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GOBIERNO PROPIO Y AUTONOMIA INDรGENA

TEMA LIBRE HERRAMIENTAS INFORMATICAS

INDIRA TATIANA PACHECO ARIAS

PRESENTADO A TUTOR: MOISES DE JESUS RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS ECACEN MAYO-2012 Universidad Nacional Abierta Y Distancia UNAD

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GOBIERNO PROPIO Y AUTONOMIA INDÍGENA

Tabla de contenido Tabla de contenido.........................................................................................................2 CAPITULO UNO..........................................................................................................3 EL GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.....................................3 La Gobernabilidad Indígena. ........................................................................................5 El Gobierno Indígena Vs. Estado Colombiano. ............................................................6 Carácter Legal de las Autoridades Indígenas y sus Asociaciones.................................8 Retos y Desafíos del Gobierno Indígena. .....................................................................9 CAPITULO DOS.......................................................................................................9 LA AUTONOMIA....................................................................................................9 Formas de Autonomía de los Pueblos y Autoridades Indígenas. .............................9 Una Noción del Derecho Indígena. ........................................................................10 ¿Dónde se encuentran?............................................................................................11 La Autonomía en el Marco de la Corte Constitucional. .........................................11

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CAPITULO UNO EL GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Cuando los pueblos indígenas hablamos de gobierno propio, nos referimos al ejercicio de autoridad que históricamente hemos desarrollado para mantener y darle sostenibilidad al ordenamiento social de nuestras comunidades, administrar nuestros territorios, recursos y patrimonios colectivos; así como para aplicar justicia desde nuestros sistemas jurídicos y de manera general proteger la integridad de nuestras culturas y la integralidad étnica de nuestros pueblos; además para defender, exigir y realizar nuestros derechos ancestrales, especiales y humanos. Desde siempre los pueblos indígenas hemos tenido y tenemos personas, espíritus e instituciones que se han encargado del gobierno de nuestras comunidades, labor que han desempañado desde las facultades que les han conferido las leyes de origen que dejaron nuestros padres espirituales y que han servido de guías y mandato para conservar, proteger o restaurar la armonía y vivir el equilibrio entre todos los seres de la naturaleza. “Antes de la llegada de los españoles nosotros ya teníamos nuestros propios gobiernos, a través del conocimiento de la naturaleza ya nos gobernábamos”. La ley de origen es vida, es la palabra de los antepasados que enseña como proteger, ordenar y administrar nuestro territorio, y vivir en armonía con la naturaleza, con la madre. Sin Ley de origen no hay madre, se enferma y destruye la creación, no hay hijos, no hay futuro. Por eso nuestros gobiernos propios deben estar orientados en primer lugar por nuestras leyes de origen que nos dan identidad, sentido de pertenencia y nos `permiten vivir en armonía; porque la ley de origen es la palabra sagrada de gobierno de los pueblos indígenas. Así mismo, cuando hablamos del gobierno propio, también estamos pensando en el derecho mayor que nos asiste como pueblos originarios de gobernarnos y ser gobernados por nuestras propias autoridades y de acuerdo con las tradiciones, usos y costumbres de cada pueblo. Este Derecho Mayor como derecho histórico, cultural y colectivo, se constituye en fundamento político de nuestras luchas y resistencia y en instrumento para establecer y consolidar nuestro gobierno propio con autonomía y legitimidad. Si las leyes de origen exigen que nuestros gobiernos propios cuiden y protejan el equilibrio en nuestras comunidades, el derecho mayor busca fortalecer nuestras luchas para darles coherencia política y sentido histórico. Por eso decimos que nuestros gobiernos propios no solamente tienen una función administrativa o jurisdiccional y por el contrario tienen el deber de garantizarnos con plena autonomía la restitución y el disfrute de nuestros Universidad Nacional Abierta Y Distancia UNAD

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derechos y posicionarnos con otros sectores sociales en la construcción de una nación incluyente, igualitaria y justa donde se respete y realice el estado de derecho. La ley de origen, es la ley espiritual que ha regido y por medio de la cual se han gobernado nuestros pueblos, con mayor fuerza antes del establecimiento de los estados nacionales modernos, pero en la actualidad muchos pueblos victimas del etnocidio y la aculturación tienden a ignorarla, o tenerla como cosa del pasado. Hoy vemos que muchos pueblos y/o comunidades indígenas rechazan la ley de gobierno propia y acogen formas de gobierno que son extraños a sus culturas y que más tarde que temprano contribuirán a su aniquilamiento y desaparición. Además cuando hablamos de gobierno propio estamos pensando en nuestra memoria histórica y cultural, recordando a los padres de nuestra creación, recordando a nuestros caciques, curacas, mamos, nocos y a los grandes hombres, que han orientado nuestra resistencia; así mismo estamos recordando y pensando a nuestros sabios y conocedores que protegen el equilibrio de nuestros mundos. También estamos pensando en nuestros hermanos asesinados por defender o restituirnos nuestros derechos o por soñar que los pueblos indígenas debemos pasar de la resistencia a la toma del poder y al ejercicio pleno de nuestras facultades con el liderazgo de nuestras autoridades públicas de carácter especial. El gobierno propio de nuestros pueblos se realiza a través de instituciones de poder que tienen un carácter cultural y por medio de nuestras autoridades tradicionales y políticas. Nuestras autoridades indígenas son las encargadas de ejercer el gobierno de nuestros pueblos y comunidades, ya sea que nosotros las elijamos en los escenarios que tienen nuestros pueblos para decidir quien nos representa, dirige y orienta o que desde la ley de origen se nos señale cuales son nuestros hombres sabios y de poder cuya misión es la de gobernarnos. El Gobierno propio constituye para los indígenas una de las manifestaciones culturales propias, a través del cual se implementa y proyecta la visión de vida y autodeterminación de los Pueblos. En ese sentido podríamos ilustrarlo a partir de los siguientes elementos:

Formas de Gobierno: Son los esquemas o las estructuras de jerarquía que los Pueblos Indígenas poseen desde su origen o que de acuerdo a la dinámica histórica han creado y apropiado, a partir de la cultura, usos y costumbres, para ejercer autoridad al interior de sus comunidades.

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Autoridades Propias: se encuentran integradas por un grupo de personas a las cuales se les ha denominado como Autoridades Tradicionales, las cuales en las mayorías de los casos han sido preparadas desde el vientre materno para dirigir los destinos del pueblo indígena; de acuerdo al pueblo que pertenezcan las Autoridades Tradicionales son llamados de diferentes maneras, a saber: curacas, para los pueblos indígenas de algunas comunidades de la Amazonía Colombiana. El Gobierno propio representa para los indígenas una forma de resistencia política y cultural, de reivindicación de derechos, de encuentro y reconciliación con los mandatos de nuestros antepasados, de control territorial y dinamizador de los planes de vida y de permanencia de cada pueblo.

La Gobernabilidad Indígena. El fortalecimiento de la gobernabilidad de las comunidades y autoridades indígenas es un proceso de reflexión, memoria, capacitación y diálogo de saberes y construcción de conocimientos y de organización, que se hace entre las autoridades tradicionales, líderes y lideresas, y jóvenes acerca del ejercicio de la autoridad y el poder al interior de los pueblos indígenas y de la relación de éstos con el Estado, las administraciones municipales, departamentales y nacional, para el reconocimiento, garantía, protección y restablecimiento de sus derechos fundamentales y colectivos El fortalecimiento de la gobernabilidad de las comunidades y autoridades indígenas debe ser de tipo cultural, político y social. De tipo cultural y sociopolítico porque nace de la cosmovisión, de la historias cultural, de los usos y costumbres, maneras de trabajar, de los hábitos, de los consejos de los mayores y del conocimiento y sabiduría de los médicos tradicionales. Cultural también porque debe tener en cuenta los cambios en las relaciones con la naturaleza, con el territorio, con la población no indígena, con el Estado y los gobiernos, cambios que han venido naciendo a raíz de las transformaciones sociales que se han tenido lugar en los territorios y en las regiones que habitan los pueblos indígenas y en general en el país. Se parte de la ley de origen, pero no se trata de imponer nuevas restricciones, ni de crear estrictas sanciones o castigos. Se basará en las normas y tradiciones que ya existen, que han existido por mucho tiempo, Universidad Nacional Abierta Y Distancia UNAD

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pero que no se han dicho, ni se han escrito, y que se deben recuperar pronto para que no se olviden. El fortalecimiento de la gobernabilidad es así mismo un proceso de tipo sociopolítico porque el objetivo es fortalecer el gobierno y la justicia indígena y el ejercicio de la autonomía; es recuperar, fortalecer y desarrollar la ley de origen sobre derechos, deberes, relaciones entre las personas indígenas, las comunidades, el territorio, los recursos naturales; es identificar unas políticas autónomas, unas leyes y unas sanciones aplicables para la solución del problemas, el ejercicio de justicia, la administración del territorio y el manejo adecuado de los recursos; es aclarar y definir las formas de relación más apropiadas con los mestizos, con el Estado, con las instituciones del gobierno y las entidades y empresas interesadas en la explotación de los recursos naturales y el desarrollo de diversos tipos de megaproyectos. Es posible que algunas personas conozcan todas las normas, pero es muy posible también que muchas otras personas no las conozcan. Y si no las conocen, cómo las pueden poner en práctica?.

El Gobierno Indígena Vs. Estado Colombiano. Los pueblos indígenas reconocemos que hacemos parte de la nación colombiana, y por lo tanto nuestro gobierno propio también se inspira en los derechos establecidos en la ley 89 de 1890, la Constitución Política de 1991 y la normatividad interna vigente; además del derecho internacional de los derechos humanos, que cuenta con instrumentos como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. La ley de origen, el derecho mayor, las leyes de la republica y los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, reconocen las competencias de nuestras autoridades para el ejercicio de gobierno propio de nuestros pueblos, comunidades y autoridades. El Estado colombiano por medio de la ley 89 de 1890, determinó la manera como deben gobernarse los pueblos indígenas de Colombia, estableciendo para ellos un fuero especial que comienza por legislar sobre la organización de los cabildos indígenas: “En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres…” Articulo 3º. En lo concerniente al gobierno económico de las parcialidades el Articulo 4º de esta Ley, le reconoce a los pequeños cabildos todas las facultades que les hayan transmitido sus usos y costumbres particulares, con tal que no se opongan a lo que previenen las leyes, ni violen las garantías de que disfrutan Universidad Nacional Abierta Y Distancia UNAD

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los miembros de las parcialidades en su calidad de ciudadanos. Además de las facultades anteriores esta Ley otorga a los cabildos de indígenas competencias para sancionar y castigar, estableciendo para ellos funciones administrativas, jurídicas, económicas y políticas, entre otras. Sin lugar a dudas la Ley 89 de 1890, fue hasta la década de los noventa del siglo pasado, el principal instrumento jurídico que esgrimieron los pueblos indígenas de Colombia, para la realización de sus derechos, entre ellos el de gobernarse a si mismos. Posteriormente, tuvieron más y mejores argumentos con la promulgación y posterior ratificación por el Estado colombiano del Convenio Número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1989, que en nuestro país se adopta y se incorpora a la legislación interna, por medio de la Ley 21 de 1991, la cual reconoce las aspiraciones de estos pueblos para asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. Preámbulo Ley 21 de 1991. Así mismo, establece en su Numeral 1º del Artículo 4º que los estados deberán adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Gracias a su participación en el proceso constituyente que promulgó la Constitución Política de 1991, los pueblos indígenas pudieron incorporar y desarrollar en la naciente Carta, el reconocimiento a sus derechos colectivos, territoriales y culturales. Sus Artículo 7º y 8º consagran la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; además califican como un deber del Estado y las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. El Articulo 246 de nuestra Constitución Política determina: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos…” En consonancia con lo expuesto, los pueblos indígenas en el disfrute de su autonomía política, administrativa y jurídica, también se gobiernan así mismos y en primer lugar por sus Leyes de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor. Esto lo entendieron muy bien los líderes y las autoridades indígenas que desde principios del siglo pasado retomaron la ley y propiciaron desarrollos legislativos para exigir y proteger los derechos colectivos de sus pueblos y la integridad de sus culturas. En el marco de de las luchas indígenas por la autonomía administrativa y la protección de sus territorios surgen las organizaciones indígenas que hoy nos representan, muchas de las cuales se constituyeron en asociaciones de autoridades indígenas de derecho público y de carácter especial. Universidad Nacional Abierta Y Distancia UNAD

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La Constitución Política de 1991, la legislación nacional y la jurisprudencia constitucional y administrativa, reconocen en repetidas ocasiones a las Autoridades Indígenas como autoridades públicas que cumplen funciones que van desde la administración de justicia hasta el registro censal de la población, pasando por todo tipo de funciones administrativas. Constitución Política Artículos 246 y 330, Artículo Ley 89 de 1890 Artículos 3º, 4º, 6º y 7º revisada por la sentencia C – 139 de 1996 Corte Constitucional MP. Carlos Gaviria Díaz, Ley 99 de 1993 artículo 31 numeral 21. Ley 115 de 1994 artículos 62 y 63, Ley 191 de 1995 artículo 5º, Ley 397 de 1997 artículos 26 y 58, Ley 434 de 1998 artículo 4º, Ley 685 de 2001 artículos 125 y 127, Ley 691 artículo 4º, Ley 734 artículo 25. Así mismo la Corte Constitucional señala: “De nuevo la Corte debe poner de presente, que el legislador ha tenido en cuenta las particularidades que tienen esas comunidades, entre ellas, la forma en que estás deciden los asuntos comunitarios y la potestad de que están envestidas sus autoridades, la cual reconoce la Constitución Política (Art. 330). Corte Constitucional, Sentencia C – 088, 31 – 01 de 2001. De lo anteriormente expuesto se desprende que los pueblos indígenas hemos ejercido históricamente nuestro gobierno en derecho propio y por las facultades legales que nos ha otorgado el Estado colombiano. El gobierno propio de los pueblos indígenas no es un invento de ahora, es una realidad histórica que nos ha permitido resistir al colonialismo y luchar por nuestros derechos. Lo que resta por reflexionar es que tanto ese gobierno propio que ejercemos es autonómico y que garantías de pervivencia, sostenibilidad y de futuro nos ofrece. También debemos preguntarnos si nuestros planes de vida expresan y se constituyen en los instrumentos de gobierno propio de nuestras autoridades.

Carácter Legal de las Autoridades Indígenas y sus Asociaciones. La Ley 89 de 1890 en sus artículos 4, 5 y 7 estableció las facultades administrativas y jurisdiccionales de las autoridades indígenas en sus territorios en relación con su propia población y los recursos naturales. La Ley 89 de 1890 en su artículo 3 establece: En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por estos conforme a sus costumbres. El periodo de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1 de enero a 31 de diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante a presencia del Alcalde del Distrito. Universidad Nacional Abierta Y Distancia UNAD

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Retos y Desafíos del Gobierno Indígena. A pesar de lo dicho hasta ahora nuestra realidad es otra. Con todo y nuestras leyes de origen, el derecho mayor y las herramientas normativas propias y constitucionales, las autoridades indígenas en muchos casos, no han sido muy eficientes en el desarrollo de muestro ejercicio de gobernabilidad y en la apropiación de competencias para establecer con autonomía el ejercicio de nuestros gobiernos, dadas las amenazas del conflicto interno y la crisis humanitaria y social que atraviesa la Nación; así como el establecimiento en nuestros territorios de actores que desequilibran económica, cultural y militarmente nuestros universos; todo esto sin ignorar los procesos de colonización, aculturación, deslegitimación y genocidio que nos ha correspondido afrontar.

CAPITULO DOS LA AUTONOMIA La Autonomía implica la libertad de los pueblos indígenas de autogestionarse, de gobernarse así mismos para determinar y ejercer sus derechos ancestrales sobre la Tierra que nos dio a nacer y sobre los recursos que el Creador nos dio para el disfrute y conservación para las futuras generaciones. La autonomía no es más que el ejercicio del autogobierno, o sea, la autodeterminación individual y colectiva. En este sentido, necesitamos la autonomía para superar la opresión y la explotación, construyendo nuevos poderes descentralizados, de abajo hacia arriba. Pero estos poderes, estas prácticas de autonomía, necesitan encarnarse en un territorio. Sin territorio propio, autocontrolado, no existe la menor posibilidad de construcción autonómica. Claro está, que las autonomías territoriales no pueden quedar encorsetadas en territorios-islas separadas del resto, ya que no producirán ningún cambio real en la sociedad.

Formas de Autonomía de los Pueblos y Autoridades Indígenas. Autonomía Política: Es el derecho de los pueblos indígenas de tener autoridades y gobierno propio, solamente los indígenas que hagan parte de una comunidad, resguardo o territorio pueden hacer parte de la correspondiente autoridad. Autonomía Jurídica o Normativa: Es el derecho de identificar, recuperar y elaborar normas, procedimientos, instituciones e instancias del derecho propio de la tradición cultural de cada pueblo indígena.

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Autonomía Financiera: Es la facultad de obtener prestamos o créditos. Autonomía Administrativa: Es la facultad de las autoridades indígenas de administrar sus territorios y recursos naturales, así como los recursos económicos provenientes de programas y proyectos públicos o privados nacionales o de la cooperación internacional que se desarrollen en beneficio de su población.

Autonomía Fiscal: Es la facultad de las comunidades y autoridades indígenas de determinar las obligaciones y contribuciones de los miembros de una comunidad o resguardo, los cuales pueden ser en trabajo comunitario, en prestación de servicios, en dinero o en especie. Cuando se reglamenten los territorios indígenas como ETIS, debe definirse en el ámbito de esta autonomía el pago a las ETIS de los servicios ambientales producidos por los territorios indígenas: Oxigeno, agua, conservación de la biodiversidad entre otros.

Una Noción del Derecho Indígena. El derecho en todas las sociedades es un ideal cultural, un deber ser, un imperativo ético, social y cultural que cada grupo humano, comunidad o sociedad construye y establece en un momento histórico determinado para vivir bien y buscar la felicidad. El derecho es el producto de un proceso cultural, social, económico y político determinado históricamente. Las normas son para que la gente viva mejor, solucione sus conflictos, busque la armonía, el equilibrio y la felicidad. El derecho se conquista, el derecho se construye, el derecho se modifica. El derecho es un producto de las luchas organizadas de los diversos movimientos sociales y precisamente por los largos años de lucha y resistencia de los pueblos indígenas, cada día cobra mayor importancia la construcción de sociedades y estados que garantizan su existencia, su desarrollo y su participación. Los Pueblos Indígenas como grupos étnicos, con culturas vivas y dinámicas, tienen plena legitimidad para recuperar, transformar y crear derecho (normas, procedimientos e instituciones propias, para ejercer justicia interna). Estas normas no están escritas como sí lo están las leyes en la Constitución Política de Colombia, pero eso no quiere decir que no existan, se tienen que buscar, y para buscar hay que investigar. Tenemos que preguntarnos dónde encontrar esas normas y averiguarlas.

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¿Dónde se encuentran? Estas normas se encuentran en los mitos, cuentos y leyendas que cuentan los Mayores. En la cosmovisión. En las historias de creación del hombre, los seres espirituales, el territorio, y los animales. En las costumbres. En las formas de trabajar. En algunos hábitos. En ciertas prohibiciones. En los cuidados que tienen las personas para no enfermarse. En la sabiduría de los abuelos. En el conocimiento de los médicos tradicionales. En la interpretación de los sueños. En los agüeros. En general, en la relación que tienen las personas en las comunidades, con el territorio y con la naturaleza, con la selva, los bosques, las sabanas, las montañas, con los animales, con los ríos, con los árboles y las plantas, con los caminos. Por eso en este proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad y de búsqueda y reconstrucción del derecho indígena, vamos a recoger todas las principales historias antiguas, las historias de poblamiento, los cuentos, los mitos, las leyendas, las creencias, símbolos y señales, que hablen sobre la relación gente indígena – territorio - naturaleza. También se tienen que crear unas nuevas leyes para solucionar los principales problemas que ahora tienen las comunidades sobre gobierno y justicia indígena, manejo del territorio y uso de los recursos naturales. En la actualidad se evidencia y se concreta ese ejercicio en el esfuerzo que muchos pueblos indígenas vienen realizando para organizar y escribir sus planes de vida.

La Autonomía en el Marco de la Corte Constitucional. La Carta Política, además de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación, reconoció en favor de las comunidades indígenas una serie de prerrogativas que garantizan la prevalencia de su integridad cultural, social y económica, su capacidad de autodeterminación administrativa y judicial, la consagración de sus resguardos como propiedad colectiva de carácter inalienable, y, de los territorios indígenas como entidades territoriales al lado de los municipios, los distritos y los propios departamentos y la jurisdicción indígena. (ST-188/93; ST-380/93; T- 007/95; SC-104/95; ST-349/96; ST-496/96; SU-039/97) La Corte Constitucional ha fijado una precisa doctrina en torno a la autonomía de las comunidades indígenas, en esta medida, ha reconocido a las comunidades indígenas Universidad Nacional Abierta Y Distancia UNAD

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el derecho a regirse por sus propias costumbres (C-370 de 2002) y, en consecuencia, determinar de manera propia y conforme a sus propias reglas, las autoridades existentes en su territorio y las funciones de cada una de ellas. De ahí que haya indicado que “el principio de diversidad e integridad personal no es simplemente una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el plano jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana [ ST188/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-342/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); SU-039/97 (MP. Antonio Barrera Carbonell)] y obedece a "la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental."[ ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SC-104/95 (MP. Hernando Herrera Vergara)]”1. (SU-510 de 1998) (C-292/03)

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Sentencia SU-510 de 1998.

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