Revista
Año 3 - Edición 42 - Enero/ 2014
Análisis de la
Realidad Nacional
recursos a comprometer. La señal fue clara. El presupuesto de funcionamiento de MINUGUA fue notoriamente recortado, asegurándole apenas tres meses de operaciones. Su aprobación no constituyó una prioridad bajo el enfoque de la ONU. MINUGUA se instaló en noviembre de 1994, con cinco meses de atraso.
los Pueblos Indígenas, severamente cuestionado por los movimientos mayas que reclamaron representación, se extendió por más de dos meses. Hábilmente la URNG asumió como suya la propuesta de consenso de la ASC; sin embargo, ello no cubrió los vacíos que arrastraba en la negociación.
Paz congelada
A finales de diciembre de 1994, Butros Butros-Ghali, secretario general de la ONU, hizo llegar a las partes su apreciación sobre el proceso, urgiéndoles a definir un camino viable para continuar las negociaciones en un plazo que no excediera los quince días.
Los acuerdos firmados hasta junio (Comisión del Esclarecimiento Histórico y Acuerdo sobre Población Desarraigada) constituyeron la verdadera medición de fuerzas de la URNG frente al Gobierno. Y pareció claro que sus débiles resultados no satisfacían a quienes se adscribían a una negociación como vía para provocar una “revolución democrática”. En síntesis, los acuerdos firmados traducían una derrota política para la insurgencia, la que podría profundizarse en el avance hacia los temas de desmilitarización y la desmovilización de las fuerzas guerrilleras.
Ramiro de León respondió inmediatamente que había que continuar el proceso justo a partir del punto en que estaba parado, y propuso el 24 de febrero de 1995 como plazo para firmar un acuerdo de paz definitivo. La URNG no respondió directamente. Puso énfasis en la “calidad” de los acuerdos y dio a entender que su única garantía para que éstos se cumplieran era mantener las armas. La presión internacional no cesó. Hubo intentos de reformar el formato de las negociaciones, pero no fructificaron. Implícitamente las partes decidieron adoptar un ritmo conveniente a sus intereses. En los últimos meses de 1994 el
La comandancia insurgente no quiso correr el riesgo. Todo indica que decidió detener el proceso, buscando reajustar sus fuerzas internas para atajar un riesgo de desmoralización. La discusión del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de
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