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de Santa Marta nº25 (Marzo 2012)

Reveses judiciales del TSJ-CyL al Ayto. de Santa Marta El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la concejala de IU, Mariasun Barandiaran, anulando el Capítulo VI –Inversiones- del Presupuesto Municipal. La Sentencia anula las inversiones previstas para 2011 dado que se pretendían financiar con el hipotético dinero obtenido por la venta de parcelas municipales sitas en la urbanización Atyka sin que dichas inversiones encajen en los supuestos previstos por la Ley de Urbanismo. La Sentencia supone un varapalo al Ayuntamien-

to dado que Izquierda Unida reiteró durante toda la discusión de los presupuestos que la redacción del presupuesto era ilegal. Y por si fuera poco con uno, pocos días después el TSJ-CyL volvió a estimar parcialmente otro recurso interpuesto por IU. En esta ocasión la Sentencia anula una Junta de Portavoces en la que se rechazó discutir en Pleno una moción de IU en la que pedía que la Junta de Castilla y León para que asuma la gestión de la Escuela Infantil. Y lo hace por consuiderar que “la convocatoria de la Junta de Portavo-

ces no ha sido realizada conforme a derecho, sino todo lo contrario, con olvido de las más elementales normas de funcionamiento”. La Sentencia considera que el Alcalde, con su forma de actuar, vulneró el derecho fundamental de participación política del artículo 23 CE a la edil de IU. Las Sentencias deberían suponer una cura de humildad para un Gobierno que actúa desde hace tiempo con prepotencia y parece instalado en la creencia de que tener mayoría es sinónimo de tener toda la razón y que no tiene porque escuchar siquiera a los demás. (Sigue en página 3).

Editorial

Todas las reformas que los gobiernos socialistas o populares han ejecutado sobre el mercado laboral se han amparado bajo un mismo paraguas: mejorar la competitividad de nuestra economía, crear empleo, reducir la temporalidad, eliminar las rigideces que entorpecen el noble afán por contratar que

caracteriza al empresariado español. Todo ello, aderezado siempre de la campaña contra los aristócratas del empleo fijo, la descalificación sobre los parásitos que viven del paro y la caza de brujas contra los el sindicalismo. Continúa en página 2


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OPINIÓN Editorial: Contra la Reforma Laboral, Huelga General (viene de la portada) Éste fue el monocorde sonsonete con el que se adornó la primera reforma socialista de 1984 y éste sigue siendo el reiterativo blablablá de ministros y ministras del PP a la hora de vendernos la reforma de febrero del 2012. Contra esa música y contra esa letra, contra la reforma de Felipe (14-D), contra la reforma de Rajoy (29-M) y contra todas las que por el medio se han ido formulando nos hemos enfrentado siempre la izquierda social, los sindicatos y la izquierda política alternativa, en la que Izquierda Unida se encuadra. La realidad, la puta realidad, ha ido destrozando la partitura con la que se envolvían los auténticos objetivos de todas estas reformas: desmontar el marco de negociación, reducir los costes laborales, facilitar los despidos y engrosar la bolsa del paro para debilitar la posición de los asalariados. La realidad, la dura realidad es que, tras múltiples reformas, la precariedad laboral va camino de convertirse en norma; el derrumbe de la participación de los salarios en la renta nacional supera cada año los mínimos históricos del año anterior; la caída de rentas y empleos ha servido como estímulo para el aumento de la mamandurria de los ejecutivos y directivos empresariales (retiros blindados, bonos, stocks options, etc.) Y no han evitado que el paro, en todas las previsiones, se encuentre a las puertas de los 6 millones. El martilleo mediático en orden a diseminar el miedo y la resignación entre el conjunto de la población y a descalificar a los partidarios de la resistencia está siendo, en esta ocasión, particularmente rabioso: estrafalarias pretensiones de vincular las movilizaciones con un partido socialista al que la herencia de Zapatero le ha proporcionado la mayor desafección de su historia, portadas que solamente reflejan escenas de violencia, descalificación burda del sindicalismo y redundantes discursos de que “no hay otra” y que la

realidad exige sometimiento a los dictados del mercado. Pero podemos y debemos resistir: sabemos, frente al catecismo, que el reforzamiento de los privilegios y del poder de la patronal no se va a traducir en creación de puestos de trabajo, que ese reforzamiento de los empresarios se materializará en debilitamiento del contrapeso sindical en tu empresa; en mejores posibilidades para que tu jefe pueda aplicar políticas de rebaja salarial, de división y enfrentamiento entre trabajadores; en mayor aislamiento de cada trabajador y, consecuentemente, mayor capacidad de presión sobre cada uno de nosotros. Y esta reforma es solo el principio, los dirigentes del Partido Popular y sus bocazas mediáticos comienzan a apuntar otras más: limitación del derecho de huelga, reestructuración de la ley de libertad sindical, reforma de las prestaciones por desempleo y voladura del sistema de pensiones públicas. Pudiera parecer que la ofensiva neoliberal se impondrá sin alternativa. No dejemos que la cohetería mediática nos aturda: si los responsables del PP están dispuestos a enfrentarse a la rigidez del dogma del déficit Merkosy es porque en apenas dos meses se han encontrado con una respuesta social superior a la que preveían. Si nos posicionamos sin complejos, si respondemos con la sabiduría, la constancia y el orgullo de clase trabajadora nadie puede decir que el futuro esté escrito. Por todo ello, por lo que está en juego, por lo que significa para nuestro presente y el futuro inmediato de nuestros hijos e hijas, hay que respaldar e impulsar la huelga general como instrumento de resistencia frente la lucha de clases que los poderosos han desatado contra nuestros derechos y riqueza común (educación, sanidad, pensiones, sostenibilidad, vida y muerte digna) levantados con esfuerzo y solidaridad. Hoy más que nunca, contra la reforma, huelga general.

“Si nos posicionamos sin complejos, si respondemos con la sabiduría, la constancia y el orgullo de clase trabajadora nadie puede decir que el futuro esté escrito”

Con buen humor:

EDITA y GESTIONA: Izquierda Unida de de Castilla y León (IU CyL). FINANCIA: Grupos Municipales de Izquierda Unida. CONSEJO DE REDACCIÓN: Alba Montero, Paula Moreno y Domingo Benito. REDACCIÓN SANTA MARTA: Manuel Ángel González, Marta Bay, Carlos Díaz “Lupi”, Mª Cruz Domínguez, Paloma Lucas, Mariasun Barandiaran, Jesús Santos. LOGO DE PORTADA: José Javier de Vega. VIÑETAS: Javier Bolaños de Hoyos. DISEÑO: Secretaría de Comunicación de Izquierda Unida - Salamanca basado en modelo bajo licencia “Creative Commons” de Santi Folch (info@maquetador-online.net).

Contacto: Estamos disponibles los unes, miércoles y viernes, de 10 a 12 en el despacho del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento (1ª Planta). Miércoles a las 20:00h en la Sede de Izquierda Unida en C/ Lazarillo de Tormes Correo electrónico iusantamarta@iusalamanca.org) y su página web: www.iusantamarta.org Síguenos en:

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En breve Antonio Moreno

Coordinador Provincial de IU

La respuesta está en la calle

Existe un episodio de Los Simpson que resulta en estos momentos especialmente recurrente. Perdida toda la familia en el desierto, Homer advierte que lo más seguro es que terminen todos locos e inician un viaje sin rumbo en el que los niños no hacen otra cosa que preguntar “¿nos hemos vuelto locos ya?, ¿nos hemos vuelto locos ya?, ¿nos hemos vuelto locos ya?”, a semejanza del repetido “¿hemos llegado ya?” que suele ser frecuente en los viajes con niños. Pues bien, ese “¿nos hemos vuelto locos ya?” me asalta reiteradamente en estos ya largos meses con cada medida que se anuncia o cada vuelta de tuerca que nos aprietan. Porque ninguna de las medidas anunciadas tiene como resultado el objetivo que pretenden o anuncian, incluso no tienen reparo en decirlo, y como en una mala película “¿nos hemos vuelto locos ya?” resulta ser un mantra que expresa mi (y no sé si debo decir nuestra) sorpresa creciente ante el despropósito y a la vez nuestra esperanza de que alguien de puro repetida y de puro desatino se dé cuenta y rectifique. Si ya parecen habernos convencido de que ni la sanidad, ni la educación, ni las pensiones, ni los servicios sociales son sostenibles y que es necesario recortar y recortar hasta hacerlos irreconocibles, ahora le toca el turno al trabajo. Y, en esta nueva locura, se ha aprobado una reforma laboral que precariza el empleo, abarata el despido, desactiva la negociación colectiva y deja inermes a los trabajadores ante las decisiones de los empresarios, y que ya han advertido que no va a crear empleo hasta que la economía se recupere, y no se recuperará porque entrará en recesión como consecuencia de los recortes necesarios para reducir el sacrosanto déficit. Así que, ¡ya me dirán si eso es un horizonte esperanzador para los 5 millones de parados y los que aún conservan su empleo! Y el problema no es que rompa el equilibrio de fuerzas, ni modifique el marco de las relaciones laborales. Esta reforma laboral sumada a los otros recortes rebasa la línea roja de la concertación y abre a un horizonte de conflictividad laboral, pero, sobre todo, representa la ruptura no sólo del consenso democrático y constitucional, sino del previo y preliminar consenso político y social: Si resulta que el estado no garantiza ni las pensiones ni los derechos sociales básicos, los principios de la convivencia social están rotos y hay que revisarlos empezando desde el principio. La solución no está sólo en el parlamento. De nosotros depende el 29 de marzo cambiar el rumbo de la política económica y llevarla a la senda del consenso, la democracia y la justicia. Otra vez, la respuesta está en la calle.


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LOCAL En profundidad 12 Inversiones anuladas: El fallo del TSJ deja sin efecto inversiones como el Cuartel de Policía Local (1.000 €), el Carril bici y paseo peatonal Arroyo Requeneses” (211.069 €); la Escuela de Música (1.000 €); la Reforma de la biblioteca (1.000 €); Sustitución del Césped del campo de fútbol (364.960 €); Pistas polideportivas (112.700 €); Vestuarios de las piscinas (1.000 €); Electricidad del campo de fútbol (58.292 €); Vivero municipal (1.000 €); Marquesina fuente Paseo Tierno Galván (1.000 €); Sellado de escombrera” (1.000 €); y Reforma vías públicas (263.679 €).

UNA SENTENCIA ANULA LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO DE 2011

Barandiarán satisfecha:

EL Tribunal Superior de Justicia da la razón a Izquierda Unida UNA SENTENCIA ANULA VARIAS INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE 2011...

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(viene de la portada) ecía Séneca que la soberbia no es grandeza sino hinchazón. El fallo del Tribunal Superior de Justicia, más allá de dejar sin efecto todo el capítulo de inversiones que el Ayuntamiento de Santa Marta pretendía llevar a cabo en el ejercicio 2011 evidencia que el gobierno dirigido por Cascante hace tiempo que está mas hinchado que grande. Sin embargo, salvo el cambio del césped artificial del campo de fútbol municipal (que se ha realizado con cargo a una controvertida operación de “leasing”) ninguna de las inversiones se había llevado a cabo. Semejante circunstancia le ha servido al Alcalde para quitar hierro a la Sentencia a la que ha restado cualquier efectividad. Pero el Alcalde oculta la realidad por serle

muy incómoda. ¿Por qué en un año como el 2011, con dos procesos electorales no se ejecutó ninguna de las inversiones que estaba previsto financiar con cargo a la venta de parcelas? La respuesta es obvia: porque el dinero obtenido por la venta de algunas de esas parcelas, es muy inferior al previsto inicialmente (se han devaluado en más de un 20%), y también porque el Ayuntamiento sabía que el TSJ-CyL declararía nulas dichas inversiones. Dicho de otro modo, en sede administrativa, Cascante optó por el “sostenella y no enmendalla” burlándose de los argumentos de Izquierda Unida. Sin embargo, una vez interpuesto el recurso por IU, optó por aparcar sus intenciones sabedor de la posición, cristalina, que al respecto mantiene el Tribunal Superior de

Justicia, anulando reiteradamente los presupuestos que financian determinadas inversiones con el dinero que en teoría, debería servir para adquirir suelo público o para construir VPO. En definitiva, la Sentencia del alto tribunal autonómico evidencia dos argumentos reiterados por IU: la actuación del Ayuntamiento era ilegal, y la pretensión de sufragar inversiones con cargo a la venta de parcelas, además de ser contraria al interés general, es la reedición del cuento de la lechera: ni se venden al precio previsto, ni en el momento previsto. La conclusión no podía ser otra: inversiones sin ejecutar, que demuestran que el presupuesto elaborado por el PP para el 2011, era humo; y desprestigio institucional por culpa de un gobierno cegado por la soberbia.

Y OTRA ESTIMA QUE LA ACTUACIÓN DEL ALCALDE VULNERÓ DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA “Así las cosas, este Tribunal Superior de Justicia considera total y absolutamente contrario a derecho el proceder del ayuntamiento de Santa Marta de Tormes…” Se trata de una de las varias y muy duras afirmaciones que contiene la Sentencia 32/2012 del TSJ y que de nuevo –por segunda vez en diez días- da la razón a la Concejala de IU Mariasun Barandiaran frente al Ayuntamiento de Santa Marta. La Sentencia, que es firme, estima los argumentos de IU sobre el irregular proceder del ayuntamiento de Santa Marta a la hora de convocar la Junta de Portavoces –y el Pleno Ordinario de 2012-. El TSJ-CyL señala que: “el derecho de todo miembro de

un órgano colegiado, con carácter de núcleo esencial del mismo viene configurado, en lo que al interesado no sólo a participar en las sesiones de aquel órgano colegiado sino a ser citado en el tiempo y forma establecido, especialmente con antelación adecuada (artículo 23 CE)” Durante la pasada legislatura, en la que sólo IU formulaba mociones, la Junta de Portavoces solía convocarse por teléfono y previo consenso con todos los portavoces menos la edil de IU. Entonces, y salvo Mariasun Barandiaran y David Gómez –de Tierra Comunera- ninguno de los portavoces trabajaba por lo que pocas veces caían en la cuenta del perjuicio

que se ocasionaba a la edil de IU al avisarle de las convocatorias “de ahora para ahora”. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final, la edil de IU terminó por poner el asunto en manos de los tribunales, y el TSJ le da hoy la razón. La edil de IU ha manifestado sentirse contenta y reconocida. “En mayo las urnas respaldaron nuestra gestión porque doblamos los votos frente a quienes apostaban porque desapareceríamos del Ayuntamiento. Ahora son los tribunales los que por segunda vez nos dan la razón. Algunos debieran hacer lectura y ser un poco más humildes…” explica la edil de IU.

La edil de IU ha declarado sentirse satisfecha por el pronunciamiento judicial y ha cuestionado que no tenga efectos prácticos: “Gracias a nuestro trabajo, en el futuro la venta de suelo público deberá ceñirse a intervenir en el mercado de suelo, abaratar costes y hacer realidad un derecho de todos, acceder a la vivienda. Si eso es así, la Sentencia –y el dinero que a mí también me ha costado el procedimiento- tiene un impacto importante, y estoy orgullosa de haber aguantado, en solitario, contra viento y marea, las risitas de PP y PSOE, y titulares de prensa maliciosos, en la defensa de los intereses de todas y todos.” El litigio pudo haberse evitado: - Noviembre de 2010: la concejala de IU Mariasun Barandiarán advierte de la ilegalidad del presupuesto sin embargo éste se aprueba con los votos de PP y TC, y la abstención del PSOE. - Diciembre de 2010. Jesús Santos, que entonces no era concejal, presenta alegaciones al presupuesto. El Alcalde opta por convocar un Pleno Extraordinario el 23 de diciembre para no esperar al de Enero. El PP, con el apoyo del PSOE, rechaza las alegaciones y el presupuesto se aprueba definitivamente. - Febrero de 2011: Mariasun Barandiaran recurre ante el TSJ CyL el presupuestote 2012 por utilizar el dinero de la venta de parcelas para fines que no encajan en la Ley del Suelo. - Enero de 2012: el TSJCyL anula el capítulo de inversiones del presupuesto municipal con afirmaciones duras contra el ayuntamiento: “se advierte desde el inicio que el destino que pretende darse a los ingresos por la enajenación de patrimonio municipal de suelo no puede encajar en ninguno de los fines legal y reglamentariamente previstos”.


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El Equipo de Gobierno min Ayuntamiento asciende a 2,

EL PASADO 10 DE FEBRERO SE INAUGURÓ EL NUEVO AYUNTAM DE DIRIGENTES DEL PARTIDO POPULAR. EL ALCALDE HABLAB Junto a las fotografías de rigor y discursos varios, el Ayuntamiento difundió un comunicado de prensa, en el que además de dar cuenta de los detalles técnicos de la inversión, se trasladaba a la opinión pública que el coste del Ayuntamiento y la nueva “Plaza de España”, asciende a 1,7 millones de €.

LAS CUENTAS CLARAS

El grado de manipu ha hablado de un co recibidos de subven de del contribuyent

¿QUIÉN ES Q Alfonso Fernández Mañueco: su paso por la Consejería de Interior será recordado por su índice de absentismo y por las subvenciones a Ayuntamientos gobernados por el PP salmantino: 650 mil para el Ayuntamiento de Santa Marta, 290 mil para el de Cantalapiedra, 140 mil para el de Babilafuente... Entonces nadie hablaba de la crisis y se otorgaban subvenciones con la misma alegría con que se posaba para la foto. Hoy, el ente autonómico impone el centimazo sanitario, aumenta la jornada laboral a funcionarios y exige a los ayuntamientos un impuesto por los residuos.

Y TODO ESTO

2,4 millones de euros… e

A modo de réplica, IU realizó su particula edificio consistorial, numerosos vecinos c Acudían ante un sugerente cartel, que les


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ntió a la ciudadanía: el coste real del Nuevo ,48 millones de euros

MIENTO DE SANTA MARTA, CON LA ASISTENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y TODO UN SÉQUITO BA DE “POCO MÁS DE UN MILLÓN” CUANDO EN REALIDAD LAS CUENTAS SON OTRAS.

ulación ha llegado a tal punto, que en más de una ocasión el Alcalde oste de de poco más de un millón de euros, omitiendo los 650.000 € nción autonómica, que no lo olvidemos, es dinero que también procete.

Sirva este artículo para que esclarecer los verdaderos números de una inversión que supone el cénit de un Alcalde, Javier Cascante, ensoñado con la aspiración de que Santa Marta alcance en el medio plazo los 30.000 habitantes y que endeuda al Ayuntamiento por varios lustros al tiempo que sube el IBI a sus ciudadanos un 13,6% en 2012 y un 36% en 2013.

PERO ADEMÁS...

QUIÉN?

Crédito al BBVA... 160.000 € anuales (hasta 2025) Javier Cascante: Alcalde de Santa Marta. Soñaba con un edificio de primera, para una ciudad de futuro. Al llegar al consistorio encontró un importante remanente de crédito (hoy liquidado) y el respaldo de los últimos coletazos del boom inmobiliario. Para financiar esta obra pretendió enajenar suelo público, pero finalmente optó por un crédito con el BBVA. Contó con el apoyo incondicional del PSOE y en junio de 2010 consiguió que el Pleno delegara en él la competencia para gestionar “el día a día” de la obra, con importantes consecuencias.

O...

en tiempos de crisis ¿esto quien lo paga?

ar aportación a la jornada inaugural. A pocos metros del nuevo contemplaban el escaparate de la sede local de Izquierda Unida. s servía para descubrir quien paga el Ayuntamiento.

Si lo que más preocupa al Partido Popular es la deuda pública que mantienen las administraciones con los bancos lo disimula muy bien. El nuevo Ayuntamiento, se pagará, además de con la subvención de la Junta, mediante un crédito de 1,7 millones que habrá de amortizarse a razón de 160.000 € anuales hasta 2025... y eso, si no sube el euribor.

IU estudia recurrir la recepción de la obra por haberse dilapidado las mejoras

La UTE Collosa-Hijos de Domingo Martín SA se adjudicó el contrato de ejecución del nuevo ayuntamiento gracias a la rebaja de 506.917 € sobre el precio de licitación. Además, ofreció mejoras sobre el proyecto inicial valoradas en 354.274 €, y rebajó el periodo de ejecución de 15 a 9 meses, es decir, un chollo. Pero el gozo del Ayuntamiento quedó en un pozo. La obra no pudo realizarse en 9 meses, sino en 12; las rebajas prometidas quedaron reducidas a 40.000 euros y las mejoras fueron alteradas, siendo destinadas en muchos casos, a gastos suntuosos.

Cómo dilapidar 354.000 euros (59 millones de pesetas)

Las mejoras propuestas por la contratista fueron finalmente invertidas en diferentes cometidos, tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento. Veamos cuáles fueron los encargos realizados por el gobierno de Cascante:

Caja Fuerte

Reloj de la fachada

2.872 €

5.791 €

Mobiliario

Cornisa de Zinc

152.148€ Barandilla escalirampa

2.805 €

15.105 € Soterramiento tendido eléctrico

5.583 € Plantas

4.984 € Honorarios dirección obra

71.390 €

Tratamiento pulido solado

4.950 € Aumento nº tomas corriente e internet

13.500 €

Despachos de alta gama, pero sólo algunos.

Cascante ha pedido muebles de gama media en general y muebles de gama alta para despachos más representativos: Alcalde y Teniente Alcalde. Amueblar los 45 m2 de despacho de Alcaldía (un tercio del tamaño del salón de plenos) no será barato:

Despacho Alcaldía

15.957 €.


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LAS CLAVES DE LA REFORMA ...

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a reforma laboral del Gobierno del Partido Popular supone el mayor ataque a las conquistas laborales y a los derechos de los trabajadores que ha tenido lugar en el actual periodo democrático. La enésima reforma en el Estatuto de los Trabajadores (53 reformas en 32 años de vigencia, como señala un estudio de la Fundación Primero de Mayo) implanta un despido más barato con menos requisitos y, en general,

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ATACA A TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS

A pesar de que el Gobierno y los empresarios han intentado enfrentar a los trabajadores con empleo de los que no lo tienen, la reforma supone una pérdida de derechos para todos los trabajadores sin excepción. Para los que trabajan, porque al empresario ahora le sale mucho más barato el despido improcedente (33 días por año trabajado), le resulta más fácil alegar causas objetivas para destruir empleo (con indemnización de 20 días por año) y permite al empresa-

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rio, unilateralmente, inaplicar el convenio colectivo (reducción de salarios, cambio de puesto de trabajo, modificación de la jornada, traslado) sin tener que negociarlo con los representantes sindicales. Y a los trabajadores en paro, porque si perciben prestación de desempleo se les podrá obligar a realizar cualquier prestación social para conservarla y porque se privatiza la intermediación laboral, al reconvertir las Empresas de Trabajo Temporal en Agencias de Colocación.

sino que, como han demostrado los primeros datos después de su puesta en funcionamiento, contribuirá a la destrucción del mismo. Una reforma que supone más despidos, menos salario, peores condiciones de trabajo y un poder ilimitado del empresario. Una reforma que sólo responde, como queda reflejado en las Disposiciones Generales del Real-Decreto ley 3/2012, a “las presiones

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de los mercados financieros sobre la zona euro y la deuda pública española y [a] las recomendaciones de la Unión Europea”. De lo que se trata es de cumplir con la política de ajuste neoliberal impulsada, en el seno de la Unión Europea, por el gobierno de Angela Merkel, decidida adalid de una “democracia acorde con el mercado” y no de un mercado acorde a los principios democráticos.

EL DESPIDO: MÁS FÁCIL Y BARATO

Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían y desaparece el requisito de pedir permiso a la Autoridad Laboral. Para llevar a cabo un despido colectivo bastará con alegar “pérdidas actuales o previstas” o una “disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos”. En estos casos la empresa pagará la indemnización más baja: 20 días/año y con un tope de 12 mensualidades.La contrarreforma también afecta a los trabajadores con contra-

to indefinido anterior a su entrada en vigor (12 de febrero de 2012). La indemnización, en caso de despido improcedente, será de 45 días por año hasta ese día, pero de 33 días a partir de la entrada en vigor de la reforma y el período máximo de indemnización se reduce a la mitad, de de 42 meses pasa a 24. El despido será procedente si el trabajador falta al trabajo nueve o más días en dos meses o trece o más días en cuatro meses por enfermedad común, aunque esté justificada.

MENOR PROTECCIÓN JURÍDICA Y COLECTIVA, MAYOR DIVISIÓN ENTRE TRABAJADORES

La reforma laboral modifica la presunción en casos de despido objetivo (con indemnización de 20 días/año y no de 33/año), de manera que a partir de ahora el despido se considerará procedente salvo que el trabajador demuestre que no han concurrido las causas alegadas por el empresario. Se produce así la inversión de la carga de la prueba que ahora corre por cuenta del empleado despedido. Y para colmo, en todos los despidos en los que el empresario opte por la

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procedente, dando más facilidades al empresario para cambiar jornadas, turnos, funciones y salarios, introduciendo un contrato específico para pymes y emprendedores que establece de facto el despido libre durante un año de prueba, posibilita los despidos colectivos en las administraciones y empresas públicas y convierte a las ETT en agencias de colocación. Una reforma que no sólo no creará empleó,

indemnización desaparecen los salarios de tramitación (abono del salario desde el despido hasta la Sentencia). Cuando un trabajador sea despedido por causas objetivas, su defensa se limita a reclamar que no es su puesto el que debe ser amortizado, debiendo indicar y demandar al trabajador que considera que debe ser despedido en su lugar. La nueva legislación limita el plazo máximo de negociación colectiva a dos años y

desaparece la garantía a los trabajadores de mantener sus derechos y las cuantías de sus salarios mientras no se llegase a un acuerdo. Con la reforma laboral desaparece el Convenio Colectivo de Sector, se fomenta la negociación individual y se potencia el convenio de empresa que prevalecerá ya siempre sobre cualquier otro convenio: todas las condiciones laborales son renegociables.

MÁS TIPOS DE CONTRATO… Y MÁS PRECARIOS

Lejos de haber supuesto una simplificación de contratos, la reforma introduce aún más figuras contractuales. Todas van encaminadas en una misma dirección: precarizar las condiciones laborales. La nueva legislación laboral introduce un contrato de formación y aprendizaje. Toda una amenaza para los jóvenes pues permite contratar a jóvenes de entre 16 y 30 años.

Su duración será de 1 a 3 años y combina un 75% de la jornada de trabajo real (que es la que se retribuye) con un 25% de formación a cargo de la empresa. A partir del segundo año, el porcentaje de jornada de trabajo efectivo aumenta hasta el 85%, abonándose como salario la parte proporcional del Salario Mínimo. Conclusión: salarios de 481 € el primer año y 545 para el segundo y tercer año, apostando por salarios

realmente bajos. Se introduce también el contrato indefinido para emprendedores para impulsar las contrataciones indefinidas en las pymes de menos de 50 empleados. El empresario, que gozará de cuantiosos beneficios (fiscales y de seguridad social), podrá despedir libremente –sin indemnizacióndurante todo el primer año de contrato.


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... Y LAS RAZONES PARA LA HUELGA.

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rente a esta contrarreforma que desmantela la ya mermada protección legal que hasta ahora teníamos los trabajadores en nuestras relaciones con la empresa, no nos queda otra alternativa que la Huelga General. Una Huelga cuyo resultado tiene que traducirse en parar la reforma. Una masiva respuesta por parte de los trabajadores el próximo 29-M tiene que conducir, a pesar de la mayoría absoluta

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del PP en el Parlamento, a la modificación de los cambios introducidos. Y es que hay otras salidas a la crisis y otras políticas, como las que plantea Izquierda Unida, para crear empleo, estable y de calidad sin que los trabajadores, los de abajo, paguemos las consecuencias de una crisis que no hemos generado. No es un momento fácil, y la estructura anti-sindical trabaja a toda máquina para des-

HAY ALTERNATIVAS FRENTE A LA CRISIS

Izquierda Unida y los sindicatos de clase llevan proponiendo desde el inicio de la crisis otra salida posible, que garantice los derechos de los trabajadores y no suponga destruir el Estado del Bienestar que tantas décadas nos ha constado construir. Frente a las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista, que han puesto como prioridad la lucha contra el déficit y el aumento de la competitividad a través de la re-

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ducción de los salarios y las condiciones de trabajo, es posible una salida que priorice el empleo y la mejora de los servicios públicos sin mermar los derechos sociales. La reforma de la fiscalidad para incrementar la capacidad recaudatoria del Estado, junto con una lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida permitirían aumentar la inversión y comenzar el cambio en el modelo productivo.

legitimar la convocatoria de paro general. No obstante, es momento de que todos pongamos nuestro granito de arena para que podamos garantizar los derechos conquistados en décadas de lucha. La Huelga General supone un sacrificio para los trabajadores, pero seguramente mucho menos sacrificio que permitir que se imponga este calendario de reformas agresivas del Gobierno de Mariano Rajoy.

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No es momento de preguntarse si la Huelga llega tarde o pronto. Es momento de plantearse que el futuro, sin Huelga, será mucho peor y que la expectativa de no retroceder a épocas ya superadas en nuestra estructura económica y social depende, en gran medida, de la capacidad de los trabajadores de mostrar su rechazo frontal a la situación a la que nos quieren llevar. Es el momento de la Huelga General.

HAY QUE PARAR LA REFORMA LABORAL

La Huelga General puede y debe ser un instrumento para obligar al Gobierno del Partido Popular a dar marcha atrás en esta tremenda involución social que supone la Reforma Laboral. La agresión del Gobierno contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras ha superado todas las líneas rojas. Sólo hay una forma de pararla: con la movilización organizada y contundente, con la Huelga

General, que es el arma más fuerte de los trabajadores y trabajadoras. Izquierda Unida apoya la Huelga General convocada por los sindicatos y contribuirá con toda su capacidad a su éxito. Frente al discurso inmovilista del Partido Popular, los anteriores procesos de movilización nos han demostrado que sólo a través de ellos los trabajadores hemos conseguido aumentar o defender nuestros derechos.

LA HUELGA GENERAL DEBE SER UN PASO EN EL PROCESO DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Es una Huelga justa y necesaria, a la altura de la agresión que se pretende. Por esto es crucial asegurar su éxito para que pueda cumplir el objetivo de parar la reforma. La Huelga General del 2002, frente al Gobierno del PP de Aznar, logró detener el llamado “decretazo” y tuvo que dimitir el Ministro de Trabajo. Llamamos a crear plataformas ciudadanas unitarias para apoyar la organi-

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zación y realización exitosa de la Huelga General y para continuar la lucha hasta que el Gobierno retire la reforma laboral. Los trabajadores y trabajadoras pueden contar con nuestro compromiso. Pero este proceso no debe quedar aquí, la Huelga General debe ser únicamente un paso más en esta lucha social. Las leyes se aprueban en el Parlamento, pero los derechos sociales se han ido gestando a través

de la lucha de los trabajadores, con huelgas, manifestaciones y movilizaciones de todo tipo. La resistencia contra el retroceso social que están suponiendo las políticas puestas en marcha en los últimos años no se ha iniciado ahora, pero tampoco debe finalizar el 29 de Marzo. No es suficiente, pero lograr el paro general es una razón necesaria para reforzar este proceso.

ES AHORA O NUNCA: LA HUELGA ES EL ÚLTIMO RECURSO QUE NOS QUEDA

En este escenario de retrocesos sociales, económicos y laborales tan profundos; en esta situación de debacle económica y donde las políticas que se están poniendo en marcha son tan descaradamente contraproducentes para la mayoría, nos encontramos en una disyuntiva histórica. O la movilización social para estas reformas o retrocedemos décadas de derechos sociales y conquistas que costaron

sangre, sudor y lágrimas a quienes estuvieron luchando antes que nosotros. Nunca antes el ataque fue tan directo y nunca antes los poderes políticos y empresariales de la derecha habían actuado con tanta arrogancia y prepotencia. Es ahora o nunca. La Huelga General se presenta como el último recurso disponible para desencadenar la verdadera resistencia de los trabajadores contra lo que no deja de ser un

profundo cambio de modelo social. Es la Huelga o la profunda precarización; la Huelga o la temporalidad indefinida; la Huelga o la reducción de salarios y poder adquisitivo; la Huelga o la destrucción definitiva de los servicios públicos que sostienen este pobre Estado del medioestar. Es la Huelga, o la resignación, con el agravante de que la resignación únicamente deja vía libre a la barbarie.


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CONTRAPORTADA

La concejala de Deportes promovió dos convenios con una empresa para la que terminó subcontratada

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a concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Marta empieza a dar demasiados dolores de cabeza al Alcalde. Desde hace mucho tiempo Izquierda Unida viene denunciando que el Ayuntamiento renueve el convenio con la UD Santa Marta sin hacer uso de ninguna de las atribuciones que dicho convenio le otorga, y sobre todo, sin evaluar el grado de cumplimiento por parte de la UD Santa Marta. Tras la última denuncia realizada por IU, el Ayuntamiento accedió a revisar el clausulado del convenio. Y los técnicos municipales (Secretaría e Intervención) terminaron por eliminar los aspectos más controvertidos de dicho Convenio, es decir, aquellos que IU había denunciado. ALTUM SPORT SL… TRES ENCARGOS EN SÓLO 4 MESES. Ahora, el escándalo llega por medio de una empresa propiedad entre otros, del presidente de la UD Santa Marta, y cuyo objeto social es la proyección, promoción, gestión y administración de instalaciones y escuelas deportivas, y la intermediación en la compra, venta y alquiler de material deportivo. Se trata de ALTUM SPORT SL, una mercantil constituida el 20 de abril de 2011 y que nueve días después ya tenía el primer encargo en Santa Marta: la coorganización junto al Ayuntamiento y la UD Santa Marta del “Duelo de porteros”. Tras las elecciones de mayo, la concejala Blanca Francisco Valiente fue nombrada Delegada de Deportes mediante Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011. Y sólo diez días después promovió ante la Junta de Gobierno la aprobación del proyecto: “Escuela Infantil de Fútbol Chupetines”, que por supuesto, gestionaría Altum Sport SL. El proyecto fue aprobado con una celeridad fuera de lo normal: Se propuso el 23 de junio, y a las 9:30 de esa misma mañana la Junta de Gobierno ya le había dado el visto bueno. Entre otras cosas, dicho convenio prevé que Altum Sport es la que recibe el dinero que pagan los niños por la actividad, y el Ayun-

tamiento obtiene como contraprestación la gestión, control, alquiler y mantenimiento ordinario del campo de fútbol 7 de la instalación del Miguel Hernández. Igualmente, el convenio en cuestión obliga al Ayuntamiento a facilitar medios materiales, personales o financieros previstos en el programa aprobado. Y como con un Convenio no era suficiente, la misma concejala promovió sólo tres meses después de su toma de posesión, otro convenio con Altum Sport SL, esta vez para desarrollar la actividad de gimnasia rítmica… actividad impartida por una monitora: ¡¡la propia concejala de deportes!! Una vez que dicho escándalo saltó a los

medios de comunicación, la concejala aludida se apresuró a enviar un comunicado de prensa alegando no trabajar directamente para Altum Sport SL, sino para una empresa a la que Altum había contratado por carecer de monitoras especializadas en dicha materia… y que casualidad, era la suya, por lo que terminó impartiendo clases para un programa que ella había propuesto. Varias son las cuestiones que chirrían, más allá de lo evidente: El preámbulo del Convenio suscrito con Altum Sport SL señala que “El Ayuntamiento de Santa Marta tiene gran interés en ofrecer actividades destinadas a promover el bienestar físico y el deporte en los habitantes del Municipio y que por otra

parte la empresa Altum Sport tiene interés por impartir las mismas”. Nos preguntamos: Si la actividad en concreto era la Gimnasia Rítmica, ¿ por qué la Concejala de Deportes, como responsable política y conocedora del sector no preguntó a Altum Sport con qué profesionales cualificados contaban para impartir las clases? ¿Por qué contar sólo con Altum Sport para esta actividad y no adjudicarlo conforme a la Ley de Contratos y en base a la libre concurrencia de empresas? ¿ Por qué no se hizo constar en el Convenio Altum Sport la posibilidad de subcontratar a la empresa “Gabinete de Iniciativas Socioculturales” para la que trabaja la concejala?

El Alcalde impide al portavoz de IU acceder al Registro de Intereses para comprobar si la edil incumplió su obligación de abstenerse en los contratos con Altum Sport SL El pasado viernes 10 de febrero, el portavoz de IU Jesús Santos solicitó al Alcalde permiso para acceder a las declaraciones de bienes e intereses que los diferentes concejales de la corporación están obligados a realizar al tomar posesión del cargo, y también al abandonarlo. El objeto de la misma no era otro que el de comprobar, entre otros aspectos, si la edil de deportes había incumplido el deber de

abstención a la hora de promover convenios con Altum Sport SL y para ello, nada más sencillo que comprobar la declaración de intereses, es decir, la descripción que la propia edil ha realizado de las actividades que pudieran resultar incompatibles con su cargo de concejala. Dicha solicitud debía resolverse en el plazo de cinco días naturalesde forma motivada o de lo contrario, se entendería estimada por

silencio administrativo, pues así lo regula la Ley de Bases de Régimen Local. Una semana después, el viernes 17, y ante la falta de noticias del Alcalde, Jesús Santos acudió a las dependencias municipales para acceder al Registro de Intereses de los concejales, momento en el que le fue notificado un Decreto del Alcalde, de fecha jueves 16 de febrero, en el que se rechaza su solicitud por dos motivos: no haber acreditado interés di-

recto y legítimo; y que el registro de bienes no es público. La sorpresa de Jesús Santos fue mayúscula por lo que no le ha quedado otro remedio que interponer una demanda contra el Ayuntamiento ante la obstaculización por parte del ayuntamiento del ejercicio de la labor de control político como concejal de la corporación y representante de más 800 ciudadanos.

Ciudadan@s de Santa Marta númer 25  

Número 25 del Ciudadan@s de Santa Marta

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