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inquisitoria o falsamente puritana de la vida en sociedad, y peligrosa, de prosperar como iniciativa popular. Es como de la misma textura del accionar de las maras, nada más que realizada por la comunidad. No es el caso comentar esa lista sino sólo mencionar esta iniciativa que viola la legalidad del sistema penal establecido por la Constitución y que sólo el Estado puede aplicar. Éste es un caso de privatización de una función pública. Tal vez resulte una casualidad, pero ésta es una comunidad sumamente violenta. El 21 de agosto de 2006 un grupo numeroso de vecinos de Acatán retuvieron durante seis horas al juez local, a fin de impedir que efectuara un recurso de exhibición personal a favor de un detenido; el juez fue retirado por amenazas de muerte. En noviembre de 2005 fue casi destruida la subestación policial por un grupo de vecinos inconformes con unas capturas. Para completar este ejemplo antidemocrático que revela un Estado ausente, o un poder judicial degradado, digamos que no sólo en este pueblo los ciudadanos han hecho sus propias “leyes”, creado “sus” delitos particulares, pues según informó la Procuraduría de los Derechos Humanos también se registran experiencias similares en Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá en el departamento de Sololá; y en Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz en Quiché. En uno de estos últimos municipios, se prohíbe enterrar a los que hayan muerto en el extranjero, no se acepta la presencia de la Policía y se obliga a los vecinos a realizar rondas nocturnas. La causas de esta involución del Estado de Derecho, sin duda, se encuentran en el clima de inseguridad que priva en el país y que se agudiza en algunas regiones, en la impunidad por debilidad del sistema de justicia, por desconfianza o incompetencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y, probablemente, a una mala interpretación de la

Notas Sobre de Democracia y el Poder Local  

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