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departamental entre el alcalde y el poder ejecutivo central. La Constitución de 1985 devolvió la plena autonomía municipal, suspendida por el golpe militar de 1982 y reglamentó los aspectos básicos de su funcionamiento. Lo más importante fue la disposición de apoyar al municipio con el 10% del presupuesto de ingresos del Estado que ha fortalecido su independencia. Es discutible, no obstante, la introducción del “principio de legalidad” en cuya virtud sólo el Congreso de la República tiene facultades para decretar impuestos, arbitrios o contribuciones y que ha restringido iniciativas que perjudican al poder local. La municipalidad sólo puede fijar tasas administrativas y de servicios. En 1988 se promulgó un nuevo Código y en 1993, se reformó la disposición que clasificaba en cuatro categorías por población a los municipios. El gobierno local tiene hoy día diversas manifestaciones de vitalidad desconocidas, muchas de ellas expresiones de nuevas formas de participación. Algunas, signos del ejercicio democrático, otras, testimonio de viejas herencias del autoritarismo y la tradición oligárquica. A continuación se presenta un resumen de otros datos históricos que tienen relación con la administración municipal, los consejos de desarrollo y la descentralización: 1) Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural de 1987 Esta ley mantiene una visión verticalista y los objetivos de control social que se venían aplicando por el Estado en el contexto del conflicto armado. La estructura corporativa y el sentido político e ideológico de los consejos de desarrollo tuvieron su origen en lo que fueron las coordinadoras institucionales del régimen militar, organizadas en el marco del conflicto armado interno, con fines de contrainsurgencia. Pero en 1988, la Corte de

Notas Sobre de Democracia y el Poder Local  

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