normas y reglas que deben respetarse para conservar el orden en el ámbito de que se trate, así, por un lado nos podemos referir a las leyes que la sociedad forzosamente tiene que observar en el devenir diario, leyes cuya inobservancia constituyen una infracción y que a su vez derivan en una sanción, o en su caso, a las directrices que permiten resolver los problemas que se presentan en determinado territorio conforme a los hechos suscitados y de acuerdo a las posibilidades contenidas en la ley.

Ibidem, p. 21. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=EPQzi07 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=EPVwpUD 18 Tradicionalmente se ha identificado a la eficacia judicial con el resultado derivado la interacción entre las variables consistentes en la duración de los procesos, su porcentaje de resolución y el número de asuntos que aún no son resueltos. 15 16 17

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De igual manera, el principio de legalidad nos remite a las reglas que los servidores públicos están obligados a seguir en el desempeño de sus labores para efectos de resolver las controversias y estar en condiciones de dictar justicia, entiendo que cualquier acto realizado por un ente público encuentra limitantes en cuanto a que tal manifestación forzosamente debe contemplarse en la normativa aplicable.

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que “la razón práctica debe ofrecerle a la voluntad que escoja entre alternativas queribles por su bondad o justicia, de ahí la relevancia que tiene cultivar un apetito recto, o sea que esté inclinado habitualmente a querer lo bueno o justo”22.

De tal manera, la rectitud en la decisión, en concordancia con lo expresado por Vigo, configura el requisito primordial,teniendo en cuenta que cualquier sistema procesal debe contemplar la Como se puede observar, el principio de delimitación clara de etapas que faciliten a los legalidad garantiza la eficacia del Estado de juzgadores la tomar decisiones correctas en la Derecho e implica que el órgano de poder apreciación de los hechos y la aplicación del público únicamente podrá influir en la esfera derecho. individual de las personas, en la medida en que la ley lo permita19, por lo que es dable aseverar La imagen de lo honesto nos conduce así que tal noción, en general apunta a lo siguiente: mismo, a la idea de decencia como oposición a “…la idea de la ley como acto normativo supremo la acción de empezar a corromper cierta cosa, e irresistible, a la que, en línea de principio, no es lo que, a su vez, encuentra complemento en la oponible ningún derecho más fuerte, cualquiera afirmación de que los servidores públicos no que sea su forma y fundamento…”20. podrán obtener o aceptar beneficios que por ley no estuvieran en aptitud de recibir, puesto que tal La honestidad se define como la “cualidad de conducta únicamente podría viciar las practicas honesto”21, lo que a su vez, alude a una persona institucionales23. razonable o justa, en ese plano, podemos imaginar a un servidor público que en concordancia con las El concepto de probidad necesariamente nos reglas de la razón, actúa de manera congruente remite al principio de honradez, el cua se refiere a y equitativa, como de aquellos acontecimientos “rectitud de ánimo e integridad en el obrar”24 de que conocen en virtud de su importante función, una persona, la rectitud en este caso toma en cuenta buscando de manera adecuada las razones y la el carácter de una persona que es severa consigo justificación inherente a las mismas, conservando y con los demás en el estricto cumplimiento de invariablemente un espíritu analítico que normas de conducta pertinentes, es decir, un evaluará los hechos y el derecho, decidiendo la servidor público cuya labor invariablemente interpretación adecuada y la aplicación correcta contribuye a consolidar el funcionamiento de la ley. correcto del andamiaje institucional25, esto es, a través del cultivo de la recta razón o conocimiento Derivado de lo anterior, conviene resaltar y práctico acerca de lo que debe hacer o decir en apreciar lo señalado por Rodolfo Vigo en cuanto a función del papel que le toca proyectar. 19 Márquez Rábago, Sergio, “Estado de derecho en México”, en Cienfuegos Salgado, David y Rodríguez Lozano, Luis Gerardo (coords.), Estado, Derecho y Democracia en el momento actual, México, Fondo Editorial Jurídico, 2008, p.221. 20 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 10a ed., Madrid, Trotta, p. 24. 21 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=Kd0eMGZ 22 Vigo, Rodolfo Luis, La interpretación (argumentación) jurídica en el Estado de Derecho Constitucional, México, Tirant lo Blanch, 2017, p. 21. 23 Esta apreciación encuentra eco en lo dispuesto en el Código de Ética Del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Argentina, en específico en su numeral 3.7 que mandata lo siguiente: “Honestidad: El juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le correspondan, y apropiarse o utilizar abusivamente aquello que se le afecta para cumplir su función. 24 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=KdZk7s9 25 Una puntual referencia al principio de probidad se puede observar en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Chile, cuyo artículo 54 reza lo que a continuación transcribimos: “El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.”

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La honorabilidad es la “cualidad de la persona honorable”26, esto es, alguien que es digno de ser honrado, correspondido en cuanto a sus acciones e intenciones por la presunción de que es una persona honorable, ahora bien, aunque pudiéramos suponer tal condición, sobre todo a raíz de que el honor se entiende como un atributo de la personalidad, somos de la opinión que los servidores públicos serán merecedores del calificativo de honorables a través de la materialización permanente de conductas virtuosas en el plano institucional y social, lo que deriva en la obtención de un bien ganado prestigio, lo anterior en concordancia con el criterio jurisprudencial que define al honor como “aquel concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social”27. Los principios de honestidad, honorabilidad, rectitud y probidad presentan rasgos similares que los vinculan de manera importante en torno al actuar que se pretende desplieguen las y los servidores públicos en el Poder Judicial. Al hacer mención de la definición correspondiente a la diligencia, el DLE nos remite al “cuidado y oportunidad con que se debe acometer cierta actividad”28, por lo que tal principio nos informa que el servidor público está obligado a

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desempeñar sus labores con prontitud y agilidad. En ese sentido, se espera que los miembros del Poder Judicial tomen las precauciones necesarias a efecto de cumplir con sus obligaciones de manera impecable, evitando en todo momento la indolencia que refiere al servidor público que no resuelve los problemas propios de su investidura con la oportunidad debida o con la celeridad adecuada, concepto que a su vez refiere “rapidez o velocidad en el actuar”29, y en cuya vertiente correspondiente a la celeridad procesal, en relación con el debido proceso, Canelo Rabanal30 asevera lo siguiente:

La existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el litigio; ya que la sociedad debe recomponer su paz a través del proceso en el más breve plazo; y es de su interés que el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica se dilucide prontamente. En razón de lo anterior, la esencia de tal principio consiste en evitar una perjudicial parálisis en la impartición de justicia de cara a la sociedad. La veracidad equivale a la “cualidad de veraz”31, concepto que encierra una idea de una persona

Disponible en: https://dle.rae.es/?id=KdBc7Io DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. Tesis: 1a./J. 118/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t.I, febrero de 2014, p. 470. 28 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=DmapFfE 29 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=89Ejizt 30 Canelo Rabanal, Raúl Vladimiro, “La celeridad procesal, nuevos desafíos”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista, Perú, 2016, p.1. Disponible en: http://egacal.e-ducativa.com/upload/2006_CaneloRaul.pdf 31 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=baVUdTJ 26 27

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que usa o profesa siempre la verdad; en el ámbito judicial podemos señalar que esta veracidad se origina y evoluciona en el marco de las reflexiones producidas en función del desahogo de las probanzas que pudieren derivar en cierta convicción manifiesta en el intelecto de las y los juzgadores, o en aquellas apreciaciones que vinculadas con la inmediación originan en el juzgador determinados posicionamientos relacionados con aquellos hechos que reúnen la cualidad de lo verdadero, y que a su vez, adminiculados con el contenido de la ley y la interacción de las partes en el proceso, esencialmente nutren a las decisiones judiciales y permiten sostener un equilibrio procesal adecuado que toma en cuenta la idoneidad, confiabilidad y eficacia probatoria del material aportado sujeto a la valoración de los órganos jurisdiccionales32. En cuanto a la influencia de la veracidad en el accionar de la dinámica jurídica, Michele Taruffo33 concluye:

No solo, pues, tiene sentido hablar de verdad en el contexto del proceso: tiene sentido hablar de ella, en cuanto un proceso sin verdad no haría justicia, sino solo injusticias. Bajo este perfil bien se puede decir que la verdad no es importante: es inevitable.

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Por lo que respecta al principio de competencia en el ámbito jurisdiccional, este se relaciona con la autorización o reconocimiento de quién ocupe la titularidad de un juzgado o tribunal en determinado asunto, de acuerdo a circunstancias que las propias disposiciones contemplan con la finalidad de tratar y resolver alguna cuestión. La competencia se otorga en virtud del contenido de la ley a un órgano jurisdiccional determinado, creado de manera expresa para impartir justicia, siempre y cuando las características que arroje la problemática en turno, se ajuste a los parámetros contemplados en la normativa34, evitando de esta forma la aparición de tribunales especiales o de excepción que pudieren en un momento dado afectar los derechos de los justiciables, es decir, las y los ciudadanos conocen con antelación el cómo será desarrollado el procedimiento y qué órgano jurisdiccional lo instrumentará35, en ese contexto, las y los servidores públicos tendrán que observar de manera estricta las causas que permiten o instan su actividad en una problemática determinada, o en su caso, aquellas que la impiden. De tal forma, el principio de competencia al interior de una institución encargada de la impartición de justicia, tomando en cuenta la reflexión de carácter ético que impulsa tal significado, se debe preservar a partir del aseguramiento consistente en que los elementos que determinan la competencia contenidos en la ley, efectivamente distribuirán

32 A propósito de la verdad en el proceso legal, no podemos dejar de mencionar el concepto de verifobia, creado por Michele Taruffo, el cual, de acuerdo con el autor, agrupa a todas aquellas actitudes que, de modo más o menos abiertas y conscientes, son contrarias a cualquier discurso que reconozca significado y valor a la verdad y, por tanto, niegan sucesivamente la existencia, la posibilidad, la oportunidad de buscarla, la eventualidad de descubrirla en cualquier contexto. 33 Taruffo, Michele, “La verdad en el proceso”, traduc. Ariano Deho, Eugenia, Chile, Revista Derecho y sociedad Número 40, Asociación Civil Derecho y Sociedad, 2013, p. 243. 34 Tradicionalmente la ley otorga la competencia en razón de conceptos tales como territorio, grado, materia o cuantía, que en su caso presenten los asuntos a tratar. 35 Esto es, el tipo de órgano jurisdiccional, puesto que pueden llegar a existir diversos juzgados del mismo tipo, ante lo cual la competencia por turno se instaura como un sistema de distribución de los asuntos que recién ingresan a la institución para ser dictaminados.

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el ejercicio de las facultades de los órganos encargados de tal o cual tarea institucional; aunado a lo anterior, la materialización de tales elementos conllevan la exigencia de crear lineamentos que permitan el desarrollo de tal principio al interior de la institución, debiendo ser claros y suficientes en cuanto a que los mismos derivarán en el actuar de los entes que integran y a través de los cuales actúa el Poder Judicial.

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a las exigencias que la ley plantea, de acuerdo al rol que les toca desempeñar en la institución, sin embargo, además de esa relación, se encuentran comprometidos con la institución en cuanto a la visión que anima su desenvolvimiento, así como en relación a la observancia de los principios y valores que esta enarbola como los más preciados, por lo que sus acciones tendrán que complementar

Al hablar de la palabra lealtad, encontramos que tiene una connotación de fidedigno, verídico o fiel36, esto es, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo, en este caso la función jurisdiccional, o aquellas que auxilien a la concreción de la misma. En ese tenor, la lealtad en cuanto a la perspectiva jurisdiccional debe tener como fundamento la búsqueda de la verdad, por lo que el derecho que se aplique, la técnica que se instrumente para lograrlo, así como los criterios que se apliquen para otorgarlo, deberán ser fieles a la realidad o al espíritu que animó su instauración en la normativa legal de que se trate, es decir, la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho que realicen las y los servidores públicos del Poder Judicial, tendrá que ser ajena a la alteración, simulación, o suplantación de los mismos, permitiendo el desarrollo normal del proceso37, así también, el principio de lealtad se encuentra íntimamente relacionado con el principio general de buena fe, el cual es definido como la creencia que se guarda respecto de que las personas actúan conforme a derecho, excluyendo la malicia en su trato, y que a su vez “posee un alcance absoluto e irradia constantemente la misión institucional. su influencia en todas las esferas, en todas las Es de suma importancia que el Poder Judicial situaciones y en todas las relaciones jurídicas”38. contemple el principio de transparencia y máxima Acorde a lo anterior, todas y todos los funcionarios publicidad en su catálogo axiológico, puesto que jurisdiccionales del Poder Judicial están vinculados tales principios encuentran sustrato en el derecho

Disponible en: https://dle.rae.es/?id=N2C1OiZ LEALTAD PROCESAL. ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN. Tesis XI.1o.A.T. J/16, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t.III, noviembre de 2018, p.2012. 38 DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE. TESIS I.3º.C.J/11, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t.II, abril de 2015, p.1487. 36 37

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humano de acceso a la información, el cual se origina a partir de una concepción moderna de la ciudadanía, en la cual, se asume que los cuestionamientos y peticiones de las personas no sólo son bienvenidos, sino que se estiman necesarios a efecto de consolidar una sociedad democrática, en la cual se toma en cuenta la participación ciudadana a efecto de perfeccionar

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A partir de tal representación, podemos conceptualizar al principio de transparencia y rendición de cuentas como herramientas importantísimas en cuanto a que permiten la materialización de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, puesto que, a través de su implementación, las y los justiciables se encuentran en aptitud de informarse acerca de los mismos, así como de las condiciones inherentes a su ejercicio. En términos simples, el principio de transparencia y máxima publicidad no es otra cosa que la obligación del Poder Judicial de dar cuenta a las y los ciudadanos acerca de las acciones que realiza, esto es, en el caso del ejercicio de sus atribuciones contenidas en las disposiciones normativas aplicables, lo anterior, a través de la publicación de información completa y veraz, así como de fácil acceso, lo que permitirá a los interesados tener una noción acerca del origen y alcance de estas, en aras de permitir la formación de una opinión informada o realizar una crítica constructiva enderezada en función de la labor que realiza la institución39.

todas las actividades que se dan a partir de los órganos que integran la administración pública, en los cuales, por supuesto encuentra acomodo el Poder Judicial.

Como se ha constatado a lo largo del presente artículo, los diversos principios que señala el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua como aquellos que rigen la función judicial, son sumamente importantes puesto que dotan a las y los servidores públicos adscritos a la institución de una serie de pautas a efecto de que realicen sus funciones de manera adecuada desde una perspectiva ética, la cual, además de la capacidad técnica, implica que deberán orientar sus esfuerzos hacia la satisfacción del bien común, anteponiendo en todo momento, el interés colectivo al propio. Es conveniente recordar, que en un régimen

39 En cuanto a los objetivos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, podemos encontrar los siguientes: I. Transparentar el ejercicio de la función pública. II. Establecer como obligatorio el principio de transparencia en la gestión pública gubernamental. III. Establecer disposiciones que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información, teniendo en cuenta los principios de máxima apertura y gratuidad. IV. Establecer procedimientos para que los particulares tengan acceso a la información pública, privilegiando los principios de sencillez y rapidez. V. Garantizar el principio democrático de rendición de cuentas. VI. Realizar actividades que redunden en la rendición de cuentas de los Sujetos Obligados. VII. Impulsar el nivel de participación de la sociedad en la toma de decisiones públicas, conforme a indicadores democráticos reconocidos. VIII. Desagregar, por género, la información pública cuando así corresponda a su naturaleza, conforme al principio de equidad. IX. Crear y operar el Sistema de Información Pública. X. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar la democracia, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. XI. Difundir ampliamente la información que generen los Sujetos Obligados. XII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan, por el incumplimiento de esta Ley.

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democrático, a diferencia de la legitimación de origen de que gozan los poderes legislativo y ejecutivo, la cual emana del voto popular contemplado en el sistema electoral respectivo, la legitimación de quienes son titulares de los órganos jurisdiccionales, se denomina “legitimación de ejercicio”, puesto que es a través de la practica reiterada que se afianza su carácter

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de autoridad40, en ese tenor, tal actividad no puede ni debe ser ajena a la cosa moral, y mucho menos deberá ignorar el carácter ético que reúnen todas y cada una de las decisiones emitidas en razón de la investidura asumida en el entramado institucional. Una vez identificada la fuente de legitimación de la actividad jurisdiccional, es importante mostrar a

40 López Guerra, Luis, “La legitimidad democrática del juez”, Madrid, Cuadernos de Derecho Público, núm. I, mayo-agosto 1997, p. 50. Disponible en: https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/454

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la ciudadanía que aquellas actuaciones que llevan a cabo las y los servidores públicos adscritos al Poder Judicial, deberán ajustarse a parámetros de conducta que consideran el contenido de los principios vertidos en su ley orgánica, cuya implementación en el actuar cotidiano institucional implican una constante reflexión acerca de su alcance, lo que naturalmente deberá redundar en la consolidación del bienestar colectivo. A manera de ilustrar la importancia que reviste la reflexión de índole ética en función de las actividades institucionales pertinente a la impartición de justicia, creo necesario referir el pensamiento de Confucio, quien asevera lo siguiente41:

Cualquiera que obra siempre, y jamás medita, acabará por perder su trabajo; y el que siempre medita y nunca obra, se verá sujeto a errar. Ejercitarse es en efecto estudiar y aprender; pero si no se medita lo que se estudia, y se hacen sobre ello frecuentes reflexiones, se conseguirá sólo una erudición tenebrosa, tan estéril como la ignorancia. En torno a lo anterior, podemos advertir el peligro adyacente a la visión cerrada que pudiere presentarse, en cuanto a que las y los juzgadores son entes que aplica la ley de manera mecánica con la finalidad de resolver la problemática sujeta a su conocimiento, puesto que tal actividad, a diferencia de la producción industrial, no podrá ser ajena a cierta apreciación que se tenga acerca de lo bueno o justo, incluso en ocasiones, a costa

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de la inaplicación del derecho vigente, puesto que en un momento dado “las normas promulgadas conforme al ordenamiento y socialmente eficaces pierden su carácter jurídico o su validez jurídica cuando son extremadamente injustas”42, disposición de carácter que encuentra eco en las nociones de dignidad y derechos humanos que tanto han proliferado en los últimos años. Queda claro entonces, que el comportamiento ético no está determinado exclusivamente por la aplicación de la ley, ya que en ocasiones el juzgador se enfrenta al dilema de hacer lo que le dice el Derecho o lo que le dicta su moral43, esto es, al momento de interpretar e integrar la norma de que se trate. Tal y como refiere Prieto Sanchis, a propósito de la teoría del Derecho emitida por Dworkin, la operatividad del sistema jurídico representa una actividad comprometida con cierto modelo axiológico, cuyo propósito consiste tanto en explicar cómo en justificar el orden jurídico, por lo que refiere que el funcionario jurisdiccional ante un caso difícil, se ve en la necesidad de completar y hasta cierto punto, corregir el Derecho explícito.44 De esta manera, para Dworkin el derecho no puede explicarse como un sistema cerrado de normatividad, sino que exige por parte del intérprete una comprensión de los principios morales que lo justifican45, postura con la que no podemos más que estar de acuerdo en razón de lo que hemos venido comentando. Al respecto, si bien la totalidad de las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales son

41 Ataide y Portugal, Enrique, Vida y pensamientos morales de Confucio, t. I, España, Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla, 1802, p.101. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/vida-y-pensamientos-morales-de-confucio/ 42 Alexy, Robert, “Una defensa de la formula Radbruch”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña, núm. 5, 2001, p. 76. 43 Atienza Rodríguez, Manuel, Reflexiones sobre Ética Judicial, Serie de Ética Judicial 17, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, pp. 18 y 19. 44 Prieto Sanchis, Luis, “Teoría del Derecho y Filosofía Política en Ronald Dworkin”, Revista Española de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, España, Año 5. Núm. 14. Mayo-agosto 1983, P. 353. 45 Ídem.

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elaboradas tomando en cuenta el derecho vigente, así como las distintas interpretaciones que se hayan hecho del mismo que reunieren el carácter de vinculantes, es claro que tales decisiones no podrán ser realizadas de la misma manera a través del tiempo, puesto que el derecho en sentido amplio tiene una naturaleza progresiva que implica necesariamente la evaluación del mismo, para en su caso, modificar las partes que lo integran, así como la interpretación que se realice en función de su contenido. Tal ejercicio intelectual, forzosamente contiene una reflexión ética acerca de las razones que hacen valioso y útil el derecho para una sociedad determinada, tanto en su contenido, como en las modalidades inherentes a su aplicación. Bajo esa tesitura, se considera adecuado el establecimiento de principios y valores destinados a fijar un parámetro de actuación para aquellas personas dedicadas a la administración de justicia, puesto que al plasmarlos en la normativa que regula la estructura y funcionamiento de la institución, se establecen estándares mínimos de actuación para las y los servidores públicos a los que están dirigidos, además de que la sociedad, al consultar la ley que organiza el desenvolvimiento, en este caso, del Poder Judicial, podrá constatar que las personas encargadas de administrar justicia, independientemente de otras consideraciones técnicas, se encuentran sujetas al contenido y alcance de tales criterios éticos. Ese aspecto moral y tal reflexión ética es la que nos interesa a efecto de animar la discusión que rodea el fenómeno jurisdiccional, y en ese sentido consideramos que si bien es necesario codificar diversos principios y valores, para de esta forma, enarbolarlos y referirlos como aquellas aspiraciones que las y los juzgadores estimarán como imprescindibles a efecto de ser considerados personas y servidores públicos ejemplares, también reiteramos que se requieren esfuerzos complementarios para consolidar el significado y ampliar el alcance de los mismos en el marco de la impartición de justicia, tarea que se encargará de abordar esta sección. 46

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Apuntes en torno a la perspectiva ética contenida en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua

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Apuntes en torno a la perspectiva ética contenida en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua

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