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Reseña 9. Gilhodes, Pierre. La cuestión agraria en Colombia 1900-1985, en la Nueva Historia de Colombia, Volumen III, Planeta Bogotá, 1989 P. 303-370. Estudiante: Ivonne Marcela Rodríguez González Curso: La política agraria y el conflicto por la tierra en Colombia/ U. Nacional

La puja por la tierra Pierre Gilhodes documenta con minucia las tensiones históricas que ha habido por la tierra en Colombia. El texto parece una saga de nunca acabar, cuando en cada capítulo del período 19001985 aparecen diferentes actores que se enfrentan por la principal fuente de riqueza -la tierra-, por sus reclamaciones o sus reivindicaciones. De una lado, los acumuladores originarios que no quieren perder sus extensas haciendas, cada vez más anchas y largas, y del otro, una multitud que reclama un terruño para no aguantar más la ‘esclavitud’ permanente a la que fue sometida para sobrevivir. Al tiempo, gobiernos que se rotan y que se contradicen en sus decisiones sobre los derechos de propiedad, uso de los suelos y colonización, así como un mano de organizaciones que van brotando para reclamar sus derechos. En una cara; organizaciones como la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC- y del otro, la Asociación de Usuarios Campesinos, Anuc. Esta reseña hará una síntesis de los principales eventos que narra Gilhodes sobre el tema agrario en el país y al final presentará una reflexión a partir de la lectura. La explosión de los conflictos agrarios en Colombia ocurrió después de varios años de ‘aguante’ de campesinos, indígenas y afro descendientes que con la tradición de la Conquista española eran tratados como mucamos que servían para ‘limpiar’ terreno para luego correr más las cercas. Como contexto, Gilhodes recuerda que para finales del siglo XIX, con un campesinado sumido en el analfabetismo y soportando malas condiciones de salud e higiene, aparecen los primeros conflictos impulsados por la resistencia indígena a perder sus tierras; de los colonos por encontrar nuevas tierras para cultivas, y de las tensiones constantes entre hacendados y arrendatarios, estos últimos reclamando mejores condiciones de trabajo. En pleno comienzo del siglo XX el país comienza a modernizarse cuando en las ciudades se desarrolla el sector textil, son construidos los ferrocarriles y el cultivo del café se convierte en una importante fuente de empleo. Para entonces, el presidente Rafael Reyes permite la entrada de la United Fruit Company a la región de Santa Marta y favorece al tiempo, a la industria azucarera. En los años 20, ya se había conformado la SAC representando a los terratenientes que se quejaban de la escasez de la mano de obra. La ampliación de las antiguas haciendas sigue su escalamiento, de manera que los indígenas son expulsados -como si fueran un germen- hacia la cordillera. Quien comienza a liderar las luchas indígenas es Quintín Lame, quien termina siendo detenido durante un período de cuatro años.


Sobre los títulos emitidos no hay claridad y en 1926, por los diferentes conflictos que generaba estaba informalidad, la Corte Suprema se pronunció exigiendo que para poder alegar la propiedad debía presentarse el título original. En esta década, los arrendatarios y colonos -que llevaban años limpiando la maleza y quemando bosques para atender las órdenes de los patronos- se sublevaron exigiendo propiedad sobre las tierras que cultivaban. Pero los intentos de organización campesina por medio de un sindicato fueron cercenados con una masacre perpetrada en 1921. Para 1930 en plena crisis capitalista, el café ya es el eje de la economía del país y en las haciendas se intensifica esa puja por la tierra. Los terratenientes -a toda costa- quieren ser los únicos productores del grano evitando que colonos y arrendatarios se conviertan en pequeños cultivadores. Estos conflictos hacen pensar en una mejor distribución de la tierra que incluso es propuesta por el directorio liberal de Antioquia. Para el 1 de abril de 1931 la idea era poner un impuesto al latifundio y con ello comprar y lograr la parcelación de los grandes terrenos. Es el momento en el que aparece Jorge Eliécer Gaitán, quien propone que haya parcelaciones de los grandes latifundios sin indemnización. Para la época, el gobierno trata de mediar y le pide a los hacendados que dejen sembrar el café a los parceleros. Resistentes a la idea, la SAC y el Comité de Cafeteros de Cundinamarca se organizan en el Sindicato de Propietarios. Al tiempo, los campesinos siguen reclamando propiedad y al no encontrar voluntad deciden realizar invasiones a las grandes haciendas. En 1933, Gaitán crea La Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria -UNIR-, a la que se adhiere el movimiento campesino para solicitar una urgente reforma agraria. En el Congreso comienza a discutirse la posibilidad de lograr una reforma, y casi de una forma increíble varios empresarios se adhieren a la iniciativa. Entre ellos, los industriales de Algodonera, Fabricato, Tejidos de Bello, Rosellón, Coltabaco, Tejidos Unión, Coltejer y la Nacional de Chocolates. Pero siguen las tensiones y la expulsión de colonos de las haciendas es permanente. Los campesinos se organizan en un nuevo sindicato, la Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas, que luego fue conocida como APEN. El liberal Alfonso López Pumarejo es elegido Presidente (1934-1938) y es durante este período que se da todo el contexto para que se apruebe la Ley 200 de 1936 como impulso a una reforma agraria. “El partido liberal es un partido agrario. Se propone subdividir la tierra colombiana… a expensas de los latifundios y generando presión fiscal para que no haya en Colombia tierra asignada que no desempeñe su función social…. El partido liberal considera la pequeña propiedad como un medio de liberación económica necesario e imprescindible, pero no como un fin en su política agraria”, señaló López en un proyecto de declaración liberal. En el recuento que hace Gilhodes queda en evidencia que el debate del proyecto de ley que dio vida a la reforma agraria no fue nada fácil, contando que incluso dentro del Partido Liberal había divisiones. “La ley de tierras encuentra mucha resistencia en el Senado de parte de Samper Sordo, Rodríguez Moya, Pareja, Arrieta y del propio hermano del presidente, Eduardo López”, indica el autor. Desde fuera otros personajes como el entonces embajador en Madrid, Uribe Echeverri, consideraban que el proyecto era “sovietizante”, poniéndole el estigma de foco comunista.


Pese a las oposiciones, el gobierno de López Pumarejo logra la aprobación de la Ley de Reforma Agraria el 10 de diciembre de 1936, y su ministro de Agricultura, Gonzalo Restrepo, reconoce públicamente que los hacendados no le dan un buen uso a las tierras y que su trato con los colonos es servil. La iniciativa de la reforma entra en marcha pero la dicha dura poco. El autor documenta que el espíritu de la Ley es interrumpida por los gobiernos de turno. Lo que hace el uno con la mano, el otro lo borra con el codo. Durante el siguiente gobierno al de López Pumarejo, el de Eduardo Santos (1938-1942) hay un nuevo giro a la intencionalidad de la cuestión agraria. Santos favorece a la clase terrateniente, y a manera de puerta giratoria los hacendados seducen al ex presidente López Pumarejo para que presida la junta de la SAC, una decisión bastante contradictoria si se recuerda que éste dio vida y le dio impulso a la reforma agraria. En un salto, López Pumarejo repite presidencia (1942-1945) con otro discurso en la cabeza: “La ley de tierras no vino a consagrar el despojo como se había anunciado sino a tutelar el derecho de los propietarios, pero limitándolo de acuerdo con la reforma constitucional para impedir que sirva de obstáculo al desarrollo nacional”. López Pumarejo centra ahora sus ideas en el desarrollo en la seguridad que reclaman los grandes propietarios, presentando al Congreso una ley de seguridad rural. Mientras indígenas y campesinos piden mejores condiciones de trabajo, el Senado rechaza en 1941 dos proyectos de ley que buscan mejorar los contratos laborales. Después de varias discusiones, la SAC acepta el descanso dominical remunerado pero se opone al salario mínimo y las cesantías. Así es que al final termina aprobándose la Ley 100 de 1994, que regula la relación entre arrendatarios y propietarios. El movimiento campesino ve asesinar a su líder, el caudillo Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. “A pesar de los esfuerzos del presidente Ospina (Mariano Ospina Pérez), desde finales de 1949, la violencia y las acciones armadas van a ser determinantes en el campo”, indica Gilhodes. Sigue el conflicto y el intento Tras la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y una junta militar de gobierno que antecedió el acuerdo entre liberales y conservadores para turnarse el poder, llamado Frente Nacional, el país vivía una convulsión producto no sólo del odio entre rojos y azules sino de los conflictos agrarios no resueltos. Viene un período en que la cuestión agraria es estudiada con misiones enviadas por el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -Cepal- y la Organización de las Naciones para la Agricultura, FAO. Esta década está marcada por una oleada de más invasiones frente a la brecha en el acceso a la tierra. El recuento de Gilhodes advierte que durante el período del Frente Nacional, como ocurrió en los gobiernos anteriores, volvieron las contradicciones en los avances, esta vez, contra una nueva reforma agraria aprobada en 1961, tiempo en el que se crea además el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incora. Era el gobierno del Alberto Lleras Camargo (19581962), quien pidió un crédito de 100 millones de dólares a Estados Unidos para implementar la política agraria. Es una época de debate sobre qué modelo aplicar.


Operación Colombia, preparada por el canadiense Lauchlin Currie, era una de las opciones. Currie proponía un desarrollo en las ciudades, donde se ofrecerían mejores oportunidades a los habitantes del campo, con buenas remuneraciones, un plan de vivienda e incentivos para ahorrar. La apuesta de Currie era el desarrollo de una producción comercial dedicada a las exportaciones, principalmente de carnes, pues consideraba que “la parcelación excesiva de tierras implicaría una disminución notable de la producción nacional por cabeza y por hectárea”. Pero el foco de Lleras era darle continuidad a las iniciativas de los años 30, de manera que no sólo se garantizaran buenas condiciones en los contratos de trabajos sino que en realidad hubiera una distribución de la tierra: “eliminar y prevenir una concentración inequitativa de la propiedad, crear unidades de explotación adecuadas, dar mejores garantías a aparceros y arrendatarios, dotar de tierras a los peones del campo y elevar el nivel de vida de los campesinos”. Cuando la reforma comenzaba a ser sus primeras resultados en el campo, el gobierno siguiente, el de Guillermo León Valencia (1962-1966), le puso un freno. Su actitud no era otra que la indiferencia, haciendo que los procesos de parcelación fueran burocráticos y los funcionarios desconfiaran a toda hora de las peticiones de los campesinos. Gilhodes reconoce que la reforma para volver a marchar tuvo que esperar al siguiente turno, el del liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). “En un reparto por mandato presidencial de estas realizaciones, veríamos que la mayor actividad fue la de la presidencia de Carlos Lleras”, indica el autor. Durante el período de Lleras Restrepo por ejemplo se creó lo que luego se conoció como Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, dándole un espacio de participación importante al campesinado. A manera de denuncia a lo que históricamente venía sucediendo con los abusos propiciados por los hacendados, a comienzos de 1969 se solicitó retirarle la inmunidad parlamentaria al senador del Magdalena José Ignacio Vives, “acusado de haber recibido dinero por parte de dos ilustres hacendaos amenazados por la reforma, Alberto Marulanda Grillo y Manuel Ospina Vásquez”, seña Gilhodes. Los obstáculos se repiten con el cambio de gobierno, esta vez el del conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), señalado por el autor como el período de contrarreforma: “La SAC y Fedegan consiguieron del presidente el nombramiento de un comité encargado de evaluar los resultados de la reforma”. Al tiempo, funcionarios del Incora ‘acusan’ a los campesinos de comunistas por las invasiones promovidas en los latifundios. El resultado: “Se inició entonces en 1972 el desmonte paralelo de la reforma y de la Organización Campesina”, comenta Gilhodes. Pastrana Borrero acogió la propuesta de la Operación Colombia, de Lauchlin Currie, buscando el fomento de una agricultura comercial. La lápida definitiva contra la reforma de 1961 fue lo que se conoció como el Pacto de Chicoral, una reunión realizada en un pueblo tolimense que lleva este nombre en la que grandes propietarios e industriales incidieron para que la legislación agraria fuera modificada a su favor. Entre ellas la promulgación de las Leyes 4 y 5 de 1973.


“Después del pacto de Chicoral, la represión a las invasiones se hizo más dura y fue encomendada al Ejército Nacional”, narra Gilhodes. Los indígenas, por ejemplo, se organizan en el Consejo Regional Indígena -Cric- parad defenderse de la represión de hacendados y políticos regionales. Para finales del período Pastrana, siguiendo la línea formulada por el Banco Mundial, esta vez, por Robert Macnara, comienza a plantearse lo que se conoció como Desarrollo Rural Integrado, DRI. El programa sería impulsado por el siguiente presidente, Alfonso López Michelsen (1974-1978). Durante 1976 el país vivió la bonanza cafetera, que favoreció a todos los productores. Una helada que afectó los cultivos en Brasil hizo que el grano colombiano se disparara en el mercado de las exportaciones. Pese al boom, la tenencia de la tierra no había representado un gran cambio. Gilhodes señala que en los últimos veinte años, pese a los intentos de reforma agraria, se había mantenido la concentración de la tierra y el campo funcionaba bajo una agricultura capitalista, mecanizada, que emplea a poca mano de obra. Gilhodes advierte que la reforma es una medida de tipo político, y concluye con un párrafo que resume el porqué de las contradicciones históricas de los gobiernos por tomar medidas frente al uso y la distribución de la tierra: “El actual sistema agrario del país es un freno a la democracia y a su deseable extensión. En él se genera y se reproducen los mecanismos de dominación que empañan la vida democrática. De ahí que la implementación de la reforma agraria sea una batalla política dura, difícil. Cuando se toma la determinación de proceder a ella, las consideraciones técnicas, jurídicas y agronómicas muy a menudo sólo son pretextos para no seguir adelante”. La pregunta es qué sucederá durante este y los próximos años. Hasta ahora el gobierno ha dado las primeros pasos en avanzar a una reivindicación del campesinado, las comunidades indígenas y afro con la entrega de títulos, la clarificación de baldíos que son reclamados y en el caso de la justicia, con la emisión de sentencias que favorecen la restitución de predios usurpados con violencia. En sus estudios, el Incoder por ejemplo ya reconoció que las titulaciones de baldíos realizadas entre 1996 y 2012 han estado históricamente por debajo de la Unidad Agrícola Familiar -UAF-, la cantidad de tierras que considera el Estado es suficiente para que una familia subsista y prospere. Un reciente análisis de Indepaz advierte que las restituciones vía Ley de Víctimas también han estado por debajo de esta unidad básica. Queda el interrogante en casos como el de La Bellacruz, en el sur del Cesar, o el de Macondo, en Mapiripán, donde el gobierno tendrá que tomar una postura frente a dos caras: de un lado la de las víctimas reclamantes; y de otra, la de los empresarios o inversionistas que alegan seguridad jurídica para seguir inyectando dinero al país. Queda la pregunta con suspicacia porque justo en diciembre de 2012 el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo -que se ha presentado como un defensor de los derechos de los pequeños- presentó al Congreso un proyecto sobre inversión extranjera en el sector agropecuario. Para sorpresa, el último artículo de este proyecto, el siete, propone que los predios adquiridos antes del 5 de agosto de 1994 queden exentos de las restricciones por acumulación. Queda pregunta: ¿Otra contradicción?


La puja por la tierra