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El pasado 31 de diciembre entró en vigor la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local conocida como “la reforma local”. Una nueva norma que han vendido como una solución a los problemas de los Ayuntamientos del país y ha recibido contestación desde todos los partidos políticos, incluido el PP, ya que hasta el Presidente de Galicia del PP ha manifestado su posición contraria a la aplicación de esta Ley. Tras el interés despertado por la charla que dimos en diciembre y los recientes cambios que ha sufrido la misma, cada día son más los vecinos que se acercan a preguntarnos por uno u otro aspecto de esta reforma. Este especial persigue contestar esas preguntas e informar sobre esta reforma y su significado real:

¿Era necesario realizar una reforma de la Administración Local? SI. La Administración Local tiene un triple déficit: 1. DÉFICIT DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DEMÓCRÁTICO. En una sociedad democrática la información pública, en todos sus aspectos, tiene que estar a disposición del pueblo y no custodiada celosamente. Sin embargo la administración española se sitúa más cerca de la orilla opuesta. Carece totalmente de un funcionamiento transparente y abierto al control de la ciudadanía usando todos los medios a su disposición para impedir y manipular los accesos a la misma: •

Mediante las formas de gestión indirecta o la concesión a privados.

El control indirecto de las Diputaciones. Para los defensores que alegan que esta institución anacrónica, que no tiene sentido en la España Autonómica del siglo XXI, sirve para ayudar a los pequeños pueblos. Tan sólo les indicamos que de esas competencias se pueden hacer cargo fácilmente los gobiernos autonómicos y los propios ayuntamientos. Y como ejemplo de despilfarro e inutilidad que estas suponen, pondremos La Diputación de Sevilla: en la cual cerca de la mitad del presupuesto que recibe se gasta en mantener la estructura de la misma. Del presupuesto total, los ayuntamientos reciben un escaso 16%. Pero si de aquí restamos la parte perteneciente a la Ley de Dependencia y el PER, que recibirían igual, se nos quedaría en 7,4%.

El principal aspecto de este déficit lo encontramos en la pasividad y desinterés de los sucesivos gobiernos centrales para crear un estatuto jurídico para los concejales que se encuentran en la oposición.


La ausencia de mecanismos de control reales, que sean rápidos y eficaces por parte de la oposición en las corporaciones municipales, es el pan nuestro de cada día. Los concejales que no estén a bien con el alcalde o secretario de turno tienen las manos atadas, y bien atadas. Muchas veces los únicos recursos al alcance de esos concejales (si disponen de recursos económicos, que no suele ser lo habitual) es interponer recursos contenciosos administrativos que son lentos y poco eficaces y en muchas ocasiones cuando resuelve el tribunal, el daño ya es irreparable. Esto crea una sensación de impunidad que ha dado lugar a situaciones con las que se podría crear una antología del disparate de la política municipal. 2. DÉFICIT COMPETENCIAL. El marco de competencias no permite cumplir con el principio de subsidiariedad, es decir, la administración más cercana es la encargada de ocuparse de los problemas de los ciudadanos. El motor real del cambio y modernización de los pueblos han sido desde el año 79 los ayuntamientos. Que son los que detectan desde la cercanía, mejor y más rápidamente, las necesidades de los ciudadanos. 3. DÉFICIT FINANCIERO. La Administración Local no supera el 13% del gasto público, cuando es la que hace frente a las inquietudes y necesidades de los vecinos y vecinas. Los Ayuntamientos han asumido competencias impropias, pero fundamentales para conseguir unos mínimos de bienestar para la población, frente a la inacción de las administraciones superiores. Estos dos últimos puntos están interrelacionados, viniendo a ser el principal problema del gasto público, ya que los ayuntamientos tienen que hacerse cargo de la mayoría de competencias (recogida de basuras, mantenimiento y limpieza de calles, colegios, ambulatorios y otras dependencias públicas y servicios) recibiendo una mínima parte del presupuesto estatal que otros se reparten.

tenía la Administración Local, sino que los aumenta. Claro está, que al gobierno central esos déficit le preocupan poco, ya que está norma persigue que las entidades cumplan con la ley de estabilidad presupuestaria y el famoso art. 135

Está claro que hacía falta una reforma, pero esta reforma va en sentido contrario a las necesidades de la mayoría de la población. No sólo no corrige los déficits que

de la “intocable” Constitución española que modificaron a traición y por iniciativa del PSOE, en el que lo primero es pagar las deuda bancaria y luego si queda algo… ya se verá.

¿Los Ayuntamientos verán limitadas sus competencias? De ser así, ¿ Cómo afectará al día a día de los ciudadanos? habitantes. Se limita la competencia municipal en servicios sociales a la “evaluación e información de situaciones de necesidad social” y se elimina la participación en la gestión de la atención primaria de la salud como competencia propia de los municipios. Por otra parte, se eliEn segundo lugar, esta reforma elimina minan como competencias obligatorias de los algunas competencias fundamentales municipios el control de alimentos y bebidas y para ayuntamientos mayores de 20000 los mercados.

SI.

En primer lugar, esta reforma va contra la autonomía local. Se sitúa a las Diputaciones como tutores controlando a los municipios de menos de 20.000 habitantes como nuestro pueblo.


Estas reformas tienen diversas consecuencias: • Centralización de la gestión y alejamiento del control por parte del pueblo • El Ayuntamiento perderá la capacidad de decidir sobre los Servicios Sociales, limitándose a recabar información para la Comunidad Autónoma y a prestar atención inmediata con lo que esa palabra implica. El resto de las atribuciones sólo se podrán prestar por delegación de la Comunidad Autónoma. • La prestación de servicios como el del Mercado o Plaza de Abastos quedará a la decisión del ayuntamiento, puesto que no será obligatorio, favoreciendo a las grandes superficies en contra del comercio local y contra los pequeños agricultores y productores, cerrando las puertas a la soberanía alimentaria. • El alejamiento de la gestión es un elemento que favorecerá la subcontratación de servicios públicos en manos de grandes empresas, que serán las únicas con capacidad financiera para hacer frente a las garantías que exigen los contratos. Todos sabemos qué puede pasar si hacemos más difícil el control democrático y combinamos grandes empresas con contratación pública… Es decir, la diputación y las administraciones superiores disponen y controlan y el ayuntamiento pasa a administrar lo que le dejan. El gobierno local pasa a ser una marioneta o muñeco de trapo en las manos de las diputaciones y autonomías, sin tener control ni

libertad real para cumplir con las necesidades de su municipio situándose fuera de la política que marquen estos organismos. Volvemos a los tiempos del franquismo, donde en el pueblo se hacía lo que Madrid decidía.

¿Afectará al número de representantes municipales, se vería reducido?

en

las

corporaciones

NO. Aunque los primeros borradores con- éstos, como hemos mencionado antes se ataca templaban esto, finalmente, no se ha limitado el número, aunque sí las retribuciones y el número de cargos de confianza. Se supone que estas medidas eran las de racionalización pero después de una infinidad de borradores (el primero en julio de 2012) se han descafeinado por el camino.

su capacidad de representación recentralizando y quitando competencias, convirtiéndolos en gestores de oficinas delegadas de otras administraciones públicas negándoles que puedan actuar según las necesidades de su municipio.

Respecto a la limitación de retribuciones de cargos públicos y cargos de confianza también se ha Pero aunque se sigan eligiendo el mismo relajado durante la tramitación de la ley, tenemos número de representantes, el problema está lo siguiente: en la capacidad de representación de

HABITANTES Nº HABITANTES > 500.000 300.001 - 500.000 150.001 - 300.000 75.001 - 150.000 50.001 - 75.000 20.001 - 50.000 10.001 - 20.000 5.001 - 10.000 1.000 - 5.000 < 1.000

SUELDO MAXIMO ALCALDES Y CONCEJALES

100.000 € 90.000 € 80.000 € 75.000 € 65.000 € 55.000 € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 1 EXPCIONALMENTE (dedicación parcial)

Nº DE PERSONAS

< 2.000

0 1 SI NO HAY CONCEJAL 2.000 - 5.000 DEDICA. EXCLISIVA 5.001 - 10.000 1 10.001 - 20.000 2 20.001 - 50.000 7 50.001 - 75.000

50% Nº CONCEJALES

75..001 - 500000

= Nº CONCEJALES

> 500.001

0,7% Nº TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA ENTIDAD

HABITANTES

< 1.000 1.001 - 2.000 2.001 - 3.000 3.001 - 10.000 10.001 - 15.000 15.001 - 20.000 20.001 - 35.000 35.001 - 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - 300.000 300.001 - 500.000 500.001 - 700.000

0 1 2 3 5 7 10 11 15 18 20 22

700.001-100.0000 25 MADRID BARCELONA

45 32


Salvo casos excepcionalmente vergonzosos, estas restricciones no eran necesarias para IU, puesto que el sentido común y la carta financiera de nuestra organización dicta el salario de los cargos públicos. En la provincia de Sevilla es de 1.650€ netos al mes.

Las peores consecuencias serán para los trabajadores de los servicios que pasan a las Diputaciones y Comunidades Autónomas o de los servicios que puedan, directamente, desaparecer o ser privatizados por su falta de utilidad desde el punto de vista de la rentabilidad económica que plantea esta reforma.

La ley potencia a las Diputaciones provinciales para la coordinación de la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, incentiva las fusiones voluntarias, aumenta los requisitos para la escisión o creación de nuevos municipios y acaba con los convenios entre Administraciones sin financiación. ¿Qué os parece esto? En IU defendemos precisamente lo contrario, que las competencias de las Diputaciones pasen a los Ayuntamientos. Y que en cualquier caso, sean estos los que mancomunen servicios o se asocien para prestarlos en mejores condiciones a sus vecinos y vecinas. Las Diputaciones Provinciales son entes con una legitimidad democrática muy escasa por elegirse indirectamente, y con un control democrático y ciudadano muy débil. No es extraño que el Partido Popular decida reforzarlas, y tampoco debería extrañarnos que durante años el PSOE haya reforzado la Diputación de Sevilla. También conocida como “el cementerio de elefantes”, por acoger cual santuario a los alcaldes, concejales y otros allegados a estos partidos que habían perdido las elecciones o simplemente no habían podido liberarse en sus ayuntamientos.

Por otra parte, además de acabar con la autonomía local, lo que pretende la reforma es incentivar la privatización de servicios. En lugar de establecer condiciones para la prestación directa o mediante empresas públicas de los servicios municipales, asigna competencias a las Diputaciones, que a la hora de prestarlos, harán uso de la externalización. El resultado es que, al sumar los servicios de varios municipios, aumenta el precio total de los mismos, y por tanto, aumenta la cantidad que tiene que entregar la empresa como garantía para optar a dicha concesión. Dejando así fuera de la ecuación a las pequeñas y medianas empresas. La verdad es, que los grandes grupos del ladrillo y las entidades financieras crearon hace años diversas empresas para prestar servicios públicos de todo tipo, y con esta reforma van a asegurarse sus beneficios a costa de nuestros derechos. No hay que olvidar que en la exposición de motivos y en la propia ley dice que “uno” de sus objetivos es fomentar la iniciativa económica privada.


En el aspecto económico, si esta Ley tiene como objetivo garantizar un mayor control financiero y presupuestario, ¿esto evitaría que en un futuro hubiera ayuntamientos muy endeudados? NO. La llamada estabilidad presupuestaria es una excusa para tutelar el funcionamiento de los ayuntamientos, siendo un claro ataque a la autonomía municipal y al carácter de éstos como poderes públicos.

Por ejemplo, los planes de ajuste, que en teoría tenían como objetivo facilitar el pago a proveedores, han significado un aumento de la deuda de los municipios, a unos tipos más altos que los del mercado y con unos compromisos para los ayuntamientos de recortar plantillas, servicios y eliminar organismos autónomos y empresas municipales.

Con el pretexto de conseguir un objetivo legítimo como es que las pequeñas y medianas empresas acreedoras de los municipios pudieran cobrar, en realidad se ha producido un desvío de los fondos públicos en favor de las entidades financieras, que reciben dinero al 1% del BCE y lo han prestado a tipos superiores al 5% a las administraciones públicas. El ataque a la autonomía local empezó en 2010, cuando el gobierno del PSOE se sometió a los dictados de la Troika. Después ha seguido con la reforma a traición del artículo 135 de la Constitución de PP y PSOE, la ley de Estabilidad Presupuestaria y los diferentes Decretos Ley del PP.

Si observamos el gráfico vemos que el déficit de las administraciones locales es una mínima parte del déficit público, sólo un 0.3%.

¿por qué pasa lo contrario?

Así mismo, si analizamos esa deuda teniendo en cuenta el número de municipios, nos damos cuenta de un dato sorprendente el 70% de la deuda corresponden tan solo a 403 ayuntamientos (+20.000 hab.), de la cual, algo más de la mitad pertenece sólo a 29 (+200.000 hab.). Mientras que un simple 15% es lo que soportan un total de 7.714 municipios, de los cuales, 3.047 tienen deuda 0€.

¿Por qué esta ley ataca principalmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes robándoles sus derechos a los ciudadanos, si está claro que ellos no son los generadores de la famosa deuda de las administraciones?

Si su economía de escala nos dice que a mayor concentración de población menor cantidad de pérdidas,

La reforma de hoy no es más que la continuación de los mismos ataques. El objetivo no es acabar con la deuda, sino con la autonomía local.

Por supuesto que hay ayuntamientos que requieren de controles externos, pero la solución no puede ser nunca quitarles a todos las competencias porque algunos no cumplan.


Los Servicios Sociales es un asunto que también ha creado polémica, ¿cambiaría algo, dejarían de prestar este servicio básico para los vecinos los ayuntamientos? SI. La reforma deja a los ayuntamientos sin las competencias de Servicios Sociales. Asignándoles a los mayores de 20.000 habitantes la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, es decir que estos municipios quedan como recopiladores de información sin capacidad para actuar ni para desarrollar una política social integral. Como bien apuntan los trabajadores sociales, uno de los pilares fundamentales de estos servicios es la proximidad, y la ausencia de ésta, convierte a los servicios sociales en ineficaces e ineficientes. Y esto es lo primero que han eliminado porque, veladamente, identifican la atención de las necesidades de la ciudadanía con despilfarro.

Los servicios sociales prestados por los ayuntamientos hasta ahora han sido universales, para cualquier hijo de vecino. A partir de ahora sólo se podrá prestar atención inmediata a los que estén en riesgo o en situación de exclusión social. Es un cambio de filosofía brutal. A partir de ahora los ayuntamientos, representantes de la comunidad de vecinos del territorio más próximo, dejan de poder intervenir en las áreas de actuación que les permiten construir una comunidad pública y común.

Se establece que los ayuntamientos deberán publicar el coste efectivo de sus servicios, según la norma, para mejorar la transparencia y la competencia entre administraciones y su eficiencia en la prestación de servicios. Asimismo, se limitan y ordenan sueldos, así como el personal eventual. ¿Qué opináis sobre esta cuestión? La transparencia siempre es una buena noticia, aunque aun queda mucho camino para llegar a unos niveles óptimos semejantes a los países que nos rodean. Sin embargo, fomentar la competencia entre administraciones es un disparate, y evidentemente la publicación de los costes efectivos no va a servir a ese objetivo, ni a la transparencia, sino simplemente para utilizar ese criterio como único baremo para medir los servicios públicos. Y aquí encontrarán su filón empresas que, como Sacyr en el Canal de Panamá, o la empresa de la limpieza viaria en Madrid, opten por presupuestar por debajo de coste y después agregar modificaciones que los suban. Pero ni eso será necesario, simplemente por economía de escala, al ser un volumen mayor se podrán permitir establecer un coste unitario más bajo. De manera que los ayuntamientos pequeños no podrán

competir con ese precio. Tanto el PSOE como el PP hablan mucho de economía de escala pero se olvidan que en países como Suecia, donde sí se aplica la economía de escala, no se pisotea la autonomía local de los municipios y mucho menos el derecho constitucional a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos que es lo que hace esta reforma. En resumen, se mira que es lo más barato no la calidad y, por lo tanto, no lo mejor para los ciudadanos. Tratan de transformar los ayuntamientos en empresas privadas que tengan beneficios, cuando un ayuntamiento lo que debe hacer es prestar servicios a la ciudadanía. Los servicios públicos no se miden por su precio, sino por la calidad y por la capacidad de la ciudadanía para controlar y exigir dicha calidad.


Para el Ministerio de Economía, la reforma prevé un escenario de ahorro de 7.129 millones de euros para el periodo 2013-2015, ¿creéis que será así? Si todas las cuentas las hacen como las del repago farmacéutico, el déficit público, o las obras de la sede de la calle Génova, es para echarse a temblar… sin entrar en el cálculo (que el Gobierno no ha explicado de forma creíble), no se trata en ningún caso de ahorro. No es ahorro, son RECORTES. Son recortes en servicios que llaman “IMPROPIOS” pero que son necesarios. Ningún dato demuestra el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre 2013 a 2015, a no ser que ese ahorro se haga a costa de recortes en forma de competencia, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.

Son recortes para la mayoría, para la gente trabajadora, y son más negocio para la minoría poderosa que se aprovecha de la crisis-estafa. No es ahorro, sino otro instrumento más para transferir más riqueza a los más ricos, haciendo más pobres a los pobres. Recientemente Intermon-Oxfam publicó que los 20 españoles más ricos poseen la misma riqueza que los 9 millones más pobres, y que los 85 más ricos del mundo poseen tanto como los 3.500 millones más pobres. Si convertimos los servicios públicos en negocio, esta es la consecuencia.

En resumidas cuentas y tras despejar los velos que la van cubriendo vemos que: 1) Esta es una ley que va contra el artículo 137 de la Constitución y la Carta Europea de Autonomía Local, y por tanto, debería ser declarada inconstitucional. 2) Es una ley que sigue la estela de la Directiva Bolkenstein y de los dictados de la Troika (FMI, BCE, Comisión Europea), que pretenden hacer de los servicios públicos un negocio para unos pocos, y someter los poderes locales a la condición de empresas de servicios, negando la gran contribución de los ayuntamientos democráticos. La expresión de democracia más auténtica y cercana a la ciudadanía que se ha dado en este país hasta la fecha. 3) Es una ley que no reforma la Administración Local para ponerla al servicio de una ciudadanía más crítica y más informada, sino que la aleja del control popular y democrático. 4) Es una ley que hay que poner en contexto con los 52 Decretos-Ley de contrarreforma y liquidación de los derechos sociales construidos con mucha lucha y durante muchos años por la clase trabajadora.

Y por todo ello, hay que rechazarla.



La Hoja: La reforma local (edición especial)