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BIZKAIA ELECCIONES FORALES 2015


ÍNDICE

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Calidad democrática Reforma de la LTH Fiscalidad Políticas feministas e igualdad Reparto del trabajo, Impulso económico y defensa de lo público Política social Calidad ambiental Biodiversidad, recursos naturales y protección animal Movilidad sostenible Ordenación del territorio Infraestructuras viarias Euskara, Cultura y deporte Memoria histórica y convivencia Cooperación y desarrollo


1.

Calidad democrática. 1.1. Instituciones de la ciudadanía, participativas y transparentes No queremos gobernar por delegación, sino con participación. La participación ciudadana se constituye en el eje vertebral y transversal de nuestra propuesta, que se fundamenta en el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia. Sin embargo, somos conscientes que para que la participación sea realmente efectiva tienen que darse al menos tres coincidencias:

Sin información no hay participación.

Sin poder de decisión no hay participación ciudadana efectiva

Sin poder de ejecución no hay políticas decididas por la ciudadanía. Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente, en el terreno del pro-común con la sociedad civil y trabajar para que la gente participe. Se trata de avanzar a una democracia participativa que ponga a la ciudadanía en el centro de la política y la economía y que posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas, en la ordenación del Territorio y en la gestión de los servicios públicos. Por todo ello, creemos que es necesario garantizar:

Solucionar los déficits democráticos y la opacidad de las Juntas Generales y de la Diputación Foral de Bizkaia.

Establecer y modificar democráticamente los mecanismos de consultas populares, Iniciativas Normativas Populares (INP) o referéndums para asuntos de trascendencia territorial a partir de las 5000 firmas. Transparencia y participación en las Comisiones de las Juntas Generales de Bizkaia.

Impulsar el uso de la página web como foro de participación y consulta ciudadana. Toda la actividad parlamentaria tiene que poder ser consultada y ser transparente.

Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos, que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos.

Fomentar la participación de la ciudadanía y de los trabajadores/as en los órganos de dirección de los organismos autónomos o empresas públicas.

Establecer mecanismos de iniciativa popular que posibiliten la revocación de diputados/as generales y/o forales por mala gestión, o incumplimiento no justificado del programa.

La creación de consejos o foros de participación de la infancia en donde niños y niñas entre 8 y 16 años elijan a sus representantes.

1.2. Bizkaia: Territorio limpio de corrupción


Medidas contra la corrupción: •

Instar al impulso de iniciativa hacia la aprobación de una ley integral y severa anti-corrupción en el marco de una verdadera Ley de Financiación de Partidos, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos o políticas imputadas y el abandono del cargo. Los y las corruptas tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales. Ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.

Instar al impulso de iniciativas hacia la Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Instar a la Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

Las contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas, cuyo funcionamiento será transparente, sus decisiones públicas y en las que participarán los y las representantes de todos los grupos forales. Sus componentes tendrán acceso a los expedientes de contratación.

Apostamos por una función pública profesionalizada, por lo cual se deberán limitar los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios, se favorecerá una carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad, generalizándose el sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos. Acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de puestos directivos de libre designación y con el ejército de asesores que rodea a los altos cargos, que supone la creación de administraciones paralelas.

1.3. Diputaciones Forales y Juntas Generales transparentes La información de las instituciones públicas debe ser accesible a la ciudadanía y, al mismo tiempo, las instituciones deben ser proactivas en el ofrecimiento y puesta a disposición de esa información para los ciudadanos: •

Uso de la página web para el fomento de la transparencia en la gestión, dando la más amplia información sobre la misma y en especial sobre compras públicas y ejecución presupuestaria.

Utilizar las nuevas tecnologías para aumentar la transparencia y la concurrencia en las contrataciones, publicando en el perfil del contratante todas las ofertas de contratación aunque no exista obligación legal, excluyendo tan solo las de adjudicación directa.

Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción y sólo podrá fundamentarse en razones muy específicas, como la seguridad nacional, la investigación de delitos, o la intimidad de las personas.


Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. La información se facilitará en formato abierto que permita su agregación y tratamiento.

Impulsar una e-Administración efectiva y facilitar la emisión en directo (vía “streaming”) de las sesiones y plenos celebrados. Celebrar los plenos a las tardes para poder garantizar la asistencia de público si lo deseara.

Auditoría de la deuda para localizar la deuda no legitima, si la hubiera, de la Diputación Foral de Bizkaia.

Publicidad en la página web de la diputación y en los medios de comunicación dando máxima difusión a las Ofertas Públicas de Empleo, tanto de las diputaciones como de los organismos y empresas relacionadas con ellas.

1.4. Participación ciudadana y transparencia Irabazi Bizkaia defiende la transparencia y una verdadera participación ciudadana que consiga aumentar el interés de la ciudadanía por la participación en aquellas cuestiones que le afectan directamente. Defendemos la búsqueda de herramientas innovadoras en las políticas públicas, con la participación directa de la población, orientadas al desarrollo humano y equitativo del territorio. Consideramos que es posible y necesario adoptar medidas encaminadas a que las políticas se decidan y apliquen con mayor participación de la población. Abogamos por avanzar hacia una verdadera transparencia y participación ciudadana, porque las peores políticas acaban siendo aquellas que parten de una elaboración distante respecto a la población afectada, algo que ha quedado demostrado. En este sentido, proponemos: •

Adaptación organizativa de la Administración foral y las Juntas Generales a las necesidades de la participación social y ciudadana. Reducción de los requisitos para la presentación de una Iniciativa Normativa Popular a 5.000 firmas (desde las 20.000 actuales) y obligación a su toma en consideración y debate en las Juntas Generales.

Vinculación de las decisiones del Pleno de Juntas a las actuaciones de la Diputación.

Modificación de la norma para evitar el déficit democrático que sufre el órgano de decisión de democracia representativa.

Ampliación de la transparencia en el funcionamiento de las instituciones: publicación de la información y acceso de la ciudadanía a los procesos previos y posteriores de decisión en las distintas instituciones.

Impulsar la elaboración de normas específicas de participación ciudadana que incluyan que todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo electoral puedan ser consultados directamente


sobre asuntos de su interés, y promuevan la consulta popular o referéndum de acuerdo con la legislación de régimen local. •

Desarrollo de una Comisión Especial en el primer año de mandato y en las Juntas Generales para elaborar un reglamento específico que regule la elaboración de presupuestos participativos.

Establecer mecanismos de control de la gestión y presupuesto de toda la Administración foral, de fácil acceso y comprensión para la totalidad de las personas.

Mejora de la publicidad de los acuerdos y la Diputación Forales para facilitar el control y la participación ciudadana.

Apoyo institucional al movimiento asociativo y vecinal, reconociendo su carácter de utilidad pública y facilitando recursos económicos y materiales para el desarrollo de sus actividades: convenios, infraestructuras, formación continua, soporte técnico, para fomentar tanto su actividad como la participación.

Apoyar institucionalmente el asociacionismo de mujeres y fomento de organizaciones con perspectiva de género, incluyendo especialmente la perspectiva de género en las políticas de desarrollo urbanístico y el territorio.

2. Reforma de la LTH Las elecciones municipales y forales de 2015 vienen marcadas por la grave crisis financiera y económica desatada en 2008 y de la cual todavía no se ve el final del túnel. A esta situación hay que añadir el fin de la burbuja inmobiliaria. El crecimiento desmedido del sector inmobiliario durante la última década, ha provocado un incremento de los ingresos de los ayuntamientos, que


ha dado lugar a que éstos estén prestando una serie de servicios a la ciudadanía para los que no se han definido ni las competencias ni su fuente de financiación. Las modificaciones fiscales regresivas, unidas a la crisis financiera, económica y del sector inmobiliario, han tenido como consecuencia una reducción drástica de los fondos para la financiación de los gastos corrientes de los ayuntamientos, y ha evidenciado la debilidad de un sistema que no es capaz de garantizar una financiación estable para los mismos, estando muchos de ellos en situaciones límite. La Ley de Territorios Históricos (LTH) está poniendo de relieve múltiples y graves deficiencias como el solapamiento administrativo y el sobredimensionamiento en estructuras administrativas, o los conflictos de competencias entre las distintas instituciones (Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos), ya que, en muchas ocasiones, hay tres administraciones diferentes destinando recursos para obtener el mismo fin, cuando esos fondos podrían dirigirse a otros ámbitos como la lucha contra el paro, el gasto social o la recuperación ambiental. En Irabazi consideramos imprescindible una revisión en profundidad de la LTH, que tenga por objetivo racionalizar y optimizar todos los recursos. El papel de las Diputaciones Forales debe reorientarse hacia la vertebración de sus Territorios y el apoyo a los municipios. Además desde Irabazi queremos impulsar la Ley Municipal Vasca ya que es un instrumento básico en la articulación institucional del territorio. Los Ayuntamientos son piezas clave para el desarrollo de políticas que aseguren el bienestar de las personas, al ser la institución cuyo contacto con la ciudadanía es más directo. Esta Ley debe garantizar para los Ayuntamientos amplias competencias en políticas económicas, sociales, culturales, energéticas o urbanísticas entre otras. También debe servir para impulsar la participación directa de la ciudadanía en los espacios de decisión municipal, a través de consultas populares, iniciativas legislativas, presupuestos participativos o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana. Aunque en el proyecto de Ley se contempla la inclusión de las instituciones locales en el Consejo Vasco de Finanzas, es necesario que se concrete la forma en la que se va a garantizar una efectiva financiación a los Ayuntamientos. El supuesto blindaje de sus competencias será papel mojado si no se permite a los municipios contar con los recursos financieros suficientes para ejercerlas. Desde Irabazi reclamamos una apuesta más valiente en favor del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, órgano de nueva creación que se configura como un mero ente consultivo. Es preciso dotarlo de capacidad de decisión, para que pueda velar por los intereses de las administraciones locales a nivel autonómico y foral.


Por todo ello, proponemos instar a la modificación de Ley de Territorios Históricos, siguiendo las propuestas de los puntos 2.1 y 2.2:

2.1. Propuestas de reforma competencial •

Reorientación del papel de las Diputaciones Forales hacia la vertebración de sus Territorios y el apoyo a los municipios.

Configuración de determinadas materias como exclusivas de la Comunidad Autónoma. Delegar en las Diputaciones el desarrollo y la ejecución de la legislación autonómica.

En el campo fiscal, al margen de los cambios normativos necesarios, los impuestos deben estar aprobados por leyes del Parlamento Vasco.

Traspaso de competencias hacia los Ayuntamientos, por ser éstas las instituciones más cercanas a la ciudadanía.

Estudio de las actuales empresas públicas y reestructuración de las mismas en función de los criterios de eficacia y eficiencia garantizando en todo caso el empleo.

2.2. Propuestas de reforma del sistema de financiación •

Proponemos redefinir el sistema de reparto por institución, que permita reducir las diferencias actuales entre territorios, y asegure una financiación suficiente a cada nivel institucional

Participación de los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas en pie de igualdad con Gobierno Vasco y Diputaciones, de modo que puedan opinar y decidir sobre el reparto de los fondos y las políticas generales del país. El nuevo modelo de financiación propuesto produce los siguientes efectos:

Los fondos disponibles por las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de cada Territorio serán similares y no dispares como ocurre en la actualidad; es decir, cualquier persona, independientemente de que sea alavesa, guipuzcoana o vizcaína podrá recibir los mismos servicios de las Diputaciones o Ayuntamientos, dado que estas instituciones dispondrán de una financiación per cápita similar, vía Concierto Económico.

El papel redistributivo en el conjunto de Euskadi debería estar representado por el Gobierno Vasco, que en este momento soporta la mayor parte de la tributación concertada, vía política de gasto.

2.3. Elecciones a Juntas Generales y la representación de las comarcas Desde Irabazi proponemos planteamos avanzar hacia un sistema de circunscripción única en las elecciones a las Juntas Generales. Ésta es la mejor garantía de proporcionalidad, igualdad del voto y representación de la pluralidad.


Por otra parte, no se puede eludir la reivindicación de que las comarcas tienen que ver satisfechas sus necesidades y de que sus demandas tienen que encontrar cauces institucionales adecuados. Por ello, consideramos imprescindible el fortalecimiento de las Mancomunidades y Consorcios Comarcales. Estas son entidades que, por su tamaño, pueden hacer frente a problemas para los que los Ayuntamientos son excesivamente pequeños, a la vez que garantizan que la voz de los municipios esté presente en la toma de decisiones fundamentales para el ámbito local.


3. Fiscalidad La fiscalidad en los tres territorios vascos ha sufrido una fuerte regresión durante las últimas legislaturas, estableciendo un sistema más injusto donde las grandes rentas y el capital han salido ganando frente al gravamen sobre las rentas del trabajo más bajas. Concretamente, durante la última legislatura y debido a la bajada de los ingresos derivadas de las reformas basadas en regalos fiscales del periodo 2007-2011, ha habido un intento de vuelta atrás con la recuperación de algunos tributos, como el impuesto de patrimonio, por el que Euskadi recaudaba todos los años en torno a 200 millones de euros (en la legislatura 2007-2011 fue eliminado) y que sin embargo, ha sido recuperado parcialmente a lo largo de 2012 y 2013 en los tres territorios. La presión fiscal en la CAPV es del 28,8% del PIB, y la media europea es del 38,4% (9,6 puntos de diferencia, que equivalen a 6.500 millones de euros al año) La situación fiscal descrita ha provocado por tanto que la parte más importante de los ingresos de la Hacienda Foral recaiga en los rendimientos del trabajo y en el IVA, perdiendo gran parte de la progresividad exigible a los tributos. Esta situación, unida a la crisis económica, ha derivado en una importante merma de los ingresos en las arcas forales, que se han visto obligadas a reducir sus presupuestos y recortar la inversión pública en bienes y servicios. Además, según datos de Gestha aportados en 2010, la economía sumergida en Bizkaia representa entorno al 20,7% del PIB, es decir, alrededor de 6.900 millones de euros que supone según la misma fuente un aumento de recaudación de 1.226 millones de euros anuales. Las propuestas de Irabazi en relación a la fiscalidad se resumen en: •

Reforma en profundidad tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades para recuperar la progresividad pérdida, unificando las bases imponibles del ahorro y del trabajo en una única e incrementado el número de tramos y los tipos a aplicar a las bases imponibles.

Revisar y eliminar las exenciones, reducciones y deducciones tanto del IPRF como del Impuesto de Sociedades. En esta línea, suprimir las deducciones por aportaciones a planes de pensiones y EPSV, así como limitar y modular en función de la base imponible la deducción por adquisición de vivienda habitual, de manera que las rentas más altas no se puedan aplicar dicha deducción.

Sustituir los beneficios fiscales (exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones… ) del Impuesto de Sociedades que en este momento sólo sirven para pagar menos por los beneficios y que no generan mayores recursos a la sociedad, por otros que tengan en cuenta el esfuerzo económico que hagan las empresas por conseguir un mayor beneficio social, defensa y protección de la salud, disfrutar de un medio ambiente adecuado, utilización racional de los recursos naturales, y mejora de la calidad de vida y la igualdad entre hombres y mujeres haciendo de ellos


un motor de cambio energético, medio-ambiental y social. Su justificación descansará en los principios de proporcionalidad, justicia y los principios rectores de la política social y económica. •

Elaboración de un plan de transparencia para el Departamento de Hacienda, que compatibilice el derecho a la privacidad del contribuyente con el acceso de la ciudadanía a la información fiscal.

Revisión de los regímenes especiales en el Impuesto de Sociedades.

Reducción de la obligación de tributar el IAE de 2 millones de euros a 1 millón aumentando así la capacidad de gravamen y recaudación de los ayuntamientos.

Crear un impuesto para las grandes fortunas y patrimonios que sustituya al impuesto de patrimonio.

Modificar el impuesto de sucesiones y donaciones para que quien más tenga pague más.

Controlar las ayudas al mecenazgo para evitar que se conviertan en una forma de evasión fiscal.

Búsqueda de una armonización fiscal entre los territorios vascos para evitar las deslocalizaciones con carácter fiscal. Recuperación de todas las subvenciones a las empresas que decidan no obstante deslocalizarse.

Mayores y mejores medios para luchar contra el fraude fiscal. Impulsando y apoyando una legislación común contra el fraude fiscal que incluya la tipificación de delitos fiscales comunitarios, perseguibles en cualquier país de la Unión, la prohibición de paraísos fiscales y una legislación armonizada sobre las operaciones financieras con el establecimiento de un impuesto sobre transacciones financieras. Aportando más recursos humanos y materiales en la lucha contra el fraude fiscal.

Abogamos por la eliminación de beneficios fiscales para cualquier tipo de confesión religiosa, incluida la Iglesia Católica.

Promover el estudio de una reforma integral del sistema tributario para implementar una renta básica universal y/o un sistema de Trabajo Garantizado.


4. Políticas feministas e igualdad La igualdad de mujeres y hombres sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra sociedad y las desigualdades existentes en todos los ámbitos entre los hombres y las mujeres no se superan. Las brechas salariales se perpetúan y el techo de cristal de las mujeres es muy difícil de superar, hay además, una feminización galopante de la pobreza. Asimismo, la violencia de género continúa siendo el exponente más execrable de las desigualdades de mujeres y hombres, por la cual 70 fueron asesinadas en 2014 por sus parejas o ex-parejas. Además, los últimos años de gobierno del PP han sido años de constante regresión en la lucha feminista. Las distintas leyes impuestas por el PP han dejado patente el cariz absolutamente patriarcal de su política y han supuesto agresiones fuertes a los derechos fundamentales de las mujeres, como el caso de la Ley del Aborto promovida por el ex-ministro de Justicia Gallardón que sólo la constante y sostenida en el tiempo movilización feminista ha sido capaz de parar. En este sentido, implementaremos medidas como la racionalización de los horarios, la puesta en marcha de programas de empleo y educación que garanticen un empleo digno, eliminando los estereotipos sexistas que reproducen la división sexual del trabajo, medidas que potencien la conciliación, la equidad y la corresponsabilidad asumidas en igualdad de condiciones por hombres y mujeres, con especial atención al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos han de ser acometidas desde una perspectiva transversal e integral en todas las áreas de intervención política. Las distintas leyes de igualdad, tanto la autonómica como la estatal, han mejorado el equilibrio de género en los parlamentos, a pesar de estar aún lejos de la paridad. No obstante, esa situación no se traslada a la hora de formar los distintos gobiernos o en el momento de designar a las personas para las diferentes comisiones sectoriales en los parlamentos o juntas generales, o a quienes presiden esas comisiones, perpetuándose el modelo patriarcal. En este sentido, creemos que hay que dar un paso más y superar el mero “equilibrio de género: 60/40” y apostar por la paridad real de género, adoptando medidas que promuevan la participación de las mujeres en aquellos ámbitos en los que esté infrarrepresentada. Durante estos últimos cuatro años, se ha avanzado en la elaboración de Planes de Igualdad tanto a nivel foral como a nivel municipal. Sin embargo, sigue pendiente la evaluación de la aplicación efectiva de dichos planes, así como la transversalidad de las políticas de igualdad. Sólo si se aborda desde todos los ámbitos será posible alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, disponiendo para ello de recursos económicos y humanos suficientes. Además, la falta de control sobre la puesta en marcha de Planes de Igualdad en las empresas privadas evidencia la falta de interés de los diferentes gobiernos en avanzar en la Igualdad real de género. En el caso de la CAV, el artículo 19 de la ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres, establece la obligatoriedad de elaborar informes de evaluación de impacto de género


en los anteproyectos de normas o actos administrativos, para el órgano administrativo que los promueva, y el artículo 20 señala el establecimiento de las medidas correctoras que se deriven del informe anterior. No obstante, estos artículos preceptivos no están siendo cumplidos, en muchos casos, por las Diputaciones Forales. Por lo tanto, consideramos que existe en la actualidad un amplio marco normativo que nos permite avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres, pero no se está aplicando en su totalidad, por lo que desde Irabazi proponemos las siguientes iniciativas:

4.1. Departamento para la igualdad de mujeres y hombres Defendemos la creación de un Departamento para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que coordine todas las directrices del Plan de Acción positivo Foral, que impulsará, entre otros temas, las siguientes cuestiones con partida presupuestaria propia: •

Asignación del 5% del total del presupuesto foral para políticas específicas para mujeres.

Creación de la figura de Agentes por la Igualdad.

Transversalizar feminismo y equidad de género en todas las políticas y en la propia gestión, comunicación e imagen, así como el total respeto a los colectivos LGTBI+.

Programas integrales de actuación socio laboral dirigidos a mujeres prostituidas, que aseguren su acceso en igualdad a todos los derechos sociales. Estas actuaciones en ningún caso favorecerán ni legitimarán a quienes comercian y se lucran con los cuerpos y las vidas de las mujeres (proxenetas, clientes, traficantes...).

Crear y dotar económicamente un fondo de pensiones impagadas (pensiones de alimentos y pensiones compensatorias).

La Diputación impulsará medidas para garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública y, en todo caso, a cargo de la Seguridad Social.

Exigir legalmente a los medios de comunicación que contemplen un estilo no sexista en sus emisiones y arbitrar los medios para no posibilitar que los entes privados y públicos comuniquen, anuncien o emitan programas, imágenes o artículos que potencien la discriminación y la violencia de género (desigualdad, explotación sexual, prostitución...), además de eliminar estas circunstancias de los entes públicos. Eliminar la inserción de publicidad institucional foral en esos medios mientras persistan dichas situaciones.

Promover la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de Planes de Igualdad en el entorno empresarial privado, donde más a menudo se vulneran los derechos de las mujeres (brecha salarial, falta de políticas de corresponsabilidad, segregación horizontal, techo de cristal) .

No se promoverán ni financiarán actos sexistas.

Se promoverán acciones positivas encaminadas a que los hombres asuman, en términos de corresponsabilidad, las medidas de conciliación laboral y familiar.


4.2. Diversidad sexual •

Se establecerán programas de formación y sensibilización con respecto a los colectivos LGTBI+ dirigidos a la judicatura, fiscalía y policía, con el fin de lograr una persecución penal eficaz de las actitudes contra la diversidad y libertad sexual, una mayor protección de las personas víctimas de estas agresiones y un trato libre de prejuicios por parte del equipo multidisciplinar de funcionarias y funcionariado.

Impulsar un Plan de Acción contra la discriminación por orientación e identidad sexual y de género, prestando especial atención a las personas LGTBI+, mayores, y un Plan de Lucha contra los crímenes de odio por LGTBI+fobia que incluya la personificación de la diputación en las acciones judiciales.

Impulsar un Plan de Apoyo a personas transexuales y facilitar la tramitación del cambio de sexo en documentos oficiales.

Incluir una tercera opción en la categoría de sexo en los trámites forales, para el reconocimiento de las realidades no binarias.

Se incluirán protocolos específicos para erradicar la violencia intragénero.

Fomentar el respeto en la propia gestión, comunicación e imagen a los colectivos LGTBI+.

4.3. Violencia de género Existen distintos tipos y formas de violencia contra las mujeres, pero todas tienen en común sus raíces en una situación estructural de desigualdad y subordinación en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres. Esta violencia vulnera la dignidad de la mujer y de los derechos Humanos. Se materializa de distintas formas que van desde la violencia física, sexual y psicológica -que incluye los malos tratos y la violación, el abuso sexual, el acoso y las intimidaciones sexuales en el trabajo o en cualquier otro lugar, el tráfico sexual de mujeres y la prostitución-, a la violencia mediática. Esta violencia que se ejerce contra las mujeres necesita una respuesta urgente y permanente de las Administraciones públicas, en general, y el amparo de todas las instancias gubernamentales en su debate y resolución, a fin de garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres. Este grave problema debe ser una de las primeras preocupaciones de la política foral vasca y, por ello, Irabazi Bizkaia propone: •

La creación de Centros Asesores por parte de la Diputación que presten un Servicio de atención jurídica y psicológica de carácter integral en coordinación con otras administraciones.

La creación de Casas o pisos de Acogida como una solución temporal para aquellas mujeres que decidan abandonar sus hogares con el fin de evitar seguir conviviendo con la persona que les maltrata y no tengan más remedio que abandonar su domicilio habitual, y la gestión pública de las mismas de ámbito local o comarcal.


La concesión de subvenciones y ayudas de emergencia específicas ante situaciones concretas, con disponibilidad inmediata sobre las mismas.

La creación de un Fondo en los presupuestos forales para el caso de incumplimiento de pagos de pensiones, dirigiéndose posteriormente la Diputación contra el incumplidor, en su calidad de responsable civil subsidiario.

La condena pública y de repulsa por parte de las Juntas Generales por violación de los Derechos Fundamentales ante agresiones de este tipo.

Una labor de sensibilización social dirigida a toda la población y, especialmente, a las mujeres que sufren cualquier tipo de malos tratos para que denuncien o busquen vías de apoyo e incidir en campañas de sensibilización y prevención al agresor.

Una labor de sensibilización y formación dirigida a las y los profesionales de los ámbitos implicados en este tema: judicatura, abogacía, personal sanitario, servicios sociales, profesorado y agentes de la Policía Municipal, con el fin de que puedan conocer las causas y la gravedad del problema, y actuar con mayor eficacia.

Plan Integral contra la violencia de género en coordinación con otras Administraciones públicas de ámbito municipal, autonómico y estatal, en el que estén implicados diversos servicios y sectores de la Administración (Fuerzas de Seguridad, sanidad, justicia, servicios sociales, empleo...).

Establecimiento de protocolos de seguridad para prevenir las agresiones a las víctimas de violencia de género.

Garantía de un salario de emergencia para aquellas mujeres maltratadas sin recursos y/o dependientes económicamente de su maltratador, incorporándolas a los programas de formación y/o reciclaje y reinserción laboral creados a tal efecto. Facilitar becas para el acceso a los cursos de formación profesional.

Programas de prevención de violencia machista en centros educativos, sociales y laborales.


5. Reparto del trabajo, Impulso económico y defensa de lo público La crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto que el sistema capitalista actual es incapaz de dar respuesta a las necesidades de la población, generando grandes desigualdades entre aquellas personas que tienen recursos propios para cubrir sus necesidades y quienes no los tienen, desigualdades que cada vez son mayores y hacen que existan en nuestra sociedad ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. Estos dos últimos años, con la excusa de la crisis, se han caracterizado por una obsesión de las administraciones públicas, gobernadas por PNV y PP, con la ayuda del PSE y en ocasiones con la connivencia de EH Bildu, por recortar tanto servicios públicos como ayudas sociales, criminalizando a las personas que las necesitan al establecer la sombra de la duda sobre las misma, en lugar de buscar formas alternativas para dignificar y mejorar la situación de estas personas. Esta actitud pretende hacer responsable a la ciudadanía de los desmanes de la banca y los mercados financieros, y así se han recortado derechos laborales conseguidos gracias a la lucha durante mucho tiempo de la clase trabajadora, como por ejemplo el derecho al descanso, retrasando hasta los 67 años la edad legal de jubilación, permitiendo a las empresas el despido de los y las trabajadoras con tan sólo una previsión de pérdidas, lo que de facto supone el despido libre o limitando los subsidios por desempleo o la caza de brujas iniciada por la derecha contra las personas perceptoras de RGI, entre otras cosas. Frente a este modelo que supone una agresión a la gran mayoría de la sociedad, es necesario cambiar el sentido de las prioridades y apoyar e impulsar otro modelo que ponga el centro de atención en lo local, de cara a alcanzar el pleno empleo. En Irabazi Bizkaia queremos implantar una economía sostenible y socialmente avanzada, que esté al servicio de las personas y su bienestar, que respete los límites del planeta, que incentive las iniciativas asociativas y cooperativas, empresariales, económicas y financieras comprometidas con los principios del empleo estable, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, la cooperación y la participación en redes. Los principales esfuerzos en promoción económica deben realizarse en el desarrollo del tejido económico existente, el reparto del empleo y en la promoción de nuevas iniciativas locales con los siguientes ejes:


Economía Social: Políticas económicas cuyo objetivo sea la igualdad social como forma de extender la democracia al ámbito económico y productivo y a la economía del cuidado.

Impulso de sectores económicos sostenibles, dentro de los nuevos yacimientos de empleo. Destacamos la rehabilitación de zonas urbanas degradadas, la rehabilitación energética de edificios, el desarrollo masivo de energías renovables descentralizadas, la recuperación y reciclaje de residuos, el impulso de la economía circular, cerrando el ciclo de las materias, la conversión de la industria militar, etcétera.

Entrada de capital foral en aquellas empresas consideradas "estratégicas" para el territorio que estuvieran en riesgo de cierre

Zonas rurales: agricultura sostenible, industria de transformación, ecoturismo, etcétera.

Mujer: priorización de las actividades que favorezcan la integración y la igualdad de condiciones de la mujer en el empleo y en la vida social y cultural.

Definición de unos criterios sociales a la hora de promover iniciativas privadas.

Vincular las ayudas a que el empleo sea estable y con derechos, a la limitación de las horas extraordinarias, al reparto del trabajo y al respeto de la igualdad entre géneros.

Tomar en consideración las condiciones ambientales de las actividades promovidas: certificación de normas 14000, ecoauditorías, y análisis del ciclo de vida de los productos.

Regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral para aquellos puestos y cuerpos en que existe escasa representación de las mujeres y/o hombres.

Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, a partir de las propuestas encaminadas a corregir la segregación ocupacional, la precariedad y la desigualdad salarial.

Suelo para actividades económicas que garanticen empleo estable en condiciones dignas y con respeto al medio ambiente.

Gestión cuidadosa y selectiva teniendo en cuenta que el suelo es un recurso escaso en una región densamente poblada y saturada como Bizkaia.

Completar los polígonos vacíos y los suelos calificados actualmente.

Utilizar el modelo de “polígono industrial”, compacto y concentrado, en vez del modelo de industrias dispersas o situadas anárquicamente a lo largo de las carreteras.

Utilización de indicadores de densidad mínima (para evitar el despilfarro de suelo) y máxima (para evitar la congestión).

Con carácter prioritario, rehabilitar y regenerar antiguos suelos industriales degradados para que puedan ser receptores de nuevas actividades.

Promover el reparto del trabajo con jornadas laborales de 35 (y 32 horas) y la conciliación laboral.

Impulsar en alquiler público y la rehabilitación de viviendas, utilizando entre otras, medidas fiscales.

Incrementar e impulsar el I+D+i y cumplir las condiciones de la Carta Europea del Investigador.


Apostamos por una defensa y labor didáctica desde la institución foral de la necesidad de una banca pública al servicio del interés general y no de intereses privados de la élite financiera. Proponemos la creación de nuevos bancos públicos, cuyo objetivo será facilitar el crédito a empresas y familias para desarrollar una economía real y sostenible creadora de empleo. Defenderemos el control público de Kutxabank y nos opondremos al proceso iniciado hace algunos años destinado a su privatización. Defendemos el papel de lo público en la economía, por lo que proponemos apoyar la remunicipalización de servicios privatizados estableciendo mecanismos que no perjudiquen a los trabajadores y trabajadoras de los actuales servicios privatizados, así como el control público de sectores estratégicos mediante Consorcios públicos. También introduciremos mecanismos de colaboración público-social (con cooperativas y empresas de la economía social) para la gestión de determinadas actividades y servicios, que no sustituyan a los servicios básicos de propiedad y gestión pública. Apostamos por el fomento del software libre en las instituciones. En este sentido, la Diputación y las empresas forales migrarán todos los programas informáticos para pasar a usar preferentemente software libre. Al mismo tiempo, las ayudas forales que tengan como objetivo el desarrollo de nuevos programas informáticos, estos se licenciarán como software libre. Programas de difusión del software libre en el territorio. Finalmente hay una serie de materias sobre las que la Diputación no tiene competencias pero sobre las que se puede posicionar políticamente. En este sentido nuestra posición en la institución se caracterizará por: •

Defendemos la escuela y la universidad públicas, laicas y de calidad como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Nos oponemos a la financiación con dinero público de la enseñanza privada y al adoctrinamiento religioso en horas lectivas.

Entendemos que la salud es un derecho y no una mercancía, por lo que defendemos un sistema sanitario público y universal. Nos oponemos a la privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Queremos unos Servicios Sociales públicos que garanticen la protección social, evitando los procesos de privatización, para prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión social desde unos servicios sociales públicos, universales y descentralizados.

Consideramos la vivienda como un derecho y proponemos que las administraciones ofrezcan parques públicos de vivienda en alquiler a precios asequibles. Exigiremos la dación en pago y el fin de los desahucios y prestaremos especial atención a las recomendaciones y reivindicaciones de plataformas de afectados por las hipotecas


Proponemos democratizar la Justicia y transformar su administración en un servicio público, transparente y ágil. Defendemos el derecho a la justicia gratuita como garante de igualdad ante la ley.

Queremos democratizar los medios de comunicación a través de leyes que garanticen un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios privados. Defendemos la promoción y el acceso a la cultura desde las administraciones públicas.


6. Política social La política desarrollada por las Diputaciones forales los últimos cuatro años ha perpetuado la gradual subcontratación de los servicios sociales que son de su competencia, lo que genera, en muchas ocasiones, condiciones laborales precarias que, a su vez, son fuente de numerosos conflictos laborales, con el consiguiente perjuicio en la calidad del servicio que las Diputaciones deben proveer. Con el actual modelo de servicios sociales, las Diputaciones forales ejercen y quieren seguir ejerciendo de cajero automático, es decir, una vez aprobados los presupuestos, repartir, a través de diferentes instrumentos (convenios, contratos o subvenciones…), esas cantidades, para que otros hagan su trabajo. Además, las Diputaciones forales vienen proponiendo que sean las familias y sus redes sociales quienes asuman el peso de unos servicios que debe proveer la correspondiente institución pública para garantizar la universalidad y el acceso en condiciones de igualdad de todas las personas a los mismos. En Irabazi defendemos que sean las instituciones las que asuman su responsabilidad y no dejen en manos de terceros la labor que les corresponde. Frente al modelo que proponen las Diputaciones forales, defendemos el desarrollo ágil e íntegro de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales que ha supuesto un antes y un después al reconocer el derecho subjetivo a los servicios sociales y el cumplimiento como mínimo de la Cartera de Servicios Sociales que ha tardado seis años en ser acordada, lo que obliga a las administraciones a garantizar la prestación de la totalidad de los mismos. Esto, a su vez, requiere que hay que garantizar una financiación acorde a las necesidades que se plantean. En ese sentido, hay que dejar claro que no existe un problema de financiación de los servicios sociales, lo que ocurre es que resulta más fácil cuestionarlos y no desarrollarlos que llevar a cabo una política fiscal progresista que tenga por objetivo que pague más quien más tiene, o una lucha decidida contra el fraude fiscal y contra la evasión de capitales vía paraísos fiscales. Nuestra formación defiende un modelo de servicios sociales de responsabilidad pública, que no encerrada en lo público, y que considera los servicios sociales como un derecho subjetivo, cuyo fin debe ser favorecer la integración en la sociedad de todas las personas independientemente de su capacidad económica, es decir justicia social y no solidaridad, además de permitir que desarrollemos nuestra vida de una manera autónoma en nuestro entorno más cercano. De esa manera, realizamos las siguientes propuestas:


Priorizar y establecer modelos de gestión directa que sean referentes para el resto de agentes que trabajan en el sector, tanto en la calidad de los servicios, como en las condiciones laborales del personal que los presta.

Desarrollar, de manera ágil e íntegra, la Ley 12/2008 de Servicios Sociales para garantizar el derecho subjetivo a los servicios sociales y garantizar con una correcta y suficiente financiación la Cartera de Servicios Sociales que deriva de esta ley.

Implicación directa y activa de la Diputación Foral en la negociación de todos los convenios colectivos de los sectores que trabajan en los servicios sociales y que son competencia de las mismas, garantizando en todos los casos la subrogación de las personas trabajadoras.

Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres y hombres en situación de marginación y exclusión social, así como a las personas de los colectivos LGTBI+ que se encuentren en dichas situaciones.

Equiparación de las condiciones laborales del resto de trabajadoras y trabajadores del ámbito de los servicios sociales con el personal propio de las Diputaciones forales.

La Diputación Foral deben garantizar en los presupuestos la prestación de los medios personales y materiales para asegurar la permanencia de las personas en su entorno el mayor tiempo posible. Para ello, es necesario modificar las condiciones de acceso al servicio de ayuda domiciliaria para que más personas puedan disponer del mismo.

Con el mismo objetivo de lograr la permanencia de las personas en su entorno, las Diputaciones Forales deberán garantizar los medios necesarios para que haya plazas suficientes en los centros de día.

Fomento de la Lectura Fácil en las comunicaciones de la Diputación, para hacer accesible a toda la ciudadanía aquellas informaciones que sean de mayor importancia. En este marco, Irabazi Bizkaia plantea como objetivo imprescindible para lograr todo lo anterior, la creación de una amplia red de servicios sociales públicos universales de atención especializada y con medidas de acción positiva para los colectivos más necesitados. En la medida en que son un enorme yacimiento de empleo, conllevan la necesaria coordinación y puesta en marcha de Planes de empleo forales, y son imprescindibles para que las mujeres tengan una ciudadanía de primera, con acceso en condiciones de igualdad al empleo y al conjunto del universo social, incluida la política. Todo lo anterior se ha de realizar junto con el desarrollo de planes y políticas de igualdad, basados en una concepción integral de los derechos de las personas y los colectivos, con el objetivo de garantizar su ejercicio al conjunto de la población: vivienda, trabajo, educación, salud, cultura, ocio, etc. Y por último, no podemos olvidarnos del estudio y creación de planes y políticas específicas, orientados a sectores de la población en situación de desigualdad (infancia, mayores, inmigrantes,...) o de exclusión social (ayuda a domicilio, casas de acogida, alternativas de reinserción,...).


6.1. Infancia Los niños y las niñas constituyen un colectivo particularmente sensible, sujeto de derechos específicos y de máxima prioridad. Por ello, es fundamental la protección de la infancia ante situaciones en que sus necesidades no están suficiente ni adecuadamente satisfechas, así como su participación activa en el ámbito social. En este sentido Irabazi entiende que es necesaria: •

La creación de consejos o foros de participación de la infancia en donde niños y niñas entre 8 y 16 años elijan a sus representantes.

Reforzar los equipos de intervención y apoyo a la infancia y a sus familias.

Priorizar la atención ante las situaciones de riesgo para la infancia. En este sentido, reforzar y ampliar la atención psicológica a menores.

Primar la prevención como estrategia fundamental frente a los problemas de malnutrición, abandono, abusos sexuales o malos tratos. Estudios de necesidades y programas específicos de actuación en zonas de riesgo. Para ello, es imprescindible un trabajo coordinado entre las administraciones con competencias específicas en este ámbito (educación, sanidad, servicios sociales, etc.).

Adecuar la red residencial para niños y niñas en situación de desprotección a las nuevas realidades, contemplando el fenómeno de menores extranjeros no acompañados.

Potenciar y reforzar el acogimiento no residencial de los y las menores en situación de desprotección.

Mejorar la situación laboral de quienes trabajan en los pisos de acogida, estableciendo cláusulas de subrogación en las concesiones y equiparando sus condiciones a la del personal propio de las Diputaciones.

Fomentar la formación del personal que trabaja en el ámbito de los y las menores en situación de desprotección.

Establecer suficientes pisos de emancipación (18-21a.) para las/os jóvenes tutelados y tuteladas por la Diputación, asegurándoles empleo y formación para una verdadera integración social.

Potenciar la formación socio-laboral de los menores extranjeros no acompañados (16-18 años) para su plena integración social.

Poner en marcha, durante el periodo de cierre de comedores escolares (Verano, Navidades y vacaciones de Semana Santa) de programas de alimentación y ocio educativo para las niñas y niños en contextos con riesgo de exclusión social.

6.2. Juventud La juventud padece directamente, la acusada presión excluyente y tendente a la marginación social propia de unas relaciones sociales mercantilizadas en extremo. El paro juvenil alcanza en el Estado a un 53,4% de las y los jóvenes, la tasa más alta de los países de la OCDE, y doblando con mucho la media de la UE que es de un 21%, lo que en muchas ocasiones fuerza a los jóvenes a ir en busca de trabajo a otros lugares de la Unión Europea donde hay mayores oportunidades de empleo, o en ocasiones a otros países no comunitarios. Desde Irabazi consideramos que es


urgente plantear medidas específicas para acabar de una vez por todas con la precariedad laboral de la juventud, que imposibilita que estas personas puedan llevar a cabo su proyecto de vida debido a las grandes dificultades -como el acceso a una vivienda-, que acarrea el no disponer de un empleo estable y con unas condiciones salariales y laborales dignas y con derechos. En la misma línea es inadmisible que la juventud tenga que salir a otros países para poder desarrollar sus carreras profesionales de manera digna, ya que esto hipoteca el futuro de la sociedad. Debemos invertir en la formación de las personas jóvenes, y evitar a toda costa que luego se vean forzados a salir de sus lugares de origen debido a la falta de empleo en los mismos. Por otro lado, las personas jóvenes se enfrentan a la incapacidad para desarrollar un proyecto de vida propio, generado por la precarización continua y absoluta de nuestras vidas, y el aprovechamiento que se hace desde el sistema de esa precariedad para aumentar los beneficios empresariales. Es hora de construir un proyecto emancipador para la juventud, que rompa con la discriminación, descansando sobre los pilares del empleo digno y con derechos, el acceso real a una vivienda digna, un acceso universal, público y gratuito a la sanidad y una educación laica, científica y de calidad, y el derecho a un ocio digno, no mercantilizado y participativo. Por todo ello, proponemos las siguientes medidas. 6.2.1. Fomento del empleo digno y con derechos Para el fomento del empleo digno y con derechos, es necesaria la creación de un Plan Foral de Empleo Juvenil que contengan tres ejes principales: el asesoramiento y acompañamiento en la creación de autoempleo, las ayudas a la contratación de larga duración y las ayudas al emprendizaje, teniendo siempre en cuenta las necesidades específicas de empleo y formación en las zonas de declive del Territorio, aprovechando de manera preferente la creación de nuevos puestos de empleo verde.

6.2.1.1. Asesoramiento y acompañamiento Apoyo a la incorporación de personas jóvenes desempleadas como socias cooperativistas en las empresas cooperativas, mediante la cofinanciación de su aportación obligatoria al capital social de la empresa. Apoyo financiero, fiscal, normativo, jurídico… para la creación de empresas cooperativas.

Potenciar el acompañamiento personalizado de la población desempleada para un acceso al mercado de trabajo, a través de los servicios de orientación, que habrán de garantizar una acogida y seguimiento integral en la trayectoria de la persona joven parada.

Generalizar y centralizar el asesoramiento a la juventud vasca sobre las diferentes subvenciones existentes para fomentar el autoempleo. 6.2.1.2. Ayudas a la contratación de larga duración y el autoempleo


Desarrollo de una línea de subvención destinada a potenciar la contratación de forma estable y con derechos de personas jóvenes paradas, supeditando las subvenciones al cumplimiento íntegro, por parte del contratante del contrato mínimo de 18 meses, siendo sancionado en caso de no cumplirlo con la devolución del 100% de la ayuda

Contratación directa de personal desde la Administración pública, en lugar de recurrir a empresas privadas de colocación o a la gestión indirecta.

Concesión de ayudas económicas para aquellas empresas que creen empleo juvenil por eliminación de horas extras o reducción de jornada.

Consensuar criterios y valores de acuerdo con el tipo de empleo, con las organizaciones sociales y sindicales, para el desarrollo de una normativa sobre la calidad del empleo juvenil (contratación, seguridad y salud en el trabajo....), vinculando las políticas fiscales y de subvención a los criterios de calidad del empleo juvenil.

Adopción de medidas fiscales favorables a la inversión en proyectos destinados al autoempleo y a la creación de primeras empresas dirigidas a jóvenes. Retraso, a su vez, en el pago de impuestos por parte de empresas creadas por jóvenes.

Elaboración de un informe en el que se identifiquen y analicen los nuevos yacimientos de empleo, así como las experiencias piloto ya puestas en marcha, en los cuales la Diputación Foral se comprometa a participar, subvencionar, y promover las iniciativas emprendedoras surgidas fruto de dicho informe.

6.2.2. Vivienda Gravamen a las viviendas vacías con el fin de movilizar el parque de viviendas vacías, en coordinación con los programas puestos en marcha por el Gobierno Vasco y los ayuntamientos.

Subvenciones y ayudas para el pago de alquiler a las personas jóvenes, de forma que no tengan que destinar más del 30% del sueldo al pago del alquiler de su vivienda.

6.2.3. Educación Asegurar mediante subvención la posibilidad de todas y todos los alumnos de estudiar en los territorios limítrofes, garantizando ayudas al transporte.

Promoción de los jóvenes investigadores y sus proyectos mediante la cooperación y la ayuda de la Diputación y la UPV/EHU.

6.2.4. Ocio, cultura y acción social Reconocimiento de figuras remuneradas en las asociaciones bajo convenio público.

Promover el acceso de la juventud a la cultura: precios especiales o gratuidad para las personas más desfavorecidas en conciertos, cine, teatro, etcétera.

Potenciar la red de albergues juveniles, talleres ocupacionales, campos de trabajo y otras actividades que posibiliten el contacto, respeto y conocimiento de la Naturaleza.

Crear fondos de ayuda económicos, técnicos, de infraestructura formación, etc. como apoyo a la iniciativa del asociacionismo.


Reforzar la red de equipamientos juveniles.

Fomentar actividades y experiencias plurales que posibiliten un ocio alternativo.

Plan general de inversiones en infraestructuras, materiales, recursos económicos y humanos para la formación, creación, producción, difusión y distribución de los diferentes tipos de actividades juveniles.

Posibilitar el acceso a la cultura también a los ámbitos geográficos y colectivos más desfavorecidos.

Creación y potenciación de programas de tránsito a la vida adulta de jóvenes mayores de 16 años y en situación de desventaja social. Accesibilidad a la información y asesoramiento en materia de salud, sexualidad y drogas.

Incentivar el asociacionismo (deportivo, tiempo libre, etcétera), facilitando el acceso de la juventud a locales públicos

• •

Gratuidad de todos los espacios culturales gestionados por la Administración. Mantenimiento del bono cultura

6.3. Colectivo de personas de más de 45 años Las personas de más de 45 años están sufriendo las peores de las lacras denunciables: el paro crece exponencialmente en este colectivo ante la desidia de las instituciones. Promover políticas activas de empleo para este colectivo, y en especial para las mujeres, es una asignatura pendiente que es necesario reactivar. Estas personas que en general tienen una amplia preparación y experiencia además de muchos años cotizados, debe ponerse en el centro de las políticas de empleo para su reinserción en el mercado de trabajo en condiciones dignas acordes a su cualificación. Sólo así podremos construir una sociedad sostenible donde el conocimiento revierte en la sociedad para ayudar a las nuevas generaciones.

Creación de un Plan Foral de Empleo para este colectivo.

Concesión de ayudas económicas para aquellas empresas que creen empleo para este colectivo por eliminación de horas extras o reducción de jornada.

6.4. Personas mayores dependientes La sociedad vasca es una de las sociedades más envejecidas de toda Europa a causa del aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad. Esta situación implica un reto importante para la red de servicios sociales que trabajan de forma específica con personas mayores. Es necesario ofrecer a estas personas la necesaria calidad de vida y bienestar que demandan. Irabazi considera que es necesario trabajar sin descanso hasta lograr que los derechos universales de las personas mayores se vean reconocidos. Por ello, proponemos: •

Posibilitar a las personas mayores las condiciones necesarias para que puedan permanecer en su hogar, disfrutando de una buena calidad de vida, al tiempo que se potencien los Centros de Día.


Apoyar a las personas mayores desarrollando una política de servicios adecuada, que garantice su integración en su propio entorno social.

Desarrollo de los servicios de ayuda a domicilio de carácter relacional e implantación de los mismos los fines de semana, festivos y vacaciones, atendiendo a criterios de proximidad y haciendo partícipe al usuario, de manera que se respete la preferencia del recurso asignado y el agrupamiento familiar.

Subvencionar en su totalidad las prótesis para aquellas personas que lo precisen y sus medios económicos les impiden adquirirlas.

Creación de más pisos tutelados para mayores con el fin de garantizar su autonomía personal a la vez que se garantizar una asistencia rápida y eficaz.

6.5. Diversidad funcional Irabazi considera que sólo la actuación decidida de los poderes públicos respecto a la problemática de la personas con diversidad funcional (psíquica, física o sensorial) puede garantizar su integración real. En este sentido, abogamos por: •

Exigir el cumplimiento de las leyes, decretos y normas que contemplen el empleo para personas discapacitadas en centros de trabajo, tanto públicos como privados, sin cortapisas ni ausencias.

Garantizar la colocación de personas con discapacidad considerados de difícil recolocación en empresas ordinarias, evitando que se generen empleos guetificados.

Garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a un puesto de trabajo, haciendo que se cumpla el 3% de empleo en igualdad de condiciones con el resto de las personas trabajadoras por parte de las instituciones públicas, y el 2% en el sector privado. No a la subcontratación en la plantilla y en caso de que haya subcontratación que se respeten los porcentajes legales también en ese caso.

Se garantizará, por norma foral, debido a la especial dificultad de su inserción laboral, que un tercio de los puestos de trabajo reservados a este colectivo lo sean para las personas con discapacidad intelectual.

Participación de los colectivos de personas con diversidad funcional en todos los foros en los que, directa o indirectamente, se proyecten medidas, soluciones o estudios de medio, hábitat, transporte o comunicaciones, con el fin de evitar o eliminar las barreras arquitectónicas. Analizar medidas para fomentar su participación también en otros foros en los que se definan otras políticas, como educación, cultura, participación ciudadana...

Establecer prestaciones y ayudas económicas suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de todas las personas con discapacidad a las que se les impide la actividad laboral, o se encuentran en paro involuntario.

Denunciar y poner medidas para evitar la doble marginación que sufren las mujeres con discapacidad por su condición de mujer y padecer una discapacidad.

En colaboración con otras instituciones públicas y entidades sociales, incrementar la oferta de plazas en talleres ocupacionales y Centros Especiales de Empleo para personas con


discapacidad, donde se establezcan medidas para dignificar sus condiciones de trabajo, aplicando las normativas de los convenios sectoriales en los que desarrollan su actividad o, en su caso, con convenios de empresa que lo garanticen. •

Garantizar plazas en centros de día, pisos tutelados y residencias para todas las personas con diversidad funcional en situación de dependencia que las soliciten.

6.6. Personas migradas El eje fundamental de nuestra política pasa por el reconocimiento de los derechos de las personas inmigradas optimizar las actuaciones institucionales para mejorar la convivencia y el reconocimiento de la diversidad en nuestra sociedad. La sociedad vasca tiene una gran capacidad de acogida, pero es necesario desarrollar importantes políticas públicas de sensibilización para evitar los riesgos de una xenofobia que está atenazando a la sociedad en general. Para lograr este objetivo, realizamos las siguientes propuestas: •

Apostamos por la elaboración de una agenda de integración social, de personas migradas. y refugiadas, flexible y que pueda adaptarse a los cambios. Incluir a las asociaciones y organizaciones del sector en el diseño, esta debe ser una agenda coordinada con otras áreas como igualdad, infancia, empleo, etc...

Trabajaremos para lograr una interculturalidad como modelo de integración, por el respeto a la pluralidad cultural y social de nuestra sociedad y la adhesión como principio rector uniforme a los valores señalados en las diferentes declaraciones de derechos humanos.

Desarrollaremos campañas periódicas de sensibilización en los medios, que fomenten la cohesión social en detrimento de mensajes excluyentes y xenófobos, en clave ciudadana.

Haremos accesible la información sobre las posibilidades de votar, y fomentar la creación de convenios de reciprocidad con los países de origen

Fomentaremos el asociacionismo y la creación de espacios de gobernanza y diálogo sobre temas que les afectan directamente, así como participación en foros diversos para incluir la perspectiva de la diversidad cultural y religiosa.

Diseñaremos un acompañamiento eficaz a jóvenes no acompañados, ex Mena, para favorecer su inserción social superados los 18 años. Incluyéndolos en los programas de Juventud.

Facilitaremos la coordinación con otras administraciones, el acceso a la vivienda digna, punto básico para garantizar una protección social real.

Trabajaremos para erradicar el sinhogarismo.

Diseñaremos propuestas para las hijas e hijos de personas migradas, a fin de acompañar su desarrollo personal y ciudadano.

Junto con el desarrollo de empleo sostenible, diseñaremos mecanismos de certificación para aprovechar el conocimiento en diversas materias de las personas extranjeras residentes en Bizkaia


7. Calidad ambiental Para Irabazi Bizkaia las cuestiones sociales, económicas y medioambientales están ligadas. Es necesario reorientar nuestras formas de vida, de producción, distribución y consumo. Exigimos acuerdos de máximos en las normas ambientales tanto en el Parlamento Vasco como en los tres territorios y en los Ayuntamientos, que tengan por objeto garantizar la biodiversidad para las generaciones venideras. La solidaridad en el tiempo, con las generaciones que nos seguirán, y en el espacio, sin generar deudas a otros territorios, debe ser un mandato en las políticas ambientales. Proponemos la reforma ecológica de la fiscalidad superando el principio de que “quien contamina paga”, exigiendo desde lo local a la UE que puede y debe establecer las leyes y directivas europeas que garanticen que no se produzca la contaminación, persiguiendo penalmente y no sólo económicamente a los culpables. Instando desde las Juntas Generales y los Ayuntamientos a las Fiscalías de Medio Ambiente y a los Tribunales de Derechos Humanos a que utilicen la amplia legislación sobre este tema y se constituyan herramientas. Asimismo, hemos de tomar en consideración tanto el coste de extracción como el coste de reposición de los recursos naturales e incluir la “huella ecológica”, o huella de deterioro ecológico, para facilitar el control de la evolución positiva o negativa de la sostenibilidad. Irabazi apuesta por una economía sostenible. Hemos de trabajar un marco básico de economía sostenible, que tenga entre sus retos el de poner en pie una economía que atienda a los límites biofísicos del planeta. Ello implicará la introducción de otro tipo de “contabilidades” que trasciendan las de carácter especulativo y generador de plusvalías, midiendo los flujos de materiales y energía con el fin de minimizar su acción sobre la biosfera. Se tiene que poner fin al mito del crecimiento como objetivo y sustituirlo por el de satisfacción de las necesidades que habrán de ceñirse a las disponibilidades materiales y energéticas del entorno, este objetivo deberá ser alcanzado desde lo local. Este modelo de desarrollo económico ha de ser social, económica y ambientalmente sostenible y esto pasa por impulsar distintos sectores, alejándonos del monocultivo del sector servicios, definiendo la intervención pública en los sectores agroalimentario, energético e industrial, del sector cuidados, de las nuevas tecnologías, etc. Hemos de empezar a construir entre todas y todos un modelo de desarrollo que socialice la toma de decisiones, implicando a

los pueblos y comarcas en el diseño y puesta en marcha de


propuestas de desarrollo económico sin comprometer los recursos de las generaciones venideras ni generar dinámicas de empobrecimiento de otras partes del mundo. El pasado industrial de nuestro territorio ha dejado gran cantidad de tierras contaminadas, algunas de las cuales todavía no han sido tratadas. Es urgente emprender la descontaminación de estas tierras y la restauración de su entorno a su situación original. La inversión ha de planificarse de manera que sirva para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y temporal, de la misma manera que incluya la democratización en el uso de los recursos y los medios de producción. El modelo económico basado en la especulación y el consumismo trae perjuicios ambientales, de salud, sociales y económicos, no dudando en lanzar injustas y costosas guerras, con el objetivo de someter a un saqueo brutal de recursos humanos y naturales a los países. En Euskadi hemos superado nuestro límite de huella ecológica, estamos consumiendo varias veces las posibilidades de renovación natural de nuestro territorio. Y traspasamos esta huella ecológica a los países del tercer mundo, de varias formas: explotación de recursos mineros, agrícolas, compra de terrenos, cementerio de desechos tóxicos. Tenemos la obligación de reflexionar y proponer un modelo totalmente diferente de desarrollo, que pasen por una nueva agenda de política ambiental

7.1. Gestión de residuos Irabazi Bizkaia defiende sistemas alternativos a la incineración, que supongan un incremento mayor de las cantidad de residuos que se reutilizan, dado que quemar aquello que puede ser reutilizado es la gestión más insostenible que se puede hacer de los mismos. En estos últimos cuatro años se han puesto en marcha distintas modalidades de sistemas de recogida de residuos urbanos que han demostrado que sólo mediante la separación en origen de los mismos es posible alcanzar niveles superiores al 60%. En ese sentido, las tres prioridades de Irabazi Bizkaia son, en este orden: reducción, reutilización, reciclaje, por lo que apostamos por: •

La obligatoriedad de las recogidas selectivas de residuos en origen, siendo esta la forma más eficaz de comenzar el correcto tratamiento de los residuos.

Por otra parte, hemos de seguir insistiendo en el impulso a la Estrategia Residuo 0: recogida selectiva en origen (orgánico vs resto, recogida separada en fracciones), compostaje de calidad, centros locales de reutilización y reciclaje, investigación e incidencia en fracción no reciclable, incentivos fiscales.

Tratamiento de los residuos en las zonas más próximas posibles al lugar donde se generan, como forma de concienciación.

La recogida selectiva no se debe limitar al cartón, el vidrio o los envases y embalajes. La separación en origen de la materia orgánica, para su posterior biometanización y compostaje


(para lo cual debe buscarse mercado al compost más allá del pequeño territorio de la CAPV), es el paso fundamental que permitiría recuperar la mayor parte de los materiales. •

Promover la homologación de los materiales recuperados para su reintroducción en los circuitos productivos.

No a la incineración ni a la utilización de los residuos (papel, cartón, neumáticos, aceites) en instalaciones de combustión. Se hacen necesarios cambios legislativos y normativos para recuperar una jerarquía de gestión de los residuos encaminada a la sostenibilidad, a la protección de la salud y a la generación de empleo que cierre la opción a la incineración de residuos, llamada de manera engañosa "valorización energética".

Consideramos fundamental un tratamiento fiscal diferenciado desde las Diputaciones, que penalice incineradoras y vertederos frente a sistemas de recogida y tratamiento de residuos que apuesten por el reciclaje y la reutilización.

Educación ambiental: proponemos extender la educación ambiental no sólo a las escuelas, sino a todos los ámbitos, como medida preventiva que favorezca la concienciación social sobre la sostenibilidad, el intercambio de información sobre recursos, experiencias, programas y materiales didácticos, así como la recogida y difusión de datos para cubrir de modo eficaz las necesidades de información en cuanto a educación ambiental.

Aumentar los Garbigunes o Depósitos Alternativos de Residuos, de forma que sean accesibles a pie para el conjunto de la población y más accesibles también a pie de calle, promoviendo un servicio de recogida a domicilio.

Gestión pública de las actividades de recogida, clasificación y comercialización de los materiales recuperados. Colaboración con asociaciones y organizaciones de recuperadores basadas en la economía social.

Compra de materiales reciclados y reutilización desde la Administración pública.

Poner en práctica planes de sensibilización y formación de los ganaderos vascos en torno al correcto manejo y gestión de purines y residuos generados en las explotaciones ganaderas.

Apoyar y financiar la implantación de sistemas de gestión de envases retornables frente a los actuales sistemas de gestión de envases y embalajes, cuya existencia no ha implicado una reducción en la cantidad de residuos producidos, ni la retirada del mercado de envases y embalajes superfluos o de un solo uso.

Apoyar todas las iniciativas públicas y privadas dirigidas a reutilizar bienes, objetos y utensilios, mediante reparación, mercados de segunda mano o establecimientos de trueque y donación.

7.2. Uso eficiente del agua


Una administración eficiente del agua debería cumplir las siguientes condiciones: suministro de agua potable en cantidades adecuadas para las poblaciones, tanto rurales como urbanas; prevención del despilfarro y la contaminación; medidas para controlar la disminución de los recursos, así como purificación del agua y control de la contaminación, a través de las siguientes medidas: •

Gestión comarcal del abastecimiento y la depuración.

Programas integrados de gestión de la demanda de agua, en vez de construir nuevos embalses. Reducción de consumo.

Mantenimiento de la red para detectar fugas y evitar pérdidas.

Política de precios que incentive el uso eficiente.

Campañas informativas para promover un uso y consumo más sostenible del agua.

Tasas ambientales según el grado de contaminación del vertido. Vigilancia y control riguroso de vertidos.

Aumentar el ritmo de inversión en saneamiento y depuración para adecuarse a la normativa europea.

Depuración en origen de las aguas industriales. Separación de las aguas industriales, de las residuales domésticas y del agua de lluvia, pues su tratamiento es diferente. Reutilización de aguas residuales para riego.

Tratamiento integral del ciclo del agua mediante la renovación de los sistemas de abastecimiento y la generalización del sistema separativo de saneamiento. Reducción de la carga de depuración del sistema fecal y recuperación rápida de los caudales ecológicos.

Descentralización de las instalaciones de potabilización y depuración. En zonas rurales, uso de tecnologías blandas y sencillas de mantener.

Limpieza y restauración de cauces fluviales, manteniendo la vegetación original y evitando encauzamientos.

Prevención de la contaminación: protección de las aguas superficiales y de los acuíferos. Uso sostenible de estos últimos.

Eliminación de la mayor parte de las presas y azudes del cauce del Cadagua, para evitar inundaciones y facilitar el tránsito de la fauna piscícola.

7.3. Estrategia Energética El modelo energético de Irabazi es de generación y consumo en cada municipio o comarca, generación y consumo distribuido en el territorio frente al modelo concentrado habitual. En nuestro modelo no hay necesidad de grandes centrales de generación eléctrica, ni de grandes empresas energéticas, de electricidad, gas o petróleo, ni de grandes redes de transporte. Defendemos la recuperación por parte del Estado de un sector público energético adecuado donde los municipios tienen un gran papel. Consideramos que debe ponerse en pie una política


energética basada en la consideración de la energía como un bien público universal y no como una mercancía. Por eso proponemos: •

Planes de eficiencia energética y energías renovables (especialmente solar, tanto térmica como fotovoltaica) en los edificios de la Administración foral y las entidades locales.

Elaboración de un plan de soberanía energética en el territorio, basado en el ahorro, la eficiencia energética, y las energías renovables distribuidas en manos de la ciudadanía.

Planes descentralizados desde los municipios, con auditorías energéticas.

Desarrollo controlado de la energía eólica. Reconsideración de la programación sectorial de la energía eólica, en función de su compatibilidad con la defensa integral de los valores naturales y medioambientales del territorio. Fomento de la minieólica en entornos urbanos, integrada en edificios y en parques urbanos.

Estimamos necesario aumentar la inversión en I+D en el campo de las energías renovables: almacenamiento, undimotriz y otros sistemas de energías renovables

Declaración de Territorio no Nuclear, prohibiendo el tránsito de materiales radioactivos. Cierre inmediato de la central de Garoña.

Pedimos que Euskadi sea declarada zona “libre de fracking” y rechazamos la desmedida campaña de prospecciones petrolíferas en las costas europeas.

Impulsar la creación de un tejido empresarial que nos convierta en líderes tecnológicos a nivel mundial, estableciendo convenios con la Red de Centros Tecnológicos de Euskadi y con el Automotive Intelligence Center (AIC).

El 100% de la energía que consuman las administraciones y empresas públicas en sus sedes y organismos ha de ser de origen renovable. Realización de un plan de ahorro y eficiencia energética para estas sedes, que se autofinancie con los ahorros que se vayan generando, mediante un fondo de eficiencia.

Potenciar instalaciones fotovoltaicas ubicadas en superficies ya construidas.

Puesta en marcha de plantas de "district heating" en las nuevas urbanizaciones de municipios de los valles de Arratia, Duranguesado, Mungialdea y Urdaibai.

Adjudicación del suministro eléctrico de instalaciones forales a cooperativas energéticas sin ánimo de lucro, introduciendo cláusulas sociales en los contratos de suministro.

Apoyo a los planes de rehabilitación integral de los cascos históricos de los municipios, subvencionando las actuaciones de eficiencia energética y las de accesibilidad, a través de instrumentos financieros ligados a la figura legal de las Áreas de rehabilitación Integrada (ARI).

• •

Conseguir que la demanda energética de la industria disminuya un 30% para el 2019. Reducir gases de efecto invernadero hasta el 95% en el horizonte del año 2050, y hasta el 40% para el año 2020.


8. Biodiversidad, recursos naturales y protección animal 8.1. Biodiversidad Nuestros territorios deben considerar los recursos naturales como bienes de la humanidad, por lo que no pueden estar sujetos a sobre explotación ni a derechos de propiedad intelectual ni patentes. Irabazi promoverá criterios y objetivos para la conservación del patrimonio natural en la ordenación del territorio y urbanismo, agricultura, ganadería, pesca, turismo y transporte, entre otros. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son los principales problemas ambientales a los que se enfrenta la población mundial, y se agravarán si no se toman las medidas oportunas. Desde Irabazi proponemos la instauración de Normativas en las Diputaciones y Ayuntamientos sobre Diversidad que recojan los datos de análisis de la Estrategia Europea sobre Diversidad 2020 y el tercer informe sobre Perspectiva de la Biodiversidad de Naciones Unidas (GBO3), que dan una visión de la pérdida continua de biodiversidad y contemplen entre sus directrices las siguientes: •

Incluir la biodiversidad en todas las políticas sectoriales, especialmente energía, agricultura, pesca, silvicultura, transporte, turismo y ordenación del territorio, como elemento transversal que debe limitar la acción cuando se convierta en amenaza.

Desarrollar Planes de Acción Territoriales contra las especies exóticas invasoras. Analizar alternativas a la muerte en el caso de especies animales invasoras.

Crear mesas sobre la biodiversidad con todos los niveles competentes de la Administración para coordinar y mejorar la planificación, evitando dispersiones e incoherencias.

Implicar los movimientos sociales y ciudadanos, no solo económicos, en la salvaguarda y mejora de la biodiversidad.

Promover investigaciones para mejorar el conocimiento de la diversidad biológica.

Regular el acceso a los recursos genéticos reconocidos como derechos soberanos por parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y asegurar que los usuarios de recursos foráneos cumplan con las normas de acceso de los países de origen, protegiendo la diversidad local.

Apostar por la implantación y ampliación de la red de espacios naturales “Natura 2000”, fomentando su utilidad para la protección territorial, incorporando la protección frente a los riesgos naturales, la gestión integrada de cuencas fluviales. Impulsar la restauración y recuperación de áreas naturales y ecosistemas degradados.

Someter las actividades agroganaderas, silvícolas y de pesca a controles que remedien la sobreexplotación de recursos, fomentar usos y técnicas respetuosas y eliminar toda subvención a actividades no sostenibles.

Adoptar el principio de precaución asegurando que todos los procesos productivos, servicios e investigaciones se sometan a controles previos que eviten su acción nociva sobre los seres humanos y demás seres vivos.


Imposibilitar la construcción de infraestructuras en zonas sensibles o vulnerables para la biodiversidad. Es necesario vincular especies con ecosistemas para desmontar argumentos en áreas con presencia de especies protegidas en las que se infravalora esta cuestión. Imposibilitar la construcción de urbanizaciones e intervenciones no necesarias, en zonas sensibles o vulnerables de ENP, Red Natura 2000 y paisajes singulares y culturales, así como en la Áreas no Protegidas de Interés, como los Hábitats Naturales de Interés Comunitario o las Áreas Importantes para las Aves (IBAs).

Garantizar un porcentaje de los presupuestos para la investigación, sensibilización o la adecuación ecológica de algunas actividades económicas.

8.2. Agricultura y medio rural La legislación medioambiental y urbanística del País Vasco, a través de las DOT (Directrices de ordenación del Territorio), los PTP (Planes Territoriales Parciales) y los PTS (Planes Territoriales Sectoriales) no favorecen la preservación del medio rural y de los suelos más aptos para la agricultura. El modelo urbanístico vasco es predador de los suelos rurales, especialmente de aquellos que rodean a los pueblos y ciudades. Las protecciones que establecen los PTS sobre los recursos naturales, agroganaderos y silvícolas están supeditadas a los objetivos urbanísticos de los PTPs y los planes generales de ordenación urbana de los municipios. Esta situación hace que el precio del suelo rural deje de estar fijado por su capacidad agrícola para pasar a ser regulado por sus posibilidades urbanísticas. Los ejes prioritarios son el mantenimiento del empleo agrario y el respeto al medio ambiente. Por estas razones, por su valor cultural y como factor de ordenación del territorio, la agricultura debe considerarse un sector estratégico. De esa manera, planteamos las siguientes propuestas: •

Defensa del suelo agrario desde la Ordenación del Territorio y el planeamiento municipal. Realización de Inventarios que cataloguen todo el suelo y establezcan las Unidades Agrológicas a mantener prioritariamente por su calidad y continuidad territorial.

Elaboración de un plan de soberanía alimentaria para el territorio.

Mejorar el funcionamiento del Fondo de Suelo Agrario de Bizkaia para facilitar el acceso de las personas jóvenes y para viabilizar explotaciones de dimensión insuficiente.

Apoyo técnico, financiero y de tierra a jóvenes. Fomento del asociacionismo.

Agricultura biológica, más intensiva en empleo que la convencional. Apoyo técnico y financiero. Campañas divulgativas entre el público en general para desarrollar la demanda de este tipo de productos.

Elaboración de planes de gestión sostenible de las masas forestales de titularidad pública, destinados a la producción de biomasa (astilla y pellets). Adjudicación de la explotación a cooperativas formadas por personas desempleadas de la comarca.

Plan de sustitución de las especies forestales de crecimiento rápido (eucalipto, pino) por especies de alto valor maderero (castaño, cerezo, roble) sobre todo en la comarca de Enkarterri.

Planes e incentivos para la generación de un sector ganadero más respetuoso con los animales.


Creación de un sello de ganadería y agricultura ecológica de Bizkaia que, con el apoyo de la Diputación de Bizkaia garantice el acceso de estos productos a los circuitos comerciales. Facilidades para la promoción y establecimiento de puesto en Mercabilbao.

Moratoria a los cultivos modificados genéticamente hasta que no exista mayor evidencia de su inocuidad. Ecoetiquetaje obligatorio.

Espacios naturales protegidos: establecimiento de zonas periféricas de protección para evitar la urbanización inducida en el borde de los parques naturales.

Integración de los espacios naturales en los planes comarcales de desarrollo sostenible. Participación de las comunidades locales en la gestión de los espacios protegidos.

Creación de una red de corredores ecológicos que comunique los diferentes espacios y posibilite el intercambio genético. Planes de recuperación de las especies amenazadas.

Evitar la creación de “islas” naturales a donde se dirige toda la población (efecto diana). Protección a diversos niveles de todo el medio, no sólo de los parques naturales.

Caza y pesca: eliminación de subvenciones públicas a estas prácticas lúdicas. Aumentar el control sobre las condiciones en que se ejercen. Prohibición de la caza en espacios naturales protegidos y en la reserva de la biosfera. A la hora de abordar el futuro de la actividad agro-ganadera en Bizkaia, no se puede marginar el análisis de la situación de la mujer en este ámbito. Irabazi considera que uno de los objetivos principales debe ser la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los caseríos, contemplando la puesta en marcha de acciones positivas que favorezcan el reconocimiento de la labor realizada por dichas mujeres, tanto en el ámbito productivo como reproductivo, y que carece del suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y reflejo social por cuanto no trasciende del ámbito doméstico, perpetuando su invisibilización. Con ese objetivo, impulsaremos:

Promover una modificación de la Ley de Política Agraria que posibilite la cotización a la Seguridad Social al 50% para el cotitular de la explotación agraria.

Elaboración de un censo de mujeres baserritarras.

Elaboración de un estudio sobre las necesidades de las mujeres rurales, con perspectiva de género y evaluaciones periódicas de la implementación de mejoras.

Inclusión en los programas educativos de las escuelas agrarias la formación en igualdad, tanto para profesores y profesoras como para alumnos y alumnas.

Garantizar el servicio integral de sustituciones en las explotaciones agrarias.

Implicación de la administración foral para dar a conocer, de manera directa y cercana, los servicios sociales de los que pueden disponer las familias que viven en el medio rural.

8.3. Montes Defendemos una gestión forestal sostenible que proteja el suelo, el bosque, la biodiversidad y los paisajes: •

Repoblación forestal con especies autóctonas y eliminar las ayudas a la plantación o explotación de especies de crecimiento rápido.


Considerar las distintas funciones y usos de los bosques, no sólo el aprovechamiento maderero.

Conservación de prados y bosquetes con seto vivo. Incrementar los recursos destinados a desbroces, podas y limpiezas de matorral.

Creación de empleo en recuperación y conservación por medio de los Ayuntamientos.

Respetar rigurosamente las zonas legales de servidumbre en ríos y arroyos, plantando las riberas y márgenes con especies autóctonas.

Controlar los montes de propiedad privada para garantizar su conservación.

Determinar los espacios con interés general cultural, social, de ocio o medioambiental, utilizados por las personas para el disfrute, con el objetivo de declararlos zonas libres de actividad cinegética y que, por lo tanto, se eliminen los puestos de caza de dichas zonas.

8.4. Protección animal El respeto que debemos hacia nuestros recursos naturales ha de extenderse también a los animales que comparten nuestro hábitat. Para ello: •

Elaboramos leyes que protejan a los animales y estableceremos los mecanismos de control necesarios para su cumplimiento.

La Diputación de Bizkaia se personará como acusación en los casos de maltrato animal y se hará cargo de los animales afectados, derivándolos a centros de cuidados/recuperación. Caso de ser necesario, se crearán nuevas plazas en los centros existentes. Fomento de la adopción de animales que han sufrido maltrato.

Crearemos iniciativas para promover el respeto hacia los animales mediante la educación y sensibilización para una sociedad sin violencia contra los animales.

Impulsaremos la abolición de festejos y espectáculos que conllevan sufrimiento tanto físico como psicológico de los animales.

Beneficios fiscales a las empresas de alimentación y vestido que no utilicen productos animales, así como para aquellas que no experimenten con animales sea cual sea su sector de actividad, con el fin de fomentar modos de vida libres de sufrimiento animal.

Gastos veterinarios de esterilización deducibles de los impuestos. El elevado número de perros y gatos abandonados, así como el gasto (público y privado) que esto supone, se debe en gran medida a la no esterilización, ya que de llevarse ésta a cabo de forma sistemática el número de animales abandonados sería prácticamente nulo.

Creación de un impuesto del 55% sobre la compra de animales de compañía, con el triple objetivo de desincentivar estas transacciones, potenciar la adopción y financiar a las asociaciones protectoras de animales. De esta manera se contribuiría a evitar el 30% de abandonos que provienen de la compra compulsiva, apoyando al tiempo el mantenimiento de la recogida de animales abandonados, el cuidado de las colonias de gatos callejeros, la esterilización de los animales y la puesta en adopción de los recogidos, tanto por las administraciones públicas como por las asociaciones protectoras.


Prohibición de la cría de camadas a particulares, sólo se permitirá dicha cría a personas físicas o jurídicas que posean título de criador homologado, dispongan de un código ético al efecto y la oportuna certificación del control de las características de las diferentes razas, con el fin de impedir la transmisión de enfermedades hereditarias.

Ante el elevado número de animales que son sacrificados cada año, se fomentará la creación de una “Ley reguladora de la eutanasia de animales”, para que sea solo aplicada para poner fin a su sufrimiento y cuando no haya más alternativas.

Hacer factible que los animales de compañía permanezcan con sus propietarios, en los supuestos de ingreso de éstos en residencias para mayores, o en casas de acogida para mujeres maltratadas.

Fomentaremos dietas sostenibles, ecológicas y libres de productos de origen animal. Los informes de la ONU (2010) y de la FAO (2006) avalan la alimentación vegetariana como única forma de evitar un próximo desastre medioambiental.

Apostar por una eliminación progresiva la experimentación con animales

Aplicar íntegralmente las directivas europeas sobre protección y bienestar animal.

9. Movilidad sostenible Los Territorios Históricos sufren un colapso de la capacidad de movilidad de la ciudadanía motivado por las políticas de las Diputaciones Forales que carecen de un planeamiento de las necesidades de transporte y han apostado prioritariamente por la masiva construcción de carreteras que, no sólo no solucionan los problemas de tráfico existentes, sino que los agravan y sólo sirven para el beneficio económico de las empresas constructoras y el deterioro del medio ambiente.


Para Irabazi es necesaria otra política de movilidad que impulse el tráfico tanto de personas como de mercancías, a través de medios sostenibles como el ferrocarril y el transporte público colectivo en general, dejando de lado la apuesta por el tráfico por carretera. Para cambiar el modelo de movilidad actual, es condición ‘sine qua non’ el compromiso de no construir nuevas vías de gran capacidad y que esos fondos se destinen al fomento del transporte público, pero ese compromiso es inexistente hoy por hoy por parte de las instituciones públicas. Las políticas de transporte que se han llevado a cabo en las últimas legislaturas contradicen absolutamente el Libro Blanco sobre Transporte de la UE, que insiste en la búsqueda de alternativas a la carretera para construir nuestras regiones de una forma sostenible. Consideramos que las partidas destinadas a nuevas carreteras en los presupuestos forales deben ser destinadas a la mejora y ampliación del resto de medios de transporte, a la resolución de los puntos más conflictivos y a la mejora de las redes locales y comarcales. Irabazi defiende la promoción de accesibilidad y el apoyo al transporte colectivo. La movilidad no se puede considerar un bien en sí mismo. Es preciso fomentar la accesibilidad para reducir las necesidades de desplazamiento (acercar usos del suelo, equilibrar los balances residenciaempleo y evitar nuevas construcciones de centros comerciales fuera de los cascos urbanos). Nuestra prioridad es el transporte público colectivo porque supone la mejora en la calidad de vida de las ciudades y pueblos. Su fomento produce una disminución de la contaminación acústica y ambiental, reduce los tiempos de traslado entre barrios, rebaja los costes de los trayectos y conforma ciudades pensadas por y para las personas. Irabazi propone, en este sentido, las siguientes medidas: •

Garantizar la igualdad entre toda la ciudadanía, sea cual sea el lugar de residencia elegido y cuales sean sus condiciones físicas individuales. El transporte público es, ante todo, un servicio público al que se deben aplicar legalmente los recursos que la sociedad considere. Se debe optar explícitamente por el transporte público y la peatonalización de las ciudades y regiones urbanas.

Reorientar las tendencias urbanísticas y territoriales, evitando la dispersión de las actividades urbanas y buscando la cercanía a los servicios, actividades y equipamientos, a fin de reducir los desplazamientos de larga distancia que requieran el concurso de vehículos a motor. Cada barrio o sector deberá, dentro de lo posible, disponer de todos los servicios que habitualmente se necesitan.

Sustitución de desplazamientos en los medios de mayor impacto -singularmente el automóvil privado-, por desplazamientos en transporte colectivo: Introducción de sistemas ligeros de capacidad intermedia (tranvía-metro ligero), plataformas reservadas, intercambiadores modales, aparcamientos disuasorios,…


Creación de condiciones favorables para que se desarrollen los desplazamientos no motorizados, andando o en bicicleta: áreas de velocidad reducida, ejes peatonales, bidegorris, etc. Irabazi solicitará a las Diputaciones Forales que, al menos el 5% de las partidas presupuestarias destinadas a carreteras, se apliquen a la construcción de bidegorris de forma coordinada, de modo que constituyan vías de comunicación dentro del ámbito local entre localidades cercanas y se integren en la red europea de bidegorris. Puesta en marcha de espacios en los autobuses territoriales (Bizkaibus) para el transporte de bicicletas.

Los bidegorris estarán debidamente señalizados y habrá un espejo en los puntos de poca visibilidad para poder ver a las personas que circulen en bicicleta. Los coches deberán de respetar el 1,5 m al adelantar a la bicicleta y en caso de no hacerlo obtendrán una multa por haber puesto en peligro a la persona ciclista. Así mismo cuando al girar pongan en peligro a la persona ciclista por no dejarle pasar antes o cuando aparquen en los bidegorris.

En los colegios e institutos se impartirá clase de seguridad vial , enseñando a circular en bici por carretera y a respetar las normas de circulación y se dotará de aparcabicis para que puedan acudir a su centro de enseñanza en bicicleta.

Se realizarán talleres de sensibilización en las poblaciones sobre la fragilidad que sufre la bicicleta frente al vehículo motorizado para respetarlo como es debido.

Cada parada de Bizkaibus, tendrá su propio aparcabicis para que las personas que vivan alejadas del centro de la población puedan ir a la parada en bicicleta y dejarla aparcada en caso de necesidad.

Se realizará un registro de bicicletas para en caso de robo, facilite su encuentro.

Se darán ayudas económicas a todas las personas que compren una bicicleta eléctrica que vaya a sustituir a la compra de un coche.

En las ciudades se calmará el tráfico del coche a través de calles 30 km/h dando prioridad a la bicicleta.

Las personas que usen la bicicleta para dirigirse a su puesto de trabajo y la hayan cambiado por el coche, recibirán una compensación económica por haber ayudado a crear una ambiente más amable, menos contaminante.

Cada población tendrá su propio sistema de préstamo de bicicletas cuyas bicicletas se podrán utilizar para usos interurbanos..

Mejora sistemática de la facilidad de acceso en todos los puntos de paradas de autobuses, implantándose progresivamente material móvil adecuado para personas con movilidad reducida.

Garantizar un transporte público de titularidad pública, no subcontratado.

Mejora de la información a la ciudadanía en materia de horarios y servicios. Tanto el horario de cada uno de los servicios como el mapa de líneas pueden ubicarse en todas las paradas. Posibilidad de consultar horarios a través del móvil.

Implantación de precios públicos reducidos que compitan eficazmente con el transporte privado.


Billete único para todos los medios de transporte (tranvía, autobús, funicular, metro, ascensores, EuskoTren y RENFE cercanías.). Creación de un abono anual para todas las edades. La Diputación Foral deberá coordinarse con otras instituciones para la consecución de este objetivo.

Política tarifaria única para todos los medios de transporte.

Estudio de las necesidades del tejido productivo (horario de empresas, turnos de los trabajadores y las trabajadoras) para coordinar horarios de transporte público que se adapten a dichas necesidades, incluidos los servicios nocturnos de los transportes públicos.

Mayor frecuencia del transporte público los fines de semana, ya que normalmente se ven reducidos y ello hace que las personas opten por el uso del vehículo privado.

Ampliación de los horarios de los transportes públicos hasta la 12 de la noche entre semana y servicios nocturnos los fines de semana.

En la renovación de las flotas de transporte público por carretera, optar por vehículos eléctricos, alimentados mediante electricidad de fuentes renovables.

Convenio entre las Diputaciones Forales y la UPV/EHU para la creación de una tarjeta de bus especial para los y las estudiantes que suponga la gratuidad del transporte a la universidad, tanto interurbano como interterritorial.

Refuerzo de las líneas de transporte público con los campus más dispersos.

Refuerzo y mejora de las líneas de transporte público con las comarcas que más dificultad tienen a la hora de garantizar el acceso de las y los estudiantes a los distintos campus de la UPV. No a la marginación de las y los estudiantes residentes en zonas rurales alejadas de las capitales. Por lo que respecta al desarrollo del ferrocarril, Irabazi apuesta por modernizar el modelo tradicional y aprovechar todas sus potencialidades. Rechazamos el proyecto de la Y vasca por el excesivo impacto ecológico que supone y porque condena a la ciudadanía vasca a soportar el transporte de mercancías por la carretera, ya que este proyecto lo impide. En su lugar, proponemos la realización de una línea alternativa de “velocidad alta” (no más de 220-230 Km/h e inferiores y con paradas intermedias), que responda a las necesidades sociales y posibilite el trasvase de la mayor parte de las mercancías de la carretera al ferrocarril, que no destruya el medio ambiente y que respete las zonas más densamente pobladas. Irabazi Bizkaia entiende que la mejor opción para modernizar y mejorar el tren en Euskadi es desarrollar el ferrocarril convencional. Las distancias son pequeñas, hay muchas localidades intermedias, consume menos energía, no causa destrozos ambientales en el territorio porque puede usar parte de la infraestructura actual y es el más idóneo para el transporte de mercancías. Es el momento de que las Diputaciones entiendan que el sistema de transporte es un todo complementario, donde los modos no compiten entre sí, sino que se especializan y se complementan.


10. Ordenación del territorio Las áreas urbanas son hoy una base de nuestra sociedad; son centros de vida donde confluyen la industria, el comercio, la residencia, el ocio y la cultura, siendo la complejidad su nota característica. Vivimos una época de interesado desprestigio de la actividad planificadora, motivada por la convicción neoliberal, según la cual “el mejor uso del suelo lo realizará aquella actividad que más pueda pagar por él”. Esta máxima ha sido puesta en práctica de forma constante y permanente por los distintos Gobiernos en las instituciones vascas. Esto ha supuesto la planificación de los territorios y las ciudades de forma desordenada y olvidándose de las personas como principales destinatarios de la misma. Pero, además, las áreas urbanas han superado con creces los límites municipales, por lo que su planificación debe estar coordinada desde instituciones superiores. Los Planes Territoriales Parciales son cruciales para decidir el modelo territorial de este país y sus comarcas. La discusión de los Planes Territoriales Parciales debe ser abierta a la participación tanto de los entes municipales, como de las organizaciones y asociaciones sindicales, económicas, ecologistas, agrarias, vecinales, etcétera. Por todo ello consideramos que es necesario: •

Priorizar el interés colectivo sobre el privado. Un marco de referencia territorial claro y mayor vinculación para todas las actuaciones de las autoridades sectoriales y municipales.

Garantizar la participación activa en la elaboración de la política de ordenación del territorio.

Defensa del suelo agrícola y las zonas naturales. Defensa y protección del territorio.

Contención drástica de los crecimientos urbanísticos, frenando o reduciendo sustancialmente las nuevas propuestas de artificialización de suelo.

Primacía urbanística del modelo de ciudad compacta y compleja, frente al de la dispersión y especialización funcional, basado en la residencia unifamiliar, las grandes superficies comerciales y la completa dependencia del uso del vehículo privado.

Para que no se produzca un desequilibrio en el crecimiento de las zonas metropolitanas, potenciar los equipamientos e infraestructuras de rango comarcal y vertebrador. Exigir planteamientos concretos de comarcalización de los equipamientos para hacer atractiva la residencia en las zonas rurales y contribuir a un mayor equilibrio territorial, evitando la concentración en las capitales.

Defender, proteger y conservar los espacios abiertos, profundizando en una política de reequilibrio ecológico.

Primar, en todo caso, la calidad de vida sobre el desarrollo urbanístico (mayores espacios libres y zonas verdes, mejora de infraestructuras,...).


Mejora de la ordenación territorial supramunicipal o metropolitana, superando las estrategias basadas en el crecimiento competitivo de pueblos colindantes.

Creación, consensuada con los Ayuntamientos, de Agencias Comarcales de Urbanismo y Gestión del Suelo que aporten medios a los pequeños municipios.

Paralizar la política de expansión de centros comerciales de periferia que generan unas necesidades de movilidad (automóvil) ecológicamente insostenibles, además de favorecer la desertización de los pueblos y ciudades. Ni una gran superficie comercial más en los tres territorios.


11. Infraestructuras viarias La política viaria de las tres Diputaciones, sin distinción, ha consistido en la construcción de más y más carreteras, lo que, lejos de solucionar el colapso existente en las vías, únicamente ha logrado que éste sea mayor. Consideramos que hay que terminar inmediatamente con esta política de construcción masiva de infraestructuras, y decretar una moratoria. Esta política ha venido ligada al establecimiento o no de peajes. En Irabazi somos conscientes de la necesidad de que el tráfico de paso de mercancías contribuya al mantenimiento de las infraestructuras viarias, teniendo en cuenta el importante impacto que este tráfico genera en nuestras carreteras, especialmente en Gipuzkoa, dado el alto número de vehículos pesados que atraviesan este territorio rumbo a Francia. No obstante, consideramos que el establecimiento de peajes indiscriminados para toda la ciudadanía, sin abordar realmente el problema de movilidad, es una medida totalmente injusta y que, además, no conseguirá sacar los altos niveles de tráfico de nuestras carreteras. La ciudadanía ya paga con sus impuestos estas carreteras y no es válido utilizar argumentos como ‘quien contamina paga’, con el objetivo de esconder un interés recaudatorio, para financiar nuevas vías, cuyo coste es altísimo. En ese sentido, medidas como las “tarifas planas” en los peajes no contribuyen a promover el transporte colectivo ni el medio ambiente. Es necesario ofrecer alternativas a la ciudadanía, es decir, dotar a los territorios históricos de un sistema de transporte público atractivo, económico y eficaz en la totalidad de sus comarcas para empezar a hablar de medidas disuasorias del uso del vehículo privado, ya que, de lo contrario, esas medidas no tendrán más que un fin recaudatorio. Con el establecimiento de estos peajes, vía decretazo, la Diputaciones Forales pretenden hacer pagar a la totalidad de la ciudadanía su mala gestión, que se ha basado en la construcción de más y más vías, cuando, además, se ha demostrado que muchas de ellas no eran en absoluto necesarias. En ese sentido, Irabazi considera que las Diputaciones Forales deben apostar por el apoyo y la financiación de proyectos de transporte colectivo que sirvan para vertebrar el territorio y evitar el uso del transporte privado. En ese sentido, entendemos necesarias las fórmulas como la usada en Metro Bilbao para cofinanciar y apoyar este tipo de proyectos. En las carreteras que son de la Diputación eliminar progresivamente aquellos elementos que resulten peligrosos para los motoristas.


12.Euskara, Cultura y Deporte 12.1. Euskara Como lengua propia y patrimonio cultural universal, el euskera ha de ser un elemento de cohesión social en el conjunto de municipios que conforman nuestros Territorios Históricos. Debemos defender y desarrollar el euskera mediante la intervención del poder público municipal y foral, contribuyendo a garantizar el derecho de toda la ciudadanía a conocerlo y a comunicarse correctamente en él, tanto en el ámbito de la Administración foral, como en cualesquiera otros ámbitos propios de la expresión lingüística. Irabazi Bizkaia apuesta por el bilingüismo real y efectivo que toda sociedad plurilingüe debe alcanzar, de forma gradual, posibilista y no traumática, para que el euskera se convierta en un elemento de expresión y comunicación que cohesione e integre a la sociedad en su conjunto. Ante eso, Irabazi apuesta por programas de fomento en positivo tendentes a la normalización del uso del euskera: •

Mejorar su situación como elemento de comunicación en todos los ámbitos forales, desde la Administración y los servicios, fundamentalmente desde las respectivas Diputaciones, hasta el ámbito de las relaciones sociales sin excepción

Desarrollar medidas de urgencia en las zonas de los diferentes Territorios Históricos en los que su presencia social sea testimonial, es decir, incrementar y fomentar su presencia allí donde el castellano sustituya al euskera en todos los ámbitos mencionados.

Aumentar de forma significativa el número de vascoparlantes, diferenciando siempre objetivos a corto, medio y largo plazo.

Mejorar su competencia lingüística, es decir, el nivel de conocimiento y la calidad en la expresión.

Ampliar el repertorio de ámbitos de utilización del euskera, administración, red social y medios de comunicación.

Reforzar la consideración del euskera como patrimonio cultural de toda la sociedad en su conjunto, independientemente de ideologías u objetivos políticos, y potenciar el estudio del dialecto propio del territorio.

Diagnosticar la situación de los servicios forales para crear, modificar o, en su caso, impulsar instrumentos de desarrollo, haciendo una previsión de los gastos necesarios e incluyéndolos debidamente en los presupuestos forales, así como fomentando la colaboración con los distintos agentes sociales. La normalización lingüística debe ser considerada por la Administración foral en cualquier tipo de actividad y debe implantarse con carácter transversal, al igual que sucede con la igualdad de género, la participación ciudadana o la política de innovación. En esa labor, es imprescindible trabajar conjuntamente con los y las agentes sociales que se ocupan de la normalización lingüística. Con este criterio, proponemos las siguientes medidas concretas de iniciativa foral:


La Diputación destinarán el 1,5% del presupuesto foral, como mínimo, a la normalización del euskera.

La Diputación Foral apoyarán económicamente los euskaltegis o centros de enseñanza pública del euskera, para avanzar hacia la gratuidad de su estudio.

La Diputación Foral promoverán, en cooperación con los euskaltegis y centros de enseñanza pública del euskera la enseñanza del euskera para personas inmigradas.

Tanto la Diputación como las empresas subcontratadas deberán garantizar una utilización equilibrada y adecuada del euskera en los actos públicos, iniciativas públicas y organización de las mismas, promociones sociales y difusión de resultados cuando sean subvencionados, obteniendo el mismo grado de cantidad y calidad con respecto a la utilización del castellano como requisito mínimo del uso. Se valorará en todas las bases para adjudicaciones de subvenciones. En todo caso la planificación respetará la realidad sociolingüística de cada territorio.

La Administración foral priorizará las relaciones en euskera en sus relaciones con las Administraciones de los territorios en que el euskera sea una lengua oficial.

La Administración foral priorizará las relaciones en euskera con sus proveedores y con la ciudadanía. La difusión del euskera a través de los medios de comunicación es fundamental para la normalización de su uso. Por ello, Irabazi Bizkaia apuesta por potenciar la difusión del euskera en los medios de comunicación audiovisual públicos de ámbito local y/o comarcal, mediante la financiación foral y la pertinente colaboración con los mismos. Desde el más escrupuloso respeto a los cánones periodísticos y la confianza en el compromiso de los medios de comunicación públicos por la difusión de valores democráticos, el tratamiento que éstos otorguen al euskera ha de procurar, en todo momento, acercar el idioma a la población no euskaldun, auténtico reto pendiente de los medios públicos locales.

12.2. Cultura Sin cultura no hay futuro ni hay dignidad. Irabazi quiere hacer partícipe a la ciudadanía del debate sobre la necesidad de la cultura y lo que puede acontecer en torno a su futuro. El prolongado y grave deterioro cultural que han sufrido nuestros territorios, pues es lo primero que se ha recortado o privatizado, debería contemplar un plan restaurador de dicha situación de emergencia. Abordar sin demora un Plan Estratégico de Cultura que evite en un futuro una nueva situación de similares características.


Se deberá establecer a través de dicho Plan de manera necesaria e ineludible el compromiso y los puentes de colaboración entre la Administración y las diferentes estructuras culturales de los municipios y del Territorio Histórico. Estas son algunas de las prioridades estratégicas: •

El derecho, el acceso y la participación en la cultura de todas las y los ciudadanos.

Promover la participación ciudadana en la gestión cultural.

Creación de "Comités de Participación" o "Consejos Ciudadanos" que incluyan a representantes de asociaciones culturales, figuras de la cultura, asociaciones empresariales/gremios, todos ellos con voz y voto, que desarrollen la agenda cultural de forma colaborativa.

Fomentar la creatividad y difundir las expresiones de las artes plásticas, escénicas y musicales.

Incrementar el apoyo a la creación como condición necesaria para un mejor desarrollo cultural del territorio

Programa cultural y de ocio enfocado a las minorías: capacidades diversas, diversidad cultural... Y fomento de las actividades dirigidas a 3ª edad y población infantil.

Promover y difundir la cultura y el arte contemporáneo.

Trabajar por el desarrollo de la interculturalidad

Afirmar y asegurar la función de la cultura en la comprensión de la ciudadanía y en el desarrollo de la ciudad.

En ese sentido, apostamos en lo concreto por: Descentralizar la actividad cultural y crear un circuito por los distintos equipamientos culturales de los tres Territorios Históricos, promocionando los museos forales que actualmente existen en Bizkaia

Potenciación de la PROXIMIDAD y mayor difusión de las diferentes actividades de ocio y cultura, no únicamente en las "grandes infraestructuras" destinadas a ello, sino también en otros ámbitos más próximos a la población "en general", especialmente zonas de mayor exclusión social. Acercamiento de la cultura y el ocio a la persona usuaria, fomentando la participación y el interés mediante la facilidad (geográfica, económica, etc) de la oferta cultural y de ocio.

Apoyo a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, en el fomento de las actividades culturales en el municipio.

Medidas dirigidas a potenciar la igualdad en todos los ámbitos, también en el ocio y el ámbito festivo, trabajando para que el desarrollo de esas fiestas sea absolutamente igualitario, no existiendo ningún tipo de subvención ni soporte públicos en caso de existir comportamientos sexistas y/o homófobos.

Crear una Red pública de puntos culturales y de formación artística: despliegue de una red coordinada de centros, públicos y/o privados, pero integrados, especializados en la formación artística y la práctica cultural. El conjunto coordinado de centros de esta tipología estarán necesariamente integrados en una red, que partiendo de la oferta de ocio actual se prolongue y genere un recorrido formativo dirigido a personas de todas las edades, y pondrá además un especial énfasis en articular o incidir en programas de formación artística con escuelas e institutos.


Crear y apoyar a los municipios en el fomento de los laboratorios de arte: Proyectos para la generación de una Red de espacios asociados y orientados al ensayo y la creación en los diferentes ámbitos artísticos: artes visuales, poesía, teatro, danza, música, literatura, audiovisuales, artes del movimiento, circo, magia… Y por ello llevaremos a cabo programas para el fomento especial del asociacionismo y la autogestión. Se debe evitar que la oferta cultural y festiva sea exclusivamente la institucional. Mayor apoyo a iniciativas culturales locales y eliminación de trabas y obstáculos innecesarios.

Programas, proyectos y acciones para incrementar el diálogo intercultural: desplegar programas que desarrollen la protección de la diversidad cultural y la promoción de espacios y procesos para el diálogo intercultural en el conjunto del sistema cultural de la ciudad; buscando la complicidad de las instituciones, los equipamientos, los acontecimientos y los agentes culturales principales de los municipios del territorio.

Apoyo a los y las jóvenes con inquietudes culturales a la hora de desarrollar sus proyectos.

Preservar el patrimonio cultural y artístico del territorio histórico, con especial atención a la memoria histórica y democrática.

Entrada de la DFB en el proyecto "Labe Garaia", impulsado por el Ayuntamiento de Sestao para la restauración del alto horno de AHV.

Adquisición y rehabilitación de las antiguas naves de Babock & Wilcox por parte de la sociedad pública Azpiegiturak, S.A.U., para declarar el inmueble como suelo industrial reservado para albergar futuras actividades empresariales e industriales compatibles con la conservación del edificio.

12.3. Deporte En materia de deporte, proponemos: •

Realizar un diagnóstico de los hábitos deportivos de la población y las nuevas tendencias de la práctica deportiva de las personas.

Aumentar, la colaboración con los ayuntamientos de la oferta de equipamientos deportivos de proximidad.

Promoción de una cultura deportiva donde se prime la participación, la salud y el ocio frente a la competencia y el exitismo. Respaldo al deporte de base frente al deporte competitivo, especialmente en lo relativo al Deporte Escolar donde las Diputaciones Forales son directamente competentes.

Eliminación de la subvención a los grandes clubes del deporte profesional, que no necesitan de la subvención pública para su subsistencia ni para la práctica del deporte.

Fomento del deporte femenino en los medios de comunicación de titularidad pública. Favorecer la inclusión de mujeres en las prácticas y equipos deportivos, evitando la discriminación habitual.

Apoyo con subvenciones a dotación de recursos al deporte femenino.


13. Memoria democrática y convivencia La sociedad vasca ha sufrido durante décadas las consecuencias de distintos fanatismos, que en las últimas décadas impulsaron mediante el terrorismo la persecución y eliminación física de los adversarios políticos, y que en el pasado provocaron una guerra civil y sustentaron una dictadura. En ese contexto histórico una mayoría social ha rechazado las violaciones de DDHH y ha apostado por una convivencia normalizada. Ahora que se ha logrado el fin de la violencia de ETA debemos trabajar para que este fin sea definitivo, y trabajar a favor de una cultura democrática y de paz, contraria a las bases ideológicas de esos fanatismos, para que así nuestra historia negra nunca vuelva a repetirse. Para ello proponemos: •

Fijar como prioridad de la acción foral en la materia el fomento del respeto a los derechos humanos fundamentales y, en especial, del derecho a la vida.

Programas de fomento de la reconciliación y la convivencia. El proceso de reconciliación implica reconocimiento y compensación de los sufrimientos padecidos, revisión crítica y, sobre todo, autocrítica del pasado que dio lugar a esos sufrimientos y adopción de medidas políticas, sociales, educativas y de todo orden para que nunca más vuelva a ocurrir aquello que nunca debió ocurrir.

Medidas de reconocimiento individualizadas a todas las víctimas producidas en el municipio como consecuencia del terrorismo, de la violencia del Estado y de cualquier violencia de motivación política. Entendemos que el Día de la Memoria debe dar cabida a todos estas víctimas.

Apoyo incondicional a la participación y presencia de todas las formaciones políticas sin coacciones, amenazas o prohibiciones.

Acercamiento de los presos de ETA, excarcelación de los presos con enfermedades graves e incurables, aplicación sin discriminaciones de los beneficios penitenciarios. No obstante no deben ligarse estas reivindicaciones con el homenaje simultáneo a personas que han perpetrado graves violaciones de Derechos Humanos mediante el terrorismo. Paralelamente la Administración debe apoyar procesos de reinserción individual de las personas presas.

Se debe promover una memoria democrática basada en el testimonio directo de las víctimas, como recordatorio del sufrimiento injusto que han padecido y con el fin último de que nadie vuelva a sufrir daños en el futuro por causas de motivación política. Asimismo debe recordarse a las personas y organizaciones que destacaron en la defensa coherente de los Derechos Humanos.

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos perdidos por ellas y sus descendientes es una necesidad democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país hasta que no se reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que se enfrentaron a él.


Programas para preservar la memoria histórica de las violaciones de derechos humanos producidas en el marco de la guerra civil y el franquismo en el municipio. Reconocimiento a las víctimas y eliminación de la simbología franquista.

14. Cooperación y desarrollo


Los territorios vascos no estamos aislados del mundo. Pertenecemos a un planeta en el que la mayoría de la población vive al borde de la miseria. Por ello la cooperación al desarrollo se convierte en una obligación para el primer mundo al que pertenecemos. Una obligación ética y de justicia que implica el apoyo al desarrollo de los pueblos y al reconocimiento de sus derechos, una obligación de respeto a su historia y su cultura y un compromiso con la paz. Para ello actuaremos en diferentes ámbitos: •

Creación de una partida específica de cooperación al desarrollo que supondrá como mínimo el 0,7% del presupuesto de la Diputación Foral.

Fortalecer las Direcciones de Igualdad, Paz, Solidaridad y Derechos Humanos.

Cooperación bilateral/solidaridad. Las tareas de cooperación se harán de modo que la capacidad administrativa y la influencia social de las instituciones de los países en vías de desarrollo contribuyan a su reforzamiento institucional. Se trabajará para conseguir:

Apoyo a la mejora de sus prestaciones, a través de la capacitación de técnicos y la cofinanciación de los proyectos.

Apoyo al papel que las administraciones locales del Sur, pueden jugar como agentes de desarrollo económico, social y cultural.

Apoyo al asociacionismo transformador. Combinar la cooperación a través de ONG con la cooperación directa con instituciones públicas a través de programas fortalecimiento institucional, la participación popular y superación del empobrecimiento. Conseguir la implicación de la ciudadanía a través de información y campañas. La Diputación promoverá por decisión propia o en coordinación con los movimientos sociales toda la información posible que asegure a los ciudadanos/as posibilidad de tener acceso a lo que ocurre en el mundo con especial atención a los problemas de desarrollo, conflictos, solidaridad y cooperación. La visión de los pueblos del Sur debe ser objetiva y respetuosa con sus identidades culturales y la dignidad de sus gentes, por ello se trabajará para que en todos los medios de comunicación locales no se usen imágenes catastróficas o idílicas que incitan a la caridad en lugar de la reflexión y la solidaridad. La educación para el desarrollo pretende facilitar un cambio de actitudes y comportamientos en relación con los problemas de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los pueblos y sus graves consecuencias sobre las condiciones de vida y supervivencia de la persona. Para ello Irabazi Bizkaia propone promover y subvencionar mediante convenios con los centros de enseñanza y organizaciones de la sociedad civil, entre otras:


Proyectos educativos que incorporen la educación para la paz y la solidaridad como eje transversal en los proyectos curriculares.

Hermanamientos y relaciones en general de la comunidad educativa con centros de enseñanza de países del Sur, de manera que se fomenten los intercambios culturales y el aprendizaje mutuo.

Comercio justo y consumo responsable: desde la Diputación se debe dar un impulso importante a esta actividad ayudando a crear y desarrollar redes locales y territoriales de comercio justo, facilitandoles la relación con establecimientos comerciales, apoyando la participación de estos en la actividad, reservando espacios en mercados y ferias y dándola a conocer a la población. Irabazi Bizkaia priorizará que los fondos asignados a la cooperación al desarrollo se destinen a:

La realización de actuaciones –programas, proyectos...– que contribuyan a resolver situaciones carenciales crónicas de grupos de población mediante el refuerzo de las capacidades económicas, sociales o culturales de estos colectivos. A este respecto se considerasen especialmente las destinadas a satisfacer necesidades primarias: salud, alimentación, educación y formación básica, fortalecimiento institucional, potenciación de la organización social, de género, derechos humanos, etc.

La realización de actuaciones de ayuda humanitaria –alimentaria y de emergencia– dirigidas a poblaciones que precisan asistencia urgente para paliar situaciones carenciales agudas de acuerdo a sus capacidades y en coordinación con el gobierno autónomo y central. Irabazi Bizkaia, en definitiva, se compromete a trabajar para conseguir otro mundo posible también desde las instituciones más cercanas. Para Irabazi Bizkaia es un reto que la Diputación actúe como instrumento de información y educación, permitiendo conocer las causas de los conflictos y de las desigualdades que existen en el planeta, con el objetivo de generar una conciencia crítica sobre la situación de los pueblos oprimidos y las causas que provocan la existencia de situaciones de guerra, hambre, desigualdad, maltrato, homofobia, violencia hacia las mujeres y enfermedades en gran parte del mundo, mientras en otra parte del planeta existe despilfarro y consumismo insolidario:

Aplicaremos cláusulas sociales en los contratos públicos para la reinserción.

Apoyaremos a las asociaciones y agrupaciones de personas voluntarias que se ocupan de las ayudas de emergencia así como las iniciativas que permitan acceder a necesidades básicas de forma no consumista, como los Bancos de Tiempo.

Crearemos comedores sociales y albergues de urgencia gratuitos para transeúntes y personas excluidas.

Incentivaremos al empresariado para que contraten a personas provenientes de procesos de inserción. Planificaremos el seguimiento, inspección y control del trabajo, de los agentes empleadores y de las personas trabajadoras.


Potenciaremos el acceso a microcréditos a través de Banca Ética con aval público para iniciar actividades empresariales, artesanales o cooperativas, especialmente enfocado al mundo de la mujer y de las y los migrantes.

Reforzaremos los proyectos y programas en el Sur que integren de forma transversal y sectorial la crisis ambiental, la deuda ecológica del Norte hacia el Sur y la soberanía alimentaria.

Trabajaremos a favor de la coherencia de políticas y lucharemos contra actividades en el Norte que alimentan conflictos en el Sur, como pueden ser las subvenciones a las empresas armamentistas, o a las actividades contaminantes.

Realizaremos campañas de sensibilización para prevenir comportamientos xenófobos y racistas en la sociedad, en particular contra los y las migrantes.

Programa de Irabazi Bizkaia  

Programa de Irabazi Bizkaia (2015).

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