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“Cómo llevar a cabo el proceso de participación y fortalecer el diálogo entre ciudadanos y gobernantes, es el reto que nos ocupa.” La participación pública en la formulación de leyes de agua es un tema que aflora en diferentes foros mundiales, regionales y nacionales, no obstante, al poner en práctica lo acordado, no se ha tenido gran avance y razones hay para aceptar que falta camino por recorrer. Son muchos los compromisos asumidos por los gobiernos en torno al agua. Vale la pena hacer referencia a algunas metas sobre las que es necesario seguir abonando. A principios de 1992, en Irlanda, la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente adoptó la Declaración de Dublín y se destacó como uno de sus principios que el desarrollo y gestión del agua debe basarse en un enfoque participativo a todos los niveles, incluso al nivel más bajo posible. En 1994, Centroamérica, tras la firma de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), se comprometió a priorizar la formulación de políticas y legislación sobre manejo y conservación de los recursos hídricos. Durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, en el 2002, Centroamérica, junto con el resto de los países representados, asumió el reto para el 2015 de reducir a la mitad la población sin acceso a servicios de agua potable y de tratamiento

de aguas residuales, así como impulsar el manejo integrado de los recursos hídricos y la promoción de sistemas de producción más limpia, con un uso más eficiente del agua, la energía y las materias primas. En esta tarea, además de los gobiernos, está comprometido cada uno de los ciudadanos de la región centroamericana. Cómo llevar a cabo el proceso de participación y fortalecer el diálogo entre ciudadanos y gobernantes, es el reto que nos ocupa. Al 2005, la región centroamericana tenía leyes que no respondían a la realidad y a las necesidades de la población. Costa Rica cuenta con la Ley de Aguas de 1942, Honduras con una de 1927 y Panamá con otra de 1966. Paralelamente, a falta de un marco regulatorio, otras leyes sectoriales y decretos han intentado crear parches para hacer factible el uso del recurso. Solo Nicaragua cuenta con una política de recursos hídricos y recientemente Costa Rica con una estrategia hídrica nacional. De un análisis rápido, se puede resaltar que nuevas leyes de agua no han estado dentro de las prioridades políticas, en particular si compiten con temas como la apertura económica, la privatización de servicios, los planes fiscales y, más recientemente, la discusión sobre tratados de libre comercio. ENE-MAR | 2006

AQUA VITAE 27

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AquaVitae revista 2  
AquaVitae revista 2  

Revista latinoamericana acerca del tema del agua

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