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Cuando de agua se trata no se debe hablar de un precio, ya que se refiere a un bien de dominio público que no puede estar sujeto a los mecanismos de mercado de oferta y demanda, pero sí tiene un valor económico que se determinará tomando en consideración variables financieras y sociales.

A

sí opinan algunos expertos consultados en torno a cuál debe ser la factura que paguen las personas por recibir su servicio de agua. La principal conclusión se orienta a que, contrario a las leyes del mercado, en las que la factura resulta más barata cuanto más se consume, más bien al que más consume debería cobrársele más para que financie, en parte, a aquellos que no cuentan con recursos para hacer uso del derecho humano al agua.

Valor y precio

“Solo los necios confunden valor y precio”, dice Miguel de Unamuno, a quien hace referencia Pedro Arrojo, presidente de la Fundación por una Nueva Cultura del Agua, con sede en España. En este sentido, Arrojo considera que hay cosas que no se compran ni se venden y una de ellas es el agua. Sin embargo, reconoce que existe la necesidad de recuperar los costos del manejo del recurso hídrico y que se debe brindar un buen servicio a las personas. Si bien debe aplicarse una racionalidad económica, esta no debe ser de mercado, sino de interés público, la cual no convierta a este recurso en un negocio, sino más bien en lo que es: un bien de la humanidad. Arrojo considera que el servicio de agua debe lograr una recuperación íntegra de los costos para poder brindar un servicio de calidad a las personas y que, para ello, se debe crear un sistema de pago de costos crecientes, de acuerdo con el cual quien más consume, paga más. “Si se define el concepto de ‘precio’ como aquel instrumento que se utiliza para determinar el valor económico de un bien, mediante mecanismos de mercado (oferta y demanda), es claro que el agua no puede, jurídicamente, tener un ‘precio’ ya que no puede venderse o comprarse o comerciarse de ninguna forma, dado su carácter demanial”, expresa, por su parte, Jorge Mora, coordinador regional de la Red Centroamericana de Acción del Agua (FAN-CA). Sin embargo, Mora dice que el agua sí debe tener un valor económico, el cual debe determinarse por instrumentos económicos distintos a los de mercado, en lo cual concuerda con Arrojo. Entonces, para Mora, no es correcto hablar de “precio”del agua por considerarlo incorrecto jurídicamente, sino más bien de “valor económico”, que es una categoría mucho más amplia que permite compatibilizar la noción del agua como bien de dominio público, según el principio 4 de la Declaración n 24

AQUA VITAE

ENE-MAR | 2006

de Dublín, que reconoce el agua como un bien económico (véase cuadro: “Valor económico del agua”). Para Raúl López, coordinador del Programa Promoviendo la Equidad Mediante el Crecimiento Económico (PEMCE/ DFID), ese valor económico debe definirse de acuerdo con las variables que integran el costo social de oportunidad, lo cual implica el aseguramiento de la oferta hídrica para los diferentes sectores de la sociedad. Según su criterio, ese costo social incluye diferentes categorías, las cuales deben considerarse en las políticas de precios del recurso, para asegurar la sostenibilidad ambiental y económica de los procesos naturales y sociales que participan en el aseguramiento de su oferta a diversos sectores.

Derecho humano

“El derecho humano al agua implica el derecho de todas las personas a contar con agua suficiente, segura, de calidad aceptable y accesible tanto en precio como físicamente, para usos personales y domésticos”, se expresa en la observación general número 15 al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Pedro Arrojo dice que el agua debe cobrarse de acuerdo con tres niveles; el primero aplica el criterio de que el agua es un derecho humano. Esto implica que todas las personas tienen derecho a su acceso para sus necesidades básicas, tengan o no recursos. Un segundo nivel de prioridad es el que denomina “agua ciudadanía”, que estaría en conexión con los derechos sociales de la ciudadanía y con el interés general de la sociedad, como por ejemplo para funciones de salud pública. El tercer nivel en la prioridad de uso del agua la tendría el desarrollo económico, y el uso suntuario, que tendría un costo más alto. Para Mora, el reconocimiento jurídico del agua como un derecho humano fundamental trasciende el derecho al acceso a esta, aunque también está incluido. El agua como un derecho incluye una serie de componentes como la disponiblidad, la cantidad, la calidad y la accesibilidad, y esta última, su vez, tiene cuatro dimensiones: el acceso físico, el económico, sin discriminación y con información. Menciona como las variables para determinar el valor del agua los costos de administrar los sistemas de abastecimiento, los de protección del recurso, así como de los ecosistemas que lo conservan, los de tratamiento, prestación del servicio

AquaVitae revista 2  
AquaVitae revista 2  

Revista latinoamericana acerca del tema del agua

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