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VERDAD Y CONSECUENCIA INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA HISTÓRICA

ASTURIES / 2011-2012


El sentido de conocer la Verdad de los hechos ocurridos entre 1936 y 1975 está en transmitirlos a la sociedad, de la forma más amplia posible; es la primera cuestión a resolver para que, con la Justicia y la Reparación a las víctimas, se pueda completar el ciclo de la Memoria Histórica: Verdad, Justicia y Reparación. Si hoy la memoria resulta tan peligrosa, para algunos, es porque se ha ido cargando a lo largo del siglo XX de una autoridad que escapa a los controles de los grandes poderes que durante siglos habían impuesto el silencio al derecho, la política y a la ética. Porque la memoria no es un sentimiento sino un conocimiento. Lo que la memoria ha descubierto es que las víctimas del colonialismo y la esclavitud en el mundo, así como las víctimas de la represión franquista son significativas. ¿Qué queremos decir? Pues que ahora no hay que asumir los hechos como irremediables y lo que toca es pasar página, No. Eso se ha acabado. Porque en España no podemos lograr la reconciliación sin la memoria de la guerra y de la larga posguerra, precisamente por entender la memoria como justicia y al olvido como injusticia. O dicho de otra forma, sin memoria de la injusticia no hay justicia posible. Este y no otro es el objetivo de este trabajo compilatorio que debe su contenido a las opiniones de varios autores publicadas en distintos medios de comunicación, sobre un asunto esencial cual es la represión política y los crímenes de lesa humanidad cometidos a civiles víctimas de un sistema fascista consecuencia de un golpe de Estado en 1936. La Memoria Histórica, tal como queremos entenderla, es el camino abierto para aplicar Justicia a un conflicto antiguo entre españoles con distintas formas de pensar, que ha tenido y tiene víctimas y daños los cuales, a pesar del tiempo transcurrido y, cumplidos tres cuartos de siglo, permanecen a la espera de una reparación satisfactoria.

ACERCAMIENTO A LA MEMORIA HISTÓRICA. RESUMEN-GUÍA. La Represión franquista: Los Bandos de Guerra y los Consejos de Guerra Sumarísimos de urgencia. “ Los niños perdidos” del franquismo. Condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Desaparición forzada de personas a través de detenciones ilegales. Condena de la ONU al Régimen franquista. La impunidad de los vencedores: El argumento de la equidistancia. El golpe de Estado por los militares como instrumento de los intereses económicos nacionales. El apoyo de la Jerarquía Católica al conflicto. La purga de la Judicatura por la dictadura. Los buenos y los malos, el juicio de Nüremberg. El caso Garzón. Una zona oscura de la Transición. La Ley de Amnistía contra el Derecho Internacional. Recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Consejo de Europa. ¿Qué hacer?. Las víctimas del franquismo: Las víctimas y sus familiares. Un trato diferente. La Transición ¿inmodélica? Ley de la Memoria Histórica. Consideraciones de la Unión Progresista de Fiscales.

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LA REPRESIÓN FRANQUISTA. Período 1.936/1.952 “La violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento”. Así se han expresado historiadores que han estudiado en profundidad el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España. Si bien la represión del Régimen franquista tuvo su prolongación en el tiempo incluso después de la muerte del dictador, sin embargo aquí se pretende resaltar un período más concreto de la represión que tiene su comienzo el 17/7/1.936, un día antes del golpe de Estado, por los sucesos acaecidos a las tropas fieles a la República en las plazas africanas del norte y se cierra el 31/12/1.951, dando por buena esta fecha por el abandono de la lucha armada por los guerrilleros y personas que les apoyaban. Corresponden pues quince años, donde, desde las más altas instancias del Estado fascista, se practica la detención ilegal con desaparición forzada, los juicios sumarísimos y los fusilamientos, así como otro hecho, no por menos conocido deja de ser más sangrante, como es la sustracción o eliminación de custodia sobre niños de familias republicanas. Los estudios, hasta donde se ha podido llegar, indican la desaparición, muerte o enterramiento de unas 114.226 personas, y unos 30.000 el número de “niños perdidos” del franquismo.

El Bando de Guerra y los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia. La represión inmediata al golpe de Estado se llevó a cabo a través de estas vías. Miles de personas fueron inscritas en los Registros Civiles con la causa de muerte: “Aplicación del Bando de Guerra”; aunque un número mucho mayor de personas quedaron sin inscribir en tales registros: personas detenidas, muertas y desaparecidas hasta el día de hoy. Los Bandos de Guerra se aplican desde el 17 de julio de 1.936 a febrero de 1.937. Los Consejos de Guerra entre marzo de 1.937 y los primeros meses de 1.945. La acción represiva marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban, entre 1.945 y 1.952. Los militares sublevados comenzaron a construir un entramado “jurídico” a golpe de bandos de guerra. En el de 24 de julio, dictado por el general Queipo de Llano, se ordena pasar por las armas, sin juicio previo, a todos los dirigentes y simpatizantes del Gobierno de la República. El del 28 de julio suaviza la brutalidad de su predecesor y abre paso a juicios sumarísimos sin garantías, que terminan, en la mayoría de los casos, con penas de muerte. Llegaron a subvertir el orden jurídico y el lenguaje hasta el extremo de considerar a la España oficial legitimada por las urnas como rebeldes y, por tanto, reos de crímenes de traición a la patria. Los insurrectos articularon un remedo de legalidad a través de los consejos de guerra, que dictaban penas de muerte masivas en breves horas y cuyo resultado aún sigue impune. Nunca faltó a los sublevados una ley que calzase la realidad a su medida. Una maquinaria paralela de fusilamientos sin formación de causa se extendería por los territorios dominados en su totalidad. Jornaleros y obreros, y también médicos, abogados, profesores y periodistas

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que se habían posicionado a favor del cambio republicano, entraron en las listas de cárcel o muerte, coacciones o expolios. La contabilidad de los fusilados, de los ejecutados por garrote vil, de los encarcelados durante décadas y de los que enfermaron, murieron o enloquecieron por carencias incontables o por las torturas, sumarían mucho más. Se trataba no sólo de castigar a aquellos que, por acción u omisión, no se habían sumado al golpe. La estrategia partía de crear un clima de terror no porque los enemigos hubiesen actuado, sino para que no lo hicieran. La represión se desarrollaba bajo distintas modalidades. El Patronato de Redención de Penas por el trabajo, institución creada por el franquismo, legalizaba la utilización de presos políticos para labores públicas y privadas, de empresarios adeptos. La redención de penas por el trabajo era un puro eufemismo. A los presos, por el delito de pertenecer o simpatizar con los defensores del orden constitucional, primero se les privó de libertad y, después, se les condenó a trabajar, aunque el perverso sistema convirtiera el procedimiento en voluntario. De ellos se aprovecharon no pocas empresas de renombre. Se les humilló y se les explotó. La Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1.939, cubrió bajo un manto jurídico la voluntad de expoliar al vencido, empobreciendo todo su entorno familiar. Al crear círculos concéntricos de aislamiento sobre los que habían sido señalados como enemigos, una masa de la población fue segregada, descabalgada de una supervivencia digna y de toda posibilidad de ascenso social.

“Los niños perdidos” del franquismo. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad. También lo es el robo de niños ocurrido en la España de la posguerra. Hace varios años que circulan noticias sobre extravíos y desapariciones de menores durante la posguerra española, que generan con frecuencia asombro, extrañeza e incluso escepticismo, a pesar de la solidez de los datos. Sin embargo, extravíos, pérdidas y desapariciones infantiles no sucedieron como efecto natural de la miseria y el desorden de cualquier posguerra, pues no fueron consecuencia del resultado de una derrota, sino de una victoria. Su realidad no fue un episodio, sino un proyecto organizado y bien estructurado para conseguir la reeducación masiva, la transformación de existencias. Ha sido un elemento estructural de las prácticas represivas del nuevo Estado español, desarrolladas por las instituciones del Estado, su burocracia y un ordenamiento jurídico específico. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Declaración de condena de la dictadura franquista de fecha 17 de marzo de 2.006, dice lo siguiente: [indagar esta peculiar forma de desaparición “legal” de personas durante la guerra y especialmente en la posguerra hasta la década de los años cincuenta. Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación. Niños refugiados (que habían sido trasladados legalmente a otros países con amparo de la Cruz Roja) fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación”

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del régimen y, posteriormente, situados en instituciones franquistas del Estado. El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente “los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las instituciones del estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos.] Esta declaración nos pone ante hechos verdaderamente graves y que durante más de 75 años no han sido objeto de la más mínima investigación, específicamente tras la entrada en vigor de la Constitución. Las cifras de niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado, según la memoria del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas elevó al Caudillo de España en 1.944, ascendía a 12.042, la mayoría de los cuales, en especial los niños (7.538) estaban en centros religiosos, cifra que en la década 1.944-1.954 pasó a ser de 30.960 niños, la mayoría huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, clandestinos o desaparecidos. Muchos nombres de niños y niñas aparecen con una indicación del paradero de sus padres verdaderamente inquietante: Alemania, Auschwitz, Mathausen y un abanico de todas las cárceles de España. Esta situación, a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban con el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. Sobre una circunstancia similar que tuvo lugar cuatro décadas después en Argentina, Ernesto Sábato escribió lo siguiente sobre la desaparición de niños: “Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento”. Fue el nuevo Estado quien efectuó la institucionalización del proceso legal que facilitó las deportaciones y pérdidas infantiles. No fue un hecho clandestino como las desapariciones forzadas y se mostró orgulloso de ello, presentándolo como un acto benéfico. Fue la depuración que el franquismo consideró necesario establecer con la división entre vencedores y vencidos. Lo relevante y genuino de estos casos no fue la desaparición física o civil, sino la proscripción civil, la cual se mantendrá toda la vida: un hijo de rojo, un hospiciano será siempre portador del estigma. ¿Se puede mantener y no caer al menos en ignorancia inexcusable, que respeto a los “niños españoles desaparecidos”, fuera de nuestro territorio, especialmente en los campos de concentración franceses, bajo control nazi, no tenía competencia un juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, no solo antes sino incluso ahora tras la denunciable última reforma de sus competencias? Teniendo en cuenta que las propias víctimas, que con toda probabilidad sobreviven, siguen desconociendo su verdadero origen. En estos casos se perfila el plan sistemático e ideológico para la formación del nuevo Estado aplicado a quienes se consideraban contaminados o no aptos para asumir el cuidado y educación de los hijos, por sus ideas políticas. Esta doctrina había sido implantada

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con el auspicio y por orden del Jefe del Estado en la Ley 4/12/1941, unos días antes de que en la Alemania nazi se promulgara el decreto Noche y Niebla, y que inauguró, a nivel internacional, la desaparición forzada de personas como forma de crimen contra la humanidad, pero que, de manera similar se estaba produciendo y continuaría produciéndose a lo largo de la década en España. Hechos graves que durante más de 75 años no han sido objeto de la más mínima investigación, en especial tras la entrada en vigor de la Constitución y después de haber desaparecido los obstáculos que durante toda la Dictadura habrían impedido esta peculiar forma española de desaparición “legal”. Desaparición forzada de personas a través de detenciones ilegales. Los “paseados”, así se referían sus verdugos a este grupo de víctimas, son las personas desaparecidas a través de detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas, de sus cuerpos o de su identidad, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad y como resultado de un plan sistemático de exterminio propiciado o favorecido por el alzamiento contra la República y sus altos organismos, es decir, contra la Forma de Gobierno hasta el punto de acabar con ella. “Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Criterio que viene manteniendo la ONU y que es, exactamente, la situación vigente en España respecto de tantos miles de personas. Mediante la desaparición forzada de personas se construye un mecanismo de apoderamiento de la vida humana, que tiene su respaldo en la impunidad que ofrece las estructuras superiores de un Estado basado en el terror. Las denuncias presentadas ante los Juzgados de Instrucción lo son en base a presuntos delitos de DETENCION ILEGAL, fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas a partir de 1.936, durante la Guerra Civil y los siguientes años de posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español. A fecha de hoy se desconoce el paradero de miles de estos detenidos, pertenecientes a la población civil contra los que se han cometido actos inhumanos durante y después de la guerra. Es la desaparición forzada de personas por medio de la detención o el secuestro por un Estado o una organización política; desaparición a la que sigue la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. Un período de tres cuartos de siglo no ha sido suficiente para conocer el paradero de estas personas bien porque fueran desaparecidas o bien porque, habiendo sido ejecutadas, no se sabe donde se hallan los cuerpos que fueron inhumados en lugares sin identificación alguna. Esta acción es precisamente la que determina que ahora se plantee la exigencia de responsabilidades. La primera premisa que establece el Juez Garzón en su razonamiento jurídico se refiere a que el hecho objeto de denuncia nunca ha sido investigado penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la IMPUNIDAD ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de Crimen contra la Humanidad,

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el cual parte de un principio básico y fundamental: que estas conductas agreden en la forma más brutal a la persona en sus derechos más elementales como la vida, la integridad, la dignidad y la libertad. Estos valores y principios, antes que estatales, son humanos y de ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura a la barbarie. El Estado es el responsable de encontrar a los desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales. Como escribió el periódico inglés “The Guardian” a las izquierdas (españolas, se refiere) ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos. Tal nivel de crueldad no tiene equivalente en la Unión europea.

Condena de la ONU al Régimen franquista Estas prácticas, como el hecho de ser España un país aliado de la Alemania nazi y de la Italia fascista en la segunda Guerra Mundial, hacen que la ONU adopte dos Resoluciones respecto al Régimen franquista, la 39 de 12/1.946 por la que la Asamblea General declara Fascista el régimen de Franco, y mediante la Resolución 32 de 2/1.946 rechaza la petición de incorporación a la ONU.

LA IMPUNIDAD DE LOS VENCEDORES Finalizada la guerra civil, los hechos nos muestran lo siguiente: El bando vencedor dio un golpe de Estado contra las instituciones democráticas, con abundante derramamiento de sangre, instalan un sistema fascista y represivo durante cuarenta años, además, pretenden tener razón.

Sobre esta “realidad” está el origen de la impunidad que ampara la causa franquista, impunidad que se debe combatir. No podemos olvidar que la impunidad hace que las heridas permanezcan abiertas. Sobre la base de la impunidad no es posible la construcción democrática. La Justicia está obligada a la búsqueda de la verdad, porque Verdad y Justicia permiten conformar la memoria histórica de un pueblo, desmontando la historia oficial de la dictadura.

El argumento de la equidistancia. A menudo, se escuchan voces desde la derecha, y otras voces que no se tienen por tal, el argumento de que ambos bandos en la Guerra Civil hicieron las mismas salvajadas. Es lo que se entiende como argumento de la equidistancia, por cuanto, entienden quienes lo defienden, que tan salvajes y fundamentalistas fanáticos han sido los unos como los otros. Este tipo de argumentación concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo, erróneamente, que estaban cerradas.

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El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista) no niega, sin embargo, que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia, pues de raíz trata de poner en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. Poner a curas y monjas asesinados por los republicanos en la misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociaciones republicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara en contra de un Gobierno enormemente popular y elegido democráticamente. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia y que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes -comprensibles, pero no justificables- no fueron políticas de Estado, como sí lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos, distinguen las fuerzas democráticas de los fascistas. De ahí la enorme necesidad de las derechas de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacían. El modelo español de impunidad no consiste en la ausencia de procesos judiciales a los responsables políticos de la dictadura, sino que debido a la evolución política, social y cultural del país ha ido vinculando la expresión impunidad a la negativa del Estado de destruir, o anular, jurídicamente la vigencia legal de los Consejos de Guerra y las sentencias emitidas por los tribunales especiales de la dictadura contra la resistencia, la oposición y su entorno social; así como el criterio de equiparación ética entre rebeldes y leales a la Constitución de 1.931, o entre servidores y colaboradores de la dictadura con los opositores a ella, que la Administración del Estado sostiene todavía hoy, haciéndoles impunes ética y culturalmente y, en consecuencia, políticamente. El golpe de Estado por los militares como instrumento de los intereses económicos nacionales. El apoyo de la Jerarquía Católica al conflicto. La purga de la Judicatura por la dictadura. Por mas que intenten enmascarar los hechos, la de España ha sido una guerra de clases que comienza con un golpe de Estado de los militares planificado sistemáticamente, como salvaguarda de los intereses económicos de la clase privilegiada asustada por los derechos adquiridos por la clase trabajadora de manera democrática en la República. La Jerarquía Católica mantuvo una actitud hostil desde la primera hora de la República, que aún permanece velada; que había llamado al golpe militar, y consideró la guerra como una cruzada. Aportó un fundamento ideológico con el nacionalcatolicismo actuando en “defensa del Occidente cristiano” y, a continuación, se posicionó bendiciendo la represión política y los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en los territorios ocupados por los golpistas. El catolicismo asociado al poder creó fórmulas curiosas que disfrazaron la dureza del régimen con sus enemigos. Así se consolidó un Régimen totalitario apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista, mientras sufría el repudio del resto de las democracias europeas y era condenado por los países que formaban la Asamblea General de la ONU, creada por aquellas fechas. Quienes se rebelaron contra el Gobierno legítimo y cometieron, por tanto, un delito contra la Constitución entonces vigente llevaron a cabo la insurrección con una muy concreta

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finalidad, acabar con el sistema de Gobierno y los Altos Organismos de la Nación que lo representaban. El denominado “Alzamiento” fue el instrumento adecuado para que, en un contexto de crímenes contra la humanidad, se produjeran detenciones ilegales sistemáticas, indujeran y ordenaran las previas, simultáneas y posteriores matanzas y torturas de los opositores políticos, y provocaron el exilio forzoso de miles de personas. A fecha de hoy se desconoce el paradero de miles de estos detenidos. Solo restaba ofrecer una apariencia de legalidad aunque para ello fuera necesario que los miembros de la Judicatura que defendían el ordenamiento jurídico de la República española fuesen represaliados y expulsados y en su lugar los cargos fuesen ocupados por quienes, de acuerdo con los golpistas, expresaran lealtad al nuevo orden fascista. Aún no pocos de los actuales Magistrados que ocupan los más altos cargos de la Judicatura, juraron lealtad a los principios del Movimiento, practicaron juicios en el TOP a demócratas opositores al franquismo y mantienen que las izquierdas durante la República fueron la causa de la Guerra Civil. El régimen de Franco sienta los cimientos “legales” de un monumental aparato represivo basado en dos principios antijurídicos: la arbitrariedad y la retroactividad. Llegando a crear leyes tales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 1.939, para aplicar retroactivamente a las personas físicas y jurídicas en actos comprendidos entre octubre de 1.934 y julio de 1.936; la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1.940 y la Ley de Seguridad del Estado de 1.941. Si la Ley de Responsabilidades… persiguió la disidencia pasada, la de Seguridad… otorgó al Régimen la posibilidad de perseguir, por delictiva, cualquier disidencia futura. Entretanto, mediante un decreto de setiembre de 1.939 ordena la salida de prisión de cuantos puedan demostrar su afección al régimen, sea cual sea su delito. O sea, una auténtica amnistía general para los suyos.

Los buenos y los malos. El juicio de Nüremberg. La Guerra Civil no consistió en la lucha entre dos bandos, sino entre defensores de un Estado republicano con un gobierno democráticamente elegido y, por otro lado, los golpistas, criminales que violaron brutalmente el estado constitucional establecido democráticamente. Los que lucharon por la democracia eran los buenos. Y los golpistas eran los malos. Desechar esta categorización, tachándola de maniquea (como constantemente hacen los sucesores de los vencedores), es diluir sus responsabilidades en lo acaecido. El hecho de que los buenos hicieran también actos injustos no niega su superioridad moral. En países europeos que sufrieron el nazismo y el fascismo no tienen las dudas que aún persisten en España. Solo el triunfo en la guerra civil y la consolidación de la dictadura fascista en nuestro país explica que no se llevara a cabo un juicio a los franquistas al estilo del celebrado en Nüremberg por las democracias vencedoras en la guerra a los responsables del nazismo.

El caso Garzón. “Bochornosa”, así definió el periódico inglés The Guardian el enjuiciamiento al juez Garzón a propuesta de la Falange por atreverse a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y

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responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos. Es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la Unión Europea y muestra lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Febrero 2.010. La Asociación Jueces para la Democracia, entre otras cosas, dice lo siguiente: El análisis de los crímenes de la represión franquista es una tarea ardua y de alta complejidad. Porque representa una realidad terrible, que nos resulta difícil de decir y de contemplar, con decenas de miles de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente y enterrados indignamente como desechos humanos prescindibles en fosas comunes, de niños arrancados a sus madres, familias y centros de acogida a quienes se les despojó del nombre y de la identidad; víctimas que no han tenido acceso a la justicia ni a la verdad, ni obtenido reparación a esta fecha. Ahora sabemos que en España hay cosas que no se tocan y el franquismo es una de ellas. Pues la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo juraron lealtad a los principios del Movimiento y otro grupo de jueces menos numeroso y “progresista” se hermanó bajo una misma causa con Falange Española y Manos Limpias para no desatar lo que estaba atado y bien atado. Pasará a la historia el juez Baltasar Garzón como aquel que intentó dar a las víctimas del franquismo lo que la decencia les otorga: información, reparación y dignidad. En esto se basa el auto de Garzón, el cual afronta una acusación de prevaricación por dictar una resolución que ni es injusta a ojos de la razón ni es disparatada en derecho, como prueba que varios magistrados de la Audiencia Nacional la respaldaron. Sin embargo, lo verdaderamente terrible de sentar a Garzón en el banquillo es que se consagra de forma irreversible el punto y final que supuso la Amnistía de 1.977, una ley del silencio que perdonó a los inocentes y dio inmunidad a los verdugos. La resolución judicial del Juez Garzón responde a los más estrictos cánones asumidos por la comunidad internacional. La vida, la dignidad, la libertad y la justicia constituyen los pilares sobre los que se construye una sociedad civilizada. El poder judicial no puede ignorar estos valores y principios que, además, les vienen impuestos por los tratados internacionales asumidos por España. Pero no nos precipitemos: el Tribunal Supremo deberá resolver si la inaplicación de la Ley de Amnistía entra en el terreno de lo discutible y deberá pronunciarse sobre si el Juez Garzón actuó en el ámbito de su independencia judicial; también si se ha respetado su derecho a un proceso justo. En su caso, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal europeo de Derechos Humanos deberán pronunciarse sobre idénticas cuestiones. Una zona oscura de la Transición. La Transición no era una rotura con el anterior régimen, pues aún cuando la dictadura murió en la calle (por lo que supuso la agitación social procedente de la clase trabajadora como motor del cambio) la Transición se hizo bajo el dominio de la nomenclatura del régimen anterior. Fue más la abertura de aquel Estado a los partidos de izquierda que una rotura con el Estado anterior. La Transición se basó en una enorme injusticia cuando reconocemos el hecho que, para conseguir la paz, hubo que aceptar las injusticias que se han hecho a los vencidos, a los desaparecidos o a los niños robados, o ver como enjuician a un juez

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que se atrevió a intentar llevar a los tribunales a los responsables. Sin olvidar que en nuestra guerra civil los buenos, por defender el orden constitucional, fueron los vencidos. No se impuso a la sociedad ningún olvido, pero sí hubo un amplio silencio oficial. No se reprimió el conocimiento de ese período, pero faltó socialización del mismo y reconocimiento público. Y en aras del consenso no se acometió ninguna política conmemorativa, pero no adoptar ninguna política es adoptar ya una que estimuló la privatización de las memorias y perpetuó el desequilibrio entre la presencia pública de uno y otro bando y de sus víctimas. Lo cual explica los silencios sobre nuestro pasado. Y por razones de salud democrática, debemos exigir que la versión histórica de los vencidos sea la que domine y que el Estado se considere continuador del Estado democrático republicano. Hasta que ello ocurra, la Transición no habrá terminado. La Ley de Amnistía contra el Derecho Internacional. Recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Consejo de Europa. La Ley de la Amnistía fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el período preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. Las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Convertir los verdugos en víctimas nunca puede ser un acto de justicia. Están convirtiendo el pacto de amnistía en un principio de ocultación del pasado, de negación del reconocimiento a las víctimas y de blanqueo del franquismo. Se pactó una amnistía que protegiera a todos los potenciales protagonistas del cambio, los que venían del franquismo y los que venían de la resistencia. Pero esta amnistía no significaba una absolución del pasado. Era aplazar el duelo para realizarlo cuando la democracia hubiese alcanzado ya su madurez y su equilibrio. Pero el tiempo de silencio no podía ser indefinido. La opinión pública extranjera no puede entender que España sea incapaz de encarar la revisión de la dictadura que han hecho ya otros países como Chile y Argentina. Lo decía el The New York Times: “España necesita una explicación honesta de su pasado, no perseguir aquellos que tienen el valor de exigirla”. La Ley de Amnistía ha implicado la impunidad de gravísimos delitos de lesa humanidad y no supera los más elementales test de Derecho Penal Internacional a los que debe someterse cualquier país. Éste es el motivo por el cual la justicia española pidió la detención de Augusto Pinochet en Londres y condenó al torturador Adolfo Scilingo por los “vuelos de la muerte” en Argentina. Y es que entre los hechos amnistiados en España se encuentra la entrega de prisioneros para ser enviados a Mauthausen, por lo que sostener la validez de esa ley y sancionar a quienes la desafían, coloca a España en una posición de abierta contradicción con la Carta de Naciones Unidas, la Convención contra el Genocidio, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, la Convención de Naciones Unidas y su par europea. Hay que recordar que en el año 2.008 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya indicó a España que debe derogar esa ley y dictar normas necesarias para el reconocimiento y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales. La amnistía en caso de desaparición forzada fue rechazada por la resolución 828 de 26 de setiembre de 1.984 del Consejo de Europa. Es decir, la desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, el cual no podrá ser considerado como

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un delito político y está sujeto a las normas de extradición, no es objeto de limitación y no está cubierto por leyes de amnistía. La ley de Amnistía condujo a imponer una suerte de amnesia oficial, un mecanismo de “ceguera inconsciente” mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Es lo que ha querido evitar el juez Garzón: revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Tal como señaló el The New York Times en una editorial “en este caso los crímenes reales son las desapariciones, no la investigación del juez Garzón”. El cual lejos de haber aplicado incorrectamente el derecho vigente, respetó el sistema de fuentes jurídicas del que España es parte y que no convalida amnistías de delitos de lesa humanidad. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realiza las siguientes recomendaciones al Gobierno de España: 1 Respetar la independencia judicial y apoyar a través de la Fiscalía General las investigaciones judiciales sobre crímenes contra la humanidad, en particular las desapariciones forzadas. 2 Derogar inmediatamente la Ley de Amnistía de 1.977 y establecer una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil y la posterior represión franquista. 3 Incluir el delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal y definirlo conforme al derecho internacional. 4 Asegurar la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada. 5 Asegurar que los tribunales puedan aplicar la imprescriptibilidad en forma retroactiva en los casos de derecho internacional, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. 6 Retirar la eximente de “obediencia debida” e introducir la responsabilidad penal de jefes y superiores y 7 Asegurar que en materia de desaparición forzada y otros delitos o crímenes internacionales no sean aplicables inmunidades o amnistías.

¿Qué hacer? Los enterrados aún en fosas anónimas, la pervivencia de espacios y símbolos franquistas, la falta de memoriales democráticos, la canonización por la Iglesia de cientos de “mártires”, el sinsentido de que se procese a un juez que trata de perseguir judicialmente los crímenes del franquismo… todo ello muestra que queda mucho por hacer y compensar. Toda democracia que se precie debería preservar su patrimonio pasado. Preservarlo, pero también garantizar su pluralidad, huyendo de lecturas únicas y definitivas, su socialización y su conversión en espacio de debate, resignificación y participación ciudadana. Todo este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1.977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria. Obviamente al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Pues si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en

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juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Es por ello, que el reclamo contra la impunidad tiene un fuerte, esencial y conflictivo contenido ético-político que genera gran incomodidad social y así seguirá mientras el Estado continúe alimentando esa equiparación que más justo sería llamar por lo que es: vacío ético. El camino por recorrer contra la práctica de esta doctrina de impunidad equitativa será largo pero necesario hasta que los gobernantes lleguen a la conclusión de que no es posible equiparar el criminal y la víctima.

LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Las víctimas y sus familiares. La ONU recordó a España que sigue manteniendo un triste récord de dudoso éxito: el mayor número de cadáveres no identificados e ilegalmente enterrados, superior a cualquier otro país de nuestro entorno. Son más de 110.000 las víctimas secuestradas, asesinadas y desaparecidas en la más flagrante ilegalidad (sin juicio, sin defensa, sin certificado de defunción). A este crimen (secuestro, asesinato y entierro clandestino) el actual derecho internacional le llama “delito de desaparición forzada” definido y asumido por la ONU como tal con carácter de crimen de lesa humanidad no prescriptible. “El pasado no está pasado” Esta célebre cita del escritor estadounidense y premio Nobel de literatura Willian Faulkner nos ayuda a encarar un problema sin resolver siete décadas después del drama que lo generó. No podemos dejarnos engañar una vez más por las derechas, que para mantener el dominio que ejercen sobre una mayoría de la sociedad, presentan los efectos y nunca las causas que originan hechos criminales del tipo que nos ocupa. Quien conoce el pasado domina intelectualmente el presente, a la vez que está en situación de condicionar el futuro; sin embargo, quien desconoce los hechos está condenado a repetirlos. Contra esta forma de ver la historia son muchas las víctimas de la represión franquista que siguen hoy demostrándonos su extraordinaria fortaleza para superar momentos especialmente duros y conectados entre sí: humillaciones directas, hambre, expolio de bienes, muerte de familiares, falta de reconocimiento como víctimas, etc. Y merecen un reconocimiento y trato colectivo que aplique los principios básicos de derechos humanos que toda víctima de la violencia merece: verdad, justicia y reparación. Resulta increíble que hoy, en pleno siglo XXI, se recete el olvido sólo para las víctimas que no son cercanas. Increíble que pretendamos seguir sometiendo al miedo a las víctimas del franquismo.

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Un trato diferente. Cabe recordar que las otras víctimas recibieron y reciben homenajes y reparaciones desde las exhumaciones desarrolladas por el franquismo, hasta los regalos a las viudas y otras víctimas en forma de puestos en la administración pública, reparaciones económicas, etc. en resumen: Un decreto de abril de 1.938 concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los familiares sublevados muertos en cautiverio. En diciembre de 1.940, se extendió por ley estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la guerra. En julio de 1.941 se creó la figura de los funcionarios civiles muertos en campaña para subsidiar a sus familiares. Ese mismo año, en diciembre, otra ley hizo extensivos esos beneficios a los padres de sacerdotes “muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. Y otra norma de junio de 1.947 fue más allá hasta hacer beneficiarios a los “caídos en la revolución de 1.934” a los que se consideró muertos en campaña. En agosto de 1.939 se había aprobado ya el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se reservó el 80% de las plazas en los niveles inferiores de la Administración. Respecto a la localización de las víctimas, una orden de mayo de 1.940 sobre exhumaciones e inhumaciones de “cadáveres asesinados por rojos” estableció el procedimiento: “Toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por las hordas rojas, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. Pero no solo reparaciones, también homenajes públicos, masivos y cotidianos que continúan hoy en forma, por ejemplo de elevación a los altares, sin que nadie hable de reabrir heridas, guerracivilismo, vómitos u otras lindezas, que sí aplican cuando las víctimas no son afines. Frente a la Ley de la Memoria Histórica defendida por la izquierda no sin pudor, la Iglesia militante le lanzó un órdago a la cara y con el apoyo de la derecha montaraz se dispuso a beatificar de una tacada en San Pedro de Roma con todo el boato, a 498 religiosos españoles asesinados durante la guerra civil y a crear en Valencia un oratorio de las víctimas. Esta es la diferencia. Mientras el gobierno socialista trataba a duras penas de sacar de las cunetas y de las fosas comunes a los asesinados del bando republicano y de reivindicar la inocencia de cuantos fueron condenados a muerte en juicios militares sumarísimos sin ninguna garantía, la Iglesia bajo la divisa de la santa desvergüenza eleva a sus mártires de la guerra civil a los altares por si aún no tenían bastantes rótulos de calles, monumentos y cruces en las fachadas, con lo cual la división de las dos Españas será consagrada por toda la eternidad en la tierra, en el cielo y en el infierno. A pesar de la máxima de Quevedo que dice “donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, debemos desarrollar medidas de reparación, justicia y verdad para las víctimas de la represión franquista, especialmente para aquellas que fueron más vulnerables, como las mujeres, porque el tiempo todo lo cura, menos las injusticias que las agravan.

La Transición ¿Inmodélica? La oposición de las derechas a que la sociedad española disponga de un conocimiento

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del pasado, se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. En política, el olvido es un arma de una eficacia temible: basta con no analizar las causas del fenómeno, solo sus efectos. Esta es la explicación del dominio de las derechas en nuestro país en el proceso de la Transición política de la dictadura a la democracia en España que, en opinión de algunos autores, fue una Transición profundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que las fuerzas que dominaron el aparato de la dictadura franquista continúan teniendo gran influencia sobre el estado español. Esto explica la enorme resistencia de los vencedores y de sus descendientes (biológicos o ideológicos) a admitir las enormes atrocidades cometidas por la dictadura. Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán el enorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos, torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años. Se fraguó un pacto de silencio sobre las responsabilidades de los verdugos y de quienes los ayudaron o los sostuvieron para que los hijos de las víctimas pudieran para que los hijos de las víctimas pudieran recuperar la democracia por la que sus padres lucharon, siéndoles finalmente negada. Después se llegó a la conclusión de que el perdón de los verdugos nada tenía que ver con el olvido de sus víctimas. Y que para restañar convenientemente las heridas lo mejor es examinarlas.

Ley de la Memoria Histórica. Las instrucciones del Gobierno de Zapatero para su redacción, no era una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, pues es criterio de este Gobierno que el nuevo estado democrático era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar. Sin embargo, cualquier intento de ensamblar la dictadura con la democracia carece de sustento jurídico, político y ético. El pasado debe ser expulsado del marco de la democracia a través de la declaración de nulidad de las sentencias infamantes que repugnan a la conciencia de los seres civilizados. Considerar como un proyecto factible el desarrollo de una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel período de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores, lo que requiere no solo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud de este país. Pero sobre todo que se lleve a efecto el criterio de justicia universal, que tiene un alcance muy específico respecto de hechos que afectan no al individuo aislado como tal, sino al individuo como colectividad, como universalidad. Hay determinados delitos que son inequívocamente universales, al punto que se denominan de lesa humanidad. Hace años que la Justicia española ha aceptado ese concepto y el derecho internacional vigente establece la necesidad de que esos delitos sean juzgados. Con motivo del manifiesto de solidaridad y apoyo al Magistrado de la Audiencia Nacional

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Baltasar Garzón, la Unión Progresista de Fiscales dice, entre otras cosas, en relación a la Ley de la Memoria Histórica: “…consideramos que de una vez, debe ser el Estado quien asuma la obligación de recuperación de los restos de víctimas desaparecidas. En este sentido, reclamamos la creación de una Agencia Nacional de Reparación de las víctimas, con las siguientes funciones: - En el caso de sustracción de menores: creación de una base nacional de ADN, descubrimiento de la verdadera afiliación de los interesados y, en su caso, aportación de datos de relevancia penal. - Obtención de reparación moral y económica a las víctimas y sus familiares en el caso de que no se haya obtenido ya. - Integración en esta Agencia de un Fiscal que se encargará de coordinar las actuaciones a fin de remover los obstáculos que pudieran surgir en los distintos procedimientos judiciales a favor de las víctimas”.

Agosto de 2.011

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Verdad y consecuencia. Introducción a la memoria histórica