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PROGRAMA

ELECCIONES FORALES 2015

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ÍNDICE

1.

Calidad democrática

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2.

Reforma de la LTH

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3.

Fiscalidad

14

4.

Políticas feministas e igualdad

18

5.

Reparto del trabajo, impulso económico y defensa de o24 lo público

6.

Política social

29

7.

Calidad ambiental

41

8.

Biodiversidad, recursos naturales y protección animal 50

9.

Movilidad sostenible

60

10.

Ordenación del territorio

66

11.

Infraestructuras viarias

69

12.

Euskera

71

13.

Cultura y deporte

74

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14.

Memoria democr谩tica y convivencia

79

15.

Cooperaci贸n y desarrollo

83

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1.- Calidad democrática

En Irabazi Gipuzkoa queremos avanzar hacia una democracia participativa que ponga a ciudadanía en el centro de la política y la economía y que posi bilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas, los presupuestos, en la ordenación del Territorio y en la gestión de los servicios públicos. Para aumentar el interés de la ciudadanía por la participación en aquellas cuestiones que le afectan directamente es imprescindible una información veraz y accesible. La transparencia radical, implica trabajar para mejorar la publicidad de los acuerdos de las Diputaciones forales y en la búsqueda de herramientas innovadoras en las políticas públicas, con la participación directa de la población, orientadas al desarrollo humano y equitativo del territorio. Queremos profundizar en la mejora de la Norma Foral de participación ciudadana con el objetivo de solucionar los déficits democráticos y la opacidad de las Juntas Generales y de la Diputación Foral. Abogamos por avanzar hacia una verdadera transparencia y participación ciudadana, porque las peores políticas acaban siendo aquellas que parten de una elaboración distante respecto a la población afectada, algo que ha quedado demostrado. En este sentido, proponemos la adaptación organizativa de la Administración foral y las Juntas Generales a las necesidades de la participación social y ciudadana, la reducción de los requisitos para la presentación de una Iniciativa Normativa Popular y la obligación a su toma en consideración y debate en las Juntas Generales.

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Consideramos importante impulsar la elaboración en los tres territorios de normas específicas de participación ciudadana que incluyan que todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo electoral puedan ser consultados directamente sobre asuntos de su interés y promuevan la consulta popular o referéndum de acuerdo con la legislación de régimen local. Medidas que obligarán, sin duda, a la reforma de organización y funcionamiento de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

También, pensamos que las actuaciones de la Diputación deberían estar vinculadas a las decisiones del Pleno de las juntas, por lo que entendemos necesaria la modificación de la norma para evitar el déficit democrático que sufre el órgano de decisión de democracia representativa. En definitiva, las medidas que en Irabazi Gipuzkoa proponemos se dirigen a la consecución de: Territorios limpios de corrupción, una Diputación Foral y unas Juntas Generales transparentes que permitan conseguir unas Instituciones que devuelvan el protagonismo y la responsabilidad política a la ciudadanía

1.1. TERRITORIOS LIMPIOS DE CORRUPCIÓN

El actual alejamiento entre la política y la ciudadanía requiere una revisión profunda de nuestras instituciones, una persecución efectiva de la corrupción y una regulación efectiva de la relación entre los grupos de interés y presión (lobbies) y las instituciones públicas. En este sentido proponemos las siguientes medidas contra la corrupción: 1. Las contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas, cuyo funcionamiento será transparente, sus decisiones públicas y en las que participarán los y las representantes de todos los grupos junteros. Sus componentes tendrán acceso a los expedientes de contratación.

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2. Apostaremos por una función pública profesionalizada, por lo cual se deberán limitar los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios, se favorecerá una carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad, generalizándose el sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos. Acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de puestos directivos de libre designación y con el ejército de asesores que rodea a los altos cargos, que supone la creación de administraciones paralelas. 3. Impulsaremos iniciativas, en el marco de aquellas administraciones que sean competentes, tendentes a: o

La aprobación de una ley integral y severa anti-corrupción en el marco de una verdadera Ley de Financiación de Partidos, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos o políticas imputadas y el abandono del cargo. Los y las corruptas tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales. Ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.

o

La Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

o

La Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

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1.2. DIPUTACIONES FORALES Y JUNTAS GENERALES TRANSPARENTES

La información de las instituciones públicas debe ser accesible a la ciudadanía y, al mismo tiempo, las instituciones deben ser proactivas en el ofrecimiento y puesta a disposición de esa información para los ciudadanos. La ampliación de la transparencia en el funcionamiento de las instituciones lleva implícita la publicación de la información y acceso de la ciudadanía a los procesos previos y posteriores de decisión en las distintas instituciones y el establecimiento de mecanismos de control de la gestión y presupuestos de toda la Administración foral, de fácil acceso y comprensión para la totalidad de las personas. Para ello propugnamos:

1. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción y sólo podrá fundamentarse en razones muy específicas, como la seguridad nacional, la investigación de delitos, o la intimidad de las personas. 2. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. La información se facilitará en formato abierto que permita su agregación y tratamiento. 3. Impulsar una e-Administración efectiva y facilitaremos la emisión en directo (vía “streaming”) de las sesiones y plenos celebrados. Toda la actividad parlamentaria será transparente y podrá ser consultada, incluyendo la transparencia y participación en las Comisiones. 4. El uso de la página web para el fomento de la transparencia en la gestión, dando la más amplia información sobre la misma y en especial sobre compras públicas y ejecución presupuestaria. Utilizaremos las nuevas tecnologías para aumentar la transparencia y la concurrencia en las

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contrataciones, publicando en el perfil del contratante todas las ofertas de contratación aunque no exista obligación legal, excluyendo tan solo las de adjudicación directa. Publicidad en la página web de la diputación y en los medios de comunicación dando máxima difusión a las Ofertas Públicas de Empleo, tanto de las diputaciones como de los organismos y empresas relacionadas con ellas. 5. Realizar una auditoría de la deuda para localizar la deuda no legitima de la Diputación foral de Gipuzkoa, si la hubiera.

1.3 INSTITUCIONES DE LA CIUDADANÍA, PARTICIPATIVAS Y TRANSPARENTES

Con unas instituciones transparentes y libres de corrupción consideramos que es posible y necesario adoptar medidas encaminadas a que las políticas se decidan y apliquen con mayor participación de la población y faciliten el control de la actuación de las instituciones. Para ello proponemos:

1. Establecer y modificar democráticamente los mecanismos de consultas populares, iniciativas Legislativas Ciudadanas (ILP) o referéndum para asuntos de trascendencia territorial y mecanismos de iniciativa popular que posibiliten la revocación de diputados/as generales y/o forales por mala gestión, o incumplimiento no justificado del programa. Especialmente promoveremos el desarrollo de una Comisión Especial en el primer año de mandato y en las Juntas Generales para elaborar un reglamento específico que regule la elaboración de presupuestos participativos. 2. Impulsar también el uso de la página web como foro de participación y consulta ciudadana. 3. Fomentar la participación ciudadana tanto en la gestión de los bienes y servicios públicos, que permita a la ciudadanía participar en la elección

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de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos como la participación de la ciudadanía y de los trabajadores/as en los órganos de dirección de los organismos autónomos o empresas públicas. 4. La creación de consejos o foros de participación ciudadana con especial incidencia en aquellos sectores de población como la infancia y juventud, mayores de 45 años, personas migradas o diversidad funcional 5. Reforzar el apoyo institucional al movimiento asociativo y vecinal, especialmente al asociacionismo de mujeres y el fomento de organizaciones con perspectiva de género, reconociendo su carácter de utilidad pública y facilitando recursos económicos y materiales para el desarrollo de sus actividades: convenios, infraestructuras, formación continua, soporte técnico, para fomentar tanto su actividad como la participación.

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2. Reforma de la LTH

Las elecciones municipales y forales de 2015 vienen marcadas por la grave crisis financiera y económica desatada en 2008 y de la cual todavía no se ve el final del túnel. A esta situación hay que añadir el fin de la burbuja inmobiliaria. El crecimiento desmedido del sector inmobiliario durante la última década, ha provocado un incremento de los ingresos de los ayuntamientos, que ha dado lugar a que éstos estén prestando una serie de servicios a la ciudadanía para los que no se han definido ni las competencias ni su fuente de financiación.

Las modificaciones fiscales regresivas, unidas a la crisis financiera, económica y del sector inmobiliario, han tenido como consecuencia una reducción drástica de los fondos para la financiación de los gastos corrientes de los ayuntamientos, y ha evidenciado la debilidad de un sistema que no es capaz de garantizar una financiación estable para los mismos, estando muchos de ellos en situaciones límite. La Ley de Territorios Históricos (LTH) está poniendo de relieve múltiples y graves deficiencias como el solapamiento administrativo y el sobre-dimensionamiento en estructuras administrativas, o los conflictos de competencias entre las distintas instituciones (Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos), ya que, en muchas ocasiones, hay tres administraciones diferentes destinando recursos para obtener el mismo fin, cuando esos fondos podrían dirigirse a otros ámbitos como la lucha contra el paro, el gasto social o la recuperación ambiental.

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En Irabazi Gipuzkoa consideramos imprescindible una revisión en profundidad de la LTH, que tenga por objetivo racionalizar y optimizar todos los recursos. El papel de las Diputaciones Forales debe reorientarse hacia la vertebración de sus Territorios y el apoyo a los municipios. Además queremos impulsar la Ley Municipal Vasca ya que es un instrumento básico en la articulación institucional del territorio. Los Ayuntamientos son piezas clave para el desarrollo de políticas que aseguren el bienestar de las personas, al ser la institución cuyo contacto con la ciudadanía es más directo. Esta Ley debe garantizar para los Ayuntamientos amplias competencias en políticas económicas, sociales, culturales, energéticas o urbanísticas entre otras. También debe servir para impulsar la participación directa de la ciudadanía en los espacios de decisión municipal, a través de consultas populares, iniciativas legislativas, presupuestos participativos o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana. Aunque en el proyecto de Ley se contempla la inclusión de las instituciones locales en el Consejo Vasco de Finanzas, es necesario que se concrete la forma en la que se va a garantizar una efectiva financiación a los Ayuntamientos. El supuesto blindaje de sus competencias será papel mojado si no se permite a los municipios contar con los recursos financieros suficientes para ejercerlas. Desde Irabazi Gipuzkoa reclamamos una apuesta más valiente en favor del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, órgano de nueva creación que se configura como un mero ente consultivo. Es preciso dotarlo de capacidad de decisión, para que pueda velar por los intereses de las administraciones locales a nivel autonómico y foral.

Proponemos avanzar hacia un sistema de circunscripción única en las elecciones a las Juntas Generales. Ésta es la mejor garantía de proporcionalidad, igualdad del voto y representación de la pluralidad. Por otra parte, no se puede eludir la reivindicación de que las comarcas tienen que ver satisfechas sus necesidades y de que sus demandas tienen que

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encontrar cauces institucionales adecuados. Por ello, consideramos imprescindible el fortalecimiento de las Mancomunidades y Consorcios Comarcales. Estas son entidades que, por su tamaño, pueden hacer frente a problemas para los que los Ayuntamientos son excesivamente pequeños, a la vez que garantizan que la voz de los municipios esté presente en la toma de decisiones fundamentales para el ámbito local.

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3. Fiscalidad

La fiscalidad en los tres territorios vascos ha sufrido una fuerte regresión durante las últimas legislaturas, estableciendo un sistema más injusto donde las grandes rentas y el capital han salido ganando frente al gravamen sobre las rentas del trabajo más bajas. Concretamente, durante la última legislatura y debido a la bajada de los ingresos derivadas de las reformas basadas en regalos fiscales del periodo 2007-2011, ha habido un intento de vuelta atrás con la recuperación de algunos tributos, como el impuesto de patrimonio, por el que Euskadi recaudaba todos los años en torno a 200 millones de euros y que sin embargo, ha sido recuperado parcialmente a lo largo de 2012 y 2013 en los tres territorios. Concretamente en Gipuzkoa, la tan cacareada reforma fiscal ha quedado en muy poco. Las modificaciones tributarias que se aprobaron en 2012 afectan fundamentalmente a tres impuestos: IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. En el caso del IRPF se han implantado tres nuevos tramos por arriba (46% para rentas a partir de 90.000 euros; 47% a partir de 120.000 y 49% de 175.000); se ha reducido a 5.000 la deducción por EPSV, salvo excepciones; se ha limitado la deducción general por edad, que ahora es progresiva; se ha establecido un nuevo tipo del 23% para la tasa de ahorro a partir de 4.000 euros (mientras tanto en Francia el impuesto a personas millonarias se establece en el 75%, y en el resto del estado, el tramo más alto se establece en el 56%); y se ha reducido la deducción por adquisición de vivienda habitual del 18 al 15% para aquellas adquisiciones posteriores al 1 de enero de 2012, sin efecto retroactivo.

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El Impuesto de Patrimonio se ha recuperado con un mínimo personal exento de 700.000 euros y de 300.000 para la vivienda habitual. Y en el impuesto de Donaciones y Sucesiones se ha eliminado la exención general para familiares directos, aunque se incluye una nueva reducción general de 220.000 euros para estos casos. Toda esta reforma fiscal supone un aumento de la recaudación de 75 millones de euros al año. Una cifra insignificante en comparación con las enormes pérdidas de recaudación producidas en los últimos años por las sucesivas rebajas aplicadas en el Impuesto sobre Sociedades, a las rentas altas y del capital en el IRPF y en el Impuesto sobre Patrimonio. De esta manera la presión fiscal en Gipuzkoa queda en torno al 30,37%, muy lejos del 38,4% de media europea.

Asimismo, mientras la presión fiscal en la CAPV es del 28,8% del PIB, la media europea se sitúa en el 38,4% (9,6 puntos de diferencia, que equivalen a 6.500 millones de euros al año)

La situación fiscal descrita ha provocado que la parte más importante de los ingresos de la Hacienda Foral recaiga en los rendimientos del trabajo y en el IVA y, por tanto, se ha perdido gran parte de la progresividad exigible al sistema tributario. Esta situación, unida a la crisis económica, ha derivado en una importante merma de los ingresos en las arcas forales, que se han visto obligadas a reducir sus presupuestos y recortar la inversión pública en bienes y servicios.

Las propuestas de Irabazi Gipuzkoa en relación a la fiscalidad se resumen en:

1.

Reformar en profundidad tanto del IPRF como del Impuesto de Sociedades para recuperar la progresividad pérdida, unificando las bases impo-

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nibles del ahorro y del trabajo en una única e incrementado el número de tramos y los tipos a aplicar a las bases imponibles. 2. Revisar las exenciones, reducciones y deducciones tanto del IPRF como del Impuesto de Sociedades. En esta línea, suprimir las deducciones por aportaciones a planes de pensiones y EPSV, así como limitar y modular en función de la base imponible la deducción por adquisición de vivienda habitual, de manera que las rentas más altas no se puedan aplicar dicha deducción. 3. Sustituir los beneficios fiscales (exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones…) del Impuesto de Sociedades que en este momento sólo sirven para pagar menos por los beneficios y sin generar mayores recursos a la sociedad, por otros que tengan en cuenta el esfuerzo económico que hagan las empresas por conseguir un mayor beneficio social, la defensa y protección de la salud, la protección del medio ambiente, la utilización racional de los recursos naturales, la mejora de la calidad de vida o la igualdad entre hombres y mujeres, haciendo de ellos un motor de cambio energético, medio-ambiental y social. Su justificación descansará en los principios de proporcionalidad, justicia y los principios rectores de la política social y económica. 4. Revisar de los regímenes especiales en el Impuesto de Sociedades. 5. Crear un impuesto para las grandes fortunas y patrimonios que sustituya al impuesto de patrimonio. 6. Modificar el impuesto de sucesiones y donaciones para que quien más tenga pague más. 7. Controlar las ayudas al mecenazgo para evitar que se conviertan en una forma de evasión fiscal. 8. Buscar la armonización fiscal entre los territorios vascos para evitar deslocalizaciones con carácter fiscal. 9. Dotar de mayores y mejores medios para luchar contra el fraude fiscal, Impulsando y apoyando una legislación común contra el mismo que incluya la tipificación de delitos fiscales comunitarios, perseguibles en cualquier país de la Unión, la prohibición de paraísos fiscales y una legisla-

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ci贸n armonizada sobre las operaciones financieras con el establecimiento de un impuesto sobre transacciones financieras. 10.

Eliminar todo beneficio fiscal para cualquier tipo de confesi贸n religiosa, incluida la Iglesia Cat贸lica.

11.

Promover el estudio de una reforma integral del sistema tributario para implementar una renta b谩sica universal.

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4. Políticas feministas para la equidad y la igualdad efectiva de oportunidades.

La igualdad de mujeres y hombres sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra sociedad: las desigualdades existentes en todos los ámbitos entre los hombres y las mujeres no se superan; las brechas salariales se perpetúan; el techo de cristal de las mujeres es muy difícil de superar; y, ade más, hay una feminización galopante de la pobreza.

Por si esto fuese

poco, los últimos años de gobierno del PP han sido años de constante regresión en la lucha feminista. Las leyes que nos han impuesto han dejado patente el cariz absolutamente patriarcal de su política y han supuesto agresiones fuertes a los derechos fundamentales de las mujeres, como el caso de la Ley del Aborto promovida por el ex-ministro de Justicia Gallardón que sólo la constante y sostenida en el tiempo movilización feminista ha sido capaz de parar. Asimismo, la violencia de género, por la cual 70 mujeres fueron asesinadas en 2014 por sus parejas o ex-parejas, continúa siendo el exponente más execrable de las desigualdades entre mujeres y hombres. Desde Irabazi Gipuzkoa, por una parte, entendemos que las medidas para acabar con estas situaciones deben ser acometidas desde una perspectiva transversal e integral en todas las áreas de intervención política. Asimismo, entendemos imprescindible implementar medidas como la racionalización de los horarios, la puesta en marcha de programas de empleo y educación que garanticen un empleo digno, eliminando los estereotipos sexistas que reproducen la división sexual del trabajo, medidas que potencien la conciliación, la equidad y la corresponsabilidad asumidas en igualdad de condi-

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ciones por hombres y mujeres, con especial atención al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, las distintas leyes de igualdad, tanto la autonómica como la estatal, han tenido como consecuencia que los distintos parlamentos tengan composiciones equilibradas de mujeres y hombres. No obstante, esa situación no se traslada a la hora de formar los distintos gobiernos o en el momento de designar a las personas para las diferentes comisiones sectoriales en los parlamentos o juntas generales, o a quienes presiden esas comisiones, perpetuándose el modelo patriarcal. En este sentido, creemos que hay que dar un paso más y superar el mero “equilibrio de género: 60/40” y apostar por la paridad real de género, adoptando medidas que promuevan la participación de las mujeres en aquellos ámbitos en los que esté infrarrepresentada.

Durante estos últimos cuatro años, se ha avanzado en la elaboración de Planes de Igualdad tanto a nivel foral como a nivel municipal. Sin embargo, sigue pendiente la evaluación de la aplicación efectiva de dichos planes, así como la transversalidad de las políticas de igualdad. Sólo si se aborda desde todos los ámbitos, disponiendo para ello de recursos económicos y humanos suficientes, será posible alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Además, la falta de control sobre la puesta en marcha de Planes de Igualdad en las empresas privadas evidencia la falta de interés de los diferentes gobiernos en avanzar en la Igualdad real de género.

En el caso de la CAV, el artículo 19 de la ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres, establece la obligatoriedad de elaborar informes de evaluación de impacto de género en los anteproyectos de normas o actos administrativos, para el órgano administrativo que los promueva, y el artículo 20 señala el establecimiento de las medidas correctoras que se deriven del informe anterior. No obstante, estos artículos preceptivos no están siendo cumplidos, en muchos casos, por las Diputaciones Forales.

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Por lo tanto, consideramos que existe en la actualidad un amplio marco normativo que nos permite avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres, pero no se está aplicando en su totalidad, por lo que desde Irabazi Gipuzkoa proponemos las siguientes iniciativas:

4.1. DIRECCIÓN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES.

Defendemos el desarrollo de la Norma Foral de Igualdad y del Plan de Acción positivo Foral, para ello la Dirección

para la igualdad de mujeres y

hombres se le asignarán, entre otros temas, las siguientes cuestiones con partida presupuestaria propia:

1. Asignar del 5% del total del presupuesto foral para políticas específicas para mujeres. 2. Transversalizar el feminismo y la equidad de género en todas las políticas y en la propia gestión, comunicación e imagen, así como el total respeto a los colectivos LGTBI+. 3. Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública y, en todo caso, a cargo de la Seguridad Social. 4. Promover que los medios de comunicación contemplen un estilo no sexista en sus emisiones y arbitrar los medios para imposibilitar que los entes públicos o privados comuniquen, anuncien o emitan programas, imágenes o artículos que potencien la discriminación y la violencia de género (desigualdad, explotación sexual, prostitución...), además de eliminar estas circunstancias en los entes públicos. Eliminar la inserción de publicidad institucional foral en esos medios mientras persistan dichas situaciones.

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5. Impulsar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de Planes de Igualdad en el entorno empresarial privado, donde más a menudo se vulneran los derechos de las mujeres (brecha salarial, falta de políticas de corresponsabilidad, segregación horizontal, techo de cristal). 6. Apoyar institucionalmente el asociacionismo de hombres por la igualdad para el fomento de las organizaciones, actividades y políticas culturales que contemplen el estudio desde su perspectiva de género y propicien el abandono de roles y rasgos heteropatriarcales. 7. Vetar los actos sexistas, -no promover ni financiar-. 8. Promover acciones positivas encaminadas a que los hombres asuman, en términos de corresponsabilidad, las medidas de conciliación laboral y familiar.

4.2. DIVERSIDAD SEXUAL

1. Establecer programas de formación y sensibilización con respecto a los colectivos LGTBI+ dirigidos a la judicatura, fiscalía y policía, con el fin de lograr una persecución penal eficaz de las actitudes contra la diversidad y libertad sexual, una mayor protección de las personas víctimas de estas agresiones y un trato libre de prejuicios por parte del equipo multidisciplinar de funcionarias. 2. Incluir protocolos específicos para erradicar la violencia intragénero. 3. Fomentar el respeto en la propia gestión, comunicación e imagen a los colectivos LGTBI+.

4.3. VIOLENCIA DE GÉNERO

Existen distintos tipos y formas de violencia contra las mujeres, pero todas tienen en común sus raíces en una situación estructural de desigualdad y

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subordinación en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres. Esta violencia vulnera la dignidad de la mujer y de los derechos Humanos. Se materializa de distintas formas que van desde la violencia física, sexual y psicológica -que incluye los malos tratos y la violación, el abuso sexual, el acoso y las intimidaciones sexuales en el trabajo o en cualquier otro lugar, el tráfico sexual de mujeres y la prostitución-, a la violencia mediática. Esta violencia que se ejerce contra las mujeres necesita una respuesta urgente y permanente de las Administraciones públicas, en general, y el amparo de todas las instancias gubernamentales en su debate y resolución, a fin de garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres. Este grave problema debe ser una de las primeras preocupaciones de la política foral vasca y, por ello, Irabazi Gipuzkoa propone:

1. Crear Centros Asesores por parte de la Diputación que presten un Servicio de atención jurídica y psicológica de carácter integral en coordinación con otras administraciones. 2. Garantizar el mantenimiento y la gestión pública de Casas o pisos de Acogida de ámbito local o comarcal como una solución temporal para aquellas mujeres que deciden abandonar sus hogares con el fin de evitar seguir conviviendo con la persona que les maltrata y no tengan más remedio que abandonar su domicilio habitual. 3. Conceder subvenciones y ayudas de emergencia específicas ante situaciones concretas, con disponibilidad inmediata sobre las mismas. 4. Asegurar un Fondo en los presupuestos forales para el caso de incumplimiento de pagos de pensiones. En estos casos, la Diputación se dirigirá posteriormente contra el incumplidor, en su calidad de responsable civil subsidiario. 5. Condenar públicamente y realizar actos de repulsa por parte de las Juntas Generales por violación de los Derechos Fundamentales ante agresiones de este tipo.

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6. Realizar labores de sensibilización social dirigida a toda la población y, especialmente, a las mujeres que sufren cualquier tipo de malos tratos para que denuncien o busquen vías de apoyo e incidir en campañas de sensibilización y prevención al agresor; así como una labor de sensibilización y formación dirigida a las y los profesionales de los ámbitos implicados en este tema: judicatura, abogacía, personal sanitario, servicios sociales, profesorado y agentes de la Policía Municipal, con el fin de que puedan conocer las causas y la gravedad del problema, y actuar con mayor eficacia. 7. Implementar un Plan Integral contra la violencia de género en coordinación con otras Administraciones públicas de ámbito municipal, autonómico y estatal, en el que estén implicados diversos servicios y sectores de la Administración (Fuerzas de Seguridad, sanidad, justicia, servicios sociales, empleo...). 8. Establecer protocolos de seguridad para prevenir las agresiones a las víctimas de violencia de género. 9. Garantizar un salario de emergencia a aquellas mujeres maltratadas sin recursos y/o dependientes económicamente de su maltratador, incorporándolas a los programas de formación y/o reciclaje y reinserción laboral creados a tal efecto. Facilitar becas para el acceso a los cursos de formación profesional. 10.

Facilitar la ejecución de programas de prevención de violencia machista en centros educativos, sociales y laborales.

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5. Reparto del trabajo, Impulso económico y defensa de lo público

La crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto que el sistema capitalista actual es incapaz de dar respuesta a las necesidades de la población, generando grandes desigualdades entre aquellas personas que tienen recursos propios para cubrir sus necesidades y quienes no los tienen; desigualdades que cada vez son mayores y hacen que existan en nuestra sociedad ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. Estos dos últimos años, con la excusa de la crisis, se han caracterizado por una obsesión de las administraciones públicas, gobernadas por PNV y PP, con la ayuda del PSE y en ocasiones con la connivencia de EH Bildu, por recortar tanto servicios públicos como ayudas sociales, criminalizando a las personas que las necesitan al establecer la sombra de la duda sobre las mismas, en lugar de buscar formas alternativas para dignificar y mejorar la situación de estas personas. Esta actitud pretende hacer responsable a la ciudadanía de los desmanes de la banca y los mercados financieros. Y así, se han recortado derechos laborales conseguidos gracias a la lucha durante mucho tiempo de la clase trabajadora. Los ejemplos son abundantes: el retraso hasta los 67 años de la edad legal de jubilación; la autorización a las empresas del despido de los trabajadores, con tan sólo una previsión de pérdidas, lo que de facto supone el despido libre; la limitación los subsidios por desempleo o la caza de brujas iniciada por la derecha contra las personas perceptoras de RGI, entre otras cosas.

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Frente a este modelo que supone una agresión a la gran mayoría de la sociedad, es necesario cambiar el sentido de las prioridades y apoyar e impulsar otro modelo que ponga el centro de atención en lo local, de cara a alcanzar el pleno empleo.

En Irabazi Gipuzkoa queremos implantar una economía sostenible y socialmente avanzada, que esté al servicio de las personas y su bienestar, que respete los límites del planeta, que incentive las iniciativas asociativas y cooperativas, empresariales, económicas y financieras comprometidas con los principios del empleo estable, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, la cooperación y la participación en redes. Nuestros principales esfuerzos en promoción económica se realizarán en el desarrollo del tejido económico existente, el reparto del empleo y en la promoción de nuevas iniciativas locales con los siguientes ejes:

1. Economía Social: Políticas económicas cuyo objetivo sea la igualdad social como forma de extender la democracia al ámbito económico y productivo y a la economía del cuidado. 2. Sectores económicos sostenibles: dentro de los nuevos yacimientos de empleo. Destacamos la rehabilitación de zonas urbanas degradadas, el aislamiento energético de edificios, el desarrollo masivo de energías renovables descentralizadas, la recuperación y reciclaje de residuos, la conversión de la industria militar. 3. Zonas rurales: agricultura sostenible, industria de transformación y ecoturismo. 4. Actividades: que favorezcan la integración y la igualdad de condiciones de la mujer en el empleo y en la vida social y cultural. 5. Estabilidad: vinculación de las ayudas a que el empleo sea estable y con derechos, a la limitación de las horas extraordinarias, al reparto del trabajo y al respeto de la igualdad entre géneros. 6. Criterios sociales: definición de los criterios a la hora de promover iniciativas privadas.

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7. Paridad en la contratación: regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral para aquellos puestos y cuerpos en los que existe escasa representación de las mujeres y/o hombres. 8. Medidas de igualdad: establecimiento de medidas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, a partir de las propuestas encaminadas a corregir la segregación ocupacional, la precariedad y la desigualdad salarial. 9. Reparto del trabajo: promoción del reparto del trabajo con jornadas laborales de 35/32 horas, extensión del derecho a la reducción de jornada voluntaria, la conciliación laboral, y la racionalización de horarios. 10.

Condiciones ambientales: consideración de las condiciones ambientales de las actividades promovidas: certificación de normas 14000, ecoauditorías, y análisis del ciclo de vida de los productos.

11.

Gestión del suelo: atención prioritaria para actividades económicas que garanticen empleo estable en condiciones dignas y con respeto al medio ambiente. Gestión cuidadosa y selectiva teniendo en cuenta que el suelo es un recurso escaso en una región densamente poblada y saturada como Gipuzkoa, completando los polígonos vacíos y los suelos calificados actualmente y utilizando el modelo de “polígono industrial”, compacto y concentrado, en vez del modelo de industrias dispersas o situadas anárquicamente a lo largo de las carreteras. (con especial atención a las directrices de Ordenación del Territorio). Utilización de indicadores de densidad mínima (para evitar el despilfarro de suelo) y máxima (para evitar la congestión) y con carácter prioritario, rehabilitando y regenerando antiguos suelos industriales degradados para que puedan ser receptores de nuevas actividades.

12.

Impulso: del alquiler público y la rehabilitación de viviendas.

13.

Estímulo: del I+D+i y cumplimiento de las condiciones de la Carta Europea del Investigador.

Asimismo, desde Irabazi Gipuzkoa entendemos esencial la defensa y labor didáctica desde la institución foral de la necesidad de una banca pública al servicio del interés general y no de intereses privados de la élite financiera.

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Defensa de la creación de nuevos bancos públicos, cuyo objetivo será facilitar el crédito a empresas y familias para desarrollar una economía real y sostenible creadora de empleo. Defenderemos el control público de Kutxabank y nos opondremos al proceso iniciado hace algunos años destinado a su privatización. Defendemos el papel de lo público en la economía, por lo que proponemos apoyar la re-municipalización de servicios privatizados estableciendo mecanismos que no perjudiquen a los trabajadores y trabajadoras de los actuales servicios privatizados, así como el control público de sectores estratégicos mediante Consorcios públicos. También introduciremos mecanismos de colaboración público-social (con cooperativas y empresas de la economía social) para la gestión de determinadas actividades y servicios, que no sustituyan a los servicios básicos de propiedad y gestión pública. Finalmente hay una serie de materias sobre las que la Diputación no tiene competencias pero sobre las que se puede posicionar políticamente. En este sentido nuestra posición en la institución se caracterizará por: 1. Defender la escuela y la universidad públicas, laicas y de calidad como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Nos oponemos a la financiación con dinero público de la enseñanza privada y al adoctrinamiento religioso en horas lectivas. 2. Entender que la salud es un derecho y no una mercancía, por lo que nos oponemos a la privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad. 3. Promover unos Servicios Sociales públicos que garanticen la protección social, evitando los procesos de privatización, para prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión social desde unos servicios sociales públicos, universales y descentralizados. 4. Considerar la vivienda como un derecho y proponer que las administraciones ofrezcan parques públicos de vivienda en alquiler a precios as-

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equibles. Exigiremos la dación en pago y el fin de los desahucios y prestando especial atención a las recomendaciones y reivindicaciones de plataformas de afectados por las hipotecas como Stop desahucios Gipuzkoa o IRPH Stop Gipuzkoa. 5. Proponer la democratización de la Justicia y la transformación de su administración en un servicio público, trasparente y ágil. Defender el derecho a la justicia gratuita como garante de igualdad ante la ley. 6. Democratizar los medios de comunicación a través de leyes que garanticen un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios privados. 7. Promover el acceso a la cultura desde las administraciones públicas.

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6. Política social

Gipuzkoa necesita un modelo social que apueste por regenerar la sociedad, a través de la cobertura de las necesidades de la ciudadanía y de la implicación activa de la misma, una participación que construya un tejido social fuerte y estable. Hasta la fecha, la política desarrollada por la Diputación Foral ha sostenido la subcontratación de los servicios sociales que son de su competencia. La concesión de estos servicios a través de licitaciones, concursos o convenios, ha constituido un mecanismo que simula un cajero automático para las empresas privadas. Este sistema repercute en la calidad de los servicios debido al empeoramiento de las condiciones laborales –precarización- de las personas profesionales que trabajan en esos servicios. La Diputación debe responder a las problemáticas que surgen en las familias y sus redes sociales para garantizar la universalidad y el acceso a los servicios en condiciones de igualdad a todas las personas, evitando que su peso recaiga en las familias y sus redes sociales. Es prioritario defender que sean las instituciones las que asuman esta responsabilidad. Frente al modelo mantenido hasta la fecha en la Diputación Foral, en Irabazi Gipuzkoa, queremos el desarrollo ágil e íntegro de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, en la cual se reconoce el derecho subjetivo a los servicios sociales. Además nuestra intervención se encaminará hacia el cumplimiento, como mínimo, de la Cartera de Servicios Sociales. Así se obliga a las administraciones a asegurar la cobertura en su totalidad de los mismos, y a su vez, garantizar una financiación acorde a las necesidades que se plantean.

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Nuestras propuestas son las siguientes: 1. Garantizar con una correcta y suficiente financiación de la Cartera de Servicios Sociales establecida en el mapa de servicios sociales de Gipuzkoa 2015-2017 para desarrollar de manera ágil e íntegra la Ley 12/2008 de Servicios Sociales 2. Priorizar y establecer modelos de gestión directa que sean referentes para el resto de agentes que trabajan en el sector, tanto en la calidad de los servicios, como en las condiciones laborales del personal que los presta. 3. Implicar directa y activamente a la Diputación Foral en la negociación de todos los convenios colectivos de los sectores que trabajan en los servicios sociales y que son competencia de las mismas, garantizando en todos los casos la subrogación de las personas trabajadoras. 4. Implantar cláusulas sociales en los contratos públicos. 5. Realizar diversas

campañas de sensibilización tanto para visibilizar realidades,

como

para

prevenir

conductas

que

alimenten la exclusión social y las actitudes machistas, xenófobas, homófobas. 6. Desarrollar programas destinados a la atención de mujeres y hombres en situación de marginación y exclusión social, así como a las personas de los colectivos LGTBI+ que se encuentren en dichas situaciones. 7. Equiparar

de

las

condiciones

laborales

del

resto

de

trabajadoras y trabajadores del ámbito de los servicios sociales con el personal propio de la Diputación Foral. 8. Garantizar en los presupuestos la prestación de los medios personales y materiales, tratando de asegurar la permanencia de las personas en su entorno el mayor tiempo posible y

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modificando las condiciones de acceso al servicio de ayuda domiciliaria para que más personas puedan disponer del mismo. 9. Asegurar

los

medios

necesarios

para

que

haya

plazas

suficientes en los centros de día con mismo objetivo de lograr la permanencia de las personas en su entorno. 10.

Apoyar a las asociaciones y agrupaciones de personas voluntarias que se ocupan de las ayudas de emergencia así como las iniciativas que permitan acceder a necesidades básicas de forma no consumista, como los Bancos de Tiempo.

En este marco, Irabazi Gipuzkoa plantea como objetivo imprescindible para lograr todo lo anterior, la creación de una amplia red de servicios sociales públicos universales de atención especializada y con medidas de acción positiva para los colectivos más necesitados. En la medida en que son un enorme yacimiento de empleo, conllevan la necesaria coordinación y puesta en marcha de Planes de empleo forales, y son imprescindibles para que las mujeres tengan una ciudadanía de primera, con acceso en condiciones de igualdad al empleo y al conjunto del universo social, incluida la política. Estas acciones se han de realizar junto con el desarrollo de planes y políticas de igualdad, basados en una concepción integral de los derechos de las personas y los colectivos, con el objetivo de garantizar su ejercicio al conjunto de la población: vivienda, trabajo, educación, salud, cultura, ocio, etc. Y por último, no podemos olvidarnos del estudio y creación de planes y políticas específicas, orientados a sectores de la población en situación de desigualdad (infancia, mayores, inmigrantes,...) o de exclusión social (ayuda a domicilio, casas de acogida, alternativas de reinserción,...).

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6.1. INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La infancia y la adolescencia constituyen un colectivo particularmente sensible, sujeto de derechos específicos y de máxima prioridad. Por ello, es fundamental la protección de este grupo de población ante situaciones en que sus necesidades no estén suficiente ni adecuadamente satisfechas, así como su participación activa en el ámbito social. En este sentido Irabazi Gipuzkoa entiende que es necesaria: 1. Reforzar los equipos de intervención y apoyo a la infancia y a sus familias. 2. Priorizar la atención ante las situaciones de riesgo para la infancia. En este sentido, ampliando la atención psicológica a menores. 3. Primar la prevención como estrategia fundamental en la actuación frente a los problemas de malnutrición, abandono, abusos sexuales o malos tratos. 4. Elaborar un estudio de necesidades,

acompañándolo

de

programas específicos de actuación en zonas de riesgo. Para ello,

es

imprescindible

un

trabajo

coordinado

entre

las

administraciones con competencias específicas en este ámbito (educación, sanidad, servicios sociales, etc.). 5. Adecuar la red residencial para niños, niñas y adolescentes en situación

de

contemplando

desprotección el

fenómeno

a de

las

nuevas

menores

realidades,

extranjeros

no

acompañados. 6. Potenciar y reforzar el acogimiento no residencial y profesional de los y las menores en situación de desprotección. 7. Mejorar la situación laboral de quienes trabajan en los pisos de acogida,

estableciendo

cláusulas

de

subrogación

en

las

concesiones y equiparando sus condiciones a la del personal propio de las Diputaciones.

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8. Fomentar la formación del personal que trabaja en el ámbito de la infancia y adolescencia en situación de desprotección, estableciendo cupos obligatorios de formación. En el caso de servicios

subcontratados

la

empresa

deberá

asegurar

la

formación de al menos el 70% de la plantilla. 9. Establecer suficientes pisos de emancipación (18-21años) para las y los jóvenes que se encuentran bajo la tutela de Diputación, para asegurar una estabilidad en la búsqueda de empleo y formación socio-laboral que garantice una plena 10.

integración social. Crear consejos o foros de participación de la infancia en donde niños y niñas entre 8 y 16 años elijan a sus representantes.

6.2. JUVENTUD

La juventud padece directamente, la acusada presión excluyente y tendente a la marginación social propia de unas relaciones sociales mercantilizadas en extremo. El paro juvenil alcanza en el Estado a un 53,4% de las y los jóvenes, la tasa más alta de los países de la OCDE, y doblando con mucho la media de la UE que es de un 21%, lo que en muchas ocasiones fuerza a la juventud a buscar trabajo a otros lugares, tanto de la Unión Europea, como no comunitarios, países donde hay mayores oportunidades de empleo, Es inadmisible que la juventud tenga que salir a otros países para poder desarrollar sus carreras profesionales de manera digna, ya que este hecho hipoteca el futuro de la sociedad. Debemos invertir en la formación de las personas jóvenes, y evitar a toda costa que luego se vean forzadas a salir de sus lugares de origen debido a la falta de empleo en los mismos.

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Desde Irabazi Gipuzkoa consideramos que es urgente plantear medidas específicas para acabar de una vez por todas con la precariedad laboral de la juventud, para que de esta forma estas personas puedan llevar a cabo su proyecto de vida adecuadamente. Es hora de construir un proyecto emancipador para la juventud, que rompa con la discriminación, descansando sobre los pilares del empleo digno y con derechos, el acceso real a una vivienda digna, un acceso universal, público y gratuito a la sanidad y una educación laica, científica y de calidad, y el derecho a un ocio digno, no mercantilizado y participativo. Por todo ello, proponemos las siguientes medidas: 1. Generalizar y centralizar el asesoramiento a la juventud vasca sobre las diferentes subvenciones existentes para fomentar el autoempleo. 2. Conceder ayudas económicas para aquellas empresas que creen empleo juvenil por eliminación de horas extras o reducción de jornada. 3. Facilitar la accesibilidad a la información y asesoramiento en materia de salud, sexualidad y drogas. 4. Potenciar la red de albergues juveniles, talleres ocupacionales, campos de trabajo y otras actividades que posibiliten el contacto, respeto y conocimiento de la Naturaleza. 5. Promover el acceso de la juventud a la cultura (conciertos, cine, teatro, etcétera),

a través de precios especiales o

gratuidad para las personas tras baremación de la renta disponible. 6. Incentivar

el

asociacionismo

(deportivo,

tiempo

libre,

etcétera), facilitando el acceso de la juventud a locales públicos y

creando

fondos

de

ayuda

económicos,

técnicos,

de

infraestructura formación, etc. como apoyo a esta iniciativa. 7. Reforzar la red de equipamientos juveniles. 8. Fomentar actividades y experiencias plurales que posibiliten un ocio alternativo. 9. Elaborar un plan general de inversiones en infraestructuras, materiales, recursos económicos y humanos para la formación,

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creación, producción, difusión y distribución de los diferentes 10.

tipos de actividades juveniles. Crear y potenciar de programas de tránsito a la vida adulta de jóvenes mayores de 16 años, con especial atención a aquellas

personas

que

se

encuentren

en

situación

de

desventaja social.

6.3. COLECTIVO DE PERSONAS DE MÁS DE 45 AÑOS

Las personas de más de 45 años están sufriendo las peores de las lacras denunciables: el paro crece exponencialmente en este colectivo ante la desidia de las instituciones. Promover políticas activas de empleo para este colectivo, y en especial para las mujeres, es una asignatura pendiente que es necesario reactivar. Estas personas que en general tienen una amplia preparación y experiencia además de muchos años cotizados, debe ponerse en el centro de las políticas de empleo para su inserción en el mercado de trabajo en condiciones dignas acordes a su cualificación. Sólo así podremos construir una sociedad sostenible donde el conocimiento revierte en la sociedad para ayudar a las nuevas generaciones. 1. Crear un Plan Foral de Empleo para este colectivo. 2. Posibilitar el acceso a la cultura también a los ámbitos geográficos y colectivos más desfavorecidos.

6.4. PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

La sociedad vasca es una de las sociedades más envejecidas de toda Europa a causa del aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad. Esta

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situación implica un reto importante para la red de servicios sociales que trabajan de forma específica con personas mayores. Es necesario ofrecer a estas personas la necesaria calidad de vida y bienestar que demandan. Irabazi Gipuzkoa considera que es necesario trabajar sin descanso hasta lograr que los derechos universales de las personas mayores se vean reconocidos y cubiertos. Por ello, proponemos: 1. Posibilitar a las personas mayores las condiciones necesarias para que puedan permanecer en su hogar, disfrutando de una buena calidad de vida, al tiempo que se potencie la estancia en los Centros de Día. 2. Apoyar a las personas mayores desarrollando una política de servicios adecuada, que garantice su integración en su propio entorno social. 3. Desarrollar los servicios de ayuda a domicilio de carácter relacional e implantación de los mismos los fines de semana, festivos y vacaciones, atendiendo a criterios de proximidad y haciendo partícipe al usuario, de manera que se respete la preferencia del recurso asignado y el agrupamiento familiar. 4. Subvencionar en su totalidad las prótesis para aquellas personas que lo precisen y sus medios económicos les impidan adquirirlas. 5. Ampliar y crear plazas en pisos tutelados para mayores con el fin de garantizar su autonomía personal el mayor tiempo posible, a la vez que se asegura una asistencia rápida y eficaz.

6.5. DIVERSIDAD FUNCIONAL

Irabazi Gipuzkoa considera que solo la actuación decidida de los poderes públicos respecto a la problemática de la personas con diversidad funcional

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(psíquica, física o sensorial) puede garantizar su integración real. En este sentido, abogamos por: 1. Exigir el cumplimiento de las leyes, decretos y normas que contemplen el empleo para personas con discapacidad en centros

de

trabajo,

tanto

cortapisas ni ausencias. 2. Garantizar la colocación

públicos

de

como

personas

privados,

con

sin

discapacidad

considerados de difícil recolocación en empresas ordinarias, evitando que se generen empleos guetificados. 3. Asegurar la igualdad de condiciones en el acceso a un puesto de trabajo, haciendo que se cumpla el 3% de empleo en igualdad

de

condiciones

con

el

resto

de

las

personas

trabajadoras por parte de las instituciones públicas, y el 2% en el sector privado. No a la subcontratación en la plantilla y en caso de que haya subcontratación que se respeten los porcentajes legales también en ese caso. 4. Participar, los colectivos de personas con diversidad funcional, en todos los foros en los que, directa o indirectamente, se proyecten medidas, soluciones o estudios de medio, hábitat, transporte o comunicaciones, con el fin de evitar o eliminar las barreras arquitectónicas. 5. Establecer prestaciones y ayudas económicas suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de todas las personas con discapacidad a las que se les impide la actividad laboral, o se encuentran en paro involuntario. 6. Denunciar y poner medidas para evitar la doble marginación que sufren las mujeres con discapacidad por su condición de mujer y padecer una discapacidad. 7. En colaboración con otras instituciones públicas y entidades sociales,

incrementar

la

oferta

de

plazas

en

talleres

ocupacionales y Centros Especiales de Empleo para personas con

discapacidad,

donde

se

establezcan

medidas

para

dignificar sus condiciones de trabajo, aplicando las normativas

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de los convenios sectoriales en los que desarrollan su actividad o, en su caso, con convenios de empresa que lo garanticen. 8. Garantizar plazas en centros de día y/o residencias y/o apoyo domiciliario para todas las personas con diversidad funcional en situación de dependencia que las soliciten.

6.6. PERSONAS MIGRADAS

El eje fundamental de nuestra política pasa por el reconocimiento de los derechos de las personas inmigradas y seguir impulsando actuaciones institucionales para su integración social y su estrecha conexión, con el objetivo de la inserción laboral. La sociedad vasca tiene una gran capacidad de acogida, pero es necesario desarrollar importantes políticas públicas de sensibilización para evitar los riesgos de una xenofobia que está atenazando a la sociedad en general. Para lograr este objetivo, realizamos las siguientes propuestas: 1. Apostar por la elaboración de planes forales de integración social, de personas migradas. 2. Trabajar para lograr una interculturalidad como modelo de integración, por el respeto a la pluralidad cultural y social de nuestra sociedad y la adhesión como principio rector uniforme a los valores señalados en las diferentes declaraciones de derechos humanos. 3. Desarrollar campañas periódicas de sensibilización en los medios, que fomenten la cohesión social en detrimento de mensajes excluyentes y xenófobos. 4. Extender el derecho de voto en las elecciones municipales y forales a las personas residentes extranjeras.

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5. Fomentar el asociacionismo y la participación en consejos, foros u otros órganos de las personas migradas.

6.7 VIVIENDA

La vivienda es un Derecho Universal al cual debe acceder toda la ciudadanía. La situación actual dificulta que se dé tal escenario, aunque sabemos que existen mecanismos para acercarnos a una cobertura total y real de la población. Para ello manifestamos el deber de: 1. Generar subvenciones y ayudas para el pago de alquiler a las personas jóvenes, de forma que no tengan que destinar más del 30% del sueldo al pago del alquiler de su vivienda. 2. Revisar el modelo actual de alquiler social y llevar a la práctica aquellas medidas que mejoren las condiciones de vida de las personas en situación o riesgo de exclusión social. 3. Estudiar el estatus de las viviendas en alquiler o para alquilar y así, convertirla en alquiler social. 4. Analizar y reestructurar las condiciones de adjudicación. 5. Auditar tasaciones. 6. Convertir vivienda VPO sin vender en alquiler social.

6.8. EDUCACIÓN

Vemos en la educación un motor para generar alternativas en esta sociedad en

crisis.

La

destrucción

de

puestos,

la

necesidad

de

invertir

en

investigación y el reciclaje son ejes que tenemos en cuenta en este apartado, por ello apostaremos por:

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1. Facilitar los procesos de reciclaje a aquellas personas paradas para mejorar o completar su formación y así, logren cumplir su proceso de inserción. 2. Asegurar, mediante subvención, la posibilidad de todas y todos los alumnos de estudiar en los territorios limítrofes, garantizando ayudas al transporte. 3. Promocionar a las y los jóvenes

investigadoras

e

investigadores y sus respectivos proyectos.

6.9. EXCLUSIÓN SOCIAL.

La Exclusión Social es un fenómeno de carácter estructural que consiste en que las personas no logran acceder a los distintos bienes existentes y a los que tendría derecho, y el no acceso cuestiona la misma condición de ciudadanía de plenos derechos. En Irabazi Gipuzkoa vislumbramos una sociedad que no excluya y hemos ido detallando propuestas en diferentes grupos poblacionales y áreas que servirán en gran medida para combatir la Exclusión Social. Por todo lo expuesto a lo largo de este punto, Irabazi Gipuzkoa defiende un modelo de servicios sociales de responsabilidad pública, que no encerrada en lo público. Consideramos los servicios sociales como un derecho subjetivo, cuyo fin debe favorecer la integración en la sociedad de todas las personas independientemente de su capacidad económica, garantizando una justicia social.

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7. Calidad ambiental

En

Irabazi

Gipuzkoa

las

cuestiones

sociales,

económicas

y

medioambientales están ligadas y para lograr una mejora de nuestra sociedad

es

necesario

reorientar

nuestra

forma

de

vida,

tanto

de

producción, como distribución, como consumo. Por este motivo, exigiremos acuerdos máximos en normas ambientales que tengan por objeto garantizar la biodiversidad para las generaciones venideras a las administraciones correspondientes de los tres territorios y al Parlamento Vasco. Consideramos que la solidaridad en el tiempo, con las generaciones que nos seguirán, y en el espacio, sin generar deudas a otros territorios, debe ser un mandato en las políticas ambientales. Por este motivo proponemos:

1- una reforma ecológica de la fiscalidad superando el principio de que “quien contamina paga”, exigiendo desde lo local a la UE que puede y debe establecer las leyes y directivas europeas que

garanticen

que

no

se

produzca

la

contaminación,

persiguiendo penalmente y no sólo económicamente a los culpables.

Instando

desde

las

Juntas

Generales

y

los

Ayuntamientos a las Fiscalías de Medio Ambiente y a los Tribunales de Derechos Humanos a que utilicen la amplia legislación sobre este tema y constituyan herramientas. 2- La toma en consideración tanto el coste de extracción como el coste de reposición de los recursos naturales e incluir la “huella ecológica”, o huella de deterioro ecológico, para facilitar el control de la evolución positiva o negativa de la sostenibilidad.

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3- La apuesta por una economía sostenible. Hemos de trabajar un marco básico de economía sostenible, que tenga entre sus retos el de poner en pie una economía que atienda a los límites biofísicos del planeta. Ello implicará la introducción de otro tipo de

“contabilidades”

que

trasciendan

las

de

carácter

especulativo y generador de plusvalías, midiendo los flujos de materiales y energía con el fin de minimizar su acción sobre la biosfera. Se tiene que poner fin al mito del crecimiento como objetivo y sustituirlo por el de satisfacción de las necesidades en base a las disponibilidades materiales y energéticas del entorno.

El modelo de desarrollo ha de ser social, económica y ambientalmente sostenible y esto pasa por impulsar distintos sectores, alejándonos del monocultivo del sector servicios, definiendo la intervención pública en los sectores agroalimentario, energético e industrial, del sector cuidados, de las nuevas tecnologías, etc. Entre todas y todos construiremos un modelo de desarrollo que socialice la toma de decisiones, implicando a los pueblos y comarcas en el diseño y puesta en marcha de propuestas de desarrollo económico sin comprometer los recursos de las generaciones venideras ni generar dinámicas de empobrecimiento de otras partes del mundo. La inversión ha de planificarse de manera que sirva para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y temporal, de la misma manera que incluya la democratización en el uso de los recursos y los medios de producción.

El

modelo

económico

basado

en

la

especulación

y

el

consumismo trae perjuicios ambientales, de salud, sociales y económicos, no dudando en lanzar injustas y costosas guerras, con el objetivo de someter a un saqueo brutal de recursos humanos y naturales a los países. En Gipuzkoa hemos superado nuestro límite de huella ecológica, estamos consumiendo 3veces las posibilidades de renovación natural de nuestro

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territorio. En otros términos, si todo el mundo viviera como un/a gipuzkoano/a harían falta 3 planetas Tierra. Y traspasamos esta huella ecológica a los países del tercer mundo, de varias formas: explotación de recursos mineros, agrícolas, compra de terrenos, cementerio de desechos tóxicos. Tenemos la obligación de reflexionar y proponer un modelo totalmente diferente de desarrollo, que pasen por una nueva agenda de política ambiental

7.1. GESTIÓN DE RESIDUOS

Irabazi Gipuzkoa defiende sistemas alternativos a la incineración, que supongan un incremento mayor de las cantidad de residuos que se reutilizan, dado que quemar aquello que puede ser reutilizado es la gestión más insostenible que se puede hacer de los mismos. En estos últimos cuatro

años se

han puesto en marcha distintas

modalidades de sistemas de recogida de residuos urbanos que han demostrado que sólo mediante la separación en origen de los mismos es posible alcanzar niveles superiores al 60%. En ese sentido, las tres prioridades en las que nos apoyamos en Irabazi Gipuzkoa son, en este orden, la reducción, la reutilización, el reciclaje, por lo que apostamos por: 1. Obligatoriedad de las recogidas selectivas de residuos en origen, siendo esta la forma más eficaz de comenzar el correcto tratamiento de los residuos. 2. Potenciación de la Estrategia Residuo 0: recogida selectiva en origen (orgánico vs resto, recogida separada en fracciones), compostaje de calidad, centros locales de reutilización y

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reciclaje, investigación e incidencia en fracción no reciclable, incentivos fiscales. 3. Tratamiento de los residuos en las zonas más próximas posibles

al

lugar

donde

se

generan,

como

forma

de

concienciación. 4. Intensificación de la separación domiciliaria en origen de la materia

orgánica,

para

su

posterior

biometanización

y

compostaje, con el objetivo de una mayor recuperación de los materiales. 5. Promoción de la homologación de los materiales recuperados para su reintroducción en los circuitos productivos. 6. Veto a las incineradoras y a la utilización de los residuos (papel,

cartón,

combustión.

Se

neumáticos, hacen

aceites)

necesarios

en

instalaciones

cambios

de

legislativos

y

normativos para recuperar una jerarquía de gestión de los residuos encaminada a la sostenibilidad, a la protección de la salud y a la generación de empleo que cierre la opción a la incineración

de

residuos,

llamada

de

manera

engañosa

"valorización energética". 7. Revisión de la decisión sobre el vertedero de Zestoa, a través de estudios sobre los lugares más idóneos desde el punto de vista de la seguridad y sostenibilidad. 8. Tratamiento fiscal diferenciado desde las Diputaciones, que penalice incineradoras y vertederos frente a sistemas de recogida y tratamiento de residuos que apuesten por el reciclaje y la reutilización. 9. Extensión de la educación ambiental no sólo a las escuelas, sino a todos los ámbitos, como medida preventiva que favorezca la concienciación social sobre la sostenibilidad, el intercambio

de

información

sobre

recursos,

experiencias,

programas y materiales didácticos, así como la recogida y

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difusión de datos para cubrir de modo eficaz las necesidades de información en cuanto a educación ambiental. 10.

Aumento de los Garbigunes o Depósitos Alternativos de Residuos, de forma que sean accesibles a pie para el conjunto de la población y más accesibles también a pie de calle, promoviendo un servicio de recogida a domicilio.

11.

Gestión

pública

de

las

actividades

de

recogida,

clasificación y comercialización de los materiales recuperados. Colaboración

con

asociaciones

y

organizaciones

de

recuperadores basadas en la economía social. 12.

Compra de materiales reciclados y reutilización desde la Administración pública.

13.

Puesta en práctica de planes de sensibilización y formación de los ganaderos vascos en torno al correcto manejo y

gestión

de

purines

generados

en

las

explotaciones

ganaderas. 14.

Apoyo y financiación a la implantación de sistemas de gestión de envases retornables frente a los actuales sistemas de gestión d envases y embalajes, cuya existencia no ha implicado una reducción en la cantidad de residuos producidos, ni la retirada del mercado de envases y embalajes superfluos o de un solo uso.

15.

Afianzamiento de las iniciativas públicas y privadas sin ánimo

de

lucro

dirigidas

a

reutilizar

bienes,

objetos

y

utensilios, mediante reparación, mercados de segunda mano o establecimientos de trueque y donación.

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7.2. USO EFICIENTE DEL AGUA

Una administración eficiente del agua debería cumplir las siguientes condiciones: suministro de agua potable en cantidades adecuadas para las poblaciones, tanto rurales como urbanas; prevención del despilfarro y la contaminación; medidas para controlar la disminución de los recursos, así como purificación del agua y control de la contaminación, a través de las siguientes medidas:

1. Gestión comarcal del abastecimiento y la depuración. 2. Programas integrados de gestión de la demanda de agua, en vez de construir nuevos embalses. Reducción de consumo. 3. Mantenimiento de la red para detectar fugas y evitar pérdidas. 4. Política de precios que incentive el uso eficiente. 5. Campañas informativas para promover un uso y consumo más sostenible del agua. 6. Tasas ambientales según el grado de contaminación del vertido. Vigilancia y control riguroso de vertidos. 7. Aumento del ritmo de inversión en saneamiento y depuración para adecuarse a la normativa europea. 8. Depuración en origen de las aguas industriales. Separación de las aguas industriales, de las residuales domésticas y del agua de lluvia, pues su tratamiento es diferente. Reutilización de aguas residuales para riego. 9. Tratamiento integral del ciclo del agua mediante la renovación de los sistemas de abastecimiento y la generalización del sistema separativo de saneamiento. Reducción de la carga de depuración del sistema fecal y recuperación rápida de los caudales ecológicos.

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10.

Descentralización de las instalaciones de potabilización y depuración. En zonas rurales, uso de tecnologías blandas y sencillas de mantener.

11.

Limpieza

y

restauración

de

cauces

fluviales,

manteniendo la vegetación original y evitando encauzamientos. 12.

Prevención de la contaminación: protección de las aguas superficiales y de los acuíferos. Uso sostenible de estos últimos.

13.

Desarrollo de un sistema de recogida soterrada en las ciudades para el agua de lluvia. Usar este agua para limpieza de calles y riego de parques.

14.

Medidas para recuperar acuíferos degradados. Algunas minas abandonadas han dejado atrás acuíferos contaminados.

7.3. ENERGÍAS RENOVABLES

El modelo energético de Irabazi Gipuzkoa es de generación y consumo en cada municipio o comarca, generación y consumo disperso en el territorio frente al modelo concentrado habitual. En nuestro modelo no hay necesidad de grandes centrales de generación eléctrica, ni de grandes empresas energéticas, de electricidad, gas o petróleo, ni de grandes redes de transporte. Defendemos la recuperación por parte del poder público de un sector público energético adecuado donde los municipios tienen un gran papel. Consideramos que debe ponerse en pie una política energética basada en la consideración de la energía como un bien público universal y no como una mercancía. Por eso proponemos:

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1. Planes

de

eficiencia

energética

y

energías

renovables

(especialmente solar, tanto térmica como fotovoltaica) en los edificios de la Administración foral y las entidades locales. 2. Planes

descentralizados

desde

los

municipios.

Auditorías

energéticas y extensión de la cogeneración. 3. Desarrollo controlado de la energía eólica. Reconsideración de la programación sectorial de la energía eólica, en función de su compatibilidad con la defensa integral de los valores naturales y medioambientales del territorio. 4. Aumento de la inversión en I+D en el campo de las energías renovables:

undimotriz,

procesos

biotecnológicos

(fermentación, metanogénesis, biofotolisis y biocombustibles de segunda y tercera generación...). 5. Control de la procedencia de los biocombustibles. De una solución se puede crear un grave problema. No sirven los biocombustibles si estos se han creado, por ejemplo, a partir de talar la Amazonia… 6. Declaración de Territorio no Nuclear, prohibiendo el tránsito de materiales radioactivos. Presionar para la no reapertura de la central de Garoña. 7. Apuesta por que Gipuzkoa sea declarada zona “libre de Fracking”

y

rechazamos

la

desmedida

campaña

de

prospecciones petrolíferas en las costas europeas. Eliminar las subvenciones públicas al sector petrolero. 8. Impulso de la creación de un tejido empresarial que nos convierta en líderes tecnológicos a nivel mundial, estableciendo convenios con la Red de Centros Tecnológicos de Euskadi y con el Automotive Intelligence Center (AIC).

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9. Uso de de energía renovable. Queremos que en 2020 el 100% de la energía que consuman las administraciones públicas en sus sedes y organismos sea de origen renovable. 10.

Apuesta por la generación mini-eólica con molinos de pequeña-media potencia.

11.

Potenciación de instalaciones fotovoltaicas ubicadas en superficies ya construidas.

12.

Disminución de un 30% para el 2020 de la demanda energética.

13.

Reducción de gases de efecto invernadero hasta el 95% en el horizonte del año 2050, y hasta el 40% para el año 2020.

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8. Biodiversidad, recursos naturales y protección animal

8.1. BIODIVERSIDAD

Nuestros territorios deben considerar los recursos naturales como bienes de la humanidad, por lo que no pueden estar sujetos a sobre explotación ni a derechos de propiedad intelectual ni patentes. Irabazi Gipuzkoa promoverá criterios y objetivos para la conservación del patrimonio natural en la ordenación del territorio y urbanismo, agricultura, ganadería, pesca, turismo y transporte, entre otros. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son los principales problemas ambientales a los que se enfrentan la población mundial, y se agravarán si no se toman las medidas oportunas. Desde Irabazi Gipuzkoa proponemos la instauración de Normativas en las Diputaciones y Ayuntamientos sobre Diversidad que recojan los datos de análisis de la Estrategia Europea sobre Diversidad 2020 y el tercer informe sobre Perspectiva de la Biodiversidad de Naciones Unidas (GBO3), que dan una visión de la pérdida continua de biodiversidad y contemplen entre sus directrices las siguientes:

1. Incluir la biodiversidad en todas las políticas sectoriales, especialmente

energía,

agricultura,

pesca,

silvicultura,

transporte, turismo y ordenación del territorio, como elemento transversal que debe limitar la acción cuando se convierta en amenaza.

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2. Desarrollar Planes de Acción Territoriales contra las especies exóticas invasoras. 3. Crear mesas sobre la biodiversidad con todos los niveles competentes de la Administración para coordinar y mejorar la planificación, evitando dispersiones e incoherencias. 4. Implicar los movimientos sociales y ciudadanos, no solo económicos, en la salvaguarda y mejora de la biodiversidad. 5. Promover investigaciones para mejorar el conocimiento de la diversidad biológica. 6. Regular el acceso a los recursos genéticos reconocidos como derechos soberanos por parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y asegurar que los usuarios de recursos foráneos cumplan con las normas de acceso de los países de origen, protegiendo la diversidad local. 7. Apostar por la implantación y ampliación de la red de espacios naturales “Natura 2000”, fomentando su utilidad para la protección territorial, incorporando la protección frente a los riesgos naturales, la gestión integrada de cuencas fluviales o la recuperación de las áreas naturales degradadas. Impulsar la restauración y recuperación de ecosistemas degradados. 8. Someter las actividades agroganaderas, silvícolas y de pesca a controles que remedien la sobre explotación de recursos, fomentar

usos

y

técnicas

respetuosas

y

eliminar

toda

subvención a actividades no sostenibles. 9. Adoptar el principio de precaución asegurando que todos los procesos productivos, servicios e investigaciones se sometan a controles previos que eviten su acción nociva sobre los seres humanos y demás seres vivos. 10.

Imposibilitar zonas

la construcción

de

infraestructuras en

sensibles o vulnerables para la biodiversidad. Es

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necesario vincular especies con ecosistemas para desmontar argumentos en áreas con presencia de especies protegidas en las

que

se

infravalora

esta

cuestión.

Imposibilitar

la

construcción de urbanizaciones e intervenciones innecesarias, en zonas sensibles o vulnerables de ENP, Red Natura 2000 y paisajes

singulares

y culturales,

así

como

la

Áreas

no

Protegidas de Interés, como los Hábitats Naturales de Interés Comunitario o las Áreas Importantes para las Aves (IBAs). 11.

Impulsar desde todas las instituciones la creación de un corredor marítimo protegido desde Donostia hasta Baiona en consonancia con lo solicitado por el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y Oceana.

12.

Garantizar un porcentaje de los presupuestos para la investigación, sensibilización o la adecuación ecológica de algunas actividades económicas.

13.

Limitar la cantidad de fertilizantes vertidos al agua. En ríos con muchos nutrientes se da la eutrofización. Crecen muchas plantas que quitan oxígeno al agua y mueren los peces.

14.

Acabar con el dragado de los lechos marinos. Dragar los lechos

marinos

provoca

la

alteración

del

ecosistema

submarino. 15.

No llevar a cabo nuevas infraestructuras en zonas inundables fluviales o marinas.

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8.2. AGRICULTURA Y MEDIO RURAL

La legislación medioambiental y urbanística del País Vasco, a través de las DOT (Directrices de ordenación del Territorio), los PTP (Planes Territoriales Parciales) y los PTS (Planes Territoriales Sectoriales) no favorecen la preservación del medio rural y de los suelos más aptos para la agricultura. El

modelo

urbanístico

vasco

es

predador

de

los

suelos

rurales,

especialmente de aquellos que rodean a los pueblos y ciudades. Las protecciones que establecen los Planes Territoriales Sectoriales sobre los recursos naturales, agroganaderos y silvícolas están supeditadas a los objetivos urbanísticos de los Planes Territoriales Parciales y los planes generales de ordenación urbana de los municipios. Esta situación hace que el precio del suelo rural deje de estar fijado por su capacidad agrícola para pasar a ser regulado por sus posibilidades urbanísticas. Los ejes prioritarios son el mantenimiento del empleo agrario y el respeto al medio ambiente. Por estas razones, por su valor cultural y como factor de ordenación del territorio, la agricultura debe considerarse un sector estratégico. De esa manera, planteamos las siguientes propuestas:

1. Defensa del suelo agrario desde la Ordenación del Territorio y el planeamiento municipal. Realización de Inventarios que cataloguen todo el suelo y establezcan las Unidades Agrológicas a mantener prioritariamente por su calidad y continuidad territorial. 2. Un Banco público de tierras para facilitar el acceso de las personas jóvenes y para viabilizar explotaciones de dimensión insuficiente. 3. Apoyo técnico, financiero y de tierra a jóvenes. Fomento del asociacionismo.

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4. Agricultura biológica, más intensiva en empleo que la convencional. Apoyo técnico y financiero. Campañas divulgativas entre el público en general para desarrollar la demanda de este tipo de productos. 5. Rechazo a los transgénicos, impulsando la campaña de territorios libres de transgénicos. Apoyaremos la prohibición de los cultivos productivos o experimentales al aire libre. 6. Ecoetiquetaje obligatorio. 7. Espacios naturales protegidos: establecimiento de zonas periféricas de protección para evitar la urbanización inducida en el borde de los parques naturales. 8. Integración de los espacios naturales en los planes comarcales de desarrollo sostenible. Participación de las comunidades locales en la gestión de los espacios protegidos. 9. Creación de una red de corredores ecológicos que comunique los diferentes espacios y posibilite el intercambio genético. Planes de recuperación de las especies amenazadas. 10.

Apuesta autóctonas

por

vascas

el

mantenimiento

y

por

la

de

las

conservación

de

razas

ganaderas

las

variedades

tradicionales de especies cultivables, a través de bancos públicos de semillas que promuevan el registro de las variedades vegetales para evitar su apropiación por parte de las corporaciones agrotecnológicas, con el fin de fomentar su uso y comercialización. 11.

Desarrollo del consumo de cercanía y de productos ecológicos, así como la creación de lazos directos entre consumidores y productores mediante mercados municipales o comarcales estables, donde los productores locales puedan realizar la venta directa o el abastecimiento a grupos de consumo organizados en torno a ellos.

12.

Incentivación de la creación y pervivencia de cooperativas de comercialización y/o transformación, que den un valor añadido a la

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producción agroganadera guipuzcoana y faciliten la negociación de los precios con el sector de la distribución. 13.

Estudio del uso y mejora de la gestión de “islas” naturales a donde se dirige toda la población (efecto diana). Protección a diversos niveles de todo el medio, no sólo de los parques naturales.

14.

Caza y pesca: eliminación de subvenciones públicas a estas prácticas lúdicas. Aumentar el control sobre las condiciones en que se ejercen.

A la hora de abordar el futuro de la actividad agro-ganadera en Gipuzkoa no se puede marginar el análisis de la situación de la mujer en este ámbito. Irabazi Gipuzkoa considera que uno de los objetivos principales debe ser la mejora

de

la

calidad

de

vida

de

las

habitantes

de

los

caseríos,

contemplando la puesta en marcha de acciones positivas que favorezcan el reconocimiento de la labor realizada por dichas mujeres, tanto en el ámbito productivo como reproductivo, y que carece del suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y reflejo social por cuanto no trasciende del ámbito doméstico, perpetuando su invisibilización. Con ese objetivo, impulsaremos:

1. la promoción de una modificación de la Ley de Política Agraria que posibilite la cotización a la Seguridad Social al 50% para el cotitular de la explotación agraria. 2. Elaboración de un censo de mujeres baserritarras. 3. Elaboración de un estudio sobre las necesidades de las mujeres rurales, con perspectiva de género y evaluaciones periódicas de la implementación de mejoras. 4. Inclusión en los programas educativos de las escuelas agrarias la formación en igualdad, para toda la comunidad educativa.

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5. Garantización del servicio integral de sustituciones en las explotaciones agrarias. 6. Implicación de la administración foral para dar a conocer, de manera directa y cercana, los servicios sociales de los que pueden disponer las familias que viven en el medio rural.

8.3. MONTES

Defendemos una gestión forestal sostenible que proteja el suelo, el bosque, la biodiversidad y los paisajes: 1. Repoblación forestal con especies autóctonas y eliminar las ayudas a la plantación o explotación de especies de crecimiento rápido. 2. Consideración de las distintas funciones y usos de los bosques, no sólo el aprovechamiento maderero. 3. Conservación de prados y bosquetes con seto vivo. Incrementar los recursos destinados a desbroces, podas y limpiezas de matorral. 4. Creación de empleo en recuperación y conservación por medio de los Ayuntamientos. 5. Respeto riguroso de las zonas legales de servidumbre en ríos y arroyos, plantando las riberas y márgenes con especies autóctonas. 6. Control de los montes de propiedad privada para garantizar su conservación. 7. Determinación de los espacios con interés general cultural, social, de ocio o medioambiental, utilizados por las personas para el disfrute, con el objetivo de declararlos zonas libres de actividad cinegética y que, por lo tanto, se eliminen los puestos de caza de dichas zonas.

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8.4. PROTECCIÓN ANIMAL

El respeto que debemos hacia nuestros recursos naturales ha de extenderse también a los animales que comparten nuestro hábitat. Para ello se: 1. Elaborarán leyes que protejan a los animales y estableceremos los mecanismos de control necesarios para su cumplimiento. 2. Crearán iniciativas para promover el respeto hacia los animales mediante la educación y sensibilización para una sociedad sin violencia contra los animales. 3. Impulsará la abolición de festejos y espectáculos que conlleven sufrimiento tanto físico como psicológico de los animales. 4. Realizarán campañas de sensibilización sobre el elevado número de perros y gatos abandonados, así como el gasto (público y privado) que esto supone, se debe en gran medida a la no esterilización, ya que de llevarse ésta a cabo de forma sistemática el número de animales abandonados sería prácticamente nulo. 5. Generará un impuesto del 55% sobre la compra de animales de compañía, con el triple objetivo de desincentivar estas transacciones, potenciar la adopción y financiar a las asociaciones protectoras de animales. De esta manera se contribuiría a evitar el 30% de abandonos que provienen de la compra compulsiva, apoyando al tiempo el mantenimiento de la recogida de animales abandonados, el cuidado de las colonias de gatos callejeros, la esterilización de los animales y la puesta en adopción de los recogidos, tanto por las administraciones públicas como por las asociaciones protectoras. 6. Prohibirá la cría comercial de camadas por parte de particulares, sólo se permitirá dicha cría a personas físicas o jurídicas que posean título de criador homologado, dispongan de un código ético al efecto y la oportuna certificación del control de las características de las

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diferentes

razas,

con

el

fin

de

impedir

la

transmisión

de

enfermedades hereditarias. 7. Se fomentará la creación de una “Ley reguladora de la eutanasia de animales,” para que sea solo aplicada para poner fin a su sufrimiento y cuando no haya más alternativas. 8. Estudiará

la

posibilidad

de

que

los

animales

de

compañía

permanezcan con sus propietarios, en los supuestos de ingreso de éstos, o en centros de acogida, en residencias para mayores. 9. Fomentarán las dietas sostenibles, ecológicas, reduciendo el consumo de carne y pescado. Los informes de la ONU (2010) y de la FAO (2006) avalan la alimentación vegetariana como única forma de evitar un próximo desastre medioambiental. 10.

Apostará por una eliminación progresiva la experimentación con animales

11.

Aplicará integralmente las directivas europeas sobre protección y bienestar animal.

12.

Respecto a las especies migratorias, se deberá prohibir especialmente la perturbación de los espacios de cría, muda, invernada y descanso, así como la caza en los mismos.

8.5 RÍOS

1. Trabajar con el objetivo de que los ríos sean utilizables para que las personas se puedan bañar. 2. Afanar para que en nuestros ríos se encuentren salmónidos, el pez autóctono que necesita una mejor calidad del agua. 3. Dejar más espacio a los ríos. Alejar el impacto humano.

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8.6 CAMBIO CLIMÁTICO

1. Reducir la contaminación lumínica. 2. Crear un plan de acción y urbanístico contra el cambio climático. (Para contrarrestar la subida del nivel del mar)

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9. Movilidad sostenible

A día de hoy en vehículo privado ha ganado la partida al transporte público. La razón ha sido que las instituciones no han tenido ni las ideas ni las ganas necesarias de resolver el problema y por tanto en Gipuzkoa han apostado prioritariamente por la masiva construcción de carreteras que, no sólo no solucionan los problemas de tráfico existentes, sino que los agravan y sólo sirven para el beneficio económico de las empresas constructoras y el deterioro del medio ambiente. Para Irabazi Gipuzkoa es necesaria otra política de movilidad que impulse el tráfico tanto de personas como de mercancías, a través de medios sostenibles como el ferrocarril y el transporte público colectivo en general, dejando de lado la apuesta por el tráfico por carretera. Las políticas de transporte que se han llevado a cabo en las últimas legislaturas contradicen absolutamente el Libro Blanco sobre Transporte de la UE, que insiste en la búsqueda de alternativas a la carretera para construir nuestras regiones de una forma sostenible. Para cambiar el modelo de movilidad actual, es condición ‘sine qua non’ el compromiso de no construir nuevas vías de gran capacidad y que esos fondos se destinen al fomento del transporte público, pero ese compromiso es inexistente hoy por hoy por parte de las instituciones públicas. Consideramos que las partidas destinadas a nuevas carreteras en los presupuestos forales deben ser destinadas a la mejora y ampliación del resto de medios de transporte, a la resolución de los puntos más conflictivos y a la mejora de las redes locales y comarcales.

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Irabazi Gipuzkoa defiende la promoción de accesibilidad y el apoyo al transporte colectivo. La movilidad no se puede considerar un bien en sí mismo. Es preciso fomentar la accesibilidad para reducir las necesidades de desplazamiento. En nuestro territorio tenemos pueblos y ciudades con transporte público urbano concertado y público. Pero el transporte público interurbano en todos los casos es privado. Desde Irabazi Gipuzkoa creemos que se tiene que dar una transición a que el transporte tanto urbano como interurbano sean de carácter público. Nuestra prioridad y nuestras propuestas apuestan por el transporte público colectivo porque supone la mejora en la calidad de vida de las ciudades y pueblos. Su fomento produce una disminución de la contaminación acústica y ambiental, reduce los tiempos de traslado entre barrios, rebaja los costes de los trayectos y conforma ciudades pensadas por y para las personas. Irabazi Gipuzkoa propone, en este sentido, las siguientes medidas: 1. Garantizar la igualdad entre toda la ciudadanía, sea cual sea el lugar de

residencia

elegido

y

cuales

sean

sus

condiciones

físicas

individuales. El transporte público es, ante todo, un servicio público al que se deben aplicar legalmente los recursos que la sociedad considere. Se debe optar explícitamente por el transporte público y la peatonalización de las ciudades y regiones urbanas. Transporte público urbano e interurbano 2. Facilitar la combinación entre trayectos y horarios fijos y flexibles del transporte público, incluyendo medidas novedosas como el servicio a demanda. De esta manera se optimizará los servicios de transporte, reduciendo tanto los transporte que van sin pasajeros como la deficiencia económica que ocasionan estos casos. 3. Implementar una flota de coches eléctricos o de bajo consumo -coches

de

alquiler

y

taxis

públicos-

para

realizar

trayectos

complicados.

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4. Establecer una matriz o centro de control. Los puntos mencionados anteriormente

en

la

independientemente,

mayoría

de

los

casos

se

gestionan

esto conlleva que muchas veces los usuarios

tengan que hacer malabarismos para combinarlos en sus trayectos. Por eso, Gipuzkoa necesita de un centro de control tipo 112 que gestione todos los desplazamientos posibles de los que puede disponer cualquier ciudadana y ciudadano. Un centro de control que se encargará de organizar la demanda de movilidad tanto interurbana e interterritorial como nacional e internacional de la ciudadanía. Aprovechando así al máximo todos los recursos disponibles y evitando despilfarros materiales y económicos que se dan en la actualidad y consiguiendo que Gipuzkoa sea menos dependiente y más sostenible. 5. Reorientar las tendencias urbanísticas y territoriales, evitando la dispersión de las actividades urbanas y buscando la cercanía a los servicios,

actividades

y

equipamientos,

a

fin

de

reducir

los

desplazamientos de larga distancia que requieran el concurso de vehículos a motor. Cada barrio o sector deberá, dentro de lo posible, disponer de todos los servicios que habitualmente se necesitan. 6. Sustituir los desplazamientos en los medios de mayor impacto -singularmente

el

automóvil

privado-,

por

desplazamientos

en

transporte colectivo: Introducción de sistemas ligeros de capacidad intermedia

(tranvía-metro

ligero),

plataformas

reservadas,

intercambiadores modales, aparcamientos disuasorios,… 7. Crear

condiciones

favorables

para

que

se

desarrollen

los

desplazamientos no motorizados, andando o en bicicleta: áreas de velocidad reducida, ejes peatonales, bidegorris, etc. Irabazi Gipuzkoa solicitará a la Diputación Foral que, al menos el 5% de las partidas presupuestarias

destinadas

a

carreteras,

se

apliquen

a

la

construcción de bidegorris de forma coordinada, de modo que constituyan vías de comunicación dentro del ámbito local entre localidades cercanas y se integren en la red europea de bidegorris.

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Puesta en marcha de espacios en

los autobuses territoriales

(Lurradebus, Bizkabus…) para el transporte de bicicletas. 8. Mejorar el acceso en todos los puntos de paradas de autobuses, implantándose

progresivamente

material

móvil

adecuado

para

personas con movilidad reducida. 9. Garantizar

un

transporte

público

de

titularidad

pública,

no

subcontratado. 10.

Optimizar la información a la ciudadanía en materia de horarios y servicios. Tanto el horario de cada uno de los servicios como el mapa de líneas pueden ubicarse en todas las paradas. Posibilidad de consultar horarios a través del móvil.

11.

Implantar precios públicos reducidos que compitan eficazmente con el transporte privado.

12.

Instaurar el billete único para todos los medios de transporte (tranvía, autobús, funicular, metro, ascensores, EuskoTren y RENFE cercanías.). La Diputación Foral deberá coordinarse con otras instituciones para la consecución de este objetivo.

13.

Fijar una política tarifaria única para todos los medios de transporte.

14.

Estudiar las necesidades del tejido productivo (horario de empresas, turnos de los trabajadores y las trabajadoras) para coordinar horarios de transporte público que se adapten a dichas necesidades, incluidos los servicios nocturnos de los transportes públicos.

15.

Aumentar la frecuencia del transporte público los fines de semana, ya que normalmente se ven reducidos y ello hace que las personas opten por el uso del vehículo privado.

16.

Ampliar los horarios de los transportes públicos hasta la 12 de la noche entre semana y servicios nocturnos los fines de semana.

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17.

Logar un convenio entre las Diputaciones Forales y la UPV/EHU para la creación de una tarjeta de bus especial para los y las estudiantes que suponga la gratuidad del transporte a la universidad, tanto interurbano como interterritorial.

18.

Reforzar las líneas de transporte público con los campus más dispersos.

19.

Regenerar las líneas de transporte público en las comarcas que más dificultad tienen a la hora de garantizar el acceso de las y los estudiantes a los distintos campus de la UPV. No a la marginación de las y los estudiantes residentes en zonas rurales alejadas de las capitales.

Por lo que respecta al desarrollo del ferrocarril, Irabazi Gipuzkoa apuesta por

modernizar

el

modelo

tradicional

y

aprovechar

todas

sus

potencialidades. Rechazamos el proyecto de la Y vasca por el excesivo impacto ecológico que supone y porque condena a la ciudadanía vasca a soportar el transporte de mercancías por la carretera, ya que este proyecto lo impide. En su lugar, proponemos la realización de una línea alternativa de “velocidad alta” (no más de 220-230 Km/h e inferiores y con paradas intermedias), que responda a las necesidades sociales y posibilite el trasvase de la mayor parte de las mercancías de la carretera al ferrocarril, que no destruya el medio ambiente y que respete las zonas más densamente pobladas. Entendemos que la mejor opción para modernizar y mejorar el tren en Euskadi es desarrollar el ferrocarril convencional. Las distancias son pequeñas, hay muchas localidades intermedias, consume menos energía, no causa destrozos ambientales en el territorio porque puede usar parte de la infraestructura actual y es el más idóneo para el transporte de mercancías. Defendemos el desdoblamiento de la línea de Euskotren “Lasarte-Hendaia”, entre las estaciones de Oiartzun y Hendaia, para que los viajes de dichas

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poblaciones disfruten de la misma frecuencia horaria que los demĂĄs usuarios de dicha lĂ­nea.

Es el momento de que las Diputaciones entiendan que el sistema de transporte es un todo complementario, donde los modos no compiten entre sĂ­, sino que se especializan y se complementan.

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10. Ordenación del territorio

Vivimos una época de interesado desprestigio de la actividad planificadora, motivada por la convicción neoliberal, según la cual “el mejor uso del suelo lo realizará aquella actividad que más pueda pagar por él”. Esta máxima ha sido puesta en práctica de forma constante y permanente por los distintos Gobiernos en las instituciones vascas. Esto ha supuesto la planificación de los territorios y las ciudades de forma desordenada y olvidándose de las personas como principales destinatarios de la misma. Las áreas urbanas son hoy, una base de nuestra sociedad. Son centros de vida donde confluyen la industria, el comercio, la residencia, el ocio y la cultura, siendo la complejidad su nota característica, y además, estas zonas han superado con creces los límites municipales, por lo que su planificación debe estar coordinada desde instituciones superiores. Los Planes Territoriales Parciales son cruciales para decidir el modelo territorial de este país y sus comarcas. La discusión de los Planes Territoriales Parciales debe ser abierta a la participación tanto de los entes municipales,

como

de

económicas,

ecologistas,

las

organizaciones

agrarias,

y

vecinales,

asociaciones etcétera.

sindicales,

Por todo

ello

consideramos que es necesario: 1. Priorizar el interés colectivo sobre el privado. Un marco de referencia territorial claro y mayor vinculación para todas las actuaciones de las autoridades sectoriales y municipales. 2. Garantizar la participación activa en la elaboración de la política de ordenación del territorio.

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3. Defender el suelo agrícola y las zonas naturales. Defensa y protección del territorio. 4. Contener drásticamente los crecimientos urbanísticos, frenando o reduciendo sustancialmente las nuevas propuestas de artificialización de suelo. 5. Primar la urbanística del modelo de ciudad compacta y compleja, frente al de la dispersión y especialización funcional, basado en la residencia unifamiliar, las grandes superficies comerciales y la completa dependencia del uso del vehículo privado. 6. Potenciar los equipamientos e infraestructuras de rango comarcal y vertebrador, para que no se produzca un desequilibrio en el crecimiento de las zonas metropolitanas. 7. Exigir

planteamientos

concretos

de

comarcalización

de

los

equipamientos para hacer atractiva la residencia en las zonas rurales y

contribuir

a

un

mayor

equilibrio

territorial,

evitando

la

concentración en las capitales. 8. Defender, proteger y conservar los espacios abiertos, profundizando en una política de reequilibrio ecológico. 9. Primar, en todo caso, la calidad de vida sobre el desarrollo urbanístico (mayores espacios libres y zonas verdes, mejora de infraestructuras,...). 10.

Mejorar

la

ordenación

territorial

supramunicipal

o

metropolitana, superando las estrategias basadas en el crecimiento competitivo de pueblos colindantes. 11.

Crear, de forma consensuada con los Ayuntamientos, Agencias Comarcales de Urbanismo y Gestión del Suelo que aporten medios a los pequeños municipios.

12.

Paralizar la política de expansión de centros comerciales de periferia que generan unas necesidades de movilidad (automóvil) ecológicamente insostenibles, además de favorecer la desertización

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de los pueblos y ciudades. Ni una gran superficie comercial más en Gipuzkoa. 13.

Defender la regeneración integral de la bahía de Pasaia, sin necesidad de construir un puerto exterior que, tal como recoge el Informe de Sostenibilidad Ambiental, tendrá afecciones críticas, es decir irreversible en el medio ambiente. Tampoco ha quedado demostrada la sostenibilidad económica de la dársena exterior, cuya construcción ha pasado a ser un fin en sí misma, sin tener una definición concreta sobre su viabilidad futura.

14.

Rediseñar el plan de ordenación territorial de la costa y los ríos. Eliminación infraestructuras que son puntos negros. Paseo nuevo, carretera Zarautz-Getaria…Hay infraestructuras que no son viables porque con cada embate de ola se destruyen. En mi opinión se deberían de o bien quitar o bien hacer de otra forma.

15.

Reivindicar el mantenimiento de los espacios verdes que subsisten en la zona, por lo que nuestra posición es contraria a la ejecución del Corredor Intermodal Lezo-Gaintxurizketa. Asimismo, tampoco

existe

ningún

informe

que

demuestre

la

viabilidad

económica de este proyecto, el cual apuesta por destinar la zona de Bidasoa-Orsarsoaldea

a la logística exclusivamente, cuando ésta

consume gran cantidad de terreno y genera pocos puestos de trabajo y de poca calidad. 16.

Parar las nuevas infraestructuras.

17.

Fomentar

la

eurociudad

de

donostialdea

y

no

duplicar

infraestructuras. Tomar como referencia no solo Gipuzkoa y sobre todo para el entorno de Donostialdea sería interesante que esta zona se organizase con todo el entorno de la eurociudad como una sola para poder tener los mejores servicios posibles con el menor coste posible.

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11. Infraestructuras viarias

La política viaria de las tres Diputaciones, sin distinción, ha consistido en la construcción de más y más carreteras, lo que, lejos de solucionar el colapso existente en las vías, únicamente ha logrado que éste sea mayor. Consideramos que hay que terminar inmediatamente con esta política de construcción masiva de autovías y autopistas, y decretar una moratoria. Esta política ha venido ligada al establecimiento o no de peajes. En Irabazi Gipuzkoa , somos conscientes de la necesidad de que el tráfico de paso de mercancías contribuya al mantenimiento de las infraestructuras viarias mediante peajes etc., teniendo en cuenta el importante impacto negativo que este tráfico genera en nuestras carreteras, especialmente en Gipuzkoa, dado el alto número de vehículos pesados que atraviesan este territorio rumbo a Francia. No

obstante,

consideramos

que

el

establecimiento

de

peajes

indiscriminados para toda la ciudadanía, sin abordar realmente el problema de movilidad, es una medida totalmente injusta y que, además, no conseguirá sacar los altos niveles de tráfico de nuestras carreteras. La ciudadanía ya paga con sus impuestos estas carreteras y no es válido utilizar argumentos como ‘quien contamina paga’, con el objetivo “de esconder un interés recaudatorio, para financiar nuevas vías, cuyo coste es altísimo. Asimismo, las medidas como las “tarifas planas” en los peajes no contribuyen a promover el transporte colectivo ni el medio ambiente. Es necesario ofrecer alternativas a la ciudadanía, es decir, dotar a los territorios históricos de un sistema de transporte público atractivo, económico y eficaz en la totalidad de sus comarcas para empezar a hablar de medidas disuasorias del uso del vehículo privado, ya que, de lo contrario, esas medidas no tendrán más que un fin recaudatorio. Con el establecimiento de estos peajes, vía decretazo, la Diputaciones Forales pretenden hacer pagar a la totalidad de la ciudadanía su mala

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gestión, que se ha basado en la construcción de más y más vías, cuando, además, se ha demostrado que muchas de ellas no eran en absoluto necesarias. En ese sentido, Irabazi Gipuzkoa considera que las Diputaciones Forales deben apostar por el apoyo y la financiación de proyectos de transporte colectivo que sirvan para vertebrar el territorio y evitar el uso del transporte privado. En ese sentido, entendemos necesarias las fórmulas como la usada en Metro Bilbao para cofinanciar y apoyar este tipo de proyectos.

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12. Euskera

Como lengua propia y patrimonio cultural universal, el Euskera ha de ser un elemento de cohesión social en el conjunto de municipios que conforman nuestros Territorios Históricos. Debemos defender y desarrollar el Euskera mediante la intervención del poder público municipal y foral, contribuyendo a garantizar el derecho de toda la ciudadanía a conocerlo y a comunicarse correctamente en él, tanto en el tanto en el ámbito de la Administración foral, como en cualesquiera otros ámbitos propios de la expresión lingüística. Irabazi Gipuzkoa apuesta por el bilingüismo real y efectivo que toda sociedad plurilingüe debe alcanzar, de forma gradual, posibilista y no traumática, para que el Euskera se convierta en un elemento de expresión y comunicación que cohesione e integre a la sociedad en su conjunto. En ese sentido rechazamos las políticas lingüísticas basadas en la exclusión de quienes no saben Euskera, ya sea en el acceso al empleo público, o como la recientemente planteada por la Diputación de Gipuzkoa de vetar la participación en las listas electorales municipales por su desconocimiento. Ante eso, Irabazi Gipuzkoa apuesta por programas de fomento en positivo tendentes a la normalización del uso del Euskera: 1. Mejorar su situación como elemento de comunicación en todos los ámbitos

forales,

desde

la

Administración

y

los

servicios,

fundamentalmente desde las respectivas Diputaciones, hasta el ámbito de las relaciones sociales sin excepción 2. Desarrollar medidas de urgencia en las zonas de los diferentes Territorios Históricos en los que su presencia social sea testimonial,

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es decir, incrementar y fomentar su presencia allí donde el castellano sustituya al Euskera en todos los ámbitos mencionados. 3. Aumentar de forma significativa el conocimiento y uso del Euskera diferenciando siempre objetivos a corto, medio y largo plazo. 4. Mejorar su competencia lingüística, es decir, el nivel de conocimiento y la calidad en la expresión. 5. Ampliar

el

repertorio

de

ámbitos

de

utilización

del

Euskera,

administración, red social y medios de comunicación. 6. Reforzar la consideración del Euskera como patrimonio cultural de toda la sociedad en su conjunto, independientemente de ideologías u objetivos políticos, y potenciar el estudio del dialecto propio del territorio. 7. Diagnosticar la situación de los servicios forales para crear, modificar o, en su caso, impulsar instrumentos de desarrollo, haciendo una previsión o los gastos necesarios e incluyéndolos debidamente en los presupuestos forales, así como fomentando la colaboración con los distintos agentes sociales. La normalización lingüística debe ser considerada por la Administración foral en cualquier tipo de actividad y debe implantarse con carácter transversal, al igual que sucede con la igualdad de género, la participación ciudadana o la

política

de

innovación. En

esa labor, es imprescindible

trabajar

conjuntamente con los y las agentes sociales que se ocupan de la normalización lingüística. Con este criterio, proponemos las siguientes medidas concretas: 1. Se destinará el 1,5% del presupuesto foral, como mínimo, a la normalización del Euskera. 2. Se

apoyará

económicamente

a

los

euskaltegis

o

centros

de

enseñanza pública del Euskera, para avanzar hacia la gratuidad de su estudio.

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3. Se promoverá, en cooperación con los euskaltegis y centros de enseñanza pública del Euskera, el aprendizaje del Euskera para personas adultas 4. Se deberá garantizar una utilización equilibrada y adecuada del Euskera en los actos públicos, iniciativas públicas y organización de las mismas, promociones sociales y difusión de resultados cuando sean subvencionados, obteniendo el mismo grado de cantidad y calidad con respecto a la utilización del castellano como requisito mínimo del uso. Se valorará en todas las bases para adjudicaciones de subvenciones. En todo caso la planificación respetará la realidad sociolingüística con especial incidencia en la determinación de perfiles lingüísticos. 5. Se priorizarán las relaciones en Euskera en sus interacciones con las Administraciones de los territorios en que el Euskera sea una lengua oficial y con sus proveedores y con la ciudadanía.

La difusión del Euskera a través de los medios de comunicación es fundamental para la normalización de su uso. Por ello, Irabazi Gipuzkoa apuesta

por

potenciar

la

difusión

del

Euskera

en

los

medios

de

comunicación audiovisual públicos de ámbito local y/o comarcal, mediante la financiación foral y la pertinente colaboración con los mismos.

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13. Cultura y deporte

13.1. CULTURA

Sin cultura no hay futuro ni hay dignidad. Irabazi Gipuzkoa quiere hacer partícipe a la ciudadanía EN el debate sobre la necesidad de la cultura y lo que puede acontecer en torno a su futuro. El prolongado y grave deterioro cultural que han sufrido nuestros territorios, pues es lo primero que se ha recortado o privatizado, debería contemplar un plan restaurador de dicha situación de emergencia. Abordar sin demora un Plan Estratégico de Cultura que evite en un futuro una nueva situación de similares características es prioritario. Se deberá establecer a través de dicho Plan de manera necesaria e ineludiblemente el compromiso y los puentes de colaboración entre la Administración y las diferentes estructuras culturales de los municipios y del Territorio Histórico. Estas son algunas de estrategias que consideramos como prioritarias:

1. El derecho, el acceso y la participación en la cultura de todas las y los ciudadanos. 2. Fomento de la creatividad y difundir las expresiones de las artes plásticas, escénicas y musicales. 3. Incremento del apoyo a la creación como condición necesaria para un mejor desarrollo cultural de la ciudad.

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4. Promoción y difusión de la cultura y el arte contemporáneo, para ponernos en la vanguardia y no copiar lo que otros hacen. 5. Creación de un modelo de educación cultural que favorezca que los jóvenes artistas vascos puedan crear, experimentar y aprender de sus raíces para crear una nueva cultura vasca. Como los escultores Chillida y Oteiza o como lo están haciendo más recientemente los cocineros vascos. 6. Trabajo por el desarrollo de la interculturalidad 7. Afirmación y aseguramiento de la función de la cultura en la comprensión de la ciudadanía y en el desarrollo de la ciudad.

En ese sentido, apostamos en lo concreto por: 1. Descentralizar la actividad cultural y crear un circuito por los distintos equipamientos culturales de Gipuzkoa, promocionando los museos forales que actualmente existen en Gipuzkoa. 2. Apoyar a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, en el fomento de las actividades culturales en el municipio. 3. Dirigir medidas a potenciar la igualdad en todos los ámbitos, también en el ocio y el ámbito festivo, denunciando la situación de discriminación hacia la mujer en algunas fiestas de nuestros pueblos (Irún, Hondarribia) y trabajando para que el desarrollo de esas fiestas sea absolutamente igualitario, no existiendo ningún tipo de subvención ni soporte públicos en caso de existir comportamientos sexistas y/o homófobos. 4. Crear una Red pública de puntos culturales y de formación artística: despliegue de una red coordinada de centros, públicos o de asociaciones sin ánimo de lucro, pero integrados, especializados en la formación artística y la práctica cultural. El conjunto coordinado de centros de esta tipología estarán necesariamente integrados en una red, que partiendo de la oferta de ocio actual se prolongue y genere

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un recorrido formativo dirigido a personas de todas las edades, y pondrá además un especial énfasis en articular o incidir en programas de formación artística con escuelas e institutos. La Red de puntos culturales quiere estimular la participación cultural de la ciudadanía desde los diferentes barrios de la ciudad. Articulados en los centros cívicos como plataforma inicial de “ocio hacia la formación”, pero conexionándolos a un circuito cultural de la ciudad 5. Crear y sustentar a los municipios en el fomento de los laboratorios de arte: Proyectos para la generación de una Red de espacios asociados y orientados al ensayo y la creación en los diferentes ámbitos artísticos: artes visuales, poesía, teatro, danza, música, literatura, audiovisuales, artes del movimiento, circo, magia…

Y por ello llevaremos a cabo programas para el fomento especial del asociacionismo y la autogestión. Se debe evitar que la oferta cultural y festiva sea exclusivamente institucional, por ello se dará un mayor apoyo a iniciativas culturales locales y eliminando las trabas y los obstáculos innecesarios, a través de:

1. Programas, proyectos y acciones para incrementar el diálogo intercultural: desplegar programas que desarrollen la protección de la diversidad cultural y la promoción de espacios y procesos para el diálogo intercultural en el conjunto del sistema cultural de la provincia; buscando la complicidad de las instituciones, aprovechando los

equipamientos

infrautilizados,

los

existentes acontecimientos

y

que y

los

actualmente agentes

están

culturales

principales de los municipios del territorio. 2. Apoyo a los y las jóvenes con inquietudes culturales a la hora de desarrollar sus proyectos.

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3. Preservación del patrimonio cultural y artístico del territorio histórico, con especial atención a la memoria histórica y democrática. 4. Puesta en marcha de programas destinados a potenciar actividades artísticas, culturales y de investigación de las mujeres.

13.2. DEPORTE

El deporte, como otra vía de promoción de la persona, consideremos importante su desarrollo a través de: 1. la realización de un diagnóstico de los hábitos deportivos de la población y las nuevas tendencias de la práctica deportiva de las personas. 2. el aumento de la colaboración con los ayuntamientos de la oferta de equipamientos deportivos de proximidad. Evitando la multiplicación de instalaciones donde las haya y mejorando el aprovechamiento y el uso de las existentes. 3. la

promoción

de

una

cultura

deportiva

donde

se

prime

la

participación, la salud y el ocio frente a la competencia y el exitismo. Respaldo

al

especialmente

deporte en

lo

de

base

relativo

frente al

al

Deporte

deporte Escolar

competitivo, donde

las

Diputaciones Forales son directamente competentes. 4. la eliminación de la subvención a los grandes clubes del deporte profesional, que no necesitan de ayudas públicas para su subsistencia ni para la práctica del deporte. 5. el fomento del deporte femenino en los medios de comunicación de titularidad pública. 6. el apoyo con subvenciones a dotación de recursos al deporte femenino.

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7. el fomento el deporte al aire libre (Crear m谩s pistas por el monte para correr andar en mountain bike etc.) 8. la promoci贸n de la validez de las tarjetas deportivas municipales en todas las instalaciones de Gipuzkoa

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14. Memoria democrática y convivencia

La sociedad vasca ha sufrido durante décadas las consecuencias de distintos fanatismos, que en las últimas décadas impulsaron la persecución y eliminación física de los adversarios políticos, y que en el pasado provocaron una guerra civil y sustentaron una dictadura. La sociedad guipuzcoana ha rechazado las violaciones de DDHH y ha apostado por una convivencia normalizada. Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus descendientes es una necesidad democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país hasta que no se reconozca el pasado negro de nuestra historia, se haga justicia y se tribute el homenaje que se merecen los hombres y las mujeres que se enfrentaron a la barbarie fascista. Por ello proponemos:

1. Basar las políticas relacionadas con la memoria democrática en los principios internacionales de memoria, verdad, justicia y reparación. 2. Colaborar con los municipios, en el borrado de nuestras calles y plazas de cualquier referencia honrosa al pasado franquista que hemos padecido en nuestro país. 3. Favorecer

plenamente

y

atender

las

reivindicaciones

de

las

asociaciones de memoria histórica y asociaciones de víctimas del franquismo.

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4. Reconocer institucionalmente las identidades socio

políticas

de

mujeres, hombres y colectivos que lucharon contra el fascismo y la dictadura, en concreto en el territorio de Gipuzkoa. 5. Impulsar la creación de un centro de la memoria democrática (para el periodo de la II República, el golpe de estado, guerra y dictadura Franquista), con objetivos pedagógicos encaminado a que las generaciones más jóvenes conozcan el pasado de unos hechos que no deben repetirse. 6. Realizar programas para preservar la memoria histórica de las violaciones de derechos humanos producidas en el marco de la guerra civil y el franquismo en el municipio

Ahora que se ha logrado el fin de la violencia de ETA debemos trabajar para que este fin sea definitivo, y a favor de una cultura democrática y de paz, contraria a las prácticas basadas en el fanatismo, para que así nuestra historia negra nunca vuelva a repetirse. Para ello proponemos: 1. Fijar como prioridad la acción foral en la materia el fomento del respeto a los derechos humanos fundamentales y, en especial, del derecho a la vida. 2. Implementar programas de fomento de la reconciliación y la convivencia. El proceso de reconciliación implica reconocimiento y compensación de los sufrimientos padecidos, revisión crítica y, sobre todo, autocrítica del pasado que dio lugar a esos sufrimientos y adopción de medidas políticas, sociales, educativas y de todo orden para que nunca más vuelva a ocurrir aquello que nunca debió ocurrir. 3. Reconocer a través de medidas individualizadas a todas las victimas producidas en el municipio como consecuencia del terrorismo, de la violencia del Estado y de cualquier violencia de motivación política. Entendemos que el Día de la Memoria debe dar cabida a todos estas víctimas.

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4. Acercar a los presos de ETA, excarcelación de los presos con enfermedades graves e incurables, aplicación sin discriminaciones de los beneficios penitenciarios. No obstante no deben ligarse estas reivindicaciones con el homenaje simultáneo a personas que han perpetrado graves violaciones de Derechos Humanos mediante el terrorismo. Paralelamente la Administración debe apoyar procesos de reinserción individual de las personas presas. 5. Promover una memoria democrática basada en el testimonio directo de las víctimas, como recordatorio del sufrimiento injusto que han padecido y con el fin último de que nadie vuelva a sufrir daños en el futuro por causas de motivación política. Asimismo debe recordarse a las

personas y organizaciones que

destacaron

en

la defensa

coherente de los Derechos Humanos. 6. Fijar como prioridad de la acción foral en la materia el fomento del respeto a los derechos humanos fundamentales y, en especial, del derecho a la vida. 7. Potenciar una memoria justa y veraz de cuanto ha ocurrido, en la que prevalezcan el triunfo de los principios democráticos y de los derechos fundamentales del ser humano y el fracaso de los planteamientos absolutamente

totalitarios. deslegitimadora

Esta de

memoria la

violencia

tiene

que

reparadora

ser con

quienes la sufrieron directa e injustamente, y pedagógica para una sociedad necesitada de referentes positivos para superar este periodo histórico. 8. Apoyo incondicional a la participación y presencia de todas las formaciones políticas sin coacciones, amenazas o prohibiciones. Cambiando las actitudes frentistas por otras que favorezcan el abandono de las particulares trincheras creadas en nuestra sociedad. Reconociendo el pluralismo de la sociedad gipuzkoana y ensalzando dicho valor. 9. Políticas activas de investigación y difusión de nuestro pasado:

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 Por ello la necesidad de cuantificar la actividad terrorista en sus costos económicos, los exiliados que ha producido, los heridos, los amenazados de diferentes maneras, la respuesta de la sociedad ante todo ello o las múltiples repercusiones del terrorismo a nivel micro, en la vida cotidiana.  Resolución de los diversos casos sin sentencia de autoría.  Apoyar la constitución de un Instituto de la Memoria y de un Memorial de Víctimas del Terrorismo que contribuya, en un plano pedagógico, a preservar el recuerdo de lo acontecido de cara a las futuras generaciones.

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15. Cooperación y desarrollo

Pertenecemos a un planeta en el que la mayoría de la población vive al borde de la miseria y Gipuzkoa no está aislada del mundo. Por ello la cooperación al desarrollo se convierte en una obligación para el primer mundo al que pertenecemos. Es una obligación ética y de justicia que implica el apoyo al desarrollo de los pueblos y al reconocimiento de sus derechos, un compromiso de respeto a su historia y su cultura y con la paz. Para ello desarrollaremos en diferentes acciones: 1. Creación de una partida específica de cooperación al desarrollo que supondrá como mínimo el 0,7% del presupuesto de la Diputación Foral. 2. Fortalecimiento de las Direcciones de Igualdad, Paz, Solidaridad y Derechos Humanos. 3. Cooperación bilateral/solidaridad. Las tareas de cooperación se harán de modo que la capacidad administrativa y la influencia social de las instituciones de los países en vías de desarrollo contribuyan a su reforzamiento institucional. Se trabajará para conseguir apoyo en:  la mejora de sus prestaciones, a través de la capacitación de técnicos y la cofinanciación de los proyectos  el papel que las administraciones locales del Sur, pueden jugar como agentes de desarrollo económico, social y cultural.  el asociacionismo transformador. 4. Combinación de la cooperación a través de ONG’s con la participación directa de las instituciones públicas a través de programas de

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fortalecimiento institucional, la participación popular y superación del empobrecimiento. 5. Promoción de la implicación de la ciudadanía a través de información y campañas. La Diputación promoverá por decisión propia o en coordinación con los movimientos sociales toda la información posible que asegure a los ciudadanos/as posibilidad de tener acceso a lo que ocurre en el mundo con especial atención a los problemas de desarrollo, conflictos, solidaridad y cooperación. 6. Cuidado de la visión de los pueblos del Sur, apostando por una perspectiva objetiva y respetuosa con sus identidades culturales y la dignidad de sus gentes. Por ello se trabajará para que en todos los medios de comunicación locales no se usen imágenes catastróficas o idílicas que incitan a la caridad en lugar de la reflexión y la solidaridad.

La educación para el desarrollo pretende facilitar un cambio de actitudes y comportamientos en relación con los problemas de los desequilibrios económicos,

sociales

y

culturales

entre

los

pueblos

y

sus

graves

consecuencias sobre las condiciones de vida y supervivencia de la persona. Para ello Irabazi Gipuzkoa propone promover y subvencionar acciones mediante convenios con los centros de enseñanza y organizaciones de la sociedad civil, llegando a cubrir: 1. Proyectos educativos que incorporen la educación para la paz y la solidaridad como eje transversal en los proyectos curriculares. 2. Hermanamientos y relaciones en general de la comunidad educativa con centros de enseñanza de países del Sur. 3. Comercio justo y consumo responsable: desde la Diputación se debe dar un impulso importante a esta actividad ayudando a crear y desarrollar

redes

locales

y

territoriales

de

comercio

justo,

facilitándoles la relación con establecimientos comerciales, apoyando

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la participación de estos en la actividad, reservando espacios en mercados y ferias y dándola a conocer a la población.

En Irabazi Gipuzkoa priorizará que los fondos asignados a la cooperación para el desarrollo se destinen a:

1. La

realización

de

actuaciones

–programas,

proyectos...–

que

contribuyan a resolver situaciones carenciales crónicas de grupos de población mediante el refuerzo de las capacidades económicas, sociales o culturales de estos colectivos. A este respecto se considerarán especialmente las destinadas a satisfacer necesidades primarias:

salud,

alimentación,

educación

y

formación

básica,

fortalecimiento institucional, potenciación de la organización social, de género, derechos humanos, etc. 2. La realización de actuaciones de ayuda humanitaria –alimentaria y de emergencia– dirigidas a poblaciones que precisan asistencia urgente para

paliar

situaciones

carenciales

agudas

de

acuerdo

a

sus

capacidades y en coordinación con el gobierno autónomo y central.

En definitiva, desde Irabazi Gipuzkoa, nos comprometemos a trabajar para conseguir otro mundo posible también desde las instituciones más cercanas. Para

Irabazi

Gipuzkoa

es

un

reto

que

la

Diputación

actúe

como

instrumentos de información y educación, permitiendo conocer las causas de los conflictos y de las desigualdades que existen en el planeta, con el objetivo de generar una conciencia crítica sobre la situación de los pueblos oprimidos y las causas que provocan la existencia de situaciones de guerra, hambre, desigualdad, maltrato, homofobia, violencia hacia las mujeres y enfermedades en gran parte del mundo, mientras en otra parte del planeta existe despilfarro y consumismo insolidario. Trabajaremos por:

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1.

Reforzar los proyectos y programas en el Sur que integren de forma transversal y sectorial la crisis ambiental, la deuda ecolĂłgica del Norte hacia el Sur y la soberanĂ­a alimentaria.

2.

Apostar a favor de la coherencia de polĂ­ticas y lucharemos contra actividades en el Norte que alimentan conflictos en el Sur.

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Programa de Irabazi Gipuzkoa  

Programa de Irabazi Gipuzkoa (2015)

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