Para el Ministerio de Economía, la reforma prevé un escenario de ahorro de 7.129 millones de euros para el periodo 2013-2015, ¿creéis que será así? Si todas las cuentas las hacen como las del repago farmacéutico, el déficit público, o las obras de la sede de la calle Génova, es para echarse a temblar… sin entrar en el cálculo (que el Gobierno no ha explicado de forma creíble), no se trata en ningún caso de ahorro. No es ahorro, son RECORTES. Son recortes en servicios que llaman “IMPROPIOS” pero que son necesarios. Ningún dato demuestra el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre 2013 a 2015, a no ser que ese ahorro se haga a costa de recortes en forma de competencia, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.
Son recortes para la mayoría, para la gente trabajadora, y son más negocio para la minoría poderosa que se aprovecha de la crisis-estafa. No es ahorro, sino otro instrumento más para transferir más riqueza a los más ricos, haciendo más pobres a los pobres. Recientemente Intermon-Oxfam publicó que los 20 españoles más ricos poseen la misma riqueza que los 9 millones más pobres, y que los 85 más ricos del mundo poseen tanto como los 3.500 millones más pobres. Si convertimos los servicios públicos en negocio, esta es la consecuencia.
En resumidas cuentas y tras despejar los velos que la van cubriendo vemos que: 1) Esta es una ley que va contra el artículo 137 de la Constitución y la Carta Europea de Autonomía Local, y por tanto, debería ser declarada inconstitucional. 2) Es una ley que sigue la estela de la Directiva Bolkenstein y de los dictados de la Troika (FMI, BCE, Comisión Europea), que pretenden hacer de los servicios públicos un negocio para unos pocos, y someter los poderes locales a la condición de empresas de servicios, negando la gran contribución de los ayuntamientos democráticos. La expresión de democracia más auténtica y cercana a la ciudadanía que se ha dado en este país hasta la fecha. 3) Es una ley que no reforma la Administración Local para ponerla al servicio de una ciudadanía más crítica y más informada, sino que la aleja del control popular y democrático. 4) Es una ley que hay que poner en contexto con los 52 Decretos-Ley de contrarreforma y liquidación de los derechos sociales construidos con mucha lucha y durante muchos años por la clase trabajadora.
Y por todo ello, hay que rechazarla.