Guatemala: 60 años de historia económica
Durante el Gobierno de Álvaro Arzú, ya en los años noventa, se estableció un impuesto extraordinario para mejorar la deteriorada situación fiscal. En esa ocasión el sector empresarial no hizo mayor oposición, sobre todo porque Arzú era un empresario conocido. Al menos al principio, el sector empresarial estuvo de acuerdo en ayudar a un Gobierno al que consideraban afín. Esto no sucedió en el año 2000, cuando los empresarios mantuvieron una confrontación sumamente áspera con el Gobierno de Alfonso Portillo, quien elevó de nuevo la tasa del ISR a 31 por ciento e incrementó el IVA a 12 por ciento. En el curso de 2001 las relaciones entre ambas partes se agriaron mucho más por el incremento de otros impuestos, principalmente el impuesto sobre empresas mercantiles y agropecuarias (IEMA) contra el cual se interpuso un recurso de inconstitucionalidad. No fue el único. Brevemente se pasa a indicar por qué. En años recientes, el poder fiscal del Estado ha sufrido un golpe muy severo que lo ha quebrantado. El golpe provino de la Asamblea Constituyente de 1985, que aprobó la norma según la cual personas naturales o jurídicas pueden recurrir a la Corte de Constitucionalidad para que no les sea aplicable una disposición fiscal, cuando a su juicio esa disposición lesiona sus derechos o intereses. De esta manera, la facultad exclusiva de crear y dejar sin efecto impuestos, tradicionalmente reservada al Congreso de la República, es sustraída a este organismo de Estado cuando el desacuerdo con una medida tributaria se pone en manos de la Corte de Constitucionalidad y ésta deja sin efecto la disposición recurrida. En 2004 se constituyó el Gobierno de Óscar Berger, en el cual la empresa privada está muy bien representada. Cabe mencionar 231