ambición de crear sistemas de gestión que prevean la globalidad de la acción dirigida a los jóvenes. Este modelo de actuación, que llega a convertirse en una característica singular en contraposición a lo que es habitual en el resto de Europa, no ha sido cuestionado casi nunca, y se ha asumido como referencial. 2. Consenso generó también en su momento la idea de las políticas de transición, entendiendo como tales el conjunto de actuaciones dirigidas a los jóvenes como medidas de apoyo para acceder a la condición adulta. En el plano teórico escasas son la propuestas de intervención que no han situado la prioridad en el trabajo de aquellos ámbitos que facilitan las condiciones de vida, estación de paso hacia el estatus adulto: educación, ocupación y vivienda. Hablamos de autonomía en sentido genérico y de emancipación cuando nos referimos específicamente a lo económico. En los años 80 del siglo pasado esta perspectiva era prácticamente incuestionable. En los 90 se produjo un cierto retraimiento porque los primeros análisis con una cierta profundidad de los planes ejecutados revelaban que la eficacia de las políticas de juventud estrictas en estos ámbitos era más bien escasa y porque surgió con fuerza la propuesta de las llamadas políticas afirmativas, que pretendía desplazar el eje de prioridad hacia aquellos aspectos que definen la condición juvenil (educación no formal, participación, experimentación, cultura y expresión artística, entre otros). Se produjo una discusión que llegó a ser vehemente entre los dos modelos, pero la práctica cotidiana de las políticas reveló que se trataba de un falso debate, puesto que los dos enfoques eran al fin y al cabo necesariamente complementarios y ninguno de los dos negaba el contrario. Es tan así que desde los primeros años de este siglo difícilmente encontraremos en España una propuesta de política de juventud que no contemple las dos perspectivas, perfectamente integradas. Cabe reseñar, finalmente, que desde 2008, empujados por la crisis económica, financiera y finalmente social, que asola Europa, se ha recuperado con mucha más fuerza la voluntad de priorizar las políticas de impulso de la emancipación juvenil. No se usa con tanta profusión el término transición para definir las políticas de juventud, pero al fin y al cabo se pretende incidir prioritaria y exactamente en los mismos ámbitos contemplados en los años 80 (educación, ocupación y vivienda). 3. La tercera característica común se debería formular, probablemente, en negativo. Consiste en la general dificultad para fijar el espacio competencial desde el cual deben desarrollarse las políticas de juventud. El impulso que las políticas de juventud consigue en los años 80 se basa en el desarrollo de departamentos o áreas específicas de juventud, que buscan un reconocimiento técnico equiparable al de otros ámbitos sectoriales de la administración. Y es desde estas unidades específicas que se habla de integralidad y transversalidad. Pero treinta años después, aún no ha sido posible establecer cuales son las actuaciones que deben desarrollarse desde las unidades de juventud y cuales desde los departamentos sectoriales de cada administración, en aplicación de la tan cacareada transversalidad. Lo único en lo que coinciden prácticamente todas las políticas ejecutadas es en la intensidad con la que desde los departamentos de juventud se han desarrollado las actuaciones relativas a información y orientación juvenil, tiempo libre o educación no formal,
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REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD
≥ septiembre 11 | nº 94