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PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE. EXP. No. 1102/11-12-01-7 CAJA SANTA MARÍA, S.C.L. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

San Andrés Cholula, Puebla, a cinco de diciembre de dos mil once.- Estando debidamente integrada la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en presencia del Secretario de Acuerdos Licenciado GILBERTO ARTURO GÓMEZ AGUIRRE, se procede a emitir sentencia en el juicio fiscal número 1102/11-12-01-7, promovido por la C. JOSEFINA PAREDES PADILLA, en representación de CAJA SANTA MARÍA, S.C.L., y R E S U L T A N D O. 1.-

La

C.

JOSEFINA

PAREDES

PADILLA,

en

representación de CAJA SANTA MARÍA, S.C.L., mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el veinticinco de abril de dos mil once, compareció a demandar la nulidad de la resolución administrativa contenida en el oficio 600-69-00-02-00-2011-0201, de fecha diez de febrero de dos mil once, emitido por la Administración Local Jurídica de Tlaxcala, a través de la cual resolvió el recurso de revocación número R.R. 138/2010, en la cual deja sin efectos los oficios MIDEA20080423, MIDEA20090216, MIDE2S20090179/7,

MIDE2S20090179/8,

MIDE2S20090179/9,

MIDE2S20090179/10, MIDE2S20090179/11 y MIDE2S20090179/12, todos de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, a efecto de emitir nuevas resoluciones. 2.- Por acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil once, previo cumplimiento al requerimiento hecho mediante acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil once, se admitió a trámite la demanda, ordenando se corriera traslado a la autoridad para que produjera su contestación de demanda.

. . . .


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3.- Mediante oficio 600-52-2011-5044, recibido en esta Sala el trece de julio de dos mil once, el Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en representación de la autoridad demandada, produjo su contestación de demanda en la que hizo valer una causal de improcedencia y sobreseimiento, sosteniendo la validez de la resolución controvertida. 4.- Por auto de fecha tres de agosto de dos mil once, se tuvo por contestada la demanda, concediéndose a las partes término legal para formular alegatos. 5.- Mediante acuerdo de fecha uno de septiembre de dos mil once se regularizó el procedimiento y se dejó sin efectos el acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil once, únicamente en la parte en que se otorgó a las partes el término para que formularan sus alegatos, otorgándosele a la parte actora término para que ampliara su escrito inicial de demanda. 6.- Por escrito de fecha once de octubre de dos mil once, presentado en ésta sala el doce siguiente, la parte actora formuló su ampliación de demanda, misma que fue acordada mediante proveído de fecha trece de octubre de dos mil once, ordenándose correr traslado a la autoridad para que produjera su contestación. 7.- Mediante oficio 600-52-2011-7185 presentado en esta Sala el veinticinco de octubre de dos mil once, la autoridad demandada produjo su contestación a la ampliación de demanda, misma que fue acordada mediante proveído de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, concediéndole a las partes el término de CINCO DIAS para que formularan sus alegatos, vencido el cual quedó cerrada la instrucción por proveído de fecha dos de diciembre de dos mil once.


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C O N S I D E R A N D O. PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente en términos de lo dispuesto por el artículo 2º del acuerdo de 13 de agosto de 1980, que crea la misma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 del mismo mes y año; numerales 14, 31, 32, 34 y quinto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007; artículos 21 fracción XII y 22 fracción XII; segundo y tercero transitorios del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario en comento el 13 de noviembre de 2009, y acuerdo G/34/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil nueve. SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en autos en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria, y por el reconocimiento expreso que de ella hace la autoridad demandada. TERCERO.- Al tratarse de una cuestión de estudio preferente, los Magistrados que integran esta Sala proceden al estudio de la única causal de improcedencia propuesta por la representante de la autoridad enjuiciada al contestar la demanda, a través de la cual sostiene que en el presente caso se actualiza la causal prevista en el artículo 8º fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la parte actora controvierte un acto que no puede causarle prejuicio alguno a su esfera jurídica, al controvertir un acto que ya quedó sin efectos respecto de los oficios números . . . .


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MIDEA20080423, MIDE2S20090179/8,

MIDEA20090216,

MIDE2S20090179/7,

MIDE2S20090179/9,

MIDE2S20090179/10,

MIDE2S20090179/11 y MIDE2S20090179/12, todos de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, emitidas por la Administración de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento “2”, de la Administración Central de Promoción

y

Vigilancia

del

Cumplimiento,

dependiente

de

la

Administración General de Servicios al Contribuyente, a través de las cuales se determinaron los créditos fiscales 176678, 176684, 176688, 176691, 176694, 176697, 176700 y 176703, en cantidad total de $11,010.00, por concepto de multas. Sostiene la enjuiciada que como se desprende de la resolución impugnada, consistente en el oficio 600-69-00-02-00-20110201, de fecha diez de febrero de dos mil once, emitido por la Administración Local Jurídica de Tlaxcala, a través de la cual resuelve el recurso de revocación número RRSAT 138/2010, en la cual deja sin efectos

los

oficios

MIDE2S20090179/7,

MIDEA20080423,

MIDEA20090216,

MIDE2S20090179/8,

MIDE2S20090179/9,

MIDE2S20090179/10, MIDE2S20090179/11 y MIDE2S20090179/12, todos de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, emitidas por la Administración de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento “2”, de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, dependiente

de

la

Administración

General

de

Servicios

al

Contribuyente, a través de las cuales se determinaron los créditos fiscales 176678, 176684, 176688, 176691, 176694, 176697, 176700 y 176703, en cantidad total de $11,010.00, por concepto de multas, no le puede causar algún perjuicio a la hoy actora, al verse colmado el cometido por el cual acudió a solicitar la revocación del acto que nos ocupa. Afirma la autoridad que, la actora no puede acudir a juicio a solicitar la nulidad de un acto, cuando éste resulta favorable a sus intereses, ya que la resolución impugnada se dejó sin efectos, por lo


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que resulta favorable a sus intereses, en la medida en que se declaró fundado el recurso de revocación que se hizo valer, esto es dejar sin efectos el acto recurrido. A juicio de los Magistrados que integran este Órgano Colegiado, la causal de improcedencia propuesta por la demandada resulta infundada, de acuerdo a las siguientes consideraciones. La fracción I del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que la autoridad enjuiciada sustenta su excepción, establece lo que a continuación se transcribe: ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: I.- Que no afecten los intereses jurídicos del demandante. […]

Como se advierte del numeral transcrito, el juicio de nulidad federal será improcedente contra los actos que no afecten los intereses jurídicos del demandante, hipótesis que no se actualiza en el caso que nos ocupa, en virtud que si bien es cierto que a través de la resolución contenida en el oficio 600-69-00-02-00-2011-0201, de fecha diez de febrero de dos mil once, que resolvió el recurso de revocación 138/2010 (la cual obra de la foja 83 a 97 de autos, y a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), la Administradora Local Jurídica de Tlaxcala dejó sin efectos las resoluciones originalmente recurridas, contenidas en los oficios MIDEA20080423,

MIDEA20090216, MIDE2S20090179/7,

MIDE2S20090179/8,

MIDE2S20090179/9,

MIDE2S20090179/11

y

MIDE2S20090179/10,

MIDE2S20090179/12,

emitidas

por

la

Administración de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento “2”, de la . . . .


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Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, dependiente

de

la

Administración

General

de

Servicios

al

Contribuyente, también lo es que, ello fue en los siguientes términos: “dejar insubsistentes las mismas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, únicamente por cuanto hace a las sanciones que determinó la autoridad en cantidad de $980.00, para el efecto de que la autoridad emita

unas

nuevas

resoluciones

debidamente

motivadas…,

subsistiendo la validez de las sanciones que se determinaron en cantidad de $10,030.00, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, por incumplir el requerimiento de la autoridad para la presentación de las obligaciones que nos ocupan, al ubicarse la conducta de la contribuyente, al supuesto normativo previsto en el diverso 81, primer párrafo, fracción I, del mismo ordenamiento legal”. Así mismo precisa también la autoridad en la resolución recaída al recurso RR 138/2010 que “la emisora de los actos recurridos, cita los artículos del reglamento Interior que le otorgan competencia material y territorial para emitir los actos que nos ocupan, también lo es que en dicho articulado no fue citado el precepto legal que le confiere existencia jurídica dentro del Servicio de Administración Tributaria, es decir, no cita el precepto legal que señale como parte integrante de esta última, dependiente de la Administración General de Servicios al Contribuyente, así como aquel que le otorga competencia material a la Administración de Promoción y Vigilancia al Cumplimiento “2”, para emitir los actos que nos ocupan; de donde se concluye que las resoluciones recurridas, adolecen de una debida fundamentación, por lo que a juicio de de esta resolutora, resulta procedente que se dejen insubsistentes las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad emita nuevas resoluciones debidamente


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fundadas, citando los preceptos legales que le otorgan competencia material y que establecen su existencia jurídica…” Bajo éste contexto, la revocación decretada por la autoridad no fue en forma lisa y llana, si no para determinados efectos, por lo que se considera que al promover el recurso administrativo la pretensión del entonces recurrente, era obtener una revocación en forma lisa y llana de las resoluciones impugnadas, es claro que al no estar plenamente satisfecha su pretensión existe una afectación a su interés jurídico, en virtud de lo cual, es inconcuso que en el caso no se actualiza la causal de improcedencia propuesta por la autoridad enjuiciada, por lo que se determina que NO ES DE SOBRESEERSE NI SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. En lo conducente, se cita por aplicable la tesis de Jurisprudencia 15/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra indica: “SEGURO SOCIAL. RECURSO DE INCONFORMIDAD. SI EL RECURRENTE OBTIENE LA NULIDAD PARA EFECTOS Y LA PRETENDIA LISA Y LLANA, TIENE INTERES JURIDICO PARA PROMOVER JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. Si el Consejo Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, al resolver un recurso de inconformidad, deja insubsistentes las liquidaciones de cuotas obrero-patronales combatidas, por estimar que carecen de la debida fundamentación y motivación y deja a salvo los derechos del Instituto para emitirlas nuevamente una vez subsanadas las violaciones formales, dicha resolución afecta los intereses jurídicos del quejoso si al interponer aquel medio de impugnación pretendió una nulidad lisa y llana y no para efectos, haciendo valer violaciones de fondo.” Contradicción de tesis 15/96. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de julio de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

. . . .


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Se invoca además por aplicable al caso, el criterio sustentado por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en la revista de éste Órgano Colegiado, Quinta Época, Año IV, no. 38, Febrero 2004, Tesis V-P-2aS-284, Página 208, que a la letra dispone: “RECURSO DE REVOCACIÓN.- SI EL RECURRENTE OBTIENE LA REVOCACIÓN PARA EFECTOS Y LA PRETENDÍA LISA Y LLANA, TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE ESTE TRIBUNAL.-Si al resolver un recurso de revocación, la autoridad revoca la resolución recurrida para determinados efectos, por estimar que la misma carecen de la debida fundamentación y motivación y deja a salvo sus derechos para emitir nuevamente la resolución una vez subsanadas las violaciones formales, dicha resolución afecta los intereses jurídicos del actor si al interponer aquel medio de impugnación pretendió una revocación lisa y llana y no para efectos, haciendo valer violaciones de fondo.” Juicio No. 22241/02-17-09-8/835/03-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de octubre de 2003, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.

CUARTO.- En el primer y único concepto de nulidad de su demanda, la parte actora manifiesta que debe declararse la nulidad de la resolución que se impugna, así como de las multas originalmente recurridas, con fundamento en el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al apreciarse los hechos de manera incorrecta. La promovente indica que la autoridad demandada omitió estudiar que las multas originalmente impugnadas se imponen por los siguientes motivos: 1) Por no presentar Declaración informativa mensual/ anual de (Julio a Diciembre de dos mil nueve, e informativa anual de los años de dos mil ocho y dos mil nueve) del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, recaudado y el pendiente de recaudar por falta de fondos de los contribuyentes u omisión de la institución recaudadora y 2) Por no cumplir el requerimiento de la autoridad, para presentar la declaración

informativa mensual/ anual de (los meses de Julio a


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Diciembre de dos mil nueve, e informativa anual de los años de dos mil ocho y dos mil nueve) del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, recaudado y el pendiente de recaudar por falta de fondos de los contribuyentes u omisión de la institución recaudadora. Enfatiza la demandante que es claro que las multas originalmente impugnadas, fueron impuestas por no presentar declaraciones mensuales de dos mil nueve y anuales de los ejercicios dos mil ocho y dos mil nueve, en materia del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, así como no dar cumplimiento a diversos requerimientos, lo que niega lisa y llanamente , ya que su representada si presentó sus declaraciones mensuales y anuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, tal como lo acredita con las cadenas de seguridad que sirven de acuse a las citadas declaraciones. Dice la actora que las declaraciones mensuales y anuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, se presentarán vía internet, a través de la página www.sat.gob.mx, no obstante lo anterior, en dicha vía no existe a la fecha el medio para hacerlo como sucede con los conceptos de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, lo único existente es un manual para desarrollar un programa de cómputo con una serie de especificaciones, mismas que su representada realizó con la finalidad de presentar sus declaraciones de Impuesto a los Depósitos en Efectivo, obteniendo como constancia de la declaración únicamente la cadena de seguridad, misma que exhibió como prueba. Agrega la disconforme que respecto a las multas impuestas en cantidad de $10,030.00 y que se imponen por no cumplir el requerimiento de la autoridad, su representada niega lisa y llanamente haber recibido esos requerimientos. . . . .


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Ahora bien al contestar la demanda, la autoridad enjuiciada sostiene que resultan inoperantes los argumentos vertidos por la actora ya que se limita a manifestar que no existe medio para realizar las declaraciones mensuales y anuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, como sucede con los conceptos de Impuesto al Valor Agregado y de Impuesto Sobre la Renta, por lo que lo único que existe es un manual para desarrollar un sistema de cómputo, sin señalar razonamiento lógico- jurídico alguno con el cual demuestre su acción, por lo tanto, sus manifestaciones resultan insuficientes para que se constituyan y reúnan los requisitos exigidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los agravios. Manifiesta la demandada que de los argumentos que vierte la actora en su demanda, se advierte que únicamente se constriñen a manifestar

cuestiones

de

carácter

subjetivo

respecto

de

las

resoluciones impugnadas, sin que en ningún momento se señale la parte de la resolución que le cause agravio, ni el precepto o preceptos legales que a su juicio se dejaron de aplicar o se aplicaron indebidamente, y menos aún realiza un razonamiento lógico jurídico que demuestre que se ha causado agravio, de ahí que deban desestimarse por insuficientes las manifestaciones que invoca, debiendo en consecuencia ser declarados ineficaces. Agrega la contestante que los supuestos agravios que invoca la enjuiciante deberán de desestimarse por inoperantes, en virtud de que no impugnan de manera expresa la motivación y fundamentación de la resolución impugnada, es decir, a lo largo del escrito de demanda se vierten manifestaciones subjetivas en contra de la resolución impugnada, por lo que es evidente que no ataca los fundamentos esenciales en que se sustenta la resolución controvertida por lo que deberá desestimarse de plano.


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Puntualiza que no basta que la actora manifieste que no existe medio para realizar dichas declaraciones como sucede con los conceptos de Impuesto al Valor Agregado y de Impuesto Sobre la Renta, por lo que lo único que existe es un manual para desarrollar un sistema de cómputo, para que su argumento se considere agravio, pues para ello debe expresar los razonamientos lógico- jurídicos con los que demuestre su acción, lo cual en la especie no hace y por lo mismo no puede ser materia de estudio para ésta Sala, pues el hacerlo sería tanto como si supliera la deficiencia de la queja, lo cual no es permitido en materia fiscal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La autoridad sostiene que la actora no logra desvirtuar la legalidad de la resolución recaída al recurso de revocación RR 138/2010, contenida en el oficio 600-69-00-02-00-2011-0201, de fecha diez de febrero de dos mil once, y en consecuencia los oficios números MIDEA20080423, MIDE2S20090179/8,

MIDEA20090216,

MIDE2S20090179/7,

MIDE2S20090179/9,

MIDE2S20090179/10,

MIDE2S20090179/11 y MIDE2S20090179/12, por lo que resulta procedente desestimar sus argumentos y reconocer la validez de las resoluciones impugnadas en términos de lo establecido en el artículo 52 fracción I del Código Fiscal de la Federación. Apunta la enjuiciada que lo argumentado por el recurrente, resulta ineficaz por inoperante, toda vez que con sus manifestaciones no controvierte los motivos y fundamentos de las resoluciones impugnadas por sus propios motivos y fundamentos, sino que realiza razonamientos genéricos respecto de la inexistencia material de la herramienta que permita realizar las declaraciones requeridas, por lo que en tales consideraciones, es de desestimar su argumento; máxime que a través de las resoluciones que por ésta vía se impugnan, la . . . .


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autoridad no está requiriendo a la contribuyente el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal que se precisan en el cuerpo de las multas, por lo que resulta evidente que no está obligada a observar los extremos que arguye el recurrente, por lo que resulta procedente desestimar su argumento. Indica la demandada que de la lectura que se realice a las reglas I.11.14. y I.11.21., de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2008, y I.11.14. y I.11.22., de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2009, publicada en el citado medio oficial de difusión el 29 de abril de 2009, contrario a la manifestación de la recurrente, en éstas se especifica el formato, su lugar de obtención y lugar de presentación de las declaraciones requeridas por la autoridad, por lo que es de desestimar su argumento. Agrega la autoridad que, tal y como la misma recurrente lo indica, a través de su representante legal, la C. Josefina Paredes Padilla, presentó sus declaraciones, tal y como consta en las firmas digitales que anexa, misma que contiene la declaración presentada, el periodo, ejercicio, fecha en que se presentó, así como monto recaudado, dicho que además se corrobora de la información proporcionada mediante oficio número 700-06-02-00-00-2010-22073, de fecha quince de diciembre de dos mil diez, signado por el Lic. Antonio Bergua Rezola, Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “2”, Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, Administración General de Servicios al Contribuyente, donde se desprende que la ahora recurrente, con fecha veinte de mayo de dos mil diez, presentó las declaraciones informativas origen de las sanciones que por esta vía se recurren, con lo que se demuestra que la propia contribuyente conoce sus obligaciones fiscales, por lo que resulta procedente desestimar su argumento.


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Por otra parte manifiesta la demandada, que respecto a que la demandante niega conocer los requerimientos orígenes de las multas impugnadas al respecto, resulta ineficaz por infundado, toda vez que contrario a sus argumentaciones, los requerimientos de obligaciones, IDE2S20090179, IDEA20090216 e IDEA20080423, todos de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, que constituyen el origen y antecedente de los créditos fiscales, fueron legalmente notificados, los dos primeros el día treinta de marzo de dos mil diez, y el último, el día cuatro de diciembre de dos mil nueve, cuyas constancias de notificación ofreció como prueba, documentos a los que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido por el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 129 y 130 de Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria de conformidad con el artículo 5º del Código Federal Tributario, se conoció que la notificación de dicho requerimiento de obligaciones, fue practicada conforme a derecho, cumpliendo para ello los extremos a que hacen referencia los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación , al haber precedido citatorio. Relata la enjuiciada que como se aprecia de las actas de notificación de fecha treinta de marzo de dos mil nueve (sic) y cuatro de diciembre de dos mil nueve, relativos a la notificación del requerimiento de obligaciones IDE2S20090179, IDEA20090216 e IDEA20080423, respectivamente, en esa misma fecha y siendo las 11:00, 11:22 y 9.30 horas, respectivamente, el notificador se constituyó en el domicilio fiscal de la ocursante, pudiéndose apreciar con claridad que habiéndose cerciorado el notificador que se encontraba en el domicilio fiscal de la promovente, procedió a requerir la presencia de la representante legal de la contribuyente, entendiéndose dicha diligencia de notificación impugnada en el presente agravio, con la C. Josefina . . . .


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Paredes Padilla, en su carácter de Representante legal de la contribuyente, quien para constancia de haberlo recibido asentó en la parte inferior derecha de dicha notificación su nombre y estampó su firma, lo anterior de conformidad con lo ordenado por los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, por lo que en ningún momento puede la misma alegar desconocimiento alguno de los requerimientos

impugnados

toda

vez

que

son

de

su

pleno

conocimiento desde el día treinta de marzo de dos mil nueve (sic) y cuatro de diciembre de dos mil nueve, respectivamente. Afirma la enjuiciada que como se desprende del penúltimo párrafo del acta de notificación, que contrario a lo manifestado por el recurrente, el notificador en el momento de la notificación, procedió a hacer entrega tanto del original de los requerimientos de obligaciones IDE2S20090179, IDEA20090216 e IDEA20080423, como de las actas de notificación que al efecto se levantaron, haciendo constar que tanto los requerimientos como las actas de notificación contienen firmas autógrafas, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 135, del Código Fiscal de la Federación, a la C. Josefina Paredes Padilla en su carácter de Representante Legal de la contribuyente, persona con quien se entendieron las diligencias de notificación . La autoridad sostiene que es inconcuso que se cumplió en la especie con la finalidad primordial de la notificación, que es dar a conocer al particular un acto de autoridad, pues las diligencias cumplieron cabalmente con los extremos establecidos por los artículos 134 y 137 de Código Fiscal de la Federación, por lo que lo procedente es reconocer la validez de la resolución impugnada. Agrega la contestante que al haber sido notificado conforme

a

derecho

los

requerimientos

de

obligaciones

IDE2S20090179, IDEA20090216 e IDEA20080423, la autoridad procedió legalmente a imponerle las sanciones correspondientes según


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quedó motivado en las resoluciones impugnadas, por lo que, es claro que los argumentos de su contrario deben ser desestimados por infundados e inoperantes, y en todo caso, debe reconocerse la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La demandada indica que el ocursante manifiesta que la autoridad apreció los hechos de manera incorrecta, toda vez que niega lisa y llanamente lo señalado por ésta, es decir, que no presentó las declaraciones mensuales por los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil nueve, así como la correspondiente a los ejercicios dos mil ocho y dos mil nueve, en materia del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, ya que como se puede observar de las pruebas que aporta consistentes en las firmas digitales que contienen la declaración presentada, el periodo, ejercicio, fecha en que se presentó (2010-05-20), así como monto recaudado, si las presentó y obvio es que al no ocurrir el hecho generador de multas, éstas deben considerarse ilegales y dejarse sin efectos. La autoridad oficiante afirma que los requerimientos de obligaciones

números

IDE2S20090179,

IDEA20090216

e

IDEA20080423, todos de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, que constituyen el origen y antecedente de los créditos fiscales que por ésta vía se impugnan, fueron legalmente notificados a la contribuyente Caja Santa María, S.C.L., en su domicilio fiscal, los dos primeros, el día treinta de marzo de dos mil diez, y el último el día cuatro de diciembre de dos mil nueve, diligencia que fue entendida con la propia representante legal.

. . . .


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Puntualiza

la

demandada

que

de

las

pruebas

documentales exhibidas por la demandante en la presente instancia, consistente en copias fotostáticas simples de las impresiones de acuses de recibo de las declaraciones mensuales y anuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, se observa que con fecha veinte de mayo de dos mil diez, presentó las informativas requeridas por la autoridad, situación que además se corroboró con la información contenida en el oficio 700-06-02-00-00-2010-22073, de fecha quince de diciembre de dos mil diez, signado por el Lic. Antonio Bergua Rezola, Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “2”, Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, Administración General de Servicios al Contribuyente, donde se desprende que la ahora actora, con fecha veinte de mayo de dos mil diez, presentó las declaraciones informativas origen de las sanciones que por esta vía se impugnan, pues los requerimientos de obligaciones IDE2S20090179, IDEA20090216 e IDEA20080423, todos de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, que constituyen el origen y antecedente de las resoluciones recurridas, fueron notificados en su domicilio fiscal, los dos primeros, el día treinta de marzo de dos mil diez, y el último, el día cuatro de diciembre de dos mil nueve, no menos cierto es que la contribuyente Caja Santa María, S.C.L., presentó dichas declaraciones con fecha veinte de mayo de dos mil diez, esto es con posterioridad a la fecha de emisión de las resoluciones que por ésta vía se impugnan; por lo que las multas impuestas se encuentran apegadas a derecho toda vez que la contribuyente no demuestra haber cumplido con sus obligaciones hasta después de notificados los requerimientos de obligaciones. En la ampliación de demanda, en lo fundamental, señala la parte actora, que el oficio IDE2S20090179 de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, emitido por la Administradora de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento 2, de la Administración General de Servicio al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, por medio


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del cual, requiere las declaraciones por concepto del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por los meses de julio a diciembre de 2009, es ilegal por carecer de la debida fundamentación y motivación. Manifiesta la enjuiciante que al analizar el oficio número IDE2S20090179 de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, es claro que el funcionario que la emite no funda y motiva debidamente su competencia, y agrega que el funcionario que emite ese oficio, funda su competencia en el artículo 15, apartado B, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, el apartado B de dicho numeral se encuentra integrado por dos fracciones y la última de estas a su vez se encuentra dividida en tres incisos, siendo claro que en dicho oficio, la competencia de la autoridad emisora no cumple con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 16 Constitucional, siendo claro que se debe dejar sin efecto este oficio, así como todos los que deriven de él, por ser fruto de un acto viciado. Concluye la promovente que el oficio IDE2S20090179, es ilegal, por lo que todos los actos que deriven de él, son también ilegales, motivo por el cual es procedente se dejen sin efectos las multas impugnadas. Al contestar la ampliación de demanda, la autoridad demandada indica, en lo conducente, que en la contestación de demanda esa representación fiscal le dio a conocer los requerimientos de obligaciones

IDE2S20090179, IDEA20090216 e IDEA20080423,

dentro de su capítulo de pruebas, de los cuales solo se encuentra controvirtiendo el IDE2S20090179, por lo que los otros dos requerimientos IDEA20090216 e IDEA20080423, quedan intocados al no realizar manifestación alguna su colitigante sobre ellos, esto al amparo del artículo 50, cuarto párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su última parte “No se . . . .


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podrán anular o modificar los actos de autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda”. Sostiene la enjuiciada que respecto del requerimiento IDE2S20090179, sus argumentaciones resultan inoperantes en virtud de que la autoridad demandada emitió tanto el requerimiento aludido, así como las multas que de él emanan fueron emitidos conforme a derecho, toda vez que en dicho oficio se encuentran los artículos que le otorgan plena competencia tanto material como territorial para emitir el acto controvertido en el agravio en cuestión. Agrega la autoridad que lo procedente es desestimar por infundados los conceptos de impugnación refutados y por ende reconocer la validez y legalidad de la resolución administrativa impugnada, pues se demuestra la legalidad de la misma, toda vez que la autoridad actuante citó debidamente los fundamentos legales que le otorgan competencia material, territorial y grado para emitir el acto de referencia. A juicio de los Magistrados que integran esta Sala, son infundados los argumentos en estudio, de conformidad con las siguientes consideraciones. Primeramente es importante señalar que respecto a la negativa lisa y llana que hace la parte actora, en cuanto a haber recibido

los

requerimientos

de

obligaciones

IDE2S20090179,

IDEA20090216 e IDEA20080423, todos de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, los cuales constituyen el origen y antecedente de las resoluciones recurridas, es necesario considerar lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece lo que a continuación se transcribe:


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- 19 – ARTÍCULO 42.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

Bajo ese tenor, si la hoy actora niega en forma lisa y llana haber recibido los requerimientos de la autoridad, correspondía a la enjuiciada acreditar los hechos que fueron negados, por lo que al contestar la demanda la enjuiciada ofrece y exhibe, entre otros documentos,

los requerimientos de obligaciones

IDE2S20090179,

IDEA20090216 e IDEA20080423 todos de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, así como sus constancias de notificación consistentes en las actas de notificación IDE2S20090179, de fecha treinta de marzo de dos mil diez; IDEA20090216, de fecha treinta de marzo de dos mil diez e IDEA20080423 de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, documentales que obran de la foja 117 a la 125 de autos, y a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los dispuesto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En este punto, cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Tesis: 2a./J. 209/2007, que a la letra dispone: “JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.- Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento . . . .


- 20 Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación”. Contradicción de tesis 188/2007-SS. Suscitada entre el Primero y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán.

En éste orden de ideas y del análisis practicado por éste Órgano Juzgador a la contestación de demanda y sus anexos, ha quedado

de

manifiesto

que

la

promovente

si

conocía

los

requerimientos de obligaciones que le fueron hechos por la autoridad, a pesar de que la hoy actora lo haya negado lisa y llanamente en su escrito inicial de demanda, ya que obran en autos las constancias de notificación de dichos requerimientos, aunado a que éstos le fueron dados a conocer en el presente juicio, mediante la notificación del acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil once, mediante el cual le fue notificado el acuerdo por medio del cual se tuvo por contestada la demanda, y con el cual se le corrió traslado con las pruebas ofrecidas por la autoridad demandada, obrando entre otras los requerimientos de obligaciones IDE2S20090179, IDEA20090216 e IDEA20080423, todos


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de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, así como sus constancias de notificación, por lo que en ese sentido, correspondía a la parte actora desvirtuar la legalidad de dichas actuaciones en la ampliación de demanda. Es menester hacer mención que la disconforme al momento de ampliar su demanda fue omisa en cuestionar las constancias de notificación de referencia y no realiza manifestación alguna

en

contra

de

los

requerimientos

de

obligaciones

IDEA20090216 e IDEA20080423, controvirtiendo únicamente el requerimiento de obligaciones IDE2S20090179, por lo que en términos del párrafo cuarto del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ésta Sala se pronunciará únicamente respecto al oficio IDE2S20090179, respecto del cual la hoy promovente pretende impugnar en su escrito de ampliación de demanda, y de la cual únicamente se limita a manifestar que el oficio IDE2S20090179 de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, por medio del que se requieren las declaraciones por concepto del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por los meses de julio a diciembre de 2009, es ilegal por carecer de la debida fundamentación y motivación, mas no niega haber recibido la notificación del oficio IDE2S20090179 de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, limitándose únicamente a referir que el citado oficio carece de la debida fundamentación y motivación en cuanto a la competencia material y territorial. Bajo ése tenor, si en el presente juicio fueron exhibidos los requerimientos de obligaciones

IDE2S20090179, IDEA20090216 e

IDEA20080423, todos de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, así como sus constancias de notificación que dieron origen a las resoluciones combatidas, a través de las cuales el representante legal de la autoridad demandada acredita la existencia y notificación del acto . . . .


- 22 -

cuestionado, y la promovente no combatió dichas probanzas, resulta inconcuso que la presunción de legalidad que los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, otorgan a dichos actos de autoridad no fue desvirtuada, y en ese sentido se tiene al ocursante como conocedor de tales requerimientos en la fecha en que los mismos fueron notificados, esto es los días treinta de marzo de dos mil diez y cuatro de diciembre de dos mil nueve, respectivamente. Por lo anterior resulta claro que los argumentos que hace valer la parte actora en su escrito de ampliación de demanda, respecto a la ilegalidad del requerimiento de obligaciones contenida en el oficio IDE2S20090179 de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, aduciendo que el funcionario que emitió ese oficio, no fundó y motivó debidamente su competencia, por lo que todos los actos que deriven de él, son también ilegales, en ese sentido, dichos argumentos resultan inoperantes por ser extemporáneos, ya que la ocursante debió haberlos hecho valer desde su escrito inicial de demanda, pues como ha quedado de manifiesto en párrafos precedentes, se tuvo a la disconforme como conocedora de dicho requerimiento en la fecha en que el mismo le fue notificado, es decir, el día treinta de marzo de dos mil diez, por lo que la ocursante debió haber hecho valer dichas manifestaciones en su escrito inicial de demanda, pues ya era conocedora del mencionado requerimiento. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana, publicada en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Diciembre de 2004, Tesis V-TASR-IV-1395, que es del tenor literal siguiente: “CONCEPTOS DE ANULACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE SE FORMULEN EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, SI TIENDEN A CONTROVERTIR


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- 23 – CUESTIONES YA CONOCIDAS POR EL ACTOR DESDE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.-Si en el escrito por el que se amplía la demanda, el actor hace valer conceptos de anulación en contra de actos o circunstancias, de las que tuvo conocimiento desde el principio del juicio, dichos conceptos de anulación deben declararse inoperantes y no ser analizados por la Sala, toda vez que el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación contempla el derecho de la parte actora de ampliar la demanda únicamente en los siguientes supuestos: a) Cuando se impugne una negativa ficta, ya que en ese caso la autoridad al contestar la demanda da a conocer los motivos y fundamentos de tal resolución, mismos que sólo se pueden controvertir en la ampliación de la demanda; b) Cuando en la demanda se haya negado conocer el acto que le dio origen a la resolución impugnada o su constancia de notificación, sólo si la autoridad las exhibió en su contestación de demanda, ya que en ese caso, la actora no conocía tal acto, el cual es determinante para estudiar la legalidad de la resolución impugnada, por lo que se le debe dar oportunidad de controvertirlo en el juicio, a través de la ampliación de la demanda; c) En los casos previstos en el artículo 209 bis, esto es, cuando haya negado conocer el acto impugnado, o su notificación, en cuyo caso, el mismo artículo 209 bis del Código Fiscal de la Federación, dispone que los agravios en contra de dicho acto o su notificación se realizarán en la ampliación de demanda; d) Cuando la autoridad al contestar la demanda, introduzca elementos, que no tiendan a mejorar la motivación y fundamentación de la resolución impugnada, pero que fueran desconocidos por la actora. De todas las hipótesis antes señaladas, se puede concluir que es requisito invariable que los motivos o elementos por los que se amplíe la demanda, hayan sido desconocidos por la actora en el momento de interponer el juicio, de lo que se colige que la finalidad de la ampliación de demanda, es que verse exclusivamente sobre los elementos desconocidos por el actor, y que la autoridad introdujo al momento de contestar la demanda, y no sobre cuestiones que ya eran conocidas por el promovente, ya que aceptar lo contrario implicaría que el actor en todos los juicios, pudiera presentar escritos de ampliación de demanda, en los que perfeccionara y adicionara sus agravios inicialmente formulados en contra de actos que eran de su conocimiento”. Juicio No. 14768/02-17-04-9.- Resuelto por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de junio de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Toledo Jimeno.Secretaria: Lic. Josefina América López Pérez.

. . . .


- 24 -

Ahora bien por otra parte, si bien es cierto que las multas originalmente impugnadas, fueron impuestas por no presentar las declaraciones mensuales de dos mil nueve y anuales de los ejercicios dos mil ocho y dos mil nueve, en materia del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, así como por no dar cumplimiento a diversos requerimientos de la autoridad, y a pesar de haber quedado demostrado en el presente juicio (con las cadenas de seguridad que sirven de acuse a las citadas declaraciones que obran de la foja 70 a la 77 de autos) que la promovente si presentó sus declaraciones mensuales y anuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no menos cierto es que la presentación de dichas declaraciones fue realizada en primer lugar de manera extemporánea y en segundo lugar tampoco cumplió con su obligación en el término que le fue concedido en el requerimiento de la autoridad. Esto es así ya que de las constancias que obran en el presente juicio se advierte que como lo demostró la parte actora, con las pruebas ofrecidas por ella misma, si presentó las multicitadas declaraciones, tal y como consta en las cadenas de seguridad que sirven de acuse de presentación de dichas declaraciones las cuales anexó a su escrito inicial de demanda (la cuales obran de la foja 70 a la 77

de

autos),

corroborándose

además

con

la

información

proporcionada en el oficio número 700-06-02-00-00-2010-22073, de fecha quince de diciembre de dos mil diez, ofrecido como prueba por la autoridad demandada, signado por el Lic. Antonio Bergua Rezola, Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “2”, Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, Administración General de Servicios al Contribuyente (el cual obra a foja 126 de autos), de donde se confirma que la parte actora, con fecha veinte de mayo de dos mil diez, presentó las declaraciones que dieron origen a las sanciones que por esta vía impugna.


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De lo anteriormente señalado se infiere que no le asiste la razón a la promovente en el sentido de manifestar que las declaraciones mensuales y anuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo se presentarán vía

internet, a través de la página

www.sat.gob.mx, y que en dicha vía no existe a la fecha, el medio para hacerlo como sucede con los conceptos de Impuesto al Valor Agregado

e Impuesto Sobre la Renta, manifestando que lo único

existente es un manual para desarrollar un programa de cómputo con una serie de especificaciones, pues contrario a lo manifestado por la disconforme en ese sentido, ésta si presentó sus declaraciones de Impuesto a los Depósitos en Efectivo a través de los formatos autorizados para tal efecto, tan es así que ella misma ofrece como prueba las cadenas de seguridad derivadas de la presentación de las citadas declaraciones vía internet. En éste orden de ideas y como la misma autoridad demandada lo señala, de las reglas I.11.14. y I.11.21., de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2008, y I.11.14. y I.11.22., de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2009, se especifica tanto el formato, el lugar de obtención del mismo y el lugar de presentación de las declaraciones mensuales y anuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo recaudado y pendiente de recaudar, señalando dichas reglas en lo conducente que: “la información mensual se proporcionará a mas tardar el día diez del mes calendario inmediato siguiente al que corresponda,

a

través

del

programa

electrónico

“Declaración

informativa mensual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”-“IDEM”… La declaración se obtendrá de la página de Internet del SAT y se podrá presentar a través de los medios señalados en dicha página, utilizando la FIEL de la institución de que se trate….”. Así mismo . . . .


- 26 -

señala

también

que:

“la

información

anual,

incluyendo

la

complementaria y extemporánea, se proporcionará a través del programa electrónico “Declaración informativa anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”-“IDE-A”… La declaración se obtendrá de la página de Internet del SAT y se podrá presentar a través de los medios señalados en dicha página, utilizando la FIEL de la institución de que se trate….”, de lo que se sigue que existen y se encuentran publicadas las reglas que rigen la presentación de las declaraciones del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, las cuales son conocidas para la empresa enjuiciante ya que ésta presentó con fecha veinte de mayo de dos mil diez, sus declaraciones mensuales de los periodos de julio a diciembre por el ejercicio fiscal dos mil nueve y las anuales por los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, respecto del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, por ello los argumentos vertidos por la promovente en este sentido resultan infundados. Aunado a lo anterior y como se puede advertir de las probanzas ofrecidas por la autoridad demandada, los requerimientos de obligaciones IDE2S20090179, IDEA20090216 e IDEA20080423, todos de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez (que obran de fojas 117 a 125 de autos), que constituyen el origen y antecedente de las resoluciones recurridas, fueron notificados en el domicilio fiscal de la hoy promovente, los dos primeros, el día treinta de marzo de dos mil diez, y el último, el día cuatro de diciembre de dos mil nueve, actuaciones que en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se presumen legales, aunque

la

parte

actora

probó

haber

presentado

las

y

citadas

declaraciones, lo cierto es que las presentó con fecha veinte de mayo de dos mil diez, es decir con posterioridad a la fecha en que se emitieron las resoluciones recurridas, por lo que las multas impuestas se encuentran apegadas a derecho toda vez que la disconforme no demostró en el presente juicio que haya cumplido con sus obligaciones antes de habérsele requerido que cumpliera con las mismas y fue


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hasta después de notificados los requerimientos de obligaciones que cumplió con sus obligaciones fiscales. Lo anterior es así ya que como se advierte de los requerimientos de obligaciones

IDE2S20090179, IDEA20090216 e

IDEA20080423 todos de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, así como sus constancias de notificación consistentes en las actas de notificación IDE2S20090179, de fecha treinta de marzo de dos mil diez; IDEA20090216, de fecha treinta de marzo de dos mil diez e IDEA20080423 de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, (las cuales obran de la foja 117 a la 125 de autos), la hoy demandada concedió

a la contribuyente,

para dar cumplimiento con las

obligaciones señaladas en el mismo requerimiento, un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del referido requerimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, del Código Fiscal de la Federación vigente. De lo anterior tenemos que para el caso de los requerimientos de obligaciones IDE2S20090179 e IDEA20090216, y que fueron notificados el día treinta de marzo de dos mil diez, surtieron efectos el día treinta y uno de marzo del mismo año y el término de quince días concedido a la hoy actora comenzó a correr a partir del día uno de abril de dos mil diez feneciendo el día veintiuno de abril de dos mil

diez,

por

cuanto

hace

al

requerimiento

de

obligaciones

IDEA20080423, fue notificado el día cuatro de diciembre de dos mil nueve, surtió efectos el día siete de diciembre del mismo año y el término de quince días concedido a la hoy actora comenzó a correr a partir del día ocho de diciembre de dos mil nueve, feneciendo el día veintiocho de diciembre de dos mil nueve, por lo que en esta tesitura, está claro que la hoy promovente no presentó en tiempo sus declaraciones mensuales de dos mil nueve y anuales de los ejercicios . . . .


- 28 -

dos mil ocho y dos mil nueve, en materia del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y tampoco dio cumplimiento a los requerimientos de la autoridad de presentarlas en el plazo concedido para ello, ya que fue hasta el día veinte de mayo de dos mil diez, que presentó las multicitadas declaraciones, es decir con fecha posterior a la fecha en que se emitieron las resoluciones recurridas, por lo que se concluye que las multas impuestas se encuentran apegadas a derecho toda vez que la disconforme no demostró en el presente juicio que haya cumplido con sus obligaciones antes de que la autoridad le requiriera que cumpliera con las mismas, y menos aún haber cumplido con sus obligaciones en el término que la autoridad le concedió en los requerimientos de obligaciones. Así las cosas, al no existir agravio pendiente que resolver, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal

de

Procedimiento

Contencioso

Administrativo,

procede

reconocer la validez de la resolución administrativa contenida en el oficio 600-69-00-02-00-2011-0201, de fecha diez de febrero de dos mil once, emitido por la Administración Local Jurídica de Tlaxcala, a través de la cual resolvió el recurso de revocación número R.R. 138/2010, en la cual deja sin efectos los oficios MIDEA20080423, MIDEA20090216, MIDE2S20090179/7,

MIDE2S20090179/8,

MIDE2S20090179/9,

MIDE2S20090179/10, MIDE2S20090179/11 y MIDE2S20090179/12, todos de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50 y 52 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve: I.-

LA PARTE ACTORA NO PROBO SU ACCIÓN.


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II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCION CONTROVERTIDA, PRECISADA EN EL PRIMER RESULTANDO DEL PRESENTE FALLO.

NOTIFÍQUESE: Así lo resolvieron por unanimidad de votos los C.C. Magistrados que integran la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados, GILBERTO LUNA HERNÁNDEZ como Instructor y Presidente, DORA LUZ

CAMPOS

CASTAÑEDA,

y

ERIKA

ELIZABETH

RAMM

GONZÁLEZ, ante el C. Secretario Licenciado GILBERTO ARTURO GÓMEZ AGUIRRE, quien da fe.---------------------------------------------------L’GAGA

. . . .

diplomado  

trabajo en equipo

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