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Nº 5

La Paz, diciembre de 2008

Niño guaraní de la comunidad de Iviyeka-Alto Parapetí - FOTO: Nelson Villca

Primera época

El gobierno titula 18,3 millones de hectáreas en dos años de vigencia de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Pág. 3

Las colonias menonitas están asentadas en más de 294 mil hectáreas de tierra en Santa Cruz y Tarija Pág. 5

La Unión Europea a la caza de materias primas y “tierras marginales” en los países del Sur

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Estrategias de lucha contra el racismo en Bolivia La Ley de tierras no se negocia El pilar de la Revolución Democrática y Cultural del gobierno del Presidente Evo Morales es la transformación de la estructura agraria nacional con políticas orientadas a transformar la tenencia y acceso a la tierra con equidad y participación democrática. A 55 años del lanzamiento de la reforma agraria en Ucureña el 2 de agosto de 1953, el gobierno de Morales aprobó la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, demostrando su voluntad política de atender las demandas de los actores relegados del agro, en especial pueblos indígenas y originarios, mujeres y pequeños propietarios. Fueron dos años de sobresaltos y de mucho trabajo de los técnicos, del personal del INRA, del Viceministerio de Tierras (VT), y de los propios comunarios y campesinos. Merced a este esfuerzo conjunto, las cifras de titulación de la propiedad agraria rompieron records históricos, favoreciendo, sobre todo, a los más desposeídos. De hecho se ha logrado finalizar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria en Pando y en los otros departamentos se avanza con buen pie.

Ninguna sociedad está libre del racismo, una de las más serias amenazas a la democracia y a la convivencia social de la actualidad. Varios organismos de Naciones Unidos instaron a los Estados del mundo a prestar atención a los signos alarmantes del grave retroceso en la lucha contra el racismo; y convocaron a la comunidad internacional a dar una urgente y enérgica respuesta al aumento de la violencia. El racismo histórico y estructural atraviesa al conjunto de las instituciones de la sociedad boliviana. Según la Defensoría del Pueblo, el reciente conflicto político y regional se transformó en una purga racial de grandes sectores de la población vistos como “enemigos internos”. El 82,2% los bolivianos considera que Bolivia es racista y que la discriminación en el país oscila entre 5,1 y 5,7 en una escala de 7 puntos, un índice alto. La percepción general es que el departamento más racista es Santa Cruz (71,7%), seguido por La Paz (19,6%). El 68% de la gente percibe que los más discriminadores son los blancos. Identifican como principales factores de discriminación a la condición socioeconómica expresada en “ser pobre” (33,6%), “ser indígena” (23,6%), “tener piel oscura” (21,5%) y “tener apellido indígena” (10,7%). El 30% de los casos de discriminación está vinculado con “sentimientos regionalistas”.(1) Se propone un plan integral urgente con medidas específicas destinadas a prevenir y reprimir el racismo que “ofende a Bolivia”.(2) Debería activarse una campaña cultural que visibilice las raíces profundas del racismo, y al mismo tiempo diseñar instrumentos jurídicos, legislativos y administrativos que permitan al Estado combatir el racismo y la xenofobia. En primer lugar, es impostergable la promulgación de una ley contra la discriminación y el racismo que incluya obligaciones positivas y claras de trato igualitario, real, efectivo y no discriminatorio en todos los aspectos relativos a la participación en la vida pública, económica, social y cultural del país. Además, es primordial el establecimiento de normas penales de carácter sustantivo que tipifiquen delitos de discriminación y racismo, propagada racista o tendente a promover el odio y discriminación racial, y que sancionen la comisión de hechos de carácter xenófobo o racista. Dichas normas penales deberían contemplar una punición agravada cuando tales actos sean cometidos por asociaciones de personas armadas. Nueve de cada 10 ciudadanos bolivianos está de acuerdo con la aplicación de sanciones legales en casos de discriminación grave, y un 55,4% considera que la sanción también debería ser aplicada en los casos de discriminación leve. (UNIR)

Organismos de Naciones Unidas resaltan la importancia de que intelectuales, activistas y ciudadanos sensibilizados integren frentes sociales para combatir las ideas, conceptos e imágenes que inciten al racismo.(3) Se ha planteado crear de una red de agentes y mediadores sociales que se ocupe del diálogo intercultural, de la integración de todos los sectores que componen la Nación boliviana, y con capacidad, inclusive, de denunciar las patologías constatadas ante la policía y la fiscalía. La tarea inmediata del frente social antirracista es diseñar y aplicar una estrategia cultural, intelectual y ética que ataque las raíces profundas del racismo, en particular los sistemas de valores que lo legitiman. Todos los activistas del frente social deberían impulsar una campaña coordinada con organismos no gubernamentales de derechos humanos y el Defensor del Pueblo sobre el hecho de que defender los derechos “es un derecho y un deber”. La lucha contra el racismo debe librarse tanto en el frente económico, social y político como en el de la cultura y la identidad. Urge unir la estrategia jurídica y la estrategia ética y cultural, y también vincular la lucha contra el racismo con la construcción de la sociedad plurinacional democrática. Para combatir el racismo en profundidad y de forma duradera, toda sociedad plurinacional está llamada a reconocer, proteger y respetar las especificidades étnicas, religiosas y culturales, y al mismo tiempo promover los valores comunes universales resultantes de las interacciones y cruces entre esas especificidades. Es fundamental que los medios de información eviten legitimar discursos racistas so pretexto de la libertad de expresión. Es obligación de la prensa mostrar el arraigo histórico y cultural del racismo, y sobre todo reconocer y reflejar con más profundidad la diversidad cultural que caracteriza a la mayoría de las sociedades actuales. Visto así el problema, la tensión provocada por cuestiones de identidad, inherente a la diversidad cultural, se transformaría en el motor de la unidad nacional en la que se integran y preservan la diversidad y la vitalidad de sus componentes. NOTAS (1) Encuesta nacional “Diversidad Cultural Hoy 2008”, Fundación UNIR, www.unirbolivia.org (2) Bolivia: Racismo, discriminación e impunidad, informe preliminar de la Misión de Investigación de la según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), FIDH en Bolivia; 20-29 de agosto de 2008. (3)Racismo, discriminación racional, xenofobia y formas conexas de intolerancia: Seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban. Informe de Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; A/HRC/7/19; 20 de febrero de 2008.

A momentos parecía muy difícil revertir el régimen agrario inequitativo de acceso a la tierra, sobre todo cuando la gran prensa apoyaba con todo a los latifundistas. El ingreso del saneamiento en Alto Parapetí obedece a la atención gubernamental a una demanda justa. En este caso, en febrero y abril, dos comisiones gubernamentales fueron interceptadas por paramilitares de los latifundistas. Hoy, tierra adentro en el Chaco, el INRA y el VT cumplen el mandato de la ley y su deber.

Ilustración: TROND

El gobierno nacional apelará al uso de la fuerza pública y al mandato constitucional para proteger los derechos del pueblo y del empresariado honesto frente a cualquier acción arbitraria y sediciosa de grupos minoritarios. Que nadie se confunda: Bolivia no es el farwest. Aquí es un delito de lesa humanidad perseguir, asesinar y enterrar personas como perros; no son bienvenidos los terratenientes desubicados que tienen arsenales privados. La Ley de tierras no se negocia. Colaboraron en este número:

Abat Oropeza INRA Cochabamba Juan Jonás Cayú INRA Beni Marvin Alba INRA Santa Cruz Jorge Soria Proyecto Piloto Chuquisaca

Esta publicación es una producción del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del Viceministerio de Tierras

Nº 5 Primera época

La Paz, diciembre de 2008

Redacción: Unidad de Comunicación Social - INRA Unidad de Promoción Indígena y Campesina - VT

www.vicetierras.gov.bo www.inra.gob.bo

Vladimir Arancibia Shirley Lara Luis Plata Viceministerio de Tierras

Director: Juan Carlos Rojas C. Editor: UPIC-VICEMINISTERIO DE TIERRAS/Franco Grandi M. Coordinador: Juan de Dios Fernández Diseño y diagramación: Miguel Aguilar T.


El gobierno titula 18,3 millones de hectáreas en dos años de vigencia de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, promulgada el 28 de noviembre de 2008

Avances del proceso de saneamiento de la tierra en Bolivia En la era de los gobiernos neoliberales (1996-2005), la hectárea saneada costaba al Estado 9,4 dólares en promedio. En el gobierno del presidente Evo Morales (2006-2008) la hectárea saneada tiene un costo de 1,5 dólares en promedio. Se titula 6,1 millones de hectáreas por año beneficiando a pequeños propietarios, propiedades colectivas, predios medianos y empresas ganaderas y agrícolas La Revolución Agraria avanza y la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia cambia. El gobierno del presidente Evo Morales Ayma, a dos años de vigencia de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria que modificó de forma parcial la Ley 1715, más conocida como la Ley INRA, tituló una superficie de 18,3 millones de hectáreas, esta extensión supera en 9 millones de hectáreas a la superficie registrada en el periodo de 1995-2005. La cantidad de títulos emitidos entre enero de 2006 y octubre de 2008 por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que cuentan con la rúbrica del Primer Mandatario y la refrenda de la Dirección Nacional del INRA, alcanza a 31.796 documentos agrarios que consolidan el derecho propietario de 49.830 beneficiarios y beneficiarias, a escala nacional. Con esta medida, la cobertura del saneamiento de la propiedad agraria da un giro a la inequitativa estructura de la tenencia de tierras que caracterizó al régimen agrario iniciado en Ucureña el 2 de agosto de 1953, seguida por la intervención al ex Consejo Nacional de la Reforma Agraria de 1992-1996 y su relanzamiento con el Servicio Nacional de la Reforma Agraria del periodo de 1996-2005, que no logró regularizar y perfeccionar el derecho a la tenencia legal de la propiedad rural. De estos datos se destaca la declaración gubernamental a la jurisdicción de Pando como el primer departamento saneado en su totalidad. El 2 de agosto pasado se plantó el último bulón en el corazón de la ciudad de Cobija como símbolo de la culminación de la intervención a 6,3 millones de hectáreas y el anuncio de cero latifundios en el norte amazónico. A diferencia de la estructura agraria que predominó la concentración de tierras en pocas manos en esa región del país durante el siglo XX, de aquel 94,7 por ciento de la superficie rural de Pando de 6,3 millones en poder de propietarios particulares en detrimento de apenas el 4 por ciento de tierras trabajadas por

1996-2008: Estado de saneamiento sobre la superficie total de 106,7 millones de hectáreas

52,1 %

35,3 %

Saneada En proceso Por sanear

12,5 %

comunidades campesinos e indígenas, pasó transformarse en 47 por ciento a favor de la población mayoritaria conformada por las comunidades campesinas e indígenas del departamento y el reconocimiento del 26 por ciento a propietarios de propiedades pequeñas, medianas, empresas y concesiones forestales. Tierra saneada Bolivia tiene una superficie total de 109.858.100 hectáreas. Descontando manchas urbanas, cuerpos de agua y salares, la superficie objeto de saneamiento es 106.751.723 hectáreas. Más de 37,7 millones de hectáreas ya fueron saneadas; 13,3 millones se encuentran en proceso de saneamiento y falta sanear más de 55,6 millones de hectáreas, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Las 37,7 millones de hectáreas saneadas representan el 35,3% del la superficie total. En esta extensión se consideran áreas tituladas, áreas para titulación, los trámites que se encuentran para resolución final de saneamiento y las tierras fiscales identificadas. En el período comprendido entre el 18 de octubre de 1996 y el 31 de octubre

Titulación por tipo de propiedad (1996-2008)

de 2008, el INRA tituló 27,7 millones de hectáreas a través de la emisión de 57.942 títulos ejecutoriales de propiedad agraria y certificados de saneamiento. En el período se titularon como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 12,6 millones de hectáreas; como propiedad comunaria 14% de la tierra, como pequeña propiedad y solar campesino 5%, como empresa ganadera y agrícola 5% y como mediana propiedad el 2% de la tierra. Se encuentra en alguna de las etapas del proceso de saneamiento una superficie de 13,3 millones hectáreas, 12,5% del total. En esta categoría se consideran aquellos procesos iniciados antes de la etapa de titulación: identificación en gabinete, resolución instructoria, campaña pública, pericias de campo, evaluación jurídica y exposición pública de resultados. Falta sanear 55,6 millones de hectáreas, el 52,1% de la tierra, la cual debe ser intervenida y saneada hasta el año 2013. Gestión Presidente Morales De los 27,7 millones de hectáreas tituladas en el periodo 1996-2008, 18,3 millones de hectáreas (67% de la

propiedad agraria) fueron consolidadas en la gestión de Evo Morales, con una inversión aproximada de 21 millones de dólares, es decir 1,5 dólares por hectárea de tierra. En el periodo 1996-2005, el Estado gastó aproximadamente 92,5 millones en la titulación de 9,3 millones de hectáreas, es decir 9,43 dólares por hectárea en promedio. En la década de la reforma agraria de mercado de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez (18 de octubre de 1996 al 21 de enero de 2006) se titulaba aproximadamente un millón de hectáreas por año. La Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria titula 6,1 millones de hectáreas por año en promedio. Entre 1996 y 2005 el INRA identificó 109,914 hectáreas de tierras fiscales. En la gestión de Evo Morales se identificaron 7,6 millones de hectáreas de tierras fiscales, a escala nacional. Las TCO y las propiedades comunarias fueron beneficiadas con mayor superficie titulada. También se tituló una superficie total de 2,1 millones de hectáreas a favor de medianas y grandes empresas, 42% en la gestión del presidente Evo Morales. Registro de propiedades en DDRR Otro gran avance importante en el gobierno de Evo Morales es el aumento de propiedades agrarias inscritas en el Registro de Derechos Reales (DDRR) en los nueve departamentos del país. En el período 2002-2008 se matricularon 34.791 propiedades agrarias en DDRR. El 85% de esas propiedades se registró en el gobierno de Morales: 8.691 en 2006; 8.372 en 2007, y 10.500 propiedades en 2008. El registro de títulos ejecutoriales y certificados de saneamiento en la oficina de DDRR es un trámite previo a la entrega oficial del documento agrario al demandante por parte del INRA. Posteriormente, el Estado entrega el título ejecutorial o certificado de saneamiento y reconoce el derecho propietario a favor del titular y garantiza la seguridad jurídica sobre la propiedad saneada.

Títulos y certificados inscritos en derechos reales (2002-2008) 2002

102

2003

2.055

2004

2.176

2005

2.895

2006

8.691

2007

8.372

2008

10.500


Entregan 2.091 títulos agrarios a pequeños productores de Tiwanaku

Misión cumplida. El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, anuncia la titulación de tierras en Tiwanaku y la pronta ampliación del saneamiento interno en coordinación con gobiernos locales del altiplano.

El pasado 13 de noviembre, el presidente Evo Morales Ayma entregó un paquete de 2.091 títulos ejecutoriales de propiedad agraria sobre una superficie de 13.509 hectáreas en favor de 3.211 propietarios y propietarias de parcelas pequeñas y

comunarias correspondientes a ocho ayllus y 21 comunidades de la Subcentral Zona Centro Tiwanaku. El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, explicó que los títulos otorgados a la población beneficiaria son

el resultado de una alianza establecida entre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Instituto Geográfico Militar (IGM), y la dirigencia de las comunidades y ayllus del municipio Tiwanaku. La autoridad destacó la participación del Comité de Saneamiento, que junto a las brigadas del INRA, participó de forma activa en el trabajo de gabinete y campo, junto con la población beneficiaria. “La culminación de este proyecto piloto se constituye en un ejemplo para todo el altiplano. Esta región fue desatendida en años anteriores. En estos dos años de gobierno, con este resultado estamos demostrando que es posible sanear tierras de forma masiva y con la participación de los productores”, señaló Rojas. Por su parte, la alcaldesa de Tiwanacu, Eulogia Quispe Cabrera, señaló que la obtención de los títulos es importante para los propietarios y propietarias que en muchos casos esperaron más de tres años para conseguir el documento de propiedad agraria y la seguridad jurídica de las tierras que trabajan.

Productores y comunidades indígenas de la provincia Cordillera reciben 58 títulos agrarios El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó el 17 de noviembre pasado en Camiri un paquete de 55 títulos de propiedad agraria correspondientes a productores de pequeñas y medianas propiedades ganaderas y agrícolas del Chaco cruceño, dos a comunidades indígenas guaraníes y un título agrario la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Iupaguasú, informó el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas. Según explicó la autoridad, los 58 títulos agrarios corresponden a propietarios individuales y colectivos de los cantones Abapó, Cuevo, Camiri, Choretí, Gutiérrez, Ipati de la provincia Cordillera, consolidan el derecho propietario sobre una superficie aproximada de 21.000 hectáreas.

“Esta titulación es un importante avance para la región, tomando en cuenta que en abril algunos propietarios impidieron nuestra labor de manera violenta e intentaron frenar el cumplimiento de la Ley. Nosotros continuamos trabajando y estos títulos son la muestra que el INRA continuó con su trabajo en beneficio de la población” explicó Rojas. Añadió que en pasados días en Camiri se notificó a 14 propietarios con los resultados del informe de cierre del saneamiento y dos resoluciones finales de saneamiento de predios que se encuentran al interior del área de la TCO Alto Parapetí. “El proceso de saneamiento debe continuar avanzando en todo el país y

cumplir los pasos correspondientes desde las tareas en campo y la titulación. Los beneficiarios directos son los propietarios y propietarios que viven y trabajan estas tierras, y el estado a través del INRA tiene la misión de consolidar el derecho propietario en el marco de la normativa agraria vigente”, afirmó. En próximas fechas, según anunció Rojas, el INRA continuará entregando títulos en su oficina de Camiri, como primera misión, y, como segunda tarea, dijo que la entidad agraria informará a la población sobre el estado de los trámites en curso con el objetivo de garantizar el derecho propietario de los propietarios, propietarias, y poseedores legales, tanto individuales como colectivos que cumplen la función social

Comunidades campesinas de Padilla y Camargo se benefician con el saneamiento El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) culminó la etapa de pericias de campo sobre una superficie de 148 mil hectáreas correspondientes a 95 comunidades de los municipios de Padilla y Camargo del departamento de Chuquisaca. En este despliegue participaron de forma activa los actores agrarios de las comunidades campesinas y propietarios individuales. Como resultado de esta labor conjunta, ya se cuenta con los primeros predios titulados. “En el caso del municipio Padilla, la población de la comunidad Yerba Buena recibió los primeros títulos de propiedad, con el respectivo registro en la oficina de Derechos Reales, tramitados en la presente gestión a través del nuevo

proceso de saneamiento. A la fecha, se tienen saneadas 2.500 parcelas en una superficie aproximada de 148.000 hectáreas”, explicó el director departamental de INRA Chuquisaca, Isaías Cayo. La autoridad departamental añadió que el trabajo de campo y gabinete concluyó en 50 comunidades de Padilla, cuyos predios se encuentran en pleno proceso de titulación, restando sólo nueve comunidades para el cierre del saneamiento en la superficie total del municipio. En la región de los Cintis, en la jurisdicción del municipio de Camargo de sus 82 comunidades objeto de saneamiento, 45 comunidades se encuentran en pleno proceso de titulación

y 37 en la etapa de pericias de campo y gabinete. Como resultado de esta labor, en próximas fechas las 4.851 parcelas identificadas serán tituladas. El Coordinador del Proyecto Piloto Chuquisaca, Juan Carlos Durán, informó que el trabajo de relevamiento de información en campo se cumplió de acuerdo a lo programado en coordinación con la población beneficiaria. A su turno el dirigente de la Subcentral del distrito San Isidro del Municipio de Padilla, Carlos López, manifestó que las organizaciones sociales, comunidades y asociaciones de productores son favorecidas de manera directa con el saneamiento de la propiedad agraria que es totalmente gratuito.

5.827 títulos agrarios para Pocona La alegría y satisfacción de los comunarios y comunarias del municipio de Pocona, tercera sección de la provincia Carrasco, Cochabamba, hace evidente el anhelo de varias décadas por contar con un título de propiedad agraria que garantiza la seguridad jurídica sobre sus tierras. Según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Cochabamba, en lo que va de las gestiones 2007 y 2008 esta entidad entregó 5.827 títulos ejecutoriales, para una superficie saneada de 176.730 hectáreas, correspondientes a 23 sindicatos agrarios. Los principales resultados del Proyecto de Saneamiento Integrado al Catastro Legal del Municipio de Pocona, fueron supervisados por el INRA Cochabamba, a través de su titular Ramiro Heredia, y el municipio de Pocona, con la representación del alcalde Juan Carlos Rodríguez. El impulso de ambas autoridades garantizó su ejecución y la continuidad del proyecto en su segunda fase para la conclusión del saneamiento de la jurisdicción municipal. Precisamente el nuevo convenio prevé el saneamiento de una superficie aproximada de 45.000 hectáreas en 21 comunidades, con una densidad predial aproximada de 4.200 parcelas en total. A la fecha, el INRA Cochabamba tiene un avance considerable: la cobertura del saneamiento abarca 11 comunidades con una superficie de 9.154 hectáreas, correspondientes a los sindicatos: Mama Wasi Alto, Phujro Phujro, Vacas Kucho, Churo Alto, Mama Wasi Bajo, Jatun Kasa, Velis Rancho, Cuesta Punta, Cuesta Punta Arriba, Conda Baja y Chaquely. Con base a la experiencia de este proyecto, el INRA Cochabamba viene realizando gestiones ante municipios, organizaciones sociales e instituciones privadas de desarrollo social, con el objetivo de buscar acuerdos y programas que coadyuven a la conclusión en el departamento de cochabamba. Omereque ingresará al saneamiento El INRA Cochabamba viene realizando las gestiones necesarias con el alcalde de Omereque, Hector Arce, a objeto de viabilizar el saneamiento en esta comuna, las gestiones tienen un avance considerable y el proyecto podría arrancar en enero de 2009, logrando sanear una superficie aproximada de 80.000 hectáreas. La TCO Ayopaya avanza El proyecto de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen de Ayopaya, prevé sanear una superficie aproximada de 612.752 hectáreas. Esta meta supone un esfuerzo colectivo del INRA Cochabamba en coordinación con las autoridades originarias de la CSUTCOA (Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos y Originarios de Ayopaya), A la fecha, se tiene un avance considerable del área saneada, logrando cubrir 103 sindicatos agrupados en seis centrales campesinas, lo cual equivale a un 70 por cinto de avance del total de la superficie.


Las colonias se asientan en más de 294 mil hectáreas de tierras fértiles en Santa Cruz y Tarija

Las tierras de los menonitas en Bolivia Las colonias menonitas están asentadas en una La Resolución Administrativa RA-DN-UCSS superficie total de 294.802 hectáreas de tierra N. 002/2008 de fecha 21 de julio de 2008 anuló en Bolivia. De ese total, 270.937 hectáreas ya todos los obrados que se hayan realizado en el cuentan con resolución final de saneamiento, proceso de Saneamiento Simple de Oficio del mientras que 23.865 hectáreas ya fueron Polígono 106 CONVENIO COMUNIDADES tituladas. SAN JAVIER hasta el Informe Técnico-Legal Poseen tierras tituladas la Colonia Menonita US-BE N. 676/2007 de fecha 22 de octubre de Belize - La Milagrosa y la Asociación Civil 2007; inclusive, la primera actividad de la etapa Colonia Menonita ''Santa Clara'', ubicadas en preparatoria del procedimiento común de las provincias Chiquitos y Cordillera del saneamiento; la etapa preparatoria del departamento de Santa Cruz. Una veintena de procedimiento común de saneamiento, y el colonias menonitas poseen resoluciones finales relevamiento de información en campo. de saneamiento de sus tierras en los En segundo lugar se dispuso como Medidas departamentos de Santa Cruz y Tarija. Precautorias la prohibición de asentamientos; Los menonitas tienen su origen en una secta la paralización de trabajos, y la prohibición de religiosa cuyos antecesores son los innovar sobre el área íntegra mensurada del Anabautistas(1) , quienes se separaron de las Polígono 106. Asimismo, se instruyó el desalojo iglesias luteranas y reformadas en Holanda y inmediato de la colonia menonita denominada Suiza durante el siglo XVI. Comunidad Campesina Río Negro, Las primeras colonias menonitas llegaron indiscutiblemente ilegal, todo en aplicación a Bolivia en los años 50 provenientes del chaco estricta del artículo 10 parágrafo II incisos a), paraguayo para dedicarse al cultivo de maíz, b), c), e) y h) y 47 num. 1 inc. k) del decreto sorgo y soya en tierras fértiles de Santa Cruz. El INRA, en el Beni emitió una orden de desalojo, espera que la medida se cumpla de forma voluntaria y supremo 29215. En tercer lugar, se estableció el inicio de Los extranjeros llegaron a Cotoca y pacífica. Los menonitas fueron estafados por traficantes de tierras. del Beni, a la cabeza de su ejecutivo Felipe Ulloa, se compraron 1.055 hectáreas en la localidad Menora, acciones administrativas, civiles y penales en contra declaró en emergencia por el avasallamiento de una según la revista “Extra” de El Deber (01/04/07). Otras de funcionarios, ex funcionarios, así como autoridades colonia menonita en la provincia Cercado, en los fuentes indican que las primeras familias menonitas se orgánicas, institucionales y otros, responsables de las municipios de San Javier y San Pedro. asentaron en el municipio de Charagua, después de irregularidades e ilegalidades cometidas en la ejecución A través de fotografías evidenciaron los trabajos que haber constituido varias colonias en el municipio de del proceso de saneamiento. los menonitas están realizando en estas tierras y los Cabezas. destrozos ocasionados a lomas y camellones En criterio del padre jesuita Francisco Pifarré, “los ¿Tierra para los bolivianos o para los menonitas? prehispánicos construidos por comunidades indígenas. menonitas van avanzando en su dominio territorial. La comunidad menonita Río Negro está afiliada a la La Gran Chiquitanía es también escenario de una Tienen su propia estrategia. Con apariencia de mansos, Central Campesina 16 de Julio del distrito 3, dividida febril actividad de tráfico de tierras que está favoreciendo calladitos y pacifistas, van siendo los dueños de la en las subcentrales La Curva Río Negro y Nueva principalmente a menonitas de diverso origen, quienes geografía del Municipio de Charagua y pronto lo serán América. La doctora Verónica Ortiz representa a los se están adueñando de grandes extensiones de tierra. de todo el Chaco”.(2) extranjeros en las reuniones de la Central. En esa región, una gran cantidad de familias El modelo productivo menonita preocupa a mucha Desde principios de 2007, los menonitas habrían menonitas integran conglomerados sociales gente porque emplea técnicas arcaicas y destructivas perforado entre siete y ocho pozos de agua en completamente cerrados y excluyentes, que trabajan del suelo y del medio ambiente. Las zonas donde se coordinación con la alcaldía de San Javier. Según el desboscando y explotando grandes extensiones, sin asentaron hace 15 ó 20 años han quedado desiertas y alcalde Melgar, cada pozo cuesta 2.000 dólares en relacionarse con la sociedad circundante y sin contribuir fueron vendidas a ganaderos para habilitarlas como promedio; el municipio aportó el 50 por ciento como en absoluto a la economía regional, observó el áreas de potreros. Uno de los casos más emblemáticos contraparte, y aún debe a los extranjeros investigador Arturo Villanueva.(3) es el de “Las Piedras” del municipio Santa Rosa del aproximadamente 1.600 dólares. Sara. El dirigente de la Comunidad Nueva Israel, Felipe El padre jesuita recomendó evaluar el impacto Menonitas en Beni Guzmán, aseguró que los menonitas son “buenos, sanos, ambiental de las colonias menonitas, particularmente El Viceministerio de Tierras denunció que una red de no hacen daño a nadie y más bien ayudan a los pobres”. la lamentable destrucción de bosques y los desequilibrios traficantes de tierra integrada por comunarios, Informó que desde 2007 diseñan un proyecto para la medioambientales. autoridades municipales y representantes institucionales crianza gallinas ponedoras en beneficio de 115 familias En ese sentido, las familias extranjeras deberían pretende perfeccionar derechos individuales y colectivos de la comunidad. Habrían financiado la compra y sujetarse a lo establecido en la nueva Constitución de 85 mil hectáreas de tierra fiscal (polígono 106) a traslado de las aves desde Yapacaní, y proyectan el Política del Estado, que en el capítulo referido a la través de un supuesto “Convenio de Cooperación” desmonte de cuatro hectáreas para sembrar el maíz y biodiversidad establece que para garantizar el equilibrio suscrito en agosto de 2007 por el director departamental el sorgo que alimentará al gallinero. ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con del INRA Beni Pablo Greminger, y el alcalde de San Los menonitas han puesto a disposición de la su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de Javier José Antonio Melgar. comunidad su motoniveladora para limpiar caminos organización del uso y ocupación del espacio, La colonia menonita La Curva del Río de vecinales, y ofrecieron instalar un taller de costura. considerando sus características biofísicas, aproximadamente 100 familias habría adquirido una Los campesinos de Beni están obligados a socioeconómicas, culturales y político institucionales superficie de 37 mil hectáreas de tierra en el denominado pronunciarse: ¿estas tierras deben quedarse en manos (Art. 380) polígono 106, ubicado en los municipios de San Javier de extranjeros o tienen que redistribuirse entre sus hijos Por otro lado, los menonitas son los principales y San Pedro de la provincia Cercado de Beni. y nietos? causantes de la especulación y subida del valor de la A diferencia de las ocupaciones menonitas en Santa Notas: tierra en todo el Chaco. Pifarré sugirió renovar los Cruz y Tarija, el asentamiento de los extranjeros en (1) Los Anabautistas o rebautizadores fueron miembros de una convenios de permanencia de las colonias en el país en tierras fiscales de Beni es ilegal, ya que se trata de una variedad de grupos religiosos del siglo XVI que rechazaban el base a ciertos puntos. El primer lugar, debería limitarse ocupación de hace dos o tres años, como ellos mismos bautismo infantil porque creían que un adulto debía ser bautizado sólo después de llegar a la fe en Cristo. Enseñaron que los bautizados el crecimiento territorial, es decir prohibir la compra reconocieron. en la infancia debían ser rebautizados. Sostenían que la iglesia era de tierras a ganaderos y frenar su incursión en Tierras Podría decirse que los extranjeros fueron estafados la congregación de los verdaderos santos, que deben separarse del Comunitarias de Origen (TCOs). Los ganaderos por los traficantes que se apropiaron de tierras del Estado mundo pecador; su teología era sumamente escatológica y alegaban solamente deberían vender tierras a los indígenas o a de manera fraudulenta con el apoyo del alcalde de San inspiración directa del Espíritu Santo. Se negaban a tomar juramentos, se oponían a la pena de muerte y rechazaban el servicio las TCOs. La compra de tierras por parte de los Javier y del ex director del INRA. Sin embargo, los militar. Su doctrina los hizo aparecer subversivos y provocó su menonitas, si ello se permitiera en caso extremo, debería menonitas también podrían ser acusados de complicidad persecución. Muchos de los Reformadores los negaron, ser cuestión de Estado. por estelionato. considerándolos oponentes fundamentales a las ideas de la Reforma. En noviembre del año pasado, el Semanario “Loma El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) (2) http://www.laconstituyente.org (3) http://www.bolpress.com Santa” de Trinidad informó que la dirigencia campesina detuvo el proceso fraudulento para recuperar la tierra.


La usurpación del territorio guaraní co República y se exacerbó con las reformas Los guaraníes cazaban, pescaban, recolectaban frutos y, más tardíamente, desarrollaron cultivos de subsistencia en Ivo (Ivü, "ojo de agua"), Kurujuky, Karaparicito, Itatiki, Iguembe, Ñoerenda, Guakaja, Ytirõke, Kamatindi y en otras ocupaciones de vieja data en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Los kereimbas (guerreros) guaraníes defendieron estos territorios durante más de 300 años y repelieron con éxito a los ejércitos conquistadores en el incario, en la colonia e inclusive en los primeros años de la República. (1) Fueron derrotados definitivamente en la batalla de Kuruyuki en 1892. El Ejército republicano fragmentó y repartió los fértiles prados cordilleranos entre unos pocos privilegiados, y encerró en las haciendas a los guaraníes en la condición de ciervos de la gleba. (2) Curas católicos y "buenas familias" de terratenientes se encargaron de "civilizar" a los guaraníes "flojos" y "desidiosos" que vivían con sencillez en la Tierra sin Mal, despreocupados de acumular bienes materiales o ahorros. Latifundio y servidumbre en el siglo XX La usurpación del territorio guaraní comenzó en la colonia, se consumó en la República y se exacerbó en el Siglo XX con reformas nacionalistas que agravaron las relaciones servidumbrales y la desigual distribución y uso de la tierra. Para fomentar el desarrollo de "empresas agropecuarias", la reforma agraria de 1953 declaró "inafectable" el latifundio en el oriente, tanto en su extensión como en su régimen laboral. Acto seguido, entregó "sin sentido de proporción ni equidad" grandes extensiones de "tierras baldías" del Estado a un sector "sector minoritario pero pudiente". (3) Los latifundistas recibieron dotaciones gratuitas en las más codiciadas regiones de la Amazonía y del chaco; y algunos acapararon tierras más allá de lo titulado, a veces en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas del contorno. (4) La "escandalosa" concentración de la tierra provocó "conflictos que dañan las bases de la convivencia civil" y "situaciones de dependencia y opresión...", subraya la Carta Pastoral "Tierra, madre fecunda para todos". La explotación laboral de pueblos indígenas y tribales en la Amazonía fue motivo de preocupación para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de la década de 1920. Fruto de ello se adoptaron el Convenio 29 sobre trabajo forzoso en 1930 y el Convenio 107 en 1957, el primer instrumento internacional dedicado exclusivamente a la defensa de los pueblos indígenas marginados y excluidos. La Iglesia Católica evidenció casos de servidumbre en la provincia Cordillera de Santa Cruz a mediados de la década de 1970, en plena dictadura de Hugo Banzer. "Durante los primeros años sólo nos atrevimos a trabajar con guaraníes de comunidades independientes; no nos animábamos a trabajar con los de las haciendas porque era imposible, las condiciones eran bastante brutales", recuerda el sacerdote Xavier Albó, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). El CIPCA y otros brazos sociales de la Iglesia Católica redoblaron tareas de asistencia social en el chaco luego de que la OIT aprobó en 1989 el Convenio 169 que reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas a la tierra que habitan. En 1992, representantes guaraníes denunciaron varios casos de esclavitud en un acto público en Kuruyuki-Ivo, en tanto que el Instituto Indigenista Boliviano difundió "denuncias escritas" en contra de hacendados y ganaderos de la región. La comisión investigadora y la Ley en defensa de los territorios indígenas que prometió el entonces presidente Jaime Paz Zamora nunca se concretaron. Y dos años después, el 16 de enero de 1994, el periódico católico Presencia denunció que 10 mil guaraníes continuaban viviendo como esclavos en haciendas del chaco cruceño, tarijeño y chuquisaqueño. (5) Entre 1993 y 1996, la Iglesia Católica y algunas ONGs como CIPCA impulsaron la compra de más de 30 mil hectáreas de tierra en las comunidades Ipatí, Amaguazú, Villa Hermosa, Ñaurenda, Aguayrenda, Ziponi, Cañadillas, Tierra de El Ingre y Casapa de la provincia Cordillera para distribuirlas entre los guaraníes empatronados. La reforma agraria del Banco Mundial El 18 de octubre de 1996 se dio inicio a un proceso de saneamiento y titulación con la finalidad de desconcentrar la tierra y redistribuirla entre quienes no la tienen o la poseen insuficientemente.

Tierra y libertad para los g

Cuentan los cronistas europeos que en el siglo XVI la n de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En Bolivia, el históricamente como "la Cordillera

La Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria 1715 dispuso que pueblos indígenas y campesinos accedan de forma preferencial y gratuita a predios públicos titulados como Tierras Comunitarias de Origen (TCO), un nuevo régimen de propiedad colectiva. El 17 de septiembre de 1996, Nicolás Moreno, Bonifacio Barrientos, Rogelio Aireyu, Valerio Mena, Arucayu Catuari Guayiri, Bonifacio Rivera, Calixto Guachama y Dionisio Vivarico, líderes indígenas de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, solicitaron al INRA la dotación y titulación de TCOs en el chaco boliviano, entre ellas un territorio guaraní en la localidad de Alto Parapetí. Los guaraníes de Alto Parapetí demandaron la restitución de al menos de un pedazo de su extenso territorio fragmentado, amparados por los artículos 1 y 171 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1257 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT, y los decretos supremos 23110, 23111 y 23112 de 1992. El INRA admitió la demanda el 10 de enero de 1997 y el 18 de julio inmovilizó un área de 54.387 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, Sección Primera, cantones Lagunillas y Aquio (Ipati), la cual fue declarada área de saneamiento de TCO el 21 de noviembre mediante resolución administrativa N. R-ADM-TCO 004-97. Pero muy pronto el INRA defraudó a las mayorías desposeídas. La burocracia obstaculizó la redistribución de tierras a indígenas y campesinos, y el trámite guaraní en Alto Parapetí fue enviado a la congeladora durante nueve años. En 2004, la Televisión Española reveló que la esclavitud persistía en algunos rincones olvidados del chaco, en el sur de Bolivia. El gobierno de Carlos Mesa reconoció oficialmente a comunidades cautivas que "trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria en espacios histórica y ancestralmente ocupados por ellas, y que no tienen tierra en propiedad" (Decreto Supremo 28159 del 17 de mayo de 2005), y propuso adquirir 50 mil hectáreas para distribuirlas entre más de mil familias guaraníes empatronadas. En 2005, la Defensoría del Pueblo concluyó que la compra de tierras minimizaba la lucha ancestral y legítima de las comunidades por un territorio; legalizaba la distribución inequitativa, y no eliminaba la servidumbre. Además, evaluó que el parcializado proceso de saneamiento de tierras ejecutado desde 1996 consolidó la inequitativa distribución de tierras en el país y no favoreció al pueblo guaraní. (N. RD/SCR/00002/2005/DH) Cientos de familias indígenas continuaban padeciendo servidumbre en haciendas de las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, confirmaron varios informes e investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Federación Internacional de Derechos

Humanos y de Organización Mundia Servidumbre en Alto Parapetí

La semiesclavitud es la obligación de trabaj acumulada. Caracterizan la semiesclavitud la explotación laboral y el trabajo coercitiv Servidumbre es el servicio personal grat originado en deudas adquiridas con proced La víctima de la servidumbre por deud esclavitud tradicional, no puede dejar su t reembolse el dinero que debe al patrón. El no puede pagar. El empatronamiento se caracteriza por familiar, a cambio de una compensación esfuerzo ni el tiempo empleado en las endeudamiento a través de "adelantos" en Según una investigación multidisciplin Ministerio de Justicia en 2006, en Alto servidumbrales en 26 haciendas. Existirí "cautivas" en Yaiti, Yapui, Yapumbia, Recre Karapari, La Colorada y Tartagalito.


omenzó en la colonia, se consumó en la nacionalistas y neoliberales en el Siglo XX

guaraníes de Alto Parapetí

nación guaraní se expandía por regiones subtropicales l pueblo guaraní habitaba un extenso territorio conocido a" por lo menos desde el siglo XIV

al contra la Tortura, entre otros. (6)

jar para una persona hasta saldar una deuda d la pérdida de la libertad, la servidumbre, vo. tuito y el trabajo obligatorio bajo coacción, dimientos tramposos, estafa y otros fraudes. das, una práctica clandestina análoga a la trabajo o la tierra que cultiva mientras no l deudor transfiere a sus hijos la deuda que

la sobreexplotación de la fuerza de trabajo n en especie que no cubre ni retribuye el s labores desempeñadas. Se origina el dinero o en especie. naria realizada por la Cruz Roja Suiza y el o Parapetí perviven relaciones laborales ían al menos 10 comunidades indígenas eo, Itakuatia, Huaraka, Bajo Karapari, Alto

Personas de todas las edades, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos mayores viven en la miseria absoluta, sin servicios de agua, electricidad, atención médica ni educación. Se trata de uno de los casos más serios de explotación laboral y violación de los derechos humanos en toda la región andina. A cambio de vivienda y alimentación, las familias trabajaban las tierras de los hacendados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las mujeres prestan servicios en la casa del patrón cocinando, lavando ropa y cuidando niños, o pelan maní y escarmenan lana. Los menores de edad acarrean agua y crían gallinas, chanchos, chivas y otros animales. Algunos pueden asistir a la escuela, y otros se someten a la educación impartida por el patrón. Los hacendados pagan a sus trabajadores mínimas sumas de dinero que no compensan las largas jornadas laborales, y bajo ninguna circunstancia cubren las necesidades básicas de subsistencia. Los patrones fían o venden con sobreprecio coca, alcohol, ropa usada, aceite y otros alimentos, y de esta forma se genera una situación de endeudamiento permanente. Los trabajadores no pueden salir de las propiedades en tanto no paguen sus cuentas acumuladas, las que puede llegar a ser vitalicias e incluso heredarse. Los propietarios tratan a los indígenas guaraníes como ganado humano de su propiedad. Azotan a los "desobedientes" y es frecuente que "aguijoneen" a sus trabajadores "flojos, descuidados" y "sin iniciativa", aunque trabajen más de 12 horas diarias. El trabajador en servidumbre, sin derecho al libre albedrío y a forjarse un destino propio, está sometido a una relación laboral de dominación asimétrica, indigna y cargada de discriminación. El pongueaje es consecuencia directa de la alta concentración de tierras en pocas manos. El INRA estima que de un total de 98.875 hectáreas de tierra de Alto Parapetí, 14 predios categorizados como empresas abarcan una extensión total de 51.512 hectáreas (52% de la tierra); 28 medianas propiedades copan una superficie de 34.183 hectáreas (34,6%) y 40 pequeñas propiedades suman una superficie de 7.755 hectáreas (7,8%). Alto Parapetí para los guaraníes En 2006, el gobierno de Evo Morales se comprometió con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a dotar suficiente tierra a todas las comunidades de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. El 28 de noviembre de 2006, el gobierno aprobó la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria modificatoria de la Ley INRA, instrumento que permite el reconocimiento y la titulación y/o devolución de las tierras y territorios ancestrales a los pueblos indígenas históricamente excluidos. El 28 de noviembre de 2007, el gobierno dictó un decreto para distribuir alrededor de 450 mil hectáreas de tierra en Chuquisaca entre 500 familias guaraníes.

En septiembre de 2007, la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz admitió la demanda de la TCO Guaraní Alto Parapetí de 203.352 hectáreas solicitada el 14 de julio de 2007 por los responsables de Tierra y Territorio de la Capitanía de Alto Parapetí José Yamangay y de la Asamblea del Pueblo Guaraní Leonardo Guarupachi Mayaregua. El 16 de noviembre de 2007, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente dictó y remitió al INRA el Registro de Identidad del Pueblo Indígena demandante MDRA y MA/UT/ADPIB/CTO/IT N. 21/07. El 17 de diciembre de 2007 se priorizó un área de saneamiento de 157.094 hectáreas dividida en cuatro polígonos de la TCO Alto Parapetí (resolución determinativa JAJ-DD-SC N.078/2007) y se dispuso la regularización del derecho propietario de 43 predios de terceros ubicados dentro del área. El 12 de febrero de 2008, el INRA emitió la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen N. 029/2008 de la Capitanía Alto Parapetí, ubicada en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, provincias Cordillera y Luis Calvo, respectivamente, secciones Primera, Cuarta, Quinta y Sexta, Cantones Camiri, Lagunillas, Aquio, Gutiérrez, Choreti, Cuevo, Ticucha, Villa Vaca Guzmán e Iguembe. La TCO colinda al norte con las comunidades Iguasurenda, Itaimi, Tenta Piau-Lagunillas, Curupaiti y Kuruyuqui. Al sur, con Río Cuevo, los predios El Piritial, Parapetí, Yaguagua y con la comunidad Santa Rosa de Cuevo. Al este limita con la TCO Kaami y al oeste con la comunidad Santa Rosa de Cuevo, Tierra fiscal, Quebrada Itacua, Río Caraparí y el predio Santa Bárbara. El 26 de febrero se emitió la Resolución de Inicio de Procedimiento RA-ST 0034/2008, disponiendo que brigadas técnicas comiencen a recolectar información en campo. La revuelta terrateniente Los terratenientes del chaco cruceño en alianza con políticos y empresarios autonomistas de Santa Cruz organizaron comités y grupos de choque armados para defender "sus territorios". La consigna era resistir "con todo" y sabotear el saneamiento y la titulación de la TCO Alto Parapetí por lo menos hasta que se apruebe el estatuto autonómico del departamento en el referéndum el 4 de mayo. El 27 de febrero, la Federación de Ganaderos del chaco expulsó de Camiri al equipo técnico del INRA encargado de sanear tierras en Alto Parapetí y zonas adyacentes. Fue la primera acción directa de la temeraria revuelta terrateniente. El 29 de febrero, el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas y otros funcionarios fueron atacados en puertas de la hacienda "Caraparicito" de Ronald Larsen. La comisión oficial se dirigía a la comunidad de Iviyeka para supervisar el inicio del saneamiento en Alto Parapetí. Larsen, dueño de más de 50 mil hectáreas en Santa Cruz, disparó a dos neumáticos de una camioneta gubernamental y amenazó con "ajusticiar" a los funcionarios. A principios de marzo, el subprefecto Marcelino Apurani, el consejero de la subprefectura Bernardo Suárez y sus guardaespaldas irrumpieron en una reunión que sostenían el director Nacional del INRA y un propietario que tramitaba el saneamiento de su predio. Los latifundistas advirtieron varias veces que no se harían responsables "si le pasa algo al personal del INRA". El 8 de marzo, la dirigencia político empresarial cruceña y los ganaderos de Cordillera reunidos en la localidad de Lagunillas acordaron tomar acciones conjuntas. "Comités de defensa de la tierra" de las asociaciones ganaderas de Macharetí, Gran Chaco, Camiri, Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas, Gutiérrez, Huacareta, Villa Guzmán, Ingre y Monteagudo instalaron "trancas de control" en toda la zona para impedir el tránsito de funcionarios del Viceministerio de Tierras y del INRA. El 4 de abril, el norteamericano Ronald Larsen y otros patrones de la provincia apedrearon y agredieron a indígenas y funcionarios del Estado, y por segunda oportunidad frustraron el inicio del saneamiento de la TCO guaraní. El 13 de abril, terratenientes y ganaderos que obtuvieron enormes haciendas en las dictaduras y en los regímenes neoliberales interceptaron y atacaron salvajemente a un grupo guaraní en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri, obligando al gobierno a declarar una pausa en el saneamiento en la provincia Cordillera. La Prefectura de Santa Cruz, Comité Cívico, legisladores de


el derecho a la propiedad privada particular puede y debe restringirse para preservar los derechos colectivos. La alta concentración de la propiedad agraria perpetúa la penosa situación de indígenas sometidos a la servidumbre. La única manera de liberar a esta gente es reestablecer el proceso de saneamiento y redistribuir la tierra en el chaco.

(Foto: UPIC - VT)

Notas

Armamento bélico incautado en la hacienda Caraparicito de propiedad del ciudadano norteamericano Ronal Larsen.

derecha (Podemos, MNR, UN), el cardenal católico Julio Terrazas, la Subprefectura de la Provincia Cordillera; las Alcaldías de Camiri, Cuevo y Boyuibe; la Fiscalía de Camiri, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) y la Asociación Municipal de Santa Cruz (AMDECRUZ) iniciaron una campaña propagandística en contra del saneamiento. El bloque empresarial denunció que el gobierno intentaba "apropiarse" de las tierras de "empresarios productivos" para luego repartirlas "políticamente" entre campesinos masistas del occidente. Alertaron que el saneamiento "barrerá a todos los propietarios de la provincia Cordillera"; "cercenará los territorios municipales", y "arrebatará las regalías y las reservas petroleras, acuíferas y gasíferas a las alcaldías". Patrones sin apoyo A principios de junio comenzaron a caer una a una las mentiras y medias verdades de la propaganda autonomista. La TCO de Alto Parapetí no se "apropiará" de los recursos naturales ni de los ingresos por Coparticipación Tributaria Municipal, HIPC II e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las siete secciones municipales de la provincia Cordillera, simplemente porque la TCO es una forma de propiedad de la tierra y no una institución receptora de recursos públicos. El saneamiento en la provincia Cordillera garantiza el derecho propietario de pequeños agricultores y ganaderos que poseen predios de menos de 500 hectáreas. Más de 10 mil familias serán beneficiadas con títulos gratuitos sin perder ni siquiera un centímetro de tierra. La servidumbre no es una "excusa" gubernamental para "ensuciar" la imagen de ganaderos y agroindustriales -como decían el autonomismo cívico empresarial y sus medios-; es una vergonzosa realidad con profundas raíces históricas que sigue mellando la dignidad nacional e interpelando al Estado supuestamente democrático y "moderno" en pleno siglo

XXI, corroboró una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de junio de 2008. El movimiento cívico empresarial de Santa Cruz, supuesto gobierno de las "mayorías" cruceñas y defensor de la justicia, encabezaba la revuelta patronal y los ataques armados en el chaco. Y la gente se preguntaba: si la tierra de Santa Cruz es exclusivamente para los cruceños, como dicen el prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic ¿por qué se les niega una TCO a los guaraníes del chaco, los primeros cruceños? Los autonomistas intentaban imponer a palos un gobierno cruceño tan autónomo como una republiqueta para proteger propiedades de terratenientes descendientes de europeos, croatas y turcos que encabezaban el movimiento cívico prefectural de Santa Cruz. Más de un centenar de organizaciones sociales, sindicales, indígenas, religiosas, intelectuales, ONGs y organismos internacionales condenaron a los sediciosos y su malintencionada campaña de desinformación. La CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia deploraron las agresiones a indígenas y autoridades de gobierno. Danielle Mitterrand reprochó a las "bandas fascistas" y "provocadoras" de Santa Cruz. La Federación Internacional de Derechos Humanos instó a los dirigentes empresariales del chaco a respetar el estado de derecho. Amnistía Internacional recordó a los patrones que romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión supone luchar contra las violaciones a los derechos humanos que las motivan y las perpetúan. Los sacerdotes de base criticaron a los jerarcas de la Iglesia Católica parcializados con los hacendados, y reflexionaron a los ricos que la tierra es un bien de todos. El 19 de noviembre de 2008, el gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 29802 que instruye revertir haciendas que mantienen sistemas servidumbrales. Dos días después, el 21 de noviembre, brigadas técnicas del INRA reanudaron el saneamiento de tierras en Alto Parapetí. Sólo los gremios patronales cruceños y algunos medios a su servicio repudian el nuevo "avasallamiento" a "la propiedad privada". Según las mayorías ciudadanas,

(1) Crónicas de Garcilazo de la Vega, Diego F. de Alcaya y Diego de Guzmán. (El Inca. Comentarios reales; Octava Edición, Colección Austral. Espasa - Calpe; Buenos Aires, 1967) Los Guaraníchiriguano; PIFARRE Francisco; Cuadernos de Investigación. N 31; CIPCA, La Paz 1989. Los Andes orientales: Historia de un olvido; SAIGNES Thierry; CERES IFEA; Estudios Históricos N 2; 1 Ed., Cochabamba, octubre 1985. Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia, 1880-1930, y Misiones Franciscanas y Trabajadores Chiriguanos , Colonización, aculturación y mano de obra indígena en el sudeste de Bolivia; Erick Langer. El Guaraní conquistado y reducido, Ensayos de etnohistoria; MELIA, Bartomeu; Biblioteca Paraguaya de Antropología, Vol. 5; Centro de Estudios Antropológicos Universidad Católica, Asunción 1993. Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos; FABRE Alain; TUPÍ, 2005. (2) Etnografía chiriguana, Bernardino de Nino, La Paz Bolivia, 1912. (3) Carta Pastoral Tierra, madre fecunda para todos, inspirada en el documento "Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria", publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano el 23 de noviembre de 1997. (4) La reforma agraria de 1953 desmanteló las haciendas tradicionales de tipo feudal de las tierras altas y los valles, pero ese sistema volvió a surgir en las tierras bajas del oriente, donde se adjudicaron inmensas extensiones de tierra a poderosos partidarios políticos de los regímenes de entre los años 60 y 90. La gran mayoría de los campesinos pobres dedicados a la pequeña agricultura poseen apenas el 1,4% de las tierras cultivadas, mientras que el 7% más rico de los terratenientes bolivianos posee el 85%. (Informe del Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Jean Zieglercon, 2003) La gran propiedad agraria en Santa Cruz se consolidó en la segunda mitad del siglo XX. El crecimiento porcentual de las haciendas/empresas agrícolas ha sido de un 348%, mientras que el crecimiento de la superficie que ocupan estos predios en el departamento se ha incrementado en 1.062%. La política agraria de 1953 y especialmente los regímenes de Banzer y Jaime Paz han transformado drásticamente la estructura agraria en el departamento de Santa Cruz a favor de la gran propiedad. (De la goma a la soya: El proyecto histórico de la elite cruceña, Ximena Soruco Sologuren, en Los Barones del Oriente, El poder en Santa Cruz ayer y hoy; Fundación Tierra, 2008) (5) El reportaje describe el sistema de servidumbre que somete a familias íntegras por generaciones; se refiere a los jornales de entre 3 y 10 bolivianos pagados en especie; a los castigos físicos, al trabajo forzoso infantil y sobre explotación sin derecho a descanso ni feriados; a la privación de libertad y a las familias castigadas en "potreros" alambrados (relata el caso de cuatro familias presas durante cuatro meses); y a la compra de la libertad de familias. La periodista Amanda Dávila hizo la investigación con apoyo de 3 diputados, una socióloga y el representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní Lidio Merites. (6) * OEA-CIDH: Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. * Programa de acción especial para combatir el trabajo forzoso, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2004. * Informe de Derechos Humanos de los pueblos indígenas afectados por las industrias de la minería, gas y petróleo y el caso de las familias cautivas en el chaco boliviano, elaborado en 2005 por CPESC, OICH, APG, CONAMAQ, CODERIP, CEADES y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos. * Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Bolivia elaborado por el Departamento de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica "Country Reports on Human Rights Practices", 2007. * Informe del Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Jean Zieglercon * Investigación multidisciplinaria realizada por la Cruz Roja Suiza y el Ministerio de Justicia en 2006, en Alto Parapetí. * Folleto informativo N.14 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), elaborado por el Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud.


Pando y la ferrovía de la muerte "... hubo prefecto del Beni, que ordenó una matanza inmotivada en la plaza de Trinidad para poder remitir a una compañía del Brasil, de la cual era socio, 250 hombres que nunca regresaron. Hechos de este tipo produjeron el despoblamiento y miseria del Beni" (1) Pablo Villegas*

La masacre de Pando es el engendro de una nueva etapa del centenario proceso de conquista de la Amazonía, donde aparecen invariablemente combinados la inversión extranjera y el servilismo histórico de autoridades locales y nacionales de los países de la región.

En 1872 se inició la construcción de la vía férrea Madeira-Mamoré para transportar la goma boliviana por el Brasil. Su construcción obedecía a los intereses de los terratenientes y a los intereses del imperio inglés, que controlaba el mercado del caucho, las ferrovías y los trenes a nivel mundial. Para los inversores europeos se trataba solo de la construcción de aproximadamente 370 km; pero pronto terminarían calificándola como un maraña de pudrición, donde los hombres morían como moscas, y sostendrían que aún con todo el dinero del mundo y la mitad de su población sería imposible acabarla. La construcción pasó de un inversionista a otro, arruinando grandes fortuna en el camino. La malaria, la fiebre amarilla, la disentería amebiana, el beriberi, y la tifoidea dieron fin con la vida de aproximadamente 10.000 de los 22.000 trabajadores empleados; más que ninguna otra construcción en los tiempos modernos, incluyendo el canal de Panamá. En cinco años habían avanzado solo 8 km. La selva era tan densa que los topógrafos no podían medir sino cortas distancias a la vez; los trazos del camino eran abandonados a menudo porque topaban con obstáculos insuperables que habían sido camuflados por la selva; las lluvias los inundaban y los ríos de cursos cambiantes se los llevaban. (2) La vía férrea se terminó en 1912, o sea, después de 40 años, pero entonces, -según dice la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de las represas del Madera-, ya casi nada más quedaba para transportar de Bolivia a Manaos o Belém. La era del caucho, como toda "era" había pasado. Entre otros nombres, le pusieron la "Ferrovía de la Muerte". Su existencia se debió a que la zona cauchera entre Bolivia, (donde esta el actual Pando), Perú y Brasil, adquirió importancia económica y geopolítica integrándose a la economía mundial por la demanda de caucho de la creciente industria automotriz y eléctrica en los países ricos a fines del 1800. En esta época, el capitalismo se expandía agresivamente, llegando a todos los rincones del mundo, superando al colonialismo. En el último cuarto del 1800, este avance coincidió con la corriente de El Niño que trajo las peores consecuencias de que se tenga memoria. Por las sequías que causó en 1876-79 y 1896-1902, se estima que el número de muertos por hambre en la India, China y el Brasil fue entre 31.7 a 61.3 millones (3). En Bolivia, el año 1878 fue por la sequía "...el año más aciago y el de mayores calamidades en la historia del país. Aquel año, dice Julio Paz citado por Condarco (4) Cochabamba vio "morir de hambre a centenares de sus hijos". Brasil fue el más golpeado en Latinoamérica, y la hambruna lanzaría al mercado una gran masa de hambrientos. A partir de 1877, empresarios brasileros con el apoyo del capital americano e inglés financiaron a grandes terratenientes locales que reclutaron 60.000 hombres en el noreste del país, devastado por el hambre, los cuales eran considerados como esclavos. Su misión era, además de la producción de goma, enfrentar a los indios y conquistar los bosques y las orillas

Monumento Héroes de Bahía

El capital internacional llegó a la Amazonía asociado al hambre

a los centros poblados a fines del 80. Sobre la situación de los siringueros y los indígenas bastan algunos ejemplos. En1942, el vicepresidente de la Johnson & Johnson, King, que extraía la mayor parte de sus plantas de uso farmacéutico de la Amazonía, decía en un informe de viaje por el área, que de 35 miembros de su tripulación 25 tenían sífilis, 22 gonorrea o la habían tenido y, lo que ocurría en su barco era sólo una pequeña muestra de la situación en tierra, donde además había malaria, tifus y muchos otros males. De los siringueros traídos el último año a la región del Abuná, 10% habían muerto y 20% eran improductivos por las enfermedades. Y un poblado de bello nombre, "Nova Vida", ilustra la mortalidad infantil: 67 niños vivos, 53 muertos (6). Había un sistema de trabajo común en toda la zona cauchera. A comienzos del siglo pasado, el Juez Dr. Paredes, en el Informe Especial del Comité Selecto del Putumayo decía"... los obreros que no satisfacían las exigencias eran torturados y muertos de inmediato, en tanto los rebeldes eran compelidos a machetazos y tiros a cumplir las órdenes. Cuanto mayor era el número de asesinatos, era mayor la producción, gran parte de la producción era obtenida con sangre y cadáveres" (7). Otra fuente dice que los trabajadores vivían permanentemente endeudados con "La Casa" e imposibilitados por tal razón de abandonar el lugar. La huida era castigada inclusive con la muerte y las deudas eran hereditarias. Un oficial reveló, en 1918, que en Riberalta y Villa Bella se encadenaba de noche a los siringueros sospechosos que querían huir, y el que lograba huir caía en manos de otro cauchero, tan ávido y cruel como el anterior. Los indígenas por su parte eran sencillamente esclavos de por vida. Fermín Merizalde escribió entre 1880 - 90, que hubo prefecto del Beni, que ordenó una matanza inmotivada en la plaza de Trinidad para poder remitir a una compañía del Brasil, 250 hombres que nunca regresaron. Hechos de este tipo, produjeron el despoblamiento y miseria del Beni. Cuando se "revirtieron" las concesiones al Estado en 1953 la colonización era nula y, el Beni y Pando estaban despoblados: menos de un habitante por km2 en Beni y casi un décimo de un habitante en Pando. (1) Un autor de los 60, revela que el siringuero cumplía una jornada de 14 horas, 30 minutos y, un recorrido mínimo de 30 km diarios, 4 días por semana, dedicando los otros dos y parte del domingo a la atención de su chaco. (8) Además debían pagar, en goma fina, un alquiler por las barracas. "A cambio de los alquileres", el barraquero les brindaba crédito y habilito, lo cual le permitía descargar sobre el siringuero los costos de producción, y también la explotación de su mano de obra a un precio bajo, la especulación con los precios de los artículos del habilito y la usura por los créditos otorgados. Además la familia del siringuero aportaba también trabajo, pero esto no se tomaba en cuenta, como ocurre hasta hoy incluso en el pelado de la castaña.

de los ríos para el transporte de la goma. Así se inició una era de sumisión para la población del Brasil, Perú y Bolivia. Se acaparó la tierra para apropiarse del trabajo El mercado mundial valorizó la Amazonía y la legislación boliviana de 1895 y 96 permitió el acaparamiento de grandes extensiones de tierra, en calidad de estradas gomeras. En 1901 habían pedidas 191.421 estradas pero se habían perfeccionado solo un 15%, lo que era una estrategia para evadir impuestos de explotaciones que estaban en curso. Hasta fines de 1915 se habían concedido 8.915.296 has de estradas gomeras y en 1938, una sola persona, Suarez, había llegado a acaparar 6.800.000 has. (1) El sistema de estradas, más conocido como barracas, fue establecido por el Estado, incluyendo el parlamento, donde la Casa Suarez tenía su propia brigada. Históricamente, los personajes más poderosos, los del norte y los de las otras regiones, fueron parte del Estado. Esto es que el "maldito centralismo" existía a través ellos y actuaba a su favor, como ocurrió por ejemplo, a través del "decreto barraquero" de 1999 que veremos después. El grueso de la población nacional que fue a dar a la zona cauchera, estaba constituido por indígenas de las áreas más próximas, como el norte de La Paz y las llanuras de Moxos. Uno de los rastros de su movimiento es la dispersión actual de los tacanas por Pando y Beni. Y de numerosas "tribus bárbaras" o partes de estas, quedan sólo los nombres de algunos ríos. Los demás migrantes venían de La Paz, sobre todo yungas, Cochabamba y Santa Cruz. Esta última, en el albor del siglo XX, se habría vaciado en un 60% de sus habitantes, que se fueron a la zona cauchera (5). También llegaron algunos extranjeros, especialmente de Europa En lo sucesivo no se produjeron en Bolivia nuevos movimientos demográficos de esta magnitud, excepto la llegada de brasileros pobres, expulsados de las barracas de ese país en los años 70 y la migración de siringueros bolivianos

El Decreto Barraquero del "maldito centralismo" fue derrotado Hasta el fin definitivo de la explotación de la goma en 1987, hubo un sistema donde sumando la ocupación en la goma, la castaña y la agricultura se tenía un año completo de trabajo. Con el fin de la goma, los barraqueros despidieron a sus siringueros, ocasionando una migración masiva hacia los


centros urbanos, principalmente Riberalta; pero otros miles se sumaron a la población de las comunidades existentes o fundaron nuevas. (9) La barraca no cumplía una función económica-social: la relación con el siringuero se basaba en el monopolio de la tierra y el bosque, de ahí la relación de inquilinato; y, en la organización de la producción, el barraquero sobraba. Con la caída de la goma, esta falta de función social quedó aún más al descubierto porque la barraca sólo se utilizaba unos meses al año. Según J. Aramayo, casi el 100% del pago por el trabajo era en especie, no había inversiones, ni implementación de medios técnicos. Ante esto fue natural que surgiera, por parte de los siringueros, la demanda de justicia en la tenencia de tierra y que se produjeran movilizaciones. Cuando eso se dio, había una gran concentración de la tierra. En 1984, pese al descontento de las elites locales con la reforma agraria, en la provincia Vaca Diez (Beni) y en Pando, el 93,5% de las unidades tenían solo el 14.7% del total de tierras (10). Según datos recientes, el 90% de las unidades agropecuarias tenían sólo el 10% de la tierra. (11) La Federación Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Vaca Diez (FUTCPVD) en un documento de 1998, expresa que mientras los pobres quedaron sumidos en una crisis cada vez más aguda, con la caída de la goma, empresarios locales, y otros provenientes del interior del país, se valieron de sus influencias políticas y económicas para hacerse de amplias extensiones de tierra por compra o concesión. Ante este proceso, decía la FUTCPVD: son cada vez mayores los conflictos por tierra entre empresarios y comunidades indígenas y campesinas. Habían pasado años desde la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero en 1999, la FUTCPVD aún se hallaba exigiendo a las autoridades, que se iniciara el proceso de saneamiento, y denunciaba que los responsables locales de la INRA eran los mismos terratenientes. Al mismo tiempo, el Estado neoliberal, bien cubierto por su discurso indigenista, había otorgado 86 concesiones forestales a empresas madereras, de las cuales 27 se sobreponían a 6 tierras comunitarias de origen contraviniendo la legislación nacional y el Convenio 169 OIT. En esta situación, el gobierno de Banzer decretó el reconocimiento de las barracas como concesiones forestales de productos no maderables (DS 25532), que podrían gozar del derecho exclusivo a los productos maderables según la ley 1700 Art. 29-II. Los derechos otorgados por el decreto se basaban en la ley de la goma del 12/12/1895 (Art. 2; b), desconociendo la reforma agraria y toda la legislación subsiguiente. El Decreto pretendía consolidar de 3 a 3.5 millones de has a 200 barraqueros, entre ellos, senadores, diputados, ministros y un reducido número de "empresarios" de la región (12). Alrededor de 500 comunidades campesinas quedarían al interior, cautivas, y se eliminaba la posibilidad de nuevas demandas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) o de compensaciones a estas (13). Ante esto, la bases de Federación de Campesinos de Pando protagonizaron movilizaciones nunca vistas exigiendo la anulación del decreto. El movimiento integrado por la Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Pando; la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Madre de Dios; la Central Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Vaca Diez, la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia; y la Central de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Pando, cobró tal fuerza que después de grandes movilizaciones logró la abrogación del DS 25532, el 7 de julio, 2000. Aparte de esto, lo más importante del acuerdo con el gobierno era: la dotación en el norte amazónico de 500 has por familia como mínimo; la declaratoria de área de saneamiento simple de oficio al departamento de Pando, provincia Vaca Diez del Beni y provincia Iturralde de La Paz, por un año; Chaco y resto del Beni por 2 años; y, finalmente el inicio del proceso de saneamiento en Pando. Pese al acuerdo, en los años siguientes, se sucedieron una serie de medidas de los diferentes gobiernos, -del maldito "Estado centralista"- a favor de los que habían inspirado el decreto barraquero, entre otros: el pago de patentes forestales por volumen de madera aprovechada, ya no por área concesionada según mandaba la ley vigente; la certificación de la Función Económica Social de las medianas y grandes propiedades, por la sola presentación del Plan de Ordenamiento Predial, ya no por la inspección en terreno como parte del saneamiento; y, la desconcentración del INRA, otorgando amplias facultades a los Directores Departamentales, normalmente subordinados a los terratenientes, especialmente en tierras bajas. (11) También se hicieron varios intentos de resucitar el decreto barraquero, entre estos el de BOLFOR, financiado por USAID, que elaboró las Normas Técnicas del Plan de Manejo Forestal (RM 164) y el formulario técnico (11-112003) y los presentó como un instrumento de sustentabilidad, pero las organizaciones de base y ONGs denunciaron que la norma era un sustituto del decreto barraquero y que destinaría recursos del Estado a labores que consolidarían las barracas. (13)

La muy bien publicitada política de tierras y de derechos indígenas seguida por los gobiernos neoliberales de este periodo, les trajo un magnífico prestigio sobre todo a nivel internacional. En cuanto a los indígenas, sin embargo, a septiembre 2005, en las tierras altas sólo se tituló 0,47% del total demandado para TCO's y en las tierras bajas un 18,16%. La situación en la Amazonía fue distinta, especialmente en Pando, donde se tituló el 49,6% de lo demandado. Esto es que los terratenientes de esta zona recibieron el golpe más duro. También se redujo su influencia política y en cierto grado, su unidad interna (14). Esto coincidía ante un gobierno debilitado por las movilizaciones rurales en todo el país, y otras, en las ciudades, como la guerra del agua en Cochabamba. Entonces, los terratenientes comenzaron a chillar por autonomía. Lo del Porvenir no es casualidad Pasó la guerra del Acre; una guerra orquestada por movimientos separatistas alentados por la oligarquía brasilera, la culminación de un proceso que cercenó casi medio millón de km2 a Bolivia. En 1903, Brasil, como compensación a Bolivia por la pérdida del Acre, convino una indemnización de dos millones de libras esterlinas y la conclusión del ferrocarril Madeira - Mamoré. Como vimos, esa obra se hizo pero fue inútil. La indemnización pecuniaria, por otra parte, fue largamente retrasada. En el Acuerdo de Navidad de 1928 se redujo a la mitad, pero tampoco fue cancelada. Diez años después, la guerra del Chaco y sus proyecciones en el equilibrio continental indujo al Brasil a considerar la integridad territorial de Bolivia como "problema continental" y las riquezas petrolíferas de Santa Cruz, como un esplendido aliciente para la "marcha hacia el oeste", una vieja aspiración subimperialista. Aquí se empezaba a dibujar la República Soyera. Entonces, en 1938, Brasil decidió pagar su deuda construyendo el ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, una vía de penetración en una zona estratégica eminentemente petrolera (15). Así, la oligarquía brasilera convirtió la compensación que no quería pagar en una victoria geopolítica que extendía su influencia al sur de Bolivia. Volviendo a lo del caucho, esta fue una historia que en un principio envolvió solo a los pueblos de la Amazonía. Con el robo de semillas de caucho perpetrado por los civilizados rateros ingleses, se extendió a Malasia, Ceilán y Singapur, cuyos pueblos fueron puestos, por los rateros, a cultivar lo robado; y a partir de 1910 la producción del caucho cultivado desplazó a la producción amazónica. Pero, este, a su vez, sería desplazado más tarde por el caucho sintético. Y los malayos, de trabajar en los 1,4 millones de hectáreas de sembradíos de caucho robado, pasarían a trabajar 1,75 millones de hectáreas de palma, también robada; y los bolivianos, después de haber estado entre los primeros exportadores de goma, de haber aportado con goma, estaño y wólfram baratos en la 2da Guerra, contra el nazismo, pasaron a los primeros puestos de exportadores de castaña, pero siguieron igualmente pobres y con una población que apenas crece. En Brasil, al concluir la era de la goma, las compañías extranjeras simplemente se fueron, y los siringueros que, ola tras ola, llegaron traídos en parte por las hambrunas, y que tenían prohibido abandonar la tierra, en la década del 70, tuvieron que dejar campo a las vacas, que llegaban al influjo del desarrollo impulsado por los EEUU. Los que no quisieron irse, se las vieron con las balas y el fuego. El desarrollo que prometía el capital extranjero, el trabajar sin derechos laborales, terminó como siempre, en sólo el miserable jornalito que recibieron los pobres por cargar sus propias riquezas en el carro del ladrón que se las estaba robando. Sólo quedaron las rencillas regionales e internacionales creadas, entre los pobres, por la inversión extranjera. Ahora, vivimos otra etapa en que el capital internacional ha reajustado su agarre en la Amazonía, pero esta vez se trata de la soya y los biocombustibles; y también de las plantas, los bichos, los microorganismos, los tejidos humanos, la biodiversidad, minerales, todo, con tal voracidad que, -para dar una idea-, uno solo de sus equipos "científicos" puede recoger 2000 muestras de microorganismos vivos de una zona por año. En este contexto, el imperio ha trazado una especie de red de "Ferrovías de la Muerte" llamada IIRSA, que en esta parte de la Amazonía, se justificó por los intereses inmediatos de la oligarquía soyera del Brasil de salir al Pacífico por Bolivia, pero que en lo histórico, representa el objetivo expansionista hacia el oeste de esa oligarquía aliada a los intereses económicos y geopolíticos de los EEUU. Lamentablemente Bolivia, en especial el norte amazónico, se halla en un área clave, que comprende el rio Madera, para el transporte, el agronegocio, la biodiversidad y la geopolítica. Como hace un siglo, el capital ha expuesto su forma más primitiva, generando hambre con los monocultivos y los biocombustibles, produciendo nuevos esclavos, ilegalidad y violencia; apoyándose en sectores que social, cultural y económicamente son los más primitivos y oscurantistas: los terratenientes, madereros, soyeros, burócratas, curas y jueces corruptos, narcos y demás, a quienes ha fortalecido durante dos décadas de "cooperación internacional". En la "cultura"

de estos sectores, la vida humana, como la del ganado, nunca ha tenido otro valor que el monetario, y en esto han coincidido con el imperio, que en estos días, patentando o pirateando se apropia de todo y a todo le pone un precio y, así, la vida humana ya no puede ser más algo "invaluable"; sólo puede ser parte de los costos de cualquier negocio. Habíamos citado al EIA de las represas del Madera, de donde extrajimos algunos de los horrores de la Ferrovía de la Muerte, pero veamos cómo juzgan sus autores esta vía. Así: "...estigmatizada, polémica, criticada en Brasil y en el exterior, con mala fama y sin haber cumplido sus objetivos, el ferrocarril Madera-Mamoré fue fundamental para la formación económica, social, geográfica y política de Rondonia, por haber estimulado la formación del primer centro urbano de esa área. A lo largo de su recorrido aparecieron poblaciones, Abuná y Guajará, Porto Velo, y otras". (16) Como vemos, todas las desgracias humanas que los autores del EIA reportan en sus páginas, están justificadas para ellos. Si este es el pensamiento de los científicos encargados de velar por el medio ambiente y social, que no nos extrañe el pensamiento y la acción de la gente que los ha comprado y que se va a beneficiar con la IIRSA y con todos los negocios implicados en esta nueva etapa del capitalismo en la Amazonía. La masacre de Pando no fue casual; no fue la sola maldad de una banda, ni solo el odio al Presidente indio; es el engendro de un sistema económico global que ha redibujado el mapa de la región para controlarla y saquearla, y para ello, está dispuesto a tumbar cualquier cultura, religión, valor moral o ética que se le oponga, y a poner fin a cualquier vida. Las víctimas de Pando podrían ser sólo las primeras. E-mail: dil-ven@hotmail.es

NOTAS: (1): Peñaloza, Luis. . 1984. Nueva Historia Económica de Bolivia: Comercio, moneda y bancos. La Paz, Bolivia: Los Amigos del Libro, 1984. (2): Adams, Patricia. . 1991. Loose Lending, Corruption, and the Third World's Environmental Legacy: Probe International, Earthscan, 1991. (3): Davis, Mark. . 2001. Late Victorian Holocaust. El Niño Famines an the Making of the Thirld World. London - New York : Verso, 2001. (4): Condarco, Ramiro. . 1983. Zarate, el Temible Willka (2da Ed). La Paz, Bolivia: Renovación, 1983. (5): Parejas A., Hogier. . 2006. Los cruceños y el auge de la goma. El Deber. , 30 1 2006. (6): Colby, Gerard and Dennet, Charlotte. . 1995. Thy Will be Done. New York: Harper Collins Publishers, 1995. (7): Botelho, Raúl. . 1977. Proceso del Subimperialismo Brasileño. Nueva York: Maity Publishing Co. Nueva York, 1977. (8): Taboada C. B., José. . 1966. Economía Boliviana. Segunda Parte. La Paz, Bolivia: Taboada C. B., José, 1966. (9): FUTCPVD. . 1998. Análisis de la situación de la tenencia y acceso a recursos naturales para las poblaciones campesinas e indígena en la amazonía boliviana. Riberalta, Beni: Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Provincia Vaca Diez, junio, 1998. (10): CEDLA, 1987. (11): Rada V., Alfredo. . sfe. Pais: Bolivia. Ponencia Sobre Tierra y Territorio: Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social. (12): Aramayo, Javier. . 2004. La Reconstitución del Sistema Barraquero en el Norte Amazónico. Análisis jurídico del Decreto Supremo Nº 27572. Santa Cruz, Bolivia: CEJIS, 2004. (13): FOBOMADE. . 2003. La Economía de la Castaña. Desde las barracas hasta el mercado mundial. Seminario: Cobija 21 y 22 de noviembre. Cobija: FSUTC, CEJIS, CIOEC Y FOBOMADE, 2003. (14): Ruiz, Sergio Antonio. . 2005. Rentismo, conflictos y bosques en el norte amazónico boliviano. CIFOR. (15): Paredes, Maximiliano. . 1960. Roboré y el Militarismo Brasileño. La Paz, Bolivia: Letras, 1960. (16): FURNAS, Construção, Odebrecht Engenharia E and LEME. . 2006. Sumário dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA. Tomo B - Volume 8/8: FURNAS; ODEBRECHT Engenharia e Construção, 2006.


La Unión Europea a la caza de materias primas y “tierras marginales” del Sur La Comisión Europea (CE) lanzó en Bruselas el 5 de noviembre la “Iniciativa en Materias Primas”, un plan comercial diseñado para facilitar la extracción de recursos naturales de países del sur, y así minimizar riesgos de desabastecimiento. Además, la Unión Europea (UE) se propone producir agrocombustibles en “tierras marginales” o “de deshecho” en diferentes partes del mundo. La UE propone producir agrocombustibles en “tierras marginales” o “de deshecho”, especialmente en Africa, las cuales en muchos casos son vitales para la superviviencia de pequeños campesinos, pastores, mujeres o indígenas. El African Biodiversity Network (ABN) aclaró al Parlamento de la UE en agosto 2008 que el 70% de la tierra en Africa todavía es comunal y fuente de sustento para campesinos, pastores e indígenas que a menudo ni siquiera son reconocidos por sus propios gobiernos. La organización desmintió que los cultivos de biocombustibles a gran escala generen desarrollo económico. Hasta la fecha, la expansión de este negocio ha causado grandes desplazamientos de campesinos e indígenas; apropiación de tierras, aumento de precios de los alimentos, deforestación, áreas de conservación bajo amenaza, pobreza y endeudamiento de pequeños campesinos. Las tierras más fértiles y mejor irrigadas se usan para producir combustible en lugar de alimentos. “No deberíamos permitir la expulsión de campesinos de sus tierras, desplazar la producción de alimentos y talar bosques con la promesa de unos pocos puestos de trabajo temporarios y mal pagados”, reclamó ABN. Materias primas La UE importa el 80 por ciento de la materia prima que requiere su industria para manufacturar bienes. Las materias primas representan un tercio del precio de los bienes industriales (química, plástica y madera) producidos en Europa, dijo el comisario de Comercio de la UE Peter Mandelson. Europa está preocupada por un eventual déficit de materias primas en el futuro. “Más que nunca, Europa debe importar para poder exportar. Una de las mayores prioridades debe consistir en hacer frente a las restricciones al acceso a recursos tales como la energía, los metales y la chatarra, y materias primas, incluidos determinados materiales agrícolas, los cueros y las pieles”, señala el documento “Europa Global” aprobado por la CE en octubre de 2006. Según el documento Europa Global, una especie de constitución comercial y política europea, “Las medidas tomadas por algunos de nuestros principales socios comerciales para restringir el acceso a sus fuentes de suministro de estos productos están provocando grandes problemas a algunas industrias de la UE. A no ser que estén justificadas por motivos medioambientales o de seguridad, deberían eliminarse las restricciones al acceso a los recursos”. Mandelson informó que la CE busca eliminar impuestos, aranceles y otras medidas que encarecen las materias primas exportadas por países en desarrollo. Se propone incluir cláusulas que prohíban las restricciones a las exportaciones en todos los acuerdos de libre comercio que negocie la UE, puesto que “la imposición de un impuesto a las exportaciones puede dejar a una compañía europea fuera del mercado de la noche a la mañana”. El veterano funcionario de la UE Patrick Hennessy considera muy importante “tratar de convencerlos (a

los países del sur) de que vean las cosas como nosotros lo hacemos”. El nombre del libre comercio, la CE ha tratado de convencer a las naciones africanas de eliminar los impuestos a las exportaciones, una fuente vital de ingresos para los países pobres. La iniciativa europea pone en entredicho el derecho de los países a restringir y controlar el comercio de materiales primarios de acuerdo a sus intereses, lo cual afecta sus propias capacidades de dotar valor agregado a sus materias primas, observa la Federación de Organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra Europa. La decisión de la CE contraría varias resoluciones del Parlamento Europeo, como por ejemplo el reconocimiento de los países a restringir el acceso comercial a sus materias primas por razones medioambientales, así como las decisiones que animan

a regular los mercados de materias primas. De hecho, la política de Bruselas oficia como facilitadora y garante del abastecimiento de la industria europea, pasando por alto principios de sustentabilidad. “El deseo de Europa de alimentar su insaciable apetito de materias primas se convierte en un ataque directo a la soberanía de los países en desarrollo sobre sus recursos naturales, lo cual envía una muy mala señal al mundo y daña la reputación de la UE como líder en cuanto a protección del desarrollo y del medio ambiente”, opina Charly Poppe, activista de Amigos de la Tierra. En su criterio, la UE debería fomentar los esfuerzos de los países proveedores de materias primas en diversificar sus economías, abatir su dependencia exportadora de mercancías sin valor agregado, así como coadyuvar en la protección de las fuentes de recursos no renovables. Si la UE defiende la libertad de mercado y quiere que otras naciones eliminen las restricciones a las exportaciones debe primero eliminar sus subsidios a la agricultura, que perjudican a los productores pobres, y dejar de restringir las importaciones, lo que implica grandes sacrificios para Europa. La UE no puede obligar a un país a exportar algunas materias primas, el colonialismo es cosa del pasado, enfatiza Alfredo Valladao, académico brasileño del Instituto Francés de Ciencias Políticas Sciences Po. Fuentes: - Gaia Foundation, Biofuelwatch, African Biodiversity Network, Salva la Selva, Watch Indonesia y EcoNexus. / La UE tras los recursos minerales y madereros de los pobres, David Cronin, IPS. - http://justiciaypazencolombia.org/IMG/pdf/Adjunto _Su_105_-10-08-ESPANOL Agrocombustibles_MitoTierrasMarginales.pdf-_.pdf

Más grande que Qatar y casi la mitad de Bélgica

Daewoo Logistics compra 1,3 millones de hectáreas en Madagascar La compañía surcoreana Daewoo Logistics adquirió 1,3 millones de hectáreas en Madagascar, un terreno superior al tamaño de Qatar y casi la mitad de Bélgica. La empresa explotará esta descomunal área durante 99 años. Daewoo Logistics planea plantar un millón de hectáreas de maíz en el oeste de Madagascar y 300 mil hectáreas de palma de aceite en el este del país para producir agrocombustibles, explicó Shin Dong-hyun, responsable del proyecto. Daewoo Logistics compró en julio otras parecelas en Indonesia. “Comenzaremos con una plantación de maíz de 2.000 hectáreas en el próximo año que producirán cinco toneladas cada una al siguiente”, dijoDong-hyun. Daewoo Logistics producirá unas 10 mil toneladas de maíz en 2010, aunque su objetivo es desarrollar los cultivos en

15 años para cubrir la mitad de la demanda actual de Corea del Sur, unos cinco millones de toneladas anuales, el 5% del comercio mundial. Corea del Sur es el tercer mayor importador de maíz del mundo. El maíz se usa principalmente en la alimentación de animales y aves de corral. Su objetivo es ya no depender de las importaciones de Estados Unidos. Daewoo Logistics mantiene negociaciones con posibles socios inversores como la mayor empresa de alimentación coreana Nonghyup, aunque no descartaaliarse con Cereales Nacionales de China, COFCO (Oils & Foodstuffs Imports and Exports) y el grupo tailandés CP. El encarecimiento de los alimentos ha impulsado a diversos países, entre ellos Arabia Saudí y Kuwait, a comprar terrenos de cultivos en el extranjero. El grupo saudí Savola, el mayor productor de aceite del mundo, ha puesto el punto de mira en las tierras de Sudán, Egipto y Ucrania.


Somos Tierra Nro 5  

Justicia, Libertad y tierra para el pueblo guarani