La construcción de un proyecto nacional que tenga como horizonte el desarrollo de una Sociedad del Conocimiento, debe lograr que prevalezcan en el país condiciones de justicia social, pluralidad y democracia participativa. Que una sociedad sea justa significa que contenga los mecanismos necesarios para que todos sus miembros satisfagan al menos sus necesidades básicas y desarrollen sus capacidades y planes de vida de maneras aceptables de acuerdo con su cultura específica. Esto es reconocer el valor de la diversidad cultural, así como la necesidad de respetar y fortalecer cada una de las culturas, como condición de la pluralidad. Que prevalezca la democracia participativa, significa que la toma de decisiones y las acciones se realicen mediante una participación efectiva de representantes legítimos de todos los grupos sociales involucrados y afectados en la formulación de los problemas y en las resoluciones para implementar soluciones basadas en los conocimientos. Así, podemos definir una sociedad del conocimiento, justa, democrática y plural, como aquella donde sus miembros (en su individualidad y en colectivo) tienen las capacidades de apropiarse de los conocimientos disponibles y generados en cualquier parte, y de aprovecharlos para comprender y resolver mejor sus problemas. El conocimiento ha sido indispensable para la existencia y el progreso de todas las sociedades. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX adquirió una importancia estratégica para el desarrollo económico y social. En este contexto surge el concepto de sociedad del conocimiento. En las sociedades del conocimiento los desarrollos científicos, humanísticos y tecnológicos son claves para la generación de riqueza, pero a diferencia de las llamadas “economías de conocimiento”, (caracterizadas por los mercados del conocimiento que han resultado del incremento en las producciones e intercambios de conocimientos a través de las tecnologías de la información y la comunicación), en las sociedades del conocimiento, la ciencia y la tecnología se ponen al servicio de la sociedad, dotando a cada país de capacidades de respuesta para la solución de sus problemas concretos. No obstante, con el aprovechamiento social de los beneficios de la ciencia y la tecnología también se generan riesgos e incertidumbres. La identificación de los riesgos, así como su valoración y su control implican una distribución de responsabilidades entre un conjunto de agentes y sectores sociales que participan de la ciencia y la tecnología. Al depender de puntos de vista e intereses diferenciales de lo que se considera relevante, la definición y gestión de los riesgos no puede depender solamente de los expertos, sino que requiere de la participación activa, informada y responsable de todos los sectores sociales. Dicha participación, sin embargo, se complejiza en contextos de gran diversidad cultural y desigualdad, como es el caso de México.