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Boletín Informativo - Año 1 - No. VII - AGOSTO 2013 -

Un gobierno en desgaste

CRECIMIENTO ESPASMÓDICO

La DENUNCIA de la Convención Americanade los DERECHOS HUMAnOS

CRÓNICA PARLAMENTARIA

PODERES ESPECIALES

La solicitud de ante la AN por el Presidente Nicolás Maduro

E

l Presidente de la República ha anunciado con reiteración en los últimos días que solicitará a la Asamblea Nacional (AN) “poderes especiales” para luchar contra la corrupción y, en particular, para incrementar hasta el máximo constitucionalmente permitido las penas aplicables a los delitos de corrupción. Por su parte, Diputados de la bancada del PSUV han señalado recientemente que podría convocarse a sesiones extraordinarias para debatir la solicitud presidencial. La delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República está prevista en los artículo 203 y 236, numeral 8, de la Constitución. El artículo 203 señala las condiciones que debe cumplir toda ley habilitante: desde el punto de vista de su procedimiento de formación, debe ser sancionada con el voto de las tres quintas (3/5) partes de los integrantes de la AN; y desde el punto de vista de su contenido, la ley respectiva debe especificar el plazo de la dele-

gación, así como sus directrices, propósitos y marco. En lo que atañe a su naturaleza, la ley habilitante tiene carácter especial o extraordinario, pues la regla general es que la AN ejerza la tarea legislativa, siendo esta una de las funciones principales para las cuales ha sido creada (art. 187, num. 1, de la Constitución). El planteamiento de solicitar una ley habilitante para aumentar hasta el máximo admisible las penas correspondientes a los delitos de corrupción es abiertamente inconstitucional. Si bien el artículo 203 constitucional no circunscribe el ámbito material de la ley habilitante, de la naturaleza de esta figura y de otros principios constitucionales, como el de legalidad penal, se deduce claramente que la tipificación delictiva, especialmente si se trata de penas privativas de la libertad, está reservada a la AN como cuerpo deliberante y plural, representativo de la soberanía popular en toda su diversidad. Esto se desprende también de posiciones fijadas por organismos internacionales encargados de la protección

de los derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su opinión consultiva OC-6/86, sobre la Expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido que la limitación al goce o ejercicio de derechos humanos solo puede efectuarse mediante leyes formales, aprobadas por el órgano plural y deliberativo correspondiente, lo cual puede sufrir excepciones en el marco de una delegación legislativa, pero bajo condiciones estrictas allí fijadas. En todo caso, la tipificación de penas privativas de la libertad queda fuera del supuesto excepcional de la habilitación legislativa. En tal sentido, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, en su Informe especial sobre Venezuela “Democracia y Derechos Humanos, de diciembre de 2009, declaró, ratificando las reservas que ella misma había expresado en su Informe sobre Venezuela del 2003, que:

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AGOSTO 2013

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DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS FERMÍN TORO

Crónica parlamentaria El 16 de julio se aprobaron en 2da. discusión el Proyecto de Ley de Bosques y el de Ley Especial de Endeudamiento Complementario para el Ejercicio Fiscal 2013. Comisiones Permanentes: Contraloría: aprobó la propuesta de Andrés Velásquez de investigar presuntos hechos de corrupción en Ferro Minera del Orinoco; Cultura y Recreación: consultó públicamente el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura; Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático: consultará el Proyecto de Reforma de Ley Orgánica de Ordenación del Territorio. Se creó la “Comisión Mixta Encargada de Profundizar las Investigaciones en torno a la Antidemocrática, Apátrida y Fascista Confesión hecha por la Diputada María Corina Machado”para determinar el origen de los señalamientos sobre salidas no electorales frente al Gobierno.

El 30 de junio por mayoría simple aprobaron allanar la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo. Fue rechazada la aplicación del artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la AN. La oposición calificó como montaje los supuestos correos electrónicos comprometedores entre dirigentes de Primero Justicia (PJ) mostrados por Andrés Méndez. El 1 de agosto discutió el Proyecto de Ley de Infogobierno; se aprobaron en 2da. Discusión los Proyectos de Reforma de Ley de Consejos Locales de Planificación Pública y de Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, y el de la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos. El 6 de agosto inició la 2da. Discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura; continuó la 2da. discusión del Proyecto de Ley de Infogobierno, se agregó la 2da. discusión del Proyecto del Código Orgánico Penitenciario. El 13 de agosto se aprobó un acuerdo contra la actuación política del partido PJ. Sancionado el Proyecto de Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos. Aprobado en 2da. Discusión el Proyecto de la Ley Orgánica de Cultura. Comisiones Permanentes: Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático: anunció el inicio de la consulta de la Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio; Política Interior: propondrá la reforma del Código Penal; Cultos y Régimen Penitenciario: aprobó el Código Orgánico Penitenciario; Poder Popular y Medios de Comunicación: aprobó el informe para 2da. discusión de la Ley de Reforma Parcial de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación Estadal de Políticas Pública; Finanzas: avanza en la 2da discusión del Proyecto de Ley Tributaria para el Territorio Insular Francisco de Miranda. .

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330.

Sobre este punto, la Comisión observa que en Venezuela se han creado figuras penales a través de la delegación legislativa. Por mencionar un ejemplo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecta el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios tipifica los delitos de acaparamiento, especulación, alteración fraudulenta de precios, contrabando y boicot, y establece penas que van desde multas hasta 6 años de prisión, así como también la pena de inhabilitación para el ejercicio del comercio por un período de hasta 10 años. A juicio de la Comisión, el establecimiento de sanciones penales por vía de decreto ley contradice la garantía de reserva legal y por ende es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

331.

De tal forma, la Comisión observa que en principio los decretos leyes emitidos por el Presidente de la República no contradicen lo establecido en la Constitución venezolana y en la Ley Habilitante respectiva. Sin embargo, tanto la norma constitucional como la ley de delegación han omitido establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del poder ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos. Al permitirse delegaciones legislativas en términos demasiado amplios, que puedan incluso referirse a materias penales, se afecta el principio de legalidad necesario para realizar restricciones a los derechos humanos (Subrayado nuestro).

Por eso, atenta contra la Constitución y los derechos humanos que se pretenda facultar al Presidente de la República para modificar tipos penales. Esta es una materia reservada por definición a la AN, dada la trascendencia de la legislación penal y la profundidad de la incidencia en los derechos y libertades del ser humano que implica toda privación de libertad. Solo a través de un debate democrático, transparente y plural, desarrollado en el cuerpo representativo por excelencia, pueden establecer delitos y penas. A lo anterior se suman muchas otras razones referidas a la falta de fundamento del planteamiento que se quiere formular, pues no se entiende por qué la AN estaría incapacitada para ejercer su función constitucional primordial

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como lo es la de legislar, en la materia de la lucha contra la corrupción, mediante la eventual introducción de reformas a la legislación vigente. Ya existe una legislación anticorrupción, adoptada con posterioridad a la Constitución de 1999 y con arreglo a sus principios, correspondiendo a la AN su posible revisión. Esto aunado a la improvisación que supone proponer a la ligera, como solución ante la generalización de la corrupción, la imposición de penas máximas, sin examinar antes si la legislación actual es adecuada pero no ha sido cabalmente aplicada y sin analizar las causas de ese fenómeno en toda su complejidad.

“Atenta contra la Constitución y los derechos humanos, que se pretenda facultar al Presidente de la República para modificar tipos penales” Existen pues sobradas razones para considerar inconstitucional la solicitud presidencial. Queda muy claro, por otro lado, que constitucionalmente se requiere de las tres quintas (3/5) partes de los Diputados que integran la AN para dictar una ley habilitante. La Sala Constitucional del TSJ, al admitir la existencia de decretos leyes de carácter orgánico -tesis francamente errónea que no comentaremos ahora- , ha equiparado la ley habilitante a una ley orgánica, pero no en lo concerniente a la mayoría exigida para su sanción. Ello porque el artículo 203 de la Constitución es categórico: la ley habilitante debe ser sancionada por las tres quintas (3/5) partes de los integrantes de la AN, no siendo suficiente que el proyecto de ley respectivo hubiese sido admitido por las dos terceras (2/3) partes de los Diputados presentes, como se requiere para las leyes orgánicas propiamente dichas. La misma Sala Constitucional ha declarado que la ley habilitante es “una ley que reviste carácter orgánico según la disposición constitucional mencionada ut supra, cuya única particularidad es la exigencia de un quórum calificado distinto al resto de las leyes orgánicas investidas con tal carácter por la Asamblea Nacional” (sentencia de la Sala Constitucional N° 1971, del 16 de octubre de 2001). Las leyes habilitantes, en realidad, no son leyes orgánicas, pero hacemos esta digresión para subrayar que, incluso aceptando la criticable equiparación de la Sala Constitucional, subsiste la diferencia referida a la mayoría calificada exigida para tramitar una y otra. En consecuencia, el artículo 203 de la Constitución, cuando alude a la mayoría requerida para sancionar una ley habilitante, se refiere a las tres quintas (3/5) partes de los miembros de la AN, no a las tres quintas (3/5) partes de los presentes, como erróneamente indicó en días pasados un Diputado de la bancada del PSUV. .


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Un gobierno en

desgaste E

8Diego Bautista Urbaneja

l mes de agosto ha transcurrido la oposición sobre la grave situación que bajo el signo de la intensificación atraviesa la industria petrolera, y recrude las amenazas de represión a deció también el uso del sabotaje como los dirigentes opositores. El caso explicación gubernamental de esos proMardo fue sin duda el más destacado, pero blemas y en particular de lo ocurrido en se mantiene un hostigamiento constante Amuay. contra otras figuras. En la misma línea se La campaña de prensa de varios imencuentra la petición de una Ley Habiliportantes periódicos nacionales ha puesto tante, supuestamente para que Maduro la situación hospitalaria en el primer plano cuente con poderes adicionales para comde la atención. La respuesta del gobierno batir la corrupción, ley que está pendiente ha sido débil y ha mostrado a una ministra de que el oficialismo consiga el famoso dide la Salud con poca capacidad de defenputado 99, que le sa y asertividad permitiría tener la política, en un “Opiniones negativas sobre la mayoría necesaria momento y un capacidad de Maduro señalan que la Constitutema que huque la lealtad al ‘proceso’ tiene ción exige para biera requerido que la Asamblea fundamentos cada vez más frágiles” por parte del otorgue una Ley gobierno una Habilitante. respuesta mucho más contundente. Ante el agravamiento de los probleHa sido este un flanco débil del gobiermas de la inflación y el desabastecimienno durante buena parte del mes transcuto, el gobierno ha utilizado intensamente rrido. dos expedientes, que son un síntoma de la La campaña electoral municipal se gravedad de su incapacidad. Por un lado, sigue preparando. La MUD ha hecho los las denuncias de inverosímiles planes de últimos ajustes de su maqueta candidamagnicidio y por otro lado la denuncia de tural. Con los escasos tropiezos que son una política general de saboteo que cubre públicamente conocidos, ha superado la todas las áreas de la incapacidad gubernadifícil prueba de ofrecer listas únicas en mental: servicios, escasez, situación hoscasi todo el país. Los números disponipitalaria, industria petrolera. Respecto a bles indican buenas perspectivas para las esta última, el aniversario de la tragedia elecciones de diciembre, sobre todo si los de Amuay recrudeció las denuncias de candidatos hacen una campaña adecua-

8economía El BCV ha publicado sus estimaciones de crecimiento económico para el segundo trimestre de 2013. A la fecha cuenta 11 trimestres consecutivos de crecimiento positivo, siendo el último atribuido a “la mayor disponibilidad de materias primas e insumos en las industrias alimenticia, químicos, metales, cauchos y plásticos; el aumento en las importaciones de los diversos sectores; la política social del Gobierno general y la mayor demanda de bienes y servicios por parte de los hogares”. Esta mayor demanda se debería principalmente a “la mayor ocupación y la política de ajustes del salario mínimo anual”. Por otro lado, el BCV, “en actuación coordinada con el Ejecutivo Nacional”, habría mejorado la eficiencia del sistema administrado de divisas, instalado mesas técnicas con diversos sectores productivos y adoptado políticas económicas para “garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, disminuir progresivamente las presiones inflacionarias y profundizar la inclusión social”.

da, como es de esperarse. Esta debe ser una ocasión estelar para que la Unidad Democrática se presente y sea percibida como una alternativa confiable para el futuro. Las últimas encuestas en las que la MUD tiene mayor confianza indican que, por debajo de las manifestaciones explícitas sobre por quien se va a votar o a que corriente política se adscribe la población, está en marcha un proceso de erosión de los motivos que tiene la población oficialista para seguir respaldando a Maduro y su gobierno. Dudas u opiniones negativas sobre la capacidad de Maduro, sobre la marcha del país, sobre las perspectivas de futuro, señalan que la lealtad al “proceso” tiene fundamentos cada vez más frágiles. Al mismo tiempo, la idea de contemplar a la oposición democrática como una posible salida a la situación del país es considerada cada vez con mayor naturalidad por sectores que han respaldado e incluso siguen respaldando al oficialismo. Todo esto está respaldado por la corriente real de los hechos, por lo cual es de pronosticar que la tendencia a la erosión referida continuará y se ampliará. En otro orden de ideas, la situación interna del oficialismo parece estabilizada. Lo que haya de procesiones que van por dentro, no aflora a la superficie. De todos modos, es de notar la frecuencia con la que aparecen informaciones sobre disidencias y descontentos del polo gubernamental, con el potencial resquebrajamiento del voto oficialista en las elecciones del 8-D. Sin embargo, el CNE se está encargando de que las candidaturas disidentes del oficialismo no sean admitidas para esos comicios..

Crecimiento espasmódico 8Ronald Balza Guanipa

Algunos incrementos de un trimestre al del año siguiente fueron extraordinarios: panaderías (+23,9%) y aceites (+24,9%) son ejemplos. Como aspectos negativos, aunque compensados “con creces” por los positivos, el emisor apunta contracciones en la producción de vehículos, productos de madera, cuero y calzado y maquinaria y equipos y maquinarias. Así mismo, registra “una menor ejecución de las obras demandadas por el sector público, principalmente en las obras de carácter residencial ejecutadas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, debido tanto a la culminación de un gran número de obras como a que los nuevos proyectos deben cumplir los procesos de contratación, aprobación y desembolsos financieros”. Esto tuvo una segura influencia en la caída de la inversión bruta fija, que, sin embargo, no impidió el incremento de la demanda agregada interna. Estos resultados deben examinarse

en contexto. En 2011 y 2012 el PIB creció impulsado por la Gran Misión Vivienda Venezuela. En 2011 PDVSA le aportó más de US$ 4.000 millones, y en 2012 nada. La meta de crecimiento de 5% del PIB para 2012 fue sobrepasada, así como se cumplieron las metas de inflación y tipo de cambio. Pero cumplir estas metas no sirvió para garantizar un “desarrollo armónico”, que según las metas oficiales para 2013 significaría crecimiento de 6%, inflación de 15% y tipo de cambio de Bs. 4,3/US$. Siendo el propósito del gobierno planificar centralmente la economía, no puede verse sino como un fracaso que el PIB sólo creciera 1,6% en el primer semestre de 2013, que la devaluación de febrero estuviese acompañada por las espasmódicas réplicas del SICAD y que temamos una inflación superior al 40% mientras sufrimos una escasez que se acerca al 20%. Crecer no basta. Importa, y mucho,

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8LO QUE VIENE

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septiembre

La economía venezolana hoy El IEPFT, en conjunto con el CIAP, han programado un coloquio propicio para intercambiar ideas acerca de cómo está siendo manejado, el tema financiero del estado, en particular la aguda inflación que atraviesa, aunada de una escasez insostenible, siendo uno de los tópicos donde peor evaluado resulta el gobierno. El evento contará con las palabras de apertura de Ramón Guillermo Aveledo y el economista José Guerra y ponencias a cargo de Efraín J. Velásquez, Orlando Ochoa y Luis Zambrano Sequín. .

cómo se crece. El planificador ha asignado las divisas a cada sector sin evidente consistencia con un “desarrollo armónico”. Al dirigir el chorro de divisas a un sector deja secar otros, que parecen recuperarse a grandes saltos cuando vuelven a recibir divisas. Sin embargo, estos episodios de recuperación no ocurren en un ambiente que estimule inversión y mucho menos innovación. Cuando el gobierno vuelve a regar un sector parece reanimarse, importando insumos y utilizando capacidades ociosas. Pero un crecimiento de este tipo ni es sostenible ni supone un “desarrollo armónico”. Lo mismo ocurre con los diez años de crecimiento ininterrumpido en servicios del Gobierno General, “orientados al mantenimiento de la política de promover el gasto social como ancla de transformación y equidad en la atención de la población de menores recursos y ha garantizado el acceso a diversos servicios a la población”. El paro de universidades, el deterioro de las radioterapias y la inseguridad en los hospitales. La planificación del gobierno ha probado ser tan deficiente que nos ha sumido en una situación inestable, frágil, peligrosa y autodestructiva. .


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8 internacional

de la DENUNCIA Convención Americana de los La

8Edmundo González Urrutia Próximamente se cumplirá el plazo para que entre en vigor la denuncia que hizo el gobierno de Venezuela de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Sin duda alguna que se trata de una decisión vergonzosa, contraria a la Constitución de 1999; violatoria de los instrumentos internacionales que regulan la protección y promoción de estos derechos y un duro golpe al Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos que es referencia mundial de las luchas por las libertades fundamentales desde los oscuros tiempos de las dictaduras militares en nuestro hemisferio. Más allá de la inconstitucionalidad de la decisión, pues la Constitución Nacional prohíbe cualquier retroceso en esta materia, se trata de un severo golpe al ciudadano cuyo derecho de acudir a las instancias internacionales para hacer justicia a los desmanes y atropellos del Estado quedan cercenados.

No olvidemos que este es un gobierno caracterizado por la sumisión de los poderes públicos al Ejecutivo. Pero que además ha recurrido al expediente de la politización de la justicia; a la utilización del Ministerio Público para hostigar y perseguir a los opositores; que también ha acosado con acciones intimidatorias a los medios de comunicación y a los periodistas independientes con lo cual busca coartar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a informar y a ser informado, esencia del sistema democrático. Con la denuncia de la Convención Americana, se afecta también la imagen y credibilidad del país y se contribuye al aislamiento internacional de Venezuela. Vale recordar que sólo los gobiernos autoritarios como el de Fujimori en Perú -que por cierto no llegó a denunciar la Convención Americana sino que pretendió desconocer la competencia de la Corte Interamericana para resolver demandas presentadas por la Comisión Interamericana-, recurren a estos extremos. No menos lamentable es que el gobierno ha

JUNTA DIRECTIVA Presidente: Ramón Guillermo Aveledo. Vicepresidente: Jesús María Casal. Directores Principales: Marino J. González, Arnaldo Gabaldón y Rosa Amelia González. Directores suplentes: Ramón José Medina, Oscar Lucién, José Luis López, Emilio Álvarez y Arístides Hospedales.

desestimado los diversos llamados formulados por numerosas instancias y organizaciones nacionales e internacionales de reconsiderar la denuncia de la Convención Americana. Ya lo hemos dicho en alguna oportunidad: Un gobierno que ignora de manera contumaz las recomendaciones, fallos y sentencias de órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; un gobierno que se aparta de los principios básicos del respeto por los derechos humanos; un gobierno que desacata las medidas cautelares dictadas por los órganos de tutela internacional; un gobierno que hace caso omiso de las recomendaciones y llamados de las diferentes instancias de promoción y defensa de los derechos humanos a rectificar su decisión de retirarse de la Convención Americana, se aleja indefectiblemente del ejercicio democrático contemplado en los diferentes instrumentos internacionales de los cuales es parte. . Web: ht tp://www.iepfermintoro.org Twitter: @IEP_Fermin Toro Email: iepfermintoro@gmail.com


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