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Resumen caso Carolina Herrera Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha Causa: 2014-0154 L.E.V. Fiscal: Ana María Crespo Acusador Particular: Esteban Zavala Palacios, Consejo de la Judicatura Carolina Herrera Ortega, es una joven de 33 años de edad, quien fue contratada por el Consejo de la Judicatura en anteriores funciones (año 2011) en calidad de técnica para llevar a cabo, junto con el departamento del Eje de Infraestructura Tecnológica, la implementación del sistema ERP. Este sistema evolucionaría el manejo interno de la información de la Función Judicial a nivel de todo el país en los departamentos de Talento Humano, Administrativo – Financiero y Planificación, entre otros. A través de un “procedimiento de emergencia” el CJ decidió adjudicar a la empresa Brighcell la implementación del proyecto (7-10-2011). El contrato fue suscrito por el Dr. Mauricio Jaramillo, Director General del Consejo de la Judicatura y la Cia. Brightcell el 24 de octubre del año 2011. El plazo contractual de cumplimiento fue de 300 días. El valor total del contrato USD $1’309.470,00. EL CJ canceló el 70% en concepto de adelanto (USD $976.629,00) quedando pendiente de pago el 30% (USD $392.841,00). Brightcell lleva a cabo el proyecto trabajando conjuntamente con el CJ, quien tenía la obligación contractual de proporcionar la información requerida por el contratista para que esta fuera migrada al sistema. Se hicieron una serie de capacitaciones al personal del CJ por parte de la contratista en las cuales se les aleccionó respecto al funcionamiento y uso del sistema en el que se estaba trabajando. El CJ dentro de este plazo de 300 días estuvo conforme con el avance del proyecto, tanto así que existen memos suscritos por el Jefe del Eje de Infraestructura Tecnológica e incluso el mismo Director General en funciones Dr. Mauricio Jaramillo de que el sistema es de “uso obligatorio” a nivel nacional. Finalizado el plazo (20-08-2012) la contratista solicita al CJ suscribir el acta de entrega recepción del proyecto. Sin embargo, aún cuando no se habían transmitido ni quejas ni observaciones al proyecto, el acta no se suscribió y llegó una nueva transición de funciones en el CJ. Los nuevos funcionarios del CJ conocieron del proyecto y del estado contractual en el que se encontraba por lo que solicitaron a los departamentos respectivos informes respecto al avance del proyecto. Más de 700 hojas de respaldo se acompañaron a los informes y se recomendó a la nueva Directora General, Abg. Doris Gallardo, salvo su mejor criterio, disponer a las direcciones involucradas en el desarrollo del sistema su uso obligatorio, tal como lo había hecho el anterior Director General Dr. Mauricio Jaramillo. La Directora General en funciones nombra a la Ing. Carolina Herrera Ortega como Administradora del contrato, luego de que 3 personas se excusaran en aceptar el cargo; y además, designa a otra en calidad de tercero que no intervino en el proyecto para conformar la comisión que suscriba el Acta de entrega recepción, la señora Nubia Pazmiño; no obstante conocía del informe del Director Administrativo, el recién nombrado Dr. Francisco Jácome que recomienda (no se entiende por qué) en un escueto informe de 15 páginas y sin contar con el apoyo técnico de la dirección informática y del Eje de Infraestructura Tecnológica terminar el contrato (22-02-12); y del criterio jurídico del Director de Asesoría Jurídica, también designado, Dr. Esteban Zabala de terminar el contrato porque supuestamente la contratista había incurrido en mora respecto al plazo de entrega del proyecto. Afirmación falsa porque la contratista ya


había entregado formalmente el proyecto dentro del plazo contractual y solicitado la suscripción del acta de entrega recepción en dos ocasiones adicionales (19-02-2012 y 28-03-2012). Aquí es evidente que hubo un juego de intere$es y de apasionamientos. Lo que estaba avalado por los miembros del anterior CJ no fue apoyado por el nuevo. La nueva Administradora del Contrato, la Ing. Carolina Herrara Ortega, no fue informada formalmente respecto a este informe y criterio. La Directora General tampoco se pronuncia respecto a los mismos ni ejecuta acción alguna para observar el contrato ni terminarlo. Conformada la Comisión para la suscripción del Acta de entrega recepción, renovadas las garantías del Contratista y sin contar con un pronunciamiento o disposición directa de NO RECIBIR EL PRODUCTO, la Administradora del Contrato, suscribe el acta aludida el 27 de junio del año 2013. Lo que a continuación sucedió fue la persecución más encarnizada al estilo inquisitorio en el que se violaron no solo derechos humanos, constitucionales y legales; sino que se abusó del Poder una Institución del Estado. El Dr. Esteban Zavala, junto con la Abg. Doris Gallardo presentaron una denuncia en contra de Carolina Herrera y Nubia Pazmiño en la Fiscalía. Al cabo de 2 HORAS de recibida la misma fue reconocida por el denunciante y remitida a la unidad DACE (unidad de la fiscalía en la que se manejan las denuncias en contra de las personas que no pueden ser identificadas y por tanto la información se torna absolutamente privada y privilegiada), trámite que para el resto de los usuarios demora una semana. Abierta la Indagación Previa, la Fiscal Diana Salazar dispone la recepción de versiones, entre ellas las de la Directora General, Director Jurídico, Director Informático y decide solicitar al Juez de Flagrancias, autorizar la Detención con Fines Investigativos de Carolina Herrera y Nubia Pazmiño. Ambas, sin tener conocimiento de la denuncia ni tampoco llamadas a rendir versión en el proceso penal iniciado en su contra (ya habían transcurrido más de 6 días), continuaron trabajando en el CJ con normalidad. Fueron llamadas a una reunión en el despacho de la Directora General Abg. Doris Gallardo y engañadas por el personal del CJ para mantenerse allí y esperarla. Al cabo de una hora no llegó la Abg. Doris Gallardo, sino unos agentes de la Policía Judicial con la orden del Juez (sumillada por la Abg. Doris Gallardo como dando aval del operativo) de detener al par de ciudadanas. El CJ ni siquiera había abierto en su contra un sumario administrativo… pero sí fueron privadas de su libertad por un delito de características penales. Recién a los 13 días de detenida Carolina Herrera pudo dar su versión de los hechos… pero hasta que eso ocurra, astutamente la Fiscal inició la Instrucción Fiscal y la detención con fines investigativos se transformó en medida cautelar de prisión preventiva. Carolina Herrera Ortega, a cargo de su padre enfermo del corazón y responsable de la manutención de su familia, fue detenida y encarcelada por más de 105 días por la comisión de un supuesto delito de falsedad ideológica. Actualmente el proceso cuenta con más de 60 cuerpos y solo Carolina Herrera Ortega está llamada a juicio. Por qué? Hay un párrafo en el Acta de Entrega Recepción del Contrato que establece que el Consejo de la Judicatura recibe el proyecto “a entera satisfacción” y a criterio de los nuevos funcionarios designados dicha afirmación no es del todo cierta. Acusan a Carolina Herrera de redactar y suscribir un acta que no es


contiene información verdadera (no por los anexos que forman parte del mismo… más de 800 hojas de respaldo) sino por esta afirmación solamente, el resto del acta es perfectamente válida. El Consejo de la Judicatura actual quiere encontrar fundamentos suficientes para adjudicar un nuevo proyecto de carácter tecnológico a alguna otra empresa de su preferencia. Allí se ventilarán nuevos intereses económicos. Olvidan sin embargo que ya se hizo un desembolso de casi un millón de dólares con el Contratista y prescindir de este proyecto es botar a la basura el dinero ya entregado. Carolina Herrera es solo el chivo expiatorio para esconder a los verdaderos responsables que se beneficiaron en esa adjudicación llevada a cabo mediante “procedimiento de emergencia” suscrito por el anterior CJ. Se han amedrentado jueces, los cuales negaron en 4 ocasiones sustituir la prisión preventiva de Carolina Herrera con otra medida. Han impresionado Fiscales, quienes aún cuando no están convencidos de la culpabilidad de esta mujer en el caso, la han acusado y ahora la están llevando a juicio. Han amilanado a jueces de Corte Provincial, quienes no tuvieron la valentía de declarar la nulidad de lo actuado por sendas violaciones del derecho a la defensa de Carolina Herrera, y aún cuando conocen que previo a iniciar un juicio por falsedad, la misma debe ser declara por un juez de lo civil por que existe prejudicialidad. A nivel de gobierno, es conocido este caso como una injusticia tremenda que se está cometiendo en contra de una persona inocente, pero nadie dice ni hace nada, porque el CJ ha comparecido a juicio en calidad de Acusador Particular. Incluso se pretende amedrentar a la defensa de la acusada negándoles la posibilidad de acceder a la Escuela Judicial en calidad de profesores, cargo honorífico a nivel nacional, por actuar en una causa en la que el CNJ tiene planificado condenar. Este caso, es una evidencia más del secuestro de la tan aludida “INDEPENDENCIA JUDICIAL”. Aquí, el organismo a cargo del pago de los sueldos de la Función Judicial presiona para que la balanza se incline a su lado y jueces fallen, omitiendo el deber primordial de actuar en JUSTICIA y con EQUIDAD. El 30 de junio y el 1 de julio se llevará a cabo en el Tercer Tribunal de Garantías Penales una lucha entre David y Goliat.

Resumen del caso  
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