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Situación de la población desplazada La información acerca de las condiciones socioeconómicas de población desplazada citada aquí, proviene de dos fuentes: resultados de estudios cuantitativos y cualitativos presentados durante el Foro sobre la Población Desplazada en Bogotá y Soacha en 2002, organizado por el programa de la Alcaldía Mayor “Bogotá Como Vamos” y publicados por ACNUR (2003). De otro lado, el estudio sobre desplazamiento forzado en Bogotá, el cual utilizó encuestas, entrevistas y grupos focales, realizado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD, 2004).

Desde Bogotá han salido desplazadas aproximadamente 4 mil personas desde 1997 a diciembre de 2011, según el sistema de registro oficial, lo que representa menos del 1% del total de habitantes de Bogotá y menos del 1% del total de población desplazada en el país. Esto significa que la proporción de población desplazada que decide quedarse es bastante alta, y requiere de respuestas que garanticen su integración social en condiciones de dignidad, en el marco de las soluciones duraderas contempladas por los Principios Rectores de los Desplazamientos Forzados (1995). El 70% desea quedarse definitivamente en Bogotá, el 5% retornaría y considera el desplazamiento una circunstancia temporal y el 5% desea salir del país. (DAPD, 2004).

La mayoría de hogares desplazados asentados en Bogotá provienen de Meta, Guaviare y Caquetá (desplazados durante la década de los 80), seguidos de Chocó, Antioquia y Córdoba (desplazados en los noventa) y Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Tolima, Huila y Cundinamarca para personas desplazadas después del 2000 (DAPD, 2004). Así, el 77% de población desplazada proviene de zonas rurales (veredas), el 17% de cabeceras municipales y el 14% de ciudades capitales, lo que implica dificultades en el proceso de estabilización socioeconómica en las áreas de llegada, ya que las diferencias en el tipo de ocupación que tenían antes del desplazamiento y el que pueden encontrar después, requiere de la población desplazada adquirir nuevas habilidades con las cuales no están familiarizadas, en un contexto de

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competencia adverso.

La gran mayoría llegó a Bogotá entre el 2000 y el 2008, predominando el desplazamiento de todo el núcleo familiar en un 87% del total de población desplazada (un porcentaje de defunción de algún miembro de la familia del 4%), lo que significa que los programas de atención deben cubrir necesidades del total del núcleo familiar, en promedio integrado por 5 hijos/hijas.

Estas cifras muestran que la administración distrital debe soportar los mecanismos de prevención mediante la efectiva protección de la vida e integridad personal de población en riesgo, así como un fortalecimiento en la oferta institucional de municipios donde se origina el fenómeno. El nivel educativo de la población desplazada es relativamente bajo, ya que la mayoría de población (78%) sólo ha cursado la primaria completa y algo más del 11,5 % el Bachillerato completo y sólo el 3,5% estudios superiores. Sólo el 26,8% de los registrados está vinculado al sistema educativo. (ACNUR, 2003).

En salud, la situación es más complicada, ya que aproximadamente el 19% de población internamente desplazada (registrada y sin incluir en el registro oficial) no tiene afiliación alguna al sistema social de salud, el 57% se encuentra en el régimen subsidiado (DAPD, 2004). En el caso de Bogotá, el distrito ha realizado un esfuerzo al vincular al sistema de salud a los desplazados que se acercan a efectuar la declaración de desplazamiento. La mayoría de las personas que llegan a la unidad de atención y orientación (UAO) son dirigidas al sistema de salud.

El 14,1% de la población desplazada femenina se encuentra trabajando, en contraste con el 21, 1% de la población desplazada masculina. Las principales actividades de las mujeres que trabajan son: en calidad de independiente el 31% (sector servicios y comercio), como obrera o empleada particular el 50%. El 83% de los hombres que trabajan, se dedican a los oficios de obrero o como independientes, ejerciendo “otros oficios” el 17%. Estas actividades hacen parte del mercado informal del trabajo en

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su gran mayoría, pues menos del 7% recibe un salario mínimo legal vigente, lo cual evidencia un alto nivel de contratación irregular y bajo nivel de ingresos (DAPD, 2004).

La población desplazada destina el 50% de los ingresos recibidos a la alimentación y el 29% al pago de vivienda/arriendo lo cual contrasta notablemente con la estructura de gasto de la canasta familiar definida por el DANE, según el cual, en promedio una familia tipo, destina solo el 29,5% de su ingreso a la alimentación y 29,4% a vivienda/ arriendo y servicios públicos. (DAPD, 2004:34) La tasa de desempleo de la población en edad de trabajar es de 51,8% y antes del desplazamiento alcanzaba el 1,9%. La población desplazada se localiza principalmente en Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Bosa, que son áreas donde hay una mayor proliferación de asentamientos informales, con altos niveles de concentración de bajos ingresos (Hataya, 1996). El 71% vive en arriendo, y el 24% comparte vivienda donde no es ni propietario ni arrendatario, lo que indica una pérdida de la calidad de vida previa al desplazamiento, ya que el 87% poseía vivienda propia antes del proceso migratorio forzado. En el lugar de destino el 45% de los hogares desplazados viven en condiciones de hacinamiento critico (más de 3 personas por habitación) (DAPD, 2004).

Más del 60% no puede garantizar las tres comidas diarias. Las familias desplazadas que se encontraban en Bogotá en el 2004 afirmaron haber abandonado 90.938 bienes entre fincas, parcelas, casas o apartamentos, de las cuales eran propietarios o arrendatarios. En cuanto a programas de atención y orientación a población desplazada, en respuesta al cuestionario remitido por la Corte Constitucional, mediante auto 052 de 2008 a los municipios de todo el país, en donde se establece la “información de las principales entidades territoriales expulsoras y receptoras”, la administración de Bogotá reportó un total de 1931 subsidios de solución habitacional complementaria al ofrecido por el gobierno nacional para la compra de vivienda nueva o usada. El Plan de Desarrollo Bogotá Humana contempla 40.000 soluciones de vivienda para población víctima de la violencia, entre ellas,

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la población desplazada, aunque aún no se ha establecido el tipo de suelo en el que estaría localizada la vivienda de interés social y prioritario. A pesar del optimismo que reflejan éstas cifras (el cubrimiento de las soluciones habitaciones seria superior al 90% según las metas establecidas por el distrito), no es claro como corresponden éstos programas a las necesidades de hábitat específicas de la población desplazada y sí los porcentajes corresponden con la capacidad del distrito de proveer suelo urbanizado en buenas condiciones para éstos fines. Las dificultades de la política de atención al desplazamiento tienen que ver con la descoordinación entre acciones locales destinadas a atender el desplazamiento, las políticas nacionales sectoriales y la aplicación de herramientas de planeamiento urbano a éste fenómeno en el ámbito local. La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas avanza en este sentido establecendo mecanismos de coordinación a través de los Comités de Justicia Transicional y los Comités Territoriales de Atención a víctimas, aunque queda por establecer el tipo de cooperación entre la nación y los municipios . En la respuesta de la administración distrital al auto 052 de 2008 de la Corte Constitucional, no hay claridad sobre cuáles son los niveles de cobertura de los programas con respecto al total de población desplazada en Bogotá. El informe señala la necesidad de integrar los sistemas de información de las diferentes entidades, y menciona como dificultad dilaciones en el suministro de ayuda humanitaria de emergencia por parte de Acción Social, debido a las inconsistencias de la información antes comentadas. En Bogotá la mayoría de la población desplazada puede demorar hasta dos años entre el momento de la salida y la primera atención recibida en el lugar de llegada (ACNUR, 2003). Otra de las dificultades en materia de atención es la excesiva demora en la tramitación de proyectos productivos para la fase de estabilización socioeconómica y la falta de una atención psicosocial continua. La administración distrital señala la urgencia de adoptar políticas y programas relacionados con la restitución de tierras y solución de vivienda para población desplazada en coordinación con otras entidades del nivel nacional para garantizar la sostenibilidad de los procesos de retorno y de integración social en centros urbanos.

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En el informe a la Corte Constitucional, el gobierno distrital señala avances en el proceso de descentralización a través de la puesta en funcionamiento de cinco unidades de orientación y atención integral a población desplazada en las principales localidades receptoras, las cuales constituyen espacios de coordinación entre instancias del nivel distrital y nacional. El diseño del Plan Integral único (PIU) constituye otro avance en los esfuerzos de coordinación y cumplimiento de los estándares de atención al desplazamiento forzado contemplados en la política nacional.

Elaborado por: Marcela Ceballos Medina Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Bogotá, 12 de julio de 2012.

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Situación de la población desplazada  

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