PRODUCTOS Y SOLUCIONES QUÍMICAS 79
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os plaguicidas y los fertilizantes desempeñan un papel fundamental en la agricultura, ya que contribuyen a incrementar la producción de alimentos. Desde los años 40, el uso de estos productos agroquímicos ha aumentado de manera continua. Sin embargo, la tendencia hoy es a reducir su utilización y a perfeccionar los ya existentes para avanzar en el combate de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y en el resguardo de la salud de los consumidores, como también para proteger las exportaciones con miras a que no sean devueltas por encontrar en ellas alguna sustancia prohibida en el país de destino. A propósito de lo mismo, este año el uso y autorización de los plaguicidas en Chile quedó en entredicho después de una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para evaluar si sus procesos de autorización, renovación y modificación de aprobaciones de plaguicidas ha sido eficaz en la protección de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. La revisión determinó que, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, en nuestro país se aprobaron 99 plaguicidas cuya comercialización y uso no ha sido autorizado por alguno de los sistemas comparados de referencia, como el de la Unión Europea (UE).
HALLAZGOS INQUIETANTES La mencionada auditoría abarcó 388 sustancias activas que se encontraban aprobadas en Chile. En el análisis de los expedientes se detectaron diversos “hallazgos” o situaciones que generaron cuestionamientos por parte del órgano contralor y encendieron las alarmas respecto del uso de estos productos agroquímicos. Así, por ejemplo, de los 99 plaguicidas, 40 se encuentran clasificados como altamente peligrosos por Pesticide Action Network (PAN). Esta sistematización, realizada por la PAN, considera la toxicidad aguda alta según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA); el efecto tóxico de largo plazo (carcinógeno o probable, posible o supuesto de acuerdo con el SGA); perturbación endocrina; el peligro para los servicios de los ecosistemas, y aquellos incluidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. En la auditoría se verificó que no existe evidencia de que se haya realizado una evaluación de riesgos en el proceso de autorización, ni que se midieran los efectos crónicos ni los impactos acumulativos y sinérgicos en la salud de las personas. Por otro lado, tampoco se acreditó la existencia de instructivos metodológicos, protocolos internos o procedimientos formales “que permitan a todos los evaluadores del Subdepartamento de Plaguicidas del SAG, contar con criterios y parámetros objetivos para catalogar y fundamentar la evaluación de los antecedentes técnicos de las solicitudes”. De igual modo, se verificaron “debilidades” en el tiempo que demora el proceso de revisión efectuado por el Servicio Agrícola y Ganadero, ya que requiere 11 meses para la autorización de plaguicidas y más de un año para su renovación o modificación. Asimismo, se comprobó que el proceso no considera la participación de grupos de interés, ni la interacción ni coordinación con otros entes públicos o privados como la Subsecretaría de Salud, la Subsecretaría del Medio Ambiente y las universidades, añadiendo que existe una falta de conocimientos multidisciplinarios en los equipos de evaluación.
MARCO REGULATORIO En Chile, el uso de plaguicidas está regulado por la norma técnica Nº 209 del Ministerio de Salud, que fija límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos. Esta guía define un Límite Máximo de Residuos (LMR) en los plaguicidas, que se refiere a la concentración máxima, expresada en mg/ kg (miligramos por kilogramo), permitida en productos alimenticios para consumo humano. Así, el texto normativo incluye una larga lista de agroquímicos, que se asocia con otra en que se enumeran los alimentos –de origen vegetal y animal– donde los pesticidas pueden ser hallados, además de los correspondientes LMR. Los ingredientes activos de los plaguicidas aparecen codificados según el Codex Alimentarius, base de datos elaborada por la OMSFAO en que se fijan límites máximos para cada sustancia. Frederick Corthorn, Gerente Comercial del laboratorio Corthorn Quality, comenta que en Europa actualmente hay movimientos que están a favor de hacer cambios regulatorios para hacer más exigentes los límites residuales en ciertas matrices, como por ejemplo las frutas. Incluso, precisa que algunos países del Viejo Continente, entre ellos, Austria, han ido
más allá y han prohibido plaguicidas como el glifosato, un herbicida ampliamente usado y que está cuestionado por sus posibles efectos cancerígenos. El ejecutivo añade que para los exportadores locales siempre es una preocupación que sus productos no contengan Iprodione, un fungicida prohibido en la Unión Europea: “Esto, porque pueden sufrir un daño económico importante en términos de que la fruta pueda llegar allá y que, si contiene esa materia activa, se la devuelvan”.
REEMPLAZO PROGRESIVO Corthorn afirma que con el tiempo algunos plaguicidas se han ido eliminando y reemplazando de forma progresiva por otros agroquímicos. Según explica, este proceso de recambio tiene dos orígenes: “Primero, se ha mejorado la tecnología o know how de los plaguicidas y, además, existen otros que son muy antiguos que ya no se ocupan porque causan problemas de salud”. En su opinión, Chile ha comenzado a asimilar este proceso, pero aún va a la zaga de bloques como la Unión Europea que se distingue, junto con sus altas exigencias, por su mejor accesibilidad a los datos sobre los pesticidas. “Cuando veo esto me parece que podrían incorporarse más matrices al listado de la norma técnica Nº 209 y así hacerla más armónica, tal como se ha logrado en Europa. Allá, uno busca en el sitio web, por cada matriz, y encuentra toda la información”, subraya. Por otro lado, el ejecutivo afirma que es pertinente analizar los incentivos que hay para fomentar el uso de los plaguicidas de recambio, tanto para los grandes productores como para los pequeños agricultores. En ese sentido, advierte que hay una ventaja para los primeros: “Las exportadoras tienen un nivel de conocimiento alto ya que cuentan con equipos de agrónomos y por lo tanto tienen otro nivel de educación”. Agrega, no obstante, que “esto también hay que enfocarlo en los pequeños agricultores, que venden sus frutas en ferias libres, para que sepan qué plaguicida pueden ocupar y cuál no; cuánto aplicar, en qué momento, cómo hacerlo, por qué uno es mejor que otro y saber si alguno ya no está permitido en Chile y entonces deben cambiarse a otro”. Dada esa realidad, plantea que es importante generar instancias de capacitación orientadas a ese segmento de trabajadores, que surjan y se canalicen a través de instituciones reconocidas como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).